Los índices de riesgo de pobreza, exclusión social, carencia material y privación material severa siguen siendo preocupantes en Castilla-La Mancha. Como cada 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de esta comunidad autónoma (EAPN-CLM) ha presentado una recopilación de los indicadores y cifras que testan esta situación y, como conclusión, apuntan que las mejoras que se observan conforme en algunos de ellos son “claramente insuficientes”. Uno de los datos más significativos es que el riesgo de pobreza crece entre las mujeres mientras que baja en los hombres, y en ambos casos sigue superando con gran distancia a la media nacional.

La presentación del IX Informe del Estado de la Pobreza la han realizado en las Cortes de Castilla-La Mancha el presidente de EAPN en la región, Braulio Carlés; el vicepresidente, Jesús Rodríguez; y el investigador y sociólogo Juan Carlos Llano, autor del estudio. Forma parte de un conjunto de actos que culminarán con la lectura del manifiesto en sede parlamentaria por parte de miembros de los grupos de participación de este colectivo.

Según el estudio, Castilla-La Mancha ocupa una posición muy elevada en la gran mayoría de los indicadores. En 2018,  de entre todas las regiones, Castilla-La Mancha es la cuarta con porcentaje AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), tasa de pobreza y privación material severa (PMS) más elevadas. También la renta media por unidad de consumo es la cuarta más baja.

Valores “extraordinariamente elevados”

Con estos datos sobre la mesa, en la comunidad autónoma está en riesgo de pobreza y/o exclusión social el 33,5% de la población (prácticamente la tercera parte), lo que significa que mantiene la mejora iniciada en el año 2017. Pero pese a ello, EAPN destaca que la tasa sigue en valores “extraordinariamente elevados”, tanto en lo que respecta a su distancia con la media nacional como a su valor en el último periodo anterior a la crisis.

Concretamente la tasa regional AROPE es 7,4 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional, es decir, un 28,3 % superior, y es la cuarta más elevada de todas las regiones. Esto significa que unos 678.000 castellanomanchegos, unos 12.000 menos que el año pasado, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La cuestión más preocupante se da en la separación por géneros: este último año la reducción de la tasa ha sido exclusivamente masculina mientras que la tasa de las mujeres, por el contrario, creció hasta el 34,7% con lo cual queda 2,5 puntos porcentuales por encima de la masculina.

Dejando al margen los índices de riesgo, en el año 2018 la tasa de riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha es del 29,9%, lo que supone 8,4 puntos porcentuales por encima de la media nacional y también la cuarta más elevada de todas las comunidades autónomas. En el último año, la tasa ha crecido 1,8 puntos porcentuales, y vuelve a situarse entre las más altas del período. Por otra parte, la diferencia entre los valores actuales y los del 2008 es de 3,5 puntos porcentuales.

Al contrario que en el caso del riesgo de exclusión social, en el informe se indica que la mayoría del incremento de la pobreza de este año se debe al empeoramiento de la situación de los hombres, cuya tasa específica de pobreza ha aumentado en 2,1 puntos. En las mujeres el incremento ha sido menor (1,4 puntos), pero no lo suficiente para la equiparación de tasas. Esta diferente evolución ha propiciado que las tasas de pobreza femenina en 2018 sean, todavía, 1,7 puntos superiores a las masculinas.

Pobreza severa

En cuanto a la pobreza severa (medida con un umbral del 30% de la mediana y que ingresan en sus hogares menos de 370 euros mensuales por unidad de consumo), en Castilla-La Mancha es del 7,1%, cifra que es 1,4 puntos más elevada que la media nacional. Aunque la pobreza severa se ha reducido, lo ha hecho con menor intensidad que en el conjunto de España, con lo cual las diferencias con la media nacional se incrementan y Castilla-La Mancha vuelve a colocarse entre las regiones con tasa más alta.

Otros indicadores señalan que el 7,2 % de la población de Castilla-La Mancha vive en condiciones de privación material severa (PMS), es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico. Este último año la tasa perdió todo lo que había recuperado el año anterior y se incrementó 2,8 puntos. En términos absolutos unas 146.000 personas, 56.000 más que el año pasado, viven en estas condiciones.

Como valores “especialmente negativos”, el informe destaca las personas que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, que ha crecido 3,2 puntos este año y es un 61% más elevado que el dato para el conjunto nacional; y el de aquellas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, que supone el 5% de la población regional (40% más elevada que la media nacional). Pero por otro lado, por tercer año consecutivo, los datos muestran una disminución de la población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes.

Finalmente, un grupo con características especiales es el de la población mayor, cuyas rentas están casi totalmente determinadas por el importe de la pensión que reciben. En Castilla-La Mancha, algo más de 91.000 personas, 1.000 más que el año anterior, reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 24,5 % de todas las pensiones y, si se consideran solo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 25,2 %, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Además, para el 5,5 % del total, el importe de la pensión es inferior al umbral de pobreza severa (calculado para 14 mensualidades según el 30 % de la mediana de renta).

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha mantenido el primer encuentro de esta nueva legislatura con la Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, a quien han presentado diferentes propuestas para esta nueva legislatura y a la que ha pedido la aprobación del proyecto de Ley del Tercer Sector, pendiente de tramitación parlamentaria.  

“Va a ser la legislatura del Tercer Sector, sobre todo centrada en los colectivos que lo pasan peor”, ha remarcado en este sentido la consejera, quien además ha señalado que el Ejecutivo regional pondrá especial interés en la capacitación laboral, con el objetivo de que “las personas consigan la integración a través del trabajo”. En el encuentro también ha estado presente el nuevo director general de Acción Social y Cooperación, Gregorio Gómez Bolaños.

La consejera también ha detallado que la Junta está promoviendo y subvencionando 131 proyectos de inclusión social durante este 2019, un 20,18% más que el año anterior, para atender situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Al respecto, la consejera ha explicado que “si estos 131 proyectos llegan aproximadamente a 2.500 personas, la mitad de esas personas están en proyectos donde se apoya su búsqueda de empleo”. Ha apuntado que estos proyectos los ponen en marcha entidades sin ánimo de lucro, a través de la Resolución de 28/12/2018, de la Dirección general de Acción Social y Cooperación.

Urgencia social, integración y formación

Estas acciones se enmarcan en diferentes líneas de actuación que pasan por dispositivos y alojamientos temporales para situaciones de urgencia social, intervención en procesos de inclusión social con comunidades en situación de vulnerabilidad, acciones que tengan como finalidad la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social, y acciones dirigidas a la formación, la innovación y el desarrollo de herramientas de intervención en situaciones de exclusión social. El presupuesto asignado para financiar estos proyectos asciende a más de 5 millones de euros.

Por último, la consejera de Bienestar Social, ha puesto en valor “la cercanía del Gobierno de Castilla-La Mancha con el Tercer Sector y especialmente con EAPN y las entidades que la conforman, ya que trabajan con aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor dificultad social y económica”. 

Por otro lado, Braulio Carlés, presidente de EAPN-CLM, ha compartido con la responsable ejecutiva diferentes propuestas en materia legislativa como es también el desarrollo y actualización de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, la red regional ha reclamado en materia ejecutiva la conjugación del proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas y la Estrategia Contra la Pobreza, que debe desplegar los siguientes elementos:  la puesta en marcha del Tercer Plan Regional de Integración Social (III PRIS); combinación de recursos de varios gestores políticos para atender necesidades complejas (políticas de inclusión y empleo, mujer, empleo e inclusión o vivienda); o simplificación de recursos para la atención a la ciudadanía, como la Ventanilla Única.

Atención a la ciudadanía y trabajo en red

En este sentido, también ha reclamado el desarrollo de encuentros de formación e intercambio entre profesionales con el fin de obtener conocimientos comunes entre profesionales de la inclusión socio-laboral en la atención a la ciudadanía; así como el fomento del trabajo en red entre diferentes actores, de la mano de programas integrales que actúen sobre territorios concretos desde diferentes áreas.

Por otro lado, desde EAPN han planteado la necesidad de desarrollar proyectos e intervenciones plurianuales, tal y como se permite en los programas financiados con el Fondo Social Europeo (FSE) en otras áreas de gobierno así como establecer de al menos un 15% fijo en cada proyecto desarrollado por las entidades no lucrativas para financiar costes indirectos. 

Las entidades de EAPN que han acudido a este encuentro han sido: ACCEM, Asociación Colabora, Asociación Entre Todos, Asociación Guada Acoge, Asociación In Género, Asociación Mujeres Opañel, Asociación Provivienda, Asociación Socioeducativa Llere, Asociación Vasija, Cáritas Castilla-La Mancha, Cave-CLM, Cruz Roja CLM, Enlace Empleo, Federecación de Centros Juveniles Valdoco, Acción contra el Hambre-Toledo, Fundación Cepaim, Fundación Ceres, Fundación Secretariado Gitano, Hogar SÍ, Movimiento por la Paz, Unicef e YMCA.

Cáritas en Castilla-La Mancha ha abandonado la Mesa del Tercer Sector a nivel regional, de la que formaba parte junto a otras organizaciones de carácter social como Cruz Roja, la ONCE, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN-CLM) y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la región(CERMI-CLM), por decisión de los propios obispos, que quieren reflexionar sobre su pertenencia y quieren hacerlo marcando distancia.

Pese a que Cáritas fue precisamente una de las organizaciones fundadoras del Tercer Sector, fuentes de la citada Mesa han confirmado que la decisión de esta organización de salirse se debe a que quieren llevar a cabo “un proceso de reflexión más pausado, sereno y serio” sobre su conveniencia de pertenecer a esta entidad mayor, de ámbito regional, teniendo en cuenta la realidad que trata, y parece que han considerado que lo pueden hacer mejor y con mayor objetividad si están fuera de esta Mesa sectorial.

No obstante, fuentes de la propia organización cesante han señalado que Cáritas Española no está de acuerdo con la decisión pero cada autonomía, y por ende, cada obispo de cada diócesis, es “soberano y autónomo” en su toma de decisiones, y este parece ser el caso del Obispado de Toledo.

Y aunque Cáritas esta ya fuera, se ha decidido que desde el Tercer Sector se la seguirá informando de las actuaciones que se acometan en todo lo que hace referencia al esta entidad de ámbito regional en la que hoy se engloban más de 300 entidades, en espera de futuras inclusiones.

Desde Cáritas han recogido el guante pero, en cualquier caso, tienen claro que aunque no descartan colaborar con esta Mesa lo harán, de momento, desde fuera, confirman desde el Tercer Sector.

La decisión de Cáritas, que depende de la Iglesia Católica, supone todo su respeto para el presidente de la Mesa Regional, Braulio Carlés, quien, ha reconocido que le gustaría que volviese a integrarse porque “sería bueno para todos que consideraran volver a entrar” pues cree que tendría “más fuerza” a nivel individual pero también la propia Mesa del Tercer Sector que él preside.

No hay plazos para tomar una decisión pero algunos, que prefieren mantenerse al margen, lo consideran un error pese a que Cáritas sigue vinculada a esta Mesa pero sin sentido de pertenencia.

“Sorpresa” en el Gobierno regional

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha asegurado que le ha “sorprendido” el abandono de Cáritas Castilla-La Mancha de la Mesa del Tercer Sector a nivel regional, por lo que ha señalado que “a la mayor brevedad posible” se pondrá en contacto con la organización para conocer las razones de esta decisión.

La consejera ha destacado que podría ponerse en contacto con Cáritas esta misma semana vía telefónica para concertar una reunión posterior. Así, Sánchez ha dicho que desde el Gobierno regional respetan a la Mesa del Tercer Sector, ya que es una organización autónoma e independiente de la Administración.

Aurelia Sánchez ha añadido que Cáritas “tiene que seguir colaborando”, ya que es una entidad social “totalmente arraigada” a Castilla-La Mancha y a España, pero ha reconocido que es una entidad “singular”, por lo que tendrán que ver “las razones por las que han decidido esto”.

Por último, la consejera ha indicado que las entidades del Tercer Sector son “muy importantes” para el Ejecutivo regional, por lo que la “cercanía y la colaboración” con Cáritas “van a continuar”.

Entramos en el último año de la presente legislatura castellano-manchega y la Mesa regional del Tercer Sector adelanta sus principales peticiones de cara a lo que resta de año y a los Presupuestos autonómicos de 2019. En la celebración de su última Asamblea General, esta entidad, formada por la Coordinadora de ONGD, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), el CERMI, Cáritas y Cruz Roja, quiere seguir centrando su acción en la lucha por una “sociedad civil solidaria, suficientemente articulada para la defensa solvente de los valores sociales y los intereses de las personas y grupos más desfavorecidos de la región”.

Con el ánimo de consolidar este proyecto conjunto de cohesión interna, estrategia común y capacidad real de interlocución, la entidad ha reforzado su estructura con la incorporación de la recientemente creada Plataforma de Organizaciones de Infancia, formada por veinte entidades que vienen trabajando por los derechos de la infancia y que suman tejido social a la plataforma de representación del Tercer Sector en la comunidad autónoma.

Uno de los objetivos más importantes es el que busca la comisión negociadora de la Mesa: la aprobación de la futura Ley del Tercer Sector. Concretamente, estas asociaciones quieren que sea lo más coherente posible con la legislación estatal e incorpore “los avances que ya se dan en otras legislaciones territoriales”. También se insta a los distintos grupos parlamentarios para que en el proceso de debate en Cortes, esta sea “mejorada y aprobada por unanimidad”. A este respecto, Braulio Carlés, presidenta de la Mesa, nos precisa que la intención del Gobierno regional es aprobarla en la presente legislatura, tal y como se comprometió.

Comisión del Diálogo Civil

Pero al margen de ello, estas organizaciones han pedido al Ejecutivo autonómico comenzar el diálogo para poner en marcha la Comisión de Dialogo Civil, junto a una nueva normativa de conciertos sociales, y que esta reconozca la singularidad de la gestión que realiza el Tercer Sector, “favoreciendo la intervención social que se realiza desde recursos no lucrativos de participación ciudadana”.

En la misma línea urge a diseñar una estrategia de estabilidad para las organizaciones regionales del Tercer Sector que vaya en paralelo con la elaboración de la mencionada ley, pero que pueda ser agilizada en la tramitación de los Presupuestos de 2019 con la puesta en marcha de un sistema de promoción mediante la financiación adecuada a las estructuras regionales asociativas.

Braulio Carlés detalla que el actual sistema de ayudas y subvenciones de estas organizaciones se basa fundamentalmente en la concurrencia competitiva con sus propias entidades miembros en los distintos sectores, con lo que ello supone de “inestabilidad, y de precariedad en financiación y sostenibilidad de las mismas”. La fórmula sería recuperar la “orden-bolsa” que se eliminó debido a la crisis económica y que sería “es muy importante para el estructura y fortalecimiento del Tercer Sector”.

Vinculado también con la financiación, estas entidades quieren que se adopten las medidas oportunas encaminadas a erradicar toda clase de juego ilegal que se realice en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la “venta ilegal de boletos y demás productos de lotería que aprovechan la imagen social de las personas con discapacidad para fines particulares”.

La Asamblea solicitó igualmente que las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) en situación de superávit presupuestario destinen al menos un 10% del mismo a un plan extraordinario de inversiones sostenibles en accesibilidad universal, que comenzaría a ejecutarse este mismo año 2018. Con este compromiso extraordinario de inversión en accesibilidad universal, se aprovecharía parte del excedente para avanzar en el objetivo de que “nuestras ciudades y pueblos avancen en accesibilidad, objetivo del que estamos aún muy lejos tanto en España como en nuestra región”.

Y para mejorar su funcionamiento, han reclamado que las diferentes ayudas a entidades sociales para inclusión, mujeres, discapacidad, así como las derivadas del IRPF, se realicen de manera “diversificada” y no en una orden generalizada que supondría una “merma presupuestaria” como ha pasado en otras comunidades autónomas. “Que se aprueben al mismo tiempo pero de forma diversificada”, concreta Carlés.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha también ha mostrado finalmente su “preocupación e inquietud” ante la postura de la UE frente a la realidad migratoria. Braulio Carlés, quien además es presidente de ACCEM (entidad que gestiona el único centro de migrantes de la región), subraya que los acuerdos europeos han llevado a la posible creación de “campos de concentración”, algo “inadmisible”.

Contra ello, estas asociaciones consideran que la Unión Europea debe desarrollar herramientas adecuadas para dar una respuesta conjunta y coordinada a la emergencia humanitaria en el territorio que garantice la solidaridad entre los Estados miembros y “el respeto de los derechos fundamentales”. Por eso, muestran su rechazo ante “la falta de solidaridad, la internalización de fronteras y el incremento de la xenofobia en Europa”.

El objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha de poner en marcha una legislación pionera en materia social tiene en la futura Ley del Tercer Sector otro de sus vórtices. Así se lo ha transmitido el presidente regional, Emiliano García-Page, a los representantes de la Mesa castellano-manchega del Tercer Sector en un encuentro mantenido esta mañana. En este órgano, constituido en julio de 2016, están representadas cinco organizaciones de carácter social como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI-CLM y la Red Europea EAPN. El objetivo de todas es fomentar el compromiso comunitario y la lucha contra la pobreza y la discriminación, el mismo que la futura norma quiere desarrollar.

Así lo han detallado tras la reunión la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Braulio Carlés. Ambos han puesto sobre la mesa los objetivos del anteproyecto de Ley, que ya se encuentra en fase de consulta previa para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones, con plazo hasta el 25 de febrero.

En el encuentro, Gobierno y entidades sociales han abordado los avances en el diseño de la ley, “una normativa que va a ser de las más avanzadas de España”. Para ello, también se reunirá en febrero la Comisión Mixta del Tercer Sector Social donde están representados tanto empleados públicos de la Consejería de Bienestar Social, como expertos y miembros de la Mesa del Tercer Sector. Esta comisión ya ha mantenido reuniones en cada de las provincias durante el año 2017, convocando a diferentes colectivos sociales para conocer sus peticiones. En base a ello, ha realizado un estudio cuyos resultados definitivos se harán públicos en breve.

Aurelia Sánchez ha manifestado que el objetivo fundamental de la futura ley es impulsar un nuevo modelo de relación entre entidades sin ánimo de lucro que pueda reforzar los servicios públicos, así como desarrollar actividades de intervención social como la sensibilización y la participación en procesos de modificación de normas, la interlocución con el sector público, la promoción de la solidaridad y la participación social de la ciudadanía. Todo ello destinado a proyectos para la igualdad y la prevención de la exclusión social.

El Gobierno regional considera que está normativa se situará a la vanguardia, puesto que a nivel autonómico tan solo existe la aprobada por Euskadi en mayo de 2016. Una de sus piezas clave es que sentará las bases del denominado “concierto social” que tiene como objetivo dar seguridad a los servicios públicos que estén prestados por entidades sin fin de lucro. A este respecto, la consejera señala que ya se ha avanzado, porque en todos los proyectos destinados a mayores, personas con discapacidad o en situación de pobreza y exclusión social, se han ido adelantado los pagos. La norma vendrá a dar “estabilidad” a este modelo, a sus profesionales y “sobre todo a los beneficiarios de servicios sociales”.

En busca del consenso político y social

Finalmente, la consejera ha avanzado que la Ley del Tercer Sector entrará en las Cortes regionales este mismo año y ha confiado en que tenga el máximo apoyo de los agentes sociales, de la sociedad civil y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Por su parte, Braulio Carlés ha querido hacer hincapié en el hecho de que el tercer sector trabaja “por las personas que tienen mayores dificultades” y que por ello celebra la elaboración de esta nueva normativa, que “tiene que ser la que facilite la vida de aquellos que peor lo están pasando y consiga su bienestar”. También ha incidido en la necesidad de ese “concierto social” como fórmula de seguridad jurídica a las entidades sociales cuya participación también ha resaltado como uno de los aspectos más importantes de  la ley.

“Esperamos que todo nos lleve a un camino en el que sean las persona las más favorecidas y sigamos trabajando para generar un bienestar que nos lleve a todos a vivir con mucha más dignidad”.

Yahya, Asmaa y su familia abandonaron Siria hace casi seis años debido a los numerosos bombardeos que asolaban la ciudad noroccidental de Idlib, a tan solo 60 kilómetros de Alepo. Se trata de una de las localidades donde actualmente se libran continuas batallas entre los combatientes de Uzbekistán y China con el ejército sirio. Un auténtico polvorín. Este matrimonio consiguió cruzar la cercana frontera con Turquía, donde recibieron asilo en un campo de refugiados.

Hasta cinco años han pasado allí, junto con sus cuatro hijos menores y la abuela paterna. En tierras turcas nada ha sido fácil. La política de acogida a refugiados de este país ha sido muy cuestionada y aunque no hablan de ello, su sufrimiento es detectable.   

El dolor y la devastación tras ese período de apátridas, de expulsados de su tierra, de sus orígenes, de su vida cotidiana, está muy presente en sus miradas y en sus apenas perceptibles palabras. En octubre llegaron a España directamente desde Estambul. Ahora residen en Toledo. La ONG ACCEM, junto con las administraciones públicas, ha conseguido que formen parte de su programa de acogida de refugiados. Están en la primera fase del proyecto de integración. Un mundo absolutamente nuevo para ellos.

Han decidido además abrir las puertas de la vivienda de acogida para recibir a los medios de comunicación. Es un caso insólito. No quieren que afecte a su intimidad ni a su proceso de construcción de una nueva vida, pero tampoco quieren dejar pasar la oportunidad de enviar un mensaje a la ciudadanía española y europea: “Por favor, que paren la masacre en nuestro país”. Así lo denuncia Yahya, abrumado por las cámaras y los periodistas. “Están siendo asesinadas miles de personas. No sabéis lo que diariamente está pasando, la continuas masacres. Solo pedimos que Europa haga algo, que juegue su papel para parar estas muertes”.

Que Europa se implique

Denuncia asimismo las actuaciones del Gobierno sirio en un conflicto que ya parece eterno. Según afirma este padre de familia, el Gobierno de este país está utilizando armas químicas contra los civiles. Hasta ahora no han podido denunciarlo ante los medios, por estar en el campo de refugiados, pero ahora quieren hacer oír su voz. Pide Yahya que los gobiernos europeos se impliquen, que cojan las riendas y ofrezcan soluciones. Y concluye dando las gracias al Gobierno español, al autonómico y a “todos los españoles”.

La familia se encuentra actualmente en la primera fase del proceso completo de integración, tal y como ha explicado Braulio Carlés, responsable territorial de ACCEM. Son seis meses en los que comienzan a aprender el idioma, se revisa su situación jurídica, los niños se incorporan al colegio y se les da acceso a la sanidad y a la formación. Estos son los pilares fundamentales para que después, en un segundo periodo de otros seis meses, sean más autónomos y puedan acceder al mercado laboral.

ACCEM dispone de plazas de acogida en su centro de Sigüenza, Albacete y en Toledo. En este último caso, dispone de 36, de las cuales 31 están ocupadas por personas procedentes de Siria. La ONG se centra sobre todo en que la familia de acogida consiga su integración en la sociedad en un periodo que suele prolongarse entre los 18 y los 24 meses. El objetivo final también es que obtengan su estatuto de refugiados políticos, a la espera de que puedan retornar a sus países de origen. “Es verdad que esto a veces es complicado pero evidentemente nosotros lo trabajamos continuamente y es una de las posibilidades que nunca desechan, por la esperanza de volver a su lugar de origen”, afirma Carlés.

Bajo esos preceptos trabajan también otras asociaciones en Castilla-La Mancha como Cruz Roja o Movimiento de la Paz. De hecho, según ha podido saber eldiarioclm.es, en las próximas semanas llegarán a la región otros 140 refugiados sirios. No es suficiente, sin embargo, para cumplir con las ‘cuotas’ a las que se comprometió el Gobierno español en el marco de la Unión Europea. Actualmente, el nivel de acogida en el país no supera el 11%.

Así lo recuerda la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien también ha pedido una mayor implicación de las administraciones pero ha celebrado que esta familia haya abierto las puertas de su casa. Ha aprovechado también para precisar que en los últimos dos años han llegado a la comunidad autónoma 555 personas refugiadas, el 32% de las mismas procedentes de Siria. “Cuando una familia vive estas situaciones tan graves en su país, hace que se tengan que desplazar por motivos ajenos a su voluntad y debemos mostrar nuestra solidaridad y ayudarles”, ha remarcado.

“Queremos una plena integración. Eso no solamente es este hogar y la ayuda mínima para vivir, sino que los niños estén en el colegio y en el comedor escolar, que todos estén atendidos por la Sanidad y que tengan el apoyo de las prestaciones sociales que puedan solicitar”, agrega la consejera. Destaca igualmente que el Gobierno regional también trabaja en acciones humanitarias en origen desde 2015 tanto en Siria como en países colindantes donde hay refugiados, como Líbano o Jordania. Las subvenciones que destina a entidades colaboradoras están dirigidas principalmente al abastecimiento de estos campamentos, al acceso al agua, a a prestaciones médicas como ginecología y a la educación de los niños.

Finalmente, Aurelia Sánchez llama a la “responsabilidad internacional” en este problema. Reitera que España está muy por debajo de los compromisos de acogida y por eso insiste en ofrecer la comunidad autónoma y la colaboración del Gobierno regional para contribuir a una mayor acogida.

En el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, las Cortes de Castilla-La Mancha han vuelto a convertirse en el marco para que las ONG y entidades sociales trasladen sus propuestas a los grupos parlamentarios encaminadas a acabar con los altos índices de pobreza y exclusión social. Por este motivo se ha celebrado también un pleno extraordinario con representantes de varios colectivos, que han elevado a la Mesa del Parlamento regional el documento de propuestas junto con algunas incorporaciones referidas a derechos del menor e igualdad efectiva entre hombres y mujeres, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Han participado en esta jornada parlamentaria, entre otros, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha, la Fundación UNICEF, Cáritas de Castilla-La Mancha, Enlace Empleo, Fundación CEPAIM, Asociación Llere, Secretariado Gitano, Guadalajara Acoge, ACCEM y la Fundación Centro de Recursos Sociales (CERES).

Ha iniciado la ronda de intervenciones el presidente de las Cortes castellano-manchegas, Jesús Fernández Vaquero, quien ha resaltado la necesidad de poner el foco en uno de los problemas “más acuciantes” de la sociedad actual: la pobreza como una “profunda brecha” derivada de la crisis económica y manifestada en el hecho de que uno de cada cuatro castellano-manchegos se encuentre en riesgo de exclusión social. “Queda mucho trabajo por hacer tras comprobar que los datos de la macroeconomía no se trasladan tan rápido a la economía de los bolsillos”

Por eso ha apostado por “afrontar esta lucha como una obligación con nosotros mismos”, como “un compromiso con nuestra dignidad como seres humanos” y como el centro nuclear de la agenda política de los gobiernos y los parlamentos en todas las comunidades autónomas y en la Administración central. “No se puede construir una sociedad moderna desde la indiferencia, siendo inmunes al sufrimiento de millones de personas”, ha subrayado, parafraseando además a Umberto Eco al destacar que vivimos en una “sociedad líquida” donde “prima el individualismo, lo temporal e inestable, donde todo es cambiante y tiene fecha de caducidad y hay miedo al compromiso con los valores y con la comunidad”.

Se ha preguntado así cómo se puede “solidificar” esa sociedad, apuntando al trabajo que realizan cada día las entidades sociales y las ONG: “Hay que ser como vosotros, un ejemplo del camino a seguir para aminorar esta otra amenaza global”. Aunque también se ha referido al trabajo que deben desarrollar las instituciones “para poner puertas al campo de la insolidaridad y la injusticia” y para que las políticas públicas “tengan más en cuenta el beneficio social que la rentabilidad económica”

Hasta 30 puntos porcentuales de diferencia entre comunidades autónomas

Le ha seguido en el turno de palabra el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, quien ha manifestado su deseo en que en el futuro estos encuentros no sean necesarios. Mientras tanto, “hay que seguir trabajando”. Dicho esto, ha remarcado que el Gobierno de Mariano Rajoy no solo no ha cumplido el compromiso con la Comisión Europea de reducir en 1,5 millones las personas en riesgo de pobreza, sino que, al contrario, estas cifras han aumentado. Y ha recordado los datos del VII Informe sobre el Estado de la Pobreza, que refleja diferencias de hasta 30 puntos porcentuales entre comunidades autónomas.

“La renta media ha ido aumentado desde 2014 y eso ha servido para hablar de que la crisis ha terminado, pero analizando los índices de pobreza no estamos tan seguros”, ha destacado Carlés, al tiempo que ha recordando que la población más pobre es la última beneficiaria cuando se recupera el bienestar económico. También ha querido incidir en que el 82% de los pobres son españoles, que el 31% son jóvenes y que existe un umbral de “pobreza oculta” que afecta sobre todo a las familias con hijos. Finalmente, ha dicho que es clave afrontar estas cifras de la mano de las personas afectadas, escuchando sus demandas y propuestas, y ha celebrado la puesta en marcha de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha.

A este último punto se ha referido también la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien previamente ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno para ofrecer los detalles de este conjunto de medidas. Durante el pleno, ha incidido en que se trata de la “hoja de ruta” del Gobierno regional para reducir los índices de pobreza, en coordinación con todas las áreas ejecutivas de la Junta, y con el Plan de Garantías de Ciudadanas como eje central.

El documento que las ONG y entidades sociales han entregado a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha incorpora todas aquellas propuestas que se recogieron en el Seminario ‘Derechos y Ciudadanía’ celebrado en Ciudad Real a mediados de septiembre, y al texto se han incorporado otras premisas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la igualdad ante la ley, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y los derechos de los menores.

Casi un 38% de la población castellano-manchega, es decir, unas 770.000 personas, se encuentran en riesgo de exclusión social. Son los últimos datos aportados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), una organización que también apuesta por dar la palabra a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación. Y con ese objetivo ha organizado en Ciudad Real el seminario ‘Derechos y Ciudadanía’, que ha reunido a unas 60 personas de toda la comunidad autónoma beneficiarias de proyectos de integración social, así como a los técnicos que trabajan con ellas, para que ofrezcan su opinión y realicen nuevas propuestas.

La base fundamental es poder analizar el cumplimiento de los derechos fundamentales desarrollados en los artículos del Título III de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la igualdad ante la ley, la no discriminación, la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la igualdad entre hombres y mujeres, y los derechos del menor, entre otros.

Una delegación de personas participantes en el Seminario presentará sus conclusiones el próximo martes 17 octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en las Cortes de Castilla-La Mancha, de modo que los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria puedan conocer de primera mano las reflexiones y propuestas de las personas que tienen más dificultades en el conocimiento y ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Con motivo de este encuentro participativo, tanto el presidente de EAPN-España, Carlos Susías, como su representante en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, han destacado la importancia de dar voz a las personas que atraviesan por situaciones de dificultad para saber de primera mano su percepción y poder elaborar nuevas propuestas de inclusión. “Nos importa mucho conocer qué evaluación hacen sobre lo que se está haciendo y por eso estos encuentros tienen mucho sentido”, ha subrayado Carlés, destacando la necesidad de su empoderamiento.

En la inauguración del acto ha participación también la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha aprovechado para anunciar la creación de 38 Equipos de Inclusión Social, con 67 nuevos profesionales “para acompañar a las personas en dificultades y que puedan conseguir su integración socio-laboral”. Asimismo, ha adelantado que se incrementarán en un 20% los proyectos del Plan Regional de Inclusión Social (PRIS) hasta alcanzar los 64 proyectos.

Plan de Concertación

Como segunda acción puesta en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera ha destacado el nuevo Plan de Concertación con Entidades Locales, ya que este año recupera 38 Equipos de Inclusión Social con la contratación de 67 profesionales “para acompañar a las personas en dificultad para conseguir su integración socio-laboral, ese itinerario que le llevará a conseguir un empleo para poder integrarse social y familiarmente”.

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, también presente en el acto, ha resaltado la importancia de esta jornada de trabajo: “Estamos hablando de una participación global, la de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Y en ninguna administración no se pueden hacer políticas si no contamos con la totalidad de la población. No podemos tomar decisiones sin escuchar a los ciudadanos, y esa es la línea de trabajo que está teniendo tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Ayuntamiento de Ciudad Real”.

Pilar Zamora ha recordado cómo el primer órgano de participación que se constituyó en este mandato fue la Mesa de Emergencia Social con las entidades que trabajan con las personas que más lo necesitan. “Y esta es una jornada muy interesante para que hagamos esta participación en igualdad, porque si no hay igualdad no puede haber justicia”, ha concluido.

Con 22 plazas de acogida comenzó hace 25 su actividad la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) en Castilla-La Mancha. Un cuarto de siglo de vida en el que ha atendido a más de 6.000 personas y que ha celebrado con un acto en Guadalajara coincidiendo con el Día del Refugiado. El presidente de esta organización, Braulio Carlés, ha explicado todo el proceso de ampliación de sus centros de acogida para personas refugiadas, así como centros de menores, programas de empleo, vivienda y atención a personas en  riesgo de exclusión social.

Actualmente, suma más de 150 trabajadores y 200 voluntarios y un gran número de colaboradores para desarrollar su labor, a los que ha querido dar las gracias en este aniversario, aprovechando también para pedir a los gobiernos que sean “más generosos” con las personas solicitantes de protección internacional o refugiados. “Los conflictos no son solo de aquellos que los sufren y quizá mañana aquellos hijos de los que ahora están huyendo de sus países también nos odien y generen terrorismo si no ponemos medidas y trabajamos bien su atención, con un trato humano”, ha remarcado.

Cerca del 90% de las personas atendidas en los diversos servicios de ACCEM han concluido con éxito sus procesos de reubicación e integración social y laboral. Su presidente ha calificado de “modélica e integradora” a la sociedad de Guadalajara “gracias a la cual ha sido posible esa integración”.

“Vamos a seguir trabajando es esta línea que iniciamos hace 25 años para seguir dando respuesta a los más vulnerables, no sin llamar a la sociedad en general a apoyar económicamente o mediante su tiempo como voluntarios esta organización”, ha concluido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido también el papel de esta organización. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha subrayado además el trabajo conjunto en la atención a las personas refugiadas, por lo que se creó en 2015 la Oficina Regional de Atención a las Personas Refugiadas, que está abierta a la ciudadanía. Ha detallado que durante 2016, ocho de los diez proyectos de Ayuda Humanitaria se desarrollaron en los países limítrofes de los conflictos sirios.

En este sentido, la consejera ha subrayado que la Junta ve en ACCEM un colaborador necesario en prácticamente todos los programas de Bienestar Social, desde la atención a las personas en riesgo de exclusión social con programas de Acción Social, hasta la atención a menores, a personas mayores y a personas en situación de dependencia.

Valores que están siendo “pisoteados”

Por su parte, y con motivo también del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el sindicato CCOO ha destacado que valores como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el preámbulo de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “están siendo olvidados y pisoteados”.

Afirma el sindicato que las políticas europeas de migración y asilo, lejos de dar una respuesta solidaria, basada en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, han puesto en grave riesgo las vidas de miles de personas; y por ello reclama una nueva política europea sobre esta cuestión, que se cumpla el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea de reubicar a 160.000 personas, que se habiliten vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo, y que se preste una especial atención a las mujeres y niñas que sufren agresiones sexuales, trata, matrimonios forzados, y violaciones.

Medio millar de migrantes procedentes del África subsahariana lograron saltar la valla de Ceuta, por la frontera del Tarajal, el pasado mes de febrero. De todos ellos, alrededor de una veintena han sido acogidos temporalmente en los últimos días por el centro que ACCEM gestiona en Sigüenza (Guadalajara) debido a que el Centro de Estancia Temporal ceutí se encuentra casi colapsado. Ahora, están aprendiendo español y la organización está mediando para que puedan conseguir alojamiento y trabajo. En definitiva, “una vida mejor y más digna”.

Así lo ha confirmado el presidente de esta ONG, Braulio Carlés, quien detalla que todos ellos son muy jóvenes, de entre 18 y 30 años, y proceden de países africanos con conflictos abiertos como Guinea, Nigeria, Costa de Marfil o Burkina Faso. El centro de esta organización en Sigüenza ahora quiere que todos ellos puedan aprender el idioma “lo mejor posible” y buscarles un lugar para trabajar y vivir.

“Normalmente son jóvenes los que se arriesgan en esta aventura tan peligrosa. No podemos olvidar, por desgracia para los países de origen, que se trata de una fuga de cerebros. La mayoría llegan con una formación alta y una vez que consiguen el permiso de residencia y de trabajo, hacen su aportación a las arcas del Estado. Es decir, es mano de obra en la que no hemos invertido”, explica Braulio Carlés.

Es un argumento que defiende contra el discurso  del “desconocimiento y la reacción fácil” de muchos mensajes xenófobos. “No podemos ser tan raquíticos en el pensamiento y en la solidaridad. Tenemos que tener una mente abierta, con más perspectiva sobre el sufrimiento y la muerte de tanta gente”, destaca.

“Lo más solidarios y generosos posibles” con los refugiados

Y enlaza esta reflexión también con la crisis de los refugiados. “Son temas complejos y de difícil solución, y no se puede ser simplista en una dirección o en otra”. Dice entender que a aquellos a los que les toca gobernar no les resulte fácil encontrar caminos de solución, pero “tenemos que ser lo más solidarios y generosos posibles”.

“Yo me pregunto e invito a la gente a preguntarse sobre el chico que perpetró el atentado de Manchester. Su padre era un refugiado. Él nació ya en Inglaterra y se metió en una célula terrorista. ¿Qué estamos haciendo mal para generar tanto odio hacia las personas que les acogen?”, remarca el también presidente en Castilla-La Mancha de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Porque en su opinión, sucede lo mismo con los niños sirios que han huido con sus familias del país “y que van de un sitio a otro”. “Cuando sean adultos, verán lo injustos que hemos sido ante el sufrimiento, cómo hemos mirado para otro lado y puede ser que nos odien. Nada justifica que se mate a nadie, pero si no hacemos la acogida por generosidad, hagámosla por egoísmo, porque a medio y largo plazo las consecuencias son insospechadas, irreconocibles y puede pasar cualquier cosa”.

ACCEM, dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación más vulnerable, y especialmente del colectivo de refugiados, migrantes y personas en situación o riesgo de exclusión social, acoge actualmente en toda España a casi un millar de personas. El centro que gestiona en Sigüenza acoge actualmente a 70 personas en situación de asilo o refugiadas, mientras que otras 18 están en Guadalajara y 42 en Albacete. En cuanto a migrantes, en Sigüenza hay 30 plazas, con una estancia media de entre 15 días y tres meses. “Hay muchos y tenemos que seguir trabajando todos juntos por intentar al menos paliar esta realidad”, afirma su presidente.

Nuevos datos sobre índices de pobreza en España y nuevo diagnóstico desfavorable para Castilla-La Mancha. En 2015, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en esta región fue del 36,7%, más de un tercio de la población. Además, hay un total de 192.000 castellano-manchegos en situación de pobreza extrema, lo supone un 9,4% del total. Se trata de los datos regionales del  VI Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2015’ realizado por EAPN-España y presentado en Toledo. Esta presentación se produce en el marco de la Semana de lucha contra la pobreza y la desigualdad, que finaliza el próximo 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El VI Informe muestra un empeoramiento generalizado de la situación social en todo el país desde el año 2009. Según apunta, el incremento reciente de ciertos indicadores macroeconómicos sólo consigue “mantener la desigualdad” y no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de las personas que viven en España, incumpliendo los objetivos sociales previstos en la Estrategia Europa 2020. 

En lo referente a Castilla-La Mancha, en 2015 el 36,7% de personas residentes en la región se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y aunque la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido un 0,2% en el último año, en términos absolutos, en 2015 había algo más de 755.000 personas en esta situación y la cifra es de 8 puntos porcentuales superior a la media nacional: la cuarta más alta de todas las comunidades autónomas, sólo inferior a Andalucía, Canarias y Murcia. Además, en la totalidad del período estudiado la tasa ha crecido 8,1 puntos porcentuales, que es el segundo incremento más alto, sólo inferior al de e

Un dato también muy preocupante es que Castilla-La Mancha tiene 192.000 personas en pobreza extrema, lo que supone una tasa del 9,4%, que es casi dos puntos más elevada que la media nacional. Estas personas tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 euros mensuales por unidad de consumo. De hecho, desde 2009 la pobreza extrema ha crecido en la región 6,6 puntos, cifra que es más del doble de la media nacional y la más alta de todas las comunidades autónomas. Según el informe, esto significa que en Castilla-La Mancha “las consecuencias de la crisis las ha pagado la población más pobre”.

Igualmente, en el año 2015, el 8,5 % de la población de Castilla-La Mancha vive en situación de Privación Material Severa, es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo que se muestran en la tabla siguiente. La tasa es muy elevada, sólo por debajo de Canarias y Murcia, y está 2,1 puntos porcentuales por encima de la correspondiente al conjunto de la población nacional. En términos absolutos 175.000 personas viven en situación de Privación Material Severa en la región. 

La pobreza en personas mayores

Por otra parte, EAPN también destaca que un importante grupo de personas mayores está en situación de pobreza. Dado que los ingresos de las personas mayores dependen en su práctica totalidad de las pensiones que perciben, su situación de pobreza dependerá fundamentalmente del importe de la pensión. En esta región, puede verse que la cuantía del 50,1 % de las pensiones está por debajo del umbral de pobreza, lo que envía a algo más de 180.000 personas mayores a las listas de pobreza y/o exclusión social solamente por causa del bajo importe de su pensión.

Braulio Carlés, presidente de EAPN-CLM, ha destacado durante la presentación que la situación de pobreza que vivimos a día de hoy en España es consecuencia directa de la “ausencia de una política clara de lucha contra esta situación, que se traduce en un empeoramiento paulatino de las condiciones de vida de la mayoría de la población”.

Por su parte, Raúl del Viso, responsable de programas y asuntos europeos de EAPN-CLM se ha referido al incremento de la desigualdad en los últimos años, “que nos sitúa en tercer lugar de la UE, sólo por detrás de Rumanía y Serbia”. Por último, Juan Carlos Llano, sociólogo autor del informe, apunta al factor territorial como un elemento clave para comprender la pobreza en España: “En este sentido, se debe destacar la enorme desigualdad entre las comunidades autónomas y la imperiosa necesidad de reducirla”.

El Centro de Refugiados de Sigüenza (Guadalajara) acogerá desde el este lunes, 30 de mayo, a un sirio y un iraquí; los dos primeros refugiados que llegan a la Ciudad del Doncel fruto del programa de acogida acordado por el Gobierno Español de solicitantes de asilo.

 Así lo ha confirmado el responsable de la Asociación Católica de Migraciones (ACCEM), Braulio Carlés, quien ha incidido en que serán dos varones, que aterrizarán en Barajas, Madrid, aproximadamente al mediodía. Según ha explicado, estas dos personas ocuparán dos de las cuatro plazas que ahora hay disponibles en este centro de referencia, donde previsiblemente llegarán más solicitantes de asilo próximamente.

“Nosotros trabajemos con ellos en la misma línea que con el resto, como unos más, con la mayor normalidad posible”, ha incidido Carlés.La intención es que desde su llegada se habitúen con el idioma, y en función de como se gestione su expediente la previsión es que puedan estar en este centro unos seis meses, inicialmente.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social es trasversal y requiere del compromiso de varias áreas del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo han manifestado los miembros de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) durante su participación en el Consejo de Gobierno de la región, donde han obtenido una serie de compromisos por parte del presidente, Emiliano García-Page, encaminados a reducir la alta tasa de pobreza en la región, actualmente del 36% según el último Indicador Arope.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha desgranado tras la reunión las cinco medidas que se han acordado con motivo de este encuentro, la primera de ellas referida a la creación de un grupo de trabajo con este departamento y junto a la Consejería de Fomento y EAPN para el estudio y elaboración de una Estrategia regional de Vivienda Social en Castilla-La Mancha.

En segundo lugar, el Consejo ha determinado que esta organización, que agrupa a varias entidades sociales, sea el órgano intermediario para la elaboración de la Estrategia castellano-manchega de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Del mismo modo, se ha encargado a EAPN la elaboración de un borrador de Ley del Tercer Sector para el periodo legislativo de 2017. El  presidente de la Red Europa, Carlos Susías, ha detallado sobre este último punto que se trata de complementar en la región la normativa que ya existe a nivel estatal y donde se definen las funciones, los apoyos, la actividades y los planes de sostenibilidad de las entidades sociales.

Mesa de diálogo civil y renta mínima

El Gobierno castellano-manchego también se ha comprometido a la creación de una mesa de diálogo civil con todas las entidades representativas del ámbito social y también a instar al Gobierno central, a través de una iniciativa en las Cortes regionales, a la aprobación de una Ley de Renta mínima para todas las personas que se encuentren en situación de pobreza. El objetivo es que ese ingreso sea igual para todos los ciudadanos españoles y tenga su base en los Presupuestos Generales del Estado, si bien estaría complementado con el sistema de renta mínima de Castilla-la Mancha para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad socio-económica.

Aurelia Sánchez ha explicado que este Consejo de Gobierno monográfico también ha servido para constatar que la Consejería de Bienestar Social ha cumplido el 60% de las actuaciones contempladas en el informe elaborado por EAPN con peticiones contra la pobreza, y que el 40% restante se encuentra en curso con actuaciones concretas de distintas consejerías “dirigidas siempre a colectivos vulnerables”. Dentro de este informe de propuestas, hay peticiones que van desde dependencia hasta pobreza energética, empleo, renta básica y programas contra la exclusión social.

El presidente regional de EAPN, Braulio Carlés, ha agradecido el encuentro y se ha mostrado muy satisfecho de los acuerdos alcanzados para “profundizar” en las políticas destinadas a las personas. Actualmente, en Castilla-La Mancha y según el último estudio del Indicador Arope, hay un 36% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. El dato más preocupante y “sangrante” para la EAPN es el 8% de población que sufre privación material severa en su día a día, un dato que sigue en crecimiento.