Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz. Mientras elabora su informe para que decida el Gobierno, un estudio de los investigadores Eloy Sanz y Víctor García Carrasco –encargado por Greenpeace– ha concluido que alargar la vida de esos reactores “retrasaría” la implantación de renovables y generaría más emisiones de CO₂ al tiempo que incrementaría la factura eléctrica a largo plazo.

La conclusión del trabajo es que cerrar los reactores entre 2027 y 2028, como estaba previsto, es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente”. El análisis aborda los principales aspectos que sobrevuelan el fin de la vida útil de las centrales nucleares y que han alimentado los ataques políticos de PP y Vox al plan de cierres progresivos que han llamado “suicidio energético basado en la ideología” o una política de “ecofanáticos”.

Los cálculos de Sanz –director de la cátedra de Transición Ecológica de la Universidad Rey Juan Carlos– y García Carrasco indican que “la energía aportada por la central nuclear de Almaraz puede reemplazarse de forma prácticamente completa por energías renovables”. Según su análisis, en los años posteriores al cierre previsto solo habría que generar un 3,6% de lo que hacía Almaraz con ciclos combinados. “No hay una dependencia estructural al gas”.

En este sentido, si se siguiera generando electricidad en Almaraz, eso “retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”. Al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza esa transición energética hacia fuentes renovables, argumenta el estudio.

En números generales, la reducción de generación nuclear por la clausura de Almaraz I es de 7,77 TWh en 2028 y otros 7,96 TWh en 2029 por el cierre de Almaraz II, mientras que la electricidad renovable añadida asciende a 9,27 y 8,71 TWh el primer año sin Almaraz I y Almaraz II, respectivamente.

Y de manera consecuente, el escenario con prórroga incide en la apuesta por conseguir almacenamiento generado en renovables también se ve lastrada. Sin prórroga “existe más energía excedentaria susceptible de almacenarse para desplazar generación fósil en horas posteriores, incluso cuando el recurso renovable es bajo”, dice el trabajo.

Emisiones de gases

La prórroga de la central “reduce el uso de ciclos combinados de manera temporal (2028-2030), pero limita a medio plazo la sustitución estructural de aportes térmicos por renovables”, afirma el estudio. Al tener esa nuclear no se utiliza tanto gas, pero luego, al haberse taponado las renovables, se prolonga el uso del combustible fósil cuando Almaraz se detenga definitivamente. Como consecuencia, tras 2030, “el mix resultante es menos renovable y más dependiente de tecnologías de respaldo como el gas”.

Así, en 2030, en el escenario de cierre las emisiones llegan a 9,1 Millones de toneladas (Mt) de CO2eq, mientras que los escenarios de prórroga se sitúan entre 12,1 y 13,8 MtCO2eq . “La prórroga implicaría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 5-8% en el periodo 2028-2030”. Posteriormente, una vez cerrada la central, las emisiones aumentarían hasta aproximadamente un 24% en 2031 en comparación con el escenario de cierre planificado

La factura de la luz

La prórroga generaría un “alivio transitorio tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030”, admite el trabajo, pero, a partir de 2031, las cosas cambian y se genera un incremento sostenido. En 2033, en términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en el caso de prorrogar la operación de la central de Almaraz.

Este análisis llega durante el estudio de la petición de prórroga que realiza el Consejo de Seguridad Nacional y los movimientos sociales de oposición y apoyo al cierre. El CSN ha informado hace unos días de que, al tratarse de un alargue corto de unos dos años, eso permitirá “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda. También espera tener sus conclusiones este verano.

Por su parte, hace unos meses, 80 organizaciones se unieron en una plataforma llamada Sí Almaraz que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña: “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, afirman. En su argumentación aseguran que la central sostiene 4.000 empleos directos e indirectos.

El Consejo de Seguridad Nuclear prevé tener listo este verano el informe que será determinante para evaluar si hay garantías para que la central de Almaraz en Cáceres siga operando con una prórroga hasta 2030, según ha avanzado hoy el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo.

Las eléctricas propietarias tienen hasta el 18 de febrero para remitir la información añadida que les ha exigido el CSN y cuya entrega a tiempo y con “la calidad” requerida determinará los plazos para cumplir con el calendario que estima el Consejo que le será necesario para emitir su informe preceptivo y vinculante pero solo en positivo.

Según los cálculos del CSN,en cuyas manos está el informe clave sobre si extender el funcionamiento de la instalación, será “entorno al verano” cuando pueda estar listo su informe para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha dicho Lentijo.

Ha explicado que el Gobierno es el que tiene la última palabra; el hecho de aceptarse una prorroga por parte del Consejo de Seguridad Nuclear no implica que otras razones de peso por parte del Ejecutivo determinen no extender el funcionamiento de Almaraz.

Lentijo ha explicado que ampliar la operativa de la central hasta 2030 sería una pequeña prórroga al funcionamiento y eso permite “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda como se hizo en su día sino de aspectos parciales.

“No se trata de una autorización convencional porque lo que se evalúa está dentro del ciclo de autorización anterior que no estaba agotado”, es solo un ajuste para un corto plazo añadido, ha dicho.

El presidente del CSN también ha confirmado que este organismo está realizando un informe sobre el impacto del apagón en el sector nuclear.

Ha asegurado que “no hubo ningún problema de seguridad nuclear”, aunque si hay algo que aprender tiene que ver con la mejora de las comunicaciones, aunque el sistema funcionó tal como había sido diseñado. 

Extremadura llega a la cita electoral con una agenda marcada por la economía, el empleo y las infraestructuras, según un informe elaborado a partir del análisis de más de 30 millones de datos digitales. El estudio, presentado este jueves en Mérida por la consultora BeConfluence, se centra en las huellas que dejan los ciudadanos al interactuar en redes sociales, buscadores y sitios web, y no constituye una encuesta electoral.

El informe abarca la actividad de más de 612.000 personas en la región, de las que un 18 % corresponde a la generación Z (15-28 años), un 38 % a los Millennials (29-44 años), un 36 % a la Generación X (45-61 años) y un 8 % a mayores de 62 años.

Entre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, lideran la lista la situación económica y laboral y el estado de las infraestructuras, seguidos por la agricultura, el futuro de la central nuclear de Almaraz, la desigualdad territorial con respecto a otras comunidades, la corrupción y la sanidad y servicios públicos rurales.

El estudio refleja, además, que un 56 % de los usuarios percibe un trato desigual de parte del Estado hacia Extremadura en comparación con Cataluña y País Vasco, y hasta un 80 % considera que la corrupción es un problema relevante en la región.

Los datos segmentados por edad muestran que el 56,7 % de los jóvenes y adultos de entre 15 y 44 años han pensado en marcharse de Extremadura en busca de oportunidades laborales, mientras que un 33 % considera difícil encontrar un empleo estable en los próximos 12 meses.

La conectividad ferroviaria también sale mal parada, con un 71,5 % de los consultados que la valora negativamente. En cambio, la central de Almaraz recibe un respaldo mayoritario: la mitad de los jóvenes de 18 a 28 años y el 60 % de los de 29 a 44 años están a favor de prolongar su vida útil, cifra que aumenta hasta el 75 % entre quienes tienen entre 45 y 73 años.

El informe ofrece así una radiografía digital de las preocupaciones de los extremeños de cara a los próximos comicios, dejando patente que, más allá de la intención de voto, la ciudadanía sigue marcada por la búsqueda de empleo, la mejora de los servicios y la estabilidad económica de la región.

Trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), representantes del comité de empresa, miembros de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', entre otros colectivos, se han concentrado este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para pedir la continuidad de la planta, de la que dependen unos 4.000 empleos de la zona

Según ha informado 'Sí Almaraz', a la concentración también se han sumado el colectivo Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear y tras ella se han entregado en el Ministerio tres cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Las misivas alertan de las “graves consecuencias económicas, sociales y demográficas ”que tendría el cierre para Extremadura y para el conjunto del país. Así, 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' advierte en la carta de que “el cierre de Almaraz supondría un golpe irreversible para una comarca que ya sufre los efectos del desempleo estructural, la despoblación y la pérdida progresiva de tejido productivo.

Añade que miles de empleos directos e indirectos —cualificados, estables y de calidad— dependen de esta instalación, que actúa además como eje vertebrador de la actividad económica en la zona y su clausura aceleraría el proceso de desindustrialización y abandono rural que amenaza a una de las regiones más castigadas por el desequilibrio territorial del país.

Por su parte, el Comité de los Trabajadores pide a la ministra que defienda los puestos de trabajo y a las de cerca de 4.000 familias que viven dignamente gracias al empleo de calidad que genera la Central de Almaraz. También que tome conciencia de que no se puede condenar de nuevo a Extremadura al ostracismo ni a la desindustrialización obligándole a perder su mayor motor económico.

Por último, el colectivo Mujeres por Almaraz, un grupo de madres, trabajadoras y vecinas del Campo Arañuelo, destacan que el cierre de la central amenaza la continuidad educativa, sanitaria y social de unos municipios ya debilitados por la pérdida de población y que muchas familias jóvenes se verían obligadas a abandonar la comarca, acelerando el vaciamiento rural. 

Fundación Renovables, principal lobby de este sector en España, avisa de la “insuficiente” financiación del fondo que debe sufragar el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos nucleares, cuyo déficit cifra en más de 5.000 millones de euros, pese a la última subida aprobada por el Gobierno, y cree que “prolongar la vida útil de las centrales solo pospone el problema y puede agravar este déficit, sin garantizar siquiera la cobertura de los costes reales de cierre y gestión de residuos”.

El informe La Energía Nuclear en España: Análisis de la viabilidad nuclear hacia un sistema 100% renovable, al que ha tenido acceso elDiario.es, advierte de que el déficit de ese fondo recaerá “sobre la ciudadanía si no se aumenta significativamente” la tasa que recauda la empresa pública Enresa, “dado que hoy en día los propietarios de las centrales no asumen los gastos para el tratamiento de los residuos que ellos mismos han generado”.

“Esto evidencia la falta de competitividad económica real del sector nuclear al no tener en cuenta el coste de sus externalidades, además de la nula estrategia de las empresas privadas para asumir su responsabilidad a futuro”, dice el documento, lanzado en pleno debate sobre la posible prórroga hasta 2030 de la nuclear de Almaraz (Cáceres), que las eléctricas pretenden hacer coincidir con el cierre de otros dos reactores, Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), algo que, al margen de las maniobras del PP en el Congreso, puede echar al traste con el cierre paulatino (entre 2027 y 2035) que pactaron las empresas con el Gobierno en 2019.

Ese fondo, que se nutre de una tasa por la producción de los reactores, contaba a cierre de 2024 con 8.677 millones, cuando Enresa estima los costes en más de 20.000 millones. Para dotarlo de más recursos, en junio de 2024 el Gobierno aumentó la Tasa Enresa un 30%, de 7,98 €/MWh a los actuales 10,36 €/MWh, un incremento que las empresas han recurrido y que, según el informe, “es muy insuficiente para la cobertura total de los costes estimados”.

“En caso de ampliación de plazo de las centrales, se ha mencionado que esta tasa podría reducirse un 18% hasta los 8,50€/MWh, argumentando que al ampliarse el periodo recaudatorio se apoyaría la competitividad económica del sector nuclear”, dice el informe, que sin embargo plantea “un hipotético escenario en el que la tasa Enresa permitiría cubrir el 100% del coste de gestión de los residuos nucleares entre 2024 y 2100”: afirma que la tasa debería situarse en 59,52 €/MWh, con un precio de la electricidad nuclear de 113,42 €/MWh, según una metodología de cálculo de costes de esta tecnología que Endesa presentó en 2023.

El informe subraya que el retraso (doce años) en la actualización del último Plan de Residuos Radiactivos (aprobado en diciembre de 2023) “ha beneficiado económicamente a las empresas propietarias”, al no haberse actualizado esa tasa en esos años. Destaca que “el 30% de los 416 reactores operativos en el mundo en 2025 ya superan los 40 años de vida de diseño y casi dos tercios lo habrán hecho antes de 2035”.

Esto “obliga a los reguladores a decidir entre cerrar o acometer costosas obras de extensión, con el telón de fondo de procesos de fatiga, como son la corrosión de la vasija (similar a lo que sucede en los reactores franceses durante los últimos años) o la fragilización del acero que incrementan la probabilidad y la gravedad de un fallo de seguridad a medida que la central envejece”.

El precio de alargar la vida útil de una central no es uniforme y varía para cada reactor. El informe menciona los casos de la extensión de 10 años de los reactores belgas Tihange 3 y Doel 4, con un rescate público de 2.000 millones; y en Francia, el programa de renovación “Grand Carénage”, con una inversión de 49.400 millones para sus 56 reactores, a unos 880 millones por reactor. 

Como recuerda el informe, en 2018 la consultora PwC estimó que las nucleares españolas deberían invertir un mínimo de entre 3.200 y 3.500 millones para alargar su funcionamiento 10 años. La cifra exacta “solo se podría conocer si se pidiese la ampliación de cada central, pero, en todo caso, representa un alto coste fijo que habría que amortizar durante los años restantes de su funcionamiento, desconociéndose si las empresas propietarias están dispuestas” a asumirlo. Almaraz depende de los requerimientos técnicos que imponga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

“Ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente”, sostiene la Fundación Renovables.

“El beneficio privado de unos años más de operación corre parejo a la asunción pública de contingencias cuyo valor supera con creces los ahorros inmediatos. La cuestión deja de ser meramente técnica para convertirse en una decisión de política económica sobre quién asume, y hasta qué punto, el precio real del envejecimiento nuclear”.

“Incompatibilidad”

El informe subraya la “incompatibilidad” entre la nuclear y la transición energética, ya que “impide que el despliegue renovable alcance su potencial completo” al operar de “de forma no flexible”, con poco margen para regular potencia, “obligando a desconectar renovables”. Su modelo “las hace incompatibles con la variabilidad estacional de las renovables y los sistemas de baterías hibridados y stand-alone en desarrollo”. 

El informe considera “optimista ” la previsión de incremento de la demanda eléctrica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Comienza advirtiendo de que los datos referentes a la nuclear “se han obtenido a partir de la información publicada por el propio sector”, lo que implica “limitaciones” por “la falta de transparencia”, la “opacidad y el hermetismo de una industria que no aporta información abierta a la ciudadanía y al Estado”.

“Existen una serie de costes futuros que no se incluyen en la carga fiscal nuclear actual” y “extender la vida útil de reactores viejos requiere nuevas inversiones en refuerzos de seguridad y modernización, con su correspondiente impacto financiero”; sin mecanismos de apoyo, como contratos indexados o “todos los costes” asumidos, “su rentabilidad está en entredicho”.

Frente a las afirmaciones de las eléctricas sobre “la supuesta excesiva carga fiscal de la nuclear”, Fundación Renovables recalca “la importancia de las tasas impositivas para reducir el impacto social negativo que supone externalizar los costes de una tecnología en la ciudadanía”.

“El mérito de una tecnología no debe basarse en su hipotético funcionamiento exento de impuestos”, algo “especialmente cierto para la nuclear dadas sus externalidades potencialmente negativas” y su competencia frente a tecnologías “que sí están gravadas fiscalmente y tienen menos externalidades, como es el caso de las renovables”.

La fundación expone, citando datos del banco de inversión Lazard, que el coste marginal de operación de las nucleares (conocido como LCOE) se mantiene desde hace una década “estable” a escala global en torno a los 71 dólares por MWh, frente a los “entre 37 y 70” de la fotovoltaica y la eólica terrestre“. 

“Así, la nuclear nueva se posiciona hoy como la opción más cara para nueva generación firme en los sistemas eléctricos occidentales, siendo, además, cada vez menos competitiva frente a las renovables. Su viabilidad económica depende de factores aún no resueltos y sin expectativas claras de mejora en el corto o medio plazo”.

En el caso de España, el coste completo de producir electricidad nuclear “se desconoce porque, más allá de los datos publicados por los propios operadores de las centrales y su asociación, Foro Nuclear, se desconoce la veracidad de estos al no haber un control de validación externo e independiente”.

La composición del coste incluye operación y mantenimiento, amortización de inversiones, impuestos específicos, financiación del desmantelamiento y gestión de residuos. “Con la prudencia de que son costes internos, sin una auditoría de costes externa e independiente, Endesa presentó en 2023 un desglose de costes que ascendía a 63 €/MWh”, recuerda la fundación.

El informe reconoce que “la presión mediática generada por las propietarias de las centrales podría retrasar” ese cierre gradual y considera un “mito” el denominado renacimiento nuclear, un “falso relato que ha calado en el debate público y que viene incentivado por el lobby empresarial nuclear, que se basa más en sus propios deseos que en la realidad”, dado que en los últimos 15 años esta fuente “ha experimentado un crecimiento prácticamente insignificante a nivel mundial, con más reactores cerrados que inaugurados, y concentrando el poco desarrollo existente en regiones muy concretas, principalmente en Asia”.

Se basa en los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que señalan que la potencia de esta fuente a escala mundial ha pasado de 370,9 gigavatios (GW) en 2010 a 375,5 GW en 2024, con un crecimiento de solo el 1,2%, y “19 reactores menos, al ser los nuevos más potentes que los clausurados”, con Asia concentrando el 79% de la nueva capacidad en la última década y China a la cabeza (40 GW).

“Este estancamiento nuclear contrasta enormemente con el auge de las energías renovables que experimentaron, en el mismo periodo, un crecimiento exponencial del 262% a nivel mundial, pasando de 1.227 GW en 2010 a 4.448 GW en 2024”, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena). “Solo el último año, las renovables instalaron más potencia que toda la capacidad nuclear histórica instalada hasta la fecha”, recuerda el informe.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado este viernes satisfecha de que la enmienda “trampa” del PP sobre el calendario de cierre de Almaraz y otras nucleares no le haya salido bien.

El Congreso rechazó este jueves la enmienda que incorporó el PP al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. A preguntas sobre esta cuestión, la candidata de Unidas ha criticado la “triquiñuela” del PP de introducir una enmienda sobre las nucleares en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que no tiene nada que ver.

De Miguel ha asegurado que las empresas propietarias de Almaraz tienen claro el calendario de cierre y ha considerado que ahora se está en “un juego político y partidista”, en vez de un actuar de manera responsable con criterios científicos. En su opinión, un gobierno responsable debería exigir prejublicaciones dignas como ha habido en Telefónica o en el sector de la banca, y un plan de empleo para la fase de desmantelamiento.

De Miguel ha criticado que ni PSOE ni PP hayan puesto en marcha una alternativa al cierre y ha considerado que prorrogar Almaraz “es dar aire a oligopolio eléctrico que quiere que le salga gratis lo que lleva haciéndoles de oro durante décadas”.

La candidata de Unidas ha lamentado que la zona de Almaraz no haya sido un polo industrial con diez veces más de empleo, en vez de servir para llevar energía e impuestos fuera de Extremadura. 

Junts ha evitado a última hora una nuevo castigo al Gobierno al votar en contra de una enmienda del PP que intentaba modificar el calendario para el cierre de las centrales nucleares, previsto de forma escalonada hasta 2035. El Ejecutivo consigue una jornada parlamentaria redonda tras conseguir la aprobación de la ley de clientela, que ya camina al Senado, y la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible sin los principales cambios que buscaban los de Alberto Núñez Feijóo. 

Pese a las dudas desde que el PP introdujo la enmienda, el Gobierno ha tenido un día redondo en el Congreso, con la aprobación de la Ley de Atención a la Clientela, del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la aprobación definitiva de Movilidad Sostenible, un gran proyecto que busca impulsar el transporte público y una importante reducción de emisiones, un proyecto del que además dependen 10.000 millones de fondos europeos. 

Con este movimiento, Junts sigue sin probar en los botones de votación del hemiciclo la anunciada ruptura de relaciones con el Gobierno. Es cierto que la ley de movilidad sostenible estaba pactada de antemano y no entraba en el listado que los independentistas anunciaron que tumbarían a partir de ahora, pero la enmienda del PP había abierto una brecha en un tema sensible para Junts.

La semana pasada el partido de Feijóo aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para enturbiar la estrategia del Ejecutivo con un tema muy sensible para algunas regiones específicas, como Extremadura, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo acaba de forzar un adelanto electoral para finales de diciembre. Allí se encuentra la central de Almaraz. La jugada ha conseguido además abrir una grieta en el PSOE, con el candidato a esas elecciones, Miguel Ángel Gallardo, a favor de la prórroga de la vida de esa planta. 

La enmienda fracasada buscaba alargar el calendario pactado, después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran presentar una solicitud formal para prorrogar el cierre de Almaraz hasta junio de 2030, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

En el Gobierno habían dejado en cualquier caso la decisión sobre Almaraz en manos del Consejo de Seguridad Nuclear. El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido ya a ese órgano la petición de modificación del calendario de las eléctricas con la exigencia que ya marcó Pedro Sánchez en una comparecencia en mayo: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”, dijo. 

El problema, más allá de esta cierta flexibilidad marcada por el Gobierno, que ha enfadado a Sumar, radicaba en que la enmienda del PP era mucho más amplia y abre el abanico de las condiciones. La modificación que ya ha introducido el Congreso establece que el titular de cada una de las centrales podrá solicitar con al menos 18 meses de antelación al plazo previsto “una nueva autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. “La documentación soporte de la solicitud del titular, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, será la que determine el Consejo de Seguridad Nuclear”, establece. 

Con la votación de este jueves, el Congreso no modifica finalmente los planes pactados a la espera de lo que decida el Gobierno tras la petición de las eléctricas. Aunque habían mostrado tranquilidad, la jornada sirve también para apuntalar una derrota del PP que buscaba herir al Gobierno en un tema sensible en la campaña de Extremadura.

Impulsar la eliminación de los vuelos cortos

Más allá de esta enmienda en concreto, la votación de este jueves supone la aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible, un texto muy importante para el Gobierno que viene de la legislatura anterior y que ha experimentado una intensa negocaición en comisión. El texto reconoce por primera vez el derecho a la movilidad sostenible. Y como parte de ese derecho impone el objetivo de llegar a la neutralidad climática a mitad de siglo, con el objetivo vinculante de ir descarbonizando todo el sistema de transporte.

En este sentido, ley insta a las administraciones a elaborar planes para impulsar el transporte público colectivo, con servicios incluidos de movilidad compartida, colaborativa o a demanda, que hasta ahora no se habían contemplado como alternativa. También se actualizan las etiquetas medioambientales de los automóviles, con la idea de incrementar el parque de coches eléctricos. La ley también incluye algunos aspectos relacionados con el coche eléctrico, como la aceleración del despliegue de la infraestructura pública de recarga.

Otro de los puntos más significativos es el plan que contempla la ley es el plan para impulsar la reducción de vuelos domésticos. El texto no establece un compromiso claro pero encarga al Ministerio de Transportes la elaboración de un estudio que examine desde el punto de vista técnico las posibilidades para la “racionalización de vuelos cortos” cuando exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en los casos en los que haya conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

“El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estudiará desde un punto de vista técnico, si la racionalización del uso de los vuelos cortos [...], siempre dentro del marco normativo europeo, podría ser una medida que, de una forma efectiva, permita reducir las emisiones del modo aéreo, analizando, asimismo, otros posibles impactos de la medida”, dice el dictamen aprobado en la comisión. “En el marco de este estudio, se hará una propuesta de regulación de los vuelos [...], teniendo en cuenta los posibles efectos en varios ámbitos, como la conectividad regional, los impactos a nivel económico y social como es el caso del impacto en las subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares o la propia capacidad de sector para descarbonizarse”, establece.

La ley no plantea medidas como el pago por uso de las autovías, que se descartó por completo; y habilita, pero no obliga a poner peajes en zonas urbanas. También exige a las empresas que tengan 200 personas en un centro de trabajo o entre 100 y 240 en distintos turnos que elaboren planes propios de movilidad.

El culebrón del cierre de las centrales nucleares va a vivir otro capítulo este jueves en el Congreso de los Diputados, con la votación de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado que pretende alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

En la enmienda, que el Gobierno no ha vetado por entender que no tiene impacto para las cuentas públicas, la llave la tiene Junts, partidaria de alargar la vida de las nucleares catalanas, y que ya se abstuvo en la votación de esa enmienda en el Senado.

Si sale adelante, esta treta parlamentaria de los populares, una enmienda a una ley que nada tiene que ver con las nucleares, y de cuya aprobación depende la entrega de 10.000 millones de euros en fondos europeos, puede apuntalar las peticiones que llevan meses realizando las eléctricas para revisar el calendario de cierre de las nucleares.

Sin embargo, expertos del sector advierten de que, en la práctica, esa hoja de ruta ya está entredicho con la prórroga que han pedido las empresas para que la central de Almaraz siga operando hasta 2030.

Tras jugar al despiste durante meses con el cierre o la prórroga de la planta extremeña, sus propietarias, Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) acordaron en octubre (la propietaria de Almaraz es una comunidad de bienes, que requiere unanimidad de los socios en sus decisiones) solicitar alargar hasta junio de 2030 el permiso de la planta cacereña. Almaraz es la primera que debe cerrar en el calendario pactado en 2019 con la empresa pública Enresa, responsable del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos.

El plan pactado hace seis años contemplaba un apagón gradual del parque nuclear entre noviembre de 2027 y mayo de 2035, con el cierre del primer reactor de Almaraz como primera parada y la clausura del segundo grupo de la planta extremeña ya en octubre de 2028. Al margen de esta maniobra del PP, el retraso en cadena del calendario de cierre nuclear (que genera el rechazo frontal del socio de Gobierno del PSOE, Sumar) es un escenario que está sobre la mesa si se materializa la prórroga de la planta extremeña.

Retrasar a 2030 el cierre de Almaraz supondría abordar a la vez en un solo ejercicio el cierre de cuatro reactores nucleares: los dos de la planta extremeña y los de Ascó I (octubre de 2030) y Cofrentes (noviembre de 2030). Serían 4 gigavatios (GW) desconectándose en cuestión de meses. En opinión de Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, este escenario “no es gestionable, y por tanto el gobierno que haya en 2030 (o año y medio antes) tendrá la soga al cuello”. 

Según Fresco, de cara a 2030 “las compañías podrán plantear las condiciones que quieran ante su posición de fuerza. Si permites esto de Almaraz, el gobierno pierde el control de la política energética y pasan a dominarla las propietarias de las nucleares”.

Como ha explicado el ex diputado de ICV y ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Herrera, con ese aplazamiento “se consigue para 2030 la tormenta perfecta” y ese año las empresas “pretenderán poner las condiciones para el alargue de la vida de los reactores”, con lo que Herrera ha calificado como “el cuarto rescate nuclear. Así, la política energética podría volver a decidirse ”en un taxi“, como tantas veces en el pasado”.

Por los aires

En un reciente artículo en Agenda Pública, Fresco apuntaba que cerrar casi de golpe esos cuatro reactores en 2030 haría saltar “por los aires cualquier criterio de cierre escalonado y progresivo” y supondría “la detonación de la política energética del país”, porque haría muy difícil instalar los 30.000 megavatios (MW) de renovables que actualmente tienen autorización de construcción y cerca de 5.000 MW proyectos de almacenamiento en baterías que están en tramitación. La explicación es sencilla: no hay hueco para tanto.

En palabras de Fresco, “si mañana el Gobierno de España reabre el melón nuclear seguramente no se construirá prácticamente nada. Deshacer el pacto nuclear destruiría la previsibilidad de nuestra política energética, paralizaría la inversión y dejaría morir miles de proyectos que han estado muchos años en tramitación, tirando a la basura grandes esfuerzos y llevando a la ruina a cientos de empresas”. 

Hay que recordar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos el Gobierno revisó al alza hace poco más de un año, establece que de aquí a 2030 tendrían que instalarse en España otros 30 GW de fotovoltaica, sumando autoconsumo (ahora hay unos 47 instalados) y otros 37 GW de eólica (ahora hay unos 33). Esto es ya prácticamente inviable con el escenario actual, aun sin prórroga nuclear, con una demanda eléctrica que no despega, lo que reduce drásticamente la rentabilidad de los proyectos renovables. El PNIEC prevé un aumento del consumo de unos 80 TWh entre 2019 y 2030 que no se está materializando ni por asomo.

Una de las claves que explican el giro de las empresas con la nuclear está en el precio del gas. Esta materia prima determina lo que cobran los reactores en el mercado mayorista. Cuando en 2019 se pactó el cierre escalonado del que ahora las eléctricas reniegan, cotizaba por debajo de los 15 euros el megavatio hora (MWh), cuando ahora está en unos 30 euros. 

Y una muestra de cómo ha cambiado la situación es un vistazo a la evolución de las cuentas de la filial nuclear de Iberdrola, que en 2020, meses después de la firma de ese protocolo de intenciones con Enresa, y con los precios del ‘pool’ en mínimos históricos, se anotó unos números rojos récord de 240 millones. Sin embargo, en 2021, con el gas empezando a dispararse, Iberdrola Generación Nuclear puso fin a las pérdidas que venía registrando de forma constante desde su creación en 2012 (casi 1.100 millones).

Y en los últimos cuatro ejercicios se ha anotado un beneficio total de cerca de 1.270 millones, pese a la “asfixiante” presión fiscal que soportan los reactores, según la expresión que utiliza desde hace años el principal lobby del sector, Foro Nuclear, y que ha hecho suya el PP. En el caso de Iberdrola, su filial nuclear ya ha borrado de sobra las pérdidas de la década anterior, cuando la mayor eléctrica española forzó el cierre de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en contra de los deseos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las empresas han aprovechado el apagón del 28 de abril para poner sobre la mesa una supuesta capacidad de las nucleares para controlar la tensión eléctrica (clave en ese histórico cero energético) de la que estas plantas carecen, según ha reconocido recientemente la patronal sectorial Aelec. 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado la decisión sobre Almaraz en manos de lo que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La vicepresidenta Sara Aagesen, que este miércoles convocó a los medios para presentar un nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad en un acto que discurrirá paralelo al debate de este jueves en el Congreso, asegura que no ha cambiado su posición sobre este asunto porque no se han cruzado “las tres líneas rojas” que marcó en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

Pragmatismo

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”.

El pasado lunes, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se mostró “seguro” de que el Ejecutivo central “va a prorrogar” la vida útil de Almaraz y afirmó que había un “compromiso” para ello.

Las empresas han pedido la prórroga tras anunciar la presidenta extremeña, María Guardiola, una rebaja progresiva de la ecotasa que cobra la región a la planta, poco antes de anticipar las elecciones autonómicas del próximo diciembre.

Las eléctricas han pedido esa miniprórroga sin poner “ninguna condición”, en palabras de Aagesen, y tras “renunciar a la rebaja fiscal” que exigían al Gobierno central desde hace meses. Una rebaja definida por el anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro, como un “rescate” y un “farol” de Iberdrola, el accionista mayoritario de la planta. Según Navarro, en 2019 la eléctrica “quería cerrar a toda costa a los 40 años de operación comercial (en 2023-2024), porque pensaba que en pocos años la energía nuclear dejaría de ser rentable”. 

“Ahora Iberdrola cree que se equivocó, por el incremento de las expectativas de precios futuros de la electricidad a medio plazo (”It’s the economy, stupid“). Y para justificar su giro de 180º, otro más de una larga lista, ha invertido ingentes recursos en campañas mediáticas para trasladar al imaginario colectivo la supuesta asfixia fiscal y las bondades de lo que antes denostaba, marcándose el farol, por si colaba, de exigir condiciones. Afortunadamente, no se ha pagado el rescate”, según Navarro.

En un artículo en Cinco Días, el extremeño ha avisado de que, aun con la subida, en vigor desde el año pasado, de la denominada Enresa, que financia la gestión de los residuos y el almacenamiento (y que pagan los reactores mientras funcionan), “el importe acumulado que Almaraz habrá dedicado a la gestión de sus residuos y a su desmantelamiento, hasta el final de su vida, será muy inferior al de centrales semejantes de Europa y EE. UU.”

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que la “prórroga de la prórroga” que han solicitado las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz significa “prolongar unos pocos años más la agonía”.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha afirmado que la vida útil de la planta nuclear ha expirado, por lo que “Almaraz, tarde o temprano, tiene que cerrar”. Además, ha cuestionado que el futuro de la comarca de Campo Arañuelo y de los trabajadores vinculados a la central sea esta prórroga, “ya que solo se plantea para cinco años”.

“¿Es este el futuro que queremos?, ¿un futuro a cinco años vista?”, se ha preguntado De Miguel, para quien esta “miniprórroga” es “una excusa más para que el gobierno de turno no se ponga a trabajar para garantizar la viabilidad económica y social de la comarca”.

Ha afirmado además que las propietarias de Almaraz han solicitado la continuidad de la planta después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciase que “pretende perdonarles los pocos impuestos que dejan aquí”. Para De Miguel esto es clave, ya que asegura que la energía nuclear ya no es rentable y que, por tanto, para seguir operando necesita “de una fuerte intervención pública estatal y aliviar la carga impositiva, incluso la de la relacionada con la gestión de los residuos”.

“No es rentable porque no producimos uranio, y sin embargo, sí que producimos energía solar, que es mucho más económica y limpia, y ahí, Extremadura es una región líder”, ha dicho.

De Miguel ha invitado a todas las instituciones públicas a que se “pongan a trabajar en serio” para garantizar una alternativa de empleo con futuro en la comarca de Campo Arañuelo y para que el desmantelamiento de la central sea “justo con la región”. Según su palabras, “hasta ahora Almaraz ha sido un fraude, ya que no ha generado todo el empleo que iba a generar ni tampoco ha propiciado el desarrollo industrial que supuestamente iba a provocar”. 

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado este jueves presentar al Gobierno la solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

La junta de administradores y la asamblea de socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT), donde son socios las tres grandes eléctricas (Iberdrola tiene un 53%, Endesa un 36% y Naturgy un 11%), ha acordado en sesión extraordinaria este jueves solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz “para extender su operación hasta junio del año 2030”, informaron en un comunicado.

CNAT reiteró su compromiso para seguir operando la planta “de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo”. Las eléctricas consuman así la petición que ya avanzaron hace unos días, renunciando por ahora a la exigencia de reducir la fiscalidad de las plantas, una de las líneas rojas que ha planteado el Gobierno para estudiar la ampliación del calendario de cierre de Almaraz.

Transición Ecológica ha confirmado que ha recibido la petición formal y ahora la trasladará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”.

Este mismo jueves, la ministra Sara Aagesen reiteró, en declaraciones a la prensa, que “el Gobierno no abre ni cierra instalaciones” y que “son las empresas las que en el año 2019 dijeron que querían cerrar”, por lo que serán ellas las que tendrán que presentar la solicitud para ampliar esa vida útil. Aagesen insistió en esas “tres condiciones contundentes” marcadas por el Gobierno, que pasan por garantizar la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

En su comunicado, CNAT señaló que Almaraz es una “infraestructura esencial” que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares, “gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia (además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga)”.

Asimismo, puso en valor que la instalación es “el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura”, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias.

También destacó que, situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030.

“Además, cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz”, añadió al respecto.

El detonante que ha finalmente ha inclinado a las empresas a pedir la prórroga (al ser una comunidad de bienes, se requiere unanimidad en las decisiones de los socios) ha sido la rebaja gradual de la ecotasa extremeña que anunció hace unas semanas la presidenta regional, María Guardiola, antes de convocar elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre.

El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola ya presentaron por carta al Ministerio (y al margen de Naturgy) una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. El gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó también por carta a ambas compañías la posición del Gobierno, que pasaba por marcar esas líneas rojas para tramitar una petición formal.

A principios de la pasada semana el tema nuclear dio ese nuevo giro, después de que tras la rebaja fiscal gradual anunciada por Guardiola, Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran trabajar en la gobernanza para presentar “cuanto antes”, al Ministerio la solicitud formal de continuidad para Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al CSN.

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha confirmado este martes que las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) pedirán la prórroga de la planta hasta 2030 y ha dejado en manos del Gobierno el futuro de sus dos reactores, que “podrían funcionar hasta 2030 sin tener que pedir ningún tipo de licencia nacional”. 

“Los tres propietarios [Iberdrola, Endesa y Naturgy] hemos pedido al Gobierno la continuidad”, ha dicho Galán a los analistas en la presentación de los resultados de la eléctrica hasta septiembre, preguntado por el futuro de la planta extremeña, cuyo cierre entre 2027 y 2028 pactaron las eléctricas en 2019. Previsiblemente, las tres compañías formalizarán su solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica el próximo jueves.

Galán, que ha subrayado que las nucleares “son seguras y son necesarias” y “se necesitan mucho más que antes para poder evitar posibles apagones o posibles problemas”, ha asegurado que la causa del histórico apagón peninsular del pasado 28 de abril “fue claramente la falta de energía síncrona”. 

La prueba, a su juicio, es que Red Eléctrica “ha modificado la operación y está trabajando más con energía síncrona”, con la llamada operación reforzada, más dependiente del gas y con un coste para Iberdrola que la compañía cifra en 180 millones. Estos costes “por supuesto” se están trasladando de forma paulatina a los clientes en sus contratos a medida que renuevan. Iberdrola confía en que el 70% se haya repercutido a los clientes en 2026 y que en 2028 se alcance el 90%.

La eléctrica ha anunciado este martes unos beneficios de 5.307 millones hasta septiembre, un 3% menos, por las menores plusvalías de este ejercicio. La eléctrica ha mejorado sus previsiones para 2025, con un crecimiento de dos dígitos en el beneficio neto ajustado, hasta el entorno de los 6.600 millones, mientras que el resultado neto superará los 6.200 millones, sin contar con 389 millones ya cobrados por costes pasados de redes en los Estados Unidos.

El grupo ha anunciado un dividendo a cuenta récord de 0,25 euros por acción, un 8,2% más que en 2024, al que se sumará el complementario, que deberá ser aprobado en la próxima junta general de accionistas y será abonado en el tercer trimestre de 2026.

Hasta septiembre, el beneficio neto ajustado de Iberdrola creció un 16,6%, hasta 5.116,1 millones, si se excluyen las plusvalías por la venta de activos de generación térmica en el primer trimestre de 2024 y la contribución de la venta de contadores inteligentes en Reino Unido en el tercer trimestre de este año (381 millones de plusvalías), y ajustando el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó 12.438,2 millones, un 4,4% más. El resultado operativo de Redes creció un 26% por mejores resultados en el Reino Unido y los Estados Unidos. El de Producción Renovable y Clientes cayó un 11% excluyendo plusvalías, debido a la menor contribución de México tras las desinversiones y el aumento de costes de servicios complementarios en la Península Ibérica, con esos costes que Iberdrola cifra en 180 millones y que “estamos incorporando en las tarifas”, ha dicho Galán a los analistas.

El Ebitda ajustado de los primeros nueve meses fue de 12.057 millones, un 4,4% más, impulsado por el negocio de Redes.

Inversiones récord

El grupo realizó unas inversiones récord de casi 9.000 millones entre enero y septiembre, un 4% más, de las que más del 60% tuvieron por destino Reino Unido y Estados Unidos. El 55% fue al negocio de Redes. Las inversiones en el negocio Renovable fueron de 3.442,4 millones, de las que más del 60% fue a Reino Unido y Estados Unidos. Las inversiones en Reino Unido crecieron un 45% gracias a los activos eólicos marinos en construcción.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó que, gracias a las mayores inversiones en el Reino Unido y los Estados Unidos, las Redes aumentan su resultado operativo y su generación caja, lo que permite al grupo “mejorar la previsión de fin de año a 6.600 millones de euros, con un incremento de dos dígitos, y repartir un dividendo a cuenta de 0,25 euros, mientras seguimos aumentando nuestra solidez financiera”.

Los responsables de la eléctrica han explicado a los analistas que la deuda neta del grupo se situará al cierre de 2025 en 51.000 millones de euros para finales del año, “por debajo del cierre de 2024”, y excluyendo el cobro “potencial” de la desinversión de activos en México, aún pendiente del visto bueno de las autoridades del país.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado este martes que van a presentar “cuanto antes” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la solicitud formal de continuidad para la central nuclear de Almaraz (Cácerez), antes de entregar la documentación correspondiente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Fuentes conocedoras de la reunión que han mantenido las empresas explican que han renunciado por ahora a exigir al Gobierno la rebaja de impuestos al sector, como venían reclamando en los últimos meses.

Iberdrola, máximo accionista de la planta extremeña (53%), ha reafirmado “su compromiso con la extensión de vida de la central de Almaraz, al igual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy” tras la reunión, este martes, de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), en la que también participan Endesa (36%) y Naturgy (11%). 

La eléctrica vasca, que es la que lidera las reuniones y las propuestas relativas a la planta extremeña, ha explicado que en la reunión se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación “en perfectas condiciones técnicas”, como ha reconocido recientemente la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), al otorgar el nivel de “excelencia” a la planta. 

Ahora cada una de las empresas que forman parte de CNAT tienen que aprobar la petición de prórroga, que en principio alcanzaría hasta 2030. En el sector no descartan que pueda volver a ponerse sobre la mesa el asunto de los impuestos en los próximos días. Esa prórroga no implicaría grandes inversiones adicionales como cuando se afronta una renovación de explotación por un periodo de diez años. Y no está condicionada al futuro de otras instalaciones nucleares.

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa en los últimos meses la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. Este lunes, el presidente de esta compañía, Francisco Reynés, instó a “volver a hacer los números”, ya que “las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión” sobre el cierre de las nucleares que las empresas y la empresa pública Enresa pactaron en 2019.

La fiscalidad ha sido uno de los grandes asuntos que las compañías propietarias han pedido poner sobre la mesa en los últimos meses a la hora de abordar esta extensión. La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, propuso recientemente rebajar la ecotasa autonómica de manera gradual para asegurar la continuidad de la central.

La propiedad de Almaraz debe facilitar al CSN antes de finales de este mes la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del desmantelamiento del primero de los reactores.

Ese calendario que pactaron las eléctricas y el Gobierno estipula que tras el cierre del primer grupo de Almaraz, en noviembre de 2027, en octubre de 2028 llegaría el cese de explotación del grupo II de la planta extremeña. Los siguientes ceses de explotación serían los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030); Ascó II (septiembre de 2032), Vandellós II (febrero de 2035) y Trillo (mayo de 2035)

La propietaria de la central lleva meses advirtiendo de que el cese de la explotación supondría “la pérdida de cerca de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además del enorme impacto que arrastrará al Campo Arañuelo en materia económica y de despoblación”.

En junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales. El departamento de Sara Aagesen reiteró entonces que las líneas rojas para tramitar una petición formal son que haya seguridad para el público, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La carta de junio que proponía una prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola no la suscribían Naturgy ni la portuguesa EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre que alcanzaron en 2019 las propietarias con Enresa y que fija un calendario para clausurar el parque nuclear entre 2027 y 2035.

En varias centrales, entre ellas Almaraz, que según el calendario sería la primera en echar el cierre a su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación.

El PSOE de Extremadura ha solicitado por carta a las propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) -Endesa, Naturgy e Iberdrola- que soliciten “de una vez” al Gobierno de España la prórroga de actividad de la planta y que lo hagan “de forma inmediata”.

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado que este martes está prevista una reunión de las empresas para decidir si solicitan o no reunirse con el Gobierno. En ese encuentro, Gallardo quiere que esté presente la petición de su partido, como ya hizo en febrero, aunque, por diferentes motivos, las empresas aún no han solicitado la reunión. Sin embargo, “ahora el tiempo se les acaba y deben solicitarla de inmediato si es que quieren que haya continuidad”, advierte el secretario regional del PSOE.

Para Gallardo, Extremadura no puede permitirse que se cierre una instalación de tanta relevancia sin antes analizar con rigor su viabilidad técnica, económica y medioambiental. Además, se ha referido a que en 2019, bajo el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, ya fue posible un acuerdo entre las empresas y el Gobierno para prorrogar la vida útil de la central.

El socialista ha insistido en priorizar el diálogo entre eléctricas y Ejecutivo central, por ello pide “que vuelva a abrirse ese diálogo con la misma seriedad y responsabilidad”.

Gallardo ha insistido en que el apoyo de su formación a la continuidad de la central nuclear es “firme” y, además en la carta enviada a las eléctricas, ha recordado la necesaria reciprocidad por parte de las empresas hacia la región porque “las empresas deben mantener su compromiso social con Extremadura y con el Campo Arañuelo”.

En este sentido, ha añadido que en esa negociación no caben rebajas fiscales ni privilegios tributarios y que su contribución al desarrollo regional forma parte de su responsabilidad con este territorio. De ahí que Gallardo haya finalizado su intervención con un pacto claro y contundente siempre y cuando se escuche su petición. “Mi compromiso es interceder con el Gobierno de España para que la prórroga de la central sea una realidad” ha aseverado. 

“Para facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando”. Esa es la razón por la que Extremadura reducirá la ecotasa que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de la central nuclear, ha anunciado este viernes la presidenta de la Junta, María Guardiola. Aunque tras este anuncio hay algo más: se trata de la primera, pero no la única, condición de Vox para aprobar los presupuestos del PP en la comunidad.

Guardiola adelantó el sábado pasado que iba a “ajustar la fiscalidad regional”  para favorecer a estas eléctricas, pero ahora ha concretado su propuesta. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar 15,5 millones en 2027, 27 millones en 2028 y 45 millones en 2029 por el impuesto de instalaciones que inciden en el medio ambiente. Ahora mismo, la central nuclear de Almaraz paga unos 80 millones de euros por la conocida como ecotasa, por lo que el PP está dispuesto a rebajar el impuesto más de la mitad.

La presidenta extremeña había mostrado predisposición a aliviar la carga fiscal de la instalación nuclear, aunque la había condicionado a que el Gobierno lo hiciera lo mismo para garantizar el empleo, que la Junta calcula en unos 4.000 puestos directos e indirectos, los ingresos de los ayuntamientos de la zona y “la independencia energética de Extremadura y España”.

Según el calendario de cierre de las centrales nucleares acordado por las eléctricas y el Gobierno en el año 2019, los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse (uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028) en un proceso que se alargaría hasta 2035. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica se abre a alargar la vida de las nucleares si las eléctricas asumen los costes y no sea a costa del contribuyente, si garantizan la seguridad y si es conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

El Gobierno también ha pedido que entre las empresas hubiera acuerdo para prolongar la vida de las centrales nucleares que firmaron el protocolo de cierre (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) porque algunas dudaban de su rentabilidad. Por eso han pedido una rebaja de la tasa Enresa y de los impuestos autonómicos.

En este sentido, Guardiola, que se ha empeñado en liderar la batalla por la energía nuclear y hacer de este asunto otro motivo de enfrentamiento con la Moncloa, ha acusado al Gobierno de “llevar al límite la asfixia fiscal al parque nuclear, la ha incrementado hasta un 70% en los últimos cinco años hasta llevar los costes a lo ”insostenible“. ”Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado. Cerrar Almaraz supone condenar a toda una comarca“ , ha subrayado.

El PSOE, en contra

La presidenta extremeña ha comenzado las negociaciones con Vox y el PSOE para intentar aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Aunque con la rebaja de la ecotasa se ha acercado a la extrema derecha, esta formación ya ha puesto sobre la mesa sus tradicionales exigencias: freno a la inmigración y eliminación del gasto superfluo, entendido este como las subvenciones que dirigen la patronal y los sindicatos, ayudas de igualdad y de cooperación internacional, que el PP acaba de incrementar.

En el otro lado de la mesa, los socialistas acaban de oponerse a la medida anunciada por María Guardiola de “perdonar impuestos” a las grandes empresas. “Es un mal comienzo”, ha dicho el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

“Por cada euro que le quita a las eléctricas, le quita un euro a la sanidad, la educación y el bienestar” a los extremeños, ha dicho

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha comprometido este sábado a “ajustar la fiscalidad regional” para facilitar la continuidad de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027 -el primer reactor- y 2028, según el acuerdo al que llegaron hace seis años las empresas propietarias y el Gobierno.

Las tasas que pagan las eléctricas es uno de los principales escollos para negociar la prórroga de las centrales nucleares. Hasta ahora, Guardiola había dejado abierta la posibilidad de rebajar la ecotasa, que se traduce en unos 80 millones de euros anuales para las arcas autonómicas, siempre y cuando el Gobierno también rebajara lo que las multinacionales pagan al Estado.

Sin embargo, la presidenta no ha hecho mención a esa condición en un acto celebrado en Navalmoral de la Mata, donde 80 entidades, empresas e instituciones, tanto del PP como del PSOE, han firmado la denominada 'Alianza por Almaraz', un manifiesto conjunto que reclama la continuidad de la central nuclear más allá de 2027.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha calificado el acto como “una cita histórica llena de dignidad”, a la vez que ha hecho un llamamiento a defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz y a “dar la cara ante la injusticia”.

“Hemos convertido Almaraz en un símbolo. Es un símbolo de lucha conjunta y de amor por lo que somos. Un símbolo de todos, que representa lo que debemos preservar: empleo de calidad, formación, innovación, identidad”, ha destacado.

La presidenta ha hecho hincapié en que a todos los firmantes de la Alianza por Almaraz “nos une una razón poderosa: el futuro de Extremadura y de tantas y tantas familias que han hecho del Campo Arañuelo un ejemplo de arraigo y de progreso”. “Estamos aquí por encima de los colores y las siglas, para apoyar una industria y, sobre todo, para exigir respeto a una forma de vida”, ha expresado Guardiola, para quien “esta tierra no está para más castigos”, merece “justicia, respeto y un futuro en igualdad con el resto de España”.

Tras subrayar que la central de Almaraz no es solo energía, sino también “empleo, industria, cohesión territorial y un efecto llamada para la economía”, la presidenta de la Junta ha advertido sobre el impacto negativo que tendría la desmantelación.

“Su cierre supondría perder casi 4.000 empleos y desmantelar un sistema productivo del que dependen pueblos enteros. Supondría amenazar la estabilidad y la independencia energética de Extremadura y de toda España”, ha alertado. Por todo ello, la presidenta extremeña también ha trasladado su compromiso de ajustar la fiscalidad regional para facilitar que la continuidad de la planta.

Negociación con el Gobierno

El presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez, ha calificado de “injusto que, mientras se destinan grandes subvenciones a otras industrias, se ahogue fiscalmente a la central”.

Sánchez ha alertado de que la consecuencia será “más dependencia energética, menos actividad económica y la despoblación, poco a poco, de los pueblos”. Durante su intervención, ha apelado a la ministra Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, “a que adopte la posición que le corresponde y siente a todos los concernidos para dar continuidad a la central”.

Asimismo, ha exigido al Gobierno central responsabilidad, visión de país y sentarse a la mesa de negociación con las propietarias, junto a la Junta de Extremadura, “con altura de miras, sin líneas rojas ni dogmatismos” para garantizar “con hechos y no solo palabras, el futuro industrial de esta región y la autonomía energética del país”.

El acto ha contado además con la participación, a través de un vídeo, del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, alcaldes de distintos signos políticos, y representantes de la sociedad civil.

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha anunciado este jueves la creación de la 'Alianza por Almaraz', un frente común de más de 80 instituciones, colectivos y empresas que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña, cuyo primer paso administrativo está previsto para el 31 de octubre.

El manifiesto de la alianza se firmará este sábado en el edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), con la participación de alcaldes, sindicatos, asociaciones y representantes del mundo cultural, deportivo y educativo.

El documento exigirá la modificación del calendario de cierre y abrir un diálogo inmediato con el Ministerio para la Transición Ecológica y las empresas propietarias. “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, ha denunciado en rueda de prensa el presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, quien ha subrayado que la comarca de Campo Arañuelo “no puede bajar la persiana a la vez que la central”.

Sánchez ha lamentado la “falta de diálogo” de la ministra Sara Aagesen y ha afirmado que las empresas han mostrado disposición a negociar una prórroga.

De igual forma, ha valorado la posición de la Junta de Extremadura, cuya consejera de Hacienda, Elena Manzano, “se ha declarado a favor de adaptar la fiscalidad si de ello depende la continuidad de la instalación”.

La plataforma ha recordado también el respaldo internacional recibido en el Parlamento Europeo, donde en junio se aprobó una iniciativa urgente que ha derivado en la organización de una misión de eurodiputados a la central, prevista para febrero de 2026.

Según los datos aportados por la plataforma, Almaraz abastece a cuatro millones de hogares, cubre el 7% de la demanda anual de electricidad en España, evita la emisión de seis millones de toneladas de CO2 al año y genera unos 4.000 empleos directos e indirectos.

“Almaraz no se rinde. Extremadura no se resigna. Tenemos razones, argumentos y, sobre todo, tenemos a la sociedad unida en defensa de su futuro”, ha concluido Sánchez. 

La organización sostiene que este paso marca un momento histórico en la gestión energética nacional, ya que Almaraz será la primera central con dos reactores en España en someterse a un plan de cierre ordenado. Según recuerdan, la empresa pública Enresa ya ha recibido ofertas de consorcios de ingeniería de prestigio internacional para ejecutar los primeros servicios técnicos del proyecto.

El Foro resalta que los dos reactores se apagarán en 2027 y 2028, cumpliendo el calendario pactado, y subraya que “las normativas del Consejo de Seguridad Nuclear y las mejores prácticas internacionales serán la guía para cada fase del proceso, garantizando la protección radiológica y el control de residuos, así como la restauración del entorno”.

“Hoy es un día de enorme alegría y esperanza para Extremadura”, ha declarado Carmen Ibarlucea, coordinadora del Foro Extremeño Antinuclear, quien afirma que este anuncio “representa la culminación de décadas de lucha social en defensa de la vida, la salud y el futuro de nuestra tierra”.

En la misma línea, Paca Blanco, histórica activista del movimiento, ha señalado: “Este proceso no solo significa apagar los reactores, sino también encender una nueva etapa para la región. Apostamos por un modelo energético basado en renovables, en la justicia social y en la creación de empleo sostenible. Queremos que el desmantelamiento se convierta en una oportunidad de desarrollo limpio y digno”.

La organización insiste en que “el proceso debe contar con supervisión técnica, pero también con una comunicación continua hacia la ciudadanía, para que se conozcan con total claridad los avances, riesgos y beneficios”. Además, recuerdan que Almaraz dispondrá de dos Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el almacenamiento del combustible gastado y otros residuos radiactivos, “un legado que sigue representando un peligro a largo plazo”.

Desde el Foro Extremeño Antinuclear concluyen que “este desmantelamiento es un paso clave hacia un sistema energético sostenible, donde las renovables y la eficiencia sean protagonistas. Hoy celebramos, pero también reafirmamos nuestro compromiso: un futuro sin nucleares, más seguro y más justo para todas y todos”.

El Foro Extremeño Antinuclear está integrado por una amplia red de colectivos ecologistas, sociales, sindicales y políticos que comparten el objetivo común de lograr el cierre definitivo de la central nuclear de Almaraz y evitar nuevos proyectos relacionados con la energía nuclear en la región. Entre sus miembros se encuentran organizaciones como Greenpeace o Sodepaz; sindicatos como CGT y CNT; partidos y formaciones políticas como Izquierda Unida o Equo; y plataformas ciudadanas como la de Cerrar Almaraz, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, Extremadura Sana o la Iniciativa Ciudadana Villanueva Vera. También forman parte asociaciones feministas y culturales, como Iniciativa Feminista, CEAN o Artistas Autónomos, lo que convierte al Foro en un espacio diverso y plural, donde confluyen voces muy distintas con una misma reivindicación: una Extremadura libre de energía nuclear.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha abogado este lunes por cerrar a la vez los dos reactores de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), y no con un año de diferencia (en 2027 y 2028), como estipula el apagón escalonado pactado por el Gobierno y las eléctricas en 2019, que el sector lleva meses pidiendo aplazar.

Según Bogas, “no tiene sentido” ese decalaje de un año y “hay que cerrarlos los dos en el 27 o los dos en el 28”. El ejecutivo ha subrayado que los almacenes temporales para guardar los residuos (conocidos como ATIs) de Almaraz, en la que participan todas las eléctricas, “no van a estar” a tiempo.

Se ha dicho “optimista” sobre la negociación porque el Gobierno “siempre ha estado abierto al diálogo”. Pero ha insistido en la necesidad de rebajar la carga fiscal de los reactores, pese a que, como ha reconocido, esta es una de las “líneas rojas” que ha marcado el Ejecutivo, que ha dicho entender “perfectamente”.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, el primer ejecutivo de Endesa ya subrayado que nuclear y renovables son “complementarias” y que en el contexto actual “no salen las cuentas” para invertir en energías limpias en España. Ha confiado en que se llegue “a un punto de acuerdo razonable” con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la tasa de retribución de las distribuidoras, que el regulador ha propuesto elevar a un 6,46% que el sector considera insuficiente.

También ha pedido una “simplificación” de esta normativa, que es “muy compleja”. Citando al alquimista Paracelso, ha subrayado que “la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis”.

Bogas ha subrayado que la red de transporte y distribución ha sido “la gran olvidada en esta transición energética” cuando es “la gran columna vertebral del sistema que permite integrar renovables” y electrificar la demanda.

Ha recordado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cifra la inversión en redes hasta 2030 en 53.000 millones, cuando “a 31 diciembre 2024 teníamos invertidos 13.000 millones”. “Multiplicar por tres la inversión que se ha hecho en los cinco primeros años” es “imposible” porque “no tiene España los recursos necesarios ni en personas ni en instalaciones, en un momento en que se está trabajando en reforzar la red en todos los países europeos”.

Bogas se ha mostrado “convencido” de que los costes de la electricidad en España “van a bajar en cuanto crezca la demanda”, que es uno de los grandes “desafíos” que enfrenta el sector en un contexto de “crecimiento tremendo de las renovables” en los últimos años. Ha explicado que el PNIEC) “hasta hoy” ha sido un éxito, porque se ha duplicado en cinco años la potencia renovable, “prácticamente” se ha cerrado el carbón y se han reducido a la mitad las emisiones del sector, con un descenso de los precios mayoristas, pero se ha producido “un desequilibrio” entre el auge renovable, con un aumento de unos 23 gigavatios (GW), basado un crecimiento de la solar del 400%, y esa demanda que no despega.

Algo que en su opinión, puede cambiar si España, con una regulación adecuada, consigue “aprovechar” la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red, que es una oportunidad para “la industrialización del país” y se enfrenta a un enorme atasco de solicitudes: solo en la red de distribución 122 GW han pedido conectarse, lo que supone un 70% de la energía contratada en España. Mientras, el hidrógeno verde “se va retrasando”, sigue costando “el triple” que el gas, “y esto es un gran problema”.

Bogas ha subrayado que otro “de los grandes problemas” que tiene el sector y en particular Endesa, por las áreas en las que distribuye electricidad, es el fraude con las plantaciones ilegales de marihuana; a ello se suma y el fraude “de algunas pequeñas empresas comerciales de captación de clientes” que están “creando muchísima confusión” entre los clientes. “Todo el mundo estamos un poco hartos de que nos llamen. A mí me llaman de la distribuidora de Endesa para hacerme una oferta” y “luego no son verdad”.

Respecto al apagón del pasado 28 de abril, Bogas ha insistido en que la gran responsable es Red Eléctrica (REE), que como operador del sistema por ley es “responsable absoluto de la continuidad del suministro y de la estabilidad de las tensiones en la red” y tiene la capacidad “de modificar el mix en cada momento para garantizar estabilidad de la red”. La razón del apagón, en su opinión, fue “una escasa planificación de los medios de generación síncronos” (nucleares, ciclos combinados e hidráulica) por parte de REE.

Respecto a los incumplimientos de las generadoras que recogieron los informes del Gobierno y de la propia REE como causas del apagón, “que una determinada instalación tenga un determinado problema en un determinado momento no es razón para que se caiga el sistema”. “Tuvimos muchos avisos de lo que podía ocurrir durante este año y en el propio mes de abril. REE ”se enfrenta a algo muy difícil de hacer con una regulación que no ha cambiado con respecto a la de 2000“, en alusión a la normativa de control de tensión que el operador del sistema pidió cambiar en 2020 y la CNMC no ha actualizado hasta junio de este año.

Ante muchos directivos del sector y, entre otras, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la exministra popular María Dolores de Cospedal, Bogas ha sido presentado por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha destacado que “estamos en un momento crucial” en el ámbito energético y ha pedido “que nos dejemos de ideología” y “que se trabaje con seriedad”.

En opinión de Garamendi, el apagón “ha demostrado” que “no se puede prescindir de la energía nuclear” y las empresas “necesitan una energía seria”. “Dejémonos de populismo”, ha dicho el jefe de la patronal, que ha afirmado que “todos los españoles” deben “celebrar” los buenos resultados de Endesa, que hasta junio ganó 1.041 millones, un 30% más.

El pleno del Ayuntamiento de Casatejada (Cáceres) ha declarado 'persona non grata' a los diputados socialistas extremeños en el Congreso por votar en contra de las iniciativas presentadas por el Grupo Popular con objetivo de prorrogar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.

La moción ha contado con los votos a favor de los concejales del PP, al que pertenece el alcalde, Desiderio Riaño, de los independientes de AICA y de una edil del PSOE. Los otros dos concejales del PSOE han votado en contra.

Para el Ayuntamiento de Casatejada, la continuidad de la planta supone una fuente de ingresos considerable, al margen de los ingresos indirectos. Este año ha ingresado 319.218,31 euros por varios conceptos, la mayor parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

De esta empresa pública han llegado 180.638,42, además de cofinanciar la sala de visitas de la Residencia de Ancianos con 46.579,89 euros, según han detallado el PP de la provincia de Cáceres en sus redes sociales.

Además, las subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear (PEN) han dejado 80.000 euros para la adecuación del Camino de las Angustias. Y la ayuda de la CNA para distintas actuaciones ha dejado otros 12.000 euros en el municipio.