La Unión ha pedido por carta a la presidenta María Guardiola que recapacite en su propuesta de eliminar de forma progresiva la ecotasa, pues “va a perdonar 147 millones de euros” a las propietarias de la central nuclear de Almaraz y “estas mismas empresas van a pagar impuestos en Cataluña de los cuales 45 millones van al sector agrario”.

“¿Para quién gobierna? ¿para los extremeños o para las multinacionales eléctricas?”, se ha preguntado la organización en un comunicado de prensa, donde precisa que con la supresión en el plazo de tres años de este impuesto se “prevé la pérdida de ingresos en las arcas regionales por este concepto de 25 millones de euros para 2027, de 50 millones para 2028 y de 74 millones para 2029”.

La organización agraria recuerda que los accionistas que gestionan la central son “Iberdrola con el 53 % y unos beneficios en el 2025 de 6.285 millones de euros; Endesa con el 36% y unos beneficios de 2.351 millones de euros; Naturgy con el 11% y beneficios de 2.023 millones”.

Se da la circunstancia de que “dos de estos accionistas que gestionan el 89% (Iberdrola y Endesa) de la central de Almaraz son los mismos que gestionan en Cataluña las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs”.

Añade que el Parlamento Catalán ha aprobado la Ley 1/2025 de fondos agrarios y ganaderos por la que destinan “el 30 % del impuestos que pagan sus centrales nucleares en Cataluña a ayudar al sector agrario catalán: en el año 2025 la parte de los impuestos de las centrales catalanas supusieron un total de 45 millones de euros”.

La Unión lamenta que cuando en Extremadura se dirigen a la Consejería de Agricultura para solicitarles ayudas a los agricultores y ganaderos extremeños por motivos de la climatología, enfermedades ganaderas, etc., siempre obtienen “la misma respuesta: la Junta de Extremadura no tiene fondos para aprobar estas ayudas”.

“No es admisible que los agricultores y ganaderos catalanes tengan una serie de ayudas para compensar a los profesionales del sector agrario en planes de mejoras, ayudas a la sequía en los sectores del vino y olivar, al sector apícola, etc. y en cambio aquí no se apruebe ayuda alguna por falta de presupuestos”, asevera.

Esta situación, critica, se puede resumir en que “con los mismos accionistas en Cataluña se pagan impuestos de los que una parte importante va al sector agrario” y en “Extremadura le perdonamos este impuesto a empresas que en el año 2025 tuvieron 10.659 millones de euros de beneficios y que además cotizan el impuesto de sociedades en otras regiones”.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, han escrito al alimón Manual de Independencia Energética. El camino hacia la transición ecosocial (Ed. Catarata), presentado a finales de junio por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (de la que Ferrando fue asesor en su proceso de “escucha”), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Ambos atendieron a elDiario.es por videoconferencia en una entrevista realizada antes de la prórroga de la central nuclear de Almaraz y actualizada por vía telefónica tras la decisión del Gobierno de alargar la vida de la planta extremeña hasta 2030.

¿Qué supone prorrogar Almaraz?

Fernando Ferrando: Es un cambio en el relato del Gobierno sin que exista ninguna razón técnica que recomiende su continuidad. La publicación [de la orden ministerial] un viernes 14 de agosto es el indicio más claro de que las razones no son transparentes. Supone 14TWh menos de renovables a partir de 2029 o 7 a partir de 2028. Las inversiones, principalmente en fotovoltaica, van a sufrir más precios deprimidos.

¿El PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] queda en papel mojado?

Ismael Morales: Queda totalmente invalidado. Afecta a cada uno de sus objetivos. A la mayoría los lastrará. Obliga a invalidar la hoja de ruta que regía las planificaciones y estrategias de inversión y políticas públicas en la transición energética. El riesgo de que el efecto dominó se propague puede suponer un alto riesgo para este PNIEC y su actualización en 2028 de cara a la década de 2040. Dar bandazos en una hoja de ruta energética cuyos objetivos son vinculantes a través de la Ley de Cambio Climático no dota a España de la seguridad regulatoria y estratégica que requiere un cambio de tal calado. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida.

Tras la expansión de los últimos años en España, se ha enfriado la euforia. Las eléctricas están apostando por la distribución, frenan inversiones en renovables y las venden. ¿La prórroga va en esa línea?

(I. M.): Ya advertimos de que la extensión bloqueará la instalación de nueva fotovoltaica, principalmente en Extremadura. El PNIEC está atado a cumplir el desmantelamiento. La base del modelo era cerrar las centrales en el plazo fijado. El almacenamiento está por llegar y la flexibilidad también. El PNIEC puede tener sus desvíos, pero para cumplirlo, el cierre debía ser realidad. La permanencia de Almaraz será un freno total a nuevas instalaciones de renovables y almacenamiento.

(F. F.): Controlar las redes, ser una empresa integrada, provoca que marquen la velocidad de la transición. Los tiempos no los marca la ley, sino las distribuidoras. Tienen un mes para contestar sobre la conexión de una planta de hibridación o almacenamiento y pueden tardar cinco o seis meses. O decir que se modifique toda la subestación. Se les ha cedido la decisión para modificar muchas cosas. Podríamos extenderlo a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se les ha dado la llave total. Controlan la liberalización, la comercialización, la generación y la distribución. Y el resto, a remar. La velocidad de crucero es la que es.

Hay un punto alucinante en la llamada operación reforzada [colchón extra de seguridad que REE aplica desde el apagón, con más gas]: los ciclos combinados, en vez de entrar en el programa diario, no se ofertan para entrar en restricciones. De cobrar 40 euros de media a 250-300 euros [por MW/hora producido]. Una empresa está obligada ante sus accionistas a obtener beneficios, y el Estado y sus instituciones, a exigir que se cumpla la ley. El Estado debe ser fuerte y los trabajadores, las organizaciones de consumidores, estar presentes. Estamos en manos de quien quiere controlar la velocidad del cambio, aunque algo hemos ganado, y en esto somos positivos: eléctricas y petroleras tienen muy claro que el futuro es renovable. Aunque el tiempo lo controlen ellas y haya cosas como el llamado petróleo verde, el greenwashing más descarado del mundo.

Dicen en su libro que la transición energética se ha convertido en un negocio gestionado por intereses privados y abogan porque el Estado dé un paso adelante.

(F. F.): Se ha visto como un negocio porque solo se ha enfocado por la parte de la oferta, obviando a consumidores, trabajadores y sociedad. El objetivo era mercantilizar la transición energética. Si analizamos los resultados, se ha quedado corta e incluso ha fracasado. Las inversiones en renovables están pasando un problema, no hay demanda. No hay electrificación. Los que invirtieron en fotovoltaica están en default. Hemos perdido el concepto de que era para toda la sociedad y requería darle el carácter público, apostar por el Estado.

¿Cómo se articula esa mayor presencia del Estado?

(F. F.) Ampliando su función. Ahora solo es regulador y en algunos casos controlador, a través de instituciones independientes. Debe asumir un papel inversor, de emprendedor. El último decreto de Planes de Infraestructuras Eléctricas promete aumentar hasta 17.400 millones las inversiones en redes, un monopolio natural, pero privado. Si las distribuidoras no quieren invertir porque ven que la rentabilidad no les satisface, es una función que debe asumir el Estado. Y no es normal que la tarifa para vulnerables, el PVPC, esté adscrita a las distribuidoras, que controlan el mercado liberalizado. Reclamamos esa prestación del Estado emprendedor, planificador, inversor y prestador de servicios. Volver a hacer Estado es girar la transición energética hacia una transición ecosocial, de todo el mundo.

Empresas como Iberdrola presionan para ir en otra dirección con la red de alta tensión y que deje de ser monopolio de Red Eléctrica. ¿Qué implicaría?

(F. F.) El transporte está unido al operador del sistema. Si lo haces privado, limitas su capacidad. Nosotros apoyamos que incluya almacenamiento, el bombeo. Hay instalaciones que no son para generar electricidad, sino para gestionar el sistema. Iberdrola lo pide para incrementar su negocio regulado. Endesa cerró el semestre con un 41% más de beneficio gracias a la distribución. Esto es un bien esencial y estratégico. Quien saca negocio no es quien tiene que decidir la velocidad. Iberdrola dice: quiero crecer, me va muy bien con la distribución. Quiero que el transporte también se considere una red dentro de mi potencial. Acaba de comprar una compañía en Finlandia. Es curioso cómo las eléctricas han pasado de querer escindir las redes, como intentó Naturgy, a ver que es su suelo más importante. Es un negocio sin riesgo, seguro y regulado por el Estado, porque no es de mercado, se paga por rentabilidad de inversión.

En ese papel del Estado, ¿se está perdiendo una oportunidad con las concesiones hidroeléctricas que caducan y cuesta mucho que reviertan al Estado?

(F. F.) Hay problemas de reversión porque las confederaciones no asumen su papel. Pero hablamos de peanuts, es una forma de desviar el tiro. Es una potencia ridícula, hasta 2030 estábamos por debajo de 1.000 MW. Es curioso. En los 90 se automatizaron la mayoría de concesiones y se les dio 75 años más. Hay centrales revertirán al Estado con más de 150 años, cuando la ley marca 75. Por eso la mayoría acaba en los años 60 de este siglo. Cuando se automatizaron, despidieron a la gente y les ampliaron la concesión. Fue el mejor negocio del mundo. Lo hicieron el PSOE y el PP. En estas cosas no hay ideologías.

Se intentó culpar a las renovables del gran apagón. ¿Ha sido un impulso o un freno a la transición? ¿Qué lecciones extraer?

(F. F.) Ha sido un impulso regulatorio. Han cambiado cosas muy importantes que se habían dejado. El miedo que introdujo en la gestionabilidad del sistema lo ha aprovechado quien más poder tenía: el discurso de Almaraz, que ni estuvo ni se le esperaba durante el apagón; el de los ciclos [de gas]; de que esto hay que hacerlo a velocidad segura... El último dislate son los prejuicios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la gravedad de los expedientes por el apagón. Faltaba uno a la propia CNMC, uno de los frenos más importantes del control de tensión como regulador con el famoso procedimiento 7.4, que ha tardado cinco años en aprobar cuando en muchos países las renovables participaban en ese servicio. Si hubiera estado, seguramente no se hubiera producido el apagón. Ha salido reforzado el sector eléctrico tradicional, porque tiene los medios y el dinero para contar una película.

(I. M.) Tecnológica y regulatoriamente hemos avanzado. Los inversores que estaban instalados podían ofrecer grid forming [tecnología de control de tensión en plantas de renovables]; solo necesitaban una actualización de software. La digitalización ya estaba en las plantas. Solo faltaba el procedimiento operativo. La regulación energética de España avanza con las crisis. Lo comprobamos con el apagón o la invasión de Ucrania. Está esa doble vertiente, la buena y la mala noticia. Socialmente, se ha instalado ese miedo a más renovables. Incluso el debate de liberalizar el operador de transporte es una ventaja que el sector privado ha obtenido. Por suerte las renovables están mucho más aceptadas a nivel social. Se da la paradoja de que el apagón elevó la oposición a ellas, pero la crisis energética de Ormuz le ha dado la vuelta. Gracias al apagón estamos empezando a hibridar, sacando normativas de control de tensión que no estaban o estaban en un cajón.

En los últimos años, en España se han multiplicado los conflictos por la ubicación de macroplantas de renovables. ¿Cómo compatibilizar una implantación rápida, proteger la biodiversidad y conseguir la aceptación social?

(I. M.) Lo venimos diciendo desde 2020: escuchar y aceptar las demandas del territorio. Hay una mochila de todo lo mal que se ha hecho. Antes de diseñar el proyecto hay que preguntar a la gente, saber sus intereses, qué beneficios pueden obtener y si quieren o no la planta. Está pasando en Catalunya con el PLATER (Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, líneas de evacuación y almacenamiento). Han fijado objetivos de renovables para cada municipio sin preguntar. Y está levantando ampollas. Siempre hemos defendido esa comunicación temprana y adaptada, que no puede ser digital si es un pueblo de 60 personas con una edad media de 60 años.

En Fundación Renovables lo estamos haciendo con Red Eléctrica, con una metodología de diseño de redes. No es solo comunicar, es escuchar y una vez tenemos el diseño del parque, si hay que hacer modificaciones por requerimientos de los vecinos y no supone una inversión extra demasiado grande, se hacen. La aceptación social para 20-25 años será mayor. También contratar equipos, personal laboral de la zona, arraiga mucho en el territorio. Hay proyectos que lo están haciendo, pero necesitamos que el ejemplo se extienda.

(F. F.) El año pasado se hicieron 9.000 MW fotovoltaicos. Los que podríamos llamar mala praxis son muy pocos. Es más noticia uno que la realidad. En Galicia están venciendo la mayoría de contratos para repotenciar los primeros parques eólicos. Se está renegociando todo y la gente de los pueblos ha aprendido estos 25 años. La inmensa mayoría de las renovables se ha hecho bien. Ha habido especuladores que todos conocemos, incluso están judicializados, en Castilla y León, Aragón con Forestalia, el plan eólico de Valencia… suele pasar en todos los sectores. Ni las renovables ni la superficie disponible para instalarlas son escasas. Lo es el acceso a la red. En un pueblo con dos pequeñas fotovoltaicas, al propietario del terreno al que le ha tocado una le han dado diez veces más renta que haciendo cereal de secano, que se está pagando a 1.200 euros por hectárea cuando con la PAC en algunos años no llegan a cubrir ni gastos. El resto del pueblo no se beneficia. Y nadie podrá hacer otra planta.

Hablar con la gente, comunicarlo, es también redistribuir las rentas. Tenemos que aprender qué se ha hecho bien, corregir qué se ha hecho mal y redistribuir. Si la gente ve beneficio y que saca producto… Siempre pongo el caso de Matarraña de Teruel, una zona muy bonita. Ahí están contra la eólica y a favor del desarrollo porcino. Una cooperativa [agropecuaria], Arcoiris, asume el 40% del empleo de la zona, aparte del turismo. Las renovables se tienen que integrar en el territorio. No que venga un tío de Madrid, Zaragoza o A Coruña y dé una renta al que le ha tocado en suerte la planta. Es un desarrollo global y es importante que participemos todos.

(I. M.) La evaluación ambiental funciona. Entre 2024 y 2026, el 50% de los parques eólicos se tiraron por la evaluación ambiental. Las malas prácticas son mínimas. Con una regulación de beneficios de licencia social, no haría falta un sello de excelencia de renovables al que mejor lo haga. Hay que elevar el umbral mínimo. Una regulación exigente que haga obligatoria la licencia social, la redistribución de rentas, de beneficios al territorio.

La extrema derecha ha convertido la agenda climática en campo de batalla política. Está pasando en los pactos de gobierno de Vox y PP. ¿Las fuerzas progresistas han fallado al explicar que las renovables, además de una política ambiental, son una política de redistribución y soberanía económica?

(F. F.) Yolanda Díaz dice: “Dato mata relato”. No. Ha cambiado. Ahora el relato mata al dato. Puede salir el presidente de Gobierno, dar los datos de crecimiento económico, pero sigue siendo el mismo perro. Los datos ya no valen. La confrontación pesa más que la realidad. Dos meses antes de nuestro libro salió El ecologista de derechas (con prólogo de José María Aznar). Tecnológicamente, estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque seguramente no en cómo llevarlo a cabo. Puedes apostar por el mercado, el neoliberalismo. Yo, por el papel del Estado. Pero algo hemos avanzado. Hablo de gente civilizada. Derecha, izquierda. No extremismos con otro objetivo. Si hablamos de la aplicación de los ETS [sistema de comercio de emisiones], a lo mejor no estamos de acuerdo en el destino de lo recaudado. Es un gran avance en positivo. Ya no es carbón o renovables. La diferencia fundamental es cómo lo llevamos a cabo y a qué velocidad.

Después del 23, tuvimos alguna reunión con alguno de Vox y estaba a favor de las renovables. Luego han cambiado: se trata de disminuir la capacidad del Estado, que hace todo mal. Existen fallos de mercado, pero pensar que estamos en un Estado fallido sin haberle dado ninguna oportunidad… Tenemos que repensar las cosas. Los culpables de los incendios son los ecologistas que dicen que no dejan limpiar los bosques. Lees lo que dice Greenpeace, Amigos de la Tierra y cualquiera que estamos en esto y es absolutamente todo lo contrario.

(I. M.) Una de las principales premisas del libro es que no se ha socializado la lucha contra el cambio climático. La ciudadanía no sabe que puede formar parte. A los consumidores prácticamente se les ha abandonado. Se puede generar otro relato que venza a todos esos bulos y falsedades sobre las renovables.

En pleno agosto el Gobierno español ha concedido la prórroga a la central nuclear de Almaraz, lo que supone retrasar la clausura de sus dos reactores, inicialmente fijada para noviembre de 2027 en la Unidad I y octubre de 2028 en la Unidad II, y abre la posibilidad de que este movimiento pueda acabar afectando al calendario de cierres previsto para el conjunto del parque nuclear.

Como ha expresado Ecologistas en Acción, “el gobierno español ha optado por blindar el negocio nuclear de las grandes eléctricas frente al cumplimiento de sus propias promesas, dinamitando un calendario de cierre pactado. Esta decisión abre la puerta a un negocio radiactivo que carga sobre la sociedad mayores costes a medio y largo plazo, y retrasa una transformación energética inaplazable”.

El Gobierno español pretende escudarse en un procedimiento administrativo nada ortodoxo para justificar la prórroga, sin haber llevado a cabo una revisión de seguridad en profundidad. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la operación reconoce que se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación de 2020.

Pero no es solo Almaraz. Esta forma de proceder allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato. En 2030 está programado el cierre de las centrales nucleares de Cofrentes y Ascó I. Es aquí donde está la primera trampa de la oferta de las eléctricas. Si el cierre de Almaraz se retrasa tres años -hasta 2030- en ese año nos encontraremos con el cierre programado de nada menos que cuatro centrales nucleares. Una tarea que ningún Gobierno querrá acometer. Cuando el oligopolio eléctrico acepta que la prórroga de Almaraz no suponga un coste para el Estado lo hace sabiendo que en tres años tendrá la sartén por el mango, y podrá imponer todas sus condiciones económicas al Gobierno de turno. En concreto, lo que buscan es un precio que les beneficie para el Mwh nuclear, y que se rebaje o elimine la llamada tasa enresa, la tasa para la gestión de los residuos radiactivos. Es decir, maximizar los beneficios manteniendo a las nucleares funcionando, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado. De esta manera, el Gobierno ha cedido ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política.

El Gobierno español se ha escudado para conceder la prórroga de la central nuclear de Almaraz en cuestiones, como que la medida no incidirá en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, ni tendrá incidencia en el mix energético, ni requerirá más instalaciones, en lo que respecta a los residuos radiactivos que generará la ampliación de la operación de Almaraz.

Pero es obligado referirme al informe 'Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz. Análisis de impactos económicos y ambientales', encargado por Greenpeace y cuyos autores son Eloy Sanz, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Transición Energética, y Víctor García Carrasco, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que afirman que prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz conllevaría una pérdida acumulada de inversiones en renovables de 26.130 millones de euros entre los años 2026 y 2033, y generaría unos sobrecostes en la factura eléctrica de 3.831 millones de euros.

El informe Eloy Sanz y Víctor García Carrasco se cimenta sobre modelizaciones a medio y largo plazo en cuanto a la evolución de la oferta y la demanda eléctrica, contemplando tres escenarios: el de cierre (tal y como se preveía en el calendario de cierres fijado en 2019 por las eléctricas y Enresa), el de prórroga (hasta 2030, como han solicitado las propietarias del complejo de Almaraz), y el de sucesivas prórrogas del resto de las centrales, denominado 'prórroga + desaceleración renovable'.

La conclusión general del informe es tajante: “Los resultados muestran que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”. Y advierte que analizar la extensión solo por el alivio temporal de precios durante los años de prórroga sería mirar el sistema “por el retrovisor”, justo cuando la carretera exige acelerar la transición.

Pero hay más razones para el cierre definitivo de Almaraz, como que detiene la acumulación de estos desechos peligrosos y elimina el riesgo de accidentes, deja “espacio” en la red para que entren proyectos de energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento masivo, y además las centrales envejecidas, requieren inversiones multimillonarias constantes para actualizar sus sistemas de seguridad.

El modelo de consumo energético ilimitado resulta insostenible para el planeta. Es necesario transitar hacia un sistema basado en la eficiencia, el ahorro y la suficiencia, adaptando la demanda a los límites ecológicos reales y reduciendo la dependencia de tecnologías centralizadas y de alto riesgo como la energía nuclear.

Celebrar como un éxito la prórroga de dos años y medio de Almaraz, tal como ha hecho el Gobierno español, refleja una incomprensión de la dependencia energética, frena la transición ecológica y desperdicia la oportunidad de alinear la producción y la demanda con los límites del planeta.

No quiero finalizar este artículo sin referirme a Sabino Ormazabal, que murió el pasado sábado en Donostia y al que conocí siendo muy jóvenes en la lucha antinuclear y ecologista. Un referente importante en el ecologismo vasco, en el antimilitarismo, en el periodismo ambiental, en la defensa de la paz y la no violencia y en otras causas justas. Beti arte. Hasta siempre.

La senadora del Partido Popular por Guadalajara María Patricio ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de España de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que esta rectificación no se limite a una sola instalación, sino que suponga la revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas, incluida la de Trillo”.

Esta última planta se ubica en el municipio del mismo nombre, en la provincia de Guadalajara, y fue la última que se abrió, allá por 1988. Desde entonces no se ha vuelto a construir otra planta de este tipo de energía en España. La primera nuclear española se abrió también en Guadalajara. La central 'José Cabrera' en Zorita de los Canes ha sido recientemente desmantelada. Fue la primera en operar en España tras conectarse a la red eléctrica en 1969.

Según la senadora, con la decisión del Gobierno de España de prorrogar la vida de Almaraz, se reconoce “aquello que desde el Partido Popular llevamos años defendiendo: España no puede permitirse cerrar centrales nucleares que pueden continuar funcionando con seguridad y con todas las garantías técnicas”.

María Patricio cree que la decisión supone “una enmienda del Gobierno a su propia política energética” y evidencia, a su juicio, que el calendario de cierre nuclear “responde más a condicionantes ideológicos que a las necesidades energéticas, económicas y estratégicas de nuestro país”.

“Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno haya necesitado llegar hasta aquí para comprender algo elemental, no se puede garantizar la seguridad energética de un país cerrando fuentes de generación estables y estratégicas sin disponer de una alternativa equivalente”, ha señalado.

Pide revisar todo el calendario de cierres en España

Patricio considera positiva la continuidad de Almaraz, pero advierte de que “la decisión será insuficiente si el Ejecutivo mantiene intacto el resto de su calendario nuclear” .“Nos alegramos de que Almaraz continúe abierta, pero esto no puede ser un parche para intentar salvar una política energética equivocada. Si el Gobierno reconoce que Almaraz puede y debe continuar funcionando, tiene que explicar por qué pretende negar esa posibilidad al resto de centrales que puedan seguir operando con el correspondiente aval técnico”, ha indicado.

La senadora popular ha recordado que el Partido Popular ha defendido mediante distintas iniciativas parlamentarias la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y un modelo energético en el que la energía nuclear y las renovables sean complementarias.“Nosotros no planteamos una batalla entre tecnologías, queremos renovables y queremos nuclear, queremos toda la energía que permita a España tener suministro suficiente, estable, competitivo y con menos dependencia del exterior”, ha explicado.

María Patricio ha incidido especialmente en la importancia que este debate tiene para Guadalajara y ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta el enorme impacto económico, laboral y social de la central nuclear de Trillo sobre la provincia y, particularmente, sobre los municipios de su entorno.

“Quienes somos de Guadalajara sabemos perfectamente qué significa Trillo, no estamos hablando solamente de una central eléctrica, estamos hablando de miles de trabajadores, de empresas, de proveedores, de actividad económica y de familias que han construido su futuro alrededor de una instalación fundamental para nuestra provincia”, ha destacado.

Para Patricio, “Trillo es uno de los grandes motores económicos e industriales de Guadalajara y desempeña, además, un papel fundamental en una zona rural que necesita empleo, inversión y oportunidades”.

Por ello, ha advertido de que “cerrar Trillo mediante una fecha decidida políticamente, independientemente de su situación técnica, tendría consecuencias que van mucho más allá de la producción eléctrica”.

“Es muy sencillo dibujar un calendario de cierres desde un despacho en Madrid. Lo difícil es mirar a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de los municipios de la zona y explicarles por qué se quiere prescindir de una instalación que genera riqueza y empleo si técnicamente puede continuar funcionando con seguridad”, ha afirmado.

En su opinión, “la energía nuclear no es incompatible con las renovables. Es una energía que aporta estabilidad al sistema y que permite reducir nuestra dependencia energética de terceros países. España necesita una política energética basada en el interés nacional y no en dogmas políticos”.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha calificado de “errática” la decisión del Gobierno de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). La entidad considera que la medida carece de coherencia con la política energética estatal aprobada por el Parlamento español y respaldada por la Unión Europea.

La prolongación de la actividad de los dos reactores, fijada en torno a un año y medio para la Unidad I y dos años y medio para la Unidad II, alterará el resto de plazos de cierre previstos para el parque nuclear español. Según señala la organización en una nota, este retraso “compromete” de forma directa el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y los planes de ahorro energético.

La asociación ecologista advierte asimismo del escenario en el que queda la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Dado que los trabajos previos para la clausura de la planta cacereña ya se habían puesto en marcha, la prórroga hará “muy difícil un desmantelamiento con cuatro centrales en proceso a la vez a partir de 2030”.

Paralelamente, Adenex ha cuestionado la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, el organismo regulador ha incurrido en una falta de transparencia ante las “reiteradas incidencias no programadas” registradas en Almaraz, la última de las cuales continúa aún en proceso de reparación.

El empleo en Campo Arañuelo y el precedente de Garoña

En cuanto al impacto socioeconómico en la comarca de Campo Arañuelo, el colectivo rechaza las cifras difundidas por el “lobby pronuclear” y remarca que en la zona ya se ha comenzado a articular un “incipiente tejido industrial” para amortiguar la pérdida de los puestos de trabajo directos, los cuales cifra en “poco más de 800”. Asimismo, recuerda que la fase posterior al apagón garantizará dos décadas de labores de mantenimiento y hasta 70 años de gestión de residuos.

Por último, la organización subraya que el Gobierno central dispone de la capacidad legal de decretar el cierre de las instalaciones incluso en contra de un informe técnico favorable del CSN. Para ello, cita como precedente la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de julio de 2011 relativa a la central de Garoña (Burgos). “Las centrales nucleares no tienen derechos infinitos ni ilimitados”, concluye la entidad.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial que otorga una prórroga a la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 no es solo un trámite administrativo de carácter energético, sino el epílogo de un prolongado choque político, técnico y económico entre la Junta de Extremadura y el Gobierno. Desde hace varios años, la continuidad de los reactores I y II de la planta cacereña ha focalizado el debate en la comunidad con varios intereses sobre la mesa: la defensa del empleo local; las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica, firme en su decisión de seguir adelante con el calendario consensuado para el apagón nuclear acordado en 2019; la rentabilidad para el oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central) y, finalmente, una coyuntura geopolítica internacional que ha terminado por inclinar la balanza.

Desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta de Extremadura, la defensa de la continuidad de Almaraz se fijó como una prioridad estratégica irrenunciable, compartida por Vox. Frente al horizonte inicial de cierre escalonado (noviembre de 2027 para el primer reactor y octubre de 2028 para el segundo), el Ejecutivo regional articuló una presión constante respaldada por alcaldes de la comarca de Campo Arañuelo, que crearon la plataforma 'Sí Almaraz'. A este argumento social se sumó una contradicción técnica que la administración autonómica no dudó en señalar de forma reiterada: la paradoja de prescindir de una fuente de generación de base en una región convertida en líder fotovoltaico nacional, pero que aún carece del desarrollo necesario en infraestructuras de almacenamiento y redes de transporte para garantizar el suministro ante eventuales picos de demanda.

El principal argumento es que el cierre de la central amenazaba con la destrucción de miles de empleos directos e indirectos, aunque las cifras bailan dependiendo del interlocutor, en una comarca sin una alternativa industrial madura lista para tomar el relevo a corto plazo. Esa ha sido una de las asignaturas pendientes de los distintos Gobiernos autonómicos, del PSOE y del PP, que no han sido capaces de poner en marcha una alternativa económica para el norte de Cáceres, a pesar de que el fin de Almaraz ha planeado desde hace años. La instalación, que comenzó a funcionar en 1981 (el segundo reactor en 1983) ha obtenido hasta ahora cinco prórrogas: 1993, 2003, 2013, 2020 y la última hasta 2030. El último Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara anunció, junto al Gobierno de Pedro Sánchez, la llegada de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata (apenas a 20 kilómetros de Almaraz), pero el desembarco de la multinacional china AESC aún no se ha producido.

Los socialistas extremeños también se han mostrado a favor de la prórroga de la central, aunque supeditada a la decisión que tomaran las propietarias, que solicitaron la prórroga el pasado 30 de octubre, apurando el plazo para la solicitud formal, y al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno. Solo Unidas por Extremadura, además de varios colectivos ecologistas y conservacionistas, han exigido el cierre de la instalación nuclear.

Pero esta prórroga va a tener un coste para las arcas autonómicas porque Guardiola se ha comprometido a rebajar gradualmente los tipos de gravamen del Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente, que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy a la Hacienda extremeña. La primera reducción se incluirá en el presupuesto de 2027 y llegará a más del 50% en 2029, aunque Vox, socio del PP en Extremadura, se ha mostrado en otras ocasiones partidario de la eliminación total, como hizo la Comunitat Valenciana. Si las empresas pagan hasta ahora unos 84 millones de euros al año, el próximo ejercicio se beneficiarán de una rebaja de más de 15 millones, de 27 millones en 2028 y de algo más de 45 millones en el año 2029.

Enfrente, el Ministerio para la Transición Ecológica, se ha mantenido inflexible durante casi todo el proceso y ha defendido que la hoja de ruta del cierre del parque nuclear español hasta 2035 era inamovible, comenzando por Almaraz y concluyendo en Trillo (Guadalajara). Sin embargo, el Gobierno marcó después tres líneas rojas para valorar la prórroga de la central de Cáceres: garantía absoluta de seguridad nuclear y protección radiológica, supeditada al dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), garantía de suministro eléctrico sin alterar los planes de despliegue de las energías renovables, y cero coste para las arcas públicas y los consumidores, rechazando taxativamente las rebajas fiscales e incentivos impositivos solicitados por Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El primer gran hito de este proceso se produjo el pasado julio, cuando el CSN emitió su informe favorable, acreditando que las instalaciones de Almaraz cumplían con todos los requisitos de seguridad e inversión requeridos. Sin embargo, la decisión política final continuaba en el aire. Pero el elemento que ha terminado por inclinar la balanza en el Gobierno no ha sido la presión institucional regional, sino el contexto geopolítico global. La persistencia del conflicto en Ucrania y la recrudecida inestabilidad en Oriente Medio generaron una fuerte volatilidad en los mercados internacionales del gas natural. Ante el riesgo de un encarecimiento desmedido de la factura eléctrica para la industria y las familias, el Ministerio ha encontrado la justificación idónea para articular una salida pragmática: mantener la vida de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 pero aclarando que se trata de un ajuste técnico que no modifica la fecha final del apagón nuclear de todo el parque nuclear español cinco años más tarde.

Pero la prórroga no supone el final de la guerra política. El PP ya ha aprovechado para exigir el mantenimiento de todas las centrales nucleares en España, aunque el Gobierno ya ha adelantado que el objetivo final sigue siendo prescidir al 100% de la energía nuclear en 2035, confiando el reemplazo a la aceleración de las energías renovables y al almacenamiento. Con el tiempo extra concedido a Almaraz, en 2030 coincidirá el cese definitivo de cuatro reactores: Almaraz I, Almaraz II, Ascó I y Cofrentes, según el calendario previsto, que fija para 2032 el apagón de Ascó II y para 2035 Vendellós II y Trillo.

La confirmación de la prórroga de explotación para la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha sido recibida con alivio y satisfacción por los alcaldes de la comarca de Campo Arañuelo, las patronales empresariales y las plataformas ciudadanas. Sin embargo, el mensaje conjunto tras la noticia ha sido unánime: la fecha de 2030 es “pasado mañana” y desde este mismo momento es necesario empezar a trabajar para garantizar la continuidad energética de la instalación o una transición industrial real.

Los alcaldes del entorno unen fuerzas: “Mañana empezamos a luchar por el 2040 o 2050”

En el municipio de Almaraz, la noticia del visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica ha coincidido con el arranque de sus fiestas patronales. Su alcalde, Juan Antonio Díaz (PSOE), ha calificado la resolución como la noticia que la comarca llevaba esperando desde el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear emitido en julio, poniendo fin a meses de agónica incertidumbre para cerca de 4.000 familias que dependen de forma directa e indirecta de la actividad del complejo nuclear.

Díaz, que ha ejercido de anfitrión ante regidores de los quince municipios cacereños del entorno de la planta —pertenecientes a PSOE, PP y la formación regionalista Levanta—, ha destacado la “voz única” mantenida por los ayuntamientos sin distincion de siglas políticas. “Hoy tenemos esta prórroga; mañana empezamos todos los alcaldes y alcaldesas a luchar por la continuidad de la central hasta 2040, 2050, 2060 y hasta donde corresponda”, ha aseverado el regidor iliturgitano.

En los mismos términos se ha expresado el presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, quien ha hecho un llamamiento a mantener la unidad del territorio. Sánchez ha recordado que la planta gemela de Almaraz ubicada en North Anna (Virginia, Estados Unidos) ya cuenta con licencia para operar hasta los 80 años, argumentando que la instalación extremeña se encuentra plenamente preparada en términos de rigor y seguridad técnica para seguir el mismo camino.

La patronal Creex propone sustituir los reactores por minirreactores nucleares

Desde el ámbito económico, la Confederación Empresarial de Extremadura (Creex) ha aplaudido que se haya impuesto “la lógica frente a la demagogia” y ha calificado el anuncio como un acto de “sensatez y responsabilidad” clave para evitar un problema de garantía en el suministro eléctrico nacional.

No obstante, su secretario general, Javier Peinado, ha advertido de que el tiempo vuela y que no se puede esperar tres años más para volver a encontrarse en la misma encrucijada. Por ello, la Creex ha lanzado una propuesta concreta: planificar alternativas que eviten el desmantelamiento de las instalaciones mediante la sustitución de los dos grandes reactores actuales por un sistema de minirreactores (SMR), una tecnología en expansión internacional que aportaría flexibilidad, seguridad y energía estable de respaldo a las renovables, reteniendo al mismo tiempo el empleo industrial en la comarca.

CIEM urge a compaginar la continuidad con la diversificación económica

Por su parte, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha valorado la decisión como un “éxito colectivo” fruto de la cohesión social de la región. Para CIEM, el margen ganado hasta 2030 debe aprovecharse de forma simultánea en dos frentes clave: por un lado, negociar las condiciones regulatorias, fiscales y técnicas que permitan mantener operativa la central más allá de esa fecha; por otro, acelerar de forma decidida una estrategia de diversificación económica e inversión en Campo Arañuelo que reduzca progresivamente la dependencia que la comarca mantiene con la central nuclear.

La confirmación oficial de la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 ha desencadenado una intensa cascada de reacciones en el mapa político extremeño y nacional. Aunque PP, PSOE y Vox han coincidido en celebrar la decisión como un balón de oxígeno para la comarca de Campo Arañuelo, la noticia ha llegado acompañada de acusaciones cruzadas de oportunismo político, exigencias de ampliar la vida útil hasta 2050 y el rotundo rechazo de Unidas por Extremadura, la única fuerza parlamentaria que se opone frontalmente a la continuidad de la planta.

Guardiola y el PP: “Se hace justicia con Extremadura”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado públicamente la medida acordada por el Ejecutivo central destacando que la prórroga “da certidumbre a una comarca” y “protege miles de empleos”. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo regional ha afirmado que con la continuidad de la central “seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra” al mantener una actividad que “durante décadas ha sido fundamental para la vida de tantos pueblos y familias”.

Guardiola ha considerado además que con esta resolución “se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura”, al tiempo que ha querido agradecer explícitamente a “toda la sociedad extremeña” su movilización y firmeza en defensa de la planta cacereña.

El PSOE reivindica el diálogo y acusa a la derecha de “hacer ruido”

Desde la oposición autonómica, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha calificado el anuncio como “una muy buena noticia para Extremadura, para el Campo Arañuelo, para Almaraz y para España en su conjunto”. Cotrina ha subrayado que “hoy no es un día para la política, es el día de los ciudadanos”, felicitando expresamente a los trabajadores y a los vecinos de la zona que han defendido la continuidad de las instalaciones.

No obstante, el líder de los socialistas extremeños ha cargado contra el PP y Vox, a quienes ha acusado de haber utilizado el futuro de Almaraz “para hacer ruido y confrontar con el Gobierno de España”. Sánchez Cotrina ha defendido que el PSOE siempre mantuvo una posición favorable a la prórroga “siempre que se cumplieran las condiciones” técnicas y de seguridad, reivindicando una vía basada en “el trabajo, el diálogo y la responsabilidad institucional”.

Vox exige ir hasta 2050 y atribuye el logro a la rebaja fiscal

Por su parte, los socios de investidura de la Junta han recibido la noticia exigiendo que la ampliación no se detenga en 2030. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la prórroga es tan solo “el primer paso”, pues el objetivo de su formación pasa por extender la actividad “hasta 2050”. Fernández Calle ha ironizado con un “bienvenidos los conversos” dirigido a quienes antes rechazaban la energía nuclear y ha reafirmo la postura de su partido bajo las proclamas “¡Almaraz, sí gracias!” y “¡Nucleares, sí gracias!”.

En el ámbito nacional, el diputado de Vox José María Figaredo ha tildado la resolución de “éxito tremendo para toda España” y “clave para el futuro energético”. Figaredo ha atribuido el resultado a la presión parlamentaria ejercida por su grupo y ha destacado como un elemento clave la negociación del pacto de Gobierno regional en Extremadura para suprimir impuestos autonómicos a las energéticas, solicitando además que esta extensión se aplique al resto del parque nuclear español.

Unidas por Extremadura denuncia un “patadón hacia adelante”

La nota discordante ante el acuerdo la ha puesto Unidas por Extremadura. Su diputado autonómico Juan Schirinzi ha manifestado un rechazo absoluto a la prórroga, considerándola “un patadón hacia adelante” que incumple los compromisos de cierre del parque nuclear. Schirinzi ha denunciado que la medida busca mantener operativa una infraestructura “obsoleta, amortizada a nivel público y económico y que ya ha superado su vida útil proyectada”.

A juicio de la formación de izquierdas, al Gobierno le ha faltado “valentía para llevar a cabo lo que los calendarios decían”, lo que a su parecer supone “alargar una agonía” para Campo Arañuelo en lugar de promover un plan de reconversión industrial con futuro. Schirinzi ha lamentado que la decisión beneficie a las empresas propietarias a costa de la exención de impuestos autonómicos mientras Extremadura mantiene “una espada de Damocles con una instalación peligrosa”, advirtiendo de que en 2030 la región volverá a encontrarse “con todo este circo”.

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el “mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica”.

El ala socialista del Gobierno ha negado que suponga un incumplimiento del acuerdo de Gobierno porque el calendario de cierre se mantiene en el año 2035 y han asegurado que informaron a su socio de gobierno del movimiento. Ese documento señala que el PSOE y Sumar harán un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente” que se llevará a cabo “escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035”. Según el calendario previsto inicialmente, en 2027 se iba a apagar el primer reactor de Almaraz y al año siguiente cesaría su actividad por completo.

Desde el grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz “frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía”, indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras “posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía”.

Sumar argumenta que los costes de prolongar la vida útil de la central irán a parar a“ las arcas públicas e hipotecarán los presupuestos” y, con ello, los recursos destinados a la ciudadanía. “Cada euro que nos gastamos en mantener con vida infraestructuras que deben cerrarse es un euro que no nos estamos gastando en impulsar nuestra seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables”, lamentan.

El socio de Gobierno del PSOE se muestra contrario a “seguir el camino de la derecha y la extrema derecha”. “Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha mas baratas, más seguras y democráticas”, continúa. Por ello, piden mantener el calendario de cierre acordado, mantener los impuestos aplicables al parque nuclear y exigir que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía, y aprobar un plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz.

En un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber “cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica”. “Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo”, ha afirmado el ministro.

Urtasun también ha dudado de la justificación de la prórroga por las “circunstancias excepcionales” derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. “Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética”, ha apostillado.

El Ministerio defiende que está en la misma postura

Transición Ecológica asegura que “el Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre: esta extensión, acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas”. “Es segura para las personas”, tras el visto bueno del CSN, “no compromete la seguridad del suministro” y “no tiene coste para los ciudadanos, porque, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas”.

El cierre de la planta extremeña estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028. En principio, se mantiene el calendario del resto de cierres, de forma escalonada hasta 2035. Pero la prórroga de Almaraz hasta 2030 va a presionar para retrasar la clausura del resto de reactores del parque nuclear español. Su cierre se solaparía con la clausura de Ascó I y Cofrentes, prevista para ese año, lo que implicaría prescindir de golpe de más de 4 GW de potencia instalada.

El 1 de julio de 1977, en una España que daba sus primeros pasos fuera de la dictadura, una mujer de 74 años llamada Agripina Moreno Fernández tomó pluma y papel para saldar una deuda de honor adquirida en el infierno. La carta no iba dirigida a ninguna institución oficial, sino a Dolores Ibárruri, Pasionaria, quien acababa de retornar del exilio.

Con pulso firme, la anciana extremeña liberaba un secreto celosamente guardado en su pecho desde las sombras de la posguerra: el testimonio directo de las últimas horas de Las Trece Rosas y la promesa empeñada a unas jóvenes que caminaban hacia el paredón.

Una extremeña de Almaraz en el penal de Ventas

Gracias a la investigadora, Desiré Rodríguez Martínez, sabemos que nació en la localidad cacereña de Almaraz, y que Agripina Moreno terminó hacinada en la Prisión de Mujeres de Ventas (Madrid) durante la primavera de 1939. Aquel edificio, concebido durante la Segunda República por Victoria Kent bajo principios de rehabilitación y dignidad, había sido transformado por la represión franquista en un recinto saturado donde miles de prisioneras políticas malvivían en condiciones extremas de insalubridad y terror.

Allí, en las galerías saturadas del penal, Agripina entabló un vínculo directo con las jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y del PCE detenidas tras la caída de Madrid. Entre ellas se encontraba Pilar Bueno Ibáñez, una de las dirigentes del grupo, quien relató en el patio de la cárcel a la prisionera extremeña las brutales torturas e interrogatorios sufridos a manos de la policía política antes de ser ingresadas en presidio.

La trágica madrugada del 5 de agosto

La noche del 4 al 5 de agosto de 1939, la tensión en la cárcel de Ventas se volvió insostenible tras conocerse la sentencia a muerte dictada en un consejo de guerra sumarísimo contra las jóvenes. En la capilla del penal, el capellán pretendía administrar los auxilios espirituales a unas condenadas que reivindicaban su inocencia y su convicción ideológica. “El cura decía que no era momento de pensar en el mundo sino en Dios, y a nosotras, que éramos tan jóvenes, nos parecía increíble”, rememoraría Agripina sobre la atmósfera angustiosa de aquella noche.

En la madrugada del 5 de agosto, la dirección de la cárcel concedió un permiso excepcional a Agripina Moreno y a su compañera de cautiverio Aurora Rodríguez para despedirse formalmente del grupo antes de su traslado. En ese instante de abrazos y lágrimas contenidas se selló el pacto de memoria. Las represaliadas, que se vestían con sus mejores prendas para marchar hacia las tapias del Cementerio del Este, encomendaron a Agripina la misión de hacer llegar a sus familias y a la dirección política sus cartas de despedida y la consigna de que su dignidad no fuera olvidada.

Posteriormente, una religiosa teresiana del presidio le relataría a Agripina cómo las jóvenes se negaron a que les vendaran los ojos ante el pelotón, afrontando la muerte a cara descubierta y profiriendo gritos de libertad.

La Rosa 'número catorce' y el silencio cómplice

El testimonio custodiado por Agripina Moreno fue clave para respaldar un detalle histórico omitido durante décadas: la existencia de la Rosa número catorce.

Antonia Torre Yela (Anita), una joven obrera de 19 años que trabajaba en una fábrica de sobres y residía en el barrio madrileño de Tetuán, había sido detenida junto a Luisa Rodríguez de la Fuente y procesada en la misma causa que el resto de las víctimas. Sin embargo, aquella madrugada no fue conducida al paredón debido a una equivocación burocrática: en la orden de ejecución firmada por las autoridades militares su nombre figuraba erróneamente transcrito como 'Antonio Torre Yela'.

Las reclusas de Ventas, incluida Agripina, supieron del fallo. En un acto de solidaridad colectiva, ninguna de las prisioneras delató la equivocación a los funcionarios. Anita logró prolongar su vida seis meses en el penal hasta que la burocracia rectificó el expediente. El 19 de febrero de 1940 fue fusilada en el mismo Cementerio del Este. Por este motivo, Agripina siempre rechazó la cifra oficial y sostuvo de manera firme que el encargo recibido procedía de 'catorce muchachas'.

Misión cumplida

Durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, hablar abiertamente de los fusilamientos del Cementerio del Este conllevaba penas de prisión o represalias severas. Agripina Moreno conservó en la memoria clandestina los nombres de las víctimas, los detalles de sus últimas horas y las primeras poesías compuestas en las celdas en su honor.

El 1 de julio de 1977, cumplidos los 74 años, Agripina envió la carta que cerraba su promesa. En sus párrafos se leía: “Hace muchos años llevo guardando en el corazón un mensaje para ti. Un mensaje muy triste. Creí muchas veces que no llegaría a cumplir esta misión que me encomendaron catorce muchachas. Se trata de las ”trece rosas“ y de otra camarada. Querida camarada Dolores, después de realizar este trabajo me siento muy tranquila. Puedo decir a nuestro Partido Comunista y Juventudes: Misión cumplida”.

En la misiva se adjuntaba la nómina completa de las represaliadas —Joaquina López, Virtudes González, Carmen Barrero, Dionisia Manzanares, Pilar Bueno, Julia Conesa, Blanca Brisac, Victoria Muñoz, Adela Duque, Martina Barroso, Luisa Rodríguez, Ana López, Elena Gil y Antonia Torre Yela— garantizando que ningún nombre quedara relegado.

Dolores Ibárruri incluyó íntegramente la carta de Agripina en sus Memorias (1939-1977) publicadas en 1984, transformando la memoria oral de la anciana extremeña en una prueba documental básica para la historiografía sobre la represión en Madrid.

Hoy, el legado de Agripina Moreno Fernández permanece como un referente de la memoria democrática en Extremadura. Su firmeza demostró que ni el miedo ni el paso del tiempo pudieron impedir que el último mensaje de aquellas jóvenes llegara a su destino.

El Foro Extremeño Antinuclear ha reclamado este jueves al Gobierno que mantenga el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ponga en marcha “de manera urgente” un plan de transición justa para la comarca del Campo Arañuelo, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la instalación hasta 2030.

El colectivo ha subrayado en una nota que el dictamen del CSN “no supone la concesión automática de la prórroga” y ha recordado que la decisión definitiva corresponde al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo “conserva plenamente la capacidad y la responsabilidad de mantener las fechas de cierre actualmente vigentes”, fijadas para el 1 de noviembre de 2027 en el caso de la Unidad I y para el 31 de octubre de 2028 en el de la Unidad II.

El Foro Extremeño Antinuclear ha advertido de que “una valoración técnica favorable no significa que la continuidad de la central sea la opción más conveniente para Extremadura” y ha defendido que la decisión también debe tener en cuenta aspectos como la gestión de los residuos radiactivos, el envejecimiento de las instalaciones, el consumo de agua o el desarrollo económico de la comarca.

Asimismo, ha subrayado que prolongar el funcionamiento de la central hasta 2030 “supondría retrasar nuevamente las inversiones y las políticas públicas necesarias para diversificar la economía de la comarca” y ha afirmado que “Campo Arañuelo no puede quedar atrapado en una sucesión de prórrogas que posponga indefinidamente su futuro”.

El colectivo también ha solicitado al CSN la publicación del informe completo, incluidas las condiciones técnicas y, en su caso, los votos particulares, al entender que una decisión de esta trascendencia “exige la máxima transparencia”.

Organizaciones ecologistas

Por otro lado, las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado en un comunicado conjunto que se mantenga el calendario de cierre de Almaraz y se deniegue la solicitud de prórroga.

Han recordado que el informe del CSN “se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica” y han subrayado que corresponde ahora al Gobierno valorar las implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual continuidad de la central.

Estos cinco colectivos han defendido que el calendario de cierre acordado en 2019 constituye “uno de los pilares de la planificación energética española” y han afirmado que modificarlo generaría incertidumbre sobre el despliegue de las energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, han denunciado que una prórroga retrasaría la transición energética, tendría efectos sobre el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento eléctrico y podría traducirse en un incremento del uso del gas y de los costes para los consumidores.

Las organizaciones ecologistas han afirmado también que el informe favorable del CSN responde únicamente a una de las tres condiciones que, según recuerdan, el Gobierno planteó para una eventual autorización de la prórroga, por lo que consideran que el Ejecutivo debe mantener el calendario de cierre actualmente previsto para la central cacereña.

El informe favorable del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la renovación de uso de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 ha provocado una oleada de reacciones en Extremadura. Junta, partidos políticos, instituciones provinciales, locales y colectivos sociales coinciden en señalar que el dictamen del regulador despeja las dudas técnicas y exigen al Gobierno central que autorice de inmediato la continuidad de la instalación.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado a través de la red social X que, tras el informe favorable del CSN, el Gobierno estatal se ha quedado sin “excusas” para revertir el cierre de la planta. “La central de Almaraz es segura y está en condiciones de seguir operando. Ya no hay excusas. El Consejo de Seguridad Nuclear nos da la razón”, ha apuntado la jefa del Ejecutivo autonómico, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez “sólo tiene un camino: anunciar de inmediato la prórroga”. “Hoy gana el futuro de miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo el país”, ha concluido.

En la misma línea, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha incidido en que el informe técnico demuestra que la central es “viable, segura y puede continuar con su vida útil”, destacando que la planta ha pasado “con muy buena nota los controles más exigentes y más estrictos”. Morán ha exigido al Gobierno que modifique el calendario de cierre y ha afirmado que esta es una reivindicación que comparte “la sociedad extremeña de forma mayoritaria, los trabajadores, los técnicos, Bruselas y que ahora el CSN refrenda”. “Lo decimos alto y claro: Almaraz no se cierra”, ha zanjado.

El PSOE extremeño y la Diputación de Cáceres piden celeridad

Por su parte, los socialistas extremeños consideran que el informe del CSN supone “un paso decisivo para hacer posible la prórroga” de la instalación. Su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que el Gobierno de España había condicionado la continuidad de la central hasta 2030 al cumplimiento de tres requisitos: que no aumentase el coste de la factura para los usuarios, que se garantizase el consumo y que existiese un informe favorable del regulador sobre las condiciones de seguridad.

“Tenemos informe del Consejo de Seguridad Nuclear y dice que Almaraz es segura. Por tanto, se cumple el tercer requisito”, ha afirmado Sánchez Cotrina, quien se ha mostrado convencido de que el proceso se culminará en las próximas semanas “sin ruido, ni estricencias y sin confrontación política”. El líder socialista ha aprovechado para criticar la actitud de María Guardiola, acusándola de “ponerse detrás de la pancarta” e instrumentar el debate como confrontación sin ofrecer alternativas ni sentarse a negociar.

A esta petición de continuidad se ha sumado el presidente de la Diputación de Cáceres, el también socialista Miguel Ángel Morales, quien ha celebrado el informe y ha reclamado al Gobierno que adopte “de manera inmediata” una decisión definitiva. Morales ha recordado que la institución provincial ha defendido reiteradamente la continuidad al tratarse de una demanda ampliamente compartida, confiando en que el Ejecutivo central sea “consecuente con la importancia de esta industria para nuestro territorio”. Morales ha añadido que esto debe ser compatible con seguir impulsando proyectos estratégicos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y la autovía Madrid-Lisboa.

“No está en condiciones”, advierte Unidas por Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este jueves tras conocer la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha dado luz verde a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, que no le sorprende este informe porque “sabemos que el Consejo Superior de Seguridad Nuclear no actúa con la imparcialidad que debiera”.

De Miguel ha denunciado que Almaraz es “una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz, la última esta misma semana”, por esto ha indicado que la central “no está en condiciones de ser prorrogada” porque como ha señalado no se han hecho inversiones durante años ya que “se iba a cerrar y los propios dueños no querían invertir en mejorarla ni en mantenerla”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado al respecto que “ahora nos encontramos con una central que se cae a cachos, que tiene averías a cada poco, que tienen que hacer paradas espontáneas, no programadas, debido a esas averías y que es un peligro”.

Además, ha dicho que con esta decisión el Consejo de Seguridad Nuclear “lo que hace es echar la patada hacia adelante y que la bola quede en el tejado del gobierno”, sobre esto ha señalado que este es un “gobierno cobarde, que va a comprar el relato y las tesis de la extrema derecha y la derecha que lo único que quieren es que el modelo energético, que ha sido un ejemplo para Europa, un modelo basado en energía barata y renovable, volvamos a ese modelo nuclear ”.

El territorio y el tejido social exigen certidumbre

Desde el ámbito municipal, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha calificado el dictamen de “excelente noticia” y ha incidido en que “ahora ya está todo en manos del Gobierno central”. Hueso ha recalcado que “todos los informes son favorables, desde las instituciones europeas hasta el CSN”, por lo que pide a Pedro Sánchez y a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que den el “sí” definitivo. Asimismo, el regidor moralo ha criticado a Sánchez Cotrina, acusándole de querer “alardear del informe” cuando, según ha asegurado, los socialistas “desde hace dos años votaron que no a la prórroga”.

Finalmente, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' —que integra a un centenar de colectivos, asociaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y ayuntamientos— ha urgido al Gobierno a autorizar la prórroga para poner fin “a la incertidumbre que afecta desde hace meses a trabajadores, empresas auxiliares y familias”.

Su presidente y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, ha remarcado que el dictamen “despeja definitivamente cualquier duda técnica” y que, dado que las empresas propietarias solicitaron la renovación “sin condiciones económicas”, la continuidad no tendrá coste para los consumidores, cumpliendo así con la totalidad de los requisitos planteados en su día por el Gobierno.

Una decisión “coherente”

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, COIIEX, también ha reclamado la renovación de la autorización de explotación tras el informe favorable del CSN, una decisión que considera “coherente” con los criterios técnicos de seguridad y con la posición que la institución ha mantenido de forma constante en defensa de la continuidad de la instalación.

Para el COIIEX, este pronunciamiento constituye un reconocimiento “al elevado nivel técnico de la instalación, sometida a un exigente sistema de control, supervisión y mejora continua, que la sitúa entre las centrales mejor valoradas por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)”.

Además, el Colegio destaca el impacto económico y social que la Central Nuclear de Almaraz tiene para Extremadura.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado este jueves el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos, con el cierre de su primer reactor previsto para 2027. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica informan que esperan al informe para emitir una posición.

El pleno del CSN se reunió este jueves y emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”.

Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

Por tanto, no hay entre las condiciones impuestas la imposición de nuevas inversiones a las eléctricas, que presentaron al Gobierno su petición formal hace unos meses.

Para las compañías, la prórroga de Almaraz puede suponer un precedente para otras centrales nucleares, especialmente las catalanas de Ascó y Vandellós, que generan aún más del 40% de la demanda eléctrica catalana y tienen un papel clave para la industria y el suministro energético.

Las empresas vienen vinculando la ampliación de la vida útil de las centrales a la reducción de impuestos, una exigencia a la que el Ministerio de Transición Ecológica se ha negado en varias ocasiones.

El Gobierno acordó con las eléctricas y con la empresa pública de residuos radiactivos, Enresa, el cierre escalonado de las centrales nucleares en España en 2019, cuando la ministra era Teresa Ribera, de acuerdo con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que preveía una penetración de las energías eólica y solar que sustituyeran a la nuclear. Las compañías consideraban además que la inversión masiva para ampliar la vida de las centrales no era rentable ante las renovables.

Sin embargo, estas mismas empresas, tras unos años de un rápido avance de las renovables que no era sin embargo suficiente para cubrir la demanda esperada, han encargado informes económicos que alertan de que el cierre nuclear puede tener un impacto económico para la economía.

El calendario prevé el cierre de Almaraz en 2027, a revisar ahora por el Gobierno, el de Almaraz II en 2028, el de Ascó I en 2029, Ascó II en 2030, Cofrentes en 2033, y Vandellós y Trillo cerrarán en 2035. Cabrá ver si las eléctricas españolas siguen el modelo de solicitar la prórroga para el resto de centrales.

Con unos 1.000 empleados, la central de Almaraz, en funcionamiento desde el 1983, es la de mayor generación de España, con más de 2.000 MW. y

En los últimos años, el debate de la nuclear ha visto varios bandazos y Europa opta ahora por defenderla como generación de energía limpia de emisiones. Mientras que Alemania fue precursora en su cierre y achaca parte de su estancamiento económico a ello, Francia apuesta por su expansión. Los riesgos asociados a un posible accidente y sobre todo la gestión de los residuos son los principales inconvenientes que achacan sus detractores, además de un coste de mantenimiento elevado. La elevada potencia y la estabilidad que dota a la red es lo que avala a sus defensores, que han utilizado el apagón para incidir en este último punto.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado el debate y la votación del dictamen para que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) pueda prolongar su explotación hasta 2030, frente al calendario actual, que prevé la desconexión escalonada de sus dos reactores en 2027 y 2028.

Según confirman fuentes del CSN, el tema figuraba en el orden del día del pleno celebrado este lunes, aunque se ha pospuesto hasta una próxima reunión a petición de uno de sus miembros.

La convocatoria del pleno, que, de forma habitual, tiene lugar los miércoles, se ha adelantado esta semana por razones de agenda del presidente del citado organismo regulador, Juan Carlos Lentijo. En cualquier caso, la previsión sigue siendo que el informe se estudie las próximas semanas.

El CSN, organismo encargado de velar por la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones atómicas en España, debe pronunciarse sobre las condiciones de seguridad que debería cumplir la planta para prolongar su funcionamiento hasta junio de 2030, tal y como han solicitado sus accionistas: Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Las tres compañías, que comparten accionariado en la planta extremeña, presentaron al Gobierno la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central.

El Ejecutivo remitió posteriormente la solicitud al CSN, como responsable de analizar las exigencias de seguridad nuclear que debe cumplir la instalación para poder prolongar su funcionamiento.

Los pasos del debate

Con este aplazamiento, el futuro inmediato de la central de Almaraz queda pendiente de una nueva reunión del CSN, que podría retomar el informe técnico en el pleno de las próximas semanas, antes de que concluya julio.

Posteriormente, la decisión pasará al Gobierno, que cuenta con un plazo de unos dos meses para conceder o denegar la ampliación de vida útil.

Si para entonces no se hubiera autorizado la continuidad de la central, las empresas propietarias deberán solicitar formalmente el cierre de la central.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado “confiado” en que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de la central de Almaraz será positivo, un aval técnico que, en su opinión, será “el paso previo” para el sí definitivo del Gobierno a la prórroga.

Cotrina ha realizado estas declaraciones este miércoles en Almaraz, donde ha mantenido reuniones con representantes de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', el Foro Nuclear y el comité de empresa de la central cacereña.

El líder socialista ha asegurado que su formación lleva “mucho tiempo defendiendo la continuidad de la planta” y ha reiterado su apoyo a la prórroga. “Hoy solo he repetido lo que llevamos mucho tiempo diciendo: sí a la prórroga de la central”, ha afirmado. Según ha explicado, no entiende que existan motivos para que el informe del CSN “no sea positivo” y ha señalado que espera que se conozca “a lo largo del mes de julio”.

Asimismo, ha reiterado su confianza en que el Gobierno autorice la continuidad de la central siempre que se cumplan las tres condiciones fijadas: contar con el aval técnico del CSN, que la ampliación de la vida útil no suponga una carga económica adicional para los consumidores y que la continuidad de la planta garantice la estabilidad y la suficiencia del sistema eléctrico nacional.

“Para nosotros Extremadura está por encima de todo, de nuestras propias siglas también”, ha señalado Cotrina, quien ha defendido la importancia de la central para el futuro de la comarca.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE extremeño también ha criticado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al afirmar que la región espera de ella “mucho más que verla solo detrás de las pancartas”.

En ese sentido, ha reclamado a la jefa del Ejecutivo autonómico “que trabaje y negocie para garantizar el futuro de la región, algo que, claramente no está haciendo”, ha concluido. 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó este miércoles que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe “la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

El informe, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria, reclama al Gobierno que suspenda “cualquier medida” encaminada al cierre de esta u otras centrales en España“, y pide al país ”que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear“, que cree impulsada por motivos ideológicos.

Se trata de las recomendaciones no vinculantes de los eurodiputados que visitaron la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha.

Varios eurodiputados españoles acudieron además como observadores; es el caso de Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos, que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que revertiera el cierre de la central nuclear de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura. Finalmente, una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia a 2040 y endurecer el tono del texto, con referencias a una “profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España” y el impacto en el sistema que podría tener el cierre planeado de Almaraz.

Los eurodiputados piden también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España “son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente”.

La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, en la que instó al Parlamento Europeo a conocer ‘in situ’ la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

No obstante, el pasado octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy -las empresas propietarias de la central- solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace. 

“El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal”, dijo el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señaló en un comunicado remitido por el PP que “el mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro” y que “el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos”.

Guardiola ha celebrado el “respaldo” de Bruselas, donde se encuentra este miércoles oara participar en el Comité de las Regiones. “Hoy es un día importante para Extremadura”, ha dicho y también ha subrayado que el documento “advierte de los riesgos demográficos, económicos y en materia de seguridad de su cierre”.

Pero el PSOE ha acusado a Guardiola, de “mentir y manipular de forma interesada”. El eurodiputado socialista extremeño, Ignacio Sánchez Amor, ha afirmado que “ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas” y ha aclarado que lo votado en el Parlamento Europeo “no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de una competencia “estrictamente nacional”.

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es un documento impulsado por PP y Vox “cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”, y ha subrayado que todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP “asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”. “Frente a la desinformación interesada del PP, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz no ha cambiado”, ha indicado el eurodiputado socialista.

El PSOE señala que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, que es la administración competente en esta materia. 

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz. Mientras elabora su informe para que decida el Gobierno, un estudio de los investigadores Eloy Sanz y Víctor García Carrasco –encargado por Greenpeace– ha concluido que alargar la vida de esos reactores “retrasaría” la implantación de renovables y generaría más emisiones de CO₂ al tiempo que incrementaría la factura eléctrica a largo plazo.

La conclusión del trabajo es que cerrar los reactores entre 2027 y 2028, como estaba previsto, es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente”. El análisis aborda los principales aspectos que sobrevuelan el fin de la vida útil de las centrales nucleares y que han alimentado los ataques políticos de PP y Vox al plan de cierres progresivos que han llamado “suicidio energético basado en la ideología” o una política de “ecofanáticos”.

Los cálculos de Sanz –director de la cátedra de Transición Ecológica de la Universidad Rey Juan Carlos– y García Carrasco indican que “la energía aportada por la central nuclear de Almaraz puede reemplazarse de forma prácticamente completa por energías renovables”. Según su análisis, en los años posteriores al cierre previsto solo habría que generar un 3,6% de lo que hacía Almaraz con ciclos combinados. “No hay una dependencia estructural al gas”.

En este sentido, si se siguiera generando electricidad en Almaraz, eso “retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”. Al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza esa transición energética hacia fuentes renovables, argumenta el estudio.

En números generales, la reducción de generación nuclear por la clausura de Almaraz I es de 7,77 TWh en 2028 y otros 7,96 TWh en 2029 por el cierre de Almaraz II, mientras que la electricidad renovable añadida asciende a 9,27 y 8,71 TWh el primer año sin Almaraz I y Almaraz II, respectivamente.

Y de manera consecuente, el escenario con prórroga incide en la apuesta por conseguir almacenamiento generado en renovables también se ve lastrada. Sin prórroga “existe más energía excedentaria susceptible de almacenarse para desplazar generación fósil en horas posteriores, incluso cuando el recurso renovable es bajo”, dice el trabajo.

Emisiones de gases

La prórroga de la central “reduce el uso de ciclos combinados de manera temporal (2028-2030), pero limita a medio plazo la sustitución estructural de aportes térmicos por renovables”, afirma el estudio. Al tener esa nuclear no se utiliza tanto gas, pero luego, al haberse taponado las renovables, se prolonga el uso del combustible fósil cuando Almaraz se detenga definitivamente. Como consecuencia, tras 2030, “el mix resultante es menos renovable y más dependiente de tecnologías de respaldo como el gas”.

Así, en 2030, en el escenario de cierre las emisiones llegan a 9,1 Millones de toneladas (Mt) de CO2eq, mientras que los escenarios de prórroga se sitúan entre 12,1 y 13,8 MtCO2eq . “La prórroga implicaría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 5-8% en el periodo 2028-2030”. Posteriormente, una vez cerrada la central, las emisiones aumentarían hasta aproximadamente un 24% en 2031 en comparación con el escenario de cierre planificado

La factura de la luz

La prórroga generaría un “alivio transitorio tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030”, admite el trabajo, pero, a partir de 2031, las cosas cambian y se genera un incremento sostenido. En 2033, en términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en el caso de prorrogar la operación de la central de Almaraz.

Este análisis llega durante el estudio de la petición de prórroga que realiza el Consejo de Seguridad Nacional y los movimientos sociales de oposición y apoyo al cierre. El CSN ha informado hace unos días de que, al tratarse de un alargue corto de unos dos años, eso permitirá “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda. También espera tener sus conclusiones este verano.

Por su parte, hace unos meses, 80 organizaciones se unieron en una plataforma llamada Sí Almaraz que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña: “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, afirman. En su argumentación aseguran que la central sostiene 4.000 empleos directos e indirectos.