Un hecho probado es que María Corina Machado pidió a las potencias extranjeras (EEUU) que usaran la fuerza en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Esto no es un hecho interpretable, es algo que ella dijo en 2018 ante unos micrófonos. De viva voz. Con la frente alta y el verbo claro. Por alguna razón este evento ha desaparecido de las hagiografías y las crónicas del mismo modo que su participación en el golpe de Estado de 2002. Tengo claro que Nicolás Maduro y su régimen ya dejó de ser democrático y tras las últimas elecciones no hay nada que concierna a la izquierda en su defensa, no voy a entrar a debatir sobre la conveniencia del uso de la fuerza para aquellos que creen que se están enfrentando a un régimen tiránico, pero eso es un debate de la filosofía política que no me incumbe en este texto porque en lo único que quiero centrarme es que le han dado el premio Nobel de la Paz a quien ha pedido un baño de sangre en su propia tierra para derrocar el poder actual y ha participado de golpes desde hace más de 20 años. 

El mundo líquido del que hablaba Zygmunt Bauman se ha esclerotizado en un cuerpo oleaginoso y viscoso en el que se quedan pringados los peores males de todos los tiempos y que simboliza de manera grotesca el hecho de dar el mayor reconocimiento para quien trabaja por la paz a quien pide una guerra. Ya no me voy a sorprender pero a este mundo ya solo le pido un Nobel de la Paz que busque la paz con métodos pacíficos. Estoy seguro de que incluso si quieren hacer política contra Venezuela en el país caribeño encontrarán opositores y activistas que lo merezcan más por el simple hecho de trabajar contra Nicolás Maduro sin pedir violencia y muerte. 

No soy un necio. Sé que hay conflictos que se dirimen con la violencia, pero al menos que se tapen y no los premien con el máximo premio por la paz. Puedo entender a quien no encuentra otra manera de resolver conflictos enquistados, en algunos casos está hasta reconocido por el derecho internacional, pero estaría bien que no validaran a quienes abogan por la violencia para que no parezca que son tan cínicos como parecen. El legado de María Corina Machado que han premiado es la deslegitimación de quienes piensan distinto a ella y erradicarlos mediante cualquier medio. Es como lleva años procediendo desde que creó su plataforma activista Súmate forjada con el dinero de su procedencia de la oligarquía venezolana de la peor condición.  

Los argumentos que esgrimen que su actuación en estos momentos está justificada porque Nicolás Maduro perdió las elecciones y no quiere entregar las actas que demuestran su derrota se desnudan al mostrar con hechos que ella ya pedía una intervención militar en 2018 cuando el Centro Carter sí había validado las elecciones o apareciendo como firmante del Carmonazo en el año 2002 con Hugo Chávez como presidente cuando se le derrocó con un golpe de Estado que duró solo unos días. En El País, que ahora ha hecho un editorial donde lo oculta, se puede leer.

El premio Nobel de la Paz está manchado de sangre desde que tuvo la ocurrencia de dárselo a Henry Kissinger, el muñidor de golpes de la doctrina Monroe que trajo la violación sistemática de los derechos humanos a todo lo que oliera a izquierda en Chile, Argentina o Nicaragua. Estaba claro que Noruega buscaba no molestar demasiado a Donald Trump y tenía que dárselo a alguien que no estuviera inmerso en la masacre palestina y han encontrado a una aliada cercana de Marco Rubio, pero si juegan a hacer política uniéndose a las hordas golpistas de extrema derecha que no busquen honor y prestigio. Machado es aliada cercana de quien quiso asesinar a Lula, de quien quiere hundir el Open Arms. De las peores excrecencias políticas de nuestro tiempo. 

No hacía falta meterse en los conflictos que más foco tienen si no querían parecer cobardes y enseñarlo al mundo, vale que podían obviar a Médicos Sin Fronteras, la UNRWA, o a los más de 210 periodistas asesinados en Gaza, a algunos de los médicos palestinos que llevan dos años haciendo su trabajo entre bombardeos y siendo objetivos de las IDF, pero existen multitud de personas fuera de la opinión publicada mayoritaria de Occidente que merecerían con creces el premio y no hacían llamados a la violencia. Mahrang Baloch, una activista por los derechos de las mujeres en Pakistán que lleva años denunciando las desapariciones forzosas en Baluchistán y que en la actualidad se encuentra presa acusada de terrorismo tras un juicio sin pruebas ni garantías. Emtithal Mahmoud, una poeta y activista sudanesa que lleva desde 2015 luchando para visibilizar la crisis de violencia y guerra en Darfur que genera cada año miles de refugiados. Fawzia al Otaibi, luchadora por los derechos civiles en Arabia Saudí, la activista por los derechos de la mujer en Irán Zhina Modares Gorji o las israelies Danielle Cantor y Alma Beck que luchan por derechos de todas las minorías y contra el genocidio en Gaza desde dentro del monstruo israelí en Tel Aviv. 

Entiendo que no tienen los poderosos apoyos de María Corina Machado ni forman parte de la ola reaccionaria y ultra que el Nobel Institute acaba de validar con su premio. Pero igual lo merecen más porque sí creen en la paz. No es que el Nobel de la Paz tenga mucho prestigio desde que se convirtió en una herramienta de los poderosos reaccionarios al mismo nivel que el Premio Sájarov, pero podrían haber disimulado en vez de hacer política de la peor condición dándole el galardón a quien quiere el poder aunque sea a costa de la sangre de sus compatriotas. En la misma semana en la que llaman paz a un plan colonial en Gaza le otorgan el premio a una golpista declarada con ganas de violencia, sangre y represión. No les escondo que me genera ansiedad este mundo en el que ha perdido significado simbólico hasta la palabra paz. 

No es la primera vez que se filtra que el Gobierno israelí mantiene contactos con países africanos para que acojan a palestinos de Gaza, donde Israel ha matado a más de 61.000 palestinos y ha desplazado a casi todos los 2 millones de habitantes de la Franja en los pasados 22 meses.

La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) asegura que Tel Aviv está hablando con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar a palestinos en este país de África oriental devastado por la guerra –que ha estallado varias veces desde 2011, cuando se independizó de Sudán–.

Seis personas conocedoras de las conversaciones han confirmaron a AP que estas han tenido lugar, pero no en qué punto se encuentran. El Ministerio de Exteriores sursudanés lo ha negado en un comunicado este miércoles, en el que afirma que esas informaciones “carecen de fundamento y no reflejan la postura ni la política oficial del Gobierno de la República de Sudán del Sur”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu y su Ejecutivo han planteado en varias ocasiones la posibilidad de expulsar a la población de Gaza y reasentarla en países árabes vecinos, como Egipto y Jordania, o incluso en países europeos que se han mostrado solidarios con los palestinos. Si bien Netanyahu y algunos de sus ministros se han referido a la “emigración voluntaria” de los gazatíes, desde la ONU y otros organismos han advertido de que su salida de la Franja representaría un desplazamiento forzoso.

“Creo que lo correcto, incluso según las leyes de la guerra que conozco, es permitir que la población se marche y luego atacar con todas las fuerzas al enemigo que permanece allí”, declaró Netanyahu el martes en una entrevista con la cadena de televisión israelí i24. El jefe del Gobierno israelí no nombró Sudán del Sur.

El fundador de una compañía estadounidense de presión que trabaja con Sudán del Sur, Joe Szlavik, dijo a AP que ha sido informado por funcionarios sursudaneses sobre las conversaciones. Según él, una delegación israelí planea visitar el país para estudiar la posibilidad de establecer campamentos para palestinos, pero aún no se ha fijado una fecha para la visita. Szlavik afirmó que Israel probablemente financiaría campamentos improvisados.

Szlavik, quien fue contratado por Sudán del Sur para mejorar sus relaciones con Estados Unidos, dijo que Washington está al tanto de las conversaciones con Israel pero no está directamente involucrado.

Por otra parte, Edmund Yakani, que encabeza un grupo de la sociedad civil en Sudán del Sur, afirmó haber hablado también con funcionarios sursudaneses sobre las conversaciones. Yakani denunció que “Sudán del Sur no debería convertirse en un vertedero de personas” y “no debería aceptar que las personas sean moneda de cambio para mejorar las relaciones” con Estados Unidos o con Israel, y obtener ayuda financiera o que Washington levante las sanciones impuestas a algunos dirigentes del país africano.

Otros cuatro funcionarios con conocimiento de las conversaciones confirmaron a AP que se estaban llevando, pero no están autorizados a hablar públicamente sobre ellas. Dos de esos funcionarios son egipcios y declararon a la agencia que conocen desde hace meses los intentos de Israel por encontrar un país que acepte a los palestinos, incluido Sudán del Sur. Según ellos, desde Egipto han estado presionando a Sudán del Sur para que rechace acoger a los gazatíes.

Haití, Sudáfrica y Sudán del Sur son los países que más han acusado la sorpresiva decisión de Donald Trump en enero de poner fin a los programas de asistencia exterior financiados por Washington, según explica el recién publicado informe de Amnistía Internacional 'Vidas en riesgo: los recortes caóticos y abruptos de la ayuda exterior de Estados Unidos ponen en peligro millones de vidas'. El estudio analiza las consecuencias globales de la orden ejecutiva del líder estadounidense, que afecta a millones de personas en 177 países.

El trabajo señala los efectos de la suspensión de programas gestionados por USAID (5.200, según las cuentas de la ONG) y el Departamento de Estado (4.100). Además, el despido de la plantilla de USAID ha dejado a la agencia con solo unos 15 empleados, lo que imposibilita que, a pesar de las exenciones anunciadas posteriormente por el Gobierno estadounidense para algunas iniciativas, no quede personal para seguir desarrollando las actividades.

Entre los sectores más afectados destacan el de la salud; en especial en programas relacionados con el VIH/SIDA, atención materna y acceso a medicamentos, los derechos humanos en la protección a personas refugiadas, periodistas y activistas, la educación, la inclusión y los programas laborales, sobre todo contra el trabajo infantil y la explotación. Se estima que millones de personas en al menos 12 países se han visto privadas de servicios esenciales como alimentos, salud, albergue, protección legal y acceso a la educación.

A pesar de que diversas organizaciones interpusieron demandas contra la administración Trump y los tribunales federales estadounidenses ordenaron en febrero y marzo de 2025 la liberación de 2.000 millones de dólares en fondos congelados, el gobierno ha ignorado las órdenes judiciales y continúa paralizando cientos de proyectos.

El sistema de salud de Haití, al borde del colapso

Haití es el país que sufre el impacto más crítico tras la suspensión de la ayuda estadounidense, especialmente como consecuencia de su dependencia extrema del financiamiento internacional en temas de salud, según el estudio. El 97% de los tratamientos contra el VIH en el país antillano depende de la ayuda extranjera, de la cual el 62% provenía directamente de Estados Unidos. Al riesgo de colapso del sistema de salud, con un aumento de las infecciones no tratadas y muertes evitables, se suma el cierre de más de 128 centros de tratamiento de VIH y la interrupción de programas de salud materna y atención a supervivientes de violencia sexual. Todo ello enmarcado en un contexto crítico en el país, en el que la violencia de las pandillas va en aumento y la inestabilidad política y la emergencia humanitaria son crónicas.

Sudáfrica es otro de los países más perjudicados por el fin de la ayuda estadounidense. En un país donde el 17% de las personas de entre 15 y 49 años viven con VIH —la tasa más alta del mundo— el programa de Estados Unidos para el alivio del SIDA representaba el 18% del presupuesto nacional sudafricano para mitigar los efectos del virus y el síndrome derivado. El recorte podría provocar más de 600.000 muertes relacionadas con la enfermedad y más de 500.000 nuevas infecciones en solo una década, según el informe.

Además, se prevé el cierre de clínicas para poblaciones clave, como trabajadoras sexuales, personas trans y consumidores de drogas, así como la suspensión de medios de prevención como los medicamentos para la profilaxis previa a la exposición al virus, claves para evitar la transmisión del virus.

Sudán del Sur, que ya afrentaba una de las crisis humanitarias más graves del mundo, también empeora sensiblemente su situación tras los recortes estadounidenses. El joven país tienen más de siete millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa y un sistema de salud extremadamente frágil, que depende en gran medida de la asistencia internacional para limitar sus carencias.

La retirada abrupta de fondos ha obligado a cerrar clínicas esenciales, refugios para mujeres víctimas de violencia y centros de atención nutricional para niños. Todo ellos eran servicios vitales para cientos de miles de personas desplazadas por años de conflicto interno y pobreza extrema. A las dinámicas internas se suma la intensificación del conflicto civil armado que estalló en el vecino del norte, Sudán, y que, según datos de Naciones Unidas, ya ha causado la movilización de 640.000 refugiados.

Refugio, migración y protección de la niñez

Entre el resto de los países afectados que menciona el informe de Amnistía Internacional destacan, en América Latina, Guatemala, donde se han cancelado los fondos para programas de apoyo a niñas supervivientes de violencia sexual; Costa Rica, donde se ha reducido en un 77% la capacidad para registrar nuevas solicitudes de asilo; y México, donde ya han cerrado las oficinas de ACNUR y de otras ONG como Asylum Access, esenciales para la protección de las personas migrantes.

Por otro lado, en la región de Oriente Medio, el campamento de Al-Halol en Siria, que alberga a 360.000 personas (en su mayoría, niños) ha perdido servicios esenciales, como clínicas y ambulancias. Y en Yemen se teme un aumento de los matrimonios infantiles, la trata y el trabajo forzado a raíz de la suspensión del apoyo psicológico y legal de las personas refugiadas. En el caso de Afganistán, la pérdida de empleos en ONG, especialmente entre mujeres, ha limitado el acceso a servicios humanitarios.

Por último, en el sudeste asiático, Myanmar y Tailandia son los más perjudicados por los recortes estadounidenses. Desde el golpe militar de febrero de 2021, Myanmar atraviesa una crisis política y humanitaria, agravada por el fuerte terremoto de marzo, que ha provocado el aumento drástico del desplazamiento forzado hacia su frontera con Tailandia. Actualmente, en la frontera entre ambos países se encuentran múltiples campos de refugiados que, tras la suspensión de los fondos, han tenido que echar el cierre a clínicas y hospitales. Esto ya ha provocado muertes por falta de oxígeno, atención médica básica y suministros elementales, como antibióticos y alimentos terapéuticos para menores desnutridos.

Es primera hora de la mañana en Kajo Keji, la pequeña ciudad en Ecuatoria Central (Sudán del Sur) donde se encuentra el hospital en el que trabajo como supervisora de matronas. Lo que solía ser un mercado muy concurrido se abre lentamente. Unas pocas personas montan sus puestos, mientras pequeños grupos de niños uniformados caminan hacia la escuela. Desde la carretera principal aún se pueden ver las cicatrices de la guerra civil: edificios destruidos, casas abandonadas, impactos de bala.

Entre 2016 y 2018, la región se vio gravemente afectada por la violencia. La mayoría de la población se vio obligada a abandonar su hogar y buscar seguridad en Uganda. Algunas personas se quedaron atrás.

James Mirye, líder de la aldea de Kangai, en el condado de Kajo Keji, fue uno de ellos. Hablando con compañeros de Médicos Sin Fronteras nos cuenta que esta es la tercera guerra que ha vivido, por lo que pensó que también sobreviviría a esta. “No quería dejar mi casa, no podía abandonar mi comunidad”, recordaba. Sin embargo, en esta ocasión la población no podía acceder a la sanidad y se enfrentaba a asesinatos ilegales, saqueos y robos. “Cuando te acostabas por la noche, no sabías si te ibas a despertar al día siguiente”, relata.

Para las personas que huyeron a Uganda, las condiciones de vida en los campos eran pésimas y los refugiados se enfrentaban a muchos problemas: falta de refugio, escasez de alimentos, agua y leña y una atención sanitaria muy precaria. Algunos regresaron a Sudán del Sur poco después de llegar, prefiriendo enfrentarse a la inseguridad que a la vida en los campamentos. “Hoy, cuando necesitas atención médica en los campos, vas a un centro de salud y te derivan a una clínica privada. Pero la clínica no es gratuita. Sin dinero, no puedes sobrevivir”, nos cuenta.

Seis años después del acuerdo de paz, vemos que las familias aún no están preparadas para asentarse por completo en su tierra natal. La inestabilidad, la grave inflación económica y las próximas elecciones nacionales —previstas para diciembre de 2024— añaden miedo e incertidumbre entre las comunidades.

Volver embarazada

En esta región asolada por las crisis, desde Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Ministerio de Salud reanudamos el año pasado los servicios de atención secundaria en el hospital civil de Kajo Keji. Aquí prestamos atención en maternidad, pediatría, neonatos, urgencias, unidad de cuidados intensivos, cirugía y medicina interna, animando a la gente a volver en busca de atención sanitaria segura y gratuita.

Todos los días veo llegar a mujeres embarazadas al hospital tras días de angustia, ya sea porque el parto ha comenzado o por complicaciones que ponen en grave riesgo sus vidas y las de sus bebés. La mayoría de las mujeres siguen viviendo en los campos de refugiados, pero vienen hasta Kajo Keji porque han oído que tenemos este hospital.

Fue el caso de Jane Kiden, una paciente que había huido a Uganda y decidió volver cuando estaba embarazada. Dio a luz el año pasado en el hospital. Nos contó que, tanto durante la guerra como a posteriori, el mayor reto fue la atención sanitaria. “No había nadie. Para nosotras, las mujeres, era un gran problema y había muchas muertes maternas por complicaciones y fuertes hemorragias. La única opción era cruzar de nuevo a Uganda, pero durante la COVID-19, era imposible”, me contó.

La maternidad del hospital estará totalmente rehabilitada en junio de 2024 y tendrá una capacidad de 12 camas para madres y cuatro más en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. De febrero de 2023 a 2024, nuestros equipos prestaron cuidados vitales a 272 madres y 281 bebés. Sin embargo, las necesidades de la comunidad son enormes y siguen sin estar lo suficientemente atendidas.

Solíamos tener otras organizaciones que apoyaban los Centros de Atención Primaria en el condado. Las matronas recibían a las mujeres embarazadas y podían identificar la necesidad de atención médica especializada. Podían llamar a una ambulancia y enviarnos a las pacientes. Ahora, las embarazadas dependen totalmente de sí mismas, de sus familiares o de su comunidad para llegar a nuestro centro.

Otro problema grave son los problemas de salud mental derivados del conflicto. En Kajo Keji, las mujeres sufren estrés, ansiedad y depresión, entre otras dificultades. Tom Friday, supervisor de salud mental de MSF, me contaba que las mujeres han sufrido muchos abusos. “Huir de Sudán del Sur y vivir en campos de refugiados las hizo muy vulnerables. Hoy deben lidiar con el trauma del conflicto, la violencia que vieron o soportaron y la lucha de haberlo perdido todo, y ahora tener que reconstruir sus vidas”, me describió.

Con la proximidad de las elecciones nacionales y la retirada progresiva de las organizaciones asociadas, sigue habiendo mucha incertidumbre para las personas que se plantean volver a establecerse en Kajo Keji. Aunque la situación ha mejorado ligeramente en los últimos años, las comunidades siguen enfrentándose a muchos retos, como el acceso a los alimentos, la educación y una atención sanitaria sostenible y de calidad.  

Después de un viaje largo y peligroso, en el que sufren robos y violencia, quienes huyen del conflicto de Sudán llegan exhaustos, traumatizados y hambrientos a los países limítrofes. Allí se encuentran con la falta de alimentos, alojamientos dignos y asistencia básica. Más del 60% de ellos han llegado al paupérrimo Chad (al oeste de Sudán) y a Sudán del Sur, Estados que ya sufrían sus propias crisis humanitarias y no pueden hacer frente a las necesidades del creciente número de refugiados, que ya superan el millón después de casi cinco meses de guerra.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 245.000 personas han llegado a Sudán del Sur y el 91% de ellas son originarias de este país, del que se habían marchado por la guerra que empezó en 2013. Sin embargo, desde la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) apuntan que no se sabe cuántos han podido entrar sin registrarse.

“La mayor parte son personas refugiadas, que estaban en Sudán por la guerra de 2013 y ahora se encuentran de nuevo en una situación de guerra y tienen que volver a su país, un país que está en una situación complicada”, donde faltan incluso alimentos, explica a elDiario.es Luz Linares, coordinadora de MSF en Sudán del Sur.

Huir de la guerra dos veces

“La gente está llegando desnutrida, cansada, traumatizada, por la situación que han vivido en (la capital sudanesa) Jartum y por la que están viviendo en el trayecto”, que en ocasiones recorren a pie, sin apenas agua potable ni comida, y durante el que sufren asaltos, robos y las mujeres son violadas, detalla Linares.

Por ello, cuando cruzan la frontera de Sudán con Sudán del Sur y llegan al estado de Alto Nilo, donde operan los equipos de la ONG, están “en condiciones lamentables los adultos pero, sobre todo, los niños”. “No sabemos cuántos niños están muriendo por el camino”, lamenta Linares.

Durante el viaje, los pequeños están más expuestos a las enfermedades, como el sarampión, del que hay una epidemia en estos momentos –a la que MSF está respondiendo con una campaña de vacunación–, además de la malaria, el cólera y otras enfermedades que pueden proliferar en la temporada de lluvias que ya ha empezado.

“Estamos viendo mucha malnutrición en los niños”, que llegan después de semanas de viaje en condiciones muy duras, según la coordinadora de MSF. En menos de cinco meses, la ONG ha atendido a 475 niños “malnutridos severos con complicaciones” en el hospital pediátrico de Malakal, donde antes del conflicto solían recibir a un máximo de 35 niños cada mes.

“La mayor parte de los casos graves son niños”, detalla en una conversación desde la capital, Yuba. MSF también apoya el hospital de adultos de Malakal y el pediátrico de Renk. Tras cruzar la frontera, los retornados llegan primero a esa localidad, donde hay un centro de tránsito para refugiados, y alcanzan Malakal sólo después de navegar entre 48 y 72 horas en embarcaciones precarias por un río: “Cogen los barcos desde Renk hasta Malakal adultos y niños enfermos, que no deberían viajar durante dos o tres días”, dice Linares.

Desde Malakal, algunos siguen su viaje hasta sus lugares de origen, a pesar de que no están en condiciones para hacerlo. “La gente quiere marcharse lo antes posible y muchos no quieren ni venir al hospital o (…) algunos padres se han llevado a niños en estado crítico del hospital” para poder continuar el viaje sin demoras.

Linares detalla que las autoridades locales han establecido centros de tránsito porque desean que regresen a sus lugares de origen, pero muchos han nacido o llevan años afincados en Sudán, o no tienen adónde volver después de un largo conflicto étnico en Sudán del Sur, que arrasó con pueblos enteros y provocó el desplazamiento de millones de personas.

Además del desarraigo, cambiar de país supone otros riesgos: “En Sudán, sobre todo Jartum, no hay malaria y la gente no tiene anticuerpos (frente a esta enfermedad que transmiten los mosquitos); llegan a Sudán del Sur, donde la malaria es endémica y hay muchos casos de malaria, la mortalidad es elevada, especialmente entre los niños”, explica Linares.

¿Volver a casa?

Antes del estallido de la violencia en Jartum, cerca de 800.000 personas originarias de Sudán del Sur vivían en el vecino Sudán. Ese es su hogar y muchos desean regresar, en cuanto las circunstancias lo permitan, y por ese motivo permanecen en el estado de Alto Nilo, que ya antes de la crisis acogía a desplazados internos.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de dos millones de personas permanecen desplazadas en Sudán del Sur después de la guerra que se cerró en falso con un acuerdo de paz, firmado en 2018 pero no implementado en su totalidad.

La encargada de relaciones exteriores de ACNUR en Sudán del Sur, Charlotte Hallqvist, explica a elDiario.es que los sursudaneses refugiados por la guerra civil que regresan se encuentran con “comunidades muy frágiles a causa del conflicto, del cambio climático, de la inseguridad alimentaria; comunidades que ya estaban en apuros antes” del estallido de la violencia al otro lado de la frontera.

Además, destaca que se encuentran con una situación muy difícil al llegar y, si logran volver a sus lugares de origen, con una vida muy diferente: “Han estado en Sudán unos diez años, han hecho su vida allí, construido su casa, empezado a estudiar en la universidad... Tenían muchas esperanzas y ahora vuelven a un país que, aunque sea su país de origen, está en una grave crisis humanitaria”.

El 75% de la población sursudanesa necesitaba ayuda humanitaria antes de la llegada de los refugiados y retornados, y faltaban fondos para dar respuesta a esas necesidades, dice Hallqvist. “No tenemos los recursos para ofrecer una respuesta adecuada en estos momentos. Por supuesto, hacemos lo que podemos pero es necesario mucho más”, lamenta, destacando que es “muy costoso y complicado” ofrecer asistencia en las zonas fronterizas remotas y poco accesibles ya que “el transporte por carreteras es muy difícil y los suministros tienen que ser traídos en avión”.

Esta semana, la agencia de la ONU junto a otras 64 organizaciones humanitarias y locales han solicitado 1.000 millones de dólares (más de 930 millones de euros) para poder ofrecer asistencia básica a las personas que han llegado y está previsto que lleguen a los cinco países vecinos de Sudán, que serán más de 1,8 millones a finales de año. Esa cifra duplica la estimada inicialmente en mayo para responder a la crisis, ya que los desplazamientos y las necesidades siguen aumentando, mientras no se divisa el final del conflicto en Sudán.

A la espera de más refugiados

El vecino Chad ha recibido unos 465.000 refugiados, más del 42% de todos los que han huido de Sudán –según datos de las agencias de la ONU–, pero a diferencia de Sudán del Sur son en su mayoría sudaneses (cerca del 87%) que han abandonado la región de Darfur, uno de los focos de la violencia, donde los civiles están sufriendo todo tipo de abusos, tal y como han denunciado la ONU y organizaciones independientes.

Claire Nicolet, responsable de programas de emergencia de MSF, cuenta a elDiario.es que los sudaneses que llegan a Chad relatan la violencia que han experimentado en las ciudades en las que vivían, en particular en Geneina, la principal de Darfur Occidental, donde la ONU verificó el pasado julio el hallazgo de al menos una fosa común, así como la violencia en el camino hasta la frontera.

“Las historias que escuchamos de nuestros pacientes y los refugiados son de mucha violencia, también violencia sexual, robos en la carretera, etc.”. Por ello, muchos llegan con lo puesto, después de haber abandonado sus pertenencias en medio de la huida o se las hayan robado en el trayecto, o las hayan tenido que dejar en los puestos de control a modo de pago para seguir su viaje, detalla Nicolet.

La responsable de MSF, que acaba de regresar de Chad, explica que ahora mismo no están tratando a muchos pacientes con heridas de bala u otras causadas por el conflicto armado. Cree que se debe a que no están pudiendo escapar, en concreto de la ciudad de Nyala, donde se han intensificado los combates y ataques contra civiles: “La violencia continúa en Darfur, pero no estamos recibiendo heridos, significa que nadie está tratando” a estas personas en Sudán, donde el ya endeble sistema sanitario ha colapsado durante la actual crisis.

Nicolet prevé que “una nueva ola de refugiados llegará desde Nyala, cuando las condiciones permitan a la gente salir” de esa ciudad y, en general, los refugiados seguirán llegando a Chad, donde no hay campamentos ni la infraestructura necesaria para acogerlos. “Hay cientos de miles de personas cerca de la frontera que todavía no han sido recolocadas en campamentos de refugiados”, lamenta la representante de MSF.

“Necesitan un alojamiento adecuado (...) pero la mayor necesidad es la comida: la distribución de alimentos no es suficiente ni regular”, alerta, y agrega: “Ya estamos viendo niveles altos de malnutrición en adultos y en niños, los más afectados son los de entre 6 meses y 2 años, hay muchos que sufren malnutrición aguda. Estamos intentando atender a estos niños, en concreto”.

MSF ofrece apoyo al hospital público de la localidad de Adré, adonde ha llegado la mayor parte de los refugiados. Según Nicolet, el 85% son mujeres y menores, por lo que representan la mayoría de los pacientes: “Estamos recibiendo muchos casos de pediatría y maternidad: (casos de) malnutrición sobre todo, también malaria porque estamos en la época (de lluvias), y cada vez más mujeres embarazadas”. 

En estos momentos, más de 130 niños están hospitalizados en Adré por complicaciones médicas potencialmente mortales relacionadas con la malaria y la desnutrición, según MSF, que también ofrece asistencia médica y psicológica en los campamentos y distribuye agua potable.

Nicolet se muestra preocupada no sólo por la salud de los más pequeños sino también por su futuro a medio y largo plazo: “Estos niños necesitan ir al colegio. Desafortunadamente no hay educación en los campamentos, en todos los que visité no vi ninguna escuela ni nada similar, ni se están preparando” esos servicios con el comienzo del curso escolar.

Considera que habrá que hacer frente también a esta necesidad, porque los refugiados permanecerán en Chad: “Algunos van a intentar regresar (a Sudán) pero debido a la inseguridad allí no parece que vayan a poder volver pronto. Los hombres sí han intentado volver, para traer algunas cosas (de sus casas), pero la mayoría de estos refugiados van a tener que quedarse en los campamentos”, que están siendo levantados a medida que llegan más y más personas.

Misiones diplomáticas de varios países, entre ellos España, ciudadanos de diferentes nacionalidades y trabajadores humanitarios, han empezado a abandonar Sudán, después de dos semanas de combates y ante la creciente dificultad de obtener agua, comida y otros suministros básicos, y ante las escasas perspectivas de un cese de hostilidades duradero y total. Mientras las evacuaciones de nacionales de los Estados miembros han aumentado en las últimas horas, superando los mil ciudadanos europeos, los sudaneses que no disponen de un visado ni de medios para salir del país también han empezado a huir de las zonas más afectadas y ante el miedo de que la situación se recrudezca.

El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, ha asegurado este lunes que los equipos de la agencia de la ONU han empezado a ofrecer asistencia a aquellos que llegan desde Sudán a los países vecinos, especialmente a Chad: “Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios y los gobiernos de acogida para prepararnos a recibir más refugiados, mientras los combates en Sudán continúan desplazando a los civiles”. El Alto Comisionado alerta de que el conflicto podría causar al menos unos 145.000 refugiados en los vecinos países de Chad y Sudán del Sur.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha recordado que Sudán es uno de los Estados africanos que acoge a más personas que han huido de sus países en este continente, como refugiados sursudaneses, eritreos o somalíes. También acoge a desplazados internos en Darfur y Kordofan. Esas dos amplias regiones del este y el sur han sido en las pasadas décadas escenario de conflictos armados y la mecha de la violencia ha vuelto a prender rápidamente en esta ocasión, provocando nuevos desplazamientos entre provincias, al igual que ha ocurrido desde la capital hacia zonas rurales al sur de Jartum, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

La Organización Internacional de las Migraciones ha contabilizado el regreso de más de 230 sursudaneses (hasta el 22 de abril), además de observar “movimientos transfronterizos” desde Sudán a Chad (oeste) y Egipto (norte). Sin embargo, fuentes sursudanesas citadas por la agencia Reuters apuntan a que más de 10.000 personas han llegado a la región fronteriza de Renk (ubicada en Sudán del Sur), originarios de Sudán del Sur, Sudán, Eritrea o Somalia.

Ayuda ciudadana

Empleados de las distintas agencias de la ONU, extranjeros y sudaneses, han abandonado Sudán y el organismo internacional no ha logrado introducir ayuda humanitaria al país, por ahora. Pocas organizaciones humanitarias permanecen sobre el terreno y las que están han suspendido o limitado sus operaciones debido a la peligrosidad, por lo que muchos sudaneses solo se tienen los unos a los otros.

Los ciudadanos están recurriendo a las redes sociales y a la solidaridad entre familiares, vecinos y amigos para sobrevivir en medio de los combates y la carestía, informando de dónde conseguir comida y qué camino es más seguro para salir de los barrios que se encuentran en el fuego cruzado. Los llamados “comités de resistencia”, asociaciones de base que nacieron en los barrios y tuvieron un papel importante en la revuelta contra el dictador Omar Al Bashir en 2019, están organizando y canalizando la información útil para los ciudadanos. Ellos mismos no tienen medios económicos ni logísticos para ofrecer suministros o evacuar a los civiles, pero avisan de los hospitales que permanecen operativos y de las posibilidades para huir, cuando las hay.

Piden solidaridad a Egipto

Egipto ha traído de vuelta a 900 nacionales a través de la frontera terrestre, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Exteriores el lunes por la noche, cuando también confirmó la muerte de un miembro de la legación diplomática, que había permanecido en Jartum para coordinar las evacuaciones de los egipcios – al menos 10.000 se encuentran en el país vecino, incluidos 5.000 estudiantes.

El Gobierno ha asegurado que la frontera con Sudán está abierta para aquellos que quieran cruzar, pero no ha ofrecido cifras y la oficina de ACNUR en El Cairo tampoco dispone de un número exacto. La portavoz de ACNUR en Egipto, Christine Beshay, explica a elDiario.es que el paso fronterizo entre ambos países suele estar transitado y que la agencia está intentando diferenciar a aquellos que huyen de la violencia en Sudán o cruzan por otros motivos. “Estamos hablando con la comunidad sudanesa en Egipto para verificar e identificar sus necesidades y apoyarla, y con el Gobierno egipcio para gestionar los flujos de los solicitantes de asilo”, detalla. Además, ACNUR está en contacto con otras agencias humanitarias y con líderes de la comunidad de refugiados para planear y coordinar la asistencia que se requiera. Beshay agrega que “ACNUR siempre urge a los países vecinos que mantengan abiertas las fronteras para las personas que necesitan protección internacional”.

También algunos activistas han pedido a las autoridades que permitan la entrada de los sudaneses sin visado (obligatorio para los varones de entre 16 y 49 años) y que se les den facilidades a los que huyen, tal y como lo ha hecho a través de Twitter el destacado y perseguido defensor de los Derechos Humanos Gamal Eid. En redes sociales pueden leerse mensajes de sudaneses que buscan desesperadamente salir de su país y huir hacia uno de los destinos más accesibles, Egipto, y de egipcios que tratan de ayudarles a organizar el viaje.

“Los pasos que siguen los sudaneses para entrar a Egipto comienza con llegar a uno de los cruces terrestres entre Egipto y Sudán. Las personas se reúnen y reservan autobuses que les permitan cruzar, el coste oscila entre 80.000 y 120.000 libras sudanesas (entre 135 y 200 dólares)”, indicó a la Agencia EFE el director ejecutivo de la organización Refugees Platform in Egypt, Nour Khalil. “Oficialmente, hasta el momento las autoridades egipcias no han anunciado ninguna información sobre quiénes pueden entrar sin visado, quiénes no pueden y cómo obtener ese documento; ni se ha anunciado o aclarado las medidas para solicitar asilo en los pasos fronterizos, ni cuáles son los procedimientos”, añadió. El Cairo tiene una política de puertas abiertas con los árabes -por ejemplo, los sirios y yemeníes que huyeron de la guerra en sus países-, pero no les concede el estatus de refugiados ni existe ningún campamento o centros de acogida para ellos en Egipto.

Dificultades

La directora de África del Este de la ONG Manos Unidas, Goril Meisingset, explica a elDiario.es que los socios con los que colaboran en Sudán son locales y en su mayoría religiosos cristianos, por lo que están en una situación más compleja si cabe. Habitualmente, prestan asistencia a los refugiados sursudaneses en Sudán, una minoría vulnerable por su estatus y su confesión. Algunos de esos refugiados han empezado a volver al país de donde huyeron debido a la miseria y la guerra: “La población tiene que estar en una situación tremenda para querer regresar a Sudán del Sur y creer que van a estar mejor allí”, dice Meisingset.

Cuando estalló la violencia en Jartum el sábado 15, Manos Unidas recibió un email de uno de sus colaboradores sobre el terreno pero desde entonces no han podido volver a establecer contacto. Sus socios locales no son muchos y operan en la capital, donde se han concentrado los combates entre los dos bandos, y la directora cree que esos trabajadores ahora mismo “no pueden hacer nada” por ayudar a los más que lo necesitan. Meisingset detalla que, antes de la crisis, desarrollaban proyectos en el sector educativo, como dotar de ordenadores o suministrar agua corriente a escuelas. De momento, considera que “es pronto y es complicado, hay que esperar” para poder realizar cualquier actuación.

Las evacuaciones

El Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que llevan enfrentándose en la capital y otros puntos del país desde el 15 de abril, acordaron el pasado fin de semana un alto el fuego temporal para la fiesta musulmana del Eid Al Fitr, que marca el final del mes sagrado de Ramadán. La violencia no cesó por completo pero este paréntesis fue aprovechado para dar comienzo a las evacuaciones

España ha sido uno de los países que han logrado sacar a sus diplomáticos y ciudadanos por aire, en un avión del Ejército, que hizo escala en Yibuti. El embajador español, Isidro González, ha confirmado este lunes a través de su cuenta personal de Twitter que lograron salir de Jartum gracias a un “impecable dispositivo” organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con el de Defensa

También el Gobierno italiano ha anunciado la evacuación del personal diplomático y “los ciudadanos que han querido abandonar el país” en un avión militar a través de Yibuti, según el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

Solo quedan voluntarios de la ONG Emergency y misioneros religiosos. Esa organización ha informado de que 47 trabajadores extranjeros, incluidos 33 italianos, han decidido permanecer en Sudán para seguir prestando asistencia médica en tres localidades del país. En el centro de cardiocirugía de Jartum “cada uno ha decidido de forma individual si abandonar el hospital según sus valoraciones sobre las condiciones de seguridad precarias en la capital y las necesidades de los pacientes”, explica en un comunicado.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha declarado este lunes ante la prensa, visiblemente cansado pero aliviado, que más de 1.000 europeos, entre personal de la misión diplomática de la UE en Sudán y ciudadanos comunitarios, han sido evacuados en una “compleja operación” con el apoyo de Francia y la colaboración de otros países.

Un centenar de diplomáticos estadounidenses también han abandonado Jartum, a través de Yibuti, país que no comparte frontera con Sudán pero se encuentra a una distancia que pueden recorrer los aparatos militares y alberga una base occidental en este punto estratégico del Mar Rojo - asomado al golfo de Adén, entre África y la península arábiga. Según el Departamento de Defensa, permanecen en Sudán ciudadanos estadounidenses, cuyo número no ha detallado.

Arabia Saudí fue el primer Gobierno que realizó una evacuación exitosa de sus ciudadanos residentes en Sudán, junto a nacionales de más de doce países del Golfo Pérsico y Asia, a través de Puerto Sudán, en la costa del Mar Rojo, frente a la ciudad saudí de Yedda. En el puerto saudí desembarcaron más de 150 personas el pasado sábado, 99 de ellos nacionales, según el canal de televisión oficial del Reino. Aunque Puerto Sudán se encuentra a más de 800 kilómetros de distancia de la capital (noreste) y el viaje por carretera no es seguro, otros países han realizado y planean operaciones de evacuación por mar, mientras el aeropuerto de Jartum permanece cerrado por los combates en sus cercanías. También algunos afortunados que pueden costearse el largo y peligroso viaje desde la capital han optado por la vía marítima.

Las Naciones Unidas reubicaron temporalmente a su personal de contratación internacional de Jartum a Puerto Sudán, “para su posterior evacuación a los países vecinos donde trabajarán en remoto, como medida para reducir los riesgos para la seguridad de su personal mientras continúan brindando asistencia al pueblo de Sudán”, según ha anunciado la Misión de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán en un comunicado. Cerca de 700 funcionarios de la ONU, ONG internacionales (ONG internacionales) y embajadas y sus dependientes han llegado a Port Sudan por carretera. Un pequeño número de trabajadores extranjeros, incluido el Representante Especial del Secretario General Volker Perthes, permanecerá en Sudán con el objetivo de trabajar !para resolver la crisis actual y regresar a las tareas encomendadas por la ONU“.

Seis periodistas han sido detenidos por las autoridades de Sudán del Sur tras emitir un vídeo en el que se ve al presidente del país, Salva Kiir, orinándose en los pantalones durante un acto público. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), informa Reuters, ha denunciado que los profesionales fueron detenidos por el servicio de seguridad del país como sospechosos de difundir el vídeo sin autorización. 

En la grabación se puede observar al presidente, de pie, escuchando el himno nacional sin darse cuenta de que se está orinando en los pantalones. Cuando los asistentes del presidente se percatan de lo que ocurre, la cámara enfoca en otra dirección. El vídeo ha circulado desde entonces en las redes sociales desatando un debate sobre el estado de salud del mandatario, de 71 años.

El representante de CPJ en la región ha asegurado que la detención de los seis periodistas “coincide con un patrón en el que personal de seguridad recurren a arrestos aleatorios en cuanto las autoridades consideran que la información no les ha sido favorable”. El organismo afirma que los seis detenidos son operadores de cámara y técnicos de la televisión estatal SSBC. 

El Sindicato de Periodistas de Sudán del Sur había negado inicialmente que los periodistas de SSBC hubieran sido detenidos por la grabación y difusión del vídeo pero posteriormente ha pedido que la investigación al respecto termine “rápidamente”. “Si realmente existe un caso de mala conducta profesional o de ofensa, entonces dejen que las autoridades abran un proceso administrativo o legal para resolverlo de manera justa”, asegura la organización en un comunicado. 

Kiir lidera Sudán del Sur desde 2011, cuando el país obtuvo su independencia en 2011, y no ha convocado elecciones desde entonces, aunque se espera que se celebren comicios el año que viene. Su presidencia ha estado marcada por la guerra, hambrunas y los efectos del cambio climático en la región. El enfrentamiento de las fuerzas gubernamentales con el Movimiento por la Liberación del Pueblo Sudanés ha disparado desde entonces los casos de corrupción, la violencia sexual contra las mujeres y los ataques y arrestos de opositores, con miles de fallecidos en el conflicto.

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En Mundo a Distancia recorremos el mundo junto a Revista 5W para mirar a los conflictos y las guerras que siguen, algunas de ellas ignoradas por los grandes focos mediáticos, lugares donde la población lleva años sufriendo las consecuencias.

Un camino que comenzamos con parada es Cisjordania, donde fue asesinada la semana pasada con un tiro en la cabeza, Shireen Abu Akleh, reportera de Al Jazeera que llevaba años informando sobre un conflicto enquistado y premeditadamente olvidado. Hablamos sobre lo que significa este asesinato y quién era ella con los periodista Olga Rodríguez y Mikel Ayestarán.

Seguimos hacia Ucrania, que 82 días sigue en guerra y nos vamos hasta Bucha, una ciudad que se ha convertido en símbolo de las atrocidades contra los civiles. Allí estuvieron los compañeros de Revista 5W, su directora, Maribel Izcue y Santi Palacios nos cuentan lo que vieron.

Y hablamos con Igor García Barbero, autor del ensayo “Las otras guerras que ignoramos”, que durante algo más de tres años ha tenido su base en Nairobi. Con el  periodista hacemos parada en Sudán del Sur, y nos cuenta por qué no nos llega información de conflictos como este y qué supone para la población que miremos para otro lado. 

Y hacemos con parada en América Latina con El Hilo Pódcast y  Silvia Viñas. Hablamos del aumento de los feminicidios en México y el uso del lenguaje para revictimizar a las mujeres agredidas.

Nos despedimos cono una nueva sección de Juntas Emprendemos en la que hablamos de la principal dificultad que tienen las mujeres a la hora de emprender: la exclusión financiera. Y conocemos el Fondo de Mujeres Calala, Coop57, Fonredess y los Premios Juana Millán, cuatro herramientas para romper con esa exclusión e impulsar el emprendimiento femenino transformador. Mira aquí el programa completo en video:

Este mismo año, justo antes de que el coronavirus cerrara virtualmente los viajes internacionales, estaba sentado bajo un mezquite escuchando el farragoso discurso de un general sursudanés en una base militar a las afueras de la capital, Yuba. Me encontraba en ese país desgastado por la guerra para investigar las violaciones del embargo de armasviolaciones del embargo de armas, que debería renovarse en el Consejo de Seguridad de la ONU este mes. El embargo tiene unos dos años y, aunque no ha resuelto todos los problemas, la violencia y los abusos contra los derechos humanos se han reducido significativamente en el país desde que se cortó el principal torrente de armas y munición.

Ese día había ido a ver al oficial al mando del polvoriento campamento improvisado de Gorom informar a un grupo de diplomáticos y observadores internacionales del alto el fuego sobre sus progresos en la formación de la recién establecida Fuerza de Protección de Autoridades sursudanesa. Sin embargo, en lugar de dar esa información, el general soltó una letanía de quejas: no hay suministros suficientes, ni siquiera camas en las que dormir. Y esto lo dijo sentado ante una muralla de cajas de cartón sin abrir, de tres metros de alto y quince de largo, repletas de colchonetas donadas por Japón. Además, su presentación tenía un tono de: “¿A quién creen ustedes, a mí o a sus ojos engañosos?”.

Sin embargo, yo no estaba allí para escuchar quejas logísticas. Había ido para averiguar si sus armas acababan de llegarles, lo que significaría una ruptura del embargo, y por eso, cuando el general dijo que tenía cuatro contenedores llenos de armas pequeñas que había recogido de sus soldados como parte del proceso de desarme, me sentí interesado. Había ido a 12 campamentos militares y de adiestramiento en Sudán del Sur, y este era el único con un arsenal nominalmente establecido. Era mi mejor oportunidad hasta el momento.

Pero cuando uno de los soldados del general me abrió los cuatro contenedores, no estaban llenos de armas: estaban llenos hasta arriba de sacos de arroz y sorgo, un tipo de grano. Estas unidades no se estaban desarmando. Estaban cubriéndose para un regreso a la guerra.

El general no se disculpó. “Estas son las fuerzas que impondrán la paz en Yuba”, dijo. “Estos soldados son la espina dorsal de esta paz.”. Dijo en voz alta lo que muchos temen: que incluso después de tanto derramamiento de sangre en la guerra civil de Sudán del Sur, cuando se les da la oportunidad en un entorno negociado, los generales seguirán buscando la paz en el extremo de un rifle.

El 23 de marzo, ante la creciente crisis de salud global, el secretario general de la ONU, António Guterres pidió un alto el fuego global. Basta decir que no se le hizo caso. Mientras el coronavirus se propaga por el mundo, Sudán del Sur no es el único lugar donde una pandemia va a correr desenfrenadamente por un Estado con un conflicto endémico. Oficialmente, en Sudán del Sur sólo hay unas pocas decenas de casos.

Lo mismo sucede en lugares como Siria, aunque, como hemos aprendido, la cifra depende principalmente de las pruebas realizadas. Mientras tanto, en Yemen el número de casos se está disparando, y en Somalia los sepultureros de la capital no dan abasto con el aumento de la demanda, y se desconoce el número de casos en el territorio controlado por Al Shabab. La suma del coronavirus con estos conflictos en curso incrementará aún más el sufrimiento humano, y aun así, en un momento en el que el mundo podría unirse para hacer un frente común contra la COVID-19, hay muchas guerras que siguen cobrándose su precio en civiles.

En los últimos meses, el gobierno sirio y las fuerzas aéreas rusas han seguido bombardeando escuelas y hospitales en torno a Idlib. En la guerra civil de Libia, potencias extranjeras, desde Turquía hasta Emiratos Árabes Unidos, han introducido mercenarios y material suficientes como para hacer que las bajas civiles, causadas por artillería y ataques aéreos, hayan aumentado desde el comienzo de 2020.

A través del Sahel, desde Malí hasta el norte de Nigeria y Camerún, y otros lugares de África, en puntos tan al sur como Mozambique, grupos armados que han jurado lealtad al grupo autodenominado Estado Islámico están quemando pueblos y decapitando a civiles. Y en el oeste de Myanmar, donde los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno obligaron a más de 700.000 rohinyás a huir a Bangladesh, el ejército y los rebeldes de Rajine continúan con su lucha; en abril, un chófer de la Organización Mundial de la Salud que transportaba muestras de coronavirus murió en el fuego cruzado.

Y la violencia prosigue también en Sudán del Sur, mientras un grupo rebelde marginal mantiene su lucha contra el gobierno y las largas rivalidades intercomunitarias alimentan secuestros y tiroteos. Mientras tanto, a las víctimas y supervivientes de atrocidades masivas cometidas durante el conflicto se les sigue negando la justicia.

Esta inestabilidad y esta impunidad se ven alimentadas por las constantes violaciones del embargo de armas impuesto por la ONU. Durante nuestra investigación, encontramos munición china recientemente fabricada en manos del temido Servicio de Seguridad Nacional. Descubrimos que los aparatos de la flota gubernamental de helicópteros de ataque Mi-24 fuertemente armados, averiados antes de establecerse el embargo, habían sido arreglados y podían volar, listos para ser utilizados de nuevo para atacar civiles igual que durante la guerra civil. Encontramos kalashnikovs de la Europa del Este, algunos fabricados incluso en la antigua Alemania Oriental, recién importados y en manos de fuerzas tanto gubernamentales como de la oposición.

La guerra civil de Sudán del Sur era decididamente de baja tecnología, y dio lugar a atrocidades espantosas, como por ejemplo agrupar a gente y ametrallarla en ejecuciones colectivas, muchas veces por motivos étnicos. Pero, aunque el embargo de armas no ha sido ninguna panacea, desde su adopción en julio de 2018 no ha habido ni una sola masacre documentada en gran escala de civiles, o desde luego no de la magnitud presenciada en los primeros días del conflicto. Sigue habiendo algunos enfrentamientos y violaciones de derechos humanos, pero nada comparado con lo que vimos antes del embargo en 2014, cuando en cada cargamento se enviaban decenas de miles de rondas de municiones.

La lucha contra la COVID-19 se ha descrito como una guerra. No creo que ese planteamiento sea exacto ni útil; apuesto a que la mayoría de quienes hemos experimentado la caótica violencia de los seres humanos matándose mutuamente estaría de acuerdo conmigo. La guerra destruye, pero la respuesta a una pandemia requiere lo contrario: un acto de construcción, la creación de una sociedad resiliente en la que nos cuidemos mutuamente. Y tenemos un enemigo inhumano común, ajeno a nosotros, contra el que movilizarnos: una grotesca bola viscosa cubierta de púas.

Por desgracia, en la ONU, las antiguas divisiones amenazan esta oportunidad de unificación. La brecha entre China y Estados Unidos ha paralizado una resolución sobre un alto el fuego humanitario de 90 días que permitiría que la ayuda médica para la COVID llegue a la población civil. Y la cuestión de los embargos de armas se enreda en los debates sobre la retirada de las sanciones en general.

Aunque ambas cuestiones las examina el mismo consejo, el embargo de armas no debe verse como algo punitivo. No es una sanción específica, es una herramienta necesaria para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes, y no podría malinterpretarse como el impedimento de la capacidad de un país de tratar la COVID-19. Nos enfrentamos a una ardua batalla para conseguir el embargo de armas a Sudán del Sur, pero aún hay cabida para la esperanza.

El Consejo de Seguridad de la ONU puede actuar con un propósito y con buena voluntad y ver la verdad evidente: las armas no vencen a una enfermedad.

Al inicio del brote de coronavirus, Sudán del Sur era un lugar que contaba con más helicópteros de ataque que respiradores. No tiene sentido levantar un embargo de armas en un país frágil con un legado de impunidad por crímenes de guerra y un desafío de salud pública en ciernes. El Consejo de Seguridad de la ONU debe votar a favor de renovar el embargo y dar al pueblo sursudanés el espacio y la oportunidad de construir una paz basada en la justicia y el respeto por los derechos humanos.

Este artículo fue publicado previamente en la agencia de noticias IPS.

En lo más oscuro de una noche de abril, un grupo levantado en armas contra el gobierno de Sudán del Sur, secuestró a Patricia y a su hermana, de 13 y 11 años, mientras dormían.

Las niñas fueron arrancadas de sus hogares durante un ataque del Movimiento de Liberación Nacional de Sudán del Sur contra su pueblo, en el distrito de Yambio, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo.

Durante su cautiverio obligaron a Patricia a transportar comida y cocinar para ellos. A veces, y aunque no se tratara de su actividad principal, también tuvo que espiar al ejército. También fue forzada a tener relaciones sexuales con algunos de sus captores.

“Cuando llegamos a la base, me asignaron como mujer de un combatiente. Él era mayor, tenía unos 40 años. Me negué y me golpearon”, cuenta Patricia, que ahora tiene 17 años, sentada bajo un árbol de mango en casa de sus padres. Su relato avanza. “Me resistí durante dos semanas. El hombre vino una noche y me agarró. Traté de pelear, me enfrenté a él. Pero era más fuerte que yo y pudo conmigo. Traté de hacer ruido, de llamar la atención, pero nadie vino a ayudarme”.

Su hermana permaneció sentada al lado, impotente, mientras violaban a Patricia. Después, las violaciones se repitieron casi a diario.

El 7 de febrero de 2018 terminó su tormento a manos de los rebeldes. La liberaron en Yambio, como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Juba, la capital de Sudán del Sur, y los rebeldes. Cuando regresó a casa, lo hizo embarazada de cuatro meses.

La cantidad de niños y niñas forzados a participar en conflictos a lo largo del planeta no cesa de aumentar. Según Child Soldiers International, desde 2012 han aumentado un 159%. Unos 30.000 menores de edad.

Como niña soldado, Patricia tenía derecho a recibir apoyo psicológico, físico y material de las agencias de protección de la infancia de Naciones Unidas. Pero más de año y medio después de su liberación, aún pelea por superar el trauma de lo sucedido y encontrar un trabajo que le permita sobrevivir junto a su hijo de un año.

“Sigo teniendo flashbacks”

flashbacks“Sigo teniendo flashbacks”, cuenta. “Hay veces que me siento muy mal. Muy frustrada. Me aíslo de los demás. Mi madre trata de ayudarme, me recomienda olvidar el pasado y seguir adelante. Es difícil. Necesito medicación para hacerlo”.

Se calcula que desde que comenzaron los combates en Sudán del Sur, en diciembre de 2013, más de 19.000 menores de edad han sido reclutados por fuerzas y grupos armados, según un informe publicado por UNICEF en Marzo.

Esos menores pueden verse obligados a combatir, cocinar, cargar, ejercer de enlaces o espiar. Las niñas sufren violencia sexual. Reclutar a personas menores de 15 años es un crimen de guerra, pero, a pesar de las campañas internacionales para terminar con la impunidad, se investigan pocos crímenes de guerra.

Desde febrero del año pasado 360 niñas y 610 niños han sido liberados en Yambo gracias al trabajo de la Comisión Nacional de Reintegración, Desmovilización, Desarme y Desmovilización (DDR por sus siglas en inglés) en alianza con las misiones de Naciones Unidas y UNICEF en Sudán del Sur. Más de 3.000 menores han sido liberados en el resto del país.

Cuando fue desmovilizada, Patricia, como otras niñas combatientes, recibió un paquete que incluye ropa, menaje de hogar, zapatos, alimentos para tres meses y diversos insumos básicos. Tuvo el apoyo de personal de Médicos Sin Fronteras y se le asignó un trabajador social. Se espera que con ese apoyo, junto al de su familia, Patricia pueda comenzar una nueva vida.

Vanessa Saraiva, asesora principal de World Vision para Sudán del Sur dice que “Patricia habla a veces con su madre sobre el pasado en lo que supone uno de los mejores círculos de apoyo psicosocial para el bienestar. Está respondiendo bien y mejora la relación con su hermana, una buena señal”.

Saraiva añade que “a medida que pase el tiempo, esas sesiones [de apoyo] dotarán a Patricia de los instrumentos para procesar lo sucedido, sanar y construir una resiliencia que le permita avanzar hacia la normalidad” y que “el apoyo de la comunidad también es crucial, sobre todo a la hora de ayudar a los niños a que se reintegren no sólo en las comunidades sino en sus propias familias”.

Al menos 752 niños que han sido soldados en Yambio han recibido apoyo psicosocial y tratamiento específico por parte de World Vision. Además, 200 han finalizado un proceso de formación profesional, 80 han recibido apoyo para abrir pequeños negocios y 60 han recibido recursos para desarrollar actividades agrícolas. World Vision trabaja para conseguir más dinero del Reino Unido para poder gastarlo en proteger a menores en situación de crisis.

Pero Luciano Damian Canchelara, responsable de un programa de salud mental de Médicos Sin Fronteras en Yambio dice que se necesita más. “Las organizaciones ofrecemos algunos servicios, pero hay casos en los que no es suficiente y los niños aún pasan por situaciones muy complicadas”.

Miedo a los estigmas sociales

Jean Lieby, responsable de protección infantil de Unicef en Sudán del Sur, indica que el miedo y los estigmas sociales impiden en ocasiones que las niñas y las mujeres reciban todo el apoyo que necesitan. “Las niñas reciben una atención especial y se las asesora en función de los resultados de esos exámenes. Se reconoce que hay problemas en ciertas zonas para identificar a las niñas que abandonan fuerzas y grupos armados. No quieren cargar con esa identificación”. Añade que “a menudo las niñas regresan solas a sus lugares de origen y no dan el paso de identificarse para poder recibir ayuda”.

Según las pautas de actuación de Naciones Unidas, las niñas desmovilizadas deberían recibir formación profesional “para todo tipo de trabajos, incluidos aquellos que tradicionalmente se reservan para niños y hombres”. Y ese apoyo debería incrementarse destinando recursos que mejoren su educación.

Patricia no cree haber recibido el apoyo adecuado para lidiar con lo que sucedió y para adaptarse a la vida con un bebé a su vuelta a casa. “Me siento frustrada. Me resulta complicado cuidar de mí misma y del bebé. Tengo que hacer trabajos eventuales para conseguir dinero. Tengo que trabajar en la granja para conseguir dinero para comprar comida, ropa y pagar tratamientos médicos”. Sus problemas no terminan ahí. “Nadie me apoya. Mis padres son pobres. No pueden ayudarme a mí y a mi bebé de manera adecuada. Necesito ayuda. Pero cuando regresé de mi cautiverio, nadie quería estar cerca de mí”.

Pese a haber regresado hace más de un año, tuvo que esperar hasta poder apuntarse a un curso de costura de seis meses que podría servirle para ganarse la vida. Cuando termine la formación, le entregarán un paquete de apoyo para crear su propio negocio.

“No puedo permitirme regresar a la escuela. Pero quiero apoyar a mi hermana en su educación. Si estudia, ayudará a nuestros padres, que no fueron a la escuela”, concluye Patricia.

Los nombres de las víctimas han sido modificados.

Nos habéis preguntado por una cartela que se mueve en redes asegurando que “los países musulmanes no reciben refugiados musulmanes”. Es un bulo. En los principales países de acogida de solicitantes de asilo se profesa el islam y entre los refugiados que albergan hay personas de fe musulmana.

Lo primero que hay que aclarar es que ser refugiado y ser musulmán son conceptos completamente distintos. Ser refugiado es una condición jurídica que reconoce al solicitante como beneficiario de protección internacional, mientras que ser musulmán es profesar la religión islámica.

En tres de los cinco principales países de acogida de refugiados el islam es mayoritario.

Los principales países de acogida de refugiados y solicitantes de asilo son Turquía (3,5 millones de refugiados o solicitantes de asilo), Uganda (1,4 millones), Pakistán (1,4 millones), Líbano (1 millón de personas) e Irán (974.400), según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). En la mayor parte de ellos hay una importante presencia del islam.

Varios de esos países, como Turquía, Pakistán o Irán tienen una población mayoritariamente musulmana o directamente es su religión oficial (Pakistán e Irán) y reciben refugiados de naciones donde el islam también es la religión mayoritaria.

A los principales países de acogida de refugiados sí llegan refugiados musulmanes.

Según datos de la Agencia de la ONU, en el año 2017 en Turquía, donde el 98% de los habitantes son musulmanes, había 3.424.200 refugiados procedentes de Siria, país donde al menos el 86% de la población profesa el islam.

En la República Islámica de Pakistán, donde el 96% de la población es musulmana y el islam es la religión oficial, había 1.392.600 refugiados afganos en 2017. La religión oficial en Afganistán también es el islam.

Por su parte, en la República Islámica de Irán, donde el 96% de la población es musulmana y el islam es la religión oficial, había registrados en esa fecha 951.100 refugiados afganos.

En Líbano, donde hay hasta 18 confesiones religiosas entre ellas la musulmana y cristiana, en 2017 había registrados 992.100 refugiados procedentes de Siria.

En Uganda, donde los cristianos son mayoría (más de tres cuartas partes), también hay musulmanes que representan aproximadamente un 12% de la población. Aquí, en 2017 había registrados 1.037.400 de sursudaneses refugiados. En Sudán del Sur el 70% son cristianos y entre el 3% y el 5% de la población es de confesión musulmana.

En este mapa puedes ver los principales países de acogida de solicitantes de asilo y refugiados.

El 57% de refugiados proceden de Siria, Afganistán y Sudán del Sur

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en 2018, el 57% de los refugiados del mundo procedían de tres países: Siria, a la cabeza, con 6,3 millones de personas, Afganistán (2,6 millones de personas) y Sudán del Sur (2,4 millones de personas). En Afganistán la religión oficial es el islam y en Siria al menos el 86% de la población lo profesa.

Por lo tanto, no es cierto que “los países musulmanes” no reciban “refugiados musulmanes”.

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*CORRECCIÓN: En la versión original constaba que en todos los principales países de acogida de refugiados y solicitantes de asilo “hay una importante presencia del islam”. Se ha sustituido esta afirmación por “en la mayor parte de ellos hay una importante presencia del islam”, ya que en Uganda hay un 12% de musulmanes.

El papa Francisco se ha agachado este jueves ante los líderes políticos de Sudán del Sur para besarles los pies. Un gesto con el que les ha instado a cumplir el compromiso de paz que se firmó el año pasado. “La mirada de dios se dirige especialmente a vosotros”, ha asegurado el pontífice tras dos días de retiro espiritual y diplomático en el Vaticano. “Pero hay otra mirada dirigida a vosotros: la de vuestro pueblo, y expresa su ardiente deseo de justicia, reconciliación y paz”.

Francisco se ha arrodillado ante cada uno de los líderes que han asistido a la reunión para besarles los pies. Los dirigentes sursudaneses han recibido el gesto del máximo representante de la Iglesia católica con sorpresa, haciendo lo posible por ayudar al Papa a levantarse.  

El pontífice se ha referido a la destitución del presidente Omar al Bashir por parte del jefe del Estado Mayor de Sudán como “histórica” y ha asegurado que debe servir para abrir “una nueva era de paz” en el país. “Vuestra gente está esperando vuestro regreso al país, después de este día histórico, la reconciliación de todos sus miembros y una nueva era de paz y prosperidad para todos”, ha continuado el papa.

Al insólito retiro espiritual en el Vaticano, que comenzó el pasado miércoles, han acudido los miembros del Gobierno de Unidad que, según los acuerdos de paz firmados con la oposición, asumirán sus cargos el próximo 12 de mayo: el presidente Salva Kiir Mayardit y cuatro de los cinco vicepresidentes designados, entre ellos el opositor Riek Machar.

El arzobispo de Canterbury y la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, han acompañado al pontífice y a los líderes sursudaneses en este retiro. También han estado presentes los ocho miembros del consejo de las Iglesias de Sudán del Sur. “La paz es posible”, ha subrayado Francisco.

El cirujano sursudanés Evan Atar Adaha ha sido galardonado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el Premio Nansen 2018, que premia a aquellas personas que destacan en su labor humanitaria con los desplazados forzosos.

Atat recibirá el premio en una ceremonia el próximo 1 de octubre en Ginebra por “su destacado compromiso y por haber ofrecido servicios médicos durante veinte años a las personas obligadas a huir del conflicto y la persecución en Sudán y Sudán del Sur y a las comunidades que los acogen”, afirma Acnur en un comunicado. Entre ellas hay 144.000 refugiados del estado sudanés del Nilo Azul, y la población local de 53.000 personas.

El equipo de Atar realiza unas 58 operaciones por semana en condiciones muy precarias, casi sin materiales adecuados, sin acceso a anestesia general y con la electricidad producida por generadores.

Tras la independencia de Sudán del Sur de Sudán, en 2011, el país quedó sumido en una guerra civil que lo ha asolado y ha generado el flujo de refugiados más acuciante de África, y la tercera en el mundo. Al menos 1,9 millones de personas son desplazadas internas y otras 2,5 millones han buscado refugio en los países colindantes. Adicionalmente, Sudán del Sur acoge a 300.000 refugiados, de los cuales el 92% son sudaneses.

“El trabajo del doctor Atar durante décadas de guerra civil y conflicto es un ejemplo de profunda humanidad y generosidad. Gracias a sus esfuerzos incansables, miles de vidas se han salvado”, afirma, citado en el comunicado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

“A menudo arriesgando su propia seguridad, su dedicación al servir a víctimas de guerra y conflicto ha sido extraordinaria y merece atención global y reconocimiento”, puntualiza Grandi.

El periodista Xavier Aldekoa y Grace Akon, la niña más lista del Nilo Blanco, se conocieron en 2013 en el campo para desplazados internos de Mingkaman, localizado en el país más joven del mundo, Sudán del Sur, una nación asolada por la violencia y el mismo conflicto civil que la vieron nacer. La conexión entre ambos fue tal que nunca llegaron a perder el contacto. Esta semana, la joven ha vuelto a ocupar un papel protagonista en la vida del escritor más de cinco años después de su primer encuentro.

Grace ahora está en Kenia después de haber salido de Sudán del Sur gracias al dinero que le dio para sus estudios un médico catalán que leyó el primer artículo del periodista en el que aparece la adolescente ('De ellas depende el futuro', publicado en La Vanguardia). La joven tuvo que atravesar un país en guerra con tal de encontrar una escuela en Kenia. Y lo consiguió. Pero esta semana, a apenas un mes de poder presentarse a los exámenes de acceso a la universidad y tras haber conseguido traer a su padre y a sus tres hermanos consigo, “todo se fue al carajo”, tal y como describiría Aldekoa.

En la noche del martes al miércoles, la policía entró en su casa y les llevó a comisaría en una de las redadas que está llevando a cabo Kenia para expulsar a inmigrantes ilegales. Grace logró salir del calabozo gracias a que el director de su colegio intercedió a su favor alegando motivos de salud, después de que la joven casi se desmayase en las dependencias policiales. Sus hermanos salieron este sábado por la noche, mientras su padre sigue encerrado. Les piden casi 900 euros entre multa y regularización, una cifra inalcanzable para la familia.

“Ser refugiado es una mierda”, sentenciaba el periodista catalán este jueves a través de su cuenta personal de Twitter. Después de hablar con Grace durante varias horas, con la que ha mantenido el contacto en los últimos años, procedió a abrir un hilo en la red social para denunciar la situación de su amiga. “Disculpad porque va hilo y estoy que exploto de rabia. O de pena, no sé. Están a punto de destrozar un esfuerzo brutal y un sueño que parecía imposible”, escribió Aldekoa, en un intento de explicar la situación en la que se encuentra una de las múltiples protagonistas de Hijos del Nilo, una de las últimas publicaciones del corresponsal. A día de hoy, ha logrado recaudar más de 13.000 euros para que pueda contratar un abogado, iniciar el proceso de legalización y continuar estudiando.

“La clave es que no los deporten, porque si los deportan la situación se vuelve irreversible. Es mucho más complicado que regresen, puede que incluso los coloquen en listas negras y no puedan siquiera intentarlo. Actuar rápido antes de que los expulsen es la prioridad”, explica el periodista en conversación con eldiario.es. La situación de su padre, de 68 años, es la que, en principio, tardaría más tiempo en resolverse.

Aunque la ayuda recaudada haya superado la cifra mínima que necesitaba, no tienen garantías de que la solución esté cerca. Pero ahora Grace tiene la posibilidad: “Creo que está encaminado para intentar solucionarlo, ahora hay un abogado al lado de Grace y eso parecía impensable. Estamos a mitad de camino, hay que conseguir que salgan del calabozo y se puedan quedar legalmente en el país y luego estudiar. Lo que parecía imposible hace dos días hoy no lo parece, pero no es momento aún de aplaudir o celebrarlo”, ha apuntado Aldekoa, prudente ante las expectativas.

La niña más lista del Nilo Blanco

“Lo confieso antes de que continúen leyendo: sé que no encontraré a una niña tan brillante, tan despierta y con tantas ganas de estudiar como Grace. Probablemente, encontraré a pocas con más mala suerte”, así presentaba el corresponsal catalán a Grace la primera vez que la vio. Nacer en Sudán del Sur no es sólo tener mala suerte. Implica temer por tu vida prácticamente a diario. El país lleva más de cinco años sumido en un conflicto civil provocado por los continuos enfrentamientos entre presidente sursudanés, Salva Kiir, y su exvicepresidente y actual líder rebelde, Riek Machar.

Desde que la pequeña nación declaró su independencia de Sudán, la violencia se ha convertido en el día a día de los sursudaneses. Impulsado por rivalidades personales y étnicas, el conflicto ha dejado tras de sí más de 50.000 muertos y ha arruinado la mayor parte de la economía del país, que depende en gran medida de la producción de petróleo crudo.

Fue en este contexto en el que Grace y Aldekoa coincidieron en uno de los muchos campos para desplazados internos que tiene el país para dar acogida a más de 1,7 millones de personas. En total, si se suman a los casi tres millones de sursudaneses que se encuentran como refugiados o solicitantes de asilo en países vecinos, casi una cuarta parte de la población se ha visto obligada a huir de la violencia en los últimos años, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

Aldekoa, en casi todas las piezas en las que ha escrito sobre la joven sursudanesa, recuerda con especial detalle la enorme determinación que siempre mostró a la hora de estudiar. Según contaba, Grace siempre supo que tener acceso a una educación era esencial para poder salir de aquel campo para desplazados en Mingkaman.

“Le pregunté cuál era el principal problema en el campamento. A la orilla del río, se levantaban cientos de tiendas, no había electricidad, ni agua potable y la dependencia de la ayuda humanitaria era total. Pero Grace no se lo pensó: ”¿El principal problema? Que no hay escuela; ocho meses ya“, dijo. Apenas era una adolescente pero, quizás porque había visto cosas que ya no podría olvidar, anhelaba aprender en paz. Quería estudiar Medicina”, narraba Aldekoa en uno de sus reportajes. En el propio hilo donde denuncia la situación de la joven cuenta hasta qué punto llegaba su determinación por el estudio.

La educación no es algo que dar por sentado en Sudán del Sur, donde más de 2,4 millones de niños no están escolarizados, casi un 20% de los menores en el país. Es la proporción de niños sin acceso a la escuela más alta a nivel mundial.

Grace ha conseguido pagar la multa

“Fue bastante visceral el hilo de tuits que hice. Me lo acababa de contar, llevábamos varias horas hablando y no tenía ni mirado qué podía haber hecho”, cuenta el periodista. Ante la cantidad de mensajes que le llegaron para ofrecer ayuda ecónomica, comenzó a mirar opciones para poder enviar a Grace el dinero que necesita. “La primera opción que creía que era la mejor era a través de una ONG en el terreno, que recaudaran ellos el dinero, pero fue muy complicado. Era una cuestión de hacerlo urgente, porque podía derivar en algo irreversible”, explica, todavía con dudas sobre cómo continuará el proceso y aprendiendo sobre la marcha. “Que hubiera esa explosión de ayuda tan rápida es una barbaridad. Es bonito que pase en una época en la que los discursos son todo lo contrario, de miedo, de cerrazón, cada vez más insolidarios sobre todo con los refugiados”, apunta.

La prueba de la velocidad a la que ha transcurrido todo es que, poco después de la conversación, Aldekoa anunció en Twitter que Grace ha pagado la multa y le han dado un visado con el que, en principio, está oficialmente legal en Kenia y no será expulsada. Este pago se ha realizado con el dinero que le ha mandado el mismo médico jubilado que se ofreció a pagar sus estudios, pero para el desembolso que tiene que realizar para su padre debe esperar al dinero de las donaciones. La transferencia puede tomar días, un tiempo que Grace no sabe si tiene.

El pasado cinco de agosto, los dos principales contendientes en Sudán del Sur alcanzaron un acuerdo de paz con el que esperan poder poner fin al conflicto, para lo que se han dado un plazo de ocho meses. No obstante, no es el primer acuerdo que se firma entre los dos rivales sin éxito, por lo que aún está por ver este último alto al fuego se traducirá en el fin de la guerra civil. No parece probable que los sursudaneses que han huido del país vayan a poder volver a casa pronto.

Amnistía Internacional ha denunciado las redadas que está llevando a cabo el Gobierno de Kenia en los últimos días, ya que advierte que están en contra del Derecho Internacional. Las autoridades las han intensificado desde el pasado 27 de agosto, cuando el departamento de Inmigración del país optó por establecer una línea telefónica en la que cualquier ciudadano puede denunciar a su vecino alegando que es un inmigrante ilegal. El Ejecutivo ha dado a sus fuerzas de seguridad hasta el 30 de noviembre para deportar a todos las personas en situación irregular.

La situación que vive Grace en estos momentos es muy similar a la que viven miles de inmigrantes procedentes de Sudán del Sur en Kenia, que se enfrentan a la deportación sin recursos para defenderse, recuerda Aldekoa: “Ella ha tenido la suerte de esta solidaridad, pero 900 dólares es una cantidad tremenda para cualquier persona que esté allí. Para una persona refugiada, amasar una cantidad así... es algo descomunal. Tener que hacerlo en horas prácticamente condena a la gran mayoría, por no decir la totalidad, a aceptar el destino que les digan”, concluye el escritor.

Cada vez más personas ven su vida amenazada por el hambre más aguda en todo el mundo. Después de años de descensos en el número de personas que sufren hambre, los conflictos y los desastres climáticos han provocado un aumento de los niveles de desnutrición a nivel global en 2017.

Alrededor de 11 millones de personas más que el año anterior, un 11%, sufren inseguridad alimentaria y necesitan ayuda humanitaria urgente en todo el mundo, según un informe conjunto de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas hecho público este jueves.

En total, según concluyen estos organismos, alrededor de 124 millones de personas en 51 países se enfrentan a los niveles más altos de inseguridad alimentaria aguda, esto es, a las fases de crisis, emergencia y hambruna.

“Los principales factores de la inseguridad alimentaria -conflicto, desplazamiento y crisis climáticas- junto con los brotes de enfermedades y el acceso limitado a los servicios básicos de salud, agua potable y saneamiento, han provocado una situación de desnutrición desoladora en muchos países”, señala el documento.

La aparición de nuevas guerras o conflictos que se enquistan como Yemen, el norte de Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Myanmar están detrás del aumento registrado en el estudio. En febrero de 2017, se declaró la hambruna en dos provincias de Sudán del Sur, una de las peores crisis alimentarias del año, junto a Nigeria, Somalia y Yemen. En todos estos focos, cerca de 32 millones de personas requieren ayuda urgente para poder sobrevivir. Los conflictos y la violencia son la causa principal del hambre en 18 países, la mayoría en África y Oriente Medio. El 60% de la población más hambrienta se encuentra en países azotados por la guerra.

También explican este incremento la implacable sequía y la merma de cosechas que afecta a varios países de África oriental y meridional, donde ya había altos niveles previos de hambre, y los huracanes en América Latina y el Caribe. Más de 39 millones de personas en 23 países, la gran mayoría africanos, padecen hambre aguda como consecuencia de los desastres naturales. Y se prevé que para 2018 el impacto del clima seco extremo en la producción agrícola y ganadera podría repuntar el hambre en las áreas pastoriles de Somalia, sureste de Etiopía y el este de Kenia, además de Senegal, Chad, Níger, Malí, Mauritania y Burkina Faso.

“No se espera una mejora significativa en la seguridad alimentaria a nivel mundial hasta que no se logre la paz y se restablezcan los medios de vida. Las intervenciones basadas en la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida serán fundamentales para salvar vidas, desarrollar resiliencia y contribuir al mantenimiento de la paz”, concluye el informe.

Betty dice que ser refugiada significa permanecer en un sitio donde no querrías estar.

—La guerra —concluye— nos obliga a tener una vida que no esperábamos.

Betty escapó de la guerra por primera vez cuando tenía tres años. Quedarse en los pueblos de la provincia de Jei, el suroeste de Sudán, era extremadamente peligroso. Su familia decidió establecerse en un campamento de refugiados de Uganda.

Uno de sus primeros recuerdos es el dolor que sentía mientras caminaba hasta ese campo: era demasiado pequeña. Anduvo durante semanas, ocultándose entre la vegetación, evitando los senderos. Pasaba mucha hambre.

Huyó por segunda vez cuando tenía cinco años: los rebeldes del Ejército de Liberación del Señor (LRA), liderados por el ugandés Joseph Kony, atacaban a los refugiados, y sus padres y ella emprendieron el camino de regreso, aunque el conflicto en Sudán no había terminado.

Betty ahora tiene 25 años y seis hijos. La guerra era insoportable y ha escapado de nuevo: está en Uganda, en uno de esos campamentos de cabañas endebles, niños, el sol que se desparrama por todas partes.

Sudán del Sur, mientras tanto, está cerca de otra hambruna que pone en peligro a más de siete millones de personas, según ha advertido en las últimas semanas Naciones Unidas.

Una investigación reciente de la ONU ha documentado “aberrantes casos de crueldad” contra civiles, entre ellas, masacres, violencia sexual y destrucción de hogares, hospitales y escuelas que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Desde diciembre de 2013, más de cuatro millones de personas han sido expulsadas de sus hogares.

“Los soldados atacaban nuestro pueblo cada semana”

Betty quedó embarazada durante la guerra: “Los soldados del Gobierno atacaban nuestro pueblo todas las semanas. Mataron a decenas de personas y robaron nuestra comida. Teníamos miedo. Por eso nos escondimos en los bosques. Dormíamos en el suelo, hacía frío. Cuando corría, sentía dolor en el estómago”.

Durante muchas semanas, la familia de Betty caminó sin rumbo. Después, decidió huir a Uganda. No podía utilizar los caminos, controlados por bandas armadas. El vientre de Betty crecía, y en ocasiones le era difícil seguir el ritmo de los demás. Tenía náuseas.

En noviembre, toda la familia se estableció en un campamento de refugiados en el norte de Uganda. Desde entonces, los grupos armados no los persiguen, pero pasan hambre. No tienen trabajo. Venden la mitad de la comida que reciben para comprar productos básicos.

Acnur ha elogiado a Uganda por tener una de las mejores políticas de acogida de refugiados del mundo. Todas las mañanas, varios autobuses enormes esperan a los sursudaneses en las fronteras. Después, son trasladados a un centro donde pasan los primeros días, hasta que los funcionarios del gobierno y la ONU les asignan un terreno en un campamento.

Reciben alimentos mensualmente, aunque últimamente son tantos que las raciones son más pequeñas. También, reciben una parcela para cultivar, materiales para construir una cabaña, mantas, esterillas, mosquiteros. Pueden desplazarse libremente: salir de los campamentos, buscar un trabajo, comenzar un negocio. Pueden estudiar en las escuelas públicas. Pueden acudir a los hospitales públicos.

Pero Betty y su familia no quieren quedarse: “La vida aquí no es buena” , dice y señala alrededor: centenares de refugiados que también huyeron. “Rezo todos los días para que la paz llegue a Sudán del Sur y mis hijos puedan vivir allí”.

Uganda acoge a más de un millón de refugiados sursudaneses. En ocasiones se han registrado 4.000 llegadas en un único día, aunque estas cifras pueden estar infladas por algunos funcionarios para conseguir más fondos, un presunto fraude que está investigando las autoridades ugandesas. Terrenos gigantescos que hasta hace unos meses estaban prácticamente despoblados, ahora albergan algunos de los campamentos de refugiados más grandes del mundo. Y las necesidades son inmensas.

En Sudán del Sur, aunque los principales grupos que participaban en la guerra firmaron un alto al fuego en diciembre, los ataques continúan: solo en enero hubo más de 3.300 llegadas, según Acnur.

El horror que se repite

Betty ha dado a luz en un centro de salud público. La población de refugiados en este distrito supera en número a los ugandeses. Desde entonces, Medical Teams International colabora con el Gobierno para ofrecer atención sanitaria a todos. Es tremendamente complicado, explican. La sala de maternidad está llena de mujeres sursudanesas; solamente hay tres matronas y diez camas.

Ahora, el bebé de Betty duerme entre sus brazos, envuelto en una manta gruesa de colores claros. Ella está sentada en la puerta de su cabaña. Un grupo de chicos se acerca despacio. Sonrisas tímidas, pies descalzos: quieren conocer a su nueva hermana, que ha nacido hace unas horas y todavía no tiene nombre. Solamente pueden ver una cabeza diminuta.

—Cuando era pequeña escapé a Uganda con mis padres —dice Betty—. He crecido en un campamento de refugiados, he pasado hambre, y ahora tengo los mismos problemas.

Un país devastado por décadas de guerra

En Sudán del Sur, las tensiones políticas entre el presidente y el exvicepresidente desataron en 2013 un conflicto que despertó rivalidades históricas anteriores, sobre todo, entre las etnias mayoritarias: dinkas, clan del presidente, y nuers, al que pertenece su rival. Como telón de fondo, la disputa por las enormes reservas de petróleo que alberga el país.

Sin embargo, la región lleva años azotada por la violencia. Los rebeldes del sur de Sudán combatieron contra el Gobierno central desde 1983, pero los soldados del presidente Omar-al Bashir eran superiores gracias a los ingresos del petróleo y el apoyo de China. El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) exigía más autonomía para los pueblos del sur, marginados desde el período colonial.

A partir del 2001 la Administración de George W. Bush apoyó a estos milicianos y convirtió la independencia de Sudán del Sur en un asunto de preferencia para EEUU. Los estadounidenses creyeron que un gobierno nuevo podría ser favorable a sus intereses en el petróleo de la región, la tercera reserva más grande de África. Poco tiempo después, en 2005, los rebeldes y Omar al-Bashir firmaron un acuerdo de paz.

La guerra había durado 22 años y Sudán del Sur era un territorio devastado. No había escuelas, hospitales, carreteras, instituciones fuertes. Las divisiones étnicas eran rampantes. John Garang, el líder del SPLA, pensaba que no estaban preparados para independizarse; propuso un parlamento en el que todos los pueblos –tanto del norte como del sur– estuviesen representados.

Tres semanas después de firmar el acuerdo con el Gobierno de Sudán, Garang murió en un accidente de helicóptero y la comunidad internacional y los políticos sursudaneses secesionistas ignoraron estos problemas: crearon un país que dependía casi en absoluto de los donantes extranjeros. EEUU entregó miles de millones de dólares, pero el Gobierno de Sudán del Sur prefirió vender el petróleo a China, y las relaciones de los políticos sursudaneses se quebraron enseguida.

El 8 de julio del 2016 el presidente Salva Kiir y el exvicepresidente Riek Machar combatieron por enésima vez. Después la violencia se extendió por todo el país. Se registraron asesinatos, violaciones en masa, bloqueos de ayuda humanitaria. La población estaba tremendamente dividida. En enero del 2017, un experto de las Naciones Unidas advirtió que esta guerra podría transformarse en un genocidio.

Para millones de sursudaneses como Betty, la guerra es como una pesadilla dolorosa y constante, repetida.

—¿Dios se ha olvidado de Sudán del Sur? ¿Cuál es el problema?

Hemos alcanzado el mayor número de refugiados de la historia: hay más de 65 millones de personas desplazadas en el planeta, según el último informe de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Las cifras globales relativas a la violencia tampoco son halagüeñas: los conflictos, incluido el terrorismo, cuestan a los gobiernos 13,6 billones de dólares (cerca de 12 billones de euros) anuales. El gasto representa, al menos, el 13,3 % del producto interior bruto mundial.

Frente a este exorbitante desembolso, la inversión destinada a promover la paz es casi irrisoria: en el 2015, Naciones Unidas destinó tan solo 8.300 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros) a este fin.

Aunque borrar de un plumazo un problema de inabarcables dimensiones es prácticamente imposible, hay quien intenta, por medio de iniciativas a nivel nacional o local, tender una mano a las comunidades de los países más afectados por las injusticias y la violencia. La organización no gubernamental PeaceTech Lab lo hace blandiendo la tecnología como arma contra las desigualdades y en pos del activismo social.

El proyecto nació como un centro de innovación dentro del Instituto por la Paz de Estados Unidos (USIP), con sede en Washington, del que se escindió hace tres años para continuar su labor en solitario. Liderado tanto por profesionales de la ingeniería, el ‘big data’, la ciberseguridad y la comunicación como por expertos en conflictos y cooperación, sus líneas de actuación incluyen desde una aceleradora de ‘startups’ aceleradora de ‘startups’hasta distintas iniciativas para dar voz a los jóvenes de países en conflicto combinando el poder de internet y la radio y la televisión.

Un impulso para empresas comprometidas

“El PeaceTech Accelerator apoya a aquellas ‘startups’ que diseñen, desarrollen y utilicen tecnologías innovadoras para contribuir a acabar con los conflictos y promover una paz sostenible”, explica a HojaDeRouter.com Twila Tschan, portavoz de la iniciativa. Esta es la definición más amplia; las empresas pueden enfocarse en áreas que van desde las finanzas hasta la gestión de recursos, pasando por la violencia de grupos extremistas o la de género.

El programa ofrece a las empresas seleccionadas financiación, asesoramiento y un espacio donde trabajar durante ocho semanas. En su primera hornada había proyectos de países sumidos en la violencia, como la firma de desarrollo de videojuegos “para la paz” de Sudán del Sur Junub Games o la plataforma de música en ‘streaming’ sudafricana Nichestreem, pero también de naciones occidentales, como la aplicación social Wistla.

En su segunda hornada se incluyen, entre otras ‘startups’, Annona, una herramienta móvil para incorporar a los pequeños productores en las cadenas de suministro globales, y Hala Systems, una empresa social que desarrolla soluciones tecnológicas para proteger a quienes sufren las consecuencias de la guerra, los movimientos extremistas y las crisis humanitarias.

La radio y las redes sociales como altavoz

Además de su programa de apoyo a los emprendedores, PeaceTech Lab ha lanzado diferentes proyectos basados en los medios comunicación y las nuevas tecnologías para mejorar la situación de los más jóvenes en los países en conflicto. “Los medios tienen el poder único de combinar el entretenimiento y la educación. Pueden ayudarte a entender y empatizar con un personaje, lo que creo que es un ingrediente clave para la paz”, subraya Tschan.

Un buen ejemplo de lo que explica es ‘Sawa Shabab’ Sawa Shabab’(‘Jóvenes Unidos’ en español), una especie de telenovela radiofónica emitida en Sudán del Sur. Si bien desde la institución les guían sobre cómo tratar cuestiones como la unidad, el empoderamiento de la juventud, la igualdad de género y la responsabilidad individual, el programa está enteramente producido y protagonizado por colectivos locales.

Después de cada episodio, sus responsables hacen una pregunta a la audiencia sobre el tema que se ha abordado, y esta puede contestar a través de mensajes de texto o Facebook. Así, “el proyecto se ha convertido en una plataforma para que los jóvenes puedan expresarse y compartir sus retos y esperanzas de cara a un Sudán del Sur unificado”, indica Tschan, quien señala también algunos de los frutos obtenidos: “Después de la segunda temporada, vimos un incremento del 22 % en las oyentes que se veían como miembros igualitarios de la sociedad”.

Tanto las redes sociales como WhatsApp son potentes herramientas para congregar y dar voz a la ciudadanía en momentos de crisis. En Irak, la organización produjo entre 2009 y 2014 ‘Salam Shabab’, un ‘reality’ televisivo para jóvenes cuya página de Facebook tiene decenas de miles de seguidores en todo Oriente Medio. A pesar de que el programa tocó a su fin, la comunidad continuó manteniendo el contacto a través de la plataforma.

Cuando el ISIS tomó las ciudades de Tikrit y Mosul en octubre del 2014, los jóvenes utilizaron la red social para comunicarse, prestarse apoyo y ayuda. Valientemente compartían todo tipo de contenidos promoviendo la paz, la tolerancia, criticando el extremismo y denunciando las injusticias que estaba sufriendo la sociedad, organizaban marchas y reunían voluntarios para asistir a las personas desplazadas de sus casas.

A pesar de ser una institución relativamente pequeña, PeaceTech Lab rebosa dinamismo y aprovecha las alianzas con grandes organizaciones como USIP e iniciativas a nivel local y regional como la iraquí Sanad. “Países como Irak, Paquistán, Nigeria y Afganistán ya cuentan con gente increíble que trabajan por la paz y con el talento técnico necesario”, asegura Tschan. Parte de su labor consiste en crear sinergias y poner en contacto a colectivos, así como en mostrarles nuevas herramientas y cómo utilizar los datos para potenciar su trabajo.

Siguiendo la pista al odio

No hay que remontarse mucho para dar con uno más de sus proyectos exitosos. Junto con otro par de organizaciones, el brazo africano de PeaceTech Lab afincado en Nairobi puso en marcha durante las elecciones keniatas celebradas este verano un sistema de alerta y respuesta a incidentes violentos basado en mensajes de textosistema de alerta y respuesta. Quienes se suscribían a la plataforma podían, además, avisar sobre rumores o si habían sido testigo de fraude o injerencias en las votaciones.

Más de 200.000 personas de cuatro provincias se apuntaron al servicio. Además de los SMS, el laboratorio tecnológico monitorizó las conversaciones en redes sociales antes, durante y después de los comicios para analizar y contextualizar las publicaciones y ayudar a las fuerzas de seguridad a detectar expresiones de odio relacionadas con el sufragio.

El predecesor de esta iniciativa keniata fue un estudio que la ONG conduce en Sudán del Sur desde el año pasado. Antes de que las noticias falsas y el lenguaje del odio coparan los titulares en la prensa de las naciones occidentales, sus contactos en el país africano ya les advertían sobre los escalofriantes vídeos que circulaban por las redes sociales promoviendo la violencia y anunciando supuestas masacres que sembraban el pánico entre los usuarios.

Fue entonces cuando decidieron analizar las expresiones que plagaban estos mensajes de manipulación, de dónde venían y en qué plataformas eran más abundantes. “Nos sorprendió averiguar que la mayor parte del discurso de odio se originaba en la diáspora sudanesa en Estados Unidos, Canadá y Australia”, cuenta Tschan. A partir de sus hallazgos, decidieron ampliar su foco educativo para abarcar las comunidades presentes en esos países y utilizar los resultados de los estudios léxicos en otros proyectos como el de Kenia.

Ambas iniciativas demuestran que los datos son una herramienta útil en manos de aquellos que tratan de monitorizar los conflictos armados y ayudar a las comunidades afectadas. Pero no siempre es fácil encontrarlos, analizarlos, interpretarlos y presentarlos en un formato entendible. “La mayoría y los más valiosos están almacenados en hojas de cálculo o informes imposibles de leer”, dice Tschan.

Por eso en PeaceTech Lab han lanzado una plataforma para hacer la información accesible a los colectivos que luchan por instaurar la paz. “Queríamos proporcionar a las organizaciones y los activistas un lugar centralizado donde poder observar las tendencias de las noticias, las redes sociales y otros indicadores de inestabilidad”, asegura la portavoz. Así, en esta web pueden encontrarse desde mapas donde se representan los actos violentos hasta gráficos sobre el léxico utilizado en diferentes países.

¿Los retos de cara al futuro? “Los grandes problemas como los conflictos y las crisis de refugiados necesitan grandes soluciones, y por eso queremos ampliar el alcance de nuestros proyectos con más éxito”, indica la responsable de PeaceTech Lab. Entre otras cosas, colaboran con una cadena de televisión pakistaní para lanzar un programa de noticias 24 horas creado por y para la juventud y en Nigeria trabajan para expandir los informativos en hausa —una lengua afroasiática hablada por unos 40 millones de personas— a los territorios del norte afectados por el grupo extremista Boko Haram.

Del lado de los datos, la organización planea ampliar el alcance de la plataforma GroundTruth Global, una poderosa herramienta para emitir alertas tempranas sobre conflictos basadas en el ‘big data’, como el que se obtiene de imágenes de satélite, la información recabada en las redes sociales y los datos locales recogidos por sus socios ‘in situ’.

Aunque conseguir la paz mundial parece una meta demasiada ambiciosa (por no decir imposible), los granitos de arena con los que contribuye PeaceTech Lab sirven para mantener a raya los conflictos violentos, proteger a quienes los sufren y acercarnos un poco más al cumplimiento de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas”.

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Todas las imágenes de este reportaje son cortesía de PeaceTech Lab

Tapándose los ojos con uno de sus brazos, la frágil Rose Juan, de 50 años, mira la tumba que hay frente a su casa improvisada. “En mis sueños veo fantasmas”, explica. Durante media década, la madre de cinco niños ha estado viviendo entre los muertos. El tiempo no disipa los misterios que envuelven a su casa.

Rose es una de las miles de personas sin hogar que viven en la capital de Sudán del Sur, Juba. Sin ningún sitio al que ir, se vio obligada a vivir en el cementerio de la ciudad. “A veces, algunos hombres, mujeres o niños me saludan y me preguntan que por qué vivo sobre ellos”, susurra Rose sobre los fantasmas que se le aparecen en sueños.

Ya han pasado cerca de cinco años desde el estallido de la guerra en la nación más joven del planeta. Los enfrentamientos entre las tropas gubernamentales fieles al presidente Salva Kiir y las fuerzas leales a Riek Machar, el anterior vicepresidente, no muestran signos de que vayan a cesar. En estos momentos, continúan los desplazamientos masivos, la hambruna y las denuncias sobre crímenes de guerra están a la orden del día, sumiendo al país en una profunda desesperación.

Hace siete años, Rose y su familia se trasladaron de la pequeñas ciudad de Terekeka hasta Juba para encontrar ayuda. “Mi marido tiene una enfermedad mental y no podía mantenernos”, explica. Ella pensaba que ir a la “gran ciudad” se traduciría en mejores oportunidades.

Cuando llegó por primera vez, vivió junto a su familia en las orillas del Nilo, uniéndose así a miles de personas también desesperadas de la tribu Mundari de Terekeka, que llegaron en busca de comida y asistencia durante la segunda guerra civil de Sudán del Sur.

Sin embargo, cuando en el año 2005 se firmó el acuerdo de paz que hizo posible a la independencia del sur, empezó a llegar dinero extranjero a borbotones. A esta tribu se le pidió que se fueran de allí para dejar sitio a los nuevos hoteles y negocios a lo largo de la ribera.

Los que viven en el cementerio aseguran que el gobierno les dijo que volvieran a Terekeka y se negaron a proporcionarles un terreno. Pero ellos no quieren volver a la misma desolación de la que huyeron, y es por eso que miles de personas terminaron viviendo en el cementerio de Saint Mary.

Un campo de chabolas

El camposanto, escondido detrás de un muro de ladrillo, se ha convertido en los últimos diez años en un extenso campo de chabolas lleno de suciedad en medio de la capital. Las endebles tiendas de campaña de plástico cubren la tierra embarrada, mientras que las superficies más duras, las lápidas, se utilizan para secar ropa o para almacenar enseres domésticos. Los niños juegan en los sepulcros de bordes irregulares y los adultos siguen enterrando a los muertos en las parcelas cercanas.

La mayor parte de la población, incluidas las agencias de ayuda humanitaria locales e internacionales, no tienen ni idea de la cantidad de gente que está viviendo en medio de la mugre, detrás del muro de ladrillo.

Los que viven en el cementerio se sienten abandonados. “El gobierno no nos ha ayudado”, lamenta Cecilia Grack, de 50 años. Hace diez años, esta madre de ocho hijos “oyó hablar de un lugar llamado Juba” y fue allí desde Terekeka en busca de comida. Intentó ocupar ilegalmente la tierra de otra gente, pero después de que le echasen una y otra vez, buscó refugio en el cementerio. Ahora come restos y comida caducada que encuentra en el supermercado.

El Gobierno de Sudán del Sur no quiere tener mucho que ver con las personas que habitan en el cementerio. La postura oficial es que viven de manera ilegal, por lo que las autoridades no tienen la obligación de ayudarles. “No son nuestro problema”, dijo Johnson Swaka, jefe del Ejecutivo de la ciudad de Juba.

El alcoholismo es otro de los problemas

Tan solo un grupo de ayuda local da asistencia a esta población de 3.000 habitantes. Los trabajadores humanitarios dicen que, desde que comenzó la guerra, las cosas han ido a peor. “No hay trabajo, y si esta gente consigue algo de dinero, se lo gastan en bebida”, comenta Martha, una de las trabajadoras sociales del cementerio. The Guardian ha utilizado su nombre de pila para proteger su identidad. Cuenta también que la crisis económica que recorre todo el país ha dejado a la gente sin trabajo, lo cual ha alimentado el alcoholismo y ha provocado un aumento de casos de ataques machistas.

La organización de Martha ha estado trabajando en el cementerio en los últimos cinco años, dando fondos a 600 niños para poder asistir al colegio, así como apoyo contra la violencia machista. Aun así, apunta, la atmósfera es verdaderamente cambiante en algunos momentos. A veces, las personas que están ebrias agreden a las personas que tratan de ayudarles.

Grupos de la sociedad civil están pidiendo al gobierno que hagan más por estas personas, dándoles tierras en las que puedan vivir que sean “asequibles o gratuitas”. “El conflicto violento que corroe Sudán del Sur ha hecho que la situación económica para los ciudadanos de a pie empeore”, asegura Edmund Yakani, director ejecutivo de la Community Empowerment for Progress Organization, una organización local sin ánimo de lucro. El experto asegura que la gente no puede pagar los gastos diarios para vivir y mucho menos una casa.

Los legisladores de Juba tienen muchas dudas sobre las posibilidades de que algo de esto cambie. “A ojos del gobierno estas personas son ya cadáveres”, dice un miembro del parlamento que pidió permanecer en el anonimato. “No cuentan como seres humanos”.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Al cielo de las guerras no le gusta la lluvia. Al menos no la lluvia tranquila que riega los pastos y humedece las gargantas. La lluvia de las guerras es violenta: cuando cae, solo sabe arrasarlo todo. Cuando huye, se lleva consigo alientos. Antes de que la guerra volviese a Juba, porque la guerra en Sudán del Sur nunca ha terminado de irse, a Betty le encantaba la lluvia.

La lluvia que reverdecía las cosechas y las ganas de seguir bailando. Ahora que vive de prestado en la vecina Uganda, a Betty le cuesta mirar al cielo. De donde caían las bombas ahora caen los mosquitos cargados de malaria. Más todavía le cuesta mirar al suelo. A cada pisada, este se resquebraja y por hondo que perforen allí ya no queda agua. Ni para lavar. Ni para cocinar. Ni siquiera para beber.

En su nuevo hogar, un bohío en el que las lonas de ACNUR son incapaces de aliviar el bochorno, solo hay un lujo: una silla de plástico azul en la que sentarse por turnos a disfrutar del trampantojo que el sol dibuja cada tarde al ocultarse sobre la última de las colinas que vallan la dehesa.

El resto de sus pertenencias, un vestido de flores rosas y unos pendientes blancos, las lleva siempre encima. Pero lo que realmente más le preocupa a Betty esta mañana, como todas las mañanas desde hace casi un año, es que de la garrafa amarilla de la que ya se desprendieron las letras caiga un poco más de agua. Solo un poco más. Lo suficiente para lavarse las manos.

Un millón de refugiados sursudaneses en Uganda

En Rhino, como en Bidi Bidi, en Impevi o en cualquiera de la otra decena de campos de refugiados del norte de Uganda, apenas hay agua. Desde que se recrudeció el conflicto en Sudán del Sur en diciembre de 2013, el país fronterizo se ha convertido en el lugar de acogida de más de un millón de sursudaneses.

“La cantidad recomendada –por la Organización Mundial de la Salud– son 20 litros, pero aquí no llegan ni a cinco”, alerta Yves Lyre Marcellus, coordinador del programa de asistencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la zona.

–“¿Agua? ¿Aquí?”— Se ríen dos jóvenes junto a la entrada de uno de los centros de atención primaria del campo.

A diferencia de otros muchos países donde los refugiados permanecen confinados en campos y no puede trabajar legalmente, Uganda ofrece a los recién llegados la oportunidad de una nueva vida: un pequeño terreno, dispuesto para cultivar y levantar un vivienda; libertad de movimientos, posibilidad de trabajar y acceso a los servicios básicos de educación primaria y asistencia médica.

En poco más de un año, lo que sólo eran pequeñas aldeas de agricultores se han convertido en inmensas “ciudades de sombra” a las que durante los meses de primavera llegaban a diario más de 2.000 personas.

Aunque en las últimas semanas la presión migratoria se ha reducido, más de 20.000 personas huyeron a Uganda a lo largo del mes de junio. Siguen siendo más de 600 al día, lo que sitúa a Sudán del Sur como la crisis de refugiados que más crece en el mundo. De hecho, el país africano es ya, tras Siria y Afganistán, el tercer lugar del planeta del que huye más gente.

Más del 80% son mujeres, niñas y niños

“Nosotros llegamos hace un año desde Juba. Allí la situación es muy mala”, traduce Tadeo, el mayor de los varones de la familia. Es todavía menor de edad. “Si te fijas aquí la mayoría son mujeres y niños. Los hombres cruzan la frontera con ellos, pero después se vuelven a Sudán a luchar”, comenta uno de los trabajadores de MSF.

Del más de un millón de refugiados sursudaneses acogidos por Uganda, más del 80% son mujeres, niñas y niños. Los propios campos, 13 en total, tres de ellos -Palorinya, Imvepi y Palabek Ogili- abiertos desde diciembre, están distribuidos en función de su configuración sociológica: las letras que identifican a las zonas reservadas a los menores no acompañados y a las familias sin varones son las primeras en ser atendidas.

Porque, desde hace meses, los recursos que llegan al norte de Uganda son muy escasos. La ración mensual de harina de maíz ha pasado, según el relato de algunas familias, de 15 a 1,5 kilos por persona y son cada vez más los que se desesperan mientras aguardan el reparto de las organizaciones humanitarias.

“Llevamos aquí varios días y no hay comida”, grita un joven que se hace llamar Obama desde una fila del campo de Impevi de la que sobresalen una retahíla de manos estiradas y cuencos vacíos: la tasa de desnutrición entre los menores de cinco años alcanza ya el 14,2%, apenas a unas décimas de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaría como situación crítica.

El actual ritmo migratorio requiere un esfuerzo humanitario que sobrepasa, sólo en Uganda, los 350 millones de dólares, pero los fondos actuales apenas cubren el 34% . El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) ya se vio obligado en mayo a reducir las raciones de cereales y sus reservas se están agotando: si no llegan más ayudas, será imposible seguir atendiendo a los recién llegados. “Estamos en un momento crítico. Uganda no puede afrontar sola la mayor crisis de refugiados en África”, alertaba ya en marzo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

La esperada llegada del tanque de agua

Aunque la sombra solo cubre una de las porterías, en el campo de Rhino, que más bien es ya una ciudad con sus ultramarinos, sus tiendas de ropa y sus peluquerías, los chicos ya empiezan a repartir los equipos. A Oscar, que no se llamaba así pero no quiere que lo llamen de otra manera, le gustaría ir a jugar con la camiseta del Chelsea sobre su espalda menuda. A regatear piedras y rivales sobre la arcilla seca. “Pero hoy no puedo. Tengo mucha tarea”. Betty lo mira orgullosa.

Después de todo, al menos los niños pueden estudiar. La escuela, un pequeño barracón al otro lado del saque de banda, se ocupa de los críos por las mañanas. El fútbol lo hace por las tardes. Y solo el traqueteo de un camión interrumpe el partido.

—“¡Heeey!”

Algunos en sandalias, los demás descalzos, corren al encuentro del tanque de agua. Cuando por fin alcanza la tubería instalada junto a uno de los depósitos instalados por el Danish Refugee Council, una retahíla de garrafas amarillas como las de Betty y su familia esperan para ser llenadas.

—¡Yeee!—responde varios niños y dos madres al sentir el agua fresca golpear el plástico.

“El mayor problema que tenemos es el del agua. No es suficiente para lavar los  y para beber”, insistirá Betty cuando vuelva con la garrafa llena. “Tres veces al día tenemos que subir hasta la bomba –situada justo enfrente del centro de atención de MSF– para coger agua”.

Hay días, como hoy, en los que ni siquiera allí la encuentran. No queda otra, entonces, que recorrer el campo, la ciudad de los refugiados, en busca de agua.

En esta época del año, el suelo está demasiado árido. El río que baña la parte baja del campo se ha evaporado y el suministro de agua depende de los camiones cisterna: “Y eso no es rentable a largo plazo. Ni siquiera la ONU lo va a poder mantener”, subraya Yves. La factura mensual asciende a 400.000 dólares.

Durante semanas, además, el abastecimiento no es regular. “Si eres afortunado recibes seis litros, si no tres. O nada”, sentencia, sin dejar de intentar borrar el sudor de su rostro, el responsable de MSF. El calor resulta insoportable.

Son muchos los que no logran sobrevivir. A Uganda los refugiados llegan extenuados, con el estómago lleno de parásitos y la conciencia quebrada por los horrores: han visto bombardeos, ejecuciones y agresiones sexuales, mas también familias incapaces de sobreponerse a una hambruna que, si bien ha sido rebajada, ha dejado a más de seis millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

A los cuerpos huidos, enflaquecidos pero todavía capaces de seguir peleando, los acaba de vencer a menudo la lluvia de la guerras. Porque cuando cae, furiosa, lo enfanga todo. Y lo que antes era un secarral se convierte de pronto en alimento para los mosquitos y su malaria. También para la diarrea y el cólera. “En época de lluvias el riesgo de malaria se multiplica por tres”, apunta Yves. Por eso, MSF lleva semanas repartiendo mosquiteras. Más de 40.000. A ver si son suficientes.

Todo sería más fácil si hubiese agua. Agua de la lluvia tranquila. Como la que alegraba los domingos de Betty en Juba. Porque con ese agua el río bajaría repleto y de los grifos brotaría lo suficiente para llenar un centenar de garrafas. Y otro más si hiciese falta. Pero como el cielo de las guerras parece empeñado en seguir ensañándose con los atardeceres de esta franja del ecuador. A Betty, a Oscar y a los pequeños que disparan penaltis para decidir el ganador del partido no les queda más futuro que el que pueda ofrecerles la bomba que acaban de instalar río arriba.

El nuevo entramado de ocho kilómetros de tuberías, casi una veintena de fuentes y pozos y media docena de depósitos está ya listo. 400.000 metros cúbicos al día que abastecen a 21.000 personas. En principio debería haber sido suficiente para atender a casi la mitad del campo, pero Rhino ha multiplicado su población hasta los 86.770 refugiados. Demasiadas gargantas para la lluvia de la guerra.

¿Cómo se vive un día sin agua? ¿Y cinco o seis? ¿Qué se siente cuando ni siquiera puedes lavar los pedazos de tela que te viste obligada a utilizar en lugar de las compresas que no pudiste comprar? ¿Cómo te lavas las manos después de limpiar a tu bebé, que está pasando por su enésima diarrea desde que llegó al campo y que ha llenado toda su ropa y la tuya de excrementos? ¿Cómo cocinas las raciones de frijoles y maíz, que son lo único a lo que la mayoría de los que viven aquí tienen acceso?

Estas son algunas de las preguntas que se hacen día tras día los 43.000 refugiados que viven en Ofua, en la parte occidental del asentamiento Rhino. Llegaron aquí huyendo de la violencia en Sudán del Sur y buscando seguridad. Sabían que lo que les esperaba en Uganda no sería fácil, pero lo que nunca pudieron imaginarse es que el acceso al agua sería uno de sus principales dilemas.

Uganda hoy acoge a más de un millón de refugiados sursudaneses, de los que casi medio millón han llegado desde julio de 2016, cuando el conflicto se intensificó en el país vecino. Y a pesar de sus loables esfuerzos por ofrecerles unas condiciones de vida dignas, la realidad que viven todas estas personas a día de hoy dista mucho de ser medianamente aceptable.

En Ofua se podría caminar durante días para ir de un extremo del asentamiento al otro; las dimensiones de esto son enormes. Los caminos demarcan las zonas o vecindarios en las que los refugiados viven bajo techos de paja y paredes de plástico o de barro. Como están sin pavimentar, las lluvias convierten esos caminos en auténticos barrizales.

A lo largo de los caminos puedes ver tanques negros de agua sobre sacos de arena. Y, junto a ellos, siempre se distinguen varias filas de niños y niñas. En sus manos sostienen unos bidones de un amarillo brillante que llenarán en cuanto llegue el camión que surte de agua al tanque negro. Cuando paso junto a ellos, siempre me sonríen y me saludan efusivamente.

Uganda brinda a los refugiados los mismos servicios básicos que a los ugandeses, como por ejemplo, el acceso a la salud y a la educación. Además, les ofrece la oportunidad de trabajar y les asigna un lote de tierra para que residan y cultiven en él, así que, en muchos sentidos, Uganda es un ejemplo a seguir para todos aquellos países que cierran sus puertas a millones de personas cuyas circunstancias les han obligado a huir de sus casas y a dejar sus vidas atrás. Aunque también es cierto que existen muchos aspectos que no son tan idílicos y que deberían mejorarse de manera urgente.

Alice, una adolescente que reside en Ofua me describió la violencia de la que escapó, no con palabras, sino moviendo la mano en horizontal de izquierda a derecha, en línea recta, justo debajo de la barbilla. Ese cuchillo invisible es una descripción casi unánime que hacen habitualmente muchos de los adultos y de los niños que he conocido en el campo. No se acompaña de cambios ni de gestos ni de entonación. Es un movimiento corporal, casi sin emoción.

La adolescente recorrió el trayecto a Uganda con su hermana mayor y la hija de su hermana. En el camino, su hermana perdió la vida y Alice perdió de golpe su infancia para sacar adelante a su sobrina de 4 años, de quien cuida día y noche sin separarse de ella. Alice no va a la escuela, no tiene trabajo y ha perdido el contacto con sus padres, de quienes no tiene noticias desde hace mucho tiempo.

Me llama la atención su manera tan consciente de describir y de lidiar con el pasado, pero al mismo tiempo pienso en lo que daría esta chiquilla por poder dejar todo eso atrás y regresar a un poco de normalidad, que es lo que al fin y al cabo todo el mundo ansía tener en este campo de refugiados.

En Ofua hay inmensos problemas relacionados con servicios tan básicos como, por ejemplo, el acceso al agua potable. Hace ya más de seis meses desde que el asentamiento comenzase a recibir refugiados y, a día de hoy, y a falta de soluciones alternativas más sostenibles, la población en Ofua continúa en su mayoría dependiendo del agua suministrada por los camiones cisterna; un sistema de aprovisionamiento que resulta problemático e insuficiente.

Desde cualquier lugar del mundo donde no hay filas de niños sosteniendo en sus manos bidones amarillos mientras esperan la llegada de un camión que no siempre llega, seguramente sea difícil entender los desafíos que supone vivir sin agua suficiente. En una ciudad europea cualquiera, muy pocos se preguntarán cuántos litros por persona al día son necesarios, no solo para sobrevivir, sino también para llevar una vida digna. En todos los países occidentales el agua es algo que está disponible y cuyo uso sin limitaciones nos resulta completamente normal y cotidiano.

Y así debería de ser siempre. Aquí, allí y en todos los lugares del planeta. En España por ejemplo, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en 2013, el consumo de agua en los hogares se sitúa en los 150 litros de media por persona y día. Con estos litros de agua tiramos de la cadena del váter, cocinamos, nos lavamos las manos, nos duchamos, nos quitamos la sed o regamos las plantas, entre otras actividades cotidianas.

Fuera de la normalidad, y en situaciones de emergencia que se viven en otras partes del mundo, como conflictos armados, desastres naturales o epidemias, el estándar internacional mínimo es de 15 litros por persona y día. Con esos 15 litros se deberían cubrir las necesidades humanas más básicas en materia de alimentación e higiene. Parece poco, ¿verdad? Pues bien, aquí en Ofua el promedio es de tan solo 8 litros por persona al día. La gente sobrevive, sí, ¿pero se puede afirmar que estos estos 8 litros permiten tener una vida digna? Las consecuencias de la falta de agua, y también de la falta de higiene, resultan difíciles de imaginar.

El 50% no sabe si tendrá agua al día siguiente

En el mes de mayo de este año, Médicos Sin Fronteras realizó una encuesta que reveló que menos del 20% de la población femenina en edad reproductiva de Ofua recibe apoyo para poder comprar compresas, cuyo precio en el mercado local es inasequible para la mayoría de ellas. Tampoco hay muchas organizaciones que se las suministren de manera gratuita. Muchas dejan de salir de casa y de ir a la escuela porque no hay agua para lavar los pedazos de tela que utilizan una y otra vez. Y tienen vergüenza porque saben que huelen mal y que no están limpias.

Otro de los datos de la encuesta reveló que en Ofua, donde la diarrea es uno de los problemas de salud más latentes en los niños menores de cinco años, más de la mitad de la población no tiene acceso a una pastilla de jabón. Y otro dato más: en este campo de refugiados al menos la mitad de la población siente incertidumbre sobre si tendrán agua al día siguiente. Y esa falta de garantías empuja a más del 80% de la población del campo; es decir, a todos aquellos que dependen del agua que traen los camiones, a esperar junto a los tanques cuando oscurece, a pesar de que el 70% dice no sentirse seguro cuando cae la noche.

Charles, un líder comunitario muy al tanto de los problemas de seguridad junto a los tanques, me llama con frecuencia, preguntándome si sé si los camiones van a llegar o no, porque ya son más de las seis de la tarde y comienza a anochecer. Él sabe bien que son otras organizaciones las encargadas de la administración de los camiones, pero igualmente me llama a mí, tratando de encontrar desesperadamente respuestas que mitiguen la incertidumbre de su comunidad. Yo, lamentablemente, poco puedo decirle.

El problema del agua tiene muchas causas, pero un factor fundamental es el hecho de que las fuentes existentes no están necesariamente localizadas en los lugares donde la gente ha sido asentada. Y en algunos casos se encuentran verdaderamente alejadas. Trasladar el agua a través de este sistema de camiones de agua, que se atascan en el barro cuando llueve, que se estropean con frecuencia, o que simplemente no pueden hacer todos los viajes necesarios para que todos tengan agua ese día, resulta muy costoso e ineficaz, pero en la mayoría de los sitios no existen otras soluciones más sostenibles.

MSF ha empezado a instalar plantas potabilizadoras que suministran millones de litros de agua en algunos de los asentamientos de la zona, pero de momento no llegamos a todos los lugares necesarios.

Las tierras que se les asignan a los refugiados, tampoco son todas cultivables, y resulta casi una cuestión de suerte haber recibido un pedazo de tierra árido o no. Una se pregunta por qué fueron los refugiados asentados en esas zonas si las autoridades ya sabían que eran zonas tremendamente áridas. Cierto es, que independientemente de si son cultivables o no, y de que los refugiados puedan eliminar la dependencia de las raciones humanitarias mensuales de comida, estas tierras permiten tener una vida lejos del ciclo de violencia de Sudán del Sur. ¿Pero, quitando eso, les permiten también tener también una vida digna?

Si las decisiones del sector humanitario se basan en lo que la gente necesita con mayor urgencia, entonces esta es una realidad hasta cierto punto esperada. La gente lo primero que necesita es un lugar en el que estar a salvo de la violencia, y, viéndolo así, puede entenderse que no importe mucho dónde se localice el lugar de refugio que se les ofrece. Lo más importante es poder acceder a un lugar que tenga servicios básicos de salud, agua y alimentación, pero, sin embargo, aquí tampoco disponen siempre de todo eso.

Respecto al agua, es cierto que en crisis humanitarias el suministro de suficiente agua potable es un desafío, y la asistencia se brinda en función de las necesidades más básicas para sobrevivir al periodo de emergencia. Sin embargo, en Ofua la población lleva más de seis meses asentada en lugares que incluso no se llaman oficialmente 'campos de refugiados', sino asentamientos.

Esto se debe a que se prevé que todas estas personas tengan que permanecer en Uganda por un largo tiempo. Y sin embargo Alice, como muchos otros en Ofua, me comentan con frecuencia que ellos lo que esperan es poder volver lo más pronto posible a Sudán del Sur, donde las cosas antes eran distintas. Quieren rehacer sus vidas, volver a lo que antes era la normalidad.

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Desde principios de 2017 Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja en Ofua, en el asentamiento de Rhino. MSF ha construido y opera un sistema de suministro de agua extraída de dos pozos de alto rendimiento por medio de una bomba que traslada el agua a través de más de 8 kilómetros de pipas, a un centro de almacenamiento central y a 17 grifos comunales en dos zonas de Ofua.

MSF también brinda servicios de salud gratuitos tanto a refugiados como a ugandeses en dos puestos de salud que dan servicios básicos y de prevención, y en un centro de salud con capacidad de hospitalización y sala de partos. Por medio de estas operaciones, MSF emplea a más de 200 refugiados sursudaneses y a residentes Ugandeses.