Euskadi registró en el pasado mes de marzo 107.173 parados en las oficinas de Lanbide, lo que supone 179 más que en febrero (+0,17%). Así lo recogen los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por el Gobierno vasco. Sin embargo, en comparación con el mes de marzo de 2025, la cifra de desempleados en la comunidad autónoma se ha reducido en 1.141 personas (-1,05%).

En España, con 2.419.712 personas en desempleo, el paro ha descendido un 0,94% respecto al mes anterior, con caídas en todas las comunidades menos Euskadi, Madrid y Canarias. En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,22% de media estatal, con descensos en todas las comunidades, el menor de ellos en términos porcentuales en Euskadi.

Euskadi, asimismo, acumuló 1.033.410 afiliados a la Seguridad Social, 5.003 más que el mes anterior (+0,49%). En términos interanuales, la afiliación se ha incrementado en 10.971 trabajadores respecto a marzo de 2025 (+1,07%). En ambos casos, el incremento de los afiliados se situó por debajo de la media española, que aumentó un 0,98% respecto a febrero y un 2,46% en comparación con el pasado año.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno vasco, Alfonso Gurpegui, ha destacado que los datos de paro y afiliación del pasado mes de marzo confirman “la tendencia de estabilidad y mejora progresiva del empleo”, si bien el Ejecutivo está “alerta” ante las posibles repercusiones en el empleo del “complicado contexto geopolítico mundial, de imprevisibles consecuencias”. El viceconsejero ha destacado que se ha dado un incremento de cotizantes a la Seguridad Social, con “una base sólida” en la creación de puestos de trabajo, y que se reduce el desempleo en términos interanuales y hay “una mejora progresiva en la estabilidad laboral”.

El Ararteko ha llevado este lunes al Parlamento Vasco el informe de su actividad en 2025. Han sido pocas las conclusiones que ha dejado la presentación a los medios de comunicación del documento, ya que el nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, que fue nombrado en diciembre, no ha respondido a ninguna pregunta de ninguna cuestión y ha delegado totalmente en su equipo. Sin embargo, la institución sí ha dado a entender que Lanbide se está excediendo al haber eliminado, en 2025, un sistema “social” de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por perceptores de prestaciones sociales -muchas veces por errores de tramitación de la Administración- y que donde antes se descontaban apenas 30 euros mensuales para ajustar esos “indebidos” ahora son cantidades “mucho más elevadas”.

El secretario general del Ararteko, José Luis Iparraguirre, ha defendido que los afectados son personas de “ingresos reducidos” ya de base y que los cambios “incrementan la situación de vulnerabilidad”. Ha indicado que existe un procedimiento abierto y que será entonces cuando aporten conclusiones sobre la nueva forma de actuación de Lanbide, aunque sí ha mostrado su queja inicial.

No ha ocurrido lo mismo con otro tema que tiene la institución encima de la mesa. En 2011, el Ararteko recomendó no estigmatizar a los detenidos policiales indicando datos personales como su nacionalidad. En 2025, el año del informe presentado, la Ertzaintza decidió dar esa información, así como otros cuerpos locales. Y la Defensoría del Pueblo vasca ha abierto una actuación. Sin embargo, ahora mismo se niega a realizar ningún tipo de valoración. Tampoco concreta plazos para hacerlo.

Mancisidor, después de reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha comparecido ante los medios de comunicación. De saque, ha dejado claro que el informe recoge, en gran medida, la labor de su predecesor, Manuel Lezertua, y de la anterior adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu. Aunque ha asumido como propias sus conclusiones, después no ha respondido a ninguna pregunta sobre el documento.

Por ejemplo, ha habido un cambio de metodología en la tramitación de las quejas y no es posible saber si hay o no oscilaciones a mejor o a peor en ámbitos como Osakidetza, que de 2024 a 2025 sí disparó la preocupación ciudadana en un 40%. Los colaboradores de Lezertua apuntan a que “no se ha producido ese incremento”, pero a la vez hay algunas alusiones en el informe a las listas de espera.

Sí está claro que la vivienda es una preocupación creciente, particularmente las “dificultades de acceso” para capas relevantes de la sociedad y la “insuficiencia del parque público de alquiler”, según se ha apuntado. Asimismo, el equipo de Mancisidor ha alertado de problemas para la población migrante en el “acceso a derechos básicos”. Este colectivo está “sobrerrepresentado” en problemas como el sinhogarismo, se ha indicado.

El Ararteko, en 2025, ha realizado 16.637 actuaciones. De ellas, 3.617 han acabado siendo quejas. De los asuntos administrativos revisados, el 55% termina considerándose incorrecto. En el 93% de ocasiones, la Administración concernida lo corrige, mas ha habido 18 apercibimientos por no atender las recomendaciones de la Defensoría. Un 50% del trabajo es sobre el Gobierno vasco y sus organismos. El resto se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), una sociedad pública dependiente del área de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Imanol Pradales y que, entre otras labores, gestiona la puesta en marcha de proyectos de renovables, ha abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener en su plantilla, de 65 personas, ninguna con discapacidad. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha dado por bueno este mecanismo.

Los datos sobre esta operación han sido facilitados al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi, de quien cuelga el EVE, en respuesta a una solicitud del representante del PP Álvaro Gotxi, que ahora presentará una iniciativa para conocer si hay más casos como éste. Jauregi confirma que el pago se realizó el 18 de marzo de 2025, es decir, hace un año. Y adjunta una resolución de la directora de Activación Laboral de Lanbide, Maite Martínez Granado, con los detalles de cómo se ha gestionado todo el proceso.

Según la documentación facilitada, el EVE solicitó de Lanbide una “declaración de excepcionalidad” por el no cumplimiento “de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, que ha de ser del 2% en ese tipo de organismos. Los datos, de finales de 2024, hablaban de una plantilla media de 64,58 personas y “cero” cumplían con esos requisitos. Y Lanbide la autorizó a cambio de una aportación dineraria.

Antes, el EVE intentó contratar a través de Lanbide a un responsable de “procesos y control de gestión” con discapacidad, pero se produjo una “imposibilidad de cobertura” por “inexistencia de demandantes de empleo” para el perfil solicitado. Como medida de compensación, se planteó hacer una “donación” a una “fundación” para que desarrolle “actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad”. La norma prevé este tipo de compensaciones siempre que sean de al menos 1,5 veces el indicador IPREM, fijado en 7.200 euros, lo que eleva la cuantía a 10.800. Lanbide ha pedido al EVE que “anualmente” remita una “memoria anual” sobre el “cumplimiento de las medidas alternativas”.

Las pensiones suben un 2,7% en términos generales, la inflación acumulada en Euskadi hasta diciembre estaba en un 2,6% y la previsión es que los funcionarios vean mejorada su nómina un 2%. ¿Y la renta de garantía de ingresos? La RGI, que es el salario social para quienes no tienen recursos o un complemento de las nóminas o pensiones bajas, subirá un 2,5%. Así, aunque es una prestación muy variable, ya que depende de las rentas propias y de la situación familiar, la cuantía base pasa de 568,50 euros de 2025 a 583,07 en 2026. Es una cifra mensual en doce pagas.

De este modo, una persona sola sin más ingresos dispondría de 874,61 euros al mes, frente a los 853,28 euros que percibía hasta ahora. Un pensionista que viva solo tendría garantizados 1.107,84 euros, por 1.080,82 hasta ahora. Una pareja con dos hijos podría optar a 1.516,01 euros, por 1.479,03 del pasado año. Y, en el caso más alto, un adulto con cuatro menores su cargo alcanzaría los 1.720,08, frente a los 1.678,13 de 2024.

Lanbide -que es el gestor de las prestaciones- no ha actualizado aún las cuantías para 2026, de modo que la tabla que acompaña a la información es una estimación de este periódico. ¿Cómo está realizada? La reciente reforma legislativa fijó un nuevo concepto de cuantía base. A partir de ahí, en función de la situación particular del solicitante, hay diferentes complementos. Por ejemplo, hasta dos personas adultas por unidad de convivencia pueden optar a un plus del 50% de la cuantía base, mientras que menores y el resto de posibles beneficiarios mayores de edad suman un 30%.

Asimismo, hay mejoras para pensionistas (40% de la base) o para familias monoparentales, con víctimas de violencia de género o de trata o con discapacitados por encima del 33% (25%). Ahora bien, a la inversa, Lanbide avisa que si el solicitante “comparte vivienda con otras personas que no forman parte de su unidad de convivencia, beneficiarias o no de la RGI, se reducirá su RGI con un índice corrector del 15%”.

Según el último reporte estadístico, de noviembre de 2025, son 57.401 los perceptores de RGI, alrededor de un 1,5% menos que en el mismo mes del año anterior. Por tipos, 24.694 son parados y 5.803 tienen reconocida una exención laboral, pero 11.760 tienen salarios precarios y cobran un complemento y 15.144 son pensionistas. Son 24.229 varones y 33.172 mujeres.

La RGI nació como tal en 2008 con un sistema de actualización vinculado al SMI, fijado por el Estado. Sin embargo, la reforma legislativa de 2022 acabó con ese modelo que, 'de facto', ya se había dejado de aplicar en cuanto empezó a escalar con intensidad el salario mínimo. Ahora es una disposición de la ley de presupuestos anual la que regula las cuantías atendiendo a la inflación. El último año con el viejo modelo dejaba la cuantía para un perceptor solo en 727,41 y ahora está en casi 150 euros mensuales más (ó 1.800 anuales).

Los Gobiernos central y vasco celebrarán en Madrid el 29 de diciembre una nueva comisión mixta para cerrar la transferencia de cinco competencias acordadas políticamente en los últimos meses. Tres de ellas están relacionadas ya con la Seguridad Social (políticas pasivas de empleo -el Sepe-, seguro escolar y prestaciones no contributivas), pero aún no hay un acuerdo para el grueso de las funciones de la gestión económica de esta materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma. Las otras dos transferencias son Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

Sin embargo, no está previsto que el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, celebren antes del cambio de calendario la cumbre bilateral que se ha de organizar semestralmente para dar impulso político a las transferencias. La última, la del primer semestre del año, fue en julio.

El PNV acordó con Sánchez a cambio de la investidura de 2023 que antes de la finalización de 2025 se completarían todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. En estos años se han ido formalizando regularmente traspasos como Cercanías, Costas o los permisos de trabajo, entre otros, y los cinco que se firmarán al filo de la Nochevieja son el penúltimo paquete. Pero ambos Ejecutivos siguen teniendo reuniones semanales para discutir otras diez materias, incluida la parte principal del régimen de la Seguridad Social, así como posibles mejoras en la capacidad autonómica en materia portuaria y aeroportuaria.

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha insistido en que Euskadi sigue “trabajando” con “discreción” y labor “de cocina” para intentar cumplir los plazos. En el otro lado, los socialistas han venido repitiendo al PNV que no debe obsesionarse con un calendario. Sin embargo, formalmente nadie ha aludido a un posible incumplimiento del plazo.

La comisión mixta del 29 de diciembre en Madrid fijará los nuevos recursos económicos y materiales que asumirá la comunidad autónoma. Las tres materias relacionadas con la Seguridad Social se fraguaron precisamente en julio, en la última reunión en La Moncloa de ambos Gobiernos con Sánchez y Pradales al frente. El seguro escolar, por ejemplo, es una prestación de muy escaso volumen pero constituye la primera ocasión en que una comunidad autónoma asumirá la posición de la Tesorería General de la Seguridad Social y abre el camino a la gestión completa de las pensiones. El marco del acuerdo es que Euskadi sea tramitador de un sistema que seguirá siendo estatal y en el que el Estado mantendrá la competencia para fijar la normativa y las cuantías.

En cuanto a las políticas pasivas de empleo, el acuerdo tardó unos meses más. Es un área gestionada por Sumar en el Gobierno central y el PNV criticó que la coalición de izquierdas era más reticente a la transferencia que los socialistas. Finalmente, se cerró que Euskadi completará las funciones que ya recibió en 2011, las denominadas políticas activas de empleo. Así, Lanbide sustituirá completamente al Sepe -el antiguo INEM- en lo tocante a prestaciones y subsidios de paro.

Euskadi ha consolidado la tendencia a la baja en el desempleo y ha cerrado el mes de noviembre con 1.123 personas paradas menos respecto al mes de octubre, lo que supone una caída de un 1,04%. Esto supone que hay 106.486 demandantes de empleo inscritos en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Según los datos que han proporcionado desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, la evolución es también positiva respecto al año anterior. En concreto, hay 1.408 personas inscritas en Lanbide en comparación con el mes de noviembre del año pasado, un 1,30% menos, lo que el Gobierno vasco considera que “consolida una evolución sostenida que se viene observando durante todo el ejercicio”.

El descenso del paro se ha acompañado el mes de noviembre de un fuerte incremento de afiliados a la Seguridad Social, con 4.404 cotizantes más, lo que supone que hay 1.036.074 afiliados, por encima del millón de cotizantes considerado de récord, y que se sigue creando empleo. Respecto al año anterior, las cotizaciones se han incrementado en 13.176 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 1,29% más.

El desempleo baja en todos los sectores, salvo en el colectivo de desempleados sin empleo anterior, con 92 personas más, y en la construcción, que suma 21 parados. En el resto, el descenso más significativo se da en los servicios, con 1.216 parados menos, un descenso del 1,61% impulsado sobre todo por las contrataciones relacionadas con la campaña navideña, en hostelería y comercio. También desciende en la industria, con 18 parados menos, y en la agricultura y pesca, aunque en este caso sólo con dos desempleados menos.

Por territorios, Bizkaia es el que tiene mayor número de parados, 60.254 personas, tras una reducción mensual de 666 desempleados (-1,09%) y una bajada interanual de 804 parados (-1,32%). En Gipuzkoa, con 28.179 personas en desempleo, hay 170 desempleados menos que en octubre (-0,60%) y 342 menos que en noviembre de 2024 (-1,20%). Álava, con 18.053 parados inscritos, reduce el desempleo en 287 personas respecto al mes anterior (-1,56%) y en 262 en comparación con el año anterior (-1,43%). También las tres capitales vascas registran descensos en el desempleo, destacando la reducción en Vitoria, seguida de Bilbao y de Donostia. Por colectivos, disminuye especialmente el paro entre las mujeres, con 944 desempleadas menos, y entre las personas jóvenes menores de 30 años, que experimentan una caída destacada del 3,32%. Asimismo, el paro de corta duración es el que más se reduce, evidenciando una mayor agilidad en las transiciones laborales.

El viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegi, ha señalado que la combinación de una bajada del paro en noviembre y el récord de afiliación “refleja la solidez del mercado laboral vasco y la capacidad de Euskadi para seguir generando oportunidades laborales en un contexto económico exigente. Desde el departamento de economía, trabajo y empleo, seguimos trabajando para fortalecer un mercado laboral con mayores niveles de estabilidad y calidad en el empleo”.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado este miércoles en Madrid un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma la gestión del SEPE (el antiguo Inem), lo que se traduce en el traspaso de 30 oficinas y 534 funcionarios y en la potestad de tramitación de las prestaciones por desempleo y de los subsidios de paro, que en 2024 tuvieron unos 50.000 beneficiarios y un coste del entorno de 822 millones. El pacto, sin embargo, deberá ser refrendado todavía en una comisión mixta, el órgano bilateral previsto en la normativa para las transferencias estatutarias. No hay fecha para que Euskadi empiece a tramitar desde su servicio de empleo (Lanbide) las nuevas funciones ya que está pendiente de definirse la interoperabilidad informática, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo de Imanol Pradales, que podrá presentarse este jueves en el debate de política general del Parlamento Vasco que abre oficialmente el curso político en Euskadi con este trofeo, ha considerado que es un día “importante”. “Esperábamos haber cerrado esta cuestión en la reunión bilateral del mes de julio. Sin embargo, no fue posible, hemos redoblado los esfuerzos negociadores y eso ha servido para que, por encima de las dificultades, las posturas hayan acabado confluyendo”, ha manifestado desde Madrid la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que se ha reunido con el secretario de Estado de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, para cerrar los detalles después de semanas de trabajo de cocina.

Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika de 1979. Además de la importancia del paso que hemos dado hoy, podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario“, ha añadido. ”Hacemos una valoración positiva. Muy positiva. Como dijimos en julio, hacía falta únicamente un poquito más de trabajo. Reafirma el compromiso que tiene Sumar con el autogobierno vasco“, ha apuntado el dirigente de Sumar, el vasco Lander Martínez.

Este bloque de materias, las conocidas como políticas pasivas de empleo, es una de las partes del gran traspaso de la gestión de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Ese proceso se inició efectivamente en un julio tras un encuentro bilateral entre el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. Sin embargo, aquellos primeros pasos fueron más cortos de lo previsto porque la parte de Sumar del Ejecutivo central puso algunos reparos. Ello llegó a motivar que Pradales, en La Moncloa, pidiera Sánchez “orden” en su gabinete.

Finalmente, un par de meses después, ambas partes han encauzado la cuestión y han cerrado el acuerdo. Euskadi creó Lanbide en 2011 tras el traspaso de las políticas activas de empleo (formación, contratos y atención a parados) y ahora sustituirá ya totalmente al SEPE en su territorio con la gestión y abono de las prestaciones. Son, en concreto, la prestación contributiva que los trabajadores tienen derecho a cobrar tras la finalización una relación laboral y todos los subsidios, que son el que existe tras el agotamiento del primero, el de cotizaciones insuficientes, el de mayores de 52 años, el de víctimas de violencia de género o sexual, el de emigrantes retornados o la renta agraria.

Una vez más, las partes recalcan que “el traspaso respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social”, a la luz de las habituales críticas desde sectores de la derecha e incluso desde los sindicatos. El Estado, de hecho, retiene la potestar regulatoria y de fijación de cuantías, aunque desde ahora Euskadi tramitará en una única ventanilla estas prestaciones y sus complementos propios, la denominada RGI. El acuerdo es “transitorio” a falta de que se cierre un convenio de financiación del núcleo duro de la Seguridad Social, la gestión de las pensiones. En principio, Sánchez se comprometió con el PNV a cerrarlo antes de la finalización de 2025.

“El Gobierno vasco tiene hechos sus deberes y estamos dispuestos a dedicar el tiempo que sea necesario para culminar lo contemplado en el Estatuto de Gernika que aprobaron por amplia mayoría las vascas y los vascos hace ya casi medio siglo”, ha dicho Ubarretxena en Madrid sobre los temas pendientes. También hay otras materias al margen de la Seguridad Social sobre la mesa, sobre la posible coparticipación de las instituciones vascas en la gestión de los aeropuertos de Aena.

Los Gobiernos central y vasco ultiman un acuerdo para la transferencia a Euskadi de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, de las oficinas del SEPE (el antiguo Inem), de sus funcionarios y, particularmente, de la tramitación tanto de las prestaciones de desempleo como de los subsidios de paro. La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, dice no tener una “bola de cristal” para adivinar el futuro pero ha partido ya a Madrid para mantener una última reunión en la que cerrar los flecos pendientes desde julio en esta materia.

El PNV arrancó a Pedro Sánchez, a cambio de apoyarle en la última investidura, en 2023, un acuerdo para cerrar en 2025 todos los traspasos pendientes del Estatuto de 1979, incluida la gestión económica de la Seguridad Social. Es una materia no cedida nunca a ninguna comunidad autónoma. En julio, en un encuentro bilateral entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, se inició ese proceso con acuerdos en torno a un primer bloque de prestaciones más simbólicas que de relevancia. El PNV se quejó de que la parte de Sumar del Ejecutivo central había impedido un acuerdo mayor en torno a las materias que caen en cartera de Yolanda Díaz, las del SEPE, hasta el punto de pedir Pradales a Sánchez, en La Moncloa, un poco de “orden” en su gabinete.

Euskadi ya recibió en 2011 las denominadas políticas activas de empleo, es decir, la parte del antiguo Inem dedicada a formación, colocación y asesoramiento de parados. De hecho, el SEPE opera ahora en Euskadi en espacios compartidos con el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Ahora se completaría aquello con las políticas pasivas, las relacionadas con la Seguridad Social. “El traspaso técnicamente es posible. Esperamos que mañana se pueda lograr un acuerdo”, ha señalado a los periodistas aún en Vitoria Ubarretxena, que ha puesto en valor el “trabajo previo” de cocina para tener esas sensaciones positivas antes de la reunión clave. De hecho, ha indicado que se ha logrado encauzar las diferencias que había con las diferentes “sensibilidades” de la coalición Sumar, sin más concreciones.

El Ejecutivo autonómico, eso sí, deja claro que no aceptará acuerdos incompletos. Y también puntualiza que al minuto siguiente de firmar el traspaso del SEPE se pondrá ya con los siguientes bloques para completar la gestión de la Seguridad Social hasta llegar al traspaso de la tramitación de las pensiones. La Constitución y el Estatuto dejan claro que la regulación de las cuantías y reglamentos seguirá siendo competencia del Estado y que no se puede romper el principio de caja única y solidaridad interterritorial.

De lograrse un acuerdo, el lehendakari Pradales podrá presentarse ante el pleno de política general previsto para este jueves en el Parlamento con la medalla de haber arrancado al Estado estas competencias. Símbolicamente, en lo que va de año cada arranque de trimestre ha estado acompañado de una novedad en este sentido. El 1 de enero fueron las Cercanías de Renfe, el 1 de abril la gestión de costas y del litoral y el 1 de julio los permisos de trabajo de extranjeros, por ejemplo. Como adelantó este periódico, Euskadi aspira también a lograr un modelo de gestión compartida de los aeropuertos de Aena.

La media salarial neta a jornada completa de los universitarios vascos al acabar sus carreras es de 1.828 euros, según la encuesta de inserción laboral correspondiente al cuarto trimestre de 2024 de Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, en la que se han analizado las trayectorias profesionales de más de 21.000 personas egresadas del sistema universitario, la formación profesional y los certificados de profesionalidad. Sin embargo, entre los universitarios egresados existe una brecha de género de 104 euros de diferencia en los salarios de hombres y mujeres. “Los datos muestran también la persistencia de brechas de género en la elección de estudios y condiciones laborales, aunque con ligeras mejoras en algunos indicadores”, informan desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco.

Desde el año 2000, Lanbide realiza un seguimiento exhaustivo sobre la incorporación de personas tituladas al mercado laboral, en colaboración con las universidades vascas y centros de formación profesional tanto públicos como privados. Esta operación ofrece una radiografía completa de la empleabilidad y la calidad del empleo generado en Euskadi. Uno de los resultados más relevantes de esta edición es que las personas egresadas de titulaciones técnicas universitarias son quienes acceden más rápidamente al mercado laboral: el 94% estaba trabajando tres años después de titularse, y el tiempo medio para encontrar empleo en este colectivo se sitúa en solo 11 meses.

Según los datos recabados, tres de cada cuatro personas tituladas en Formación Profesional encuentran trabajo en ocupaciones relacionadas con sus estudios, lo que confirma el alto grado de alineación entre esta formación y las demandas del mercado. Por otro lado, casi el 60% de las personas que hacen cursos para lograr un Certificado de Profesionalidad, encuentra empleo. Por tipo de formación, el 85% de los titulados universitarios trabaja tres años después de finalizar sus estudios, un 88% ha encontrado un empleo acorde a su nivel de cualificación, y un 78% en áreas relacionadas con su formación. Además, el 64%, alcanza estabilidad laboral, el mejor dato histórico.

Por su parte, los titulados de Formación Profesional tienen una tasa de empleo del 51%, cifra que ha descendido ligeramente. No obstante, la calidad de dicho empleo ha mejorado, con un 62% de empleos estables. Además, un 33,9% consigue empleo gracias a las prácticas, lo que subraya su papel clave. Tres de cada cuatro trabajan en áreas relacionadas con sus estudios y el salario neto medio a jornada completa es de 1.426 euros, con diferencias por sexo todavía notables, especialmente en estabilidad y jornada laboral.

Otro de los datos recabados en el informe es que el 59% de las personas que obtienen Certificados de Profesionalidad está trabajando 18 meses después de finalizar la formación, pese a un leve retroceso respecto a 2023, año en el que tuvo el mejor dato observado desde que se realiza este estudio. El 30% accede al empleo gracias al certificado, y uno de cada cuatro, a través de las prácticas obligatorias. El salario neto medio a jornada completa se sitúa en 1.266 euros y el colectivo valora de forma muy positiva la formación recibida, con puntuaciones cercanas al 9 sobre 10.

Desde Lanbide subrayan la “creciente demanda de perfiles técnicos, científicos y sanitarios en el mercado vasco”, y llaman a “reforzar la conexión entre la oferta formativa (Universidad, FP y certificados) y las necesidades reales del tejido productivo”.

El mercado laboral vasco tiene cada vez más trabajadores extranjeros. En el último año -desde este mes de julio hasta el mismo mes de 2024 -las contrataciones a extranjeros han crecido un 30,5%, frente al 10,5% de incremento entre los trabajadores autóctonos. De las contrataciones que se realizaron el mes pasado, una de cada cinco se hicieron a trabajadores extranjeros, la mayor parte de ellos, casi un 60%, de origen latinoamericano.

Los datos proporcionados este martes por el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a través del informe de contrataciones correspondientes al mes de julio, muestran una realidad de la que se viene alertando desde hace tiempo por parte de las patronales vascas: la falta de trabajadores para completar la demanda del mercado de laboral vasco, y que se necesita cubrir con personas extranjeras. El número de extranjeros incorporados al mercado de trabajo vasco irá en aumento a lo largo de los próximos meses con la posibilidad de agilizar los permisos de trabajo tras la transferencia de la gestión al Gobierno vasco.

De hecho, en el momento de materializarse esta transferencia, el pasado 1 de julio, se estimaba que había un total de 5.000 extranjeros esperando la regulación de sus permisos tras haber realizado cursos de formación o capacitación en Lanbide, y que se podrán ir incorporando de forma paulatina al mercado laboral en un momento en el que se están encendiendo todas las alarmas por la falta de relevo generacional en la población trabajadora vasca. Hace unos días, un informe de la Fundación Adecco, constataba que en la próxima década Euskadi se enfrentará a la jubilación de 260.600 trabajadores con tan solo la incorporación de 56.990 jóvenes, lo que “evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional”. Es decir, por cada cuatro personas y media que se jubilan en Euskadi, solo una se incorporaría al mercado laboral en los próximos diez años.

Los datos del informe de Lanbide constatan un crecimiento de la contratación en general. En total se contrataron 58.033 personas, 3.017 personas más que en el mes junio, lo que supone un ascenso del 5,48%. Con relación a julio del año pasado, son 7.249 personas contratadas más, lo que implica un incremento del 14,27%, respecto al año anterior. El 21,5 % de las personas contratadas en julio tiene nacionalidad extranjera, lo que representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. Del total de personas extranjeras contratadas, el 58,5% tiene nacionalidad de algún país latinoamericano, el 12,1% del norte de África, el 10,7 % de África subsahariana, el 6,2 % de Asia, el 6,0% de Europa no comunitaria y el 5,3 % de Europa comunitaria.

Si se pone la lupa en el último mes de julio, aumenta en 1.789 el número de personas extranjeras contratadas, lo que supone un 16,75% más, frente a un incremento de 1.228 en el caso de personas autóctonas, un 2,77% más. Si la comparación se realiza con el mes de julio de 2024, aumenta tanto la contratación de personas extranjeras, con 2.912 personas más, lo que supone un 30,47% de incremento, como de autóctonas, con 4.337 contratados más, aunque en este caso el incremento es menor y se queda en el 10,52% por cierto sobre los contratos del año pasado.

En lo que se refiere al nivel formativo, el 41,6% de las personas contratadas en el mes de julio tiene un nivel formativo básico o estudios obligatorios, mientras que el 28,0% tiene estudios de bachiller, el 15% estudios de Formación Profesional y el 14,4% estudios universitarios. En la referencia mensual, el mayor crecimiento en valores absolutos se ha dado en las personas con estudios obligatorios, con 2.091 personas más que en el mes de junio (+9,48%). En cambio, en valores relativos, el mayor incremento lo experimentan las personas con estudios de bachiller, con un aumento del 12,67% (+1.830). Por el contrario, entre las personas con estudios de Formación Profesional se ha dado el mayor descenso, tanto en valores absolutos como relativos (-1.145, -11,61 %). En comparación con julio del 2024, en todos los grupos ha habido un aumento en el número de personas contratadas. El grupo en el que más aumenta la contratación, tanto en términos absolutos como en relativos, es el de personas con estudios de bachiller, con 3.178 personas más que el año anterior, lo que equivale a un crecimiento del 24,27%.

En la distinción por edades, la edad media de contratación en el mes de julio se establece en 33,93 años, siendo inferior entre los hombres (33,06) que entre las mujeres (34,78). Las personas contratadas más mayores lo han sido en Araba (34,96 años), mientras que las más jóvenes se han dado en Gipuzkoa (32,78). La edad media de las personas contratadas en Bizkaia ha sido de 34,22 años. La ocupación técnicos de apoyo es la que contrata personas más jóvenes, con una media de edad de 27,64 años. Las personas contratadas más mayores se dan en las ocupaciones directivas, con 44,87 años de media. Las personas contratadas a tiempo parcial son más jóvenes que las contratadas a tiempo completo (33,42 años frente a 34,25), siendo la diferencia más notable en el caso de los hombres (30,15 los parciales frente a los 34,12 años de los contratos a jornada completa). Por duración del contrato, la edad media de las personas con contratos indefinidos es algo superior a la media de edad de las personas con contratos temporales (35,28 años frente a 33,40, respectivamente).

En cuanto al tipo de contratos que se realizan, aunque la tasa de indefinidos está en el 23,2%, algo ya habitual desde que se aprobó en 2022 la reforma laboral, el 36,6 % de los contratos firmados en julio de 2025 son a tiempo parcial, con un 48,0 % en el caso de las mujeres y el 25,3 % en el de los hombres. Lanbide reconoce en su informe que “el mayor problema de este tipo de contratación es que en su mayoría lo es de carácter involuntario, evidenciando la escasa calidad de la relación contractual establecida”.

Las actividades económicas con mayor contratación a tiempo parcial son hostelería, con 4.175 contratos, y comercio y reparación de vehículos con 3.746, mientras que Industrias extractivas es la actividad con menor contratación a tiempo parcial. Por perfiles ocupacionales, el que más destaca por contratación a tiempo parcial es el de los trabajadores de servicios de restauración, con 8.664, mientras que el menor número de contratos se ha dado en el de los trabajadores cualificados en agricultura y pesca, con nueve contratos.

Euskadi ha cerrado el mes de julio con 1.600 desempleados más respecto al año anterior, sobre todo por el aumento del paro en los servicios y en la industria, y con 5.846 afilados menos a la Seguridad Social, lo que señala la destrucción de empleo, pese a que se sigue superando la barrera psicológica del millón de cotizantes. Los datos negativos hechos públicos este lunes por el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respectivamente, no rompen, sin embargo, la tendencia positiva si se realiza la comparativa con el año 2024, y que se ha mantenido ya durante los últimos diez meses. En concreto, respecto al mes de julio de 2024 hay 3.074 parados menos y 10.661 trabajadores afiliados más a la Seguridad Social.

A esta comparativa con el año anterior se ha aferrado el Gobierno vasco en su valoración del desempleo respecto al mes de junio. La directora de Empleo, Arantza Martínez, ha destacado el “carácter estacional y coyuntural” la de subida del paro respecto al mes de junio, y apuntaba a que en la hostelería se ha producido un cambio de tendencia y el tradicional incremento de la contratación este año se ha adelantado a junio. Además, ha destacado que la “circunstancia habitual por estas fechas en el sector de la educación explican, en parte, el ligero repunte del paro respecto a junio”. En este contexto, ha destacado que “la nueva Ley Vasca de Empleo es una herramienta clave para reforzar los derechos de las personas trabajadoras, ordenar el sistema vasco de empleo y garantizar la coordinación entre instituciones y agentes”. En materia de contratación ha destacado que el dinamismo sigue al alza en julio con un aumento del 4,9% con respecto al mes pasado y del 16,3 % interanual, ya que se formalizaron 78.743 contratos. El 48,8% de las personas contratadas tienen menos de 30 años y las mujeres representan más de la mitad de las personas contratadas, “lo que supone un cambio en la tendencia observada hasta la fecha”, ha destacado.

Pese a esta visión positiva, es preocupante el aumento en sectores como la Industria y en los Servicios. En concreto, en Servicios hay 1.765 parados más, un 2,45% de incremento, mientras que en la Industria se han sumado 201 personas a las listas del desempleo, un 2,03%. Este aumento de paro en ambos sectores se contrasta con los descensos en Agricultura, Construcción, y el colectivo de demandantes sin empleo anterior, que se reduce en 293 personas, un 2,05% menos respecto al mes de junio.

Por territorios históricos, el desempleo crece sobre todo en Bizkaia y en Gipuzkoa y baja en Álava. En concreto en Bizkaia se suman al desempleo 1.110 personas, en Gipuzkoa hay 520 más, mientras que en Álava las cifras del paro descienden, aunque muy ligeramente, en 30 personas. De las 104.991 personas en paro en Euskadi, 61.264 son mujeres, 1.168 más que en junio pero 1.627 menos que un año antes, y 43.727 hombres, 432 más que el mes anterior y 1.447 menos que en julio de 2024. Por franjas de edad, el colectivo de mayores de 45 años concentra a 58.367 de los parados, 650 más que en junio y 1.007 menos que el año pasado. Un total de 29.571 desempleados tiene entre 30 y 44 años, 531 más en términos mensuales y 1.448 menos en la variación interanual. Entre los menores de 30 años, hay 10.053 desempleados, 419 más que en junio pero 619 menos que un año antes.

El miércoles a primerísima hora de la mañana, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó una “corrección de errores” y modificó algunos puntos de los estatutos de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que habían sido aprobados el 29 de abril con un decreto del vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Al margen de algunos formalismos y erratas, la nueva redacción incorporaba a las funciones del director general del ente, Francisco Pedraza, la de “resolver los procedimientos relativos a prestaciones del sistema de Seguridad Social”.

La publicación se produjo a las horas de que, la noche anterior, el lehendakari, Imanol Pradales, anunciara desde La Moncloa que los Gobiernos central y vasco habían alcanzado un acuerdo para iniciar el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La vasca será la primera comunidad autónoma en poder disponer de esas competencias, acotadas en todo caso al mantenimiento de la 'caja única' para el conjunto de España y de la solidaridad interterritorial. El Estado mantendrá la capacidad de legislación y regulación, así como de la fijación de las cuantías

La transferencia será escalonada y el acuerdo de Pradales tras su reunión con Pedro Sánchez en solitario primero y luego con sus respectivos equipos hará que arranque con cuatro prestaciones no contributivas (no pensiones, de momento) y la simbólica gestión del seguro escolar, que será la primera vez que un Gobierno autonómico releve de sus funciones a la Tesorería General de la Seguridad Social. Para más adelante quedarían las pensiones (las contributivas y las que no lo son) y también el SEPE (con las prestaciones de paro y los subsidios). Lo primero atañe a la parte socialista del gabinete de Sánchez y lo segundo a la de Sumar, a la que el PNV ha acusado de ser más reacia a un acuerdo e incluso de “centralista”.

Fuentes de Lanbide indican que es una “coincidencia” que esta corrección de errores llegara justo después del acuerdo. “Es una subsanación que no tiene nada que ver con el contexto de las transferencias”, apuntan desde el equipo del vicelehendakari Torres.

Señala el propio texto publicado en el BOPV que la normativa permite que “los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán” sin volver a tramitar la norma, sea ley o decreto, como sería preceptivo. El Gobierno ha entendido que a modificar una errata en la versión en euskera de la denominación de Lanbide o quitar una “a” en un artículo en castellano se le podía añadir sin problemas que entre las funciones de la dirección general estará también, a partir de ahora, “resolver los procedimientos relativos a prestaciones del sistema de Seguridad Social”.

La transferencia de la Seguridad Social, la gran materia pendiente del Estatuto de 1979, fue exigida para 2025 dentro del acuerdo del PNV con Sánchez para la investidura de 2023. Sin embargo, su gestión efectiva recaerá en la parte del PSE-EE del bipartito vasco, en concreto en la cartera de Economía, Trabajo y Empleo de Torres. De hecho, Elena Pérez Barredo es viceconsejera de Trabajo “y Seguridad Social”. En realidad, ya lo es nominalmente desde 2021 y antes también fue directora de Trabajo “y Seguridad Social” desde 2016, un cargo ahora ocupado por Mariví Portugal.

Cuando se complete la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, además, se completarán las atribuciones de la Inspección de Trabajo. En 2011 se transfirió a Euskadi la competencia de las políticas activas de empleo, las que precisamente posibilitaron la creación de Lanbide, y se cedió una parte de la Inspección de Trabajo. Ahora mismo cohabitan inspectores autonómicos y estatales y, de hecho, en los informes aparecen ambos escudos en el encabezado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este martes por la tarde en La Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, en una comisión bilateral en la que la delegación vasca quiere salir con un acuerdo para el inicio del traspaso de la Seguridad Social, una materia nunca antes gestionada por una comunidad autónoma pero que está prevista desde 1979 en el Estatuto vasco. La transferencia iría acompañada de las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y de las funciones de la Inspección de Trabajo no asumidas. Los Gobiernos central y vasco apuran las negociaciones.

Según las fuentes consultadas, aunque apelan constantemente a la discreción de las conversaciones en las horas previas a la cumbre, los puntos sobre los se perfila la negociación ahora mismo son, por un lado, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y, por otro, las prestaciones de desempleo. Para más adelante quedarían las pensiones, unos 12.000 millones de euros de gasto anual y con un fuerte desequilibrio entre lo que se paga y lo que se recauda en Euskadi, y todo lo relativo al personal y edificios de la Seguridad Social.

En el primer apartado, se ha definido que el acuerdo debería posibilitar a Euskadi “la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad, prestaciones por parto a familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples y el subsidio por nacimiento” y el seguro escolar. El Gobierno vasco ha llegado a estimar en unos 100 millones de euros este apartado.

Esta batería se negocia con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de la parte socialista del Gobierno central. Sin embargo, en paralelo hay conversaciones abiertas con Trabajo, con el equipo de Yolanda Díaz, de Sumar, sobre las políticas pasivas de empleo. Y todas las fuentes de la parte vasca coinciden en que los avances aquí están siendo más dificultosos. “Son claramente más centralistas”, sostiene un dirigente vasco.

Se trata de completar el acuerdo de 2011 sobre las políticas activas de empleo, que ya tuvo su intrahistoria política. Lo acordó el PNV siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno y contra el criterio del entonces lehendakari, Patxi López, particularmente en lo tocante a una partida de cotizaciones. Aquello implicó que el entonces conocido como Inem, el Sepe actual, cedió a Lanbide, de nueva creación, la gestión de las ofertas de empleo, la formación y otras actividades relacionadas con el desempleo. También se creó la Inspección de Trabajo vasca, que coexiste con la estatal.

El Estado retuvo entonces la gestión de las prestaciones. Están, por un lado, las contributivas, es decir, el paro generado por los trabajadores al perder su empleo, unas 29.000 en mayo de este año. Y, por otro lado, emergen las no contributivas, los otros subsidios, con unos 20.000 beneficiarios en ese mismo período. El Gobierno de Pradales quiere asumir ya esa gestión, lo que implicaría igualmente la cesión de medios humanos y materiales del Sepe.

La semana pasada, la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, se desplazó a Madrid para celebrar una reunión preparatoria de la cumbre. Volvió con un mensaje de exigencia de que faltaban concreciones y que Euskadi no aceptaría un acuerdo “a medias” este martes. De hecho, la reunión sigue al acuerdo entre los Gobiernos central y catalán en su foro bilateral en torno a la financiación singular de aquella comunidad autónoma y la delegación vasca quiere también un gesto. Destacan que Sánchez sí se sentará con Pradales después de no acudir a Barcelona.

En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma; b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. [...] La Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios

Estatuto de Autonomía de 1979 — Seguridad Social

Las negociaciones han continuado todo el fin de semana y este lunes. Las fuentes consultadas recalcan que se han mantenido reuniones, que ha habido llamadas y que se han redactado documentos sin pausa, incluido el domingo. Está prevista una comparecencia de Pradales desde La Moncloa para última hora de la tarde de este martes. Estará acompañado en Madrid no solamente por Ubarretxena sino también por el vicelehendakari Mikel Torres, referente del PSE-EE en el Ejecutivo bipartito vasco y el consejero que asumiría todas las nuevas competencias al ser el responsable de Economía, Trabajo y Empleo.

El PNV incluyó la transferencia de todos los puntos pendientes del Estatuto de 1979 en sus condiciones para apoyar la investidura de Sánchez en 2023. Y fijó 2025 como año límite. La siguiente reunión bilateral será en diciembre y Pradales quiere avances tangibles ya y calendario para los temas pendientes. En el orden del día hay más asuntos que la Seguridad Social, como la transferencia de Salvamento Marítimo o la propuesta vasca de mejorar la infraestructura de la industria electrointensiva.

La ley registrada por PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco para adoptar medidas “urgentes” en materia de vivienda incluye también una disposición adicional que retoca la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos, de diciembre de 2022. La conocida como RGI es el salario social de quienes no tienen recursos o el complemento de nóminas y pensiones precarias, 59.000 familias en total. En concreto, blinda que nadie sin “título válido” de uso de una casa, sea en compra o en alquiler, pueda acceder a las prestaciones sociales. Colectivos sociales como Argilan-ESK interpretan que esta medida, precisamente, entorpece el acceso a ayudas a quienes viven en régimen de subarriendo, con fórmulas alegales o incluso ocupando un espacio vacío.

Aunque la ley formalmente es de los grupos parlamentarios de PNV y de PSE-EE, está claramente coordinada por el Gobierno de Imanol Pradales. Se ha elegido que lo presenten los partidos para ahorrar trámites e informes -jurídicos, económicos o de género- y que esté en vigor a finales de 2025. De hecho, el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, explicó a los periodistas en una comparecencia que la disposición sobre la RGI fue una “petición expresa” de su colega el vicelehendakari Mikel Torres, también socialista y responsable de Economía, Trabajo y Empleo, la cartera que gestiona las prestaciones sociales.

La disposición responde claramente a una sentencia emitida en marzo por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tras un recurso de Argilan-ESK, de ELA, de Berri-Otxoak y del Sindicato Socialista de Vivienda, quedó anulada una disposición del decreto de 2023 que desarrollaba la ley de la RGI de 2022 para exigir el “título válido” de uso de un alojamiento a la hora de solicitar las prestaciones. El Gobierno vasco interpreta no que la sentencia anulara la medida en sí sino la forma en la que fue aprobada. De hecho, el fallo aludía a que se necesitaba una habilitación legal para introducir esas limitaciones. “Si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa ni ha habilitado al reglamento para tal desarrollo o precisión, el reglamento no puede introducir 'ex novo' un requisito subjetivo de titularidad posesoria del marco físico objetivo, disfrazándola o enmascarándolo como un requisito de lo que haya de considerarse domicilio”, se podía leer en el fallo.

El nuevo texto de PNV y PSE-EE meterá por esta vía interpuesta un nuevo apartado en el artículo 13 de la ley de 2022 que recoge palabra por palabra el párrafo eliminado por la Justicia en el reglamento. También, con fines similares, una acotación sobre las “unidades de convivencia” o familias, los grupos de personas que conviven de modo regular sea cual sea su estatus o relación de parentesco. “La resolución decía que dicho requisito debe constar en la propia ley, por lo que este departamento ha incorporado este requisito en la ley”, apuntan desde el área de Torres, que llegó al cargo hace un año, es decir, después de la aprobación de la ley y del reglamento, pero que hace suya la hoja de ruta de su predecesora, Idoia Mendia.

“La vía utilizada para incluir el artículo considerado nulo por la sentencia del Superior de finales de 2024 a través de la ley de Vivienda es una iniciativa torticera del Gobierno vasco, que no se ha atrevido a abrir el melón de la ley de 2022 pues sabía que el malestar que se ha ido acuñando en los 27 meses de gestión de la nueva legislación de la RGI le iba a estallar en plena cara”, interpretan, de su lado, desde Argilan, plataforma especializada en la atención de perceptores de prestaciones y vinculada al sindicato ESK.

Con todo, este colectivo tiene aún “esperanza” de que sea posible “evitar que se incluya este cambio”, aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tiene una holgada mayoría absoluta en la Cámara. Según Argilan-ESK, el objetivo “único y exclusivo” de este cambio legal por la puerta de atrás es “limitar el acceso a la RGI a las personas más vulnerables de la sociedad”. “A aquéllas que no tienen ninguna capacidad para enfrentarse a caseros egoístas y usureros que les obliguen a pagar un precio por títulos válidos en derecho para tener una residencia, cuando ahora con el simple empadronamiento (cosa que tampoco suele salir gratis) ya es requisito suficiente para tener derecho a la RGI”, entienden. Agregan que desde que los tribunales anularon esa limitación “ni se ha producido ninguna inseguridad jurídica de las personas propietarias de pisos en alquiler, ni ha aumentado el fraude ni nada de nada”.

Lamenta Argilan-ESK que en el debate sobre el alcance de la RGI, que es un derecho en Euskadi desde 2008, están calando poco a poco “la aporofobia y la xenofobia”. “El Gobierno vasco se ha apuntado a echar más leña al fuego desatado para sembrar la guerra de los anteúltimos contra los últimos de las personas vulnerables de nuestra sociedad. En Argilan-ESK haremos todo lo que esté en nuestra mano por evitar que esta guerra se extienda a través de la RGI y seguiremos defendiendo un modelo de renta básica incondicional, que haría imposible este tipo de problemas que se generan con modelos caducos de subsidios condicionados como es la RGI”, agregan desde esta organización.

Este viernes Vitoria ha celebrado 45 años como capital de Euskadi. En mayo de 1980, en su primera ley, el Parlamento Vasco la designó como sede de las instituciones comunes autonómicas, pero no es algo que aparezca en el Estatuto, como le ocurre a Barcelona en Catalunya. Tampoco hay un estatuto de capitalidad, una ley que regula su estatus o financiación, que queda al albur de acuerdos políticos como el reciente para subir el canon anual -no instaurado hasta 2012- a 12,5 millones. Mas, ¿acoge Vitoria todos los organismos públicos de Euskadi?

elDiario.es/Euskadi ha repasado la ubicación de las oficinas centrales de 65 de ellos, de todo tipo. El resultado es que hay 34 en Vitoria y 31 repartidos entre Bilbao, Donostia y otros municipios. El historiador Antonio Rivera opina que si en España se considera positivo descentralizar organismos de Madrid, en el caso vasco tampoco tendría que ser negativo, a pesar de que la condición de capital de Vitoria siempre ha suscitado debate político. Un dato: de los cuatro principales partidos representados en el Parlamento Vasco ninguno tiene su cuartel general ahí. El PNV, el PSE-EE y el PP han instalado sus sedes principales en Bilbao y la coalición EH Bildu lo ha hecho en Donostia.

En Vitoria está el Parlamento Vasco, la Presidencia autonómica y el palacio de Ajuria Enea, el edificio principal del Gobierno vasco -en Lakua, un antiguo geriátrico-, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el Ararteko (la Defensoría del pueblo) y también, hasta llegar a 34, otros organismos como Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), URA (Agencia Vasca del Agua), Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer), Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), Euskalmet (Instituto Vasco de Meteorología) o la academia de la Ertzaintza y de emergencias de Arkaute. También la reciente Cyberzaintza (la agencia de ciberseguridad) se ha abierto en Vitoria (en el parque tecnológico de Miñano) o incluso la entidad que gestiona los puertos marítimos (EKP), aunque la capital esté en el interior.

Pero el rectorado de la EHU (la Universidad pública) está en Leioa, la base principal de la Ertzaintza muy cerca de allí, en Erandio, EiTB y otras sociedades públicas como la Spri, el EVE (Ente Vasco de la Energía) o Euskotren y ETS (el administrador de infraestructuras ferroviarias) operan desde Bilbao. Osalan (Instituto Vasco de Prevención de Riesgos Laborales) tiene oficinas centrales en Barakaldo. El Instituto de la Memoria (Gogora) y el Archivo Histórico de Euskadi comparten igualmente sede en Bilbao. En total, en el recuento de este periódico aparecen 22 organismos radicados en Bizkaia.

Gipuzkoa, con 9 sedes, aparece como el territorio con menos peso en el reparto institucional. Además, el Gobierno vasco ha ubicado en Donostia exclusivamente organismos de corte cultural-educativo, como el Instituto Etxepare de promoción de la cultura vasca en el exterior, el organismo de euskaldunización Habe, dos orquestas y Musikene, el centro superior de enseñanza musical.

En lo tocante al poder judicial, tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como la Fiscalía están en Bilbao. Quien fuera presidente del más alto tribunal vasco, Juan Luis Ibarra, sostiene que “nunca” se ha valorado instalar estos órganos judiciales en la capital. Esto solamente ocurre también en Galicia y en Extremadura, cuyas capitales son Santiago de Compostela y Mérida pero que tienen la cabecera judicial en A Coruña y Cáceres, respetivamente.

En cuanto a los organismos del Estado, Vitoria tampoco copa todas las entidades. La Delegación del Gobierno sí está en la ciudad. De hecho, en el mapa figura pegada a Ajuria Enea. También la Delegación de Defensa y la base principal de la Guardia Civil se han ubicado en la capital, pero no la de la Policía Nacional, que está en Bilbao. El centro territorial de RTVE tiene su cabecera en Bilbao y en Donostia está Aemet (Agencia Estatal de Meteorología).

La transferencia a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, que no de la capacidad de fijar pensiones o prestaciones ni de disponer de una caja propia y diferenciada, será “escalonada” y arrancará con la cesión de las prestaciones no contributivas, es decir, con aquellas de carácter más asistencial y no vinculadas a las cotizaciones. Así lo ha explicado en Madrid la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, que se ha reunido primero con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, del equipo de Elma Saiz, y después con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Cabe señalar que entre las prestaciones no contributivas se encuentran la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples, y el subsidio por maternidad. En Euskadi, en 2023, las asignaciones económicas por hijo a cargo ascendieron a 9.394 por un importe total de 4.957.814 euros y por hijo o cuidado de menor se registraron 3.846 personas beneficiarias”, ha puesto como ejemplo el Gobierno vasco.

Ubarretxena, en declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que existe “buena sintonía” para acometer un traspaso del que no hay precedentes con ninguna otra comunidad autónoma aunque Euskadi sí tiene algunas atribuciones ya como el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda estatal pero gestionada desde 2022 por el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) en paralelo a la Renta de Garantía de Ingresos autonómica, y otras pequeñas materias cerradas hace décadas. El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV de 2023 fijaba 2025 como tope para completar las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 y el Ejecutivo vasco, del que también forman parte los socialistas, confía en que así sea.

La consejera ha señalado que, en una tercera reunión con el Ministerio de Política Territorial, se ha acordado crear cuatro bloques para completar las transferencias. El primero será el relacionado con la Seguridad Social, que en realidad son cinco competencias ya que también se incluyen las prestaciones de paro (políticas pasivas de empleo) y las materias no transferidas en su día de la Inspección de Trabajo, por ejemplo. A su vez, esta primera parte se hará de modo gradual por la complejidad de la materia y la necesidad de delimitar las funciones que se reservará el Estado y las que asumirá el Gobierno vasco.

La transferencia arrancará con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, después con las prestaciones no contributivas del SEPE, es decir, los subsidios de desempleo asistenciales, y luego ya con las prestaciones de paro contributivas (las políticas pasivas de empleo como tal). Después de esa primera fase quedarán otros “escalones” hasta que se completen las previsiones del Estatuto relativas a la Seguridad Social y materias asociadas. La propia normativa autonómica de 1979 acota que los acuerdos habrán de preservar la 'caja única' española y la solidaridad interterritorial. Ubarretxena calculó que Euskadi verá incrementado su presupuesto en unos 12.000 millones de euros, el equivalente al 80% de su presupuesto total actual.

Después de este bloque, Ubarretxena ha indicado que se negociarán los paquetes relativos a infraestructuras, las competencias pendientes de Seguridad y, finalmente, asuntos económicos, empresariales o financieros. Además, se busca una salida para el entuerto de la transferencia ya cerrada de las homologaciones de títulos universitarios extranjeros, que ha sido anulada por el Tribunal Supremo. Aunque se formulará un recurso de amparo al Constitucional, se busca una salida para las alrededor de 200 personas que iniciaron el papeleo en los pocos días en que Euskadi gestionó de modo efectivo este asunto.

Ubarretxena se ha felicitado de las reuniones “al más alto nivel” que ha tenido en Madrid esta semana y de la “sintonía” entre los Gobiernos central y vasco. En adelante, ha apelado al “trabajo de cocina” para llevar a buen puerto las negociaciones. “Menos titulares y más trabajo de cocina”, ha arengado la consejera vasca en su visita a la capital.

Los partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, y la oposición de izquierdas, EH Bildu y Sumar, han apoyado este jueves una resolución que insta al Estado a transferir a Euskadi la gestión de las denominadas políticas pasivas de empleo, es decir, de las prestaciones de paro. Otra lectura es que el acuerdo ha sido alcanzado entre las dos fuerzas nacionalistas y los dos partidos que conforman el Gobierno de España. Solamente PP y Vox se han opuesto.

Los Gobiernos central y vasco negocian para efectuar en 2025 el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, previsto en el Estatuto de 1979. El lehendakari, Imanol Pradales, siempre ha insistido en que ello implica igualmente el traspaso de las políticas pasivas de empleo y de las funciones pendientes de la Inspección de Trabajo. Son materias nunca antes cedidas a una comunidad autónoma.

En 2011, Euskadi fue la última comunidad en recibir las políticas activas de empleo, es decir, la intermediación laboral o la formación. Fue el momento de creación de Lanbide como alternativa al antiguo Inem, ahora Sepe. Sin embargo, entonces no se cedió la gestión de las prestaciones de paro, las que ahora ha demandado el Parlamento. Previamente, ya había habido pronunciamientos similares pero el de ahora tiene el simbolismo de que llega en plena negociación.

El debate lo ha elevado a la Cámara EH Bildu. Su portavoz, Pazis García, ha apelado a la importancia de “vincular las políticas activas y pasivas”. “Las políticas pasivas de empleo tienen como objetivo proteger a las personas desempleadas mediante prestaciones económicas mientras buscan un nuevo empleo con el acompañamiento de los servicios que se derivan de las políticas activas de empleo. Y, por lo tanto, las políticas pasivas cuya transferencia hoy reclamamos son una parte indispensable de las políticas activas de empleo. La transferencia parcial que se realizó en su momento resta congruencia a la actuación pública y burocratiza la atención a las personas desempleadas”, ha argumentado poniendo el ejemplo de que para ir al Sepe a cobrar la prestación hay que acudir antes a Lanbide a darse de alta como desempleado. El texto aprobado, sin embargo, ha sido el planteado por PNV y PSE-EE ya que la coalición quería un paso más y definir un marco propio de relaciones laborales.

El PNV ha secundado el traspaso y ha lamentado que más de 45 años después de la aprobación del Estatuto siga habiendo asuntos pendientes. Sin embargo, Markel Aranburu ha ironizado que EH Bildu es un “converso” en la defensa del autogobierno vasco aunque ahora pretenda mostrarse como adalid. El PSE-EE, en otra clave, ha destacado que los “avances” en materia estatutaria se producen con presidentes socialistas en La Moncloa, en palabras de Ekain Rico. Sumar, que gestiona la cartera de Trabajo con Yolanda Díaz, llevaba una enmienda propia pero, finalmente, se ha adherido también a la reclamación general.

PP y Vox han criticado esta reclamación. El PP ha defendido que no se puede asociar más competencias con mejor gestión y ha puesto el ejemplo de la puesta en marcha de Lanbide en 2011, llena de controversia. Álvaro Gotxi ha deslizado que es más útil para encontrar una colocación tener el carné de afiliado al PNV que ir al Servicio Vasco de Empleo. Ha agregado que la propia Administración prefiere contratar a empresas privadas de búsqueda de perfiles que pedírselos a Lanbide.

Horas antes pero en el mismo pleno del Parlamento su compañero Santiago López Céspedes también ha denunciado que “no hay que ser Einstein” para conocer las redes “clientelares” del PNV. “Si existiese una inteligencia artificial para detectar las redes clientelares y le ponemos a examinar al Gobierno vasco... lo mismo colapsa”, ha atacado. Desde la ultraderecha, Vox se ha limitado a defender la “unidad” del sistema de Seguridad Social aunque el Estatuto prevé expresamente que la transferencia de la gestión no toque la caja única y la solidaridad interterritorial.

El número de pagos indebidos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) a los perceptores de prestaciones sociales cayeron un 81% en 2024 con relación a 2023 por la entrada en vigor de los nuevos sistemas de control de las cuantías derivados de la ley de 2022 y del decreto de desarrollo de 2023. Según los datos que figuran en un informe enviado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en respuesta a una solicitud de Álvaro Gotxi (PP), en 2024 hubo 7.755 expedientes de este tipo frente a los 43.976 de 2021, los 44.397 de 2022 y los 40.048 de 2023. El documento no traduce ese descenso en dinero, pero en 2023 esos indebidos en la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV) alcanzaron los 55 millones de euros.

“Como se puede observar, hay una reducción notable en la generación de cobros indebidos a partir de la entrada en vigor del decreto 173/2023 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la RGI. Esto es así debido a que la nueva normativa establece un período de decalaje en el cómputo de los ingresos de la unidad de convivencia, de forma se evita la causa principal de la generación de deuda, esto es, la imposibilidad material de actualizar la prestación en el mismo mes en el que se producía la variación de ingresos, de unidad de convivencia o incumplimiento de requisitos”, explica Torres al PP.

Para entender la generación de pagos indebidos de Lanbide a los perceptores de prestaciones hay que comprender el funcionamiento de la RGI. Se trata de una renta variable en función del número de miembros de una familia o unidad de convivencia y también de sus circunstancias. Es un salario social completo pero sirve también de complemento de pensiones bajas o incluso de nóminas escasas. De este modo, los perceptores que entran y salen del mercado laboral o que tienen entradas de dinero irregulares tienen derecho a diferentes cuantías de modo recurrente. Y eso, sin ser fraude en la mayoría de los casos, les generaba unos ingresos indebidos.

El informe apunta cinco tipos diferentes de pagos indebidos. Uno es el incumplimiento de requisitos bien para acceder a la RGI o bien para su complemento para el alquiler, la denominada PCV que ya no se concede más porque ahora esas ayudas se gestionan desde Vivienda y no desde Lanbide. En 2021 fueron 2.950 casos de este tipo por 3.117 en 2022, 2.196 en 2023 y 1.113 en 2024. Otro es el desfase con los ingresos para calcular la cuantía final. Aquí está el gran cambio actual tras la entrada en vigor de los nuevos sistemas de gestión. Fueron 37.005 expedientes en 2021, 35.950 en 2022, 27.305 en 2023 y apenas 466 en 2024. Hay también indebidos propios de la PCV, que irán a menos conforme los beneficiarios se muevan a la nueva PEV de Vivienda. Fueron 3.259, 4.005, 3.089 y 1.593 en los últimos años. Las deudas generadas por cambios en la unidad de convivencia fueron 762, 664, 550 y 14, respectivamente.

En la actualidad, la mayor bolsa de indebidos la genera el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde la creación de esta prestación estatal y su trasferencia de gestión a Lanbide, los perceptores reciben un único abono pero las administraciones se lo reparten. Es decir, la RGI complementa con fondos autonómicos el IMV hasta umbrales más altos. Pero hay problemas de “sincronización”. Por ejemplo, “una generación de atrasos de IMV de una persona perceptora a su vez de RGI implica una generación de la correspondiente deuda de RGI”. O, dicho de otro modo, si un ciudadano tiene derecho a 1.000 euros, hasta que no se le ajusta el IMV seguirá cobrando esos 1.000 euros todos ellos con cargo a la RGI e irá acumulando una deuda, aunque no esté defraudando en absoluto.

Explica el Gobierno que se ha creado un “sistema de compensación automático” de modo que cuando se abonan de golpe los “atrasos” del IMV se usan para “compensar” los excesos de RGI. 4.569 perceptores en 2024 han tenido este problema, como lo tuvieron 6.908 en 2023. En 2021 y 2022 no era una cuestión perceptible apenas en plena puesta en marcha del IMV. En 2023, solamente los indebidos del IMV supusieron unos 30 millones de euros de los 55 totales de todas las casuísticas.

En el informe figura el dato de que la deuda total generada por los indebidos alcanzó los 285,1 millones de euros. De ellos, 29 millones se han dado por prescritos, es decir, no los tendrán que devolver los beneficiarios, un dato que quería conocer el PP. Por el contrario, 178,5 millones han sido ya “recuperados”. Son un 10% y un 62%, respectivamente, incide el vicelehendakari Torres. Añade que “este proceso de recuperación de deuda continúa en la actualidad mediante los procecimientos de compensación, fraccionamiento, cartas de pago y vía ejecutiva”.

El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) anuncia y financia para personas empleadas y desempleadas el curso 'Constelaciones familiares' que tendrá lugar los viernes del 17 de enero al 21 de marzo de 2025 con una duración de 50 horas. Se trata de un curso realizado por la empresa Juritecnia que cuenta con el objetivo de enseñar “los secretos para profundizar en los patrones familiares, el cambio, el conflicto, etc.”. “Las constelaciones familiares son una herramienta práctica y profunda que posibilita tomar conciencia de los desórdenes o desequilibrios en diferentes ámbitos: la familia, el sistema educativo, el ámbito laboral, a nivel social, etc.”, recoge el curso.

Sin embargo, las constelaciones familiares son una pseudoterapia desarrollada por el teólogo y espiritualista Bert Hellinger (Alemania, 1925–2019), cuya hipótesis sostiene que los problemas físicos, emocionales y psicológicos de las personas se fundamentarían en la transmisión generacional. Se trata de una práctica ampliamente criticada por la comunidad científica porque no se fundamenta en criterios objetivos.

El curso recoge que se recomienda a quienes buscan “herramientas efectivas para mejorar sus relaciones personales y profesionales”. “En este curso aprenderás acerca de la técnica de las Constelaciones Familiares, un método innovador y transformador que te permitirá explorar las dinámicas de tus relaciones familiares y descubrir cómo estas pueden influir en tu vida actual”, indica.

Durante las 50 horas se realizarán “ejercicios prácticos y dinámicas en grupo” para aprender a “identificar patrones y tendencias en tus relaciones y a tomar medidas concretas para transformarlas”. “Además, el curso te brindará una perspectiva profunda y holística de las relaciones humanas, lo que te ayudará a desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia ti mismo y hacia los demás. Gracias al curso constelaciones familiares aprenderemos cómo nos posicionamos en nuestras relaciones, para poder cambiar aquello que no funciona y sanear los vínculos con las demás personas. Esta toma de consciencia es el primer paso para dejar de repetir patrones disfuncionales que se arrastran de diferentes generaciones”, sostiene el curso que cuenta con nueve asignaturas entre las que se encuentran “Las órdenes del amor”, “Del núcleo familiar a los movimientos del espíritu” o “Patrones y lealtades familiares”.

Juantxo Domínguez, presidente de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE), critica el “negocio” que suponen este tipo de cursos impartidos por personas que “no son profesionales de la salud”. “Cualquiera puede montar una historia y sacar rédito económico. La mayoría de estas personas no son profesionales de la salud ni psicólogos y se dan a conocer a través de las redes sociales. Es un auténtico negocio que parte del hecho de que no hay una regulación en España sobre pseudoterapias. En este caso, lo denunciable es que se imparta por Lanbide, se financie con dinero público y se ofrezca como herramienta para buscar o encontrar trabajo”, denuncia Domínguez.

Este periódico ha contactado con el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, pero no ha querido realizar ninguna declaración al respecto ni ha querido entrar a valorar términos como “pseudoterapia”.

No se trata de la primera vez que tratan de impartir cursos relacionados con pseudociencias en instituciones públicas vascas. El pasado mayo, dentro de los cursos 'Udako Topaketak' de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se llegó a ofertar, pero después se canceló, un curso sobre “astrología psicológica” presentada como un “instrumento útil para la educación”.

En aquel caso se trataba de un curso de tres días que se iba a impartir en instalaciones públicas de Donostia en verano, se vendía como “teórico-práctico” y pedía traer la fecha y hora exacta de nacimiento miradas ya desde casa para realizar los ejercicios. Finalmente, la Universidad pública se desmarcó de la organización del curso, para el que según recalcó simplemente cedía sus instalaciones, y señaló en un comunicado que “rechaza la pseudociencia y garantiza el rigor científico”.

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres después de que hayan percibido alrededor de 300.000 euros en ayudas sociales de Lanbide de forma fraudulenta. Las investigaciones, practicadas a raíz de una denuncia del propio Servicio Vasco de Empleo, han permitido sacar a la luz las tácticas utilizadas por los detenidos para conseguir las ayudas. La investigación llevada a cabo por agentes del Servicio de Investigación Criminal de la Ertzaintza se inició en el mes de agosto tras recibir un oficio de la Fiscalía Provincial de Bizkaia por un presunto hecho delictivo en materia de ayudas sociales, según informa la propia Policía autonómica.

En base a la información facilitada por el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, que notificó los hechos a la Fiscalía, los agentes encargados de la investigación pudieron comprobar que había dos matrimonios implicados en los hechos; los hombres eran, además, familiares entre sí. Las actuaciones llevadas a cabo permitieron comprobar que los sospechosos habían falsificado documentos públicos con el fin de percibir prestaciones de la administración pública.

De la investigación y acciones practicadas, se tuvo conocimiento de que las personas implicadas disponían de dos viviendas en propiedad no declaradas en Bilbao y Amorebieta-Etxano y que ambos matrimonios simulaban haberse divorciado, aunque en la realidad residían cada uno con su pareja y con sus respectivas familias. Asimismo, uno de los dos hombres creó una identidad falsa con el fin de duplicar la solicitud de ayudas.

Para evitar que Lanbide detectara irregularidades en las solicitudes, los ahora arrestados se empadronaban intercambiándose los domicilios familiares. Se estima que han percibido alrededor de 300.000 euros repartidos en ayudas de renta de garantía de ingresos, ayudas al alquiler de viviendas e ingreso mínimo vital. Ante tales evidencias, los dos hombres fueron detenidos la semana pasada por delitos de estafa y falsedad documental, siendo puestos a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias. No obstante, la Ertzaintza continúa con las investigaciones y no se descartan más acciones penales contra estas personas.