La concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha enviado este jueves, a última hora, un comunicado para calificar de “riesgo de colapso real” el efecto que tendrá el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en Cantabria, después de que “más de un centenar” de personas hayan acudido al Ayuntamiento a consultar e informarse del procedimiento, este jueves día 16, día que se ha abierto el plazo de solicitud, tras la publicación del Real Decreto el día anterior, en el Boletín Oficial del Estado (BOC).

“Estamos atendiendo una demanda que no nos corresponde ordenar ni resolver, pero que sí estamos sosteniendo con nuestros recursos”, ha señalado Gancedo, quien ha advertido de que, de no actuar con rapidez, “el riesgo de colapso es real y afectará al conjunto de la atención social que prestamos a la ciudadanía”.

“Una presión que también se está trasladando al conjunto de los servicios municipales: unidades de trabajo social, centros de acogida, oficina de integración o centro de igualdad, además de las consultas telefónicas que no dejan de aumentar”, ha dicho la concejala.

Gancedo ha exigido a la Delegación del Gobierno en Cantabria que “asuma su responsabilidad” en la gestión del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central“.

Proceso “de enorme impacto”

La concejala ha denunciado que el Gobierno central ha puesto en marcha un proceso de enorme impacto social “sin dotarlo de la información operativa necesaria ni de una mínima previsión sobre sus consecuencias en la administración más cercana, que somos los ayuntamientos”.Por ello, ha reclamado instrucciones claras, canales de información accesibles para la ciudadanía y refuerzo de los dispositivos administrativos del Estado para evitar que la incertidumbre recaiga, una vez más, sobre los servicios locales.

“Los municipios no pueden convertirse en la ventanilla improvisada de decisiones que otros adoptan sin prever su ejecución”, ha dicho Gancedo.

Para dudas respecto al proceso, el Ministerio de Inclusión ha habilitado el teléfono 060, también habilitado para la petición de cita previa y que atenderá en español. Las personas pueden solicitar desde el 16 de abril cita previa. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. Las instituciones que quieran sumarse disponen de un registro de colaboradores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular en España, una medida que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta.

De acuerdo con los cálculos de esta organización, en la comunidad extremeña residen alrededor de 69.500 personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 5.000 se encontrarían en situación irregular. En este contexto, se prevé que la regularización extraordinaria genere unas 4.500 solicitudes en la región, de las que aproximadamente dos tercios podrían resolverse favorablemente.

A nivel estatal, la Fundación Ciudadanía Global estima que podrían presentarse unas 751.200 solicitudes, con una previsión de en torno a 503.000 regularizaciones efectivas. La medida se enmarca en una respuesta institucional a una demanda social y política que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha cristalizado en este real decreto aprobado por el Ejecutivo.

Por territorios, Extremadura se situaría entre las comunidades autónomas con menor número de regularizaciones previstas, junto a Cantabria (3.500) y La Rioja (4.000). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, donde se estiman unas 135.000 regularizaciones; la Comunidad de Madrid, con unas 90.000; y Andalucía y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 60.000 cada una.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el real decreto establece como requisitos carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El Ejecutivo calcula que la medida permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas en todo el país.

Esta regularización extraordinaria supone uno de los procesos más amplios de este tipo en España en los últimos años y busca dar respuesta a una realidad estructural vinculada a la presencia de población migrante sin autorización administrativa, facilitando su acceso a derechos laborales y sociales.

Gobierno central

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzará las oficinas encargadas de tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Estos puntos de atención se habilitarán en dependencias de la Seguridad Social en Cáceres y Badajoz, así como en oficinas de Correos en ambas ciudades y en Mérida.

Según ha detallado, las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a partir de este jueves, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril. Quintana ha subrayado que se trata de un procedimiento “relativamente sencillo” y ha destacado la implicación de numerosas ONG en el acompañamiento a las personas solicitantes.

En el caso de Extremadura, la tramitación presencial se realizará en las oficinas de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz, y en las de Correos de Cáceres, Badajoz y Mérida, al tratarse de las principales ciudades de la región. Para acceder a este servicio será necesario solicitar cita previa, bien a través del teléfono 060 o del portal de regularización, ambos disponibles desde el 16 de abril.

Por otro lado, el delegado ha calificado de “difícil de entender” que algunos sectores critiquen esta medida mientras, al mismo tiempo, reclaman mano de obra y la regularización de personas migrantes. “Resulta sorprendente que quienes cuestionan la normativa sean los mismos que señalan la necesidad de trabajadores”, ha insistido.

Finalmente, Quintana ha valorado esta iniciativa como “muy bien recibida” y ha recordado que actualmente más de tres millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en España, contribuyendo a que el país supere los 22 millones de ocupados y alcance, por primera vez, más de 10,5 millones de mujeres trabajando.

El Congreso ha convalidado este jueves el primero de los dos decretos aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán, que se acerca a su primer mes de duración. El Ejecutivo ha logrado el apoyo o la abstención de los partidos de la investidura, así como el 'sí' de UPN, lo que garantizaba que las medidas, que ya entraron en vigor, no iban a decaer. El PP ha anunciado su abstención ante la evidencia de que el decreto pasaría el test parlamentario sin importar su decisión. Solo Vox ha votado en contra.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de “proteger y preparar” a la economía española ante el 'shock' que puede producirse si la escasez de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz se mantiene durante semanas.

Cuerpo ha apelado por poner en marcha un “escudo social” que controle un posible aumento de los precios por el encarecimiento de los combustibles, y una “transformación de la economía” tendente a reducir la dependencia del petróleo y sus derivados.

Los grupos de la investidura han reconocido que “por primera vez” el Gobierno ha “consultado a los grupos”, en palabras de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. Pero el Ejecutivo se ha llevado también el pellizco de socios como ERC, EH Bildu o Podemos por no haber traído también a votación, y en un único documento, el segundo decreto, que limita el incremento de los alquileres.

En ese sentido, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, criticó ya el miércoles que el PSOE haya decidido separar ambos paquetes de medidas y que el que ha salido adelante este jueves contemple rebajas “generalizadas” de impuestos “sin control de precios”. En la misma línea se expresó su homólogo de ERC, Gabriel Rufián. Y este jueves la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha denunciado que el PSOE presuma de medidas como “la subida del salario mínimo, la reforma laboral o los escudos sociales” cuya aprobación en el seno del Gobierno ponen “tan difícil”.

El decreto estaba en manos del PP y de Junts. Los independentistas catalanes desvelaron este martes que lo apoyarían a cambio del apoyo del PSOE a una PNL sobre el IVA de los autónomos. Este jueves, el diputado Josep María Cruset, utilizó su turno durante el debate para cargar contra un Gobierno al que acusó de provocar la necesidad de aprobar medidas de urgencia para hacer frente a la crisis económica por la guerra de Irán.

“Mientras dicen ustedes que España va como un cohete, la gente va para atrás, y esto va a ir a mucho peor”, denunció Cruset, que tachó al Ejecutivo de “irresponsable supino” por no haber, dijo, “aprovechado los años de bonanza en los que la macroeconomía funcionaba para reforzar la economía de las familias”. “La gente lo está pasando peor ahora que cuando ustedes llegaron al Gobierno”, criticó el parlamentario de Junts, que denunció que “cada vez hay más gente subsidiada” y eso es un “síntoma” de la mala situación económica.

Ese texto normativo no tiene fecha de votación. El plazo es de un mes desde su publicación en el BOE.

Estas son las medidas económicas y fiscales aprobadas:

— Una bajada de los impuestos de la electricidad gracias a una rebaja del 21% al 10% de IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). En total, el Gobierno asegura que la bajada de impuestos de la electricidad será de un 60%.

— El Gobierno rebajará el IVA de los combustibles al 10%. Además, una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. Sánchez ha cifrado la rebaja en 30 céntimos por litro en función del carburante.

— Congelación del precio máximo de venta de butano y propano y también una reducción al 10% del IVA el gas natural, 'pellets' y leña.

— Ampliación hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y reforzar el bono social térmico. Se prolongará la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares vulnerables.

— Bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para las industrias “expuestas al shock energético”. “Ayudaremos a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros”, ha dicho Sánchez.

— Se recupera la ayuda para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de 20 céntimos por litro de combustible, que abonará la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

— Establecimiento por ley de “mayor flexibilidad” en los contratos de suministro energético. “Nos va a permitir que empresas y trabajadores autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual sin costes adicionales”, ha explicado.

— Se va a dotar de más “capacidad de supervisión y sanción” a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que las empresas saquen partido de las ayudas.

— En el caso del coche eléctrico, se impulsan deducciones de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico “enchufable” y de pila de combustible, matriculados hasta el 31 de diciembre y que no estén vinculados a actividad económica.

— Durante 2026, libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. “Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable”, explica Hacienda.

— En el ámbito de la eficiencia energética, se recuperan las deducciones en el IRPF del 20%, 40% y hasta 60% para los contribuyentes que realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración

— En otros impuestos, como el IBI, una bonificación de hasta el 50% para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente.

El Gobierno acaricia la convalidación del decreto de medidas económicas por la guerra de Irán. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este martes que su grupo apoyará el paquete de medidas en la votación que tendrá lugar en el Pleno el próximo jueves siempre y cuando el PSOE vote a favor de una proposición no de ley de Junts que pide la transposición de una directiva europea para permitir que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar eximidos de pagar IVA.

Esta iniciativa de los independentistas no tendría ningún efecto jurídico incluso si fuera aprobada este jueves por la mayoría de la Cámara Baja: el texto, al tratarse de una proposición no de ley, se limita a instar al Gobierno a que lleve a cabo esta transposición. La decisión de Junts de establecer una condición que al Ejecutivo le resultaría tan sencillo cumplir implica que la formación de Carles Puigdemont no tiene intención de poner demasiados problemas a la convalidación del paquete de medidas fiscales, a diferencia de lo que podría ocurrir con el segundo decreto aprobado el viernes pasado, el que incluye iniciativas en materia de vivienda.

Pocos minutos después de que Nogueras planteara las condiciones de Junts, fuentes de la Moncloa confirmaron que el PSOE apoyará la proposición no de ley para lograr el voto a favor de los independentistas. Con los siete apoyos de los de Puigdemont, y si EH Bildu (que se ha mostrado crítico con el contenido de la norma) no da la sorpresa absteniéndose, la Moncloa ya tiene los apoyos suficientes como para sacar adelante la convalidación del decreto anticrisis el próximo jueves haga lo que haga el PP, que por el momento no ha querido confirmar cuál será el sentido de su voto.

Aseguran en el Ejecutivo estar tranquilos sobre el respaldo parlamentario al decreto de este jueves y dan por hecho en la Moncloa que tienen los apoyos garantizados. “El decreto ya se ha negociado con los partidos y los agentes sociales. De hecho, es ese diálogo con los partidos el que ha marcado el perímetro de las medidas. Y por eso partimos de una base sólida para que podamos contar con una aprobación mayoritaria”, ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes que el Gobierno retire la votación del real decreto-ley que recoge el paquete de 5.000 millones para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, prevista para este jueves, y que negocie modificarlo con su partido, algo que no se puede hacer porque el texto legal ha sido ya publicado en el BOE y está en vigor. Feijóo no ha desvelado si lo apoyarán: “Haremos lo que consideremos oportuno”.

“Planteo que el Gobierno recapacite”, ha dicho en una entrevista en Antena 3. “Las medidas de rebaja del IVA de los combustibles no van a ser suficientes para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles”, ha asegurado, pese a que su partido lo ha pedido de forma insistente. “Y para eso necesitamos rebajar el IRPF”, ha añadido.

El PP plantea una “deflactación del IRPF”, es decir, una rebaja del impuesto de la renta que compense la subida del IPC, muy superior a los incrementos salariales que pagan las empresas. “Los alimentos han subido un 42%; el de la vivienda, un 53%; bajando solamente el IVA de los combustibles, no solucionamos el problema del poder adquisitivo. Por eso le pedimos que recapacite. Tiene tiempo para recapacitar un mes”, ha sostenido.

Ese mes de margen que da Feijóo es el que marca la ley para convalidar los decretos. El Congreso tiene la potestad de aprobarlos o tumbarlos, y el Gobierno puede decidir cuándo los somete a los diputados. En el caso del decreto de Irán, el Ejecutivo lo ha introducido en el orden del día de esta semana, por lo que se votará el jueves. En este momento, no está garantizado que pase el test de la Cámara Baja.

El PP ya planteó ayer una serie de añadidos al decreto para comprometer su apoyo. A última hora de la tarde, remitieron una carta a la Moncloa con Pero el decreto no se puede modificar porque ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, por lo que es intocable.

Sus medidas ya están en vigor, pero una votación en contra del Congreso supondría su derogación y eliminaría los descuentos fiscales que recoge.

“No necesitamos que el jueves se vote. Será una decisión del Gobierno”, ha concluido en consonancia con la misiva remitida ayer al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, donde la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostiene “que hay tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar” sus propuestas“ y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias”.

Entre las propuestas, el PP plantea “eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica” (que el Gobierno rebaja al 0,5%) o “la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva”, es decir, que las empresas no paguen por conectarse y usar la red lo que está establecido.

El PP también lamenta en su carta que el Gobierno añada una disposición para permitir que las centrales de energía renovable puedan usar los “nudos” de conexión al sistema que ahora mismo están destinados a centrales térmicas y nucleares en proceso de desmantelamiento.

Además, el partido de Feijóo reclama que el Gobierno negocie con las comunidades autónomas porque, dicen, “van a asumir financieramente el 50 % de las rebajas fiscales propuestas y deben ser escuchadas y respetadas”.

El PP asume así que no es el Gobierno central quien se lleva los impuestos a los hidrocarburos y otros energéticos. Hasta ahora no había reconocido que las comunidades se financian con estos impuestos y, de hecho, lo hacen en más de ese 50% que ahora reconocen.

Preparar el terreno para el 'no'

La portavoz parlamentaria PP, Ester Muñoz, ha explicado después que su partido plantea mantener el decreto actual hasta el máximo de vigencia sin pasar por el Congreso, un mes, mientras se negocia uno nuevo. Y cuando esté pactado, retirar el vigente y sustituirlo por el nuevo.

Un complejo encaje de bolillos burocrático sin mucha posibilidad de prosperar, máxime ante el acercamiento entre el PSOE y Junts. Un 'sí' de los independentistas catalanes sería casi definitivo para la aprobación del decreto, a expensas de que EH Bildu confirme el sentido de su voto.

En el Gobierno dan por hecho que el decreto será convalidado, lo que permite al PP liberarse de ningún compromiso con las medidas aprobadas por el Gobierno y lanzar una ofensiva política contra el Ejecutivo que pasa por reclamar la inclusión de medidas imposibles para justificar un hipotético 'no' el jueves.

El PP, partido del 'no a la guerra'

Feijóo ha completado también su viraje sobre la guerra de Irán. De dar su apoyo incondicional a Donald Trump y Benjamin Netanyahu y criticar al Gobierno por impedir a EE UU el uso de las bases aéreas españolas compartidas, el líder de la oposición ha pasado a defender que “el 'no a la guerra' del PP es claro”.

“Yo no conozco ningún país en la Unión Europea que diga sí a la guerra”, ha sostenido Feijóo, quien ha acusado reiteradamente a Pedro Sánchez de estar aislado internacionalmente por oponerse a los bombardeos ilegales sobre Irán. “El planteamiento del señor Sánchez no es novedoso desde el punto de vista estructural”, ha añadido. “No hay ningún colega de los 27 que conforman la Unión Europea que se haya mostrado favorable a la guerra”, ha asegurado, para zanjar: “Lo que no ha hecho ningún colega, y Sánchez sí lo ha hecho, es una confrontación con la administración norteamericana y una confrontación con los aliados”.

“¿No a la guerra? Por supuesto. ¿El 'sí a la paz'? Por supuesto. ¿El 'sí' al derecho de las mujeres a su dignidad integral? Por supuesto”, ha dicho Feijóo para justificar los ataques, aunque ha reiterado que él no está “de acuerdo con ella”.

O no del todo, porque Feijóo ha girado la vista hacia el Líbano. “Esta guerra tiene una serie de connotaciones”, ha dicho, para explicar que estuvo la semana pasada “con el líder homólogo de mi partido en el Líbano” durante una reunión del PP Europeo en Bruselas. “Me dijo una frase que me quedó grabada: el Líbano es una base militar del régimen iraní para atentar contra el pueblo libanés y contra Israel”, ha expuesto, para concluir: “Las cosas son un poco más complejas”.

El PP mantiene todavía oculto si apoyará o no el decreto aprobado el viernes por el Gobierno para intentar paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha evitado revelar este lunes qué votarán sus diputados el próximo jueves, cuando se someta al Congreso. Para evitar pronunciarse, la dirección del PP ha anunciado que enviará esta tarde una carta al Ejecutivo para reclamar nuevas medidas, aunque el decreto ya ha sido publicado en el BOE, lo que impide cualquier modificación.

Gamarra ha asegurado que el decreto “llega tarde”, porque “ya hay países donde hay ciudadanos que llevan semanas beneficiándose de este tipo de ayudas”, sin citar ninguno. “Pero además que se queda corto”, ha afirmado, porque “no se han incorporado medidas tan importantes como es deflactar el IRPF”.

La deflactación del IRPF es una medida comodín a la que el PP recurre habitualmente desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022. “Hoy los españoles no pueden llegar a fin de mes”, ha dicho Gamarra para reclamar que se acepte esta propuesta.

El PP va a reclamar al Gobierno esta medida en una carta que, según ha anunciado Gamarra, será enviada esta tarde por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ejerce también las competencias de Relaciones con las Cortes.

Gamarra no ha querido revelar si el jueves el PP votará a favor de la convalidación del decreto. Preguntada varias veces al respecto, la dirigente del PP ha reiterado “la necesidad de deflactar el IRPF de manera inmediata” y “la necesidad de abandonar una línea de como la que plantea e insiste el Gobierno en plantear de cierre de centrales nucleares”. Una referencia a un artículo del decreto que permite “declarar nudos de transición justa adicionales” a los “nudos de la red de transporte o distribución donde evacúen centrales térmicas o nucleares que, o bien hayan cerrado o cuyo cierre se vaya a producir en un corto plazo de tiempo”.

Gamarra ha evitado una y otra vez responder qué hará el PP el jueves, ya que decreto que se someterá a votación no se puede modificar. “Seguimos analizando el resto de las medidas, porque son muchas y van mucho más allá de lo que es la ayuda directa a las familias y también a los sectores económicos”, ha dicho. “Para nosotros es importante que el Gobierno analice estas cuestiones que le planteamos, que recapacite y que actualice la respuesta a esta crisis”, ha concluido.

Querella contra Tezanos

La vicesecretaria de Regeneración Institucional ha anunciado además una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, “por un posible delito electoral”.

Gamarra ha asegurado que Tezanos intenta “manipular y dirigir a la opinión pública” con encuestas que, ha dicho, sobredimensionan a la izquierda en detrimento a la derecha. Unas “manipulaciones” que “afectan a la libre formación del voto”. “Se le hace fallar [al CIS] para manipular la voluntad a los electores. Trasciende el ámbito político”, ha concluido.

La dirigente del PP ha citado el artículo 145 de la ley del régimen electoral, que apunta: “Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años”.

Ya se puede consultar en el Boletín Ofiicial del Estado la publicación de los dos decretos anticrisis aprobados este viernes por el Gobierno como consecuencia de la guerra en Irán: uno con las medidas económicas generales y otro concreto para la congelación de los alquileres durante dos años.

Según recoge el propio texto con medidas económicas como una rebaja del IVA del 10% para los carburantes, el propósito del plan, “pivota en torno a medidas de carácter coyuntural, de respuesta inmediata a la guerra de Irán, y de carácter estructural y estratégica, enfocado en el largo plazo”. Además, entre esas medidas se encuentra también una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

Las medidas del plano económico incluirán el control sobre las empresas de carburantes al facultar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar de cerca la evolución de precios, costes y márgenes. El texto señala que “se habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos”. Durante tres meses desde su aprobación, los operadores con refino en España deberán remitir datos semanales sobre sus “costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio”. Además, el organismo deberá analizar el impacto del conflicto y “publicará un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes” que pondrá especial atención a “la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán”, supervisando así a las empresas patra que no puedan especular usando las ayudas del Gobierno para ampliar sus márgenes.

Por su parte, en el documento de vivienda, se indica que esta medida se debe al “impacto sobre la evolución de los precios de alquileres en un contexto de precios tensionados”, lo que “hace preciso adoptar medidas para evitar” un “excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda”, por lo que se considera necesario esta congelación de los precios. Una vez ya publicado en el BOE ya comienza su aplicación, aunque todavía a expensas de que los socios del Gobierno puedan tumbarlo en el Congreso.

Aquí puedes consultar el texto íntegro con las medidas económicas:

Y aquí tienes el texto íntegro con las medidas del alquiler:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio este viernes por hecho que el Congreso convalidará el próximo jueves el real decreto-ley aprobado de forma extraordinaria para intentar paliar el aumento del precio de productos derivados del petróleo y del gas por la guerra de Irán. Pero, de momento, no todos los socios parlamentarios del Ejecutivo han dado su visto bueno, y la ratificación del paquete de 5.000 millones no está garantizada. El otro decreto, el que congela el precio del alquiler de viviendas, tiene más difícil lograr un apoyo suficiente.

“Quiero agradecer [a los grupos] su compromiso en las propuestas” que se han incluido en el decreto, dijo Sánchez en su declaración inicial ante los medios este viernes. “Y espero, también, en el apoyo y la convalidación de este importante decreto”, añadió inmediatamente después, lo que da a entender que el Gobierno no tiene garantizados completamente los apoyos necesarios para sacar adelante el texto legal. Ya en las preguntas de los periodistas, Sánchez se mostró más seguro de tener los apoyos necesarios. “Hay, entiendo, una mayoría para la convalidación de este paquete de 5.000 millones”, afirmó. Pero tampoco quiso darlo por hecho.

Y es que la endiablada aritmética parlamentaria de esta legislatura hace muy difícil prever con seguridad qué va a pasar. El Gobierno depende de una coalición atípica que incluye a partidos de izquierdas y de derechas, más o menos radicales, además de nacionalistas e independentistas. Hacer coincidir todos sus intereses —materiales, políticos y comunicativos— es complicado. Y, hoy por hoy, la realidad es que el Gobierno no tiene garantizados todos los apoyos, al menos en público.

Sánchez puede contar con el 'no' seguro de Vox. Los de Santiago Abascal hace meses que adoptaron la estrategia de oponerse frontalmente a cualquier planteamiento del Gobierno, sin tener en cuenta el fondo y la forma. Como ha expresado en alguna ocasión el líder ultra, siempre dispuesto a poner una zancadilla al PP, si sostienes que el Gobierno es una “mafia”, difícilmente puedes aceptar ninguna de sus medidas.

El PP no lo tiene tan claro, y ha basculado en las últimas horas entre intentar hacer mofa de Pedro Sánchez por haber, supuestamente, asumido todas sus propuestas económicas, y dejar en el aire el sentido de su voto en la convalidación en el Congreso prevista para el próximo jueves. “Bienvenido a la ‘fachosfera”, ironizó el viernes el secretario general, Miguel Tellado. “A nosotros nos causa risa y al presidente del Gobierno debería causarle sonrojo”, añadió el 'número dos' de Feijóo.

A la vez, el PP se ha esforzado en dar a entender que no saben todavía si votar a favor o no. Desde la dirección del partido apuntan a elDiario.es que “el único voto favorable que el PP podía garantizar era a un decreto que incluyera todas y cada una” de sus medidas “y ninguna otra propuesta”.

Y el plan del Gobierno no cumple esta premisa al completo. Aunque sí recoge bajadas de impuestos reclamadas por el PP (al combustible y a la electricidad), el decreto también amplía las herramientas de la Comisión de Mercados y Competencia para garantizar que las empresas trasladen la rebaja de impuestos al precio final y no aprovechen para engordar su margen de beneficio, como han hecho en otras ocasiones, según dijo el presidente del Gobierno.

El PP, Vox y Junts ya sumaron sus votos para tumbar un decreto para topar los precios en emergencias o catástrofes como la de Adamuz o la dana hace menos de un mes. Además, el paquete establece medidas de carácter “estructural” para avanzar en la “descarbonización” de la economía y de la climatización de los hogares, según explicó Sánchez. 

Feijóo mantendrá así el silencio sobre el voto del PP hasta que los demás partidos hayan hecho pública su posición o, en última instancia, hasta la votación. 

El decreto de Irán, en manos de los socios

El punto primero del manual Feijóo para asaltar la Moncloa es no apoyar al Gobierno si se le puede endosar una derrota. Por eso, concluyen desde Génova, “Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen el texto”.

La declaración del PP se asienta en que el Gobierno no tiene los números garantizados. Este viernes había recopilado 168 ‘síes’ al real decreto-ley. Los 121 del PSOE, los 26 de Sumar, los siete de ERC, a priori otros tantos de Junts y los cinco del PNV. También es presumible que se sumen la diputada de Coalición Canaria y la de Compromís que se escindió del grupo de Sumar, aunque el partido valenciano exige controlar bien que las empresas no se beneficien de la crisis. Insuficientes si PP, Vox y UPN suman, como suelen, sus votos hasta los 171. El decreto exige más ‘síes’ que ‘noes’ para su aprobación.

Desde EH Bildu se felicitaron este viernes por haber introducido algunas medidas en el plan de choque, como “la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva”. Pero “no es suficiente”, añaden desde el grupo ‘abertzale’, que critica “la rebaja generalizada de impuestos” y exige “un control de precios” directo, y no a través de la CNMC.

Tampoco en Podemos están satisfechos. Fuentes del partido que lidera Ione Belarra aseguran que exigieron al Gobierno aprobar un solo decreto que incluyera el paquete de 5.000 millones y la congelación de los alquileres, algo que no ha ocurrido. Desde Podemos aseguran a elDiario.es que es “muy difícil” el voto favorable. Y que deben decidir entre la abstención y el ‘no’. Está pendiente de pronunciarse el BNG, que tiene un diputado, y que de momento también las ha calificado de insuficientes.

El Gobierno necesita que Bildu o Podemos pasen al ‘sí’ y que el otro se abstenga. Si alguno de los dos va al ‘no’, el decreto quedaría sentenciado.

El decreto del alquiler, muy en duda

Tanto Bildu como Podemos han expresado su pesar por la forma en la que se ha gestionado el decreto del alquiler. Sumar peleó para su aprobación, pero el PSOE se plantó a la hora de exigir dos textos diferentes para no poner en riesgo el paquete de 5.000 millones. Este decreto cuenta con menos apoyos de salida que el anterior: 166. El PNV ha dicho que “analizará” el texto, y Junts ni siquiera lo menciona en la nota de prensa remitida para informar del apoyo al decreto de Irán. 

El PP ya anunció su voto en contra al “decreto de izquierdas”, y nadie cuenta con que Vox pueda apoyarlo, pese a que intenta teatralizar un impostado interés por los problemas en el acceso a la vivienda con el ascenso del diputado Carlos Hernández Quero.

La prórroga de los contratos de alquiler es un empeño de Sumar y la izquierda parlamentaria desde el pasado mes de octubre. Entonces, los ministros del socio minoritario escenificaron un bloque común para reclamar al PSOE un “plan de intervención urgente” que incluyera esta medida, con una duración de tres años, frente a los dos aprobados finalmente en el Consejo de Ministros de este viernes.

Según los datos del Ministerio de Consumo, esto beneficiaría solo este año a unos 600.000 contratos que se firmaron en 2021, a precios más asequibles, y que, en palabras del ministro Bustinduy, podrían ver incrementados sus alquileres “en un 30, 40 o 50%”. Este mismo departamento estima que en 2027 podrían renovarse otros 400,000 contratos más.

El PSOE consideró que esta medida podía ser inconstitucional y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, llegó a hablar de “un informe del Abogado del Estado que no le da la seguridad jurídica necesaria que tiene que tener una medida de este calado”. 

Con la guerra en Irán y la necesidad de plantear un escudo anticrisis, Sumar vio una nueva vía para presionar con la prórroga, una herramienta que ya se aplicó en repetidas ocasiones tras la invasión rusa de Ucrania y en un contexto de crisis inflacionista como el que ahora se intenta impedir. Este viernes, Sánchez reconoció que “ha habido momentos donde el ala socialista ha considerado que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales”. “Pero nos ha sobrevenido una nueva guerra”, concedió.

El conflicto entre los socios empezó a escalar ante el rechazo del ala socialista a incorporar cuestiones relacionadas con la vivienda en el decreto. El problema es la negativa de Junts, PP y Vox a apoyar iniciativas en este sentido en el Congreso, como ya ocurrió por dos veces con la moratoria de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.

Los aliados del Gobierno más a la izquierda, como ERC, Bildu, Podemos y BNG, han reclamado en los últimos días la prórroga de los contratos y la prohibición de los desahucios a vulnerables, entre otras, en el paquete de medidas de este viernes. Uno de los argumentos de base de los defensores de estas medidas es que si es más caro el carburante, los alimentos o la luz, las familias tendrán menos recursos para afrontar el pago de la renta, sobre todo si esta sube. 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a deslizar que los socios trataban de “confundir con ambición partidista a los ciudadanos”. Se lo dijo a la senadora de ERC Sara Bailac, que en la última sesión de control al Gobierno defendió que “no se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”. “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”, respondió la ministra.

El Ejecutivo tiene cuatro semanas por delante para tratar de hacer esa magia. “Somos conscientes de que no existe una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo [el decreto], pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía”, afirmó Sánchez, quien se comprometió a “seguir negociando con los grupos y sacarlo adelante”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cara visible de la batalla por la prórroga frente a Vivienda, movió ya el foco del PSOE a Junts: “Tenemos un mes para conseguir toda la fuerza social, la movilización, para que en esa votación se vea claramente quién está a favor de proteger a millones de personas, a las que les va la vida en ello, y quién está defendiendo otro tipo de intereses”.

Elecciones anticipadas. Es la respuesta del PP al real decreto-ley aprobado este viernes de forma extraordinaria por el Gobierno y que movilizará 5.000 millones de euros para intentar contrarrestar los percances económicos y sociales provocados por la guerra de Irán. Así lo ha pedido el ‘número dos’ del partido, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la que se ha negado a desvelar si los de Alberto Núñez Feijóo apoyarán las medidas, pese a vanagloriarse de que Pedro Sánchez se las ha copiado. El PP sí votará contra el decreto para congelar los alquileres.

El secretario general del PP ha comparecido ante los medios minutos después de que el presidente del Gobierno informara de las líneas generales de los dos decretos aprobados este viernes. Tellado ha convertido su rueda de prensa en una concatenación de frases ocurrentes sobre las discrepancias internas del Gobierno, pero ha obviado anunciar la posición de su partido sobre el decreto anticrisis.

“No es un Gobierno, es un desastre impropio de un país avanzado. Un bochorno ante el que se acaban hasta los calificativos. Los españoles no se merecen esto”, ha arrancado. “Millones de españoles están sufriendo las consecuencias”, del incremento del precio del petróleo, ha añadido, sin citar expresamente el origen de la crisis. “Se han dedicado a pelearse entre ellos, a desatar una auténtica batalla campal entre ministros, a dar vergüenza, a protagonizar un motín de una parte del Gobierno contra la otra, y a trasladar la imagen de un Ejecutivo a palos”, ha añadido.

“El desgobierno de Sánchez se descompone en vivo y en directo ante la mirada del mundo entero”, ha sostenido. “El esperpento no puede ser mayor”, ha apuntado. “La vicepresidenta de los Óscar y el presidente superhéroe de la paz han protagonizado un duelo a garrotazos que avergüenza a los españoles y destroza la imagen exterior de nuestro país”, ha apostillado, para añadir: “Sánchez debería acuñar un nuevo lema, 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros”.

Tras varios minutos de intervención, Tellado ha proseguido. “Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar. Un presidente digno de serlo, les habría cesado en cinco segundos”, ha dicho, para sostener: “Vaya presidente este que tenemos que se dedica a desafiar a [Donald]Trump, a [Javier] Milei, pero le doblan el pulso ministros como Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego”.

“Es insostenible y es insoportable. Esto no aguanta más”, ha añadido. “Está completamente roto y protagonizando una auténtica guerra civil. No puede seguir ni un día más. Ya está bien. España no se merece esta enorme vergüenza. No se puede continuar así. Urge dar la voz a los españoles para que elijan en las urnas un Gobierno digno, limpio, decente y que no avergüence como país”, ha planteado.

Tellado ha continuado hablando de “tinglado”, de “castillo de naipes”, de “espectáculo digno de Gran Hermano”, de un “Gobierno en llamas”, “bloqueado”, “acorralado”, “noqueado”, que “ha activado su propia cuenta atrás”. “El señor Sánchez debe asumir su responsabilidad y debe convocar elecciones de forma inmediata. Para afrontar la situación bélica derivada del conflicto en Oriente Medio, además de medidas hace falta un Gobierno propio de tal nombre y lamentablemente hoy en España no lo tenemos”, ha dicho.

'No' al decreto “de izquierdas”

“Les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el Gobierno de PSOE y Sumar”, ha anunciado Tellado para cerrar su intervención inicial, ocho minutos después de iniciarla.

Con “decreto de izquierdas” Tellado se refiere al que pretende congelar el precio de los alquileres en España durante el tiempo que dure la crisis provocada por la guerra de Irán. Una medida que, como ha anticipado Pedro Sánchez, no cuenta hoy por hoy con el respaldo de la mayoría del Congreso. De hecho, el PP ya unió sus votos a los de Vox y Junts para tumbar a principios de año una norma similar y que ha estado en vigor desde la pandemia del coronavirus.

Sumar quería ahora aprovechar la guerra de Irán para recuperar una de sus medidas estrella. El ala socialista del Gobierno no quería aprobarlo, dada la alta probabilidad de que el Congreso lo tumbe, pero Sumar ha presionado y al final se han pactado dos decretos diferentes.

Sánchez “copia” al PP (excepto el control de precios)

Pero el PP tampoco ha avanzado si apoyará o no el decreto anticrisis. Y eso que, según ha dicho Tellado, el Gobierno les ha copiado las medidas.

“Hemos contemplado la rueda de prensa de Pedro Sánchez con asombro, y era imposible no esbozar cierta sonrisa, porque la realidad es que alguna de las medidas que hoy anunciaba como suyas eran nuestras, las había presentado el PP hace 15 días”, ha dicho.

“Y, por cierto, durante 15 días han sido ridiculizadas por miembros del Gobierno. Así que a Pedro Sánchez hoy solo podemos decirle que ahora que habla de bajadas de impuestos, pues hombre, bienvenido a la 'fachosfera', ¿no?”, ha ironizado. “A nosotros nos causa risa y al presidente del Gobierno debería causarle sonrojo”, ha dicho.

Tellado ha asegurado que quieren leer el texto del decreto que se publicará este sábado en el BOE. “Nosotros lo recibimos con mucha cautela y con toda la desconfianza. Porque siempre todo lo que procede de Pedro Sánchez y de su Gobierno es sospechoso de ser una emboscada o de ser una trampa”, ha advertido el secretario general.

El PP ha anunciado en los últimos días una batería de medidas que pondría en marcha en caso de gobernar. Algunas de ellas las ha anunciado Sánchez este viernes, como la bajada de impuestos en el combustible o la electricidad.

Pero no todas las medidas que ha aprobado el Gobierno estaban en el paquete anunciado por Sánchez. El presidente ha dicho que quiere que las bajadas de impuestos temporales repercutan directamente y en su totalidad en el precio final que pagan los ciudadanos, y que no sirva para aumentar los márgenes empresariales, como ya ha ocurrido en el pasado.

De hecho, el Gobierno ya planteó un decreto para evitar que las empresas aprovechen crisis como la provocada por el accidente de tren de Adamuz, cuando las compañías aéreas encarecieron los billetes de avión mientras no hubo servicio ferroviario.

El PP, Vox y Junts votaron en contra.

La aprobación de la regularización masiva extraordinaria para personas migrantes ha despertado una enorme expectativa entre quienes viven en situación administrativa irregular. Sin embargo, tras la aprobación en enero de 2026 de esta medida que beneficiará a cerca de medio millón de personas, una sombra de oportunismo se ha extendido sobre el colectivo. El anuncio del Gobierno, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas, ha activado una maquinaria de desinformación que explota la desesperación de quienes viven en los márgenes de la legalidad, especialmente en zonas rurales y agrícolas de Extremadura.

El esquema es siempre el mismo: el miedo a quedarse fuera. A pesar de que el plazo oficial para presentar las solicitudes no se abrirá hasta abril, las redes sociales bullen con anuncios que prometen “prioridad” o “gestión exprés”. En plataformas digitales proliferan perfiles que ofrecen citas online por 30 euros para acceder a servicios que, en realidad, serán gratuitos y aún no existen. Estos anzuelos derivan a menudo a formularios controlados por gestorías que buscan captar clientes de manera prematura.

Así lo denuncia Alexandra Vesga, presidenta de la Asociación Empleadas del Hogar, Cuidado y Limpieza de Cáceres, una entidad formada principalmente por mujeres migrantes, pero que incluye también a sus familiares. Vesga explica que el proceso ha generado mucha incertidumbre porque los comunicados oficiales hacen referencia a muchos artículos y leyes complejos, y al final la gente presta atención a quien les habla con más seguridad. “Esa falta de claridad ha provocado que algunas personas aprovechen esta situación. Empezamos a notar que quien hablaba con más seguridad generaba como una bola de nieve alrededor”, señala.

Desde la asociación comenzaron a trasladar dudas y casos a las instituciones, como la Subdelegación de Gobierno, para verificar la información que se propagaba sin fundamentos. Vesga señala que han detectado también la aparición de intermediarios informales que dicen: “yo ya hice esto con un familiar”, “yo trabajé en eso y sé lo que hay que hacer”, “yo conozco cómo funciona” para así “cazar” a las personas que tienen que hacer el trámite en el momento correspondiente y no saben por dónde empezar. Según explica, en muchos casos se les omite información clave, como que “el trámite lo puedes hacer tú mismo”, lo que hace que la persona piense automáticamente que necesita un abogado o una asesoría.

La Delegación de Migrantes y Refugiados de la Diócesis de Coria-Cáceres fue la primera en detectar la problemática. A través de su grupo, se pudo conocer todo el entramado, ya que los llamados “cazadores” de personas migrantes en situación irregular comenzaron a infiltrarse en grupos de WhatsApp donde se reúnen estas comunidades, como los gestionados por la propia delegación. Fue por ese medio donde empezaron a difundirse nombres de abogadas y abogados vinculados a asoiaciones que luego fueron asociados a estas prácticas fraudulentas.

Las cantidades que se están cobrando varían considerablemente. La asociación ha encontrado casos desde 30 euros para iniciar el acompañamiento hasta 200 euros solo para reservar un cupo de clientes. Por el trámite completo están cobrando entre 280 y 350 euros por persona, aunque al principio llegaban a pedir 500 euros. A esos costes se suman otros documentos encarecidos: por un certificado de antecedentes penales de Honduras están cobrando 92 euros, y por el de Colombia entre 40 y 60 euros, cuando Alexandra, de origen colombiano, aclara que ese documento se consigue en diez minutos y cuesta menos de diez euros.

La situación fue trasladada a la Mesa de Trabajo correspondiente, donde participan distintas instituciones y la propia Comisión de la Diócesis de Coria-Cáceres. Entre los problemas detectados también se encuentran las dificultades de muchas trabajadoras del hogar que no pueden salir en horario de mañana para hacer los trámites porque las administraciones solo atienden en esa franja. Vesga insiste igualmente en que el lenguaje administrativo es un obstáculo, pues se dirigen a mujeres que llevan poco tiempo en España y aún se están integrando “y que esos tecnicismos al final solo lo comprenden los profesionales que se dedican a ello”.

Un punto especialmente crítico de la denuncia trasladada a elDiario/Extremadura es la existencia de despachos de abogados, asesorías incluso organizaciones que “se supone” que son para ayudar a los propios migrantes, donde según cuenta Vesga, alguna abogada que antes había trabajado en asociaciones referentes en la región en la defensa de los inmigrantes está ahora cobrando por estos servicios, “aprovechándose de su 'cartera de clientas'.

Vesga reconoce que, aunque la asociación que preside ofrece acompañamiento gratuito, algunas personas prefieren ir a un abogado “porque les da más seguridad. Por eso, menciona que mantienen acuerdos con profesionales transparentes, que se comprometen públicamente a devolver el dinero si el proceso no prosperara finalmente.

Más fraudes

Sin embargo, el fraude no solo habita en algunos despachos profesionales y entidades. Said, un ciudadano marroquí que lleva treinta años en Extremadura, confirma que varios compatriotas le han contado que les están cobrando 250 euros en locutorios solo por apuntarlos en una supuesta lista de espera. “La gente tiene miedo y paga lo que sea”, asegura. Por su parte, Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), denuncia casos flagrantes donde se llega a cobrar procesos que aún no existen porque no se ha publicado el Real Decreto, forzando pagos vía Bizum. ADHEX, que atiende a unos 2.000 potenciales beneficiarios en la región, insiste en que la regularización no tiene cupos y es gratuita por lo que conmina a todas las personas que tengan dudas que se informen correctamente en asociaciones como ADHEX.

En este contexto, otra voz experta, María, abogada con cuarenta años de experiencia en Extremadura, recuerda que acudir a un profesional de la abogacía es legítimo, pero siempre debe pedirse un presupuesto y una hoja de encargo para poder reclamar abusos. Asimismo, abogados de Extranjería en Madrid, Cáceres o Badajoz, ponen el foco en los fraudes cometidos en locutorios, carnicerías o por particulares que “hacen auténticas aberraciones”. Ellos defienden la labor de los profesionales colegiados frente a estos intermediarios: ofrecemos una lista gratuita para informar cuando la norma se publique y otra de pago con una provisión de 50 euros que devolvemos si el servicio no se realizara finalmente por el motivo que sea.

Frente a esta “cacería” de clientes, la realidad administrativa es gratuita. Se establece que para acreditar la residencia continua de cinco meses bastará con pruebas cotidianas: el empadronamiento en municipios extremeños, citas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) o resguardos de remesas. Para quienes carezcan de recursos, existen vías públicas gratuitas. El Turno de Oficio de los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz garantiza asistencia gratuita. Además, organizaciones como ADHEX o ACCEM ofrecen asesoramiento integral. Desde las oficinas de ACCEM en la calle Argentina de Cáceres, su delegada territorial Mar García Navarro explica que las personas que acuden allí no necesitan pagar a despachos ni gestoras por algo que es totalmente gratuito.

La urgencia por obtener el permiso provisional de trabajo, que se otorgará en apenas 15 días tras la solicitud, no debería alimentar la codicia de redes oportunistas. Regularizar es un acto de justicia social e integración en Extremadura como en el resto de España, no una oportunidad de lucro para aquellas personas que tienen menos escrúpulos.

“No es ético mercadear con la vulnerabilidad y la necesidad de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad”, zanja Beatriz Cercas, mientras pide que todos hagan su trabajo “pero desde el respecto y la empatía”.

El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Varias organizaciones de pensionistas se han concentrado este viernes frente a la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, para protestar contra el voto en contra de la formación al decreto ómnibus, que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones públicas. Esta subida, así como el conocido como 'escudo social', decayó este martes en el Congreso, por el 'no' de PP, Vox y Junts.

La convocatoria ha sido impulsada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid y la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, que consideran que la caída del decreto, que afecta a más de diez millones de pensionistas, supone un ataque directo al llamado “escudo social”.

“Los pensionistas estamos hoy aquí ante la sede del Partido Popular porque está practicando terrorismo social al congelar la subida de las pensiones de más de diez millones de personas”, ha afirmado Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid. Pelayo ha recordado las políticas aplicadas durante anteriores gobiernos del PP, denunciando la revalorización del 0,25%, la aplicación del factor de sostenibilidad y el uso del fondo de reserva de la Seguridad Social. “Un partido con estas características no puede gobernar el país”, ha sostenido.

Sin reunión con el PP y consignas contra el bloqueo

Desde las organizaciones convocantes acusan al principal partido de la oposición de actuar por motivos electorales. “Queremos manifestarnos delante del mayor partido de la oposición, que con su voto en contra ha tumbado la subida de las pensiones públicas y medidas sociales que afectan a millones de personas”, ha explicado Damián Rodríguez, portavoz estatal de COESPE. Según Rodríguez, la decisión responde “a la presión de la ultraderecha y a una deriva antisocial que afecta a la mayoría de la ciudadanía”.

Durante la concentración, las personas asistentes corearon consignas como “Queremos el ómnibus completo” y han reclamado una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o con algún responsable de la formación. Tres representantes de las organizaciones intentaron acceder a la sede, pero finalmente no fueron recibidos por ningún dirigente del partido, según han denunciado los convocantes.

Manifestación estatal el 23 de febrero

La protesta de este viernes es la primera de una serie de movilizaciones previstas para el mes de febrero. Las organizaciones de pensionistas han anunciado una jornada de movilización general en todo el Estado el próximo 23 de febrero, si antes del día 20 no se desbloquea la situación parlamentaria. “Si el bloqueo continúa, saldremos a la calle en todo el país”, ha advertido Pelayo.

El PP había garantizado al Gobierno su apoyo al incremento de las pensiones si el Ejecutivo dejaba al margen otras medidas del 'escudo social', como la prórroga de los descuentos en la factura eléctrica para consumidores vulnerables, la prohibición de cortes de suministro o la moratoria antidesahucios que, según las entidades de vivienda había salvado a entre 60.000 y 70.000 familias de un lanzamiento.

Desde la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Carmen, una de sus representantes, ha subrayado que la reivindicación no se limita únicamente a las pensiones. “Defendemos el conjunto de medidas del decreto ómnibus: ayudas al transporte, al gas, a la luz y a las personas en situación de precariedad. Luchamos por pensiones dignas, pero también por una vida digna y por una redistribución justa de la riqueza”, ha señalado.

Las organizaciones han insistido en que la movilización social será “la única vía” para revertir el bloqueo y garantizar la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del escudo social. “Hay que seguir en la calle”, han concluido. Este miércoles, colectivos por la vivienda ya habían protestado ante la sede de Junts en Barcelona, por su rechazo a la moratoria antidesahucios y también ante el Congreso, donde reclamaron una prórroga obligatoria de los alquileres.

Hace poco más de un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ante el Comité Federal del PSOE que pensaba gobernar “con o sin el concurso del poder legislativo”. Palabras que algo más tarde matizaría o aclararía al mostrar “su máximo respeto y máxima colaboración con todos los grupos parlamentarios, salvo uno”.

Traigo a colación ahora estas palabras porque estamos, en mi opinión, en un momento crítico de la vida política y, más concretamente, de la vida parlamentaria. Momento crítico porque debiera ser, fundamentalmente, el tiempo de debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, lo que constituye el núcleo sustancial de la actividad de las cámaras. No en vano prevé el artículo 134.1 de la Constitución que los mismos “tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”.

A estas alturas de la legislatura y del curso político ya sabemos sobradamente, pues se está repitiendo hasta la saciedad, que la propia Constitución prevé que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Lo que, como también conocemos, se ha incumplido absolutamente en esta legislatura que comenzó en el otoño de 2023, dado que el Gobierno no ha presentado los Presupuestos para 2024 ni para 2025. Y ahora se está a la espera de que, tal como se ha asegurado reiteradamente, se presenten los de 2026, aunque ese primer plazo ya se ha incumplido. Algo que ha ocurrido igualmente, con mayor o menor demora, en otros momentos, como con el Gobierno de Rajoy que, en ocasiones, los presentó fuera de dicho plazo, si bien todos los años aprobó unos Presupuestos.

Veremos cómo termina la historia presupuestaria; no voy a hacer conjeturas a este respecto pues no merece la pena jugar a leer una bola de cristal, a riesgo de acertar. Es claro que el Gobierno no va a tener nada fácil su aprobación, pero al menos debe presentarlos, por ser su obligación constitucional y porque la Constitución prevé la prórroga presupuestaria hasta la aprobación de los nuevos solamente en el caso de que “la Ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente”. Pero debe presentarse el Proyecto de Presupuestos, también y sobre todo, porque la ciudadanía tenemos derecho a conocer cuál es su real programa de actuación en todos los terrenos y áreas y explicar su correspondiente previsión de ingresos y gastos para el próximo año para hacer efectivo dicho programa.

¿Puede, por tanto, el Gobierno gobernar sin el concurso del poder legislativo?. Desde luego, es claro que “no debe”. No debe gobernar sin las Cortes Generales, pues éstas “representan al pueblo español”, “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno...”, según contempla el artículo 66 de la Constitución.

Claro que existen espacios para que el Gobierno pueda dictar normas: de un lado, las de rango reglamentario -los Decretos-; de otro lado, normas con auténtico rango de ley, como, entre otras, los Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad -artículo 86 del texto constitucional-, cuyo futuro requerirá de la intervención del Parlamento, pues deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados para su convalidación -lo que también le está costando al Gobierno “sangre, sudor y lágrimas” y, en ocasiones, ni con semejante sufrimiento lo está logrando-. 

Cierto es que tanto este Gobierno como otros anteriores -algunos más que otros, pero todos- han echado mano del Decreto-Ley más allá de lo debido, obviando su limitación a la antedicha situación de “extraordinaria y urgente necesidad”, a lo que también han contribuido los vaivenes y la “manga ancha” del Tribunal Constitucional al respecto. Lo que ha supuesto, en realidad, eludir el procedimiento legislativo ordinario y el ejercicio efectivo de la participación ciudadana mediante la representación política. 

En todo caso, nada de lo hasta ahora dicho equivale a gobernar “sin el concurso del poder legislativo”, pues se trata de supuestos expresamente previstos constitucionalmente, si bien muy restrictivamente, como hemos dicho.

Pero, desde luego, resulta harto difícil, por no decir totalmente imposible, gobernar de verdad, lo que se dice “gobernar” sin una Ley de Presupuestos actualizada. Cierto es que se alega reiteradamente desde el Gobierno y sus aledaños que no sería tan grave no aprobar la ley presupuestaria para 2026 ya que la economía marcha bien. Pero ocurre que no todo es economía “pura” pues, como apreciamos a diario, por más que el crecimiento económico sea una realidad, según todos los datos, existen innumerables problemas que dificultan enormemente el bienestar de una mayoría, en todos los territorios, como, por citar solamente algunos, la imposibilidad cierta y desesperante de acceder a una vivienda digna, los retrasos en la atención sanitaria o los todavía nada desdeñables niveles de desempleo o de trabajo precario.

Pero, sobre todo, no se debe gobernar sin mantener la confianza parlamentaria, que es lo que falta o de lo que, al menos, parece dudarse por parte del Gobierno en cuanto a la probabilidad de aprobar las cuentas del Estado, duda o desconfianza claramente concurrentes en los dos años anteriores, en que los Presupuestos ni siquiera llegaron a presentarse.

Y, en mi opinión, aquí es donde reside el quid de la cuestión: en la difícil relación efectiva con el Parlamento y, por ende, con la ciudadanía en él representada. 

No presentar los Presupuestos supone hurtar el necesario debate político público sobre el futuro inmediato de los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía para asegurar su bienestar, su libertad y su igualdad -sí, ésos que tanto se citan, como educación, sanidad, vivienda…, pero también otros, como la justicia-. Lo que, a la postre, significa impedir o dificultar grandemente no solo la efectividad de esos derechos más tangibles sino también el propio ejercicio de la representación ciudadana, esto es, su participación en la cosa pública, que es otro derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Porque, si a la representación de la ciudadanía se le niega el debate presupuestario, se niega a cada ciudadano su derecho a participar en el mismo.

Pero no radica solamente en la cuestión presupuestaria la falta de respeto del Gobierno al Parlamento. Hay más. Por ejemplo, recuerdo que hace pocos días el Congreso aprobó la reprobación de la ministra Redondo por su gestión de las pulseras telemáticas de los maltratadores de mujeres. No es, desde luego, ni la primera ni la última reprobación de un miembro del Gobierno por las Cortes. Fuentes diversas cifran en 13 el número de ministros censurados por las cámaras desde 1978, pertenecientes a diversos Gobiernos, siendo, según las informaciones, la primera la ministra Magdalena Alvarez, reprobada en diciembre de 2007, seguida de Catalá, Montoro, Montserrat, Delgado, Grande-Marlaska, Puente, Bolaños, Albares y otros.

Una decisión parlamentaria, esta de la reprobación, que resulta meramente simbólica y carente, hoy, desgraciadamente, de toda virtualidad efectiva, dado que la Constitución prevé que los miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. Pero lo cierto es que una reprobación parlamentaria debiera tener una consecuencia inmediata, más allá de limitarse a ser la expresión de un claro rechazo a la actuación de un determinado miembro del Gobierno. Cuanto se pierde la confianza parlamentaria la lógica y la razón debieran llevar, bien a la dimisión, bien al cese por parte del Presidente. Dejar las reprobaciones en el mero marco testimonial supone, ahora, antes y siempre, faltar al respeto al Parlamento y a la ciudadanía en él representada. Nunca un ministro ha dimitido ni un Presidente ha cesado a un miembro de su Gobierno que hubiera sido reprobado, y ya es hora de que ocurra y siga ocurriendo en el futuro. A ello debieran comprometerse todos los partidos políticos en todos los niveles de la representación ciudadana.

Lo dicho: el Parlamento no tiene quien lo respete. Y, naturalmente, en consecuencia, la ciudadanía tampoco.

La Junta de Extremadura ya lo intentó el pasado junio. Llevó un decreto ómnibus a la Asamblea en el que, entre otras muchas cosas, se incluía una moratoria a la actual Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) para permiitir que 266 municipios pudieran hacer modificaciones en sus planeamientos de urbanismo.

El PSOE y Unidas por Extremadura rechazaron convalidar el decreto, y Vox lo calificó de ómnibus, puesto que el Gobierno de Guardiola incluyó también una reforma de la ley agraria y cuestiones de función pública.

Ahora el Ejecutivo extremeño lo vuelve a intentar, pero lo hace con otro decreto en el que, además de urbanismo, caben ayudas directas y préstamos a la agricultura, la ganadería y el sector turístico afectado por los incendios forestales de este verano.

Así lo ha indicado el director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, Saturnino Corchero, en su comparecencia en la Asamblea para responder a una pregunta del diputado socialista sobre las previsiones de la Junta para que todos los municipios extremeños puedan tener actualizados esos planeamientos.

Según Corchero, en la actualidad ninguno de los municipios de Extremadura tiene adaptado su planeamiento a la LOTUS y mas de 260 los tienen bloqueados y no pueden hacer modificaciones puntuales para atender necesidades puntuales en favor de su desarrollo. Una prohibición, que según ha dicho, queda eliminada con la aprobación del decreto ley de medidas extraordinarias por los incendios a que ha dado luz verde el consejo de gobierno, y que incluye, además de las citadas ayudas, modificaciones legislativas como esta.

El director general ha precisado que con esta modificación, los ayuntamientos podrán hacer cambios relacionadas con la prevención de incendios, pero también adaptaciones para atender sus demandas y necesidades de otro tipo, por que Extremadura no se puede privar de esta herramienta y porque la prohibición ha sido ineficaz.

También ha recordado que desde el comienzo de la legislatura la Junta está adoptando medidas y aportando fondos, en concreto 2,2 millones de euros, para que los municipios puedan adaptar la normativa a esta ley.

Sin embargo, Antonio Garrote le ha reprochado que no puede afirmar que la Junta cumple con su cometido cuando no garantiza que el texto aprobado vaya a contar con el respaldo de la oposición, y cree que con el decreto ley aprobado ayer vuelve a cometer el mismo error que con el anterior, que sea un decreto “omnibus”, que es “un batiburrillo de medidas”, que hace difícil poder aprobarlas.

Para Garrote, el PP tiene al urbanismo “en segunda línea”, ya que “solo hablan de simplifación administrativa y la colaboración público-privada”, cuando, a su juicio, “va más allá de dar libertad de construir y volver al pelotazo”. 

CCOO La Rioja denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja “la imposición de un decreto ( Decreto 12/2025 sobre personal y ratios en residencias de mayores de la comunidad) que supone un retroceso en los derechos y la calidad asistencial en las residencias de personas mayores”. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en La Rioja advierte de que dicho decreto “al permitir ratios de personal por debajo de los mínimos obligatorios se está produciendo un retroceso en la calidad asistencial”. Así, explican que el decreto nacional establece una ratio mínima de 0,35 profesionales por persona residente en el ámbito de personal gerocultor, La Rioja fija este índice en tan solo 0,31). Y además desde el sindicato recuerdan que este texto también “permite sustituir al personal médico y de enfermería por personal de otras categorías que carecen de la formación específica necesaria”.

La denuncia de CCOO La Rioja se fundamenta en la inferioridad de las ratios regionales respecto al acuerdo estatal. “Mientras que el decreto nacional establece una ratio mínima de 0,35, para el año 2025, de profesionales por persona residente en el ámbito de personal gerocultor, La Rioja fija para todos los años este índice en tan solo 0,31, lo que supone una rebaja injustificada de los estándares de atención” por lo que exigen “la equiparación de mínimos al decreto estatal, porque reducir el personal significa reducir cuidados”.

Y es que aseguran que La Rioja está “a la cola del país en exigencia y protección a las personas mayores y profesionales y es la única Comunidad Autónoma que recorta por debajo de los mínimos que fija la ley estatal”. También desmienten que con dicho decreto se solucione el problema de falta de personal, es más, “lo agrava porque permite menos personal por residente de lo que exige el Estado, condenando a las plantillas, ya sobrecargadas y precarizadas y en su mayoría mujeres, a doblar turnos y soportar condiciones precarias”.

Otro de los puntos que rechazan del Decreto es el “artículo permite desviar las responsabilidades sanitarias desde las residencias hacia el sistema público de salud de La Rioja (SERIS), en los casos en los que los centros carezcan de personal médico o de enfermería. Porque esta medida implica una sobrecarga al sistema público y una renuncia a garantizar una atención sanitaria digna dentro de las propias residencias”.

También censuran el que dicen es “otro de los puntos más controvertidos como la flexibilización en los requisitos de contratación de personal, que permite sustituir a profesionales titulados por personas trabajadoras de otras categorías bajo el argumento de la dificultad de contratación”. Y es que con este artículo “se normaliza la falta de cualificación en puestos que deberían estar garantizados como un derecho mínimo, afectando directamente a la calidad del servicio”.

Todas estas medidas suponen “claro retroceso en la calidad de los cuidados que reciben las personas mayores de la Comunidad. Es un decreto que vulnera la norma, los derechos y la dignidad”. Por todo ello, exigen la inmediata anulación del Decreto 12/2025 y la recuperación de los mínimos que marca la legislación estatal. “CCOO La Rioja no permitirá que los derechos de las personas trabajadoras y de los y las mayores se pisoteen para beneficiar a quienes quieren ahorrar en costes laborales a costa de la salud, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad riojana”.

Esta semana entra en vigor el nuevo Decreto de Convivencia que según dice el Gobierno de La Rioja “está basado en la responsabilidad compartida y en un modelo integrador de convivencia escolar”. El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este miércoles el texto del nuevo Decreto de Convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que está basado en la responsabilidad compartida y en un modelo integrado de convivencia escolar.

La norma, que entrará en vigor esta semana y será de aplicación en el curso educativo 2025/2026, se basa en la resolución del conflicto a través del diálogo y la profundización en el entendimiento del problema, potencia el papel socializador del centro educativo y reconoce al profesor como autoridad pública con presunción de veracidad. Así, tal y como recoge el texto, la calidad educativa y la convivencia son dos ámbitos estrechamente relacionados necesitados de respeto y constituyen una garantía esencial de los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este nuevo Decreto de Convivencia como un documento elaborado en el seno de un grupo de trabajo con representación de la comunidad educativa riojana, que se asienta sobre un modelo basado en la responsabilidad compartida de todos los actores presentes en el proceso educativo. En este sentido, ha subrayado, que este nuevo Decreto supone también el cumplimiento de un compromiso con los ciudadanos, que responde a la demanda de los centros y la comunidad educativa, para redefinir el marco normativo vigente en materia de convivencia, aprobado en 2022 que evidenciaba una falta de cobertura legal y que sumió a los centros en un estado de indefensión e incertidumbre.

En consecuencia, a través de este Decreto se pretende revertir esta situación y dotar a los centros educativos de un marco general de convivencia que, sin obviar las aportaciones que han resultado positivas de la normativa anterior, como la apuesta por las medidas restaurativas, las medidas preventivas y la resolución pacífica de conflictos, proporcione esa cobertura legal a los centros educativos para aplicar las medidas educativas que sean necesarias para la corrección de conductas que perturben la convivencia en el centro y que prevengan su comisión. Además, se hace partícipes a todos los actores presentes en el proceso educativo de la convivencia escolar, explicitado los derechos y deberes de cada uno de ellos y se refuerza la autoridad del profesorado, devolviéndole el papel protagonista que tiene en el proceso educativo.

Este Decreto plantea un modelo de convivencia basado en la responsabilidad compartida, puesto que la gestión de la convivencia en los centros educativos es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, de modo que todos somos agentes de la convivencia.

Se presenta un modelo integrado de convivencia escolar, que combina las ventajas de un modelo relacional, basado en la resolución de un conflicto a través de la relación y el diálogo directo de las partes implicadas en el mismo, del que se obtienen beneficios tales como el encuentro, el valor del diálogo y la profundización en el entendimiento del problema así como el aprendizaje cooperativo para abordar situaciones futuras, con la determinación de unas normas que todos los miembros del centro educativo deben cumplir.

En este modelo integrado, el centro educativo favorece un procedimiento democrático de elaboración de normas y de consecuencias ante su incumplimiento, y, al mismo tiempo, desempeña un papel activo en el tratamiento de los conflictos a través de la adopción de procesos de gestión pacífica de los mismos, por ejemplo, por medio del uso de estrategias de mediación encaminadas a potenciar ese diálogo, teniendo en cuenta que la búsqueda del entendimiento y los citados procesos de gestión pacífica no excluyen el cumplimiento de las normas.

Este modelo integrado permite la reparación de los daños causados, la reconciliación de las personas que se encuentran sumidas en una situación conflictiva y la resolución del problema a través del entendimiento mutuo, De esta manera se potencia el papel socializador del centro educativo.

Consideración del profesorado como autoridad pública

En este contexto, el Decreto establece los derechos y deberes de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, alumnado, familias y profesorado. Asimismo, se reconoce la consideración del profesorado como autoridad pública. De esta manera se reafirma el papel fundamental del profesorado, y se incrementa y refuerza la valoración social de su función docente.

El modelo integrado propuesto apuesta por un planteamiento global de la convivencia, y se basa en los principios educativos del diálogo y de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, para vertebrar la gestión de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Así pues, se favorece la prevención de actitudes contrarias al respeto mutuo y al entendimiento, y se apoya en los principios que deben guiar la convivencia democrática en el centro educativo, fomentando una cultura de paz, justicia y solidaridad, y facilitando la valoración del otro y el respeto a las diferencias que caracterizan la diversidad propia de los grupos humanos.

Entre los principios generales que se recogen en el texto destacan la garantía del ejercicio de la función docente del profesorado y su reconocimiento y apoyo social como factor esencial de la calidad de la enseñanza, así como su consideración como figura fundamental para que el alumnado adquiera y desarrolle al máximo sus competencias y capacidades que se plasman en el alcance de los objetivos académicos, competenciales y de desarrollo personal establecidos.

Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas que perturban la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo, entre otras, actuaciones de mediación, o procesos educativos de compromisos de convivencia, que tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno o alumna que perturben la convivencia en el centro y, en especial, aquellas que, por su reiteración, dificulten su proceso educativo o el de sus compañeros.

El nuevo decreto recoge 68 artículos estructurados en cinco títulos. El título preliminar establece las disposiciones generales, el primero se centra en la convivencia escolar, con especial atención a las estrategias preventivas y a la gestión pacífica de conflictos, el segundo describe los derechos y deberes del alumnado y la participación y compromiso de los progenitores o personas que ejerzan la tutoría legal, el tercero pone de manifiesto los derechos, deberes y la autoridad del profesorado y finalmente el cuarto desarrolla normativamente las actuaciones y mecanismos de corrección para las conductas que perturban la convivencia en los centros educativos.

El Gobierno cierra este martes el curso parlamentario con la misma incertidumbre que atraviesa la legislatura. El Congreso celebra un pleno extraordinario, el último antes de las vacaciones, con siete reformas legislativas. Entre ellas, la convalidación de dos reales decretos ley para los que el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos. Especialmente el que recoge medidas para evitar un nuevo apagón como el de abril, que corre serio peligro después de que Podemos haya anunciado que votará en contra. Su aprobación queda en manos del PP.

Este martes, el Gobierno ha señalado en el Consejo de Ministros que cree que el PP tendrá que explicarse si termina votando en contra del decreto. Pilar Alegría ha asegurado que siguen negociando con todos los grupos parlamentarios hasta el último momento, aunque ha querido trasladar al Partido Popular la responsabilidad si ese paquete termina decayendo. “Tendrá que explicarlo”, ha dicho en la rueda de prensa.

Alegría ha defendido que el Gobierno ha hecho un trabajo consensuado con todos los sectores para elaborar este decreto. Aunque en principio el Ejecutivo no tiene asegurados los votos para sacarlo adelante, la ministra ha restado importancia a una posible derrota del Gobierno y ha defendido las votaciones que han sacado adelante en estos dos años de legislatura.

En Moncloa se esfuerzan desde hace tiempo en combatir la idea generalizada de que la legislatura no ha producido avances. Es una crítica recurrente de la derecha, pero el diagnóstico también lo comparten algunos de los socios del Gobierno, entre ellos Sumar, que ha pedido en las últimas semanas un giro total y una reactivación de la agenda social. El Congreso ha aprobado 36 leyes hasta la fecha y los socialistas quieren elevar ese número hasta las 42, aunque para lograrlo necesiten los votos del partido que les lleva acusando de ser una mafia desde hace meses.

Pero el Gobierno quiere además terminar este último pleno del curso con buenas noticias para alejar la crisis por el caso de Santos Cerdán que colocó a Pedro Sánchez en el alambre en las últimas semanas. Los socialistas han tomado aire en los últimos días gracias a las noticias sobre el caso del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, a quien un juez de Tarragona señala por favorecer ilegalmente a empresas gasísticas, entre otras, durante su etapa en el gabinete de Mariano Rajoy.

Algunas leyes tienen los apoyos asegurados. Los partidos que conforman el llamado bloque de la investidura tienen todo a punto para aprobar definitivamente la modificación del Reglamento del Congreso que permitirá imponer sanciones a los agitadores de ultraderecha acreditados como periodistas en la Cámara. La reforma del reglamento establece un código de comportamiento pensado prácticamente ad hoc para evitar que estos activistas boicoteen las ruedas de prensa y señalen a los periodistas, como hacen habitualmente en los pasillos de la Cámara.

El texto lo registraron en marzo los partidos del Gobierno y todos los socios parlamentarios y la tramitación ha sido relativamente rápida. La semana pasada quedó redactada la ponencia y la Comisión del ramo emitió dictamen el jueves después de incorporar mediante algunas enmiendas las principales recomendaciones que hicieron al texto los letrados de la Cámara, que consideraban el texto inicial algo ambiguo en algunos de sus redactados y pedían incluir un plazo para que prescriban tanto las infracciones como las sanciones.

Junto a esta reforma, el Congreso también aprobará una modificación del reglamento para adaptarlo al lenguaje inclusivo, una iniciativa que se empezó a tramitar al inicio de la legislatura, pero que había quedado estancada. PP, Vox y UPN rechazarán en solitario ambas modificaciones en el pleno de mañana.

Dos decretos en el aire

Más difícil lo tendrá el Gobierno para sacar adelante dos de los tres decretos que el Congreso examina mañana. El que tiene más dudas de ser convalidado recoge el paquete de medidas que el Ministerio de Transición Ecológica quiere implementar para evitar un nuevo apagón como el que afectó a toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

Con el decreto, según el Gobierno, se refuerza la labor de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de gestión del sistema eléctrico de Red Eléctrica de España (REE), potenciando así el control del cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes, la inclusión de nuevas herramientas para reforzar el sistema, además de medidas para impulsar la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad.

Pero el Ejecutivo no contará con los votos de todo el bloque que le facilitó la investidura. Esta vez no se debe a la negativa de Junts, sino a la de Podemos, que cree que la redacción del texto es una concesión a las energéticas. “Este real decreto vuelve a ser una forma de legislar que se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído del Ministerio y no a atender el interés general y evitar situaciones así en el futuro”, dijo este lunes el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

Según Podemos, este decreto “no fija obligaciones para las empresas del oligopolio” ni “establece multas para sancionar los comportamientos temerarios” de esas compañías. “Las probabilidades de que haya un apagón son las mismas con este decreto que sin él”, sentenció.

También critican una disposición que el Gobierno ha incluido para conceder una subvención a Catalunya de dos millones de euros para la reducción del impacto ambiental de las macrogranjas, una medida que en Podemos ven como una subvención directa a estas compañías.

Si Podemos cumple su amenaza, el decreto quedará en manos del PP, quien podría facilitar la aprobación del decreto con una abstención sin necesidad de votar a favor. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, no quiso desvelar este lunes qué harían en la votación de este martes.

El Gobierno tampoco tiene asegurados los apoyos para el real decreto con las actualizaciones de los pagos a las comunidades autónomas, que se incrementan este año en 10.000 millones, según los cálculos del Ejecutivo.

En total, los gobiernos regionales recibirán más de 147.000 millones. Un dinero que ya deberían haber ingresado a principios de año, pero el Congreso rechazó el real decreto-ley previo que recogía estas entregas a cuenta. El PP votó entonces en contra ya que, dijo, el Ejecutivo las había incluido en un decreto ‘ómnibus’ que muchas otras medidas que los de Alberto Núñez Feijóo no compartían.

El PP retó al Gobierno a presentar las entregas a cuenta en un único decreto. Una vez hecho, no han desvelado si votarán a favor o no este martes.

También quedarán aprobadas las leyes que vienen del Senado. Hay un proyecto del Gobierno para mejorar la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes de automóviles. También una modificación del régimen económico y fiscal de Canarias para que el Gobierno autonómico pueda utilizar fondos de una reserva para inversiones (RIC) para la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. Y por último, la Agencia de Salud Pública. El PP introdujo una serie de enmiendas gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Lo previsible es que todas caigan y la ley quede aprobada aunque Junts podría abstenerse y facilitar alguna de esas enmiendas, entre ellas una que busca que sea la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la que resuelva las excepciones para el sistema de precios de referencia.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha sembrado la “incertidumbre” en el sector del transporte andaluz con un nuevo decreto-ley aprobado “sin diálogo previo”, según denuncian tanto el colectivo de taxistas como el de vehículos de transporte con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify. Estos dos sectores históricamente enfrentados coinciden en trasladar su “preocupación” y “desconcierto” ante una política de movilidad, que ambos achacan a una falta de previsión y transparencia por parte de la Junta de Andalucía.

La nueva norma –aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 11 de junio y ratificada este miércoles en el Parlamento andaluz– suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones para VTC tras constatar, según la Junta, “que en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes”. Esta decisión deja en el aire las 1.373 solicitudes de VTC registradas entre enero y abril de este año (frente a las 3.713 autorizaciones que hay hoy vigentes en la comunidad andaluza).

La moratoria queda supeditada a la elaboración de un estudio técnico que, en el plazo de dos meses, tendrá que analizar la demanda total de la movilidad en Andalucía y definir los “criterios objetivos que permitan alcanzar una buena gestión de la oferta del transporte”, según consta en el decreto-ley impulsado por la Consejería de Fomento. El departamento que encabeza Rocío Díaz argumenta que se ha producido un “cambio brusco en las dinámicas de mercado”, debido a la proliferación de vehículos eléctricos, que ha disparado las solicitudes de nuevas licencias.

Aunque difieran en sus intereses, taxistas y empresarios de VTC comparten la crítica de responsabilizar a la Junta de generar inseguridad jurídica en un sector ya de por sí tensionado. El presidente de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, afea que la Junta “actúe ahora sorprendida por el aluvión de solicitudes” cuando ha tenido años para intentar frenar el “crecimiento descontrolado”, en el que ahora justifica el nuevo “decretazo”.

Desde el sector de los vehículos con chófer, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García-Trespalacios, denuncia “el inmenso coste económico y social” que implica la moratoria, comprometiendo “una inversión de unos 15 millones de euros”, derivados de los gastos que acometieron los transportistas al invertir en vehículos eléctricos, para adaptarse a los criterios que les dio a conocer la Junta en enero de 2025.

A qué se debe ese “cambio brusco” en el mercado

El polémico decreto-ley que permitía a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano congeló en septiembre de 2022 la concesión de nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía, ya que la comunidad superaba con creces la ratio de un VTC por cada 30 taxis, fijada por el Gobierno de España en el conocido como “decreto Ábalos”.

Sin embargo, la nueva legislación estatal aprobada en 2023 –adaptándose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó la limitación de las licencias con las que operan empresas como Uber y Cabify– abrió la puerta a que se concedieran nuevas autorizaciones, siempre que se cumplieran con ciertos requisitos medioambientales.

Así lo recogió la Junta de Andalucía en el borrador del desarrollo reglamentario del decreto-ley de 2022, que presentó a los sectores implicados en enero de 2025. Al comprobar que esos criterios no son aplicables a los coches eléctricos, los conductores de VTC se lanzaron a adquirir vehículos 100% eléctricos, obligando al Gobierno andaluz a conceder esas solicitudes.

“La apertura del proceso de autorización de más licencias desde enero de 2025, cumpliendo una serie de requisitos ambientales, ha llevado a multitud de pymes, autónomos y cooperativas de toda Andalucía a realizar importantes inversiones”, como recuerda el presidente andaluz de la Asociación Empresarial VTC. “Las empresas han acometido esas inversiones porque eran necesarias para poder realizar la solicitud y además con la confianza de que el Gobierno de Andalucía en las primeras semanas había concedido más de 40 licencias, con lo cual más que expectativas, las empresas tenían la certeza de que cumpliendo los requisitos tendría lugar el otorgamiento”, argumenta García-Trespalacios.

Fuentes de la Consejería de Fomento alegan que esas autorizaciones se han concedido antes de establecer la moratoria “en cumplimiento de la sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El resultado ha sido que el número de solicitudes se ha disparado, pasando de las 23 presentadas en el año 2024, a las 1.373 registradas hasta mediados de abril de 2025. Con esta progresión, la Consejería del ramo calcula que las autorizaciones se duplicarían en un plazo de seis meses. De ahí que justifique la urgencia del decreto recién aprobado.

Falta de previsión

“Lo que ha pasado es que no se esperaban un aluvión de solicitudes, pero podrían haber definido los criterios antes de que los transportistas acometieran las inversiones, podrían haber consensuado sectorialmente los criterios y concedernos seguridad jurídica porque ahora hay cientos de coches parados, aun cumpliendo rigurosamente con los requisitos que estableció la Junta”, lamenta el presidente de la Asociación Empresarial VTC en Andalucía.

Por su lado, los taxistas lo interpretan como otro “atropello del servicio público en beneficio de las grandes empresas privadas”, entendiendo que, pasados esos dos meses, se reactivará la concesión masiva de autorizaciones bajo criterios que consideran insuficientes. “Volvemos a asistir nuevamente a lo que entendemos por un engaño del Gobierno andaluz, que viene a traer nuevamente, igual que en 2022, por vía decreto y por vía urgente, algo que no permite participación ni transparencia por parte del sector”, ha reprochado el presidente de Élite Taxi, una de las organizaciones que ha convocado este miércoles una manifestación de protesta a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con el debate en el pleno.

Lejos de calmar las tensiones, el nuevo decreto-ley ha provocado que se reavive el enfrentamiento del Gobierno de Moreno con ambos sectores. Ya en 2022, el sector del taxi andaluz se enfrentó a la Junta por sentirse “engañado y traicionado” tras autorizar a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano, también por la vía urgente. La medida tampoco contentó del todo a los VTC, que criticaron las limitaciones impuestas.

Tres años después, el descontento y el ambiente de protesta vuelven a sobrevolar las relaciones del Gobierno andaluz con el sector. Mientras tanto, la Junta defiende la urgencia del nuevo decreto, ya que “la proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi”. Sin embargo, la falta de diálogo previo han sembrado una incertidumbre que taxis y VTC, aunque por razones distintas, coinciden en reprobar.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que su Ejecutivo se dirigirá al Consello Consultivo de Galicia para solicitarle un informe sobre la constitucionalidad del decreto que regula el reparto de los menores migrantes. Lo hará con vistas a presentar un recurso contra una medida del Gobierno que dirige el Ejecutivo de Sánchez que ha definido como “un trágala sin diálogo”.

Muy crítico con el paso dado por el Ejecutivo estatal “sin ningún tipo de planificación” y, tras tildar el reparto de “injusto e incoherente”, Rueda ha explicado que su Gobierno necesita un informe que clarifique si, “como sostiene la Asesoría Xurídica de la Xunta”, el decreto “invade competencias de Galicia en materia de asistencia social y protección de menores”, según recoge Europa Press.

También se pedirá la opinión del Consultivo sobre si el decreto en cuestión supone “una decisión unilateral” del Gobierno sobre aspectos que después gestionan las comunidades y que “no garantiza los fondos suficientes a las comunidades para prestar la atención y asistencia que necesitan estos jóvenes”.

El PP se ha quedado solo con Vox en su rechazo al plan antiaranceles planteado por el Gobierno. La primera respuesta española a la guerra comercial abierta por Donald Trump recabó en el Congreso la mayoría absoluta de los votos: 176 a favor y 169 en contra. Hasta UPN, socio navarro del PP y cuyo diputado suele firmar algunos de los discursos más duros, ha votado 'sí'. El Parlamento da vía libre así a un plan de 14.000 millones que los de Alberto Núñez Feijóo han desestimado apoyar ya que, dicen, el Ejecutivo no ha asumido ninguna de sus propuestas, basadas en bajar impuestos y cotizaciones a las empresas, además de defender la energía nuclear.

En el PP restan importancia a la coincidencia con Vox y sostienen que la distancia entre sus propuestas y las del Gobierno hacían imposible el acuerdo. Y eso que, a diferencia de otros momentos importantes de la legislatura, el Ejecutivo y el primer partido de la oposición sí han negociado el contenido del plan de respuesta a los aranceles, aunque sin ningún acercamiento.

“Es su solución, no nuestra solución”, dijo el responsable económico del PP, Juan Bravo, en la tribuna del Congreso en su defensa del 'no'. El vicesecretario se ha prodigado en las últimas semanas por diferentes medios de comunicación para exponer su propuesta y criticar la del Ejecutivo, mientras mantenía abierta una línea con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para intentar acercar posturas.

En palabras de Bravo, el del Gobierno “no es un plan” como tal ya que casi todas las medidas, ha explicado en diferentes ocasiones, pasan por préstamos y avales. Es decir, dinero que las empresas tendrán luego que devolver. Esa fue la principal

El planteamiento del PP pasaba por “ayudas directas”, en sus propias palabras, en forma de rebajas de impuestos, temporales o totales, y de cotizaciones sociales a las empresas más afectadas por los aranceles anunciados por el presidente de EEUU y que, si las negociaciones con la UE no avanzan, entrarán en vigor este verano.

Pero, además, el PP aprovechó para plantear una prórroga de las centrales nucleares, “si las empresas quieren”, y la derogación del impuesto a la generación eléctrica. Dos medidas ajenas al objeto expreso del decreto, que fueron recibidas con frialdad en un primer momento, pero que cogieron vuelo tras el apagón del 28 de abril. Aquel día, Bravo había viajado a la central nuclear extremeña de Almaraz para reclamar la prolongación de su vida útil, pese a que las dos empresas que la explotan, Iberdrola y Endesa, no lo han solicitado formalmente.

“Ni siquiera ha pedido disculpas”, le espetó Feijóo a Pedro Sánchez en su réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno este miércoles. El líder del PP aprovechó para arremeter contra la transición energética planteada por el Ejecutivo. “No va de renovables o nucleares, sino de renovables y nucleares”, respondió Feijóo a un Sánchez que prometió “no desviarse ”ni un solo milímetro de la hoja de ruta energética marcada en 2018“ por su primer Consejo de Ministros.

Feijóo tildó de “tercermundistas” los servicios públicos de los españoles, subido a la ola del malestar social que han detectado las terminales del PP. En la sede nacional de la madrileña calle de Génova no esconden sus muestras de alegría ante lo que creen que es una pésima labor del Gobierno que pone en duda uno de los mantras con los que suele defenderse el bloque que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa: la buena gestión, especialmente económica y laboral, frente a las concesiones políticas a los socios parlamentarios.

Desde el Gobierno se replica que el decreto aprobado por el Gobierno no se puede modificar y que las medidas planteadas por el PP podrían plantearse a futuro. Pero en el PP denuncian que el Gobierno sí introdujo los planteamientos de algunos de sus socios. En Génova explican que Cuerpo les pasó un borrador del decreto que no incluía la disposición negociada con Junts que sí apareció en la versión final. Es decir, que hubo margen para añadir elementos al documento aprobado por el Consejo de Ministros.

Desde el PP sostienen que Cuerpo no negoció con ellos no porque no quisiera, sino porque no le dejaron.

Abonar el descontento

El PP suele ocultar el sentido de su voto en el Congreso hasta el momento final, para jugar con la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero esta vez rompió su estrategia habitual y anunció la ruptura de las negociaciones el pasado 5 de mayo.

La fecha no es casual: fue al día siguiente de la avería que paralizó durante horas la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, atrapando de miles de viajeros, y antes de que se restableciera definitivamente el servicio. “Si el Gobierno no quiere aceptar las propuestas que hace el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo”, dijo el propio Bravo, quien horas antes había sufrido en primera persona el parón ferroviario. Ese lunes, además, se cumplía una semana del apagón total de la Península Ibérica.

El PP ha visto en estas dos crisis la oportunidad de recuperar el terreno perdido en los últimos meses a consecuencia de crisis de gran relevancia como la DANA de Valencia. Desde el apagón, Feijóo ha recuperado sus denuncias sobre la reticencia de Pedro Sánchez a asumir su responsabilidad y no decretar la emergencia nacional, ni en noviembre por las tormentas en Valencia ni este mes de abril con casi todo el país sin suministro eléctrico. Una estrategia en la que no le sigue todo el PP.

El giro estratégico de Feijóo le ha vuelto a colocar a la vera de Vox, tras mucho esfuerzo por despegarse de su socio ultra. La decisión de Santiago Abascal de romper los gobiernos autonómicos y de torpedear las cuentas regionales en cinco de las comunidades que dirige el PP les había separado, y la elección de Donald Trump como presidente de EEUU había agrandado esa grieta.

De hecho, Feijóo ha sido muy crítico con Vox en las últimas semanas a cuenta de la guerra comercial mundial emprendida por Trump. Abascal ha llegado a defender los aranceles que EEUU quiere imponer y que afectarán a la industria española, pero también al sector agroalimentario, donde los ultras tienen buena parte de su base social o, al menos, hacia donde proyectan sus propuestas políticas. Este miércoles, el diputado de Vox Jacobo González-Robatto ironizaba desde la tribuna del Congreso con que Trump está “acojonado” por la respuesta española.

Al final, en la primera votación real sobre los aranceles el PP se ha unido a Vox en su rechazo al Gobierno, incluso a sabiendas de que el decreto sería aprobado y, por lo tanto, la salud del Ejecutivo no dependería de sus votos. Los de Feijóo restan importancia a este acercamiento y lo desligan de las palabras que el miércoles dirigió Abascal contra el líder de la oposición, al que conminó a romper definitivamente con el PSOE y al que advirtió de que, de proseguir con su estrategia, perdería las opciones de gobernar tras las próximas elecciones generales.

En Génova tienen la esperanza de que la UE y EEUU negocien una tregua comercial y, al final, los aranceles anunciados por Donald Trump no llegarán a imponerse. Si ocurre lo contrario y finalmente los productos españoles sí tienen que pagar los aranceles, el Gobierno deberá aprobar nuevas medidas, y el PP tendrá que volver a retratarse en una votación parlamentaria.