Maricarmen ha muerto, a los 87 años, en el hospital. No ha muerto en su casa. La empresa Urbagestión la desahució hace dos semanas y, aunque un acuerdo posterior le iba a permitir volver a su casa, no tuvo tiempo para morir en el lugar en el que había vivido 71 años. Antes de morir, Maricarmen era ya un símbolo de la lucha por la vivienda: acampada en Sol, manifestaciones en toda España, decretos de vivienda y elecciones anticipadas. Pero, cuando pase el tiempo… ¿Cómo vamos a recordar a Maricarmen?

Se lo preguntamos a algunas personas que acamparon en Sol la primera noche, movidos por su ejemplo: Celia, Pablo, Miguel y Adela. Hablamos también con periodistas de elDiario.es que han seguido su historia a lo largo de los años: Germán Aranda, David Noriega y Guillermo Hormigo. Además, abordamos los bulos que se han dicho sobre Maricarmen en las últimas semanas con el periodista de Maldita.es, Julio Montes.

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Cuando el 23 de julio de 2023 todo el mundo daba por hecho que el PP y Vox gobernarían en La Moncloa, la noche electoral brindó la sorpresa política: el PSOE podría repetir gobierno de coalición si convencía a Carles Puigdemont, huído desde 2017 a Bélgica, para que sus siete diputados votasen sí a su investidura. A cambio, Pedro Sánchez prometió y aprobó una Ley de Amnistía traumática para muchos socialistas, y que desató la furia de la ultraderecha y la derecha política, mediática y judicial. El respaldo de Junts siempre estuvo condicionado a grandes cesiones en un proceso negociador muchas veces al límite del precipicio para el Gobierno. 

Más de tres años después, cuando Puigdemont ya puede regresar a España sin ser perseguido por la justicia, es de nuevo el líder independentista catalán el artífice de accionar el botón nuclear de la política española, al votar no a los decretos de vivienda que agitan las calles estos días, y poner fin así a la legislatura. Con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, analizamos qué hay detrás de la estrategia seguida por Puigdemont y su partido a lo largo de estos años.  

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Escucha el episodio especial de Un tema Al día grabado en directo el pasado 3 de octubre en el Teatro Lope de Vega de Madrid.

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La convocatoria electoral ya está publicada en el BOE. También, de nuevo, los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó al Gobierno la semana pasada. Lo que pasa es que ahora, con las elecciones convocadas, el parlamento está disuelto… Y PP, Vox y Junts ya no pueden tumbar las medidas de vivienda. Están en vigor, y lo siguiente, en 30 días… Es que la Diputación Permanente, una representación del Congreso hasta que se vuelva a conformar la cámara legislativa, las convalide o las tumbe. ¿Entonces? Pues el truco consiste en que en esta Diputación Permanente las mayorías son distintas. Y el Gobierno no necesita el voto de Junts, le vale con el PNV para intentar, al menos, convalidar el primer decreto. 

¿Es cuestionable este método? ¿Tiene amortizadas las críticas a este tipo de procedimientos Pedro Sánchez y lo apuesta todo por la vivienda? Lo abordamos con los periodistas de elDiario.es José Enrique Monrosi y Germán Aranda.

Fe de erratas: en una versión anterior de este episodio se afirmaba que el segundo decreto de vivienda entraba ya en vigor hasta que, presumiblemente, lo tumbara la Diputación Permanente. No es así: entra en vigor el 15 de noviembre. 

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En España hay casi tres millones de personas que viven ahogadas por el precio de los alquileres que no hacen más que subir cada año. Hogares que tienen que destinar más de un tercio de todo su salario a pagar la renta a los propietarios de sus viviendas y que se ven cada vez más empobrecidos y desprotegidos en un mercado de la especulación sin freno. Los decretos que PP, Vox y Junts tumbaron el viernes, las leyes que este gobierno de coalición o el anterior no pudieron o no quisieron aprobar en 8 años o el boicot a las leyes que sí existen de comunidades autónomas o ayuntamientos, afecta severamente a uno de cada cuatro hogares que viven de alquiler.

Con Raúl Sánchez, redactor Jefe de la sección de Datos de elDiario.es, desmenuzamos la realidad que hay detrás de los números y estadísticas sobre los precios del alquiler y los niveles de renta de los inquilinos que viven en esas. Con Noemí, Óscar y Trini nos asomamos al día a día de personas que viven en una situación angustiante.

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En 1955, Orson Welles rodó 'Mr. Arkadin', una película fascinante sobre un magnate que contrata a un aventurero para que investigue su pasado. En una fiesta de disfraces, Gregory Arkadin, a quien interpreta el propio Welles, cuenta a sus invitados una fábula: un escorpión pide a una rana que lo ayude a cruzar un río. La rana teme que este le clave su aguijón a la que tenga una oportunidad, pero el escorpión le explica que no tiene sentido temerle: si la pica, se hundirán los dos en el fondo del río. A mitad de camino, mientras la rana y el escorpión cruzan el cauce, la pica. Mientras se ahogan, la rana le pregunta por qué narices la ha matado, si tan poca lógica tenía. El escorpión le dice que no puede evitarlo, que es su naturaleza. Arkadin propone entonces un brindis por la naturaleza de las personas. 

Viene a colación de acuerdos con escorpiones y otros bichos venenosos, el Congreso tiene que votar dos decretos de vivienda y Junts per Catalunya ha anunciado que no los convalidará. Si caen, serán doce, si no he contado mal, los decretos ley derogados en esta legislatura con los siete votos de Junts sumados a los del Partido Popular y Vox. El gravamen a las energéticas, el ómnibus de las pensiones, el decreto antiapagones, el escudo social, la prórroga de los alquileres, los créditos de Renfe, el rescate de RTVE, la regulación de los lobbies. Es una lista larga y tiene una dirección, que es, inevitablemente, el lecho de un río.

Hay un libro que ayuda a entender lo que está ocurriendo estos días, y que, de paso, explica toda la legislatura. Es un ensayo titulado 'Veto Players', publicado por el académico George Tsebelis en 2002; sostiene que la capacidad de un sistema político para cambiar su realidad depende de cuántos actores deben de estar de acuerdo para mover el statu quo, pero también de la distancia ideológica que los separa. Cuantos más jugadores con veto haya y más lejos estén unos de otros, más difícil es mover el statu quo. En materia económica está más cerca de la calle Génova que de Ferraz, y el decreto ley, que solo admite un sí o un no, convierte cada pleno de convalidación en un ejercicio de veto.

Pero un actor, en estos casos, en todos los casos, tiene capacidad de veto porque la aritmética lo vuelve imprescindible, no estaríamos en este brete si no fuese así. Si las matemáticas cambian, la capacidad de veto desaparece. El poder de Junts en el Congreso nace de una mayoría de investidura muy precisa, heterogénea, en la que no sobra nadie. Si esa mayoría se rompe y unas elecciones generales dejan al PP y a Vox por encima de los 176 escaños, los diputados de Junts, sean siete o los que queden, dejarán de decidir nada. Si Alianza Catalana decidiese presentarse a las generales, quizá los de Puigdemont llegarían a desaparecer. La capacidad de veto es un superpoder que uno tiene mientras el ejecutivo necesita de tu permiso para mover ficha de una orilla a otra.

La orilla catalana tampoco es acogedora. Salvador Illa gobierna la Generalitat desde agosto de 2024 con el apoyo de Esquerra y los Comuns. Allí, Junts no tiene ninguna palanca que compense lo que pueda perder en Madrid. El barómetro de julio del Centre d’Estudis d’Opinió le da entre 16 y 18 diputados en el Parlament, menos de la mitad de los 35 que obtuvo hace dos años. Aliança Catalana pasaría de dos a entre 23 y 25 y los adelantarían. Según la misma encuesta, unos doce puntos de voto viajarían de un partido al otro.

Se ha extendido estos meses una lectura que atribuye a Junts el cálculo de endurecerse en Madrid para contener a Aliança en Catalunya, pero los números no la avalan. La sangría empezó antes de la ruptura con el PSOE y ha continuado después, siguiendo el hilo de la ultraderechización de las derechas, en Madrid, en Murcia, en Catalunya y en Washington. Votar con el PP y Vox no ha frenado su descenso. Cuando compites con tu adversario en dureza, la dureza la acaba cobrando quien la encarna con más naturalidad, y esa naturalidad no es -tan- propia de los herederos de Convergència

Junts arrastra dos herencias que conviven mal la una con la otra: saber ser decisivo en Madrid sin formar parte de un Madrid del que tratan de emanciparse y, por otro lado, el pensamiento post 1 de octubre que hace que cada pacto con el Estado sea motivo de sospecha entre su propio electorado. Una negocia y la otra se autoflagela al hacerlo; así que cuando un partido ya no sabe cuál de las dos genéticas es la dominante, lo mismo le pasa al PP, suele hacer lo que el cuerpo le pide. Y el cuerpo, en este caso, lo que le pide es clavar el aguijón.

Se está hablando, cada vez con mayor intensidad, de un adelanto electoral, y si las urnas llegan, el río será otro, y nada garantiza, es más, el contexto garantiza todo lo contrario, que el escenario, la aritmética que hoy hace que siete escaños sean decisivos, lo sean de nuevo. La fábula de Arkadin suele atribuirse al narrador griego Esopo, pero según se dice, lo más probable es que provenga de una versión persa del siglo XV en la que el escorpión cruza el río a lomos de una tortuga. A mitad de camino clava el aguijón, pero no consigue atravesar el caparazón. La tortuga se sumerge y el escorpión se ahoga él solo. Está por ver qué animal lleva hoy al escorpión a sus espaldas. 

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a Emiliano García-Page que si quiere elecciones generales, “tumbe” el decreto de vivienda que este viernes se debaten en el Congreso de los Diputados.

Estas declaraciones vienen después de que el Gobierno de España anunciase en la mañana de este viernes que barajan convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre si los decretos de vivienda no salen adelante, debido al rechazo de Junts. En este sentido, Page ha señalado que la legislatura en 2023 comenzó “dándole el mando a distancia a Puigdemont” y que si los decretos de vivienda se han aprobado en el Consejo de Ministros ante la “situación de emergencia de miles y miles de inquilinos”, sería “enormemente arriesgado” decirle a esa ciudadanía, si no prosperan, que “se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones”.

Paco Núñez ha apuntado en su perfil en la red social X que “Pedro Sánchez puede reponerse al NO de Junts, pero no al NO de su propio grupo”, y ha matizado que “Page lo tiene en su mano. Oportunidades para demostrarlo ya ha tenido unas cuantas. Que deje el teatro”.

El Gobierno ya maneja la posibilidad de convocar elecciones generales, algo que Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, lleva pidiendo desde hace tiempo. El presidente de Castilla-La Mancha considera ahora que, si finalmente no se aprueban los dos decretos de vivienda que se debaten en el Congreso, debido al rechazo de Junts, sería el momento de poner fecha a esos comicios.

Page ha argumentado que la legislatura actual comenzó en 2023 dándole “el mando a distancia” a Carles Puigdemont, al que ha calificado como “un señor no muy de derechas, sino de extrema derecha independentista”. “Ahora ellos (en referencia a Junts) son los que deciden. No quiero adelantarme a lo que puedan ser los votos, pero no sería tampoco la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria. Desde luego, la situación del país ha sido de un laberinto sin salida desde el primer día”.

“Cuando los pactos se hacen orillando tus valores, tus principios, y los haces con la extrema derecha, que además quiere dinamitar España, pues francamente traen, como mínimo, dolores de cabeza. Y en este caso no creo que haya nadie que se sorprenda al pensar que Junts en realidad no era bloque progresista ni era mayoría progresista para nada. Simple y llanamente el Parlamento es de mayoría conservadora”, ha resaltado.

Preguntado por si la votación de hoy podría suponer el final de la legislatura, el presidente castellanomanchego no ha querido aventurarse en dar una opinión. Sí ha remarcado que los decretos de vivienda se han aprobado en el Consejo de Ministros ante la “situación de emergencia de miles y miles de inquilinos”, pero que ahora es “enormemente arriesgado” decirle a esa ciudadanía, si no prosperan, que “se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones”.

“Es un altísimo riesgo el que se corre desde el punto de vista de la credibilidad ante los destinatarios de los dos decretos”, ha añadido.

Finalmente, preguntado por los posibles resultados tras una convocatoria de elecciones generales, Page ha señalado que el panorama político está “tan absolutamente trufado en España” y que “han cambiado tantas cosas de sitio”, que los españoles “van a tener mucho trabajo de recolocar el puzzle”.

Hay una pregunta que rara vez se formula cuando hablamos del alquiler en España: ¿por qué el inquilino que cumple puntualmente con sus obligaciones puede perder su vivienda por la sola voluntad de la persona o empresa que se la alquila? La pregunta parece extraña porque hemos dado como natural que los contratos de alquiler tengan una fecha de caducidad. Cinco años si el arrendador es una persona física, siete si es una persona jurídica. Tras ello llega el momento en que el propietario puede recuperar la vivienda aunque el inquilino haya venido pagando, haya cuidado el inmueble y no tenga otra alternativa. 

Es más, el contrato que durante años estuvo sometido a un régimen de cierta estabilidad pasa a convertirse en un vínculo jurídicamente débil, agonizante, por el mero transcurso del tiempo y al final se sitúa en eso que llaman “tácita reconducción”. El inquilino puede pasar diez, quince o veinte años viviendo en la misma casa y, sin embargo, jurídicamente permanece sometido a la posibilidad de que la relación termine por una decisión del propietario sin motivo alguno. De hecho, puede decidirlo caprichosamente, incluso para especular, sin que el ordenamiento establezca ningún límite. Esa asimetría explica la asfixia que sufren los hogares inquilinos: cuando la renovación depende de la voluntad del propietario, esa incertidumbre se convierte también en poder negociador, especialmente en zonas tensionadas.

Si aplicáramos la situación al ámbito laboral, sería como un contrato de trabajo que por el transcurso del tiempo se va fragmentando en lugar de tender a su estabilización. Un contrasentido. Salvando las distancias, los inquilinos en tácita reconducción son como los interinos de la administración pública, precarios a pesar de llevar años trabajando en el mismo puesto; precarios a pesar de llevar años pagando puntualmente una renta por la misma vivienda.

Hay que revisar esta lógica precarizante si queremos abordar el problema de fondo de la inestabilidad de los alquileres. No se trata simplemente de discutir si cinco o siete años son suficientes, ni de ampliar indefinidamente los contratos actuales. El debate de fondo es otro: si el alquiler constituye la vivienda habitual de una persona o una familia, ¿debe bastar el mero transcurso del tiempo para justificar su extinción? 

La alternativa es avanzar hacia un sistema de contratos renovables automáticamente por períodos sucesivos —por ejemplo, de cinco o siete años— en el que la continuidad fuese la regla y la extinción, la excepción. El arrendador podría recuperar la vivienda cuando concurriera una causa legalmente establecida: impago, incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, necesidad real y acreditada para sí o para determinados familiares, o aquellas otras circunstancias objetivas que el legislador considerase legítimas. Pero no simplemente porque haya llegado una fecha.

Si lo comparamos con el Derecho laboral se entiende bien. En España no existe el despido libre, al menos no sin indemnización, y el cese en el contrato de trabajo está sometido a diversas garantías por pérdida del empleo. Nadie diría que un trabajador que ha cumplido correctamente sus obligaciones debe abandonar su puesto simplemente porque han transcurrido cinco o siete años desde que comenzó a trabajar. La estabilidad no significa que el contrato sea eterno sino que su terminación necesita una razón jurídicamente reconocible, derivado del derecho constitucional al trabajo y la dignidad de las personas trabajadoras (art. 35 CE).

¿Por qué no puede existir una lógica semejante en el alquiler de vivienda habitual? Para una familia inquilina, el contrato de vivienda organiza una parte esencial de su existencia: allí vive, se escolarizan sus hijos, establece sus relaciones familiares, construye su vecindad y desarrolla su vida cotidiana. El artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. la Ley 12/2023 ha incorporado expresamente al ordenamiento una concepción de la vivienda que desborda su consideración como simple activo económico y apuntala la función social de la propiedad de la vivienda.

Igual que el Derecho Laboral ha construido mecanismos para evitar que la parte más débil quede sometida a la pura voluntad de la otra, el Derecho a la Vivienda puede avanzar hacia una estabilidad contractual fundada en causas y no exclusivamente en plazos. De aquí se deduce de forma natural el principio “in dubio pro inquilino”, como expresión de un principio informador de todo el ordenamiento:

Lógicamente, un sistema de renovación automática no puede convertirse en un derecho absoluto del inquilino a permanecer indefinidamente en cualquier circunstancia. El propietario conserva derechos legalmente protegidos y debe poder recuperar su vivienda cuando exista una causa legítima. La cuestión es mover el centro de gravedad del sistema: del derecho a no renovar al derecho a la renovación automática salvo motivos legalmente tasados.

Esta es una de las reformas estructurales que necesita el alquiler en España. No para convertir al propietario en un mero espectador de su propiedad, ni para hacer eternos todos los contratos, sino para instaurar un sistema constitucionalmente coherente bajo una regla sencilla: contrato renovable, extinción causal. Cinco o siete años pueden seguir siendo períodos razonables de revisión, siempre que no sean fechas de expulsión automática. Cuando el inquilino cumple y necesita permanecer, la continuidad debería presumirse; cuando el propietario quiera poner fin a la relación, debería acreditar una causa. 

La enorme movilización social que ha despertado el caso del desahucio de Maricarmen nos está llevando a revisar, con una mirada más lúcida, las relaciones de alquiler que hasta ayer asumíamos como inamovibles. Aunque sea con décadas de retraso, constitucionalicemos el alquiler. 

El déficit de oferta de vivienda respecto a la demanda por formación de hogares está siendo origen de una nueva burbuja de precios. Los precios actuales son inasequibles para la mayoría y han dejado fuera a más del 70% de la demanda potencial. El alquiler es el epicentro de esta crisis de asequibilidad, pero también el escenario de abusos de mercado y desequilibrios entre las partes. 

Mientras, los pisos en alquiler de mercado son ya 3,3 millones. En definitiva, es una extraña burbuja: su motor no es la producción de nueva vivienda –a penas existente— sino la vivienda en alquiler, convertida en la “trampa” de los nuevos hogares a consecuencia de la rotación y un infernal mecanismo de revisión recurrente de precios en los nuevos contratos. A pesar del aumento de dos años de la duración mínima de los contratos realizado en 2019, el posterior cambio de las condiciones del mercado generó una espiral de consecuencias sociales significativas. La atomización del mercado y la ausencia de inversores orientados al largo plazo que puedan ofrecer alquiler asequible son pecados originales de los que se deriva la situación actual.

El primer gran desafío para la política pública es responder a corto plazo a las consecuencias de esta situación mientras se establecen a medio y largo plazo las bases de una política que genere una oferta nueva suficiente con un nuevo modelo residencial. Ganar tiempo a corto plazo, ordenando un mercado de alquiler, esencialmente privado, distorsionado por los abusos de precio, calidad y desahucio para, paralelamente, ir generando un nuevo modelo de convivencia del mercado libre y los parques de vivienda protegida.

El segundo gran desafío es el puzle competencial que el tribunal constitucional ha ido configurando. El reparto competencial afecta a elementos esenciales para el nuevo modelo residencial, como la irreversibilidad de la clasificación de las viviendas como protegidas o asequibles, cuya definición depende de las comunidades autónomas y no puede ser regulada a escala nacional. Este es un factor fundamental para sostener la legitimidad social de los parques de vivienda e incluso de su viabilidad económica, toda vez que afecta a las tasaciones de las viviendas. El desacuerdo de algunas comunidades está también detrás del bloqueo que amenaza al plan nacional de vivienda, el instrumento básico de impulso a la edificación residencial, toda vez que el gobierno central ha condicionado las ayudas para vivienda protegida a esta irreversibilidad. En este contexto los instrumentos de intervención de precios de que disponen las comunidades autónomas gracias a la ley de vivienda --zonas tensionadas y limitaciones de precio-- han tenido un uso desigual, quedando amplias zonas sin su cobertura por diferencias de criterio político.

De este difícil contexto han surgido los dos reales decretos aprobados por el gobierno que serán tumbados por Junts en el Congreso, como ha avisado ya la formación catalana. El primero es una combinación de medidas de protección de los inquilinos ante los abusos detectados estos años y de algunas medidas estructurales para fortalecer el nuevo modelo residencial y los parques de vivienda protegida y asequible. El segundo se centra en la duración y extinción de los contratos de alquiler con el fin de acabar con el vencimiento del contrato como mecanismo automático de traslación al inquilino de las tensiones del mercado en contexto de escalada de precios como la sufrido en los últimos seis años. Ambos decretos trasladarían a nuestro mercado, en mi opinión, una necesaria agenda de modernización y homogeneización con las prácticas más comunes en Europa.

La suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta 2030. La falta de un código de buenas prácticas como el implantado en el mercado de préstamos hipotecarios durante la crisis financiera: El decreto establece una moratoria de desahucios. Define para ellos un procedimiento de enervación extraordinaria que, en los casos en que la propiedad no sea de un fondo buitre, convierte el riesgo de impago del arrendador en un crédito frente a la administración, aunque le impide recuperar la disponibilidad de la vivienda durante el contrato (no confundir con el aseguramiento de las rentas).

Se prohíbe la compra de viviendas (y se excluye de las compensaciones por desahucio) a los denominados fondos buitre. Estos se definen por su actividad, como compradores de activos con grandes descuentos (comprar por debajo de un 70% de valor de tasación). La definición recoge así la compra de inmuebles habitados por inquilinos antes protegidos, con un descuento que compensa al comprador de la tarea de expulsarlos y de renovar el inmueble para proceder a la venta libre a precios sustancialmente superiores

Ampliación del perímetro Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al alquiler de temporada o por habitaciones. Ello mejora la eficacia de la regulación de los alquileres y cierra las vías para eludir los límites de renta en zonas tensionadas y otras medidas de protección de inquilinos reguladas en la LAU. El contrato temporal exige una causa acreditada por el arrendador. La vivienda se convierte en habitual en ausencia de esta justificación o se encadena. La suma de las rentas por habitaciones no puede superar la de la vivienda completa y, en zona tensionada, queda sujeta a los mismos topes. 

Congelación de las actualizaciones anuales para rentas superiores al índice de asequibilidad publicado por el MiVAU hasta el final de 2027. En los demás casos la actualización no puede superar el 2% anual, salvo acuerdo de las partes.

Los reales decretos ley deberían ayudar a pacificar el mercado de alquiler, estabilizarlo y sentar las bases para el desarrollo de las políticas públicas definidas por la ley de vivienda y el plan nacional de vivienda.

Llega el día en el que se decide el futuro de la legislatura, del Gobierno y de la acampada en Sol. Por eso, recuperamos el episodio que grabamos en el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es que se celebró en Rivas-Vaciamadrid el 26 y 27 de junio (ese que el PP de Madrid trató de evitar que se celebrara). En este episodio especial, grabado ante el público, hablamos del monstruo de la vivienda. Un monstruo que recorre la historia de España… y la vida de Maricarmen. Después de lo que ha pasado tras su desahucio (y su posterior victoria, volverá a su casa) merece la pena recuperar su historia.

Esta sucesión de problemas sin solución en torno a algo tan básico como tener una casa ha sido una constante en los episodios que hemos preparado estas temporadas de Un tema Al día. Escuchamos esos sonidos que nos ayudan a entender la variedad y magnitud del problema. Además, conocemos otras dos historias. 

Una nos la trae Germán Aranda, periodista que cubre vivienda en elDiario.es. Nos vamos al barrio de La Peseta, en Madrid y entramos en la casa de Cristina, una de tantas personas en riesgo de desahucio porque su edificio fue comprado por Blackstone y, después, por otro fondo buitre, Brookfield. La otra historia, que no es especialmente dramática, pero que ayuda a contar la historia de todos, nos la trae el productor de Un tema Al día, Marcos García Santonja: es la historia de Elia, que vive con su hija en Lavapiés. Relata un miedo que viven todos los inquilinos: el de perder su hogar. 

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Un total de 1.895.676 contratos de alquiler que vencen entre 2026 y 2028 podrán acogerse a la prórroga obligatoria aprobada por el Gobierno en el conjunto del país. De esta cifra global, en Aragón afectaría a 64.272, de los cuales Zaragoza concentrará 47.665 contratos, Huesca 11.467 y Teruel 5.140.

Esta medida que entrará en vigor este jueves y que permitirá mantener los arrendamientos en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2028, según estimaciones del Ministerio de Consumo basadas en el panel de hogares.

La medida, incluida en el real decreto ley con medidas en materia de vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, afectará a 751.166 contratos que vencen en 2026, a otros 809.899 cuya finalización está prevista para 2027 y a 334.611 que expiran en 2028.

Tomando como referencia la media de 2,5 personas por hogar recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la prórroga beneficiará a cerca de cinco millones de personas, según los datos facilitados.

Madrid será la comunidad autónoma con un mayor número de contratos prorrogables, con 402.082, seguida de Cataluña, con 339.088; la Comunitat Valenciana, con 224.372; y Andalucía, con 263.222.

En Cataluña, Barcelona concentrará 248.053 contratos que podrán beneficiarse de la extensión, por delante de Tarragona, con 37.470; Girona, con 34.864; y Lleida, con 18.701.

En la Comunitat Valenciana, Valencia reunirá 120.523 contratos prorrogables, Alicante contará con 76.705 y Castellón con 27.144.

Por su parte, Andalucía sumará 263.222 contratos susceptibles de ser prorrogados. Málaga concentrará 74.050, Sevilla 54.866, Granada 40.069, Cádiz 35.757, Almería 20.876, Córdoba 15.745, Huelva 11.359 y Jaén 10.500.

Canarias será la quinta comunidad con más contratos prorrogables, con 108.252, de los que 61.027 corresponderán a Las Palmas y 47.225 a Santa Cruz de Tenerife. Galicia registrará 111.175 contratos, distribuidos entre A Coruña, con 56.118; Pontevedra, con 32.802; Lugo, con 12.239; y Ourense, con 10.016.

Castilla y León contará con 94.994 contratos prorrogables. Por provincias, Valladolid sumará 21.860; Salamanca, 17.018; León, 14.542; Burgos, 14.498; Zamora, 6.084; Segovia, 5.986; Ávila, 5.790; Palencia, 5.295; y Soria, 3.921.

En Baleares, la medida afectará a 69.154 contratos, mientras que Castilla-La Mancha registrará 65.797 contratos prorrogables: 24.708 en Toledo, 12.269 en Albacete, 11.071 en Ciudad Real, 11.053 en Guadalajara y 6.696 en Cuenca.

La Región de Murcia sumará 46.819 contratos que podrán prolongarse y el Principado de Asturias, 41.917. Extremadura contará con 30.630, repartidos entre Badajoz, con 17.900, y Cáceres, con 12.730.

Finalmente, Cantabria contabilizará 21.180 contratos prorrogables y La Rioja, 12.721.

Primeras consecuencias del nuevo decreto de vivienda frente a los desahucios. Macarena, una vecina del barrio de Sant Andreu de Barcelona, que aguardaba este jueves su desalojo arropada por vecinos y activistas, ha visto cómo se suspendía el lanzamiento debido a la nueva norma. 

Los abogados del Sindicato de Inquilinas han solicitado este jueves a primera hora la suspensión del desahucio en virtud del decreto aprobado por el Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles. En una diligencia, obtenida por elDiario.es, un juez de Barcelona ha acordado la suspensión provisional.

Macarena vivía en el piso desde 2017 y se enfrentaba al segundo intento de desahucio. El primero fue en julio y medio centenar de vecinos y activistas lograron pararlo. 

Según el Sindicato de Inquilinas, la mujer, en situación de vulnerabilidad y con problemas de salud mental diagnosticados, residía en la vivienda sin contrato formal, pero con un acuerdo verbal con el propietario por el que abonaba cada mes la renta, actualmente de 850 euros. 

En 2024, la propiedad quiso subirle el alquiler y ella pidió a cambio que le formalizaran el contrato, pero el casero se negó y le ofreció una sola habitación por ese precio, siempre según la versión del Sindicato de Inquilinas.

“Desde entonces empezó un período de acoso y chantaje para conseguir que abandonara la vivienda”, aseguran desde la entidad, que ha intentado en más de una ocasión negociar con la propiedad.

La situación de esta mujer fue también trasladada a la Oficina de Vivienda de Sant Andreu. Desde este organismo se ofreció a la propiedad la posibilidad de acceder a una subvención para renovar el piso, que se encuentra en muy malas condiciones, a cambio de incorporarlo a una bolsa de vivienda del Ayuntamiento. La propiedad, sin embargo, no llegó a responder a esta propuesta, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas.

Ante la fecha de desahucio de este miércoles, y agotadas las vías de negociación, el Sindicato llamó a la ciudadanía a pararlo en la calle y los activistas estaban preparados para intentar frenarlo. Macarena, por ahora, no será desahuciada.

Tras aprobación del Real decreto-ley con medidas de vivienda aprobado en Consejo de Ministros este martes, este jueves entra en vigor la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que tengan fecha de vencimiento antes de 2029 (hasta el 31 de diciembre de 2028).

En total en España son 1.895.676 contratos los que se van a poder prorrogar gracias a esta medida (751.166 de 2026, 809.899 de 2027 y 334.611 que vencerán en 2028).

En Castilla-La Mancha son un total de 65.797 los que corresponden a Toledo 24.708 contratos prorrogables, a Albacete 12.269 contratos, a Ciudad Real 11.071 contratos a Guadalajara 11.053 contratos y a Cuenca 6.696 contratos.

El INE señala que de media en cada hogar hay 2,5 personas. Por lo que, con este número de contratos prorrogables, son unos cinco millones de personas las beneficiadas, que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones.

Suele decirse que el caso de Maricarmen ha sido la chispa que por fin ha hecho estallar políticamente la crisis de la vivienda. Pero esa chispa es la consecuencia de un trabajo colectivo y organizado. El Sindicato de Inquilinas ha conseguido que la izquierda más conectada con la política, con los medios y las instituciones se dé cuenta de que los problemas de vivienda en España no se terminaron con los ayuntamientos del cambio de Colau en Barcelona, Carmena en Madrid, o el Kichi en Cádiz. Sino que una generación después, el problema es otro, está en otro sitio, y es grave. 

Con Jaime Jover, investigador en el CSIC especializado en estudios urbanos, y miembro del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, hablamos de esta herramienta, y profundizamos en por qué a la organización social de gente joven que no puede pagar el alquiler o no puede comprarse una casa la llaman Sindicato. ¿Es como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH) pero con otro nombre? ¿Es una idea que ha surgido ahora precisamente en España?

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“Yo no voy a apoyar al Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo”. Así ha anunciado este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el voto negativo de su grupo a los dos decretos ley de vivienda que se someterán este viernes a la convalidación del Congreso. El Ejecutivo no cuenta de momento con los apoyos necesarios para aprobar los dos textos legales, y Feijóo ha presionado a los dos socios conservadores de Pedro Sánchez: “Allá el PNV y Junts si quieren formar parte de una trampa”.

Feijóo ha roto este miércoles con una de sus estrategias parlamentarias habituales: no adelantar el sentido del voto del PP. En una breve declaración a los medios en el Congreso, el líder de la oposición ha arremetido contra el Gobierno, tanto por la forma como por el fondo de los decretos aprobados ayer.

Feijóo ha sostenido que “desconociendo el texto literal de uno” de los dos textos legales, “se supera todos los límites inaceptables”. El BOE ha publicado uno de los dos decretos esta misma mañana, por lo que ya está en vigor. El segundo, el que prorrogaría los contratos de alquiler de forma indefinida, no ha sido publicado todavía, pero los grupos parlamentarios sí lo tienen en su poder.

El líder del PP ha sostenido que uno de los decretos “deroga el anterior” porque son “incompatibles entre sí”. El motivo, que el primero recoge una “prórroga forzosa” de los contratos “hasta 2028”, mientras el otro sostiene que estos “serán indefinidos”.

El Gobierno confía en aprobar el primero. Nadie cuenta con una mayoría suficiente para aprobar el segundo, desgajado en la negociación precisamente para intentar garantizar un apoyo al grueso de las medidas.

“Yo no voy a apoyar al Gobierno tramposo”, ha dicho. “Los españoles no merecen un Gobierno tramposo”, ha añadido, con “falta de ética y de respeto a los ciudadanos y las Cortes”.

Feijóo ha criticado que los decretos “no dedican espacio para construir”. “Si no hay vivienda”, ha sostenido, “la gente no podrá alquilar ni comprar”. “Los vulnerables no podrán contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que alquile”, ha lamentado.

“Por respeto no vamos a apoyar una trampa de esta naturaleza”, ha sostenido. “Me siento estafado”, ha dicho, para arrogarse hablar “en nombre y representación de todos los españoles” y arremeter contra los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. “Las trampas las hacen los tramposos, y el que entra a votar una trampa es un tramposo más. Yo no voy a engañar a los españoles”.

Preguntado expresamente por los nacionalistas vascos y catalanes conservadores, ha concluido: “Allá el PNV y Junts si quieren formar parte de una trampa”.

La acampada de Sol lleva desde el sábado por la noche presionando para que el Gobierno tome medidas contundentes que solucionen el problema de la vivienda en España. Y este martes el Gobierno ha aprobado dos decretos urgentes. Son dos decretos porque uno de ellos tiene más opciones de ser votado que el otro, ya que el segundo es una medida que el Gobierno no ha negociado con los grupos parlamentarios.

¿Qué medida es esa y qué otras han sido aprobadas en los decretos a falta de que el Congreso de los diputados las respalde este viernes? ¿Cambian esas medidas el mercado de la vivienda en España? ¿Son las que pedía el Sindicato de Inquilinas? Lo abordamos con el periodista de elDiario.es, Germán Aranda.

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El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha afirmado, sobre el acuerdo que se ha producido en el Consejo de Ministros para aprobar dos decretos con medidas en materia de vivienda, que “toda medida que aporte soluciones es bienvenida y cuenta con nuestro apoyo ante un problema que afecta a toda España y que es generacional”.

El dirigente socialista ha dicho que Castilla-La Mancha, dentro de sus competencias autonómicas, es la región “con las políticas más ambiciosas de toda España”.

De esta forma, ha señalado se han conseguido reducir a la mitad, por ejemplo, los impuestos que conlleva la compra de una vivienda media, con una ayuda directa de entre 10.000 y 20.000 euros en función del precio de adquisición, y se han puesto en marcha “medidas que son pioneras, como la financiación a los jóvenes del 20 por ciento de la hipoteca que no cubren los bancos, a coste cero”, ha concluido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes el apoyo de su partido al decreto de vivienda que el Gobierno plantea aprobar este mismo martes y ha criticado que no han hablado “ni un minuto” con ellos. “No va a tener resultados”, ha anticipado. “Nadie resuelve un problema que ha creado durante ocho años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril”, ha dicho en un acto con empresarios catalanes.

Feijóo ha participado esta mañana en un acto organizado por la patronal Cecot en Terrassa, desde donde ha arremetido contra el contenido del decreto, pese a que todavía no se ha aprobado definitivamente. “La intervención” del mercado, ha dicho, “lo único que produce es incremento de precio, disminución de la oferta y, por tanto, un problema en la demanda enorme”.

“Yo no me creo que el Gobierno sea capaz de arreglar un problema que ha creado durante ocho años”, ha planteado. “Nadie que ha creado un problema va a ser capaz de solucionarlo en cinco minutos. No es posible”, ha añadido.

El líder del PP ha planteado que “una legislatura sin presupuestos no se borra presentando unas cuentas ficticias a sabiendas de que no van a ser aprobadas” y que “ocho años de rumbo equivocado en vivienda no se solucionan con el decreto que en este momento están discutiendo los socios que conforman el Consejo de Ministros”.

Feijóo ha zanjado: “El daño que ha hecho este Gobierno no lo van a reparar los culpables. Es decir, este Gobierno”.

El desahucio de Olga

El líder del PP ha pasado de puntillas por el desahucio de Maricarmen, que ha motivado una movilización en diferentes ciudades de España y ha provocado que el Gobierno acelere para intentar aprobar un decreto este martes.

Pero sí ha mencionado otro desahucio, el de una mujer de L'Hospitalet que fue expulsada de su piso después de ser adquirido por el fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate. Olga y sus dos hijas terminaron fuera de su casa, y la mujer se suicidó unos meses después, este mismo mes de septiembre.

“Lo importante es escuchar lo que ha ocurrido con un desahucio en Madrid, que desde luego es una desgracia personal”, ha dicho Feijóo sobre el lanzamiento de Maricarmen, que volverá a su casa después de que las movilizaciones sociales hayan obligado a la empresa propietaria a aceptar las condiciones que el Sindicato de Inquilinas exigía y se negaban a cumplir.

“Pero yo, si no recuerdo mal”, ha proseguido, “leí también otros desahucios que ocurren en Catalunya, y leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó”.

“Nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella”, ha zanjado Feijóo.

La realidad es que el movimiento de vivienda en Catalunya se movilizó por el caso de Olga, cuyo desahucio fue posible porque el PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso a finales de 2025 y principios de este 2026 la moratoria antidesahucios que ahora el Gobierno quiere recuperar.

“Votar este viernes no cambia nada”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado poco después que el Gobierno haya solicitado un pleno extraordinario para someter el decreto a votación este mismo viernes. “¿Por qué si los decretos entran en vigor automáticamente cuando son publicados en el BOE, y hay 30 días para convalidarlo, el Gobierno ha tenido tanta prisa?”, se ha preguntado en una rueda de prensa.

“ ¿O es que se contradicen entre ambos?”, ha deslizado, aunque luego ha reconocido que no conoce el detalle de los decretos y que el Gobierno no ha informado al PP sobre su contenido en ningún momento.

“¿O es que tienen miedo que algunas de las medidas que han adoptado sean tan caóticas que generen un problema mayor si siguen en vigor varios días?”, ha dicho.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo que el Ejecutivo trabaja contra reloj para llevar al Consejo de Ministros del martes el decreto de medidas urgentes sobre vivienda y ha pedido a los grupos parlamentarios “un último esfuerzo” para que sea convalidado en el Congreso.

“Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”, ha anunciado Sánchez.

Sánchez, que ha descrito esta medida como una forma de “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas”, ha pedido a los grupos parlamentarios su apoyo en la convalidación del decreto “por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de vivienda” y por humanidad.

Además, el líder del Ejecutivo ha anunciado durante un acto de presentación de las candidaturas del PSOE a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 de la Comunidad de Madrid en Getafe que el martes el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la prórroga del escudo social por las consecuencias de la guerra de Irán hasta final de año.

El líder socialista también ha cuestionado las medidas económicas de Partido Popular y Vox: “Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra de la ley de vivienda”. Sánchez ha reprochado además que los gobiernos de PP y Vox no se reúnan con los alcaldes socialistas “para aplicar la ley” y aplicar las zonas tensionadas, una medida que permite congelar las subidas de los precios del alquiler y que solamente se han permitido por parte del gobierno autonómico de Galicia.

El presidente del Gobierno también ha recordado que PP y Vox votaron en contra del Real Decreto Ley que suspendía los desahucios y que “hubiera impedido que Maricarmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda”. No ha hecho, eso sí, ninguna mención a la acampada en la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y que permanece en la plaza madrileña desde las 21.00 horas del sábado.

“Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tienen dinero para proteger a Maricarmen y a otras muchas personas vulnerables en la Comunidad de Madrid y en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular con Vox”, ha zanjado Sánchez, que ha dicho que lo que buscaba Díaz Ayuso era “tener un nido... pero de buitres”, entre aplausos de los asistentes al acto socialista de este domingo en Getafe.

El secretario general socialista, que se ha descrito como “un orgulloso militante” del PSOE de Madrid, ha defendido el “proyecto intergeneracional” de su partido y ha recordado la figura de David Lucas, fallecido el pasado 20 de julio y quien fuera alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018 y secretario de Estado de Vivienda hasta su muerte a causa de un cáncer, o de Carme Chacón o Pedro Zerolo.

“El bochorno, como los insultos, siempre vienen del mismo lado. No ofrecen alternativa. Son una oposición tóxica. Juegan a cuanto mejor para España mejor para ellos. Juegan a poner palos en las ruedas, y aún así España ha avanzado estos ocho años como no avanzó durante los años que ellos gobernaron España”, ha afirmado Sánchez, en referencia al Partido Popular.

Tras ello, ha presumido de la revisión al alza de las previsiones de crecimiento del PIB español para 2026 por parte de la OCDE o de los récords de afiliación alcanzados durante los últimos años o de mujeres trabajando en España.

“Vamos a acabar la legislatura con más de 30.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para que los jóvenes también tengan pensiones dignas”, ha añadido Sánchez, quien ha avanzado que “vamos a hacer mucho más” y que, desde el Ejecutivo, son conscientes de que el coste de la vida “es mucho más caro” y ha culpado de ello a quienes “incendian el mundo con sus guerras ilegales”. “Son los que encarecen el precio de la gasolina y del coste de la vida de todo el mundo”, ha defendido.

Pedro Sánchez ha afirmado que una familia con dos hijos debe gastar “como mínimo” 3.000 euros el primero de cada mes para sus hijos en educación, “sin contar el transporte, la comida, la gasolina...” y ha abogado por reforzar el Estado del bienestar para ello. Además, ha cuestionado que algún líder ultraderechista haya mejorado la vida de la ciudadanía.

“Se pasan todo el día pidiendo elecciones anticipadas y luego exigen recortar el derecho al voto a 400.000 españoles. ¿Sabéis por qué? Porque le tienen miedo al voto de los españoles”, ha exclamado Sánchez, en referencia a las críticas y los recursos judiciales de PP y Vox frente a la conocida como ley de nietos, que otorgó la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles.

La izquierda y Junts, dispuestos a poner límites a los fondos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este domingo un real decreto en materia de vivienda que “le meta mano” a los “fondos buitre” y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional.

Durante su intervención en las fiestas del PCE de 2026, Díaz ha advertido a su socio de Gobierno, el PSOE, que no le vale que el martes se apruebe “cualquier real decreto” y ha exigido una norma que “dé un paso al frente” ante lo que ha definido como el principal problema de la ciudadanía, la vivienda.

“Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando a lomos de la gente trabajadora”, ha afirmado. Ante las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo con Junts para sacar adelante el decreto, Díaz ha avisado: “No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos”, ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hablado de las conversaciones con el PSOE para desencallar el decreto de vivienda y ha recordado a La Moncloa que “parar los pies a los fondos buitre no está reñido con proteger al pequeño propietario”.

“Tenemos que conseguir que los pequeños propietarios tengan seguridad jurídica y estímulos fiscales para poner los pisos a precio de alquiler”, ha reclamado Turull en una entrevista a El Nacional. “Porque lo que están haciendo es criminalizarlos y que acaben hartos por la inseguridad jurídica que hay fruto de este postureo de un atrincheramiento ideológico”, ha insistido el secretario general de Junts.

Sobre el asunto también se ha pronunciado este domingo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha defendido que este real decreto previsto para el martes incluya el tope al alquiler de temporada y habitaciones, además de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, dos de las cinco “garantías” que, considera, tienen que estar en el texto.

En un apunte en la red social X ha señalado que “el miedo a perder tu casa no puede ser el negocio de nadie”, y ha apuntado que el decreto también debe incluir la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor, mayor autonomía municipal para subir el IBI a grandes tenedores y viviendas de uso turístico y el fin, dice, de los privilegios de las sociedades de inversión. “Queremos que cada familia tenga un hogar digno. Por eso rehabilitaremos viviendas vacías, mejoraremos el transporte público y exigimos protección ante la especulación”, ha añadido.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado al Gobierno que el decreto de vivienda que prevé aprobar el próximo martes incluya una protección “permanente” frente a los desahucios y dice que “trocear la protección frente a desahucios, no es aceptable”.

En un mensaje en redes sociales, Matute ha defendido que “el escudo debe proteger a todas las personas sin alternativa habitacional y vulnerables” y ha asegurado que así lo han trasladado al Gobierno. El diputado de EH Bildu también ha pedido que el eventual decreto incluya “las medidas que los Sindicatos de Vivienda están proponiendo”, entre ellas, “la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos”.

Matute ha asegurado que existe “una oportunidad” para sacar adelante estas medidas gracias a “la movilización y presión social” y ha afirmado que “es lo que exige el momento”. “Seguimos trabajando y negociando para conseguir el acuerdo que lo haga posible”, ha expresado Matute, que ha apelado a la “responsabilidad y altura de miras”.

Las líderes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, desde la Puerta del Sol, ha advertido al Ejecutivo central contra la negociación con Junts y PNV y ha avisado de que en esta ocasión “el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores”. Así, Montero ha insistido en que esta crisis no se acaba con un parche temporal ni con un real decreto, sino que se necesita de forma urgente “expropiar las viviendas a los fondos buitre”, prohibir la especulación inmobiliaria y bajar los precios.

PNV y PP, reacios a medidas de gran calado

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho sobre el decreto que prepara el Gobierno de España que “no se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral”. Esteban ha pedido al Ejecutivo que no vaya a “máximos” y busque un “mínimo común denominador” que pueda solucionar problemas concretos.

Lo que no sería aceptable es responder al problema de la vivienda “pensando en la próxima proclama electoral”, ha dicho Esteban durante su mitin en el Alderdi Eguna, en Vitoria. Como invitado estaba Junts, que también ha lanzado en el mismo lugar un mensaje similar.

Entretanto, el primer partido de la oposición, el Partido Popular, ha incluido en su decálogo económico medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la creación de condiciones para construir un millón de casas en cuatro años, la eliminación de las zonas tensionadas que han solicitado ayuntamientos de toda la geografía española pero que solamente se aplican en Catalunya, Euskadi o Galicia, avales públicos de hasta el 95% o el 100% para jóvenes y reducciones fiscales de hasta el 60%, con un supuesto ahorro estimado de entre 21.000 y 26.000 euros.

La formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha planteado un decálogo de reformas económicas ante la “pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF o la pérdida de productividad y competitividad”.

Este jueves se cumple un año de vigencia del Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El 7 de octubre de 2025, en el debate parlamentario sobre la convalidación del decreto ley, el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó que dicha norma imponía un “embargo total” de armas a Israel. Una afirmación exagerada que no se corresponde con la realidad. La aplicación del Real Decreto-ley no ha impedido que se sigan manteniendo la mayoría de las relaciones armamentistas entre España e Israel.

La primera cuestión que hay que destacar es que el Gobierno ha incumplido su obligación de rendir cuentas trimestralmente ante el Congreso de los Diputados sobre la aplicación del decreto (disposición adicional segunda). El Gobierno sólo ha acudido una vez al Congreso para rendir cuentas sobre esa aplicación. Fue el 4 de marzo de 2026, cuando la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, acudió a la Comisión de Defensa del Congreso para dar explicaciones sobre las estadísticas anuales de exportación de armamento correspondientes a 2024. Este incumplimiento del deber de rendir cuentas es un ejemplo más de la política gubernamental de opacidad y desinformación sobre las relaciones armamentistas entre España e Israel.

La secretaria de Estado de Comercio apenas aportó información concreta sobre la aplicación del Real Decreto ley 10/2025. Recordó que en diciembre se levantó el veto a cuatro proyectos de Airbus: el avión de transporte A400M; el avión de reabastecimiento en vuelo A330MRTT; el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP. La única información nueva que presentó era que se habían denegado 151 licencias de exportación e importación y que se habían iniciado los procedimientos administrativos para la revocación de 21 licencias vigentes. Pero no detalló cuántas autorizaciones se referían a exportación ni cuántas a importación; tampoco informó sobre el tipo de productos a los que se referían las autorizaciones: material de defensa, productos de doble uso o material policial y de seguridad.

La aplicación del Real Decreto ley 10/2025 plantea muchos interrogantes que el Gobierno no ha aclarado ni parece que tenga intención de hacerlo. El decreto ley prohíbe las “exportaciones destinadas a Israel” de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso y el denominado otro material —que incluye material policial y de seguridad—, así como las armas de caza y de tiro deportivo. La Secretaría de Estado de Comercio no informó sobre qué medidas concretas se han adoptado para que dicha prohibición se lleve a la práctica y para impedir desvíos de material a Israel por medio de operaciones triangulares. Estas operaciones triangulares no estarían prohibidas por el decreto ley cuando se realizan por medio de otro país de la Unión Europea. Ya que, jurídicamente, la transferencia a un país de la UE no es una exportación sino una expedición.

Por otra parte, también se debería aclarar si se han autorizado o realizado exportaciones temporales a Israel para reparaciones, devoluciones o inclusión de componentes israelíes. Estas exportaciones temporales se realizan en el marco de contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de defensa para el mantenimiento o suministro de sistemas de armas o sus componentes. Para el derecho aduanero de la Unión Europea, estas exportaciones temporales forman parte del régimen de perfeccionamiento pasivo, al que no se aplica el régimen de exportación [artículo 269.2.a) del Código Aduanero de la Unión].

La Secretaría de Estado de Comercio también debe informar si, finalmente, se han revocado las 21 autorizaciones administrativas vigentes de exportación a Israel de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso o de otro material e indicar a qué tipo de material se refieren las autorizaciones.

El Ministerio de Defensa también debería rendir cuentas sobre la aplicación del Real Decreto ley 10/2025. Algo que no ha hecho. El texto prohíbe las “importaciones originarias de Israel” de las tres categorías de material mencionadas anteriormente. Esta prohibición no alcanza a las adquisiciones de armamento israelí que se producen a través de un país de la Unión Europea porque, jurídicamente, se consideran introducciones. De manera que se puede adquirir armamento fabricado en Israel o armamento de patente israelí producido en la UE gracias a un contrato de transferencia de tecnología.

Esta cuestión terminológica tiene una enorme relevancia. El Ministerio de Defensa no ha anulado ningún contrato adjudicado desde el 7 de octubre de 2023 a empresas israelíes de defensa, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan compañías israelíes o sus filiales. Lo que sí hizo fue anular los anuncios de adjudicación de dichos contratos y los anuncios de formalización de 35 de dichos contratos en septiembre de 2025, antes de la aprobación del Real Decreto ley 10/2025. Una medida que no afecta en ningún caso a la validez de los contratos adjudicados y que no era más que una maniobra de desinformación para que pareciera que sí se habían anulado los contratos.

Uno de los hechos que demuestran que los contratos no fueron anulados es que, en febrero de 2026, las empresas adjudicatarias de dos de los contratos más importantes presentaron alternativas al Ministerio de Defensa sobre su ejecución, según informó la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, el 11 de febrero de 2026 en la Comisión de Defensa del Senado. Se trata de los contratos de adquisición de los misiles Spike LR2 y del sistema lanzacohetes SILAM.

El contrato para el “suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2” (número de expediente 2023/0150E) fue adjudicado el 22 de noviembre de 2023, por valor de 287 millones de euros a la empresa de capital israelí PAP Tecnos Innovación S.A.U. El contrato implica la adquisición de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles. La alternativa presentada por PAP Tecnos consistiría en sustituir el misil Spike por el MELLS —un desarrollo europeo del misil Spike “cuyos componentes no tienen origen israelí” y que es producido por la empresa checa CSG Defence Systems, grupo del que forma parte la Fábrica de Municiones de Granada—. Sin embargo, el misil MELLS “se basa en el sistema de misiles SPIKE LR”.

En realidad, el MELLS y el Spike LR2 son, básicamente, el mismo producto de patente israelí: MELLS es el nombre que utiliza el ejército alemán para referirse al Spike LR2. La adquisición de componentes del MELLS a la empresa checa CSG no vulneraría la prohibición de importaciones originarias de Israel porque no se trataría de una importación, sino de una introducción. Pero significaría seguir comprando armamento y/o componentes de patente israelí. No se ha hecho público si el Ministerio de Defensa ha aceptado la alternativa formulada por PAP Tecnos.

El Contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), con número de expediente 2023/0304E, fue adjudicado el 15 de diciembre de 2023 por valor de 697 millones de euros a una unión temporal de empresas en las que participan Escribano Mechanical & Engineering SLU, Rheinmetall Expal Munitions SAU y la israelí Elbit Systems. La alternativa presentada por Escribano y Rheinmetall parece que no incluye una participación significativa de la industria nacional, cuestión sobre la que están negociando con el Ministerio de Defensa.

Este hecho podría suponer que la alternativa presentada consiste en la adquisición de componentes del SILAM a una empresa europea, lo que no estaría prohibido por el Real Decreto ley 10/2025. La opción más sencilla sería comprar los componentes a EuroPULS GmbH, una empresa alemana creada por la israelí Elbit Systems y KNDS Alemania para producir y comercializar en Europa el sistema PULS, sistema de armas en el que se basa el SILAM. El Ministerio de Defensa no ha dado ninguna explicación pública ni parlamentaria sobre cómo se va a ejecutar el contrato del SILAM.

Otra cuestión que debería aclarar Defensa es si se van a utilizar componentes de fabricación o patente israelí en la ejecución de los Programas Especiales de Modernización de armamento. El Gobierno ha aprobado 79 Programas Especiales de Modernización, con un coste previsto de unos 81.956 millones de euros. Uno de los agujeros del Real Decreto Ley es que se incluyen más productos en la prohibición de exportaciones que en la prohibición de importaciones.

El Real Decreto-ley 10/2025 se remite a los anexos del Real Decreto 679/2014. Y en ese texto, el anexo que se aplica a las exportaciones de material de defensa incluye 22 categorías (Anexo I.1), mientras que el anexo que se aplica a las importaciones de material de defensa únicamente recoge 12 categorías (Anexo III.1). En la práctica, esto significa que el Real Decreto-ley 10/2025 no impide que en la producción del vehículo de combate sobre ruedas Dragón 8×8 se utilice el blindaje de la israelí Plasan o la radio E-Lynx SDR, producida esta última por Telefónica gracias a un acuerdo de producción bajo licencia con la israelí Elbit Systems.

A todo ello hay que sumar que el decreto ley no prohíbe la colaboración entre empresas españolas e israelíes para la fabricación de armamento destinado a un tercer país. El ejemplo aquí es el vehículo blindado con cadenas Hunter para Letonia, producido conjuntamente por GDELS Santa Bárbara Sistemas, que se encarga de la barcaza, y la israelí Elbit Systems, que suministra la torreta UT30 MK2. Letonia ha contratado la adquisición de 84 unidades del Hunter por valor de 760 millones de euros, además de un contrato por el mantenimiento por un valor de 225 millones de euros. La primera unidad del Hunter producida por Santa Bárbara se envió a Letonia en abril de 2026 y fue presentada el pasado junio.

En definitiva, el Real Decreto-ley 10/2025 no impone un embargo integral de armas a Israel porque ha permitido que se mantengan buena parte de las relaciones armamentistas existentes entre España e Israel. Al Gobierno hay que exigirle menos propaganda y desinformación y más transparencia, así como medidas que corten de forma efectiva el comercio de armas entre ambos países. Por solidaridad con el pueblo palestino, por la defensa de los derechos humanos y, también, para mejorar la calidad de la democracia en España.

Un buen punto de partida sería impulsar la aprobación de la Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, que fue elaborada por la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Una proposición que implicaría la imposición de un embargo integral de armas a Israel, pero que lleva prácticamente un año paralizada en el trámite de enmiendas.