Entidades denuncian el suicidio de una mujer pocos meses después de ser desahuciada en L'Hospitalet

Entidades y vecinos de L'Hospitalet de Llobregat han denunciado que Olga, una vecina de 54 años, se suicidó el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada de su piso, en el barrio de Santa Eulàlia.

Los activistas han denunciado el “abandono institucional” que sufrió la víctima, que además tenía problemas de salud mental. Han exigido que se investigue la “cadena de omisiones” que, según sostienen, precedió a su muerte.

Olga tenía 54 años y dos hijas, una de las cuales todavía es menor de edad. Según ha explicado Cristian Jiménez, portavoz de la Asociación de Vecinos y Vecinas Som Santa Eulàlia, la víctima compró un piso en la calle Comerç hacía 20 años y había contratado la hipoteca con el Banco Sabadell. Después de separarse, según el relato de Jiménez, no recibió la manutención de sus hijas, se quedó sin trabajo y no pudo continuar asumiendo los pagos.

El portavoz apunta que Olga llegó a un acuerdo con el banco para que la entidad se quedara el inmueble y ella pudiera seguir viviendo en él a cambio de un alquiler social. Según el portavoz vecinal, este acuerdo se mantuvo hasta que la vivienda fue vendida a Promontoria Coliseum Real Estate, un fondo de inversión. Fue poco después de la transacción que se inició el proceso de desahucio.

Olga consiguió evitar un primer lanzamiento con ayuda del Sindicato de Vivienda de L'Hospitalet, pero el procedimiento se reactivó después de que el Congreso tumbara el decreto de moratoria de los desahucios con votos del PP, Vox y Junts.

La víctima, según sigue Jiménez, intentó encontrar una salida a la situación y contactó con medios de comunicación, partidos políticos y la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán). En esta línea, incluso llegó a participar de una comisión de estudio sobre la salud mental en el Parlament.

El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos que las afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de un proceso de desalojo “no se atienden suficiente”. El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos de Santa Eulàlia han convocado una protesta el próximo 3 de octubre para “exigir justicia”.

Intento de suicidio antes del desahucio

Según el relato de Jiménez, la noche anterior al primer intento de desahucio, que tuvo lugar el 15 de abril, Olga amenazó con quitarse la vida. Se activó el protocolo antisuicidio y la mujer fue trasladada a la unidad de urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge, donde horas después recibió el alta.

El abogado de Olga pidió que se detuviera la ejecución del desahucio, pero el juez decidió seguir adelante. Ha detallado que el magistrado abrió un expediente al abogado porque el juzgado consideró que “la petición de suspensión del desahucio por la situación de salud de la mujer no estaba suficientemente acreditada”.

Jiménez ha aprovechado para poner el foco en la atención a la salud mental de las personas afectadas por procesos de desahucio. Considera que esta realidad “no está suficientemente estudiada ni suficientemente atendida” y señala las consecuencias que, según afirma, pueden tener estas situaciones en las familias, en las personas menores de edad y en su entorno educativo.

En paralelo, ha criticado el funcionamiento de los servicios sociales de Hospitalet. Ha asegurado que el sistema “ha quebrado”, que los profesionales que trabajan en el servicio “están desbordados” y que el recurso que hay en la ciudad no da respuesta a la cantidad de personas que hay que atender.

Ha reclamado al Ayuntamiento, al Govern y las administraciones competentes que adopten las medidas necesarias “para que ésta sea la última muerte vinculada al negocio inmobiliario”. También ha exigido que se investigue la actuación de las administraciones y la “cadena de actuaciones y omisiones” que han conducido a la muerte de Olga.

“No fue una desgracia inevitable”

Pau Segura, portavoz de Vivienda L'Hospitalet, también ha cargado contra la actuación de las administraciones. “No aceptamos que el caso de Olga se presente como una desgracia inevitable y sin responsables”, ha afirmado. Ha señalado el Banco Sabadell y los accionistas de Promontoria como responsables, según sus palabras, “de la pérdida de la vivienda y del empeoramiento del estado de salud de Olga”. También ha hecho responsable a la Generalitat, al gobierno español y al PSC y al PSOE, a los que acusa de estar “al servicio de los intereses de la industria inmobiliaria por delante de las vidas de la clase trabajadora”.

Se ha referido al gobierno socialista de L'Hospitalet y ha criticado que haya puesto una “alfombra roja en los especuladores”. Sobre el caso de Olga, ha afirmado que las autoridades municipales tenían conocimiento y “no hicieron nada”. También ha lamentado que las autoridades judiciales negaran la suspensión del desahucio “pese a conocer la situación de vulnerabilidad de la mujer y su familia” y de haber recibido “la comunicación del abogado sobre el riesgo de suicidio”. Por último, ha señalado los Mossos d'Esquadra por su papel en la ejecución del lanzamiento.

Por su parte, amigas y vecinas de la víctima, han afirmado que su muerte “es consecuencia directa del proceso de desposesión y maltrato al que desde hace más de 10 años bancos, fondos buitres y administraciones sometieron a Olga”.