La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta participación en dos delitos de estafa por el empleo de medios de pago y dos delitos de falsedad documental. Por ser los presuntos autores de varios repostajes de combustible no autorizados, con una tarjeta de crédito que no era de su propiedad. Los repostajes los realizaron tapando la matrícula de los vehículos para evitar así ser identificados por las autoridades. 

Los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de enero, durante las horas de madrugada, sobre las 3 de la mañana, cuando esta mujer, realizó varios repostajes de combustible en una gasolinera de Logroño, y realizando el pago de estos con una tarjeta de crédito. Pocos minutos después y a bordo del mismo vehículo, pero en otra gasolinera de la zona, esta misma mujer, ahora acompañada de otro varón, realizaron otro repostaje hasta en dos ocasiones seguidas. Posteriormente, sobre las 4 de la mañana, estas dos mismas personas, volvieron al surtidor con otros dos vehículos diferentes y en esta ocasión, habían tapado las matrículas con cinta adhesiva negra para evitar ser identificados. 

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja tuvo conocimiento del robo, sustracción o del extravío de una tarjeta bancaria por parte de la interposición de una denuncia de su dueña en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. La denunciante manifestó que había acudido a un centro comercial de Logroño y que allí usó por última vez su tarjeta bancaria y que al día siguiente revisó el estado de sus cuentas y se dio cuenta de que se habían realizado un total de cinco movimientos de repostaje de combustible sin su consentimiento, por un importe total de 130, 92 euros. Según los extractos bancarios aportados a la denuncia, se ha podido comprobar que los importes de los diferentes repostajes eran de pequeños importes, como 10, 15, 26 o 40 euros, para evitar así que se les pidieran el código PIN de seguridad de la tarjeta de crédito al realizar el repostaje. 

Por tales hechos, el grupo de investigación de la Jefatura Superior inició una investigación cruzando y comprobando datos obtenidos de varios dispositivos de seguridad y de grabación de imágenes, llegando a concluir que ambas personas habrían participado en los delitos ya citados. Que eran conocedores de que la tarjeta bancaria que estaban usando no era de su propiedad, de la que se habrían apropiado indebidamente y de ahí que taparan las matrículas de sus vehículos, para evitar ser investigados por los agentes policiales. El hombre carecía de antecedentes policiales previos, mientras que a ella le constaba una reseña de cuando era menor de edad. 

La línea 5 del autobús urbano se suma a la 9 y la 4 e implementa en sus vehículos la posibilidad del pago con tarjeta, tanto en formato físico como en dispositivos móviles.

Así, desde el Ayuntamiento de Logroño reiteran que “poco a poco” todas las líneas de autobús urbano de Logroño van a incorporar terminales de pago con tarjeta en todos sus vehículos. Se comenzó con la línea 9 a principios de mes, la semana pasada fue la 4 y ahora es el turno de la línea 5. Se trata de una facilidad que pretende dar respuesta a una demanda cada vez más creciente de la población y que no hace sino facilitar el día a día de los vecinos de la ciudad. De manera paulatina, en estos primeros meses del año, todas las líneas irán incorporando este servicio hasta completar la totalidad de la flota.

Este miércoles, 28 de enero, se pondrá en funcionamiento también la nueva pantalla digital de información en la estatua de El Labrador. Se trata de la primera de estas pantallas, pero no será la última, ya que como anunció el Consistorio hace algunas semanas, estas medidas forman parte de un plan de mejora continua en el que el Ayuntamiento ha invertido 2,3 millones de euros.

Entre las actuaciones que se están desarrollando en este programa destacan acciones como los sistemas de geolocalización y seguridad de los autobuses, la renovación de la app móvil y la página web, la implementación del bonobús virtual y posibilidad de recarga del mismo a través del móvil o la mejora de las pantallas digitales de información, como es el caso de la de la estatua de El Labrador.

“Cuando tienes necesidad apremiante de financiación recurres a todo”, lamenta Ángel. “Recurres a todo”, incide, y recuerda que él, que ahora está jubilado y que dedicó toda su vida a la enseñanza, necesitó un dinero que no ganaba para tratar la enfermedad de su hijo en los años previos a la pandemia. Primero pidió a los bancos tradicionales y a las entidades de crédito reguladas, pero cuando le empezaron a negar nuevos préstamos, recurrió a empresas no financieras, “usureros”, según los define, que ofertan en Internet pequeñas cantidades de dinero que hay que devolver en apenas días o semanas, y que buscan que “los deudores entren en el bucle de necesitar nuevos mini créditos para pagar los anteriores”, según denuncia Asufin (Asociación de usuarios financieros), “hasta que no puedes controlarlo, y te llaman, te amenazan, y ya solo te queda, prácticamente, pues que vengan a por ti, y que te ejecuten. En fin, la desesperación más absoluta”, comenta Ángel a elDiario.es.

Jorge tenía un pequeño negocio y había hecho algunas inversiones que no salieron como esperaba. Pidió uno de estos mini créditos para salir del paso. Fue “fácil y sencillo”, como dicen los anuncios de estos productos. “Con eso pagué algunas deudas de la empresa y pude tener algo para ir tirando, pero luego te das cuenta de que es fatal”, explica el hombre, que prefiere no utilizar su nombre real. Su caso y el de Ángel ilustran los de muchos. Para pagar el capital prestado y unos intereses que lo pueden multiplicar hasta la usura pidió un mini crédito, y otro, y otro más, hasta siete. “Llega un momento en el que no puedes más y que te quedas ahí pillado: tienes que seguir pagando mientras no entra dinero”, explica.

El VI Barómetro de mini créditos, que publica cada año Asufin, señala que el país vive “un momento netamente expansivo para los préstamos personales”, impulsado por las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, hay usuarios que se han visto expulsados de este mercado formal de financiación, más garantista y regulado, y han terminado navegando la marejada de los mini créditos que ofrecen prestamistas que escapan a la regulación financiera del Banco de España. Según este estudio, en el último ejercicio han subido tanto los importes mínimos y máximos medios que ofrecen 11 empresas analizadas (Vivus.es, ¡québueno!, Reddo, Moneyman o cashper), de 92 y 990 euros respectivamente; los plazos de devolución, de un mínimo de 17,2 y un máximo de 40,5 días; y los costes a corto y medio plazo.

“La fórmula más usual de 300 euros a 30 días ha sido la más repetida durante los años, aunque ha incorporado algunos cambios, ya sea ofreciendo plazos y especialmente cuantías superiores para clientes antiguos que hayan devuelto sus préstamos en plazo y forma o, en general, para todos”, señala el informe, que hace una comparativa para analizar el coste de estos productos. Con ese mismo ejemplo, “el mini crédito se encarece con respecto a la tarjeta de crédito hasta 170 veces”. La conclusión del barómetro es que, ante un aumento de la demanda, el sector aprovecha para incrementar sus tipos de interés y adecuarse a las peticiones de mayores cantidades.

La situación entraña dos riesgos a futuro. Por un lado, en el sector operan ahora empresas consolidadas, “con mayor experiencia” y con capacidad para “ofrecer préstamos de mayor cuantía, compitiendo con otras fuentes de financiación”. Por otro lado, que el acceso de los clientes expulsados del sistema tradicional a este capital eleven las tasas de morosidad. Los costes se llegan a disparar por encima del 1.000% TAE (tasa anual equivalente), al exigir que las cantidades y los intereses se devuelvan en muy poco tiempo. Estos pequeños plazos hacen que una oferta de un tipo de interés del 10%, o del 15%, o del 20%, que podría ser similar al de otras entidades financieras reguladas que conceden préstamos personales, en realidad son mucho mayores en términos comparables. Es decir, en el cálculo anual que corresponde a las TAE normales.

“Este tipo de productos son créditos rápidos, que no estudian el perfil del cliente ni hacen ninguna valoración previa”, explica la abogada Lola García, del departamento de asesoría jurídica de SinComisiones, un despacho que atiende cada mes unas 300 reclamaciones por intereses que se consideran usura. “El tipo de cliente es una persona que necesita dinero rápido, al que no le exigen ningún requisito y que después, cuando tiene que devolverlo, no puede, así que accede a otro mini crédito de otra entidad, hasta que terminan sobreendeudados”, indica la experta, que describe un pozo de deudas en el que cada intento por salir supone enterrarse más.

La forma de captar clientes de estas empresas ha variado con el tiempo. “Sus anuncios masivos en televisión son ahora bastante marginales, puntuales y solo de empresas líderes. Por el contrario, la forma de comercialización preponderante es a través de internet, intentando captar un público más joven”, indica Asufin. “Los clientes suelen decirnos que vieron los anuncios en las redes sociales, en TikTok, Instagram o Facebook, hicieron clic y con dar el DNI y el número de cuenta tienen el dinero ingresado”, aporta Lola García, que ha conseguido reducir o eliminar decenas de deudas. Una de las principales preocupaciones es que algunos de estos prestamistas dan el primer mini crédito “gratis”, en un tipo de marketing perverso cercano a los casinos o a las casas de apuestas, que busca a enganchar a gente con problemas, en algunos casos con el propio juego o con las drogas.

Aunque la legislación es más restrictiva en cuanto a los intereses que se pueden cobrar con las tarjetas de crédito o las entidades bancarias, los mini créditos están en un vacío legal. De hecho, para reclamar la suspensión o la devolución de los intereses abusivos, hay que remontarse a la ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de 1908. “La Ley ”Azcárate permite declarar la nulidad de aquellos contratos de créditos con intereses superiores a los normales o desproporcionados. Sabemos que los bancos y las empresas de mini créditos prestan dinero a cambio de intereses, pero no es proporcionado pedir un 3.000%, como les ocurre a algunos clientes“, explica Lola García.

Gracias a esta estrategia, Jorge ha podido saldar parte de sus deudas. Aunque las estrategias de las empresas son variadas y cambiantes. En algunos casos, optan por alcanzar un acuerdo antes de llegar a los juzgados. En otras, alargan los procesos hasta que la justicia se pronuncia. “En los dos primeros casos, tras meter la denuncia se allanaron y me devolvieron los intereses que había pagado”, recuerda el hombre, pendiente de otro proceso, pero aliviado en parte porque “al menos puedes recuperar algo de lo perdido y quitarte esas deudas pendientes”.

Por su parte, Ángel dice que solo pudo poner freno a la espiral en la que había caído gracias a Asufin. “Se ganan el 90% de las demandas”, comenta, aunque lamenta para conseguir demostrar la usura, y que se cancele el exceso de intereses a devolver, “hay que pasar por un juzgado”, apunta Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de usuarios financieros.

“Nos encontramos con empresas, singularidades mercantiles, algunas domiciliadas en España y otras directamente que vienen de países del Este, o de Malta, que están fuera de la regulación, y a las que no se les puede reclamar en el Banco de España, como a las entidades financieras normales. Entonces, lo único que se puede hacer es demandar judicialmente”, explica Antonio Gallardo. Por esta razón, Asufin pide que “todo prestamista que vaya a un público general pase a estar regulado”. Esta demanda debería quedar recogida en la transposición de la directiva europea sobre créditos que, tras pasar por una consulta pública en 2024, permanece varada en las aguas del Congreso los Diputados.

Hace dos años, el Banco de España advirtió en su blog de los peligros económicos que conlleva pagar a plazos cualquier cosa, desde un sofá a una barra de labios. Con tono coloquial –y puede que con un punto de regañina– le habló directamente al lector: “Caíste en la tentación y llegas a la caja cargado de prendas. Piensas que quizá no debiste haber cogido los últimos pantalones… Pero en la caja te ofrecen una solución rápida: ‘compra ahora y paga después”. Desde entonces, esa modalidad de adquisición se ha popularizado aún más: ahora se pueden fraccionar las compras tanto en grandes superficies online como Amazon o Shein, como en tiendas físicas de cosmética o en plataformas de venta de entradas —cerca del 60% de los asistentes a Coachella esta última edición se costearon su fin de semana de festival con un plan de pago—. El BNPL (siglas de Buy Now Pay Later, “compra ahora y paga después” en inglés) está a la orden del día.

El método no es nuevo. Hace muchas décadas que productos caros pero duraderos como electrodomésticos, muebles o coches se pueden comprar a plazos y que empresas como El Corte Inglés permiten financiar las adquisiciones con su tarjeta corporativa. Estas cosas podrían considerarse de primera necesidad (toda casa requiere una nevera y una cama), así que correr el peligro de endeudarse cuando no se tiene el monto total quizá está justificado, pero ese concepto se ha dilatado con los años: ahora una crema, un masaje o un viaje pueden ser necesarios para sobrevivir en el turbocapitalismo.

Por ejemplo, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2024, cuyos resultados se publicaron en febrero de 2025, el 33,4% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (0,3 puntos superior a 2023). Pero en conjunto, los residentes en España realizaron 184,4 millones de viajes durante ese mismo año (solo 0,8 % menos que en 2023). ¿Significa esto que todas esas personas tenían dinero de sobra para costearse desplazamientos, alojamientos y demás gastos derivados? Por supuesto que no, pero para eso existen los préstamos al consumo, las tarjetas y los servicios de BNPL.

Se nos ha inculcado la idea de que vacacionar equivale a viajar, y que quedarse en casa es casi una derrota personal

Anna Pacheco — autora de 'Estuve aquí y me acordé de vosotros' (Anagrama, 2024)

Anna Pacheco, autora del ensayo sobre las condiciones laborales en los hoteles de lujo Estuve aquí y me acordé de vosotros (Anagrama, 2024), afirma que la industria del turismo ha conseguido redefinir las vacaciones. “Se nos ha inculcado la idea de que vacacionar equivale a viajar, y que quedarse en casa es casi una derrota personal. En función de tus recursos puedes aspirar a un tipo de viaje u otro, pero no viajar parece fuera de toda consideración”, reflexiona. “La presión es enorme, como si no descansar a través del consumo fuera una anomalía peligrosa”. Esta idea influye también en las personas que no se pueden permitir esas vacaciones porque esta industria “también moldea sus deseos, frustraciones y expectativas”, detalla.

Felipe, de 47 años, no quería perderse el campeonato de España de baloncesto en el que el equipo de su hijo se había clasificado. Para él suponía un esfuerzo económico importante así que pidió una tarjeta de crédito con un límite de 3.000 euros. Y pese a que ya tenía otras tarjetas “reventadas”, dice a elDiario.es, el banco tardó muy poco en concederle una nueva. Este préstamo se puede reembolsar de dos formas: pagando toda la cantidad utilizada al final de mes sin intereses o de manera fraccionada, que es cuando empieza la fiesta. “Lo pagas mensualmente con una cuota mínima de unos 80 euros hasta lo que quieras. Yo elegí la cuota mínima, me fundí los 3.000 euros y ahora estoy pagando 100 euros al mes con sus intereses”, sostiene. Pero el crédito que recupera se lo vuelve a gastar de inmediato porque necesita el dinero. “No sé si en esta vida me quitaré esa deuda”, sostiene.

El pasado enero, Rodrigo decidió usar las dos semanas de vacaciones que tenía para cumplir su sueño: ir a Islandia. Es un destino muy caro, así que también solicitó una tarjeta de crédito que su banco le concedió sin problemas. En total se gastó 2.000 euros y ha fraccionado el pago en 12 cuotas. Tanto él como Felipe han usado la tarjeta para adquirir otras cosas: Rodrigo una nevera y una lavadora, Felipe una cámara para grabar los partidos de su crío. “Es algo no esencial, pero que a mí me da la vida. Se me había roto la anterior, así que son otros 2.000 euros para pagar a plazos”, apunta el segundo.

Marta usó el mismo método para viajar hasta Yangon, capital de Myanmar, ya en 2017. Su hermana estaba de vacaciones allí y ella tenía muchas ganas de ir, así que pagó con tarjeta de crédito un vuelo de 1.200 euros que devolvió en seis meses con cuotas de 200 euros. “No fue por comodidad, ya que prefiero pagar las cosas del tirón siempre, sino porque no tenía el dinero. Mi sueldo en ese momento no era muy alto pero no quería renunciar a esa experiencia”, sostiene. Desde entonces, no ha vuelto a comprar nada más a plazos porque no lo ha necesitado pero asegura que, si se diese el caso, lo volvería a hacer.

Otros nuevos esenciales

Hace ya tiempo que los precios de los eventos musicales —festivales o conciertos de artistas ‘llena estadios’ sobre todo– están lejos de ser populares, y aun así se venden más. Por ejemplo, las entradas de los doce conciertos que Bad Bunny dará en España en 2026 van desde 73,30 euros hasta 143,30 euros (más los gastos de gestión). Eso sí, se pueden pagar a plazos, lo mismo que los abonos a festivales como el Cruïlla o el Primavera Sound. Este último ofrece el servicio desde el año 2013 en acuerdo con la plataforma Kaboodle.

Los importes de los abonos para el evento barcelonés van desde los 135 de la entrada de un día hasta los 545 euros del abono VIP. Según la organización, el porcentaje de las compras a plazos ronda el 12%, aunque en esta edición han percibido un ligero aumento. El abono ‘normal’, que cuesta 350 euros y da acceso a los días del festival sin extras, es el que más se vende por este método “a muchísima distancia de cualquier otro producto”, explican desde la organización a elDiario.es. “El motivo es que es, también a mucha distancia, el tipo de entrada que más vendemos. Somos un festival especialmente ‘abonero’, se venden pocas entradas de día en comparación con quienes optan por adquirir el abono completo”, desarrollan. El perfil medio del pagador a plazos coincide con el del asistente. “Estamos hablando de un público joven, mayoritariamente entre los 25 y 29 años, con una distribución muy paritaria entre hombres y mujeres”, comentan.

El cartel es increíble, van nuestros artistas favoritos y no nos queríamos perder la oportunidad de ir por no tener todo el dinero ahorrado de golpe. Entonces preferimos pagarlo a plazos

Andrea — 25 años

Andrea tiene 25 años y va a ir con su novia al Primavera Sound el próximo mes de junio. Las dos han optado por pagar su abono –básico, no VIP– de forma fraccionada porque es la única manera de la que se lo pueden permitir. “El cartel es increíble, van nuestros artistas favoritos y no nos queríamos perder la oportunidad de ir por no tener todo el dinero ahorrado de golpe. Entonces preferimos pagarlo a plazos”, explica. Solo lo ha hecho porque tiene la seguridad de que va a poder cumplir con las cuotas: “Si no, no creo que me hubiera metido en nada de esto”, reflexiona.

Pero no solo los jóvenes fraccionan sus pagos ‘de ocio’ aunque las miradas se dirijan automáticamente a ellos cuando se trata de este tema. El ciclo BCN Clàssics, que ofrece una programación anual de conciertos en el Palau de la Música, l'Auditori de Barcelona y el Gran Teatre del Liceu, oferta la posibilidad desde que nació en el año 2016. Se puede pagar en dos tandas tanto el paquete completo de diez entradas como uno de cuatro. “Si se adquiere un abono de toda la temporada es bastante dinero de una vez, aunque es un coste muy válido para la programación de música clásica sí que asciende a una cantidad que puede resultar relevante para muchos”, informan. “Además, también permite que la renovación de los abonos sea automática año tras año, pues ya se dispone de los datos de los abonados”.

El número de compradores que decide dividir el pago es bastante notable: del total de abonados a toda la temporada es el 50% y en el caso de abonos más pequeños, que no son tan caros, es el 20%. Precisamente, el público no tiene nada que ver con el del Primavera Sound: “La mayoría de asistentes que pagan a plazos, igual que el resto de abonados, son 50% hombres y 50% mujeres, mayoritariamente de la ciudad de Barcelona y mayores de 60 años”.

Vístete ahora, págalo luego

“No estoy nada acostumbrada ni a pagar maquillaje ni ropa pero tengo muchas amigas que pagan un montón de cosas a plazos. Por ejemplo con PayPal, que creo que ahora se ha extendido muchísimo el uso de esta aplicación”, explica Andrea. Otra de las plataformas más populares, presente en comercios online como Shein o Temu, es la sueca Klarna, que llegó a España en 2020 y ya tiene más de 1,5 millones de usuarios. Con ella, los importes se pueden dividir en tres ‘cómodas’ cuotas.

La mayor parte del marketing está enfocado a generar compras impulsivas y ofrecen una alternativa de financiación para que el dinero no sea un problema

Elisabeth Ruiz Dotras — profesora de Estudios de Economía y Empresa en la UOC

May, de 22 años, eligió financiar una compra de 60 euros en ropa (no especifica la marca). Además, también adquirió una “tablet para poder estudiar, que fueron 220 euros en cuatro plazos de 55 euros. Lo escogí así porque, aunque tenía el dinero, no quería gastármelo todo de golpe. Prefería pagar un poquito cada mes y ahorrar lo que me quedaba a final de cada mes”, especifica. La palabra ‘ahorro’ también aparece en el testimonio de Marina, que fraccionó en seis cuotas el pago de su iPhone de 1.119 euros. “Mi contrato de trabajo es de seis meses, entonces quería tenerlo pagado antes de que finalice por si acaso no me renuevan. No me costó pagarlo porque siempre ahorraba lo justo para tener el dinero suficiente a final de mes”, afirma.

Para Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora del grupo Digital Business Research Group (DIGBIZ), ese planteamiento es el opuesto al que los profesionales del sector recomiendan: “Primero hay que ahorrar y después con lo que nos queda, vivir”. “La mayor parte del marketing está enfocado a generar compras impulsivas y ofrecen una alternativa de financiación para que el dinero no sea un problema”, desarrolla la experta y señala el peligro de que la deuda se descontrole porque “si empiezas a fragmentar pagos, al final llega un momento que ya no sabes cuántos recibos te van a llegar ni en qué día”.

De hecho, en TikTok es fácil encontrar vídeos de usuarias que se muestran arrepentidas del dinero que deben por comprar en Klarna o Scalaplay, otras que advierten del peligro de usar estas plataformas y algunas hacen bromas con títulos como 'Yo haciendo de todo menos pagarle a Klarna lo que le debo’. “Nos estamos pareciendo más a la sociedad americana donde los niveles de deuda son elevadísimos. Leí hace poco una estadística que decía que el 70% de los millennials viven de nómina en nómina. A final de mes se quedan a cero y al siguiente mes vuelven a gastar todo”, advierte Elisabet Ruiz y explica que no es solo un problema de ingresos sino que también interviene la organización de la vida.

La investigadora apunta que se trata de una carencia de competencias financieras, que no solo se da en España sino que es a nivel global. “Es cierto que no acompaña nada que los precios hayan subido tanto, que los salarios sean tan bajos y que el inmueble sea tan caro porque son unas circunstancias de entrada que te condicionan muchísimo. Pero no solo la gente con pocos ingresos se pasa la vida tapando agujeros, hay gente que no tiene un salario tan bajo y tiene la misma dinámica porque no hay una planificación. Si hubiese educación financiera, la gente gastaría y ahorraría de un modo distinto a lo que están haciendo ahora. Hay que pensarlo”, concluye.

Este lunes, muchas personas se dieron cuenta de que no llevaban “ni un euro” en efectivo, reconocía Patricia, una joven en Madrid a la que su compañera le había dejado algo de dinero. “No llevaba ni para un bocadillo”. José también prestó algo de suelto a un colega de la oficina para pagar el autobús, porque temía no poder volver a casa. “A la una había colas de unas 20 personas en los cajeros”, explica. Aunque en algunos establecimientos el pago con tarjeta funcionaba con normalidad, en otros solo aceptaban dinero efectivo este lunes y muchos ciudadanos se vieron ante la imposibilidad de pagar.

Fue el caso de dos mujeres, en la cuarentena, que intentaban llegar a sus casas y que habían parado un taxi en Santa María de la Cabeza, en la capital. “Señora, solo efectivo”, le decía el taxi a modo de negativa, ante la frustración de una de las afectadas.

No muy lejos, en el barrio de Usera, a media tarde del lunes un hombre pedía a uno de sus vecinos en el portal “algo de suelto” para comprar una linterna en un establecimiento de 'todo a cien', donde tampoco podía pagar con tarjeta.

En un estanco del centro de la capital, en la Gran Vía, una empleada salía a explicar a los clientes que hacían cola que solo podía vender tabaco si llevaban “dinero en efectivo y justo”, porque no podía abrir tampoco la caja registradora y, por tanto, no podía “dar las vueltas”.

Este lunes, en pleno apagón masivo en España, había quien se acordaba del 'kit de supervivencia' ante emergencias que anunció en marzo la Comisión Europea y que muchos se tomaron a broma. Entre las recomendaciones, figuraba precisamente el dinero efectivo. “Dinero en efectivo: la tarjeta de crédito puede ser un trozo de plástico”, decía la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en el vídeo de presentación, sobre la posibilidad de un apagón.

Pagamos más con efectivo, pero aumentan los medios digitales

En España, en términos globales, el efectivo continúa siendo “el medio principal de pago y más utilizado diariamente por la población”, aunque se está registrando un aumento “en la tenencia de medios de pagos digitales”, como las tarjetas bancarias y los pagos a través de móvil, como constata el último estudio publicado por el Banco de España, correspondiente a 2024.

Según la encuesta del Banco de España, más de la mitad de la población, un 57%, afirma que utiliza diariamente el pago en efectivo en establecimientos físicos. El indicador, no obstante, se ha reducido mucho respecto a la encuesta del año anterior, de 2023, cuando lo usaba “el 65%” de las personas encuestadas.

Además, un 31% de las personas encuestadas afirma pagar diariamente con tarjeta (un 32% en 2023) y un 13% indicó que utiliza diariamente dispositivos móviles para pagar, un dato que ha aumentado desde el 10% del año anterior.

Cuando se pregunta por el “medio principal de pago”, el campeón vuelve a ser el dinero en efectivo para un 59% de las personas encuestadas, seguido del 30% que prefiere tarjetas y un 11% que se inclina por los móviles.

Los jóvenes sí pagan más con tarjeta o el móvil

No obstante, las tendencias de pago presentan diferencias por género, nivel de estudios y, sobre todo, por edad. Según la encuesta del Banco de España, el efectivo es el medio principal de pago del 65% de los hombres, mientras que solo lo es para el 55% de las mujeres.

Por edades, destaca que las personas menores de 34 años son el único colectivo que se inclina más por medios digitales de pago entre todos los grupos de edad estudiados. Solo el 39% de las personas de entre 18 y 34 años afirma que el dinero en efectivo es su medio principal de pago. Patricia, en la veintena, reconocía este lunes que no suele llevar efectivo “nunca”. “Y mira que mis padres me dicen que siempre hay que llevar algo suelto”, se lamentaba.

Los resultados del Banco de España detectan además distinciones entre los jóvenes: los encuestados de entre 18 y 24 años prefieren el pago a través del móvil (35%), seguido de las tarjetas (26%) y las personas entre 25 y 34 años pagan principalmente con tarjeta (34%), seguido del móvil (27%).

Si se tiene en cuenta el nivel de estudios, destaca que las personas con formación superior también prefieren pagar con medios digitales en los establecimientos físicos. Solo usan el efectivo el 42% de los encuestados y un restante 57% paga principalmente con tarjeta o con el móvil. Entre las personas con estudios básicos, el efectivo es el método favorito de pago (77%) y también lo es para la población encuestada con estudios medios, aunque en menor medida (55%).

La Agencia Tributaria reforzará en la campaña de la Declaración de la Renta su vigilancia sobre empresarios y profesionales que no admitan pagos con tarjeta cuando en su sector o actividad sea una de las prácticas financieras habituales. También lo hará con los contribuyentes que ostenten “signos de riqueza” que no concuerden con sus ingresos declarados al fisco. Así lo recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla las actuaciones que se llevarán a cabo para combatir el fraude fiscal.

El organismo ha identificado diversos patrones de riesgo asociados a la economía sumergida, entre los que se encuentran la utilización intensiva de dinero en efectivo, el empleo de métodos de pago extranjeros para evitar la fiscalización y la presentación de rentabilidades anómalas o continuas declaraciones de pérdidas sin justificación económica.

Asimismo, se vigilará la utilización de software de doble uso, herramientas informáticas diseñadas para ocultar ingresos reales y falsear la contabilidad.

Control sobre el uso de efectivo y pagos en el extranjero

Uno de los principales focos de atención para la Inspección será el uso excesivo de dinero en efectivo en sectores con alta exposición al fraude fiscal. La normativa vigente en España establece límites a los pagos en efectivo para evitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, por lo que Hacienda pondrá especial énfasis en aquellos negocios que insistan en operar al margen del sistema bancario.

Además, la Agencia Tributaria busca detectar incoherencias entre el nivel de vida y los ingresos declarados. Se cruzarán datos de consumo, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama y otros signos externos de riqueza con la información fiscal disponible. Este análisis permitirá identificar a contribuyentes que, pese a declarar ingresos modestos, exhiben un patrimonio o una capacidad de gasto incompatible con su situación fiscal.

Entre los sectores con mayor riesgo de evasión fiscal figuran la hostelería, la construcción, los negocios de compraventa de bienes de lujo y determinados servicios profesionales que operan en gran medida con efectivo. En estos ámbitos, el empleo de dinero no declarado y la opacidad en las transacciones facilitan la existencia de una economía sumergida difícil de rastrear.

Inspecciones y acceso a domicilios fiscales

El Plan de Control Tributario también contempla la realización de inspecciones en los locales de personas jurídicas cuando haya indicios de actividad económica opaca. En estos casos, la Agencia Tributaria podrá solicitar autorizaciones a las autoridades competentes, tanto administrativas como judiciales, para acceder a los domicilios fiscales y comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas.

Este tipo de actuaciones estarán sujetas a un marco legal que garantice su proporcionalidad y adecuación a los fines de la inspección. La jurisprudencia ha determinado que, en el caso de las sociedades, la intimidad económica no tiene la misma protección que en el ámbito privado, por lo que la Hacienda Pública cuenta con mayor margen de actuación en sus investigaciones.

El refuerzo de estas medidas responde a la necesidad de combatir estrategias de ocultación de ingresos y fraude fiscal mediante prácticas como la subfacturación, la doble contabilidad o la manipulación de inventarios para disimular ventas no declaradas. La Agencia Tributaria considera que estas prácticas suponen un “grave perjuicio para la recaudación pública” y “generan una competencia desleal frente a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales”.

Prevención del fraude y nuevas tecnologías

Para reforzar la detección de irregularidades fiscales, la Agencia Tributaria empleará herramientas avanzadas de análisis de datos y vigilancia electrónica. Estas tecnologías permitirán identificar patrones de fraude de manera más eficiente y focalizar los esfuerzos de inspección en aquellos sectores y contribuyentes con mayor riesgo de evasión.

El cruce masivo de información financiera, el análisis de redes de relaciones económicas y el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias fiscales serán algunas de las estrategias implementadas. Además, se intensificará la colaboración con otras administraciones y organismos internacionales para rastrear flujos financieros que puedan estar vinculados a la evasión fiscal o el blanqueo de capitales.

El Supremo ha dictado una sentencia que alerta sobre la falta de transparencia en los contratos de tarjetas revolving. Los jueces han dado la razón a una mujer que llevó a los tribunales la tarjeta revolving que contrató en 2014 y cuyo contrato le fue remitido a través de un mensaje SMS. La Sala de lo Civil advierte que los intereses de este tipo de tarjetas, aunque no incurran en usura, pueden llevar a un efecto “bola de nieve” en el que el cliente se transforma en un “deudor cautivo” víctima de “una deuda indefinida que nunca se termina de pagar”.

La Sala de lo Civil lleva varios años dictando sentencias sobre este tipo de productos: tarjetas de crédito que el cliente puede usar aunque no haya dinero en la cuenta porque el pago de las compras queda automáticamente aplazando y el crédito, por tanto, concedido de forma indefinida. Los cobros se van realizando en cuotas mensuales mientras esas cantidades generan intereses muy altos, generalmente por encima del 20%. Los jueces, por ejemplo, establecieron hace dos años que una de estas tarjetas con unos intereses del 23,9% no podían ser considerados como usura.

Las sentencias del Supremo dieron margen a la banca en la comercialización de estas tarjetas frente a las reclamaciones de los consumidores y asociaciones del sector: unos intereses seis puntos por encima del precio medio de los créditos podría ser considerado legal y no usura. Con miles de litigios pendientes de sentencia firme y el Supremo estudiando varios cada semana, el Supremo entendió que un contrato con una TAE del 26,82% se podía considerar un “margen admisible” cuando el tipo medio de referencia, en ese caso concreto, era algo superior al 20% anual.

La resolución que ha hecho pública este lunes la misma Sala de lo Civil no abarca el porcentaje concreto de los intereses sino la transparencia y abusividad de las cláusulas que fijan esas cantidades y las que, en general, establecen el sistema de amortización. La forma en la que se comercializan, explica la sentencia, ya es significativo de la voluntad del emisor de ser o no transparente: se venden en estaciones de tren, aeropuertos o centros comerciales “con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación”. Llamando “cuota fácil”, por ejemplo, a lo que es una tarjeta revolving con un crédito que puede ser potencialmente infinito.

“No es suficiente”, dice el Supremo, con que el contrato explique el porcentaje y la Tasa Anual Equivalente (TAE). Tiene que explicar “en términos comprensibles para el consumidor medio” cómo es el sistema de amortización revolving, la cuota mensual, la duración del contrato y de dónde salen los intereses: de la deuda, no solo del capital que se ha utilizado. Incluso, explican los jueces, debe incluir “ejemplos adecuados” para que los consumidores medios entiendan “los riesgos del sistema”.

Un “deudor cautivo” de su tarjeta revolving

Este tipo de productos, dice el Supremo, pueden llegar a provocar un “grave desequilibrio” que se traduce en una deuda que no para de crecer si no se puede pagar. “Se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias”, alertan los jueces, que ponen dos conceptos encima de la mesa: el “deudor cautivo” y el “efecto bola de nieve”.

En cuanto a la “bola de nieve”, que los jueces asimilan al “deudor cautivo”, el Supremo recoge las consideraciones que ya hace desde hace años el Banco de España sobre las consecuencias financieras que este tipo de contratos y tarjetas pueden tener para el consumidor: “El riesgo de encadenarse a una deuda indefinida que nunca se termina de pagar”. En un principio, explican los jueces, el “atractivo” de estos créditos es que son “asumibles en el corto plazo” pero “van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo”.

Se amortiza “muy poco capital” pero los intereses, y en general la deuda del cliente, no paran de crecer: “Se calcula sobre la totalidad de la cantidad adeudada, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones”. Todo esto, afirma el Supremo, debe quedar correctamente explicado en el contrato que se firma. Si no es así, se puede llegar a considerar nulo. “Es preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno”.

Un agente de la Guardia Civil ha sido condenado a dos años de cárcel por estafar 36.000 euros a un compañero con el que trabajaba en el Ministerio de Educación. El guardia condenado, según la Audiencia Provincial de Madrid, tenía varias deudas con entidades de crédito y usó los datos de su compañero para contratar varias líneas telefónicas y préstamos que también dejó de pagar. La víctima se dio cuenta cuando intentó conseguir un crédito para reformar su cocina y descubrió que había sido dado de alta en el fichero de morosos por los créditos que su compañero había contratado a su nombre y no había devuelto.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, declara probado que ambos guardias civiles trabajaron juntos en servicio de vigilancia en el Ministerio de Educación a lo largo del año 2017. El condenado acumulaba más de 18.000 euros en impagos a varias entidades de crédito, figuraba en el fichero de morosos Asnef e ideó un plan para poder seguir obteniendo préstamos: se haría pasar por su compañero de garita para conseguirlo.

La oportunidad llegó poco después, cuando la Guardia Civil destinó a su compañero a la comandancia de Balears y empezó a recabar documentación para el traslado a Palma. El estafador consiguió entonces todo lo que necesitaba: nóminas, declaraciones fiscales e incluso el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su compañero. En apenas unos meses el guardia civil usó los datos del trabajador para dar de alta líneas telefónicas y contratar tres créditos con Cofidis y Cetelem que sumaban, entre todos, 36.000 euros. También intentó sin éxito contratar una tarjeta de crédito con Wizink.

La víctima se fue a vivir a Palma y no descubrió nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina de la casa que acababa de comprar en la ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

El departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil descubrió que el dinero de esos préstamos impagados había ido a parar a una cuenta bancaria vinculada a la familia del otro agente, donde incluso le ingresaban la nómina. También que buena parte de las llamadas a las entidades de crédito para obtener el dinero se habían hecho desde Madrid o desde Málaga, ciudades donde había estado el condenado, mientras la víctima se encontraba ya en Balears en su nuevo destino. Finalmente, el agente condenado había usado su teléfono oficial de la Guardia Civil en algunos de los contratos fraudulentos.

Las “contundentes pruebas” contra el guardia civil

La Audiencia Provincial de Madrid ha optado por imponer dos años de cárcel y una multa de 1.980 euros a este guardia civil, además de obligarle a devolver el dinero a las entidades de crédito, anular esos contratos y establecer una indemnización de 12.000 euros por daños morales para su antiguo compañero. El acusado, según ha sabido este periódico, ha recurrido su condena y tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce su propio compañero han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirme la sanción.

Los jueces le atribuyen un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental y revelación de secretos, imponiéndole una condena más baja que la que pidió la Fiscalía en un primer momento. El tribunal tiene en cuenta como dilación indebida que el proceso tardó más de cinco años en llegar a juicio y tener una primera sentencia. El resultado es una condena que, en principio, no implica su entrada obligatoria en prisión siempre y cuando cumpla con todas sus obligaciones económicas. También puede derivar en su expulsión de la Guardia Civil por la vía disciplinaria.

Durante el juicio, el agente condenado proclamó su inocencia y también denunció que no podía comparecer en el proceso por problemas de salud, algo que descartó tanto el forense como la propia Audiencia Provincial. Existen “contundentes pruebas de cargo” contra él, dice el tribunal, que destaca que precisamente como guardia civil su misión era cumplir la ley, no infringirla: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de la Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

El agente afectado por la estafa relató que su pareja tuvo que vender un piso por debajo del valor de mercado para hacer frente a las consecuencias económicas de las deudas generadas por su compañero. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, reconoce la Audiencia.

En este episodio te queremos contar una historia anecdótica, pero que creo que si la escuchas no te lo va a parecer. Nos tenemos que situar en un camping, en Segovia, este verano y un cartel que pone: “Se acepta pago con tarjeta pero preferimos el efectivo”. Añadía una serie de argumentos a favor del pago en efectivo. Era un cartel de la Asociación Sierra Viva. ¿Por qué hay una asociación que tiene como objetivo proteger el dinero en metálico? ¿Qué interés puede tener como para repartir carteles en zonas poco pobladas?

Pero no es cosa solo de bulos. Toda esa teoría de que está bien sacar el dinero del sistema regulado, está nutriendo a empresarios que sacan sus impuestos de España, a las criptomonedas, a nuevos negocios… o a la mezcla de todo lo anterior. A políticos como Alvise. Empezábamos en un camping con un inocente cartel para que no paguemos con tarjeta y acabamos metidos en un complot mundial para acabar con la vida tal y como la hemos conocido.

Nos ayudan a comprender, no solo el bulo, sino el interés económico y el lobby que hay detrás de todo esto, nuestros compañeros de elDiario.es Carlos del Castillo y Diego Larrouy.

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Las personas usuarias del autobús urbano de Logroño van a poder pagar el billete con tarjeta de crédito o teléfono móvil después del verano. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este miércoles el contrato a Indra Sistemas por un importe superior a los 2,7 millones de euros. Y es que, Logroño se unió a Valladolid, Valencia, Vitoria, Gijón y Fuenlabrada en el año 2021 para constituir una agrupación de ciudades y desarrollar conjuntamente una plataforma digital multiciudad con la que capta, procesar y explotar los datos de movilidad gracias al proyecto 'Ciudades Conectadas'. Esta iniciativa, financiada por los fondos Next Generation del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene como objetivo mejorar la calidad del aire y reducir el ruido. 

En este contexto, y ante la necesidad de la puesta en marcha de un sistema de ayuda a la explotación e información y ticketing del servicio municipal de transporte urbano, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la licitación de este servicio, que permitirá el pago del autobús urbano con tarjeta de crédito o teléfono móvil, así como el control de las subidas y bajadas de cada personas durante el trayecto en una segunda fase de implantación.

De igual forma, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el suministro del elementos de iluminación para sustituir el alumbrado en diferentes puntos de la ciudad por otro de tecnología LED. Así se actuará en el Paseo de El Espolón, Duquesa de la Victoria (desde Avda. Colón hasta Muro de la Mata); Muro de la Mata (soportales); Muro de Cervantes; Avenida Colón (desde Avda. La Paz hasta Avda. Solidaridad); Avda. Solidaridad (desde Avda. Colón hasta Gran Vía); y Vara de Rey (desde Miguel Villanueva hasta Gran Vía). El importe total de esta renovación ronda los 650.000 euros en dos lotes.

Y por último, la Junta de Gobierno Local ha informado del expediente de contratación para el suministro de un nuevo tractor para el Parque de Servicios y un gasto de 70.000. El Parque Municipal de Servicios cuenta con un tractor con el que se realizan labores habituales como transporte y montaje de escenarios, el traslado de los tragantúas infantiles o el arrastre de plataformas en diferentes desfiles festivos, como los de Carnaval o San Mateo.

Por fin, después de cerca de dos años de una aguda crisis de inflación, se observan las primeras señales de alivio para los bolsillos de las familias trabajadoras cuando compran en los supermercados o en los colmados, las fruterías o las carnicerías. La desaceleración del crecimiento de las compras con tarjetas bancarias de “bienes de primera necesidad” (principalmente alimentos) refleja una moderación de las subidas de precios. La clave está en que el consumo se mantiene fuerte, así que, efectivamente, el frenazo lo explica una menor inflación.

Los datos de Caixabank de los pagos de sus clientes muestran un incremento interanual del gasto en supermercados y tiendas de productos básicos del 8% en febrero. Es el tercer mes consecutivo en que el crecimiento de estas compras se quedan en una sola cifra (fue del 9% en enero y del 7,7% en diciembre), tras aumentar por encima del 10%, incluso del 20% y más, durante toda la recuperación de la actividad económica tras el shock de la pandemia en 2020.

Estas tasas han estado 'infladas' por las subidas de precios hasta ahora, que están recuperando la normalidad aunque “el crecimiento del consumo presencial y electrónico de los españoles se ha mantenido robusto”, apunta Zoel Martín Vilató, economista de Caixaban Research. Además, “el gasto en bienes de primera necesidad, por definición, suele reaccionar menos a los cambios de precio”, añade. Es decir, la desaceleración del gasto en alimentación no se debe a una caída de la demanda, sino a una moderación de su asfixiante encarecimiento de los últimos tiempos.

Sobre todo, desde que, en febrero de 2022, Rusia decidió invadir Ucrania y se dispararon la factura de la luz, los carburantes y, por tanto, los costes de las empresas. Desde entonces, la mayoría de los grandes grupos de la cadena de la alimentación han trasladado este aumento de los costes a los precios de venta para proteger sus márgenes de beneficio (o incluso han aprovechado para ensancharlos) y obtener más ganancias. Sin embargo, hasta el momento, no habían dejado pruebas de tomar el camino contrario pese al abaratamiento de la electricidad, y de la energía en general.

“La desaceleración del gasto en bienes de primera necesidad que observamos en el 'Monitor de consumo' [de Caixabank Research] es un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace varios meses y refleja las menores tasas de inflación de los alimentos”, incide Zoel Martín, experto del servicio de análisis de Caixabank.

“La información en tiempo real apunta a que el consumo continúa creciendo [en el primer trimestre de 2024]. El gasto de los hogares se apoya en la disminución de la tasa de ahorro, en la creación de empleo y en la incipiente mejora de los salarios reales de los trabajadores [en buena parte gracias al incremento del SMI ó a la revalorización de las pensiones, y también por la contención de la inflación general, en especial de la energía]. Además, este repunte se da a pesar del aumento en los tipos de interés”, coincide el equipo de analistas de BBVA Research.

“La evolución del consumo presencial de tarjetas a lo largo de estos últimos meses ha seguido creciendo por encima del 5,3% y el 5,6% en enero y febrero. Con una inflación del 3,4% y el 2,8%, esto supone que, en términos reales, el consumo presencial ha seguido creciendo a un ritmo de más de 2 puntos porcentuales en términos interanuales”, precisa el experto de Caixabank Research.

Más evidencias de la bajada de la inflación

La esperanzadora señal de desinflación del gasto de las tarjetas bancarias viene precedida de otras evidencias. El IPC (Índice de Precios de Consumo) de los alimentos se moderó al 7,3% en diciembre de 2023 (respecto al mismo mes del año anterior), desde el 9% de noviembre. En enero de 2024, se quedó estancado en el 7,4%. Este indicador, que elabora el INE, ya venía descendiendo. En febrero de 2023 (en el mismo cálculo interanual), llegó a alcanzar el 16,6%.

La tasa del último febrero no se conocerá hasta el 14 de marzo, pero Estadística ya adelantó que los precios en los supermercados mostrarían “estabilidad” porque su punto de partida es precisamente el gran salto de febrero de 2023. O lo que es lo mismo, lo que avance el IPC de los alimentos en febrero de 2024 lo hará desde un nivel ya muy alto. Es lo que se conoce como “efecto base”.

Tampoco se sabe todavía el detalle, producto a producto, del IPC del pasado mes. Pero sí el de enero, y como se observa en el segundo gráfico de esta información, apenas 10 alimentos de la cesta de la compra de referencia del INE se han encarecido más de un 2% en los últimos 4 meses. Entre ellos, por supuesto, el aceite de oliva es el producto que más ha subido desde septiembre. En cambio, hasta 9 alimentos se han abaratado si se toma la misma referencia temporal.

La moderación de la inflación de los alimentos es especialmente relevante para los hogares con menos ingresos porque las compras en los supermercados o en las tiendas suponen un mayor porcentaje del gasto total cuanto menos se gana.

El Banco de España estimó recientemente que para las familias más pobres el dinero dedicado a alimentos supera el 20% de todo lo que gastan mensualmente. Mientras, para las más ricas ni siquiera es el 10%. Esta es la principal razón por la que el Gobierno de coalición ha mantenido la rebaja del IVA de los alimentos básicos al menos hasta junio.

La fortaleza del consumo

Este mismo viernes, Carmen Martínez, investigadora de la institución monetaria, publicó un informe en el que se indica que “las estrategias más utilizadas para hacer frente al repunte de los precios fueron la búsqueda de mejores alternativas de compra (por ejemplo, ofertas), y la reducción de los niveles de ahorro y de gasto, tanto en España como en la eurozona”.

“En nuestro país, los hogares han recurrido, en mayor medida que en el conjunto de los socios del euro, al crédito y a incrementos en su oferta laboral (buscando un segundo trabajo o trabajando más horas) como vías para amortiguar el impacto del incremento de los precios sobre el consumo, especialmente en el caso de los hogares con colchones de liquidez reducidos”, prosigue.

Hace apenas un par de décadas, los bancos tenían oficinas y cajeros automáticos, y la banca por Internet era casi una excentricidad. Todo funcionaba bien, excepto cuando había que salir de viaje a otros países u operar con ellos. Sacar dinero de un cajero automático obligaba a pagar comisiones extravagantes, así como hacer transferencias internacionales, además de tasas de cambio de divisas variables y arbitrarias.  

Las compañías de banca móvil o 'neobancos', como Revolut, N26 y Wise surgieron como parte de una ola de innovaciones en tecnología financiera, conocida como fintech, que busca simplificar y mejorar los servicios financieros mediante el uso de la tecnología. Cada una de estas empresas tiene una historia y evolución única, pero todas ellas ofrecen ventajas importantes respecto a los bancos tradicionales para aquellas personas que viajan frecuentemente o tienen su dinero en distintas divisas o países. Además, ofrecen tarjetas y operaciones sin comisiones, lo que las coloca con ventaja frente a muchos bancos tradicionales. 

En los últimos años, estos bancos rivales se han enzarzado en una contienda sin tregua, en la que estas empresas se han expandido agresivamente por Europa y han tratado de atraer a nuevos mercados hacia sus productos. El crecimiento de estas compañías ha sido muy rápido, impulsado por la demanda de servicios financieros más accesibles y económicos, y también por la explosión de las criptomonedas, que hizo que los inversores en estas nuevas divisas optaran por bancos con menores comisiones. 

Revolut

Fundada en 2015 por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko en el Reino Unido, Revolut comenzó como una aplicación para el intercambio de divisas sin comisiones que ofrecía además una tarjeta de débito internacional. Rápidamente evolucionó para ofrecer una gama de servicios financieros, incluyendo cuentas bancarias, criptomonedas, seguros y productos de inversión. Opera en varios países de Europa, América, Asia y Oceanía.

El 13 de diciembre de 2018, el BCE aprobó la solicitud de Revolut para obtener una licencia bancaria europea, y ofrece a sus clientes una protección de depósitos de hasta 100.000 euros en el marco del SEDA (Sistema Europeo de Garantía de Depósitos). 

Las cuentas Revolut permiten a los clientes mantener y cambiar más de 28 divisas extranjeras y realizar transferencias internacionales de dinero por todo el mundo. También puede retirar dinero gratis en cajeros automáticos hasta un valor de 200 euros al mes con una cuenta estándar, y después cobra una comisión del 2%.

Sin embargo, hasta hace poco Revolut ofrecía una cuenta con un IBAN británico. Esto impedía ciertas operaciones, como el pago de impuestos, algunas domiciliaciones, como las nóminas. Su tarjeta es en realidad un monedero que había que recargar y que no funcionaba en algunos servicios, como las autopistas. 

Sin embargo, este año la empresa migró sus cuentas en España para ofrecer un IBAN español a sus clientes, con todas las ventajas. Para las cuentas de empresa, las tarjetas son Mastercard de débito, tanto físicas como virtuales, aunque las tarjetas personales siguen siendo tarjetas Mastercard de prepago.   

N26

Esta empresa alemana, fundada en 2013 por Valentin Stalf y Maximilian Tayenthal, se caracterizó por ser uno de los primeros bancos móviles en Europa. Ofrece servicios como cuentas bancarias, tarjetas de débito, crédito y funciones de ahorro e inversión. N26 ha ampliado su presencia en varios países europeos y entró en el mercado estadounidense en 2019, aunque dejó de operar en este país en 2022.

N26 obtuvo su licencia bancaria europea completa del BCE (Banco Central Europeo) el 18 de julio de 2018, por lo que la empresa tiene el estatus de ser un banco oficial. Con N26, sus depósitos en los Estados miembros de la Unión Europea están asegurados hasta un importe máximo de 100.000 euros en virtud de la Protección de Depósitos alemana. 

Las cuentas ofrecen una tarjeta N26 vinculada para realizar extracciones gratuitas ilimitadas en cajeros automáticos de más de 55.000 establecimientos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Australia, México y el Reino Unido. Si va a realizar una retirada internacional fuera de la red, N26 tiene una comisión de dos euros más un 2%, más los cargos pertinentes añadidos por el operador del cajero automático. 

Con N26 se puede elegir entre un IBAN alemán u otro español. Las tarjetas de N26 son tarjetas bancarias, no tarjetas de prepago. 

Wise (anteriormente TransferWise)

Fundada en 2011 por Kristo Käärmann y Taavet Hinrikus en el Reino Unido, Wise comenzó como una plataforma de transferencia de dinero internacional más económica y transparente en comparación con las opciones bancarias tradicionales. A lo largo de los años, ha ampliado sus servicios para incluir cuentas multidivisa y una tarjeta de débito. Opera globalmente, ofreciendo servicios en múltiples países.

Wise no es un banco, ya que no presta el dinero de sus clientes a otros. Sin embargo, ofrece cuentas a través de Wise Account para que los clientes guarden su dinero mientras envían, reciben y gastan. Sus depósitos no están asegurados de la misma forma que los depósitos bancarios, aunque Wise está regulado como proveedor de servicios financieros y autorizado como transmisor de dinero en muchas regiones del mundo. Las cuentas de Wise ofrecen un IBAN europeo en Bélgica.

Las ventajas y desventajas de los neobancos

Las cuentas de N26 y Revolut pueden conectarse con entidades bancarias españolas para hacer traspasos de dinero sin coste, con lo que estarán funcionando como una cuenta secundaria en la que no hay comisiones en la mayoría de las operaciones. Wise, de nuevo, no es un banco, por lo que es imprescindible vincular el servicio con una cuenta existente. 

Sin embargo, en operaciones de retirada de efectivo o transferencias por encima de ciertas cantidades, estas entidades sí aplican comisiones, aunque siguen siendo más bajas que en otros bancos. En el caso de Wise, se puede transferir dinero a las cuentas asociadas sin comisiones, y a otras cuentas dentro del sistema SEPA con una comisión mínima de 44 céntimos, con comisiones adicionales fuera de la zona SEPA. En el caso de N26 y Revolut las transferencias fuera de la zona SEPA tienen una comisión un 0,5 y 1,5% dependiendo del país. 

Tanto Revolut como N26 ofrecen planes premium por una cuota mensual en los que se pueden evitar estas comisiones, y resultan convenientes en el caso de un elevado volumen de operaciones. Estas cuotas dan acceso a un seguro de viaje que según su nivel cubre gastos médicos, indemnización en caso de pérdida de equipaje, retraso de vuelo, atraco y extensión de garantía en tus compras.

Al tratarse de empresas puramente de Internet, sus clientes disfrutan de interfaces de usuario sencillas y procesos de registro y gestión completamente en línea, algo que muchos bancos tradicionales aún no dominan. Desde sus aplicaciones móviles o a través de un navegador es sencillo bloquear o congelar las tarjetas, establecer avisos y límites de gasto, operar desde el móvil usando la huella o el reconocimiento facial, al igual que pagar con el móvil. 

Los neobancos no disponen de oficinas físicas, todas las interacciones tienen que ser en línea, y en algunos casos en inglés. Esto hace que puedan mantener sus costes bajos, y su atención a través de la aplicación o su web es muy completa, pero puede resultar frustrante para algunas personas cuando se produce algún problema. 

El alcance del ciberataque sufrido por Air Europa es uno de los más graves de todos los que han sufrido las empresas españolas. La compañía se vio obligada a notificar a sus clientes que deben anular sus tarjetas de crédito, una medida excepcional y pocas veces vista en compañías de esta envergadura. Sin embargo, dos días de después de informar que ya había cerrado la brecha, Air Europa sigue manteniendo en secreto los detalles más relevantes sobre ella, como cuánto tiempo estuvo abierta y cuántas víctimas tuvo.

elDiario.es ha intentado recabar estos datos en varias ocasiones, sin éxito. Por ahora, el único comunicado oficial de la aerolínea es un escueto mensaje que intenta restar importancia a la situación ocultando aspectos relevantes del ataque. Entre ellos, que la brecha de seguridad había afectado a información clave de las tarjetas de crédito, como el número completo, su fecha de caducidad y el CVV (la cifra de tres dígitos que se utiliza para autorizar compras por Internet). Tampoco informaba de que había tenido que pedir a sus clientes que las anularan. Datos que solo salieron a la luz a partir de los propios afectados, que compartieron los detalles del mensaje que habían recibido.

Único comunicado oficial de Air Europa sobre el ciberataque

Fuentes de la compañía explicaron en un primer momento a este medio que no podían comunicar aspectos como la cifra de afectados ya que los ciberdelincuentes habían podido interceptar datos de las compras de vuelos, no sus bases de datos, por lo que podía haber varias compras asociadas a una tarjeta. Sin embargo, los perfiles oficiales de Air Europa en redes sociales están comunicando que ya han mandado notificación a todos los afectados, por lo que los que no la han recibido “no tienen de qué preocuparse”, algo que indicaría que la compañía cuenta con una idea bastante aproximada de las víctimas del ciberataque.

En todo caso, Air Europa tampoco ha comunicado el número de transacciones que se han visto afectadas por el ataque. Las víctimas pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo.

El período de la brecha, clave

El número de víctimas del ciberataque dependerá en gran medida del tiempo en que la brecha de seguridad estuvo abierta, otro aspecto que Air Europa tampoco revela. Este jueves varios medios han publicado informaciones dispares a partir de fuentes de la compañía. VozPópuli asegura que el agujero estuvo abierto “dos días” y los afectados han sido 2.000. El Confidencial cita también fuentes de Air Europa y afirma que los ciberdelincuentes han estado robando datos desde “la semana pasada” y que las víctimas ascienden a 100.000.

Ninguna de las dos cifras coincide con los datos que maneja elDiario.es, que tiene constancia de una pasajera que compró sus vuelos el 21 de septiembre y ha recibido la notificación de Air Europa para que anule su tarjeta de crédito. Otros usuarios en redes sociales han reportado que sus compras fueron incluso antes, el 16 de septiembre, y que también han recibido la notificación.

La incógnita del CVV

En los aspectos más técnicos del ciberataque también existe una gran duda para los expertos en ciberseguridad: cómo han conseguido los ciberdelincuentes acceder al CVV de las tarjetas. Se trata de un aspecto clave, ya que en las regulaciones financieras y de comercio electrónico se prohíbe almacenar este dato de ninguna manera, al igual que otros como la banda magnética de las tarjetas, por ejemplo.

Si, como se deduce de su comunicación oficial, el ataque hubiera accedido a los CVV mediante la interceptación directa de las compras en su portal oficial, Air Europa no habría infringido ninguna norma. Sin embargo, esto implicaría que la aerolínea habría sufrido uno de los ataques de este tipo más graves de la historia, con sus sistemas de cobro controlados por ciberdelincuentes durante varias semanas.

Es un tipo de ataque conocido como “Magecart”. “Tiene su complicación, pero es algo que se ha hecho contra un montón de webs más pequeñas. Es como cuando le ponen un lector de tarjetas externo al lector de tarjetas del cajero y, mientras la tarjeta entra y opera, estás guardando sus datos. Es el mismo proceso”, explica el experto en ciberseguridad Jorge Louzao.

El ataque más grave de este tipo lo sufrió British Airways en 2018. La brecha estuvo abierta durante dos semanas y se tradujo en el robo de los datos de las tarjetas de crédito de 380.000 personas. En aquel momento, la aerolínea británica informó de la cifra de tarjetas cuyos datos habían sido robados desde su primera comunicación del ciberataque.

Sin embargo, hay un detalle que pone otra posibilidad encima de la mesa de los especialistas. Air Europa ya fue multada en 2021 por la Agencia Española de Protección de Datos por, precisamente, almacenar de manera irregular los CVV de sus clientes. La filtración, similar a la que se ha comunicado esta semana, ocurrió en 2018. “Me cuesta muchísimo creer que alguien cometa dos veces un error como ese. Hay tecnología para no hacerlo, no tiene sentido guardar los datos bancarios”, expone Jorge Louzao.

“Una web seria, un Amazon o un Netflix por ejemplo, no guarda jamás los datos bancarios. El sistema de estas empresas funciona con un token que es único para cada usuario y para cada plataforma. De esta forma, si les roban esos tokens no pasa nada porque si los quieren usar, cada vez que los usen estarían enviando dinero a Amazon, Netflix o la plataforma de donde los hayan sacado”, detalla el especialista.

Air Europa tampoco ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre este punto.

El Tribunal de Cuentas ha hecho público este lunes el informe que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos entre 2018 y 2019. Los datos de este documento, mucho más abultados que el anterior, se corresponden con un periodo en el que, entre otras citas con las urnas, hubo dos elecciones generales. El informe, entre otras cosas, avisa de posibles sanciones a cuatro partidos por irregularidades en la recepción de donaciones.

En todo caso, la formación que recibe más objeciones en el capítulo de donaciones es Vox. Así, afirma que existe “incertidumbre” respecto a 332.548,09 euros que ingresó a través de cajeros automáticos. En el informe, el órgano fiscalizador expresa sus dudas sobre si parte de dichos ingresos “corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos “al no haber sido identificados los posibles donantes”. 

Por otro lado, el documento incluye una relevante advertencia al partido De Santiago Abascal: colectas como las promovidas por la formación de extrema derecha para querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra pueden constituir una “irregularidad sancionable” en virtud de la ley de financiación de partidos. 

El órgano fiscalizador pone el foco sobre el hecho de que la formación “efectuó campañas para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica” y los registró “de forma diferenciada del resto de las donaciones, habiéndose destinado en su integridad” al pago de fianzas. En virtud de esas campañas, ingresó en 2019 más de 150.000 euros “en contra de lo dispuesto” en la norma sobre la financiación de partidos, que prohíbe a las formaciones políticas aceptar o recibir “directa o indirectamente” donaciones “anónimas, finalistas o revocables”. 

En concreto, cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Vox ha llegado a presentar al menos tres querellas contra el expresident de la Generalitat y todas han resultado rechazadas. Además, Vox ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”, según el órgano fiscalizador. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. 

Según el informe, Vox alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos, si bien el órgano fiscalizador recuerda que el partido efectuó “campañas para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica” y los registró “de forma diferenciada del resto de las donaciones, habiéndose destinado en su integridad al pago de las respectivas fianzas”. 

Siguiendo con el capítulo de donaciones, el Tribunal de Cuentas también hace objeciones tras analizar las cuentas de otras tres formaciones. Así, afirma que Más País incumplió la ley al aceptar casi 30.000 euros en donaciones de personas jurídicas; mientras que PdeCAT y Més per Mallorca lo hicieron al recibir donaciones finalistas, como son las dirigidas a financiar una actuación concreta del partido. El partido catalán recibió 2.194,49 euros, mientras la coalición balear obtuvo 111.599,95 euros por esta vía.

Las tarjetas, el 'merchandising' y la lotería de Vox

Por otro lado, el órgano fiscalizador también documenta pagos no justificados por parte de Vox de hasta 41.812,24 euros con tarjetas de crédito. “Si bien el partido afirma que son gastos de viaje y manutención, no se ha aportado documentación justificativa alguna”, afirma el documento. En todo caso, no es la única formación que incluye en sus cuentas pagos con tarjeta sin justificar. En el caso de Sortu hay 130.224 euros de 2018 y 9.762 de 2019. En total, 139.986 euros. “Esto pone de manifiesto una  ausencia de control interno por parte de la formación sobre este tipo de gastos”, dice el informe.

El informe también apunta al dinero que ingresa Vox por “la venta de productos promocionales” y la lotería y recomienda al partido que establezca “la justificación y transparencia de este tipo de ingresos”. En total, por el primer concepto, Vox ingresó 22.338 euros en 2018 y 354.089 en 2019. Y aquí el Tribunal de Cuentas también apunta a errores y falta de información por parte del partido de Santiago Abascal. La “falta de control” en esta venta “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen” de la normativa.

La formación ultraderechista no tiene procedimientos para regular estas ventas, reprocha el informe, y eso lleva a que un porcentaje alto de estos ingresos no pueda ser verificado, con un 92% de los ingresos de 2018 y un 88% de 2019 correspondiendo a “importe no acreditado”.

En total, 332.548 euros que Vox afirma que ingresó entre 2018 y 2019 por la venta de merchandising y actos promocionales pero que su contabilidad no justifica ni verifica de forma correcta. En el caso de la venta de lotería, en 2019 Vox acreditó 17.569 euros de estos ingresos pero tiene otros 19.750 pendientes de justificación.

Cómo gestionar el dinero es siempre uno de los grandes quebraderos de cabeza cuando viajamos. Y no ya por cómo lo gastamos, sino por cómo lo conseguimos. Si el viaje implica un cambio de moneda, peor todavía. Tradicionalmente se ha recurrido a las casas de cambio, en las que cambiar efectivo, e incluso a los cheques de viaje, una opción prácticamente extinta que ya suena al Pleistoceno. Desde que usamos las tarjetas bancarias y el pago por el móvil para todo, la cosa ha cambiado radicalmente. Hace tiempo que se acabó lo de llevar grandes cantidades de efectivo encima o las incómodas riñoneras con las que esconder los billetes bajo la ropa. Ahora, siempre que se pueda, basta con usar una tarjeta de plástico o pasar el smartphone para realizar una compra o sacar el dinero que necesitamos de un cajero automático.

Eso es cómodo, claro, pero no barato. Normalmente, la mayoría de los bancos cobran una comisión cuando utilizas sus tarjetas en un cajero que no es de su propiedad. Y si eso es algo que te puede pasar en tu ciudad, imagínate si el dinero lo quieres sacar en otro país. Y lo mismo sucede si utilizas la tarjeta para pagar en un comercio extranjero. De manera que tampoco sale muy a cuenta. ¿La solución? Recurrir a la tarjeta de un banco que no aplique comisiones, para así disponer de la comodidad del plástico o las tarjetas virtuales vayas donde vayas.

Tarjetas bancarias para pagar sin comisiones en el extranjero

Son varias las tarjetas sin comisiones a las que puedes recurrir; todas funcionan de una manera similar pero cada una aplica sus propias normas y condiciones. Tanto que a veces lo de “sin comisiones” hay que cogerlo un poco con pinzas, porque puede haber ciertos límites. Pero, por lo general, siempre terminan siendo más ventajosas que las tarjetas de tu banco si lo que quieres es pagar y sacar dinero en el extranjero.

Hemos de tener en cuenta que un cajero nos puede cobrar su propia comisión aunque nuestro banco no lo haga (siempre nos avisará antes de continuar con la operación) y, también, que a veces tanto cajeros como comercios ofrecen cobrarte en la moneda de tu país para luego ellos fijar el tipo de cambio que se te aplica, por lo que siempre es recomendable escoger que se te cobre en la moneda local para evitar esas comisiones ocultas y dejar que el banco de nuestra tarjeta sea el que haga el cambio de divisa.

Por lo que si quieres viajar con mayor tranquilidad, aquí tienes tres de las mejores tarjetas bancarias para viajar sin comisiones, con sus ventajas e inconvenientes, para que veas si te interesa alguna o varias dependiendo del uso que les vayas a dar.

N26

La tarjeta N26 puede ser una opción práctica si viajas al extranjero y te quieres ahorrar las comisiones de tu banco de siempre, aunque como ahora verás en sus condiciones dependerá del uso que le des, pues hay otras rivales que te pueden resultar más interesantes. N26 es un banco online, con sede en Berlín, que ofrece una cuenta con IBAN español a la que puedes hacer transferencias desde tu banco de siempre.

Pero N26 ofrece varios tipos de cuentas: Estándar, Smart, You y Metal. La única gratuita es la Estándar, a la que le corresponde una tarjeta virtual y no física, y aunque las demás tienen mejores condiciones la opción básica nos puede ser muy útil a la hora de viajar. Puedes gestionar tu cuenta y tu tarjeta fácilmente desde la aplicación móvil de N26.

Condiciones de N26: ventajas e inconvenientes

Si tienes la cuenta N26 Estándar puedes hacer tres retiradas al mes en cualquier país de la zona euro sin comisiones (si las usas todas te cobrarán una comisión de 2€), pero por cada retirada en moneda extranjera se aplica una comisión del 1,7% de la cantidad que saques. Eso sí, es muy interesante para hacer pagos en comercios porque no están sujetos a ninguna comisión, sea en la moneda que sea. La N26 estándar aplica el tipo de cambio de Mastercard, es gratuita y no tiene gastos de mantenimiento. 

Revolut

Revolut es todo un clásico entre las tarjetas sin comisiones y, aunque le ha salido competencia, sigue siendo una de las más interesantes para los viajeros. La tarjeta Revolut es de débito y pertenece a Revolut Bank, establecido en Lituania. Como ocurre con la N26, ofrece diferentes tipos de cuentas: Estándar, Plus, Premium, Metal y Ultra. La única gratuita es la Estándar pero, a no ser que realmente la vayas a utilizar mucho en el extranjero, gracias a sus condiciones puede ser suficiente. Además, si se te queda corta, siempre la puedes combinar con otra de las tarjetas de esta lista. La tarjeta será VISA o Mastercard dependiendo del país en el que la solicites.

Condiciones de Revolut: ventajas e inconvenientes

La tarjeta Revolut en su versión Estándar te permite sacar hasta 200€ al mes en un máximo de cinco retiradas en los cajeros automáticos sin aplicar ningún tipo de comisión. Si en ese mismo mes quieres sacar más, se te cobrará un 2% en cada transacción. Las compras con cambios de divisa no tienen comisiones de lunes a viernes hasta alcanzar los 1.000€ mensuales y los fines de semana sí se aplica un 1%. La tarjeta virtual es gratuita y el envío de la tarjeta física a casa tiene un precio de 6,99€.

Vivid

Vivid Money es un banco online que nació en 2020 y que tiene sede en Alemania, pero a pesar de su juventud es una de las referencias entre quienes buscan una tarjeta con la que pagar y sacar dinero sin comisiones. Trabaja con VISA y así serán por tanto los cambios de divisa. En este caso encontramos dos planes diferentes: el Standard y el Prime, el primero gratuito y el segundo con un precio de 9,90 euros al mes. La gestión es 100% digital y para crear nuestra cuenta lo haremos directamente desde su aplicación móvil. 

Condiciones de Vivid: ventajas e inconvenientes

Si nos centramos en el plan Vivid Standard, podremos retirar hasta 200€ en cajeros extranjeros sin pagar comisiones, sea en la zona euro o fuera de ella. Una vez superado ese límite las comisiones son del 3%. Y si lo que hacemos es realizar compras con ella, Vivid no aplica ninguna comisión por el cambio de divisa. Además, algo diferenciador es el Vivid Cashback, que por tus compras te devuelve el 4% de lo que gastes hasta recibir un máximo de 20€ euros al mes por el mero hecho de pagar con ella. La tarjeta es gratuita y si haces un primer ingreso de 200€ te ahorras los 9,90€ de su envío. El mantenimiento de la cuenta no tiene coste pero si durante 90 días se mantiene inactiva se te cobrará 0,90€ por mes, aunque en el momento que vuelves a hacer una operación de 10€ ese cargo se anulará.

Si bien no son las únicas, Financiar24, Moneyman, Fiesta del Crédito o Cashper son algunas de las entidades que ofrecen este tipo de préstamos de pequeño monto, conocidos como microcréditos o minicréditos, que deben estar bajo el control de la legislación vigente -Ley de Contratos de Crédito al Consumo- y adscritos al manual de buenas prácticas establecido por el Banco de España. Pero que en realidad se permiten sortear tanto la regulación de los organismos de consumo como los manuales del banco de España porque las cantidades que prestan están por debajo del umbral regulado.

Y precisamente su peligro estriba en este hecho: se trata de un crédito muy pequeño y que parece fácil de devolver. Por ejemplo, tenemos un aprieto momentáneo, deseamos un producto que no nos podemos permitir porque vamos muy justos de dinero. Pero vemos, generalmente en internet, un anuncio de una de estas empresas, que aseguran que nos pueden prestar desde 100 o 200 euros hasta 500 o 600 sin el menor problema y con pequeñas comisiones.

De hecho, según la OCU denunciaba en 2016, es muy posible que en el primer préstamo que nos hagan apenas nos apliquen comisiones e incluso sean laxos en el tiempo de devolución, de modo que el microcrédito parece gratuito.

Ahora bien, esto según la organización de consumidores, solo es una táctica para engancharnos, pues saben que nuestra situación económica no mejorará a corto plazo y pronto surgirá un nuevo deseo o necesidad. Así, que si tenemos un buen recuerdo de ellos, volveremos a solicitarles un crédito.

Es en este momento donde puede empezar nuestro infierno, ya que la propia OCU volvía a denunciar en diciembre de 2022 este tipo de préstamos y advertía “detrás de las facilidades de los microcréditos o minicréditos se esconden unas condiciones totalmente desaconsejables, abusivas: por un crédito de 300 euros durante 30 días, en muchos casos cobran comisiones que superan los 90 euros, lo que supone pagar una TAE que ronda (o incluso supera) el 3.000%”.

La TAE es la Tasa a Anual Equivalente, que suma al interés de devolución contratado los costes de las comisiones del préstamo (que en este caso suelen ser varias y altas), para dar un monto muchas veces bastante superior.

No obstante, la OCU no está sola en su denuncia. También la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) advierte en su reciente IV Barómetro de Minicréditos que “el coste de los minicréditos a corto plazo eleva casi al triple su TAE en un año, hasta el 185.000%”.

El barómetro de ASUFIN muestra “cómo un minicrédito de 50 euros a 7 días, si no se ha pagado en el plazo de 6 meses, se convierte en 727,50 euros y, si el impago se alarga hasta el año, la deuda crece hasta los 9.525, más de 190 veces el importe inicial”.

ASUFIN también denuncia que “a diferencia de otros países de nuestro entorno, España no cuenta con una regulación del mercado de los préstamos y permite que empresas privadas concedan financiación a costes, además, más elevados”.

Finalmente subraya que “el tipo medio de los créditos renovables, a vencimiento, y descubiertos, que son los más homologables a los productos de nuestro Barómetro, es en España del 9,66%, mientras que la media de la zona euro es del 7,21%”.

A continuación explicamos los motivos por los que debes mantenerte siempre lejos del alcance de las empresas de microcréditos.

1. El interés total puede alcanzar 185.011%

No es una especulación, lo especifica ASUFIN. No obstante, matiza que “la TAE de los préstamos más frecuentes, 300 euros a 30 días, se reduce ligeramente hasta el 3.243,30% (un 107,30% menos)”. Pero por el contrario “se dispara en los pequeños importes, 50 euros, a plazos más cortos, 7 días, que se disparan 2,6 veces con respecto al año anterior hasta alcanzar los 185.011,20%”.

Basta con ir a la página web de cualquiera de estas empresas y estudiar el coste de un crédito. Por ejemplo en el caso de Moneyman puede leerse en su web: “Ofrecemos préstamos online con un importe mínimo de 100€ y máximo de 400€, plazo de devolución máximo de 62 días con una TAE mínima de 0% y máxima de 561,39%. Por ejemplo: 300€ a devolver en un plazo fijo de 62 días. Coste del préstamo: 43,70€ en concepto de intereses. Cantidad total a devolver: 343,70€. TAE aplicable 561,39%”.

La misma web explica que el TAE puede ser 0% si se devuelve el préstramo en una sola cuota, pero crecerá al 561,39% si lo tenemos que devolver en dos cuotas. El problema es que alguien que pide un préstamo de 100 o 200 euros raramente puede devolverlos en 31 días; pero además la página de Moneyman explica: “los siguientes 31 días el interés diario será del 1,1%”

2. Presentan unos intereses de demora salvajes

Otro de los problemas de este tipo de créditos es que además de tener un interés alto, seguramente difícil de devolver para alguien en apuros, castigan brutalmente los retrasos en el pago.

Si no devuelves en el plazo fijado el dinero, se te puede aplicar un interés de demora diario muy elevado, además de seguir aplicando el TAE y diversos cargos por penalizaciones por el retraso, que pueden rondar los 60 e incluso los 100 euros. Al solicitar el préstamo estás aceptando estas penalizaciones.

En el caso de Moneyman, lo que especificaba el 1,1% diario de interés es una penalización de demora que se sumará a la segunda cuota a razón de 1,1% diarios, lo que puede hacer que un préstamo de 300 euros suba en la segunda cuota a un monto de 1.684,17 euros.

3. Nos penalizarán duramente por cada notificación de demora que nos hagan

Para acrecentar la deuda y poder cargar el interés por penalización, algunas de estas empresas aplican cargos exagerados cada vez que tienen que comunicarte una demora.

Por ejemplo, 30 euros adicionales por un SMS semanal recordándote que sigues retrasado en el pago, e incluso a veces cantidades mayores. Y, claro, la penalización también irá a sumar para el interés de demora del día siguiente, y del otro y del otro... Y no puedes protestar porque aceptaste las condiciones al solicitar el microcrédito.

4. Podemos acabar sin poder pagar a crédito en ningún sitio

Si nos declaramos insolventes o nos negamos a devolver los intereses del crédito disparado porque lo consideramos abusivo, la empresa prestataria puede incluirnos en listados de morosos como el de ASNEF, que está conectado con las principales empresas de crédito.

Muchos comercios reciben una señal de que estás en alguno de los listados cuando introduces tu tarjeta de crédito en el datáfono. En tal caso, es posible que te acepten el pago solo en efectivo. Tu vida se puede volver muy incómoda y salir de estas listas a veces es muy complicado. 

5. Pueden vender tu deuda a otras empresas

Cuando se cansan de reclamarte los intereses por la deuda, que puede haber crecido monstruosamente con el tiempo, es práctica común en algunos de estos servicios vender tu deuda a las empresas de recobros, que aplican métodos que rozan la legalidad para exigirte la deuda. Incluso en última instancia puedes acabar en los tribunales.

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Tarjeta, bizum, transferencias… Incluso vinculando nuestra tarjeta al móvil y acercando este al datáfono ya tenemos la posibilidad de realizar una compra. Aunque las formas de pago digitales toman cada vez más fuerza, el dinero en efectivo todavía se sigue utilizando a pesar de que su uso es cada vez menos común en nuestra sociedad.

Siempre y cuando dispongamos de dinero en nuestra cuenta bancaria, y con la ayuda de nuestra tarjeta de crédito, será tarea sencilla dirigirnos a un cajero automático en busca de dinero en efectivo. Pero es posible que, en ocasiones, intentemos sacar cierta cantidad y el propio cajero no nos lo haya permitido.

Esto se debe a que existen diversas limitaciones a la hora de sacar grandes cantidades de dinero en efectivo de un cajero, ya sean impuestas por cada entidad bancaria o por la Agencia Tributaria. ¿El objetivo de ambas? Garantizar la seguridad en caso de robo y luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Límite fijado por cada entidad bancaria

El primero de los límites a la hora de sacar dinero de un cajero es establecido por cada entidad bancaria, aunque lo más habitual es que este corresponda a 600 euros al día. 

Un límite que habrá pactado el cliente con su banco a la hora de realizar el contrato con él, que se renovará cada día a partir de las 00:00h y que, además, puede modificarse por el usuario siempre que dicho límite esté dentro de lo establecido por la ley. 

Los motivos por los que se establece son varios: como explican desde Caja Rural del Sur estos van desde “impedir que se agote por completo el dinero en días donde se realizan muchas extracciones” hasta “evitar llevar encima grandes cantidades de efectivo, con la intención de evitar robos o pérdidas de mucho dinero”. 

Esta limitación es, además de una forma de combatir el fraude fiscal, una medida de seguridad, pues otro objetivo es impedir que, en caso de robo o duplicado de tarjeta, el ladrón pueda gastar mucho dinero con dicha tarjeta robada. 

Límite legal establecido por la Agencia Tributaria

Que sean 600 euros el límite que suele estar fijado por los bancos para sacar dinero en efectivo a diario no quiere decir que ese sea el máximo establecido por la ley.

De hecho, la Agencia Tributaria permite una retirada máxima de 3.000 euros, aunque a partir de 1.000 euros nuestro banco ya puede solicitarnos tanto justificación como identificación del usuario si les resulta alarmante o sospechoso ese tipo de extracción en efectivo. 

En el caso de querer sacar una cantidad mayor a los 3.000 euros fijados por Hacienda, deberemos dirigirnos en persona a nuestra entidad bancaria, detallando y justificando el porqué de dicha operación. Posteriormente, el banco enviará dicho justificante a Hacienda y al Banco de España.

Combatir el fraude fiscal: el principal motivo de estas limitaciones

Además de por seguridad ante los robos, el otro motivo de estas limitaciones a la hora de sacar dinero en efectivo se basa en intentar combatir el fraude fiscal.

Como dice el artículo 39 de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente”.

Este es el motivo por el que acreditar la procedencia de nuestros bienes será imprescindible, a no ser que queramos que Hacienda sospeche que estamos cometiendo algún fraude fiscal como el blanqueo de capitales.

Es probable que salten las alarmas de la Agencia Tributaria si extraemos o incluso hacemos ingresos de grandes cantidades de efectivo, principalmente superiores a 3.000 euros, pero también si entre esos ingresos se encuentran billetes de 500 euros, muy poco comunes. 

Tanta es la lucha contra el fraude fiscal que hace dos años ya se estableció la Ley 11/2021 del 9 de julio, para actualizar e instaurar medidas de prevención y lucha contra el mismo. 

Limitaciones del pago en efectivo

En ella, entre diferentes aspectos dirigidos a asentar parámetros que eviten la elusión fiscal, se establecieron unas limitaciones respecto al límite máximo de dinero que se puede pagar legalmente en efectivo.

En dicha ley se establece que se ha disminuido “el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros”. A la vez que también “se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España” y que anteriormente era de 15.000 euros.

Además, la ley prevé una multa equivalente al 25% del monto pagado en efectivo para quienes excedan ese límite, pudiendo aplicarla a ambas partes, tanto al pagador como al receptor del dinero.

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El Tribunal Supremo ha establecido como aceptable que los intereses de una tarjeta revolving superen hasta en seis puntos los que se cobran habitualmente en otras operaciones de crédito al consumo. Los jueces han dado la razón a un fondo irlandés frente a una mujer de Huelva que en 2004 firmó un contrato para una de estas tarjetas con un interés del 23,9% TAE: “Consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a seis puntos porcentuales”, dice ahora el Supremo poniendo el listón en una diferencia del 6% para considerar este tipo de contratos como usura.

Las tarjetas revolving ponen a disposición del cliente una cantidad determinada de crédito que después puede devolverse a plazos. Una deuda que incrementa a medida que se usa la tarjeta, disminuye a medida que se pagan las cuotas pero que también va engordando con unos intereses que constantemente están bajo la lupa de los tribunales para determinar si son lo suficientemente altos como para considerarlos usura.

En este caso que ha estudiado el Supremo, una mujer de Huelva firmó un contrato con Barclays en 2004: algo más de 5.600 euros de crédito al 23,9% de Tasa Anual Equivalente (TAE). Su deuda fue adquirida por el fondo Estrella Receivable, quien decidió llevar el caso a los tribunales para cobrar el dinero. La Audiencia de Huelva dio la razón al fondo irlandés, especializado en comprar créditos fallidos a bancos, y obligó a la clienta a pagar.

Su caso llegó hasta la sala de lo civil del Tribunal Supremo, que en los últimos ocho años ha dictado diversas sentencias sobre estas tarjetas y créditos llamando a comparar el porcentaje de devolución del crédito con el interés medio de ese momento. El Banco de España empezó a ofrecer datos concretos de estas tarjetas en 2010 y el Supremo, según reconoce ahora, “no ha fijado un criterio uniforme para cualquier contrato, sino que ha ido precisándolo para cada caso controvertido”. Este nuevo caso pone el listón en seis puntos porcentuales por encima de la media de ese año, lo que consideran un tipo “notablemente superior” que lleva a considerarlo usura y anular el contrato.

Recuerdan que en 2020, en un caso anterior, estudiaron una tarjeta revolving con un interés del 26,82% firmada cuando el tipo medio de referencia para ese año era del 20% y ya entonces declararon como una diferencia “muy relevante” y usuraria la de más de seis puntos porcentuales. Ya en esa sentencia también dejaron claro que si el interés normal del dinero es elevado, el margen para aumentar el interés sin incurrir en usura es menor. “De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%”, dijo el Supremo hace tres años.

Esos seis años se convierten ahora en un nuevo baremo, al menos con respecto al precio medio de 2010. En este caso concreto conocido este martes, los jueces toman como referencia el primer dato disponible de 2010, cuando el interés medio estaba en el 19,3%, y entienden que el 23,9% que firmó esta mujer con Barclays no entra en el concepto judicial de usura. “De acuerdo con este criterio, si el tipo medio al tiempo de la contratación sería ligeramente inferior al 20%, el interés pactado (23,9% TAE) no supera los seis puntos, por lo que no se considera notablemente superior al tipo medio”, dice la sentencia.

El Ministerio de Hacienda relaciona el fuerte aumento de los pagos con tarjetas de crédito con una reducción del fraude fiscal en España. Con datos preliminares que el servicio de Estudios de la Agencia Tributaria está analizando en profundidad, la sensación en el seno del ministerio es que el uso masivo del dinero de plástico, que se disparó con la pandemia, está propiciando un retroceso de la economía sumergida. 

Así se desprende de las últimas comparecencias parlamentarias del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y de las últimas actas publicadas de las reuniones del Foro de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

En octubre, en su estreno en el Congreso como secretario de Estado, Gascón ya apuntó que el mayor uso de tarjetas puede estar contribuyendo a reducir la economía sumergida. Citó un indicador, a su juicio, “especialmente interesante”: la comparativa entre el dinero que se retira en los cajeros con los pagos con tarjeta a través de TPV (terminales de punto de venta). 

Destacó que, de acuerdo con los datos del Banco de España (que comprenden hasta junio de 2022), el dinero de plástico ya “duplica” las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, cuando en 2017 eran similares. En 2021, último ejercicio cerrado, se realizaron más de 6.000 millones de operaciones con tarjeta, más del doble que hace un lustro, en un contexto de cierre masivo de cajeros: más de 4.000 menos desde el inicio de la pandemia.

Ese aumento de las operaciones con tarjeta, dijo Gascón, “se tiene que notar, evidentemente, en términos de trazabilidad de las operaciones y reducción del margen para economía sumergida”. Quiso ser prudente porque “no lo tenemos suficientemente trabajado como para llegar a conclusiones”, pero sin querer ser “triunfalista”, apuntó otro dato “muy importante” por “positivo”: que en los últimos siete años, las bases imponibles fiscales (la base sobre la que se aplica cada tributo), están creciendo más que el PIB nominal y que la demanda interna, sin tener en cuenta el efecto de los cambios normativos.

“Eso puede ser un síntoma de que efectivamente algo se mueve y de que el cumplimiento fiscal está mejorando”, indicó.

Gascón lleva tiempo señalando que en la medida en que crece el uso de tarjetas, “menos margen hay para la ocultación de operaciones”, como explicó a finales de 2021 en otra comparecencia parlamentaria como director general de la AEAT. En abril, todavía en ese cargo, se felicitó por esa subida “exponencial” del uso del dinero de plástico: “Eso para el control tributario es muy importante porque son operaciones con trazabilidad”.

“No voy a decir que todos los pagos que se efectúen con tarjeta de crédito o a través de las redes son pagos limpios, ni muchísimo menos que todos los pagos que se hacen con dinero en efectivo son pagos en negro, pero sabemos todos que existe cierta correlación. Con lo cual, también son buenas noticias para el cumplimiento voluntario y para los ingresos”.

En junio, recién nombrado secretario de Estado, y en su primera reunión en ese puesto con el Foro de grandes empresas, a Gascón le preguntaron por la posible relación entre la mejora de la recaudación y la evolución de la brecha fiscal: la diferencia entre la recaudación potencial y la real.

En respuesta al representante de la constructora FCC, expuso esa idea de que en los últimos años las bases fiscales se han comportado mejor que la demanda interna; instó a esperar para ver cuánto de esa mejora en el comportamiento tributario “es estructural y qué parte es coyuntural y tiende a corregirse en el futuro”; y al repasar los factores que “contribuyen al cumplimiento voluntario por parte del contribuyente”, destacó ese aumento del uso de las tarjetas, tal y como recoge el acta de la reunión que se ha publicado recientemente.

Al referirse a la evolución de la brecha fiscal en comparación con la UE, Gascón indicó que, si bien “es complicado extraer conclusiones de unos años con una variabilidad tan alta”, a falta de más datos, en IVA la posición española es “bastante mejor de lo que se suele pensar, sin perjuicio de que exista margen de mejora”. En IRPF, “es previsible” que estemos “en la media europea”, aunque los estudios “acaban de empezar y todavía no son públicos”. Y en Sociedades, todavía se está debatiendo entre los 27 “cómo comparar un impuesto tan errático en la recaudación como consecuencia de cambios en la coyuntura económica”.

El alto cargo de Hacienda sí instó a no calificar la economía sumergida como “recaudación perdida”, ya que esta incluye actividades ilegales que no se pueden regularizar y otras “de subsistencia” que, al existir mínimos exentos e incentivos fiscales, nunca tributarían. También recordó que la AEAT se ocupa de gestionar aproximadamente el 45 % de los ingresos tributarios totales, ya que estos incluyen las cotizaciones sociales y otros impuestos y tasas que se consideran para determinar la presión fiscal en la UE.

En esa reunión del foro de grandes empresas se reconoció que el número de entidades acogidas al código de buenas prácticas tributarias, más de una década después de su puesta en marcha, es “manifiestamente mejorable”, con menos de 200 grandes compañías adheridas. El secretario de Estado señaló que el fraude fiscal, en el sentido de ocultación de operaciones, “no es lo que se produce habitualmente en el ámbito de las grandes empresas, donde las controversias surgen en la aplicación del sistema tributario, con diferentes interpretaciones de la normativa, y en la planificación fiscal”.

Estudio pendiente

La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobada en 2021, que entre otras medidas prohibió los pagos en efectivo superiores a 1000 euros o su valor equivalente en moneda extranjera, obliga al Gobierno a encargar a “expertos independientes” un estudio oficial de la economía sumergida en España, “desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos”. Ese estudio, que se debe presentar a las Cortes, todavía no se ha encargado, reconoce el ministerio. Sí se está preparando un informe preliminar sobre los resultados de esa ley de lucha contra el fraude para remitirlo a Bruselas, tal y como recoge el Plan de Recuperación.

En este ejercicio, los ingresos tributarios van a batir un nuevo máximo histórico. Solo hasta octubre, y en un contexto de elevada inflación (que aumenta los ingresos fiscales), alcanzaron los 223.695 millones de euros, lo que ya supera los 223.385 millones de todo 2021, cuando se batieron todos los récords.

En 2020, con la economía hundiéndose un 11,3%, el retroceso de los ingresos tributarios fue inferior del 8,8%. Un situación diametralmente opuesta a los años del anterior batacazo económico. En 2009, tras el reventón de la burbuja inmobiliaria, los ingresos tributarios se hundieron un 17% (el mayor descenso de la serie) y la caída del PIB se quedó en el 3,6%.

Al auge del dinero de plástico se suma el empleo aflorado por las medidas de apoyo desplegadas con la gran reclusión. El Gobierno estima, en el Plan Presupuestario para 2023 que envió recientemente a Bruselas, que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los que 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos, gracias a medidas adoptadas durante la pandemia como los ERTE.

Ese plan no incluye ninguna previsión del fraude fiscal aflorado, porque Hacienda cree que este apartado no está todavía suficientemente trabajado como para llegar a conclusiones.

La pandemia ha acelerado muchas transiciones que se estaban viviendo en los últimos años y la banca ha dado buena cuenta de ello. Para muestra, el impulso que durante los momentos más difíciles de la crisis sanitaria tuvo el pago con tarjeta. La necesidad de limitar el contacto llevó a que se generalizara este método de pago frente al efectivo. Los datos que se van conociendo a medida que pasan los meses constatan que el uso de la tarjeta sigue ganando fuerza frente al dinero en metálico al tiempo que desaparecen los cajeros automáticos y se multiplican los terminales de pago, conocidos habitualmente como TPV.

En 2021, las operaciones con tarjetas superaron por primera vez la barrera de las 6.000 millones en España, según las estadísticas del Banco de España. Son más del doble de las que se realizaban hace apenas un lustro. Los niveles de récord van camino de pulverizarse también este año, a tenor de los resultados del primer trimestre, en el que se produjo un crecimiento del 27%. En estos tres meses se han realizado más de 1.600 millones de operaciones de pago con tarjeta. La vuelta al consumo y el crecimiento del turismo, a la espera de constatarse el impacto que pueda tener la inflación, están acelerando incluso después de la pandemia este tipo de operaciones.

Es cierto que la vuelta a la normalidad está llevando a un crecimiento general de las operaciones, también en efectivo. En este caso, se toma como referencia las veces que se saca dinero en metálico del cajero. Si bien, el ritmo es muy inferior en este caso frente a las veces que se utiliza el plástico para el consumo. Si el año pasado las compras con tarjetas crecieron un 28%, las retiradas de metálico en los cajeros lo hicieron un 4%. Y este año la diferencia es de un crecimiento del 27% para el plástico frente al 7% del efectivo.

La acción de buscar un cajero para sacar dinero se ha convertido en una cuestión excepcional, especialmente para los consumidores más jóvenes, que han asumido como su método de pago principal el plástico de las tarjetas. La pandemia no ha hecho más que acelerar una tendencia en la que cada vez más comercios permiten realizar compras incluso sin límites para las operaciones más pequeñas.

Sin embargo, para los demás niveles de edad, los cajeros automáticos siguen siendo necesarios para sacar dinero en efectivo o para su operativa con los bancos, toda vez que las ventanillas físicas han limitado su actividad. A comienzos de este año, en pleno debate sobre la inclusión financiera, los bancos aprobaron un decálogo genérico de compromisos para atender a la población de mayor edad. Entre estos puntos situaba la promesa de utilizar los cajeros para mantener el contacto “presencial” y la atención a estos clientes.

Pero, a la vez, la red de cajeros ha mermado sensiblemente en los últimos años. Los bancos han ido buscando fórmulas para ofrecer estos dispositivos fuera de sus oficinas, en estaciones o lugares de mucho tránsito. Pese a ello, los datos muestran cómo han ido desapareciendo los cajeros de España, aunque lo hayan hecho en un porcentaje inferior al número de oficinas bancarias. En marzo de este año había en España 46.473 cajeros. Son 1.200 menos que tres meses antes y el recorte es de 4.000 si se comparan con diciembre de 2019, el último dato previo al estallido de la pandemia.

Al mismo tiempo, el parque de TPV activos en España, los dispositivos que se ponen en comercios para realizar los pagos, se ha disparado. En apenas tres meses han surgido más de 44.000 terminales. Respecto al curso previo a la pandemia, el crecimiento ha sido en más de 310.000. Actualmente hay 2,25 millones de estos dispositivos operando.

El gasto con tarjeta duplica a las retiradas de efectivo

Hasta 2016, estas estadísticas mostraban cómo en España era mayor la cantidad de dinero que se retiraba en los cajeros que la que se gastaba a través de pagos con tarjeta. Entonces, se produjo un sorpasso que no ha parado de ampliarse durante este lustro, acelerándose tras la pandemia. Las operaciones con el dinero de plástico movieron durante el pasado año 195.000 millones de euros. Era un 20% más que el récord que se había alcanzado en 2019, antes de la pandemia. Entre enero y marzo de este año el ritmo es todavía más alto, con un gasto con tarjeta que aumenta un 28% frente al mismo periodo de 2021, hasta los 50.000 millones. En este primer trimestre, las retiradas de los cajeros han movido poco más de la mitad de dinero, unos 26.000 millones

La extensión del pago con tarjeta en multitud de pequeños comercios se aprecia en el aumento de las pequeñas compras. Límites de gasto que en el pasado se imponían en muchas tiendas o en hostelería se convierten hoy en la excepción frente a la generalización de los pagos con tarjeta. Esto se constata en las estadísticas del Banco de España. El pago medio con tarjeta se situó en el primer trimestre de este año en 31 euros, sosteniendo la caída continuada que viven estas operaciones desde 2014. En el caso de las retiradas de efectivo, la media ha seguido una tendencia contraria, al alza, pasando de los 137 euros previos de la pandemia a 174 del pasado mes de marzo.

El pago con tarjeta también se ha visto favorecido por el impulso que ha tenido Bizum. Esta herramienta, nacida en 2016, ha supuesto un cambio en los micropagos y la empresa, participada por todos los grandes bancos españoles, cifra en más de 1.100 millones las operaciones que se han realizado desde entonces. Suman un total de 58.000 millones de euros en transferencias.

Al mismo tiempo que la pandemia ha acelerado los cambios en los hábitos de pago de los hogares se han ido poniendo en marcha medidas regulatorias que limitan cada vez más los pagos en efectivo. El año pasado entró en vigor la ley de lucha contra el fraude que reducía de nuevo el límite para el pago en efectivo entre empresas de 2.500 a 1.000 euros y se mantenía el límite de 2.500 euros para particulares. También se reducía de 15.000 a 10.000 euros los pagos que pueden realizar los extranjeros en España en metálico.

En marzo de este año se alcanzó en España el nivel más alto de tarjetas en circulación. Se llegó a 88,2 millones, unas 200.000 más de las que había al cierre del pasado ejercicio. Es decir, hay 1,8 tarjetas por habitante en España. Crecen especialmente las tarjetas de crédito frente a las de débito. Las tarjetas de crédito están muy vinculadas a los vehículos de préstamo al consumo, una figura en la que la banca ha puesto el foco durante los últimos tiempos para sacar rédito de la mejora de la economía tras la pandemia. Según estas estadísticas, el 55% de las tarjetas en circulación son de débito.