La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto investigar a Alfonso Carlos Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario (464 habitantes, Cádiz) y senador socialista, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada también al PSOE, lo que podría constituir un delito de nombramiento ilegal. La Sala ha acordado “abrir causa” a raíz de una querella de la Fiscalía contra Moscoso, pero aún debe solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta y que este levante la inmunidad del senador.

En un auto firmado el pasado el pasado 1 de junio, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, algo que recoge también la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los jueces la pertenencia a un partido político.

La Sala del Tribunal Supremo recoge en su resolución que la persecución de este delito pretende “fortalecer la independencia del Poder Judicial”, incluidos los jueces de paz, “de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho”.

Querella de Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra Moscoso y su esposa el pasado mes de octubre, meses después de que la Fiscalía de Jerez recibiera una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía local remitió la denuncia a la del Supremo, por ser esta la que debe decidir si investiga a aforados.

Según esa denuncia, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo en la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz en noviembre de 2022. La convocatoria se publicó también en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero surtió poco efecto: nadie se presentó. Así que en vista de que ningún habitante del pueblo manifestaba su interés en ocupar dicho cargo, E.S.G., esposa del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud, de común acuerdo según los denunciantes.

La mujer presentó su candidatura para jueza de paz el 30 de marzo de 2023, y el Pleno la aprobó por unanimidad, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tampoco puso problemas: la Sala de Gobierno aprobó su nombramiento cuatro meses después. Según la Fiscalía, la mujer presentó al TSJA una declaración jurada en la que declaraba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de Jueza de Paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria.

En su querella, la Fiscalía concluye que hay indicios de que durante los casi dos años en que ejerció como jueza de paz E.S.G. asistió a los actos públicos del partido en el que milita, incluyendo mítines en la campaña electoral a las elecciones generales de 2023 en las que su marido se presentaba en la lista del Senado; hasta que el 2 de mayo del año pasado El Español publicó un reportaje con el siguiente titular: “El Senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada”. Ese mismo día, la mujer renunció al cargo, según la denuncia.

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar tanto al aforado Moscoso como a su esposa. El artículo 405 del Código Penal castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la “autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. El artículo 406 sanciona a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión (...) sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha rechazado que el trazado del AVE Madrid-Jaén vaya a plantearse en el eje de localidades como Alcázar de San Juan en Ciudad Real alegando razones “técnicas”.

El comentario se ha producido en el Senado y el ministro respondía así a la senadora del PP por Jaén Mariola Aranda, cuando preguntaba por el estado de las infraestructuras ferroviarias en la provincia andaluza.

Aranda, que es además teniente de alcalde del Ayuntamiento de Linares, no solo cuestionaba las inversiones ferroviarias en aquella provincia sino que reprochaba al ministro que fuese a Jaén “a presentar el bypass de Montoro como la gran solución a la alta velocidad”, en relación a la línea AVE Madrid-Jaén, que en su opinión no es tal solución.

“Nadie discute la alta velocidad, claro que la queremos, pero no aceptamos promesas que aplazan soluciones durante décadas”, decía la dirigente 'popular'. “Hablamos de una infraestructura compleja y de muy larga ejecución”, abundaba, con la que el Ministerio de Transportes, continuaba relatando “lleva más de cinco años para apenas 1,7 kilómetros del bypass de Almodóvar del Río”.

Era entonces cuando la senadora citaba la “alternativa” que están defendiendo hasta doce instituciones de Jaén, Toledo y Ciudad Real, muchas de ellas gobernadas por el PP (pero no solo), y que pasa por un trazado distinto.

“Existen alternativas viables que ya están sobre la mesa, como la opción norte por Mora-Alcázar de San Juan, una propuesta que permitiría conectar Jaén con Madrid en aproximadamente 2 horas y 48 minutos, reducir costes y mantener las conexiones actuales”, ha defendido.

“Usted aseguró que iban a seguir mejorando la línea convencional, pero un año después la realidad es contundente: no hay mejora en tiempo, no hay más trenes, no hay más frecuencia. Después de este abandono, lo que este gobierno está pidiendo a los jienenses no es paciencia, es resignación ante el aislamiento”, espetaba al ministro.

Ha sido entonces cuando Óscar Puente, en su turno de cierre, rechazaba el planteamiento de la 'popular'. “Dice usted que el bypass de Montoro no es la mejor solución técnica. Debo decirle que esa no es la solución que comparten los técnicos de ADIF. La mejor opción es la del bypass de Montoro, una solución que reduciría en 50 minutos las tres horas 42 que se tarda en este momento en ir desde Madrid hasta Jaén, dejándolo en apenas dos horas 50 minutos. Es una solución competitiva”.

Para el ministro, “lo primero” es hacer el estudio informativo para después licitar el proyecto y construir, aunque no será a través de lo que las plataformas ciudadanas, ayuntamientos y otros colectivos están reivindicando y que han dado en denominar 'el tren de la Mancha'.

Tras las palabras del ministro, la Plataforma en Defensa del Tren del Centro de la Mancha ha anunciado que seguirá defendiendo la “alternativa norte” para el AVE Madrid-Jaén por Alcázar de San Juan -Madridejos-Consuegra y Mora-Orgaz, estas últimas localidades en la provincia de Toledo. El portavoz José Damián García-Moreno ha anunciado que seguirán con nuevas acciones en próximos días y semanas para defender su posición.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha denunciado que el agitador ultra Vito Quiles comió, en el Senado, con dos senadores del PP de esta comunidad autónoma el pasado martes, justo un día antes de que mantuviera un incidente con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, a la salida de un bar. Un hecho que denunciará como agresión, según confirmaban a elDiario.es fuentes cercanas a Gómez, al considerar que Vito Quiles entró “en un local privado” del que no le dejaba salir y califican lo ocurrido de “acoso”.

Este jueves, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego Sergio Gutiérrez ha pedido al presidente del PP Paco Núñez que condene estos hechos “antidemocráticos” y que, por extensión, “pida explicaciones a sus dos senadores sobre qué hacían comiendo con un agitador”.

Gutiérrez no alude de forma expresa a ningún senador en concreto en una publicación en las redes sociales, pero se hace eco de la información difundida por el programa de TVE, Mañaneros 360, en la que se señala al que fuera presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto y al presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo.

“La evidencia de que dos senadores del PP de Castilla-La Mancha hayan comido con un agitador antes de un incidente lamentable de este con la mujer del presidente del Gobierno (a la que deberían respetar en sus derechos como persona) demuestra qué clase de Partido Popular tenemos en Castilla-La Mancha. El más radical de toda España”.

Este medio se ha puesto en contacto con el PP regional para conocer su versión de lo ocurrido, pero fuentes de la formación han declinado hacer comentarios al respecto.

El próximo alcalde de Soria, Javier Antón, colocado por Carlos Martínez, ha confirmado este viernes que mantendrá su cargo como senador porque es “compatible y positivo para la ciudad”, ya que garantiza “una relación directa” con el Gobierno de España, lo que supone “mayor facilidad” para conseguir proyectos de futuro para Soria.

Así lo ha confirmado Antón en su primer contacto con los medios de comunicación antes de tomar posesión de su cargo como alcalde de Soria, el próximo lunes 27 de abril, en un pleno extraordinario en el que también tomará el acta de concejal del Ayuntamiento, para lo que fue necesario que todos los ediles renunciaran a la alcaldía.

El candidato socialista ha explicado que este relevo responde a una “planificación ordenada”, cuyo primer objetivo era cumplir los plazos administrativos que conlleva un relevo de estas características.

Antón ha detallado que su designación ha seguido los cauces orgánicos del partido, desde la propuesta del grupo municipal hasta su ratificación en los órganos correspondientes.

Además, el futuro regidor ha querido dejar claro el carácter colectivo de la decisión, ya que “es el equipo el que ha tomado la decisión” y ha subrayado que cuenta con el respaldo de todos sus compañeros y compañeras.

Continuidad de un proyecto consolidado

El candidato ha enmarcado esta nueva etapa en la continuidad del proyecto desarrollado en los últimos años por el alcalde saliente, Carlos Martínez, quien dejó este cargo para tomar posesión de su acta de procurador autonómico, y ha confesado la “gran responsabilidad” que supone “sustituir a un alcalde durante 20 años consolidado con un liderazgo fuerte ”.

En este sentido, Antón ha asegurado que afronta este nuevo reto político “con gran orgullo” y con la ventaja de tener “proyectos rodados y un equipo con experiencia al frente”.

Por otro lado, también ha explicado que uno de los ejes de la nueva etapa será “la coordinación entre instituciones” para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad, para lo cual Antón ha subrayado la importancia de la presencia socialista en distintos niveles de gobierno.

“Ahora mismo no solamente cuento con los que tengo aquí a mi espalda, sino también con un delantero centro en donde se deciden las políticas que afectan a todas las ciudades de Castilla y León”, ha señalado en referencia a Carlos Martínez.

En este sentido, ha defendido la compatibilidad de su labor en el Senado como una oportunidad para Soria ya que, a su juicio, “va a permitir tener relación directa con el Gobierno y facilitar una agenda ministerial más ágil”, ha indicado.

Cercanía y gestión del día a día

Javier Antón ha puesto el acento en su forma de entender la gestión municipal, con la que pretende combinar grandes proyectos con la atención a los problemas cotidianos.

“Un ayuntamiento debe resolver proyectos muy ambiciosos pero también problemas que surgen de forma diaria”, ha asegurado Antón, quien ha recordado que lo que más le marcó en sus primeros años como concejal fue “ese contacto directo y constante con la ciudadanía y esa línea de acción inmediata” que quiere “reforzar y mantener”.

En este sentido, también se ha referido a algunos proyectos y ha señalado como prioritarios la culminación de la cesión del centro penitenciario para su transformación en un gran espacio ferial para la ciudad, el avance en la depuradora y su modelo tarifario, así como el impulso a infraestructuras clave y equipamientos estratégicos.

El PP ha vetado este jueves que el Senado se persone como parte perjudicada en la causa judicial que investiga el supuesto espionaje cometido por dos extrabajadores de la Cámara y que afectó tanto a parlamentarios como a personal interno. La derecha ha recurrido a su mayoría absoluta para rechazar en la Mesa del Senado una petición del PSOE para que la institución solicite su personación en la instrucción.

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha abierto una investigación tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid, que realizó pesquisas durante varios meses para concluir que existen indicios de delito.

La titular del juzgado, Luisa María Prieto Ramírez, ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos hace ahora un año, tal y como adelantó ayer elDiario.es.

El Senado tiene conocimiento de la denuncia de la Fiscalía al menos desde el pasado mes de febrero, cuando la Mesa de la institución (el órgano de gobierno interno). Ya entonces el PSOE reclamó que la propia Cámara solicitara su personación en la causa, pero la letrada mayor, Sara Sieira, aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión.

Sieira planteó al PSOE que podía dirigir un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debatiera la decisión política de personarse en la causa.

Ese debate se ha producido este jueves. El PSOE ha pedido que el Senado se persone en la causa, pero el PP ha tirado de mayoría absoluta para vetar la petición, pese a que la institución fue claramente perjudicada por la actuación de sus extrabajadores. De hecho, la versión oficial de la dirección de la Cámara es que ningún senador fue perjudicado, pero sí los ordenadores, equipos y documentos de organismos tan relevantes como la Secretaría General (que ejerce el mando administrativo de todo el Senado).

Fuentes del propio Senado ya anticiparon ayer a este medio que no había intención alguna de ser parte de la causa.

En un comunicado, el PSOE se pregunta “¿qué tiene que ocultar?” el PP. “¿Por qué no quiere formar parte de una investigación que afecta directamente a la seguridad de la Cámara?”, se cuestionan.

“Los senadores tienen derecho a conocer las diligencias de investigación con transparencia y el PP no debe bloquearlo con su mayoría absoluta”, añade el comunicado, que denuncia que el PP “se ha negado” a trasladar al PSOE “información” sobre la denuncia.

Desde la Presidencia del Senado que ocupa Pedro Rollán se asegura a elDiario.es que “la Cámara no tiene nada que ver” con lo ocurrido hace un año. “Se hizo un informe que decía que estos señores no habían tenido acceso a datos personales, a los ordenadores ni a ningún dispositivo” de los senadores. Por lo que “la decisión de la Mesa ha sido no personarse”.

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos del Senado el año pasado por acceder de forma ilegítima a equipos de parlamentarios y trabajadores de la Cámara Alta, según ha confirmado elDiario.es de fuentes jurídicas. Ambos deberán comparecer el próximo 24 de junio ante la jueza, quien abrió la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las citadas fuentes. La magistrada ha puesto en marcha el procedimiento a instancias de la Fiscalía, que presentó una denuncia el pasado 22 de enero por un presunto delito de descubrimiento de secretos tras investigar los hechos de forma reservada durante seis meses. El auto de apertura de diligencias por parte del juzgado está fechado el pasado 15 de abril.

El escándalo salió a la luz en mayo de 2025, cuando el Senado despidió a dos empleados por acceder sin permiso a ordenadores personales de parlamentarios y otros trabajadores. El PP, que domina la Cámara Alta con mayoría absoluta, intentó desmontar desde el principio las acusaciones de espionaje y trató de circunscribir la actuación de los dos informáticos, que están casados, al intento de asegurarse sendos ascensos en el escalafón interno.

Esa fue la conclusión que defendió el PP, apoyado en los informes de los servicios internos de la Cámara, con la letrada mayor, Sara Sieira, al frente. La Cámara Alta aseguró que los trabajadores no accedieron sin permiso al ordenador de ningún parlamentario y que solo obtuvieron “información específica sobre los procesos de promoción interna” en equipos de la Secretaría General. Pero la resolución definitiva del expediente sancionador que sirvió para despedir a ambos sí constata “accesos indebidos” de ambos “a los portafirmas” de otros empleados, de “diversos senadores” y de “la letrada mayor”.

Los técnicos informáticos, que formaban parte de la plantilla del Senado como personal laboral, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para tratar de anular el despido, ya que consideran que no existió infracción laboral alguna. Fuentes de su defensa aseguran que ese pleito todavía no se ha resuelto. 

La investigación interna tampoco justificó por qué los dos trabajadores habían accedido a equipos que poco o nada tenían que ver con el proceso de promoción interna abierto y para el que, supuestamente, querían obtener ventaja. De hecho, el director del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, dijo haber detectado accesos ilegítimos de ambos trabajadores desde marzo de 2024, pero el concurso se convocó en septiembre. Incluso aunque en el seno de la Cámara se supiera que se iba a poner en marcha el proceso, algo habitual, los méritos no se hubieran tenido que aportar hasta después de la convocatoria oficial. 

“Un alto riesgo”

La Mesa del Senado, a petición del PSOE, trasladó por unanimidad lo ocurrido a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos. El órgano administrativo cerró de plano las pesquisas porque, según explicó, el Senado tomó las medidas adecuadas para evitar que se replicara el ataque, y que este no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

La Fiscalía sí abrió una investigación para determinar si existía algún indicio, por leve que fuera, de la comisión de algún delito. En un escrito remitido en septiembre del año pasado al presidente del Senado, Pedro Rollán, se aseguraba que los “hechos podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”. Las pesquisas las dirigió la fiscal Eva Calafat, de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid. Se trata de una unidad especializada en las investigaciones criminales vinculadas a la ciberdelincuencia y a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet. 

La Fiscalía acabó judicializando los hechos y su denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 45 de Madrid que preside Luisa María Prieto Ramírez, quien abrió diligencias por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las fuentes consultadas. La denuncia de la Fiscalía se presentó el pasado mes de enero. El Senado fue informado y el asunto se debatió en la Mesa del 16 de febrero, según consta en el acta oficial de la reunión.

La secretaria general explicó que no se les había trasladado copia de la denuncia “porque el Senado no es parte en el proceso”. Ante las quejas de uno de los representantes socialistas, el secretario cuarto, Francisco Manuel Fajardo, Sieira aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión. En todo caso, Sieira planteó al PSOE que dirija un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debata si la Cámara debería personarse en la causa.

Fuentes del Senado aseguran a elDiario.es que la Cámara “no es parte ni está personado en la causa penal”. Y no lo quiere estar, salvo que la Mesa decida lo contrario. Desde el Senado apuntan que “la auditoría interna concluyó que no hubo ningún acceso a los ordenadores personales de los senadores ni a ningún dispositivo de estos”. “Tampoco existió ningún acceso ilícito a ninguna documentación ni portafirmas electrónico de senadores ni miembros del personal o personal al servicio de los grupos parlamentarios”, apuntan las mismas fuentes, pese a que los expedientes internos afirman lo contrario. “No hubo suplantación de la identidad de ningún senador, nadie utilizó los usuarios ni las claves de los Senadores para realizar ningún acceso ilícito”, concluyen las fuentes del Senado.

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la tramitación directa y en lectura única de la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlamento de Baleares para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

Esta forma de tramitación ha salido adelante con el único rechazo de Vox, la abstención del PP y UPN, mientras que el resto del Congreso ha votado a favor.

El contenido de esta reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio se debatirá y votará la próxima semana en el Pleno del Congreso, pero antes había que decidir la forma de tramitación, ya que se había pedido que sea en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

El Parlamento de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, por lo que el Pleno del Congreso de este martes ha debatido iniciar el camino para que las islas de Formentera e Ibiza tengan un senador cada una.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso de los Diputados para que Formentera se desvincule de Ibiza en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

Ya ocurre en Canarias

La propuesta del Parlamento de Baleares es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera “quedará demorada” hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que “queden reconocidas” de manera efectiva en el Senado “las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva”.

Asimismo, pretende “poner de manifiesto” el protagonismo de las islas para que una decisión como esa “se considere una buena reforma constitucional”, sentida “como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España”. De esta manera, la propuesta sigue su camino parlamentario en las Cortes Generales y los grupos podrán plantear diferentes enmiendas sobre otros temas.

Ya ocurrió algo similar cuando PSOE y PP registraron conjuntamente la propuesta principal para reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que buscaba actualizar el texto sobre las personas con discapacidad.

Sin embargo, hubo algunos grupos que buscaban aprovechar la tramitación de esta reforma de la Constitución para plantear enmiendas sobre otros asuntos, aunque finalmente no salieron adelante y la modificación constitucional se ciñó únicamente al artículo 49.

En esta ocasión, grupos como el PNV ya han presentado enmiendas relacionadas con otros asuntos, mientras que el PP busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

Tras semanas en el foco por sus negocios con uno de los empresarios detenidos en el caso Plus Ultra, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se sometió este lunes al escrutinio de los senadores. Durante casi cuatro horas, el que fuera jefe del Ejecutivo reivindicó su labor como consultor y admitió sus trabajos para ese empresario, Julio Martínez Martínez. También negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

“No soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, dijo Zapatero ante el intento del Partido Popular de caricaturizarle como “un lobbista de regímenes totalitarios”. “No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás”, había dicho en los primeros compases de su comparecencia, cuando negó cualquier relación con el rescate de esa compañía que, a su vez, tuvo contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. 

Sus explicaciones, en ocasiones acompañadas de documentos dejan, sin embargo, todavía algunos elementos inciertos. Por ejemplo, el hecho de que la cantidad que Martínez Martínez cobró de Plus Ultra es similar a la que, posteriormente, su empresa Análisis Relevante abonó a Zapatero por sus labores de consultoría. Zapatero admitió haber cobrado unos 420.000 euros brutos entre 2020 y 2025 de esa compañía, que también contrató a sus hijas para que realizaran labores de comunicación y marketing. En el mismo periodo, el empresario ingresó casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. Todo ello, a través de una empresa sin empleados. 

El expresidente admitió que sabía que su amigo tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó en numerosas ocasiones que él tuviera vinculación alguna con la aerolínea. “Es una especulación, una conjetura, una hipótesis”, afirmó Zapatero, que reiteró que sus trabajos de consultoría nada tenían que ver con Plus Ultra. El expresidente también se afanó en defender esos trabajos antes los ataques del PP, que aseguró que la empresa a la que le facturaba como consultor era una sociedad fantasma y que sus informes eran “una estafa”. 

Los informes de consultoría para Análisis Relevante eran redactados de forma conjunta con Sergio Sánchez, quien fue asesor del CNI entre 2009 y 2018 y hoy ocupa un cargo directivo en Movistar+. Sánchez, que tenía el 25% de la sociedad cuando se constituyó en 2020, facturó unos 18.000 euros por esos trabajos, que ha cifrado en un total de 15.

A preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Zapatero rechazó dar cifras y admitió que esos trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales” y que se nutrían de “fuentes abiertas”. “La tarea es mucho más amplia que hacer informes escritos. Es establecer perspectiva, diálogos, seminarios, webinars… Es una tarea amplia que exige un conocimiento”, trató de justificar. También defendió que la contratación de What the fav, la empresa de sus hijas, fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. 

La parte del interrogatorio en la que se mostró visiblemente más incómodo fue justo al final de la comparecencia, cuando el senador del PP quiso llegar hasta el fondo de su relación con esa empresa. Martínez-Maíllo acusó a Zapatero de estar en la “génesis” de la creación de esa sociedad, que definió como una simple “empresa instrumental” para cobrar de la rescatada Plus Ultra: “¿Usted sabía que el único cliente de Análisis Relevante era Plus Ultra? ¿Sabía que no tenía empleados? ¿Sabía que sus dos únicos proveedores eran usted y su empresa familiar?”.

Zapatero negó que fuera una “sociedad interpuesta” y también haber participado en su creación, aunque sí admitió que le comentaron la “posibilidad” de crearla, para regocijo del senador del PP, que buscó en todo momento sembrar sospechas sobre esa compañía haciendo alusión a elementos que como la sede estaba en el domicilio de Julio Martínez Martínez o la ausencia de otros clientes o trabajadores. “Lo único que es evidente es que cuando se consolida el proyecto, cuando se registra o se acuerda por los socios, es cuando yo digo que estoy dispuesto a participar”, trató de argumentar después. 

“Mediador” en Venezuela

Durante la comparecencia, Zapatero también reivindicó su papel como “mediador” en Venezuela entre los años 2016 y 2020. Dio explicaciones pormenorizadas de los viajes realizados al país en ese período y explicó que fue llamado por la oposición al régimen de Nicolás Maduro y que siempre trabajó “pro bono”. Recordó, por ejemplo, su participación “directa o indirecta” en la liberación de más de un centenar de presos. 

Sin embargo, también admitió haber “facilitado” que el expresidente de Venezuela recibiera al empresario Javier Hidalgo, que estaba interesado en el pago de una deuda de 200 millones que el Gobierno de Caracas mantenía con la aerolínea Air Europa por la venta de billetes. El expresidente del Gobierno defendió que fue Hidalgo quien le llamó y que propició que se produjera esa reunión “a cambio de nada, para apoyar a una empresa española”. “Ni se habló de comisiones, por favor”, insistió. 

Durante la comisión también salió a colación el nombre del comisionista poliimputado Víctor de Aldama, con quien Zapatero admitió haber coincidido apenas “una hora y cuarto” en un avión contratado por el Gobierno venezolano que hacía la ruta Caracas-República Dominicana. 

“Yo estaba en Venezuela, en Miraflores, en la Presidencia, y me dijeron: ‘¿Presidente, tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español que está aquí hasta República Dominicana?’ Y dije: ‘No, por supuesto’. Fui con él en avión, ni me acuerdo de qué hablé con él. No le he vuelto a ver, no he tenido relación ninguna con él. Cero”, dijo Zapatero sobre el empresario, un corrupto confeso que sobornó con dinero y casas de vacaciones a quienes le enriquecieron con contratos públicos: el exministro Jose Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

El PP no lo llevará a los tribunales

A pesar de las graves acusaciones lanzadas por los populares en el Senado, que llegaron a asegurar que Zapatero “está pringado hasta el cuello” y que “se ha convertido en un lobbista de regímenes totalitarios”, desde la dirección de la calle Génova no tienen pensado llevar a los tribunales a Zapatero por su supuesto papel en el rescate de Plus Ultra. 

“Zapatero será recordado como el expresidente del Gobierno que se valió de su condición para hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles y para rescatar a una compañía aérea”, afirmó la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez. “No ha despejado ninguna de las dudas que estaban encima de la mesa y al contrario, lo que ha hecho ha sido alentarlas”, añadió. Preguntada por si piensan denunciar al expresidente, Fúnez zanjó: “Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial no se ha tomado ninguna decisión”.

El PSOE, mientras, cierra filas con Zapatero. La dirección de los socialistas salió en defensa del expresidente inmediatamente después de acabar su comparecencia. “Talento y talante”, destacaron en un comunicado sobre su actuación en la comisión de investigación que, a su juicio, se les está “indigestando” a los populares. “Frente al ruido, serenidad. Frente al bulo, argumentos. Frente a la provocación, institucionalidad”, proseguía ese mismo comunicado. 

Pero en Ferraz dejan sin responder las preguntas sobre las lagunas en el relato del expresidente. En plena campaña electoral en Castilla y León, la consigna es clara: defender a Zapatero y arremeter contra el PP. Cuesta encontrar voces que lo cuestionen y, en todo caso, están alejadas de la dirección.

El PSOE, además, va a dejar claro su respaldo al expresidente del Gobierno y la decisión es recuperarlo para esa campaña, donde ya tiene confirmado un acto este próximo viernes. “No creo que la comisión de investigación y la comparecencia de Zapatero signifiquen ni un diputado más ni uno menos en Castilla y León. No vamos a ganar ni a perder. El que sale peor parado es Feijóo, porque se precipita”, señala un destacado dirigente, que considera que los ataques de la derecha a Zapatero se incrementaron a raíz de su involucración en la campaña de 2023: “No le perdonan que se implicara tanto”, apostilla.

En su alegato final, Zapatero defendió su honorabilidad hasta el punto de recordar que es “el único presidente del Gobierno” que no ha tenido escándalos de corrupción durante su mandato. “Hace 14 años que dejé la vida pública y toda mi trayectoria ha estado marcada por la decencia y la integridad. Son ustedes los que tienen que demostrar sus injurias y sus calumnias y no lo pueden demostrar, porque no tienen nada”, concluyó el expresidente, que otorgó a su citación en la comisión de investigación del Senado un carácter exclusivamente electoralista que solo busca, aseguró, perjudicar su figura para así dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la aerolínea Plus Ultra defendió este miércoles en una intervención de seis minutos en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que “no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma, no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en el rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Gobierno en 2021.

“Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada”, afirmó Julio Martínez Sola, que está siendo investigado en el marco de una causa bajo secreto que trata de determinar si desde la aerolínea rescatada se blanqueó dinero “ilícito” procedente de Venezuela.

Tras esa primera intervención, el empresario alegó que está siendo investigado y rechazó responder a las preguntas de los senadores. “El hecho de estar sometido a procedimiento judicial bajo secreto me obliga a acogerme al derecho a no declarar”, aseveró. Martínez Sola fue detenido el pasado diciembre, cuando los agentes de la Policía Nacional registraron su domicilio y las oficinas de la compañía.

Así, el empresario obvió las preguntas de los senadores. Entre ellas, las relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que cobró miles de euros por trabajos de consultoría de una empresa —Análisis Relevante— que trabajó para Plus Ultra y que ha acabado salpicada en esta misma causa. Análisis Relevante está administrada por Julio Martínez Martínez, amigo del que fuera jefe del Ejecutivo.

“¿Por qué echaron mano de Zapatero (...) para que el Gobierno de España rescatase a la compañía y no lo hicieron a través de esos potentes socios de Venezuela para que fuese rescatada por el régimen de Maduro, por qué no le ayudó el Gobierno de Maduro?”, le preguntó la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez. “¿Ha colaborado alguna vez el señor Zapatero con Plus Ultra? ¿Ha estado en alguna reunión con ustedes?”, insistió después ante el silencio de Martínez Sola.

Durante su intervención, el senador del PP Gerardo Camps acusó a Martínez Sola de “desnaturalizar” el contenido de la comisión por su negativa a responder las preguntas. “Usted tiene derecho a no contestar a aquello que pudiera perjudicarle penalmente. Pero el control parlamentario no consiste en escuchar un relato unilateral, consiste en contrastar (...). Hay muchas cuestiones que no le incriminan, que no comprometen su defensa procesal”, afirmó.

“Uso indebido” del rescate

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional en octubre de 2024 por el “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en la pandemia al considerar que al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela.

Esa denuncia no fue admitida porque los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión y estableció que la competencia correspondía al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos. 

La causa, que está bajo secreto, se está tramitando ahora en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Es el mismo juzgado investigó el rescate pero acabó archivando la investigación en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

Formentera ha fet aquest dimarts un pas clau per corregir una anomalia que arrossega des de fa gairebé dues dècades. El Congrés dels Diputats ha debatut una proposició de reforma de l’article 69.3 de la Constitució perquè l’illa pugui escollir, finalment, un senador propi. La iniciativa, impulsada des del Parlament balear i avalada per una amplíssima majoria de forces polítiques estatals, vol posar fi al que els seus defensors qualifiquen d’“injustícia territorial” i de “dèficit democràtic” únic a tot l’Estat.

Ha estat el senador per Eivissa i Formentera integrat en el grup parlamentari de l’Esquerra Confederal —Eivissa i Formentera al Senat, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera i Geroa Bai—, Juanjo Ferrer, qui ha pres la paraula a la cambra baixa per proposar la modificació de la Carta Magna amb l’objectiu que la menor de les Pitiüses pugui comptar amb un senador propi que li permeti desvincular-se del ‘tàndem’ electoral que actualment conforma amb Eivissa.

Per la seva banda, Llorenç Córdoba, diputat independent del Parlament balear i expresident de Formentera, ha recordat que l’illa compta des de 2007 amb un Consell Insular propi, amb capacitat plena per gestionar els interessos dels seus ciutadans, però que, en canvi, no es veu plenament representada a la cambra territorial. Formentera és, de fet, l’única de les illes dels arxipèlags balear i canari —amb Consell Insular o Cabildo— que no té un senador propi, tal com ja va informar elDiario.es. En paraules de Córdoba, es tracta d’una “anomalia constitucional”, com van repetint altres càrrecs públics. La reforma també compta amb el suport de representants de l’arxipèlag canari, així com d’altres regions de l’Estat.

Córdoba, únic diputat de Formentera a la cambra balear, ha insistit que no es tracta d’un debat “partidista ni sobiranista”, ni tampoc d’un “debat entre illes”, sinó d’una actualització raonable del disseny constitucional perquè Formentera deixi de ser l’únic territori insular amb Consell —o Cabildo— sense representació al Senat. La representació formenterera és imprescindible al Senat, consideren, perquè la pitiüsa del sud pugui expressar les seves necessitats pròpies en matèria d’infraestructures, serveis públics o política turística.

Així, el representant conservador ha recordat les dificultats que té l’illa pel que fa a la connectivitat marítima; l’alta pressió estacional; la necessitat de protecció del litoral; els sobrecostos per la triple insularitat i el “dèficit” de serveis públics per la manca de treballadors. Factors pels quals és encara “més fonamental” una representació estatal que pugui “lluitar pels interessos de l’illa balear”. Cristina Gil, diputada del PP al Parlament, ha afirmat que la reforma suposaria un fet “històric”. Tot i la tradició institucional compartida entre ambdues illes, també ha donat suport a la reivindicació històrica de Formentera.

Una majoria favorable

L’any 2004, l’extint Ajuntament de Formentera —l’actual Consell Insular de l’illa inclou les competències municipals— va acordar, per unanimitat, que l’illa pogués escollir com a circumscripció electoral pròpia un senador. Tanmateix, el consistori no té competències per aprovar aquesta reforma, i només pot elevar aquesta proposició a organismes superiors. Tres anys després, el 2007, es va reformar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, mitjançant el qual es va crear el Consell Insular. “És just que Formentera pugui portar a la cambra alta amb veu pròpia la seva realitat”, ha afirmat Gil. Per aquests motius, la diputada conservadora ha demanat l’actualització del text constitucional, amb l’objectiu que es compleixi el principi d’“igualació territorial”, previst a l’article 138 de la Carta Magna.

En tercer lloc, en representació del PSIB-PSOE, ha intervingut Pilar Costa, exsenadora i actual diputada socialista al Parlament. “Aquesta iniciativa concreta va ser presentada al Parlament pel Partit Socialista i per Gent per Formentera —formació progressista d’àmbit insular— i ha tingut un suport unànime per part de totes les forces polítiques”, ha dit Costa. “I ara la ratificarem amb tots els partits excepte un”, ha assenyalat, en referència a Vox.

En aquest sentit, ha aprofundit en el fet que resulta “incomprensible” que la pitiüsa del sud sigui l’única illa “de tot el país” sense una circumscripció territorial pròpia. Costa ha dedicat la seva intervenció a Isidor Torres, el primer oriünd de Formentera que va representar les dues Pitiüses. L’actual senador, Juanjo Ferrer —que deixarà d’aquí a uns mesos el seu escó a la suplent de Formentera, Neus Massanet—, espera que amb aquesta tramitació Formentera pugui escollir el seu propi representant a la cambra territorial a partir de les eleccions de 2027, sempre que no hi hagi un avançament electoral.

Després de la intervenció de la diputada socialista, Noemí Santana (Podem), diputada per Las Palmas del Grup Parlamentari Mixt, ha expressat el seu suport a la reforma, que ha considerat “no una demanda identitària sinó una qüestió de democràcia”. Així, ha traçat un paral·lelisme amb el seu propi arxipèlag, fent referència als “costos estructurals”, que són “molt superiors” als de la resta de l’Estat; a la fragmentació del territori i a les “especificitats” de cada illa, que ha considerat necessari valorar. En aquest sentit, s’ha referit a l’illa de la Graciosa, que es diferencia de Formentera en el fet que encara no disposa de cabildo i que, per tant, depèn administrativament de Lanzarote.

El Partit Nacionalista Basc (PNB), Junts per Catalunya i el Grup Republicà també han aprovat favorablement la proposició. El portaveu de Junts, Josep Pagès i Massó, ha defensat com a “indiscutible” el fet de traslladar la singularitat de Formentera al Senat.

Per la seva banda, la diputada per Barcelona Teresa Jordà i Roura (ERC) ha justificat el seu vot favorable assenyalant que, a més de l’autogovern, Formentera té més població que altres circumscripcions que sí que disposen de senador propi. A més, ha sol·licitat que la disposició final de la reforma estableixi que el text es publiqui en totes les llengües de l’Estat.

El Grup Plurinacional Sumar, representat per Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca), que va estar quatre anys al Senat, també ha donat suport a la reforma. Vidal ha expressat que la modificació és “necessària” perquè Formentera tingui un diputat que “els representi directament i es preocupi exclusivament per les seves realitats”.

El diputat ha recordat les quatre modificacions de la Constitució al llarg de la seva història: l’entrada al conveni de Maastricht el 1992, que va permetre votar a ciutadans sense la nacionalitat espanyola; la del 2009, mitjançant la qual es va prioritzar el deute davant els drets de les persones; la del 2024, en què s’estableix que les persones amb diversitat funcional no són menys vàlides; i aquesta seria la quarta.

Vox, l’únic en contra

A continuació ha intervingut el diputat de Vox per les Balears Jorge Campos Asensi. El grup d’ultradreta és l’únic que ha votat en contra de la reforma, tot i reconèixer que Formentera compleix els requisits institucionals. Campos ha recordat que la proposició ha estat impulsada pels “mateixos partits d’esquerres que agreugen amb les seves polítiques els problemes” de l’illa, com ara la deficient connectivitat del transport, els recursos públics insuficients o la impossibilitat d’accedir a un habitatge. El diputat de Vox també ha carregat contra les persones migrants, a les quals responsabilitza de la saturació dels serveis públics formenterers i de crear “inseguretat”.

D’altra banda, Milena Herrera, diputada eivissenca del PSOE, ha mostrat el suport dels socialistes a la proposició i ha lamentat que fins ara la pitiüsa del sud s’hagi vist obligada a demostrar la seva “majoria d’edat política”, així com el fet que l’illa hagi arrossegat fins ara una “anomalia institucional” i un “dèficit democràtic”. L’últim a intervenir ha estat el diputat per les Balears i portaveu del Grup Popular, José Vicente Marí Bosó, que ha reclamat que la reforma constitucional se centri en la voluntat dels ciutadans de Formentera i no en “interessos partidistes”. A més, ha recordat que el PP ha donat suport “sempre” a la seva autonomia política.

El diputat, també president del PP d’Eivissa, ha situat el debat en un moment de tensions sobre la Constitució i ha demanat consensos amplis per a qualsevol canvi. Finalment, ha sol·licitat no frustrar una iniciativa que considera justa. Al ple hi han assistit membres tant del Consell de Formentera com del Parlament balear, entre ells la suplent a la candidatura d’Eivissa i Formentera al Senat, Neus Massanet; l’exsenador Rafa Ramírez; el també socialista Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, i l’actual president del Consell de Formentera, Óscar Portas. També hi ha assistit el periodista Carmelo Convalia, que va informar durant anys sobre la petició de reforma constitucional en la seva cobertura a l’illa de Formentera.

L’origen del disseny actual

L’illa arrossega aquesta anomalia històrica des de l’any 2007, quan es va crear el Consell Insular de Formentera. Anteriorment, només comptava amb un ajuntament com a institució local pròpia. La reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb Francesc Antich (PSIB-PSOE) com a president del Govern, va separar el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dues institucions diferenciades: el Consell d’Eivissa, d’una banda, i el Consell de Formentera, de l’altra. Formentera té una altra singularitat única que la diferencia de la resta d’illes espanyoles: és l’única que unifica en una sola institució les competències d’un ajuntament i les pròpies del Consell Insular.

Però, aleshores, per què Formentera no té un senador propi mentre que la resta d’illes sí que en tenen? La resposta es troba al tercer punt de l’article 69 de la Constitució. “A les províncies insulars, cada illa o agrupació d’elles, amb cabildo o consell insular, constituirà una circumscripció a efectes de l’elecció de senadors, corresponent-ne tres a cadascuna de les illes majors —Gran Canària, Mallorca i Tenerife— i un a cadascuna de les illes o agrupacions següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma”, afirma la Carta Magna. Es va redactar així, possiblement, perquè l’any 1978 no es preveia que Formentera avancés tant en el seu autogovern. És a dir, Eivissa i Formentera es van unificar en una agrupació perquè el 1978 no existia el Consell Insular de Formentera.

“L’Estatut es va reformar el 2007 i això implicava que la Constitució quedava una mica obsoleta”, va explicar a elDiario.es Guillermo Bezzina, politòleg de Passes Perdudes. En aquest sentit, Bezzina considera que, pel que fa a l’organització territorial, la Carta Magna està “molt inacabada” perquè “no hi va haver un acord sobre com havia de ser, tot i que sí que hi ha un mínim comú denominador que és el que diu la Constitució”. Així, el politòleg apunta que el títol VIII, pel que fa a l’organització territorial, “no acaba de definir gaire bé en quin tipus d’Estat vivim, si és un Estat autonòmic, a mig camí entre un Estat federal o descentralitzat”. “La Constitució, per exemple, no fa un llistat d’autonomies”, concreta.

Formentera ha dado este martes un paso clave para corregir una anomalía que arrastra desde hace casi dos décadas. El Congreso de los Diputados ha debatido una proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución para que la isla pueda elegir, por fin, un senador propio. La iniciativa, impulsada desde el Parlament balear y respaldada por una amplísima mayoría de fuerzas políticas estatales, busca poner fin a lo que sus defensores califican de “injusticia territorial” y “déficit democrático” único en todo el Estado.

Ha sido el senador por Eivissa y Formentera integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda Confederal -Eivissa i Formentera al Senat, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai-, Juanjo Ferrer, quien ha tomado la palabra en la Cámara Baja para proponer la modificación de la Carta Magna con el objetivo de que la menor de las Pitiüses pueda contar con un senador propìo que le permita de desvincularse del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Eivissa.

Por su parte, Llorenç Córdoba, diputado independiente del Parlament balear y expresidente de Formentera, ha recordado que la isla cuenta desde 2007 con un Consell Insular propio, con capacidad plena para gestionar los intereses de sus ciudadanos pero, en cambio, no se ve plenamente representada en la cámara territorial. Formentera es, de hecho, la única de las islas de los archipiélagos balear y canario –con Consell Insular o Cabildo– que no tiene un senador propio, como ya informó elDiario.es. En palabras de Córdoba, se trata de una “anomalía constitucional”, como vienen repitiendo otros cargos públicos. La reforma también cuenta con el respaldo de representantes del archipiélago canario, así como de otras regiones del Estado.

Córdoba, único diputado de Formentera en la Cámara balear, ha insistido en que no se trata de un debate “partidista ni soberanista”, ni tampoco de un “debate entre islas”, sino de una una actualización razonable en el diseño constitucional para que Formentera deje de ser el único territorio insular con Consell –o Cabildo– sin representación en el Senado. La representación formenterera es imprescindible en el Senado, consideran, para que la pitiusa del sur pueda manifestar sus necesidades propias en materia de infraestructuras, servicios públicos o política turística.

Así, el representante conservador ha recordado las dificultades que tiene la isla respecto a la conectividad marítima; la alta presión estacional; la necesidad de protección del litoral; sobrecostes por la triple insularidad y el “déficit” de servicios públicos por la falta de trabajadores. Factores por los que es todavía “más fundamental” una representación estatal que pueda “luchar por los intereses de la isla balear”, ha considerado. Cristina Gil, diputada del PP en el Parlament, ha afirmado que la reforma implicaría un hecho “histórico”. Pese a la tradición institucional compartida entre ambas islas, también ha apoyado la reivindicación histórica de Formentera.

Una mayoría favorable

En 2004, el extinto Ayuntamiento de Formentera –el actual Consell Insular de la isla incluye las competencias municipales– acordó, por unanimidad, que la isla pudiera elegir como circunscripción electoral propia un senador. Sin embargo, el Consistorio no tiene competencias para aprobar tal reforma, y solo puede elevar a organismos superiores tal proposición. Tres años después, en 2007, se reformó el Estatut de las Illes Balears, mediante el cual se creó el Consell Insular. “Es justo que Formentera pueda llevar a la Cámara Alta con voz propia su realidad”, ha aseverado Gil. Por estas razones, la diputada conservadora ha pedido la actualización del texto constitucional, con el objetivo de que se cumpla con el principio de “igualación territorial”, previsto en el artículo 138 de la Carta Magna.

En tercer lugar, en representación del PSIB-PSOE, ha intervenido Pilar Costa, exsenadora y actual diputada socialista en el Parlament. “Esta iniciativa concreta fue presentada en el Parlament por el Partido Socialista y por Gent per Formentera –formación progresista de ámbito insular– y ha tenido un apoyo unánime por parte de todos las fuerzas políticas”, ha dicho Costa. “Y ahora la vamos a ratificar con todos los partidos excepto uno”, ha señalado, en referencia a Vox.

En este sentido, ha ahondando en que resulta “incomprensible” que la Pitiusa del sur sea la única isla “de todo el país” sin una circunscripción territorial propia. Costa ha dedicado su intervención a Isidor Torres, el primer oriundo de Formentera que representó a las dos Pitiusas. El actual senador, Juanjo Ferrer –dejará en unos meses su escaño a la suplente de Formentera, Neus Massanet– espera que con esta tramitación Formentera pueda escoger su propio representante en la cámara territorial, a partir de las elecciones de 2027, suponiendo que no haya un adelanto electoral.

Tras la intervención de la diputada socialista, Noemi Santana (Podemos), diputada por Las Palmas del Grupo Parlamentario Mixto, ha expresado su apoyo a la reforma que ha considerado “no una demanda identitaria sino una cuestión de democracia”. Así, ha dibujado un paralelismo con su propio archipiélago, haciendo referencia “a los costes estructurales” que son “mucho mayores” que en el resto del Estado; a la fragmentación del territorio y a las “especificidades” de cada isla, que ha considerado necesario poner en valor. En este sentido, se ha referido a la isla de la Graciosa, que se diferencia de Formentera en que la misma aún no dispone de cabildo y que, por tanto, depende administrativamente de Lanzarote.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts per Catalunya y el Grupo Republicano también han aprobado favorablemente la proposición. El portavoz de Junts, Josep Pagès i Massó ha defendido como “indiscutible” el hecho de trasladar la singularidad de Formentera al Senado.

Por su parte, la diputada por Barcelona, Teresa Jordá i Roura (ERC), ha justificado su voto favorable a que, además de un autogobierno, Formentera cuenta con más población que otras circunscripciones que sí tienen senador propio. Además, ha solicitado que la disposición final de la reforma establezca que el texto se publique en todas las lenguas el Estado.

El Grupo Plurinacional Sumar, representado por Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca), quien estuvo cuatro años en el Senado, ha apoyado asimismo la reforma. Vidal ha expresado que la modificación es “necesaria” para que Formentera tenga un diputado que “les represente directamente y se preocupe exclusivamente por sus realidades”.

El diputado ha recordado las cuatro modificaciones de la Constitución en toda su historia: la entrada en el convenio de Maastricht en 1992 y que permitió votar a ciudadanos sin la nacionalidad española; la del 2009 mediante la que se prioriza la deuda ante el derecho de las personas; la aprobada en el 2024 en el que se establece que las personas con diversidad funcional no son menos válidas y esta sería la cuarta.

Vox, el único en contra

A continuación ha intervenido el diputado de Vox por Balears Jorge Campos Asensi. El grupo ultraderechista es el único que ha votado en contra de la reforma a pesar de que Formentera cumple con los requisitos institucionales, ha reconocido. Campos ha recordado que la proposición ha sido impulsada por los “mismos partidos de izquierdas que agravan con sus políticas los problemas” de la isla, como la deficiente conectividad del transporte, los recursos públicos insuficientes o la imposibilidad de acceso a una vivienda. El diputado de Vox ha arremetido también contra los migrantes, a quienes responsabiliza de la saturación de los servicios públicos formenterenses y de crear “inseguridad”.

Por otro lado, Milena Herrera, diputada ibicenca por el PSOE, ha mostrado el apoyo de los socialistas a la proposición y ha lamentado que hasta ahora la Pitiusa del sur se haya visto obligada a demostrar su “mayoría de edad política”, así como el hecho de que la isla haya arrastrado hasta ahora una “anomalía institucional” y un “déficit democrático”. El último en intervenir ha sido el diputado por Balears y portavoz del Grupo Popular, José Vicente Marí Bosó, que ha reclamado que la reforma constitucional se centre en la voluntad de los ciudadanos de Formentera y no en “intereses partidistas”. Además, ha recordado que el PP ha respaldado “siempre” su autonomía política.

El diputado, también presidente del PP de Eivissa, ha situado el debate en un momento de tensiones sobre la Constitución y ha pedido consensos amplios para cualquier cambio. Por último, ha solicitado no frustrar una iniciativa que considera justa. Al pleno han acudido miembros tanto del Consell de Formentera como del Parlament balear, entre ellos, la suplente en la candidatura de Eivissa y Formentera en el Senado, Neus Massanet; el exsenador Rafa Ramírez; el también socialista Josep Marí Ribas 'Agustinet' y el actual presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. También ha asistido el periodista Carmelo Convalia, que ha informado sobre la petición de reforma constitucional durante sus años de cobertura en la isla de Formentera.

El origen del diseño actual

La isla lleva arrastrando esta anomalía histórica desde el año 2007, cuando se creó el Consell Insular de Formentera. Anteriormente, únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut d’Autonomia, con Francesc Antich (PSIB-PSOE) como presidente del Govern, separó el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dos instituciones separadas: Consell d’Eivissa, por un lado, y Consell de Formentera, por otro. Formentera tiene otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.

Pero entonces, ¿por qué Formentera no tiene un senador propio mientras que el resto de islas sí que lo tiene? La respuesta está en el tercer punto del artículo 69 de la Constitución. “En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma”, afirma la Carta Magna. Se redactó así, posiblemente, porque en 1978 no se vislumbraba la posibilidad de que Formentera avanzara tanto en su autogobierno. Es decir, Eivissa y Formentera se unificaron en una agrupación porque en 1978 no existía el Consell Insular de Formentera.

“El Estatut se reformó en 2007 y esto implicaba que la Constitución quedaba un poco obsoleta”, explicó a elDiario.es Guillermo Bezzina, politólogo de Passes Perdudes. En este sentido, Bezzina considera que, en cuanto a organización territorial, la Carta Marga está “muy inacabada” porque “no hubo un acuerdo de cómo debía ser, aunque sí hay un mínimo común denominador que es lo que dice la Constitución”. Así, el politólogo apunta a que el título VIII, respecto a la organización territorial, “no acaba de definir muy bien en qué tipo de Estado vivimos, si es un Estado autonómico, a medio camino entre el Estado federal o descentralizado”. “La Constitución, por ejemplo, no hace un listado de autonomías”, especifica.

La presidenta de Navarra, María Chivite, repesca a Javier Remírez como vicepresidente para lo que resta de legislatura. Este movimiento forma parte de la remodelación del Ejecutivo que la presidenta ha gestado en las últimas horas en el ala socialista de su Gobierno, una coalición del PSN con Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). Una remodelación de calado que incluye la salida de su actual vicepresidente y hombre fuerte en el Gobierno, Félix Taberna, y la de la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López.

Chivite ha aseverado que los cambios en su Gobierno responden a una necesidad de “imprimir un mayor perfil político” al Ejecutivo en lo que resta de legislatura y no a “cuestiones de gestión” o relacionadas con el 'caso Cerdán'. Así ha negado una pérdida de confianza en Félix Taberna, quien había sido su mano derecha en el Gobierno. “Entiendo que interesen mucho las intrigas palaciegas, pero eso que se ha contado de que [Taberna] era la opinión crítica del Gobierno en todo caso se le debería preguntar a él, pero no es así”, ha asegurado. Y ha añadido: “Nadie viene al Gobierno a estar cómodo, se viene a tomar decisiones y en muchos casos, como la decisión que me ha tocado tomar, no son decisiones fáciles”.

Se da la circunstancia de que Javier Remírez, quien había sido vicepresidente primero del Gobierno foral la pasada legislatura (2019-2023), fue reemplazado precisamente por Félix Taberna tras las elecciones del 2023 para el segundo mandado de Chivite. Taberna, que durante los primeros años de Chivite en el Palacio de Navarra había ejercido como asesor de la presidenta dio el salto a la primera línea de la política para reemplazar a Remírez, que pasó al Senado. Remírez será, además de vicepresidente, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo. Para ello deberá dejar su acta en el Senado por tratarse de cargos que son incompatibles. Su lugar en la Cámara Alta lo ocupará el socialista Sergio Barasoain.

Durante su etapa como vicepresidente, Remírez también estuvo al frente de la cartera de Interior y Función Pública, así como de la portavocía del Ejecutivo, funciones que esta legislatura han correspondido a la guipuzcoana Amparo López. El todavía senador por Navarra tuvo que afrontar importantes crisis como consejero de Interior, como la de los incendios que calcinaron la comunidad foral en junio de 2022 o las inundaciones que afectaron a gran parte de Navarra en 2021. También le tocó iniciar los trabajos para la asunción por parte de Navarra de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial, ahora compartidas entre la Policía Foral y la Guardia Civil.

En el Senado, Remírez ha sido en varias ocasiones el encargado de interrogar por parte del PSOE a los comparecientes de la comisión del 'caso Koldo'. Durante sus intervenciones, el ahora nuevo vicepresidente navarro se ha esforzado en defender la “honorabilidad” de los Gobiernos central y foral, llegando incluso a defender la “honestidad” del exdirectivo de la SEPI Vicente Fernández, investigado por la Audiencia Nacional y que fue detenido en diciembre por la Guardia Civil.

También entra en el Gobierno Inmaculada Jurío como nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia. Jurío trabaja en la actualidad en la Delegación del Gobierno en la comunidad foral y hasta hace unos meses era parlamentaria socialista en el Legislativo navarro. Chivite también ha anunciado el nombramiento de Miriam Martón como directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, dejando así su actual cargo como directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, puesto para el que Chivite ha propuesto a María Esther Fernández.

Los cambios en el Gobierno llegan en plena crisis del 'caso Cerdán', que ha salpicado al Ejecutivo navarro, que adjudicó al menos siete contratos de obra pública a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por ser la mercantil que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones.

Se producen además pocas semanas después de que Chivite consiguiera resolver la mayor crisis surgida entre los socios desde que llegó al Palacio foral en 2019. Surgió a raíz de un reparo suspensivo de la Intervención del Gobierno a un sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra de desdoblamiento del túnel de Belate al considerar que no estaba justificado. El reparo generó una brecha con Geroa Bai y Contigo/Zurekin, que elevaron el tono y exigieron a Chivite responsabilidades políticas por una “pérdida de confianza”. La presidenta finalmente cedió y destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Fuentes del Gobierno indican que la presidenta aspiraba a que los socios compartieran la necesidad de hacer más amplia la renovación a poco más de un año para las elecciones, pero todo apunta a que la cirugía se mantendrá en el ala socialista. Fuentes del PNV explican que no habrá cambios en Geroa Bai, con cuatro carteras. “No es una cuestión que hayan trasladado los socios”, ha apuntado Chivite, que ha afirmado que “respeta” su decisión de no acometer cambios en sus carteras. También ha señalado que ni Geroa Bai ni Contigo/Zurekin le han reclamado la destitución del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, a quien acusaron de haberles “mentido” con los motivos para la autorización al sobrecoste de la obra de Belate que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo cualquier implicación en tramas de corrupción. En la declaración, en la que se ha acogido parcialmente a su derecho a no declarar, ha rechazado ser socio de la constructora Servinabar, ha cuestionado la veracidad de los audios que le incriminan y se ha mostrado como víctima de una persecución “propia de la Inquisición”.

También ha asegurado que no intervino en adjudicaciones públicas. Por contra, ha evitado responder sobre el presidente del Gobierno y sobre detalles más concretos de las pesquisas que mantiene abiertas el Tribunal Supremo y que lo llevaron a prisión durante casi cinco meses. Y ha defendido su inocencia, al atribuir su situación al contexto político de las negociaciones con Junts y Bildu.

En los primeros pasajes del interrogatorio ha negado que sea socio de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada el vínculo para cobrar mordidas en la causa que investiga el Supremo. “No hay pruebas de nada. ¿Es un documento original? No es un documento original. No tiene ninguna veracidad. Tendrán que demostrar que es cierto”, ha afirmado cuando la senadora de UPN María Caballero le ha mostrado el contrato privado de compraventa que le hace dueño del 45% de la constructora.

En su primera intervención, Santos Cerdán ha argumentado que no iba a responder a “hechos concretos” sobre la causa abierta contra él, si bien se ha referido a esa constructora y ha cuestionado los audios que le incriminan. “Es una evidencia científica [que están manipulados]”, ha afirmado en alusión al informe pericial encargado por su defensa que asegura que los audios incautados al exasesor Koldo García fueron “reconstruidos”. Los peritos de parte también hallaron rastros de sistemas operativos de iPhone que no existían en la fecha en que se produjeron las grabaciones. “Me voy a defender porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar”, ha aseverado. 

Además de negar la veracidad de los audios y su participación en Servinabar, ha asegurado que no intervino en ninguna adjudicación por parte del Gobierno de España ni del navarro. “Ha sido limpia y transparente”, ha dicho sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate que ganó Servinabar. Cerdán ha hecho ese tipo de afirmaciones, aunque inicialmente ha asegurado que se acogería a su derecho a no declarar por el proceso judicial en el que está inmerso.

Entre las preguntas a las que ha declinado responder están las relativas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El senador de Vox Ángel Gordillo le he preguntado si era el líder de su partido quién daba las instrucciones o si él actuaba a sus espaldas. Y Santos Cerdán ha optado por guardar silencio. Tampoco ha respondido cuando le ha preguntado si se siente traicionado por él.

Cerdán atribuye su situación a la negociación con Junts y Bildu

Santos Cerdán también ha permanecido en silencio cuando diferentes senadores le han preguntado si dio órdenes a la exmilitante del PSOE Leire Díez para que maniobrara contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil, si bien ha pedido a los senadores que no se refieran a ella con el apelativo de “fontanera”. “Se merece respeto”, ha afirmado.

En otro momento del interrogatorio Santos Cerdán sí ha negado tener relación con presunta trama de corrupción desmantelada la semana pasada y que tiene como protagonistas al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la citada de Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar. “Si hubiera habido [alguna relación], habría aparecido”, ha dicho.

Cerdán ha atribuido su situación procesal y judicial a su interlocución con Junts y Bildu para la investidura de Pedro Sánchez y que la foto con Carles Puigdemont en Bruselas “marcó un antes y un después” para él. “Tuve que empezar a llevar escolta en Madrid después de esa foto”, ha señalado. Cerdán considera que se le ha perseguido por ese rol y niega haber “metido la mano en la caja”. “A nivel personal no haría nada de lo que he hecho antes. A nivel político creo que es lo que tenía que haber hecho y es lo que hice. El coste que he sufrido yo y mi entorno es muy alto por haberlo hecho”, ha dicho el exdirigente socialista sobre su papel de hacedor de acuerdos tras asegurar que “varias fuerzas” le avisaron: “Que tuviera cuidado con lo que me pudiera pasar”.

El exdirigente socialista se ha pronunciado así a preguntas de los senadores de Junts y ERC, que hasta cierto punto consideran que ha podido haber intervención de las “cloacas” en su caso, aunque con dudas y matices. “Pese a seguir creyendo en la figura de su presunción de inocencia, todo lo que ha ido saliendo no parece una creación literaria para perjudicar al diputado Santos Cerdán”, ha dicho Eduard Pujol (Junts). “Me gustaría que se demostrara una operación de deep state y que todo es mentira y que ha sido cabeza de turco, pero tengo dudas”, ha apuntalado Joan Josep Queralt.

En sus respuestas también ha aludido a llamativas teorías sobre el origen de la investigación contra él. Ha sugerido —aunque ha admitido que no tiene pruebas— que su implicación en la supuesta trama corrupta deriva de una reunión mantenida en 2021 en el cigarral de Toledo entre el coronel Diego Pérez de los Cobos, que entonces era el máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid, los dirigentes de Vox Javier Ortega Smith y Manuel Mariscal y el exlíder de Fuerza Nueva y de la Fundación Francisco Franco Ricardo Alba. 

En otro momento del interrogatorio, Santos Cerdán también ha preguntado al senador de Vox Ángel Gordillo qué relación tiene con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que elaboró una guía contra la amnistía que fue difundida a través del correo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Porque, según el exdirigente socialista, “todo viene de ahí”. 

“Mejor solo que mal acompañado”

Santos Cerdán ha acudido al Senado sólo con su abogado. “Mejor solo que mal acompañado”, ha sido su respuesta a la senadora Caballero, que en dos ocasiones de su intervención ha recordado al exdirigente socialista que cuando acudió a la comisión de investigación sobre la corrupción del Senado lo hizo acompañado de muchas más personas. “No necesito el apoyo de nadie”, ha contestado a la pregunta de si se siente abandonado por su partido: “Tengo mucha gente detrás mía que apoya y me cree”.

En aquel momento, abril de 2024, Cerdán era el todopoderoso secretario de Organización y mano derecha de Pedro Sánchez, y acudió al Senado respaldado por numerosos dirigentes socialistas. 14 meses después, tras reiterar que las noticias sobre su participación en la trama corrupta eran lawfare, la UCO le atribuyó ser el cabecilla de la trama y acabó cinco meses en prisión preventiva.

En el PSOE minimizan los reproches que ha hecho Cerdán. “Ha quedado clara la distancia entre él y el PSOE”, señalan fuentes de la dirección, que aseguran tener mucha “tranquilidad” tras la comparecencia. “Su situación está judicializada y cada uno elige su estrategia”, dice una dirigente sobre las palabras y silencios de Cerdán, que ha evitado responder a todas las preguntas que tenían que ver con la posible implicación de Pedro Sánchez en la trama. También ha lanzado un dardo al senador socialista Alfonso Gil, de quien ha cuestionado que esté “en condiciones de hacerle” el “reproche” que ha hecho.

El exdirigente socialista ha sido citado casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El Tribunal Supremo le investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Un micrófono abierto ha vuelto a 'traicionar' a un político. Este martes ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, afirmando “Les importa tres pollas en vinagre” al inicio de la sesión plenaria, debido a que sus señorías no le hacían caso cuando les estaba pidiendo que tomaran asiento.

Pocos minutos antes de las 16.00 horas de este martes, un amplio número de senadores ya habían accedido a la Cámara Baja para iniciar la sesión plenaria de la jornada de este 18 de noviembre. Rollán les pidió en varias ocasiones por el micrófono que tomaran asiento, ante lo cual no todos le hicieron caso.

Por ello, el presidente del Senado, volviendo la cabeza hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, se ha quejado con la frase “Les importa tres pollas en vinagre”, sin percatarse de que el micro había amplificado su comentario.

No es la primera vez que un micrófono abierto capta un comentario que un político no quería que se escuchara. Por ejemplo, en mayo de este año se escuchó a Feijóo dictando la respuesta a Gamarra en el Congreso y en marzo a diputados socialistas criticando a Carlos Martínez y a Óscar Puente en las Cortes de Castilla y León. En el mismo mes se oyó a la número dos del ayuntamiento balear de Calvià, del PP, afirmando mientras la portavoz del PSOE criticaba a Vox: “Es la menopausia”.

El diputado socialista Jorge Amado será el que ocupe el puesto del fallecido Guillermo Fernández Vara como senador por designación autonómica, aunque solo podrá ocupar el escaño en la Cámara Alta hasta que el nuevo parlamento extremeño salido de las urnas elija a otra persona, ya que él no va en la candidatura de los comicios del 21 de diciembre.

En la actual situación, con la Asamblea de Extremadura disuelta por el adelanto electoral, el PSOE ha tenido que elegir a un miembro de la Diputación Permanente para ocupar el acta que pertenecía al expresidente extremeño. Por ello, Amado será senador hasta que se constituya la nueva Asamblea y se designe al sustituto.

La Mesa del parlamento autonómico tomará conocimiento de esta designación este martes y se deberá convocar una Diputación Permanente, que se celebrará este viernes, para ratificarlo. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Alvarez, cree que no habrá problemas por parte del resto de grupos parlamentarios para su aprobación y posteriormente se dará traslado al Senado, que ya decidirá cuando toma posesión.

En este sentido, Álvarez se ha mostrado sorprendida de que desde Vox se haya afirmado que su senador por designación autonómica, Ángel Pelayo Gordillo, vaya a estar al frente del grupo en el Senado, ya que se está dando por hecho que volverá a serlo tras el 21 de diciembre, algo que no ocurrirá salvo que el PP le ceda su puesto, como ya hizo en la anterior legislatura. 

El Parlament balear ha ratificat aquest dimarts la Proposició de Llei (PL) adreçada a instar la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola perquè Formentera, l'única illa espanyola que no té senador propi, pugui defensar la seva veu a la Cambra Alta. Es tracta d'una reivindicació històrica de la petita de les Pitiüses, que comparteix representació amb Eivissa al Senat.

La iniciativa, impulsada el 2018 per Gent per Formentera (GxF) i PSIB-PSOE, ha comptat amb el suport de la majoria de grups parlamentaris: 50 diputats han votat a favor, mentre que cinc (Vox) s'han posicionat en contra i quatre s'han abstingut. Amb la seva ratificació, la proposta serà ara presentada al Congrés dels Diputats perquè aquest promogui la modificació del precepte que, en l'actualitat, estableix que “en cada província s'elegiran quatre senadors”, cosa que provoca que la més petita de les Balears quedi diluïda en la circumscripció d'Eivissa-Formentera, elegint conjuntament un sol representant.

En defensa de la iniciativa, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha comparegut en nom de GxF per “profunda convicció insularista”, per la “complicitats entre les forces progressistes de cada illa” i “per justícia atès que va ser un dels promotors d'aquesta iniciativa”, ha subratllat que es tracta d'una “demanda justa del poble de Formentera” que va arrencar amb l'acord unànim assolit en ple el 2004 a l'antic ajuntament de l'illa.

El 20 d'agost d'aquell any, la Corporació va posar de manifest la seva voluntat perquè l'illa pugui elegir, com a circumscripció electoral pròpia, un representant al Senat, “la Càmera de representació territorial de l'Estat espanyol”, mitjançant la modificació de la redacció actual de l'article 69.3 de la Carta Magna.

El diputat ecosobiranista ha manifestat que, “el 1978, mentre milers de canaris i totes les seves illes disposaven de cabildos, a les Pitiüses teníem l'anomalia administrativa d'un Consell per cada dues illes, d'aquí el terme agrupació d'illes i aquest pervers guionet entre Eivissa i Formentera”. Tot seguit, ha recordat una de les principals fites de la història política de la menor de les Pitiüses, quan, amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia el 2007, amb Francesc Antich (PSOE) com a president del Govern, va ser creat el Consell Insular de Formentera. “Un llarg camí de lluita i reivindicació política”, com ho ha considerat Apesteguia.

Abans del 2007, l'illa únicament comptava amb un ajuntament com a institució local pròpia. La reforma de l'Estatut va separar el Consell d'Eivissa i el de Formentera en dues institucions separades. Malgrat que Formentera consolidava així la seva autonomía política dins del marc balear, aquesta separació institucional no es va traslladar a l'mbit estatal, on Formentera continua sent considerada una extensió de la circumscripció pitiüsa. A més, l'illa compta amb una altra singularitat única que la diferencia respecte a la resta de les illes espanyoles: és l'única que unifica en una institució les competències d'un ajuntament i les pròpies del Consell Insular.

La diputada del PSIB Pilar Costa ha asseverat, per la seva banda, que la designació del senador propi és una reivindicació històrica per a Formentera, especialment des que té Consell Insular. En aquest sentit, ha asseverat que la menor de les Pitiüses “viu una situació anacrònica, amb una alternana de senadors eivissencs i formenterencs a través d'un sistema de suplència”. Un model que, ha afegit, és “totalment injust i anormal”.

Mentre tant, el secretari general de la Federació Socialista a Formentera, Rafel Ramírez, ha celebrat que s'hagi donat un pas més en una “reclamació històrica que s'ha de solucionar”, ja que Formentera és l'únic territori insular espanyol sense senador propi.

La ratificació de la PL no implica, tanmateix, un canvi immediat. La modificació de l'article 69 requereix una reforma constitucional ordinària, cosa que exigeix majoria de tres cinquens en ambdues càmeres i, eventualment, un referèndum si no s'assoleix un acord entre el Congrés i el Senat. A més, el text constitucional vincula la representació senatorial a les províncies, cosa que converteix la modificació en un debat de major calat sobre l'estructura territorial de l'Estat.

El Parlament balear ha ratificado este martes la Proposición de Ley (PL) dirigida a instar la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española para que Formentera, la única isla española que no tiene senador, pueda tener voz propia en la Cámara Alta. Se trata de una reivindicación histórica de la pequeña de las Pitiüses, que comparte representación con Eivissa en el Senado.

La iniciativa, impulsada en 2018 por Gent per Formentera (GxF) y PSIB-PSOE, ha contado con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios: 50 diputados han votado a favor, mientras que cinco (Vox) se han posicionado en contra y cuatro se han abstenido. Con su ratificación, la propuesta será ahora presentada en el Congreso de los Diputados para que éste promueva la modificación del precepto que, en la actualidad, establece que “en cada provincia se elegirán cuatro senadores”, lo que provoca que la más pequeña de las Balears quede diluida en la circunscripción de Eivissa-Formentera, eligiendo conjuntamente un solo representante.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha comparecido en nombre de GxF por “profunda convicción insularista”, por la “complicidad entre las fuerzas progresistas de cada isla” y “por justicia dado que fue uno de los promotores de esta iniciativa”, ha subrayado que se trata de una “demanda justa del pueblo de Formentera” que arrancó con el acuerdo unánime alcanzado en pleno en 2004 en el antiguo ayuntamiento de la isla.

El 20 de agosto de aquel año, la Corporación puso de manifiesto su voluntad para que la isla pueda elegir, como circunscripción electoral propia, un representante en el Senado, “la Cámara de representación territorial del Estado español”, mediante la modificación de la redacción actual del artículo 69.3 de la Carta Magna.

El diputado ecosoberanista ha manifestado que, “en 1978, mientras miles canarios y todas sus islas disponían de cabildos, en las Pitiüses teníamos la anomalía administrativa de un Consell por cada dos islas, de ahí el término agrupación de islas y ese perverso guion entre Eivissa y Formentera”. Acto seguido, ha recordado uno de los principales hitos de la historia política de la menor de las Pitiüses, cuando, con la reforma del Estatut d'Autonomia en 2007, con Francesc Antich (PSOE) como presidente del Govern, fue creado el Consell Insular de Formentera. “Un largo camino de lucha y reivindicación política”, como lo ha considerado Apesteguia.

Antes de 2007, la isla únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut separó el Consell de Eivissa y el de Formentera en dos instituciones separadas. Pese a que Formentera consolidaba así su autonomía política dentro del marco balear, esta separación institucional no se trasladó al ámbito estatal, donde Formentera continúa siendo siendo considerada una extensión de la circunscripción pitiusa. Además, la isla cuenta con otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.

La diputada del PSIB Pilar Costa ha aseverado, por su parte, que la designación del senador propio es una reivindicación histórica para Formentera, en especial desde que tiene Consell Insular. En este sentido, ha aseverado que la menor de las Pitiüses “vive una situación anacrónica, con una alternancia de senadores ibicencos y formenterenses a través de un sistema de suplencia”. Un modelo que, ha añadido, es “totalmente injusto y anormal”.

Mientras tanto, el secretario general de la Federación Socialista en Formentera, Rafel Ramírez, ha celebrado que se haya dado un paso más en una “reclamación histórica que debe solucionarse”, puesto que Formentera es el único territorio insular español sin senador propio.

La ratificación de la PL no implica, sin embargo, un cambio inmediato. La reforma del artículo 69 requeriría una reforma constitucional ordinaria, lo que exige mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, eventualmente, un referéndum si no se alcanza un acuerdo entre el Congreso y el Senado. Además, el texto constitucional vincula la representación senatorial a las provincias, lo que convierte la modificación en un debate de mayor calado sobre la estructura territorial del Estado.

Javier Arenas Bocanegra, senador por designación del Parlamento Andaluz del Partido Popular, ha sido pillado este martes fumando en el Senado. Pero no solo eso, Arenas ha hecho uso de su vapeador mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, intervenía a preguntas del pleno de la Cámara Alta durante la sesión de control al Gobierno.

Durante la intervención de la ministra García, Arenas ha decidido echar una calada de su vapeador, tras lo que ha recibido un gesto rápido de su compañera, la senadora balear María Salom Coll. El senador andaluz, acto seguido, ha mirado hacia las pantallas del Senado, donde sus señorías pueden observar la transmisión en directo de las intervenciones en la Cámara, y ha guardado disimuladamente el vapeador en el bolsillo derecho de su chaqueta.

Curiosamente, el senador popular ha vapeado detrás de la ministra que está impulsando una reforma de la ley antitabaco que, entre otras cuestiones, ampliará las zonas en las que se prohíbe fumar o equiparará todas las prohibiciones relativas al tabaco a los vapeadores. Sin embargo, aunque la norma ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, aún no ha entrado en vigor.

Preguntado por los periodistas en el pasillo del Senado, Arenas ha negado haber fumado. “No, no, no”, ha contestado en varias ocasiones hasta que los informadores le han dicho que se le veía en las imágenes. El senador ha dicho entonces que iba a ver esas imágenes. Posteriormente, en una conversación informal ha dicho que no ha llegado a fumar y que se ha llevado el aparato a la boca como si fuera un bolígrafo.

A la salida de la sesión de control, la ministra de Sanidad ha dicho a los periodistas que le parece “absolutamente insólito” que el 'número dos' del PP en el Senado estuviera fumando de su váper mientras ella respondía una pregunta de su grupo parlamentario.

“Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?”, se ha preguntado irónicamente la ministra Mónica García en una publicación en la red social BlueSky.

“Es un mal gesto a la ministra de Sanidad”, ha dicho, tras lo que ha añadido que se lo perdona, pero que “haga caso a su compañera del PP en dejarlo”. “Puede consultar con su médico de atención primaria”, ha agregado.

Lo cierto es que desde el día 1 de octubre de 2004, los representantes públicos del Senado tienen prohibido fumar tabaco tras la aprobación de una iniciativa de la extinta Convergència i Unió que propuso extender la prohibición que ya existía en el Congreso desde el 1 de junio de ese mismo año a la Cámara Alta. Otra cuestión ya es si la Mesa del Senado puede considerar que esta prohibición afecta también a los aparatos electrónicos de vapeo, o no.