El nuevo (y fugaz) presidente del Cabildo de El Hierro irá a juicio en octubre por consentir vertidos incontrolados

Después de varios retrasos y aplazamientos, el juicio por el denominado caso Vertederos sobre la gestión incontrolada de residuos en la isla de El Hierro se celebrará a finales de octubre, 17 años después del inicio de la investigación y cinco años después de que la Fiscalía firmara el escrito de acusación. El Ministerio Público pide para los tres procesados once años de cárcel por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro contra la ordenación del territorio y prevaricación. Entre los acusados se encuentra Javier Armas, que era consejero del Cabildo en la época de los hechos, que también fue viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias y que el pasado lunes tomó posesión como presidente de la corporación insular.

El líder de la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ), partido que ha vuelto a aliarse con Coalición Canaria (CC) de cara a las generales del 23 de julio, tendrá, no obstante, un mandato efímero, puesto que será relegado por su hermano, Alpidio Armas (PSOE), tras la moción de censura que ya han presentado los socialistas junto a Asamblea Herreña e Izquierda Unida- Reunir.

Armas se sentará en el banquillo junto a la funcionaria del Cabildo María Fabiola Ávila y la también exconsejera de la AHI Claribel González. Están acusados de consentir durante años vertidos ilegales en tres áreas protegidas de la isla. Aparte de las penas de prisión (cuatro años por un delito contra el medio ambiente, otros cuatro por prevaricación y tres por un delito contra la ordenación del territorio), la Fiscalía pide para cada uno de los acusados multas que suman 19.800 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un periodo de cuatro años.

En la vista oral está previsto que declaren en calidad de testigos, entre otros, los expresidentes del Cabildo Tomás Padrón y Belén Allende, de AHI, así como el hermano, antecesor y sucesor de Javier Armas en la Presidencia de la corporación, Alpidio Armas.

La causa se inició a raíz de una denuncia de la asociación cultural Ossinissa contra dos puntos de vertido que, a su juicio, atentaban contra el medio ambiente. Uno de ellos en la zona de La Dehesa, en las inmediaciones del Faro de Orchilla, dentro del espacio natural protegido Parque Rural Frontera. El segundo se ubicaba en la Zona de Punto Limpio de El Majano y era un desguace de vehículos. En mayo de 2009, el mismo colectivo presentó una ampliación por otro vertedero ilegal, también gestionado por el Cabildo de El Hierro, situado en la montaña denominada La Cumbrecita.

Fue en junio de 1999 cuando la corporación insular cedió la gestión del vertedero de El Majano a Fernando Gutiérrez, actual secretario de la Cofradía de Pescadores de La Restinga. El también expresidente de la Federación Canaria de Cofradías está acusado de un delito contra el medio ambiente, aunque en una pieza distinta que no será la que juzgue la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en octubre. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel, además de una multa de 6.000 euros.

Según el relato del Ministerio Público, en esa parcela Gutiérrez despiezaba los vehículos “con total desprecio por la protección del medio ambiente”, derramando los residuos “al suelo permeable” y sin contar con una zona de descontaminación. En la causa constan varios informes de la entonces llamada Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias, así como del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en los que se ponía de manifiesto que esa actividad se desarrolló durante años sin que se adoptasen las medidas preventivas para evitar la contaminación, sin disponer de la preceptiva autorización como gestor de residuos peligroso y sin licencia de obras y apertura, entre otras irregularidades.

El Seprona llegó a contabilizar más de 600 vehículos en una explanada de 14.000 metros cuadrados situada en suelo rústico de protección paisajística. En sus informes, los agentes recalcaron que, con su inacción, los ahora acusados habían consentido que se almacenaran vehículos que eran “depositados en el suelo sin ningún tipo de impermeabilización”, produciéndose así “vertidos de los líquidos” con grave riesgo de contaminación. En noviembre de 2013 se decretó el cierre del desguace por orden judicial. Un informe forense encargado con la finalidad de analizar el grado de contaminación del lugar acreditó la presencia de muestras con aceite de motor usado.

“Estado de combustión permanente”

Con respecto al vertedero de La Dehesa, ubicado dentro de un espacio natural protegido, un técnico de la Apmun constató en 2010 que en ese lugar se habían ido depositando durante los últimos quince años no solo residuos sólidos urbanos de origen domiciliario, sino también “enseres domésticos, equipos eléctricos y electrónicos, chatarras, neumáticos fuera de uso, animales muertos, envases de diferente naturaleza y contenido e incluso residuos peligrosos como envases contaminados”.

La Fiscalía describe tres fases en la gestión de la Dehesa. En la primera se vertían todos esos residuos a zanjas de tres metros de ancho por dos o tres de alta, se quemaban y se cubrían las cenizas con material volcánica. El vertedero se encontraba en “un estado de combustión permanente”, detalle el escrito de acusación, de tal forma que los camiones recolectores volcaban la basura y esta “ardía de forma instantánea”. En esta fase, agrega, no había ni control de entradas de residuos, ni impermeabilización del suelo ni las correspondientes autorizaciones e informes de compatibilidad.

La segunda fase comenzó con la redacción del proyecto de acondicionamiento para mejorar los accesos y el control al vertedero. El Gobierno de Canarias concedió la declaración de Impacto Ecológico Favorable y se instaló y se comenzó a utilizar un vaso de vertido. A pesar de ello, durante este periodo y “de forma paralela” según la Fiscalía, se siguieron depositando y enterrando residuos mediante las zanjas y la combustión.

La tercera fase alude a la aprobación de un nuevo proyecto para el que se le otorgó la autorización ambiental integrada. Sin embargo, tampoco en esta ocasión se acabó la práctica de eliminar los residuos mediante el procedimiento cuestionado. El proyecto, señala el Ministerio Público, se limitó a “la instalación y puesta en funcionamiento de la celda de vertido ubicada en la zona meridional del área de gestión de residuos y a la infraestructura de control y accesos de la instalación”. Sin embargo, se continuó depositando residuos mediante el enterramiento en zanjas en una superficie de e500 metros cuadrados. Además, se detectó la presencia de residuos peligrosos con efectos contaminantes en el subsuelo.

El sistema de excavación de zanja se suspendió en septiembre de 2011, después de que la arquitecta técnica del Ayuntamiento de Frontera informara de que la actividad desarrollada en La Dehesa estaba prohibida. Una de las acusadas, la funcionaria María Fabiola Ávila, había manifestado con anterioridad en otro informe que el vertedero cumplía con los requisitos medioambientales “cuando en realidad no era así”.

Daño “irreversible”

El tercer vertedero incontrolado era el de La Cumbrecita, ubicado en suelo rústico de protección paisajística. También en este caso hubo informes de la Apmun y del Seprona contra la “actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos de manera incontrolada y sin autorización”. Entre otros, neumáticos, baterías, latas de pintura, aceitas, chatarra, escombros, restos vegetales, electrodomésticos, plásticos y vidrios. Un técnico de la Apmun llegó a afirmar que el daño al suelo era ya “irreversible”. También en esta ocasión la actividad fue paralizada por decisión judicial (en noviembre de 2010) y también en esta ocasión la funcionaria María Fabiola Ávila había defendido que se trataba de una zona de almacenamiento temporal de residuos, “cuando en realidad con dicha actividad se estaba alterando notablemente el medio ambiente causando un daño significativo”.

Para la Fiscalía, todas las actuaciones descritas constituyen “atentados contra el medio ambiente” que pudieron llevarse a cabo “a través de la inacción y el consentimiento de los propios acusados”. Con respecto a El Majano, Javier Armas y los otros dos procesados permitieron, según el Ministerio Público, que “Fernando Gutiérrez desarrollara su actividad aun careciendo de las respectivas autorizaciones y con pleno conocimiento de que con su conducta estaban atentando contra los recursos naturales.

El escrito de acusación destaca que la exconsejera Claribel González “hizo caso omiso” a la suspensión de la actividad que le fue previamente notificado y, por tanto, consintió el “vertido constante de residuos en la zona”. Por último, en referencia a La Cumbrecita, los tres acusados eran “plenamente conocedores que el relativo vertido comenzaba su actividad sin autorización ambiental y sin estudio básico de impacto medioambiental, permitiendo con sus omisiones que se vertieran residuos que atentan notablemente contra el medio ambiente, causando daños irreversibles”.