Revés para el Ayuntamiento de Mogán: Puertos Canarios inadmite su solicitud para prorrogar la concesión del Puerto Deportivo

Puertos Canarios ha cerrado la puerta al Ayuntamiento de Mogán. El ente público ha inadmitido su solicitud para obtener una prórroga extraordinaria de la concesión del Puerto Deportivo al concluir que el Consistorio dejó de ser el concesionario en 1987, cuando cedió la explotación a Puerto de Mogán S.A. La resolución declara además nula la cláusula con la que el Pleno municipal se reservó entonces el derecho a pedir esa futura prórroga.

La resolución, firmada por el director gerente de Puertos Canarios el pasado 23 de julio, sostiene que la legislación autonómica reserva expresamente al concesionario la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria antes de que expire la concesión. En consecuencia, entiende que el Ayuntamiento no puede promover ese procedimiento al no ostentar esa condición.

El documento desmonta además el principal argumento jurídico esgrimido por el Ayuntamiento. En concreto, rechaza la validez de la cláusula incluida en el acuerdo plenario de 1987 mediante la que el Consistorio se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga cuando concluyera la concesión. Puertos Canarios sostiene que esa reserva carece de eficacia frente a la Administración porque pretendía reservar un derecho que no estaba previsto ni en la legislación aplicable ni en el título concesional original otorgado por el Estado.

La resolución añade que la autorización administrativa para la cesión exigía la transmisión íntegra de los derechos y obligaciones derivados de la concesión, por lo que el Ayuntamiento no podía conservar unilateralmente una facultad como la que ahora invoca.

Asimismo, el ente autonómico señala que, incluso si esa reserva fuese válida, tampoco podría ejercerse en este momento. El propio acuerdo de cesión condicionaba su aplicación a que la concesión hubiera finalizado y el puerto hubiese sido previamente rescatado por la Administración, dos circunstancias que no concurren, ya que la concesión continúa vigente hasta marzo de 2031 y no existe ningún procedimiento de rescate.

Puertos Canarios también rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento y sostiene que la corporación local tampoco está legitimada para promover acciones judiciales encaminadas a reclamar esa prórroga al no ostentar un derecho reconocido sobre la concesión.

No obstante, la resolución aclara que el Ayuntamiento sí podrá intervenir en una eventual tramitación de la prórroga mediante el periodo de información pública previsto en la normativa, donde podrá presentar las alegaciones que considere oportunas.

Nueva Canarias acusa a la alcaldesa de poner en riesgo al Ayuntamiento y advierte de posibles reclamaciones millonarias

El portavoz de Nueva Canarias en Mogán, Juanma Gabella, considera que la resolución de Puertos Canarios “confirma” la interpretación que su formación ha defendido desde el inicio de este conflicto. A su juicio, el documento acredita que el Ayuntamiento perdió cualquier legitimación sobre la concesión cuando en 1987 cedió todos sus derechos y obligaciones a Puerto de Mogán S.A., por lo que la alcaldesa “no puede arrogarse ahora un derecho que ya no tiene”.

Gabella sostiene que el acuerdo plenario de 1987 por el que el Ayuntamiento se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga carece de eficacia jurídica, al tratarse de una decisión unilateral que, según afirma, “no condiciona a nadie”. En este sentido, recuerda que la normativa vigente reserva esa facultad exclusivamente al concesionario, criterio que, asegura, queda refrendado por la resolución de Puertos Canarios.

El portavoz nacionalista va más allá y acusa a la alcaldesa de actuar “de forma temeraria e irresponsable”, al entender que su estrategia puede generar un grave perjuicio económico para las arcas municipales y para los usuarios del Puerto Deportivo de Mogán. Según advierte, si los tribunales terminan confirmando que el Ayuntamiento carecía de legitimación para intervenir en este proceso, los usuarios podrían reclamar indemnizaciones que cifra en torno a 8.000 euros por afectado, lo que, a su juicio, supondría un desembolso cercano al millón de euros para el Consistorio, sin contar una eventual reclamación patrimonial por parte de la actual concesionaria, Puerto de Mogán S.A.

“Lo lógico es aplicar la ley y el sentido común. Si el Ayuntamiento cedió la concesión, ya no tiene ningún derecho ni ninguna legitimación”, sostiene Gabella, quien reclama a la alcaldesa que abandone esta vía y deje de “engañarse a sí misma, engañar a los usuarios del puerto y engañar a todos los vecinos de Mogán”. El portavoz insiste en que Nueva Canarias no defiende los intereses de la empresa concesionaria, sino “la legalidad, el interés general y los intereses de los vecinos”, al considerar que cualquier litigio que pierda el Ayuntamiento terminaría siendo asumido con dinero público.