El concejal 'aguafiestas' de Almeida expulsa de un local a una radio crítica que da voz a personas con discapacidad
“En vez de facilitar el acceso a la comunicación, que es un derecho humano, pone palos en las ruedas”. Javier Robles lamenta con estas palabras la situación de Radio Enlace, una emisora con 37 años de historia que sigue el día a día de la vida vecinal en el norte de Madrid. Javier, uno de sus coordinadores, arremete contra David Pérez en esas declaraciones después de que el concejal presidente del distrito de Hortaleza no haya renovado la concesión de uno de los dos locales a la emisora, el único accesible a personas con movilidad reducida.
Todo ello en medio de una enquistada confrontación entre el tejido asociativo y el exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un enfrentamiento que se remonta al inicio de la legislatura, cuando Pérez llegó a Hortaleza y comenzó a intentar revertir el peso de asociaciones de gran calado sociocultural en el barrio, las que con el paso de los meses y de su gestión han sido denominadas “críticas”.
“Mucha gente va a dejar de participar en Radio Enlace por el final de nuestra segunda sede. Tenemos 15 o 20 grupos de personas con diversidad funcional que vienen con iniciativas de varias fundaciones a hablar tanto de su realidad y sus circunstancias como de otras cosas que les interesan. Luego hay programas puntuales, como Cine Jabato, en los que una de las dos personas va en silla de ruedas. No sabemos si el espacio podrá continuar”, explica Robles en conversación con Somos Madrid. El situado en el número 6 de la calle Matapozuelos es uno de los dos lugares de grabación con los que cuentan, el más moderno, mientras que el activo desde la creación de la emisora en 1989 se encuentra en la calle Costa del Sol.
“Es un local con unas escaleras superempinadas y sin acceso habilitado para personas mayores o con movilidad reducida. El otro, en cambio, cuenta con rampas, está mejor equipado y es más o menos nuevo”, detalla. Además, servía para almacenar parte del copioso material que manejan y era usado para algunas de las numerosas grabaciones que se llevan a cabo en la cadena. No en vano, en la emisora hacen radio actualmente “cerca de 90 personas”.
Mientras buscan dónde guardar lo que ya han sacado del espacio, ante la falta de sitio en su sede original, confían en que la continuidad dentro de esta última nunca se comprometa: “Nos la cede la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Pero si un día cambia su junta directiva y quieren darle otro uso nos quedamos sin nada”.
Gozaban de las instalaciones ahora perdidas desde 2022, gracias a una cesión de un máximo de cuatro años por parte del anterior concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos). “Lo que ahora pedimos es seguir utilizándolas hasta que se resuelva un concurso que de momento no está ni convocado, pero no nos han atendido. Y luego vemos que se hacen concesiones de parcelas municipales durante 50 años”, reprocha. Cita el caso del colegio Pedro de Alvarado, que lleva 15 años cerrado y solo encontró un nuevo uso como casa de asociaciones durante unos pocos meses, durante el mandato de Manuela Carmena, antes de volver a permanecer clausurado.
Javier Robles reivindica además la aportación de la emisora a un nivel social: “Somos una asociación cultural y una radio comunitaria que facilita el acceso de cualquier persona a la comunicación. No solo a recibirla, sino también a trasladarla. Llevamos desde 1989 haciéndolo sin publicidad, empresarios o administración detrás”. Lo que sí tienen es “un amplio respaldo comunitario en el distrito, así como de la Red Estatal de Medios Comunitariias y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid”. Para aterrizar ese apoyo popular, han lanzado una campaña en change.org, que en pocas horas ha superado ampliamente el objetivo inicial de 1.000 firmas. Además, han convocado una concentración frente a la sede de Matapozuelos este martes a las 10.30.
La emisora pide más tiempo y el Ayuntamiento aduce que ya ha permitido prórrogas
Además del propio traslado, uno de los principales puntos de discordia ha llegado en los plazos de la ejecución, en pleno verano: “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”. La Junta les deja acceder al local hasta esa fecha para llevarse sus enseres.
Fuentes del Consistorio madrileño trasladan a este periódico, por contra, que “la cesión del local no termina por una decisión política de ahora”. “El propio decreto firmado el 21 de junio de 2022 establecía una autorización temporal de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, por lo que su finalización estaba prevista desde el primer día”, recuerdan. Precisan asimismo que “en febrero de este año se les notificó expresamente que el plazo máximo había finalizado y debían abandonar el inmueble una vez concluido el procedimiento”. Por ello, sostienen desde Cibeles que a los perjudicados “no les ha pillado por sorpresa ni se enteran el último día de julio, solicitaron ampliar el plazo hasta el 30 de junio y esa petición fue atendida y luego se les permitió permanecer un mes más para facilitar la retirada del material y evitar problemas”.
“Resulta llamativo que ahora digan que se les echa en verano, cuando fueron ellos quienes pidieron esa ampliación y, además, se les concedió incluso más tiempo del solicitado. Tampoco cuentan que pidieron un certificado para que, de cara al procedimiento de adjudicación de casetas de las fiestas, constara administrativamente que ya no disponían de local, circunstancia que podía beneficiarles en la puntuación”, precisan por último desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida.
“Nadie ha dicho que una cesión no pueda finalizar. Lo que criticamos es su forma de actuar. Meses sin responder, ninguna alternativa y una orden de desalojo inmediato el 31 de julio a una entidad que lleva décadas sirviendo al barrio. Esa es la cuestión que sigue sin contestar”, replicaba en X el concejal socialista Jorge Donaire. Antes, el concejal presidente había utilizado de nuevo sus redes sociales para arremeter contra sectores críticos y contra la oposición: “Según el PSOE y Más Madrid, las entidades de izquierdas no tienen por qué dejar un local municipal cuyo contrato ha vencido. Se creen por encima de la ley. Y no. Vaya ejemplo que dan a los ciudadanos, despreciando así las normas y las instituciones para beneficiar a los suyos”.
La publicación de Pérez ha encendido los ánimos de la Coordinadora de Hortaleza, entidad que aglutina a distintas agrupaciones comunitarias del distrito: “Nos tiene bloqueadas, nunca ha aceptado una reunión, nunca nos contesta, pero sabemos que nos lee. Así que ahí va. Le ha dado locales a asociaciones amigas, con las que ha hablado, ha puesto todas las facilidades posibles y con unas ventajas que más quisieran el resto. No se piden privilegios, se pide diálogo, el mínimo de responder los mensajes, como con otros”.
La Coordinadora cuestiona además la valoración de Radio Enlace como “entidad de izquierda”: “Quien piense que Radio Enlace es eso no conoce nada Hortaleza, pero ¿cómo la va a conocer si viene uno o dos días a la semana como mucho? Radio Enlace ha sido, y será, escuela y altavoz para cientos de vecinas, asociaciones, grupos de música, mayores, etc”.
Un choque más de Pérez con entidades comunitarias
La controversia se suma a un historial de tensiones entre el edil y diferentes entidades vecinales de Hortaleza, que le han valido el apodo de “concejal aguafiestas” y hasta la creación de un juego de mesa a su medida. Todo ello por sus recortes o trabas administrativas en diferentes festejos populares, como el Luis Aragofest o hasta un Carnaval cuyos permisos no fueron concedidos debido a “coincidir con la Cuaresma”. En otras celebraciones que sí han tenido lugar, las entidades critican los “arbitrarios” criterios para la adjudicación de casetas o el veto a la venta de alcohol (gran fuente de financiación). La concesión de ayudas o permisos, con cambios de criterios que ven arbitrarios y poco transparentes y que en ocasiones ni siquiera fueron respetados, ha sido otro de los puntos de fricción.
“Pérez juega a enfrentar asociaciones, te vas encontrando algunas en el barrio y te cuentan cosas con las que flipas. El año pasado en la Junta de Hortaleza dieron puntos a equipos de fútbol por unos torneos que luego nunca se celebraron. Esos puntos dejaron sin ayudas a otras asociaciones por unos supuestos”, narra Javier Robles. “Este año han convertido ayudas competitivas en unas que se repartirán por igual a cada entidad concedente, así que las que obtuvimos más puntos por presentar los mejores proyectos nos vamos a ver perjudicadas. Radio Enlace recibirá 1.250 euros, cuando el año pasado fueron 3.100. Mientras, asociaciones amigas que son de las que menos puntos tenían, conseguirán algo a cambio de perjudicar a las demás. Asociaciones vecinales y de familias van a presentar alegaciones”, expone.
“No sabemos por qué Pérez ha venido con este plan, pero desde el inicio ha jugado a dividir, utilizando para ello la declaración de fiesta popular, las concesiones de casetas o las subvenciones. A nosotros no ha sido capaz de darnos ninguna entrevista para explicarnos su política y mira que se lo hemos solicitado muchísimas veces”, zanja el coordinador radiofónico. Mientras, los festejos del distrito encadenan diversos escándalos por lo que las agrupaciones consideran actos de censura contra protestas vecinales. El último fue en junio, cuando una trabajadora de la Junta Municipal retiró una pancarta desplegada sobre el escenario. “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”, era el mensaje que contenía.
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