El Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo jurídico. Los magistrados han constatado que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, difundió una versión “absolutamente falsa” de la actuación de la Fiscalía en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pero concluyen que el Ministerio Público se excedió con el comunicado que usó para responder a ese bulo. El resultado, en uno de los casos de más alto voltaje político de la historia reciente, es la inhabilitación del fiscal general frente a un breve e inocuo tirón de orejas para el cargo público cuyas mentiras desencadenaron la causa.

La resolución que el Supremo hizo pública este martes menciona de pasada, en sus hechos probados, el papel que Miguel Ángel Rodríguez jugó en todo el caso. Un actor protagonista disfrazado de personaje secundario. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid difundió un bulo “sin otro fundamento que una especulación gratuita”. Más adelante, a lo largo de 180 páginas de sentencia, añade adjetivos a la versión que movió entre los medios: “Absolutamente falsa e infundada” o “fantasiosa e inexistente”, entre otros.

Los calificativos que emplea el Supremo para definir la acción institucional de uno de los más altos cargos de la Comunidad de Madrid no han traspasado la armadura de Miguel Ángel Rodríguez, curtido en mil batallas de la comunicación política desde sus tiempos a la diestra de José María Aznar. El Supremo no dice nada más ofensivo que lo que él mismo sentenció sobre sí mismo: “No tengo ninguna fuente”, afirmó tajante desafiante en el juicio cuando le preguntaron por el bulo. Incluso guardaba una mentira inédita para sus señorías: que Hacienda no había permitido a González Amador cerrar con un pacto su caso de fraude fiscal.

La sentencia pasa por encima del bulo y omite su contexto real y político del momento. Lejos de ser una afirmación “fantasiosa”, la mentira que Miguel Ángel Rodríguez alumbró ante decenas de periodistas era una pieza clave en su estrategia. El plan de defensa de su jefa y su pareja que él —cargo público de la Comunidad de Madrid– había asumido en primera persona para hacer frente a las exclusivas de elDiario.es.

En la tarde y la noche del 13 de marzo de 2024, Miguel Ángel Rodríguez empezó a explicar a los periodistas que el fiscal del caso, Julián Salto, había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Un acuerdo de los que no implican la entrada en prisión y sí una solución silenciosa al caso, a salvo de periodistas y de la opinión pública en los inaccesibles archivos de un juzgado de lo penal cualquiera. Todo ese secretismo había quedado abortado por “órdenes de arriba”. De la cúpula de la Fiscalía, decidida a arrastrar a la pareja de Ayuso por el barrio de un largo y público proceso penal.

El Supremo califica este bulo –que muchos medios ofrecieron como verdad en sus páginas– como una “especulación gratuita”, pero el mensaje que Rodríguez envió a decenas de medios ocultando que era un invento y no una noticia está lejos de ser gratuito. Un día y medio antes, elDiario.es había revelado que González Amador había sido denunciado por defraudar 350.000 euros usando facturas falsas y empresas pantalla y la presidenta madrileña se enfrentaba a un torrente político del que intentaba salir airosa con ese mismo mensaje: que ella y su pareja eran víctimas de un complot del Estado.

“Sánchez busca mi destrucción personal”, fue la primera reacción oficial de Isabel Díaz Ayuso a las informaciones de elDiario.es. Otras respuestas fueron cuestionar a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber sido alto cargo de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El bulo de su jefe de gabinete, diligentemente difundido por medios afines en la noche del 13 de marzo, no era una ocurrencia: era el intento de condicionar el debate político horas antes de que Ayuso compareciera, por primera vez desde que elDiario.es destapó el escándalo, ante la oposición en la Asamblea de Madrid.

Objetivo: desacreditar a la Fiscalía

La afirmación que Miguel Ángel Rodríguez hizo por escrito ante decenas de periodistas era una mentira desde todos los puntos de vista. Hasta entonces, de hecho, el comisionista había recibido un trato exquisito de la Fiscalía a través de su abogado Carlos Neira, experto en conformidades penales poco ruidosas de fraude fiscal. Pero la realidad que ocultaba el bulo era una bomba de relojería para Ayuso: mientras ella y el PP aseguraban que era víctima de una confabulación del Estado, su pareja reconocía sus delitos por escrito.

El objetivo de Miguel Ángel Rodríguez fue descrito en fase de instrucción por Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación con Pedro Sánchez: “Es evidente que Miguel Ángel Rodríguez, y esto es política, lo que pretendía es crear un determinado marco para condicionar la sesión de control en Madrid del día siguiente”. La sentencia del Supremo constata que la mentira del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha salido victoriosa en su duelo con el desmentido que la Fiscalía emitió un día después.

Los jueces conceden que la magnitud de la mentira que se estaba difundiendo justificaba el interés del fiscal general esa noche de marzo. “Resultaba totalmente justificado que el fiscal general del Estado, utilizando un conducto ordinario, recabase información sobre el asunto”, dice la sentencia. Que él y sus colaboradores sacaran al fiscal Julián Salto de un partido de fútbol para pedirle los correos que había cruzado con el abogado Neira en los últimos meses. Pero que él o alguien de su “entorno” filtrara el email y que la Fiscalía sacara un comunicado con los datos reales del caso está por encima del listón que estableció el propio Rodríguez esa noche.

“Informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al Fiscal su voluntad de llegar a un acuerdo de conformidad”, dice el Supremo. Explicar que la única oferta de pacto de ese caso de fraude fiscal corría a cuenta del propio González Amador era información “basada en documentos manifiestamente prescindibles” para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez.

El Supremo no entra –no tiene que hacerlo– en explicar cuál habría sido la opción correcta para desmentir el bulo de Rodríguez y las informaciones falsas que se publicaban a esas horas en diversos medios. “No eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto del Sr. González Amador”.

Una estrategia para “defender la reputación” de Ayuso

El voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer dan un papel más relevante a Miguel Ángel Rodríguez con aspectos que la sentencia mayoritaria omite: González Amador estaba “en el centro de la estrategia informativa que Rodríguez desarrolló”, dicen estas juezas, con un objetivo: “Defender la reputación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Esa “estrategia” que sí mencionan las magistradas discrepantes va mucho más allá de lo que describe la sentencia: Miguel Ángel Rodríguez amenazó a una periodista de elDiario.es con “cerrar” y “triturar” el periódico por destapar el caso y ha llegado a afirmar que dos trabajadores de elDiario.es intentaron colarse encapuchados en casa de la presidenta madrileña. Los siete magistrados, tanto los que condenan como las que piden la absolución, asistieron impasibles a cómo el jefe de gabinete de Ayuso acusaba a elDiario.es de mentir e inventar pocas horas antes de que la Justicia confirmara que González Amador será juzgado por fraude fiscal en los términos exactos destapados por este periódico.

El objetivo de Miguel Ángel Rodríguez, político y mediático, era proteger a Ayuso y coger la sartén del relato por el mango y la sentencia del Supremo constata su triunfo en ese sentido: el comunicado de la Fiscalía exponiendo la verdad del caso fue un delito frente al bulo impune del político y sus medios afines. El Ministerio Público no combatía en igualdad de condiciones. Para el tribunal, todo era una “polémica mediática” y la Fiscalía no podía acudir a un documento del caso para desmentir un bulo que atribuía una actuación claramente delictiva a la cúpula del organismo.

Los caminos del relato y de la realidad judicial en torno a González Amador siguen discurriendo en paralelo –a veces en direcciones opuestas– con una sentencia que constata la derrota del fiscal general ante el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Álvaro García Ortiz ha sido condenado, inhabilitado, multado y está a la espera de saber si, además, es expulsado de por vida de la carrera fiscal en la que, reconoce el Supremo, ha trabajado durante casi 30 años con “brillantez y dedicación”. Miguel Ángel Rodríguez sigue siendo uno de los más altos cargos públicos de la Comunidad de Madrid y sus mentiras solo aumentan su valor político en el PP, mientras constata que sus bulos, lejos de tener consecuencias, tienen premio.