El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

Entre los más de tres millones de archivos vinculados a Jeffrey Epstein revelados a finales de enero por el Departamento de Justicia de EEUU hay una lista de casi 30 científicos de alto nivel, entre los que aparecen nuevas figuras de renombre. Ninguno de ellos participó en las actividades ilegales de este financiero estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores, pero formaron parte de un círculo de celebridades científicas a las que Epstein agasajó y patrocinó para lavar su imagen y dar cobertura a sus ideas racistas o misóginas. 

Además de mencionar a figuras destacadas como Noam Chomsky o Bill Gates, esta nueva remesa de documentos contiene correos de Lisa Randall, física teórica de la Universidad de Harvard en Cambridge, quien bromeó con Epstein sobre su arresto domiciliario después de su encarcelamiento en 2008 por solicitar sexo con una menor. Según la revista Nature, estos nuevos documentos —en los que también aparecen Stephen Kosslyn, neurocientífico vinculado a Stanford y Harvard, y Corina Tarnita, profesora en Princeton—, revelan que los vínculos de Epstein con la comunidad científica eran más profundos de lo que se sabía hasta ahora.

Tras su condena por delitos sexuales en 2008, el empresario pederasta mantuvo contactos con científicos prominentes, algunos de los cuales continuaron asociándose con él y recibiendo financiación de sus fondos. Epstein invirtió millones de dólares en proyectos de física teórica, biología evolutiva y genética de instituciones como Harvard, MIT y Arizona State University, lo que provocó algunas renuncias y suspensiones. También financió investigaciones y organizó costosas conferencias y fiestas de investigación a las que asistieron personalidades como los físicos Stephen Hawking y Kip Thorne. 

Los nuevos documentos publicados muestran que Jeffrey Epstein buscó el apoyo de un círculo aún más amplio de científicos para validar ideas y proyectos controvertidos relacionados con raza, cognición y género, en los que trascendían preceptos supremacistas, como la posibilidad de mejorar el genoma humano y transmitir ciertos rasgos para crear humanos superiores.  

Un “club de chicos”

“Epstein era básicamente una fuente de ingresos para los científicos”, asegura Dan Vergano, editor senior de la revista Scientific American en un podcast de The Guardian sobre el tema. A través de agentes literarios como John Brockman, y las conexiones de su pareja y compinche Ghislaine Maxwell con el mundo editorial, crearon “un club de chicos de reuniones científicas, donde Epstein era el anfitrión y el financiador”, relata Vergano.

En este “club de chicos”, el intercambio en privado de ideas racistas y sexistas era frecuente. Uno de los casos más llamativos que se han conocido ahora es una serie de correos electrónicos de 2016 entre Epstein y el científico cognitivo alemán Joscha Bach, por entonces profesor del MIT, en el que decían cosas como que “los niños negros en EEUU podrían tener un desarrollo cognitivo más lento” y hablan de cambios genéticos para “hacer más inteligentes a los negros”. En el mismo intercambio se habla de la falta de habilidad de las mujeres en “ámbitos altamente abstractos”. 

En la última remesa de documentos aparece también un intercambio de mensajes en 2016 con el médico Peter Attia en el que bromean sobre una mujer adulta a la que se refieren como “mercancía”. También hay un correo de David Gelernter, profesor de ciencias de la computación en Yale, en el que presenta a una exalumna como la candidata ideal para un rol de editora en un proyecto a la que describe como “muy pequeña y guapa rubia”. Y añade: “No sé qué preferirías tú físicamente, pero ella es lo que yo preferiría”. 

Los archivos de Epstein ofrecen una visión de la verdadera misoginia que existe en la cultura científica, mayoritariamente masculina

Dan Vergano — Editor senior de Scientific American

Anteriormente, Epstein había discutido con el exprofesor de biología humana de Stanford, Nathan Wolfe, sobre la posibilidad de desarrollar una “viagra femenina” a partir de un virus que excitara a las mujeres y se proponía hacer un estudio en tiempo real con estudiantes universitarias. Epstein también quería invertir en investigación para modificar genéticamente embriones y manifestó su voluntad de tener muchos hijos (según The New York Times, había planeado “sembrar” su ADN embarazando a 20 mujeres a la vez y discutió la idea con varios científicos de alto nivel).

De una forma u otra, todos los científicos que aparecen relacionados con Epstein en estos archivos han asegurado a distintos medios que desconocían sus actividades delictivas y se han arrepentido de haber mantenido algún tipo de vínculo con él o de haber recibido financiación de sus fondos.

Misoginia en la cultura científica

“Los archivos de Epstein ofrecen una visión de la verdadera misoginia que existe en la cultura científica, mayoritariamente masculina”, asegura Dan Vergano. “Y estos ejemplos reflejan la forma en que habla esta gente cuando está sin máscara”. En su opinión, Epstein usó a los científicos como escudo, para proteger su reputación y aparecer como un filántropo en vez de como un delincuente. “Creo que era una forma de hacerse más atractivo para el público de lo que, a simple vista, les habría revelado su verdadera identidad. Pero parece claro que, tras su condena de 2008, los científicos deberían haberle prestado atención”.

Además de quienes aparecen en la lista de 30 científicos de la nueva remesa, los archivos de Epstein incluyen otros nombres destacados en el grupo de influencia que quiso construir su alrededor y que en ocasiones parecía una red de apoyo mutuo. Es el caso de Lawrence Krauss, físico teórico entonces en la Universidad Estatal de Arizona, que recibió apoyo económico de Epstein y hasta le pidió consejo sobre cómo defenderse de las acusaciones de acoso sexual por las que finalmente fue expulsado de la universidad. 

El caso Epstein socava la integridad de la investigación cuando las personas pueden elegir líneas de investigación que les atraen simplemente porque pueden pagarlas

Naomi Oreskes — Historiadora de la ciencia

La periodista científica británica Angela Saini, autora de dos libros sobre el sexismo y el supremacismo en ciencia, lleva años argumentando que son las redes de individuos las que han mantenido vivos el sexismo y el racismo en el ámbito académico. “Los archivos de Epstein ofrecen pruebas concretas de cómo operan estas redes”, asegura a elDiario.es. “No es casualidad que el biólogo Robert Trivers, quien en una ocasión le dijo a la gran primatóloga Sarah Blaffer Hrdy que debería centrarse en su rol como madre en casa, solicitara financiación a Epstein. El desprecio por la capacidad intelectual femenina iba de la mano de la denigración de las jóvenes de las que Epstein abusó”.

Teresa Samper, socióloga de la ciencia de la Universitat de València, cree que Epstein no necesitó promover una ciencia abiertamente misógina. “Actuó como amplificador de corrientes científicas ya existentes, como las representadas por Steven Pinker, que tienden a biologizar las desigualdades al separar la relación entre cerebro y sexo de los contextos sociomateriales en los que se producen”, señala. “A Epstein le bastó con rodearse de investigadores con enorme autoridad cultural —científicos estrella como el propio Pinker o Lawrence Summers, antiguo presidente de la Universidad de Harvard, campus que Epstein visitaba con frecuencia— para dotar de respetabilidad a ese marco de ideas”.

Un problema de integridad

Algunos especialistas, como la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes, ya habían señalado otro gran problema: la manera en que las grandes fortunas pueden distorsionar la investigación científica, condicionando la discusión pública y financiando las investigaciones que van en la dirección que les interesa. “No se trata solo de que una persona horrible haya podido comprarse un halo de respetabilidad”, escribió. “El caso Epstein saca a la luz un problema mucho mayor: socava la integridad de la investigación cuando las personas pueden elegir líneas de investigación que les atraen simplemente porque pueden pagarlas”.

“Es inaudito que alguien que proporciona financiación esté involucrado con la investigación a ese nivel”, asegura Jesse Kass, matemático de la Universidad de California en Santa Cruz, en Nature. “Debería haber una discusión seria [en círculos académicos] sobre qué salió mal y cómo evitar que eso vuelva a ocurrir en asociaciones con financiadores privados”. “La pregunta es qué quería Epstein cuando organizaba fiestas con multimillonarios donde los científicos estaban en el menú, como si fueran una especie de adornos del evento”, concluye Dan Vergano. “Y esto plantea la cuestión de hasta dónde están dispuestos a llegar los académicos para obtener financiación”.

Los tribunales han confirmado la condena de 433 años de prisión impuesta a un pedófilo con antecedentes que a lo largo de 2021 contactó con varias decenas de menores a través del videojuego Fortnite para obtener imágenes sexuales de ellos. El Tribunal Superior de Madrid ratifica que este pederasta incurrió en más de medio centenar de delitos, aunque como mucho cumplirá dos décadas entre rejas. Se trata de una de las condenas más altas impuesta en España a un pederasta por delitos sexuales contra menores de edad.

Aldo M. V. llevaba varias décadas afincado en Málaga cuando un juzgado de la localidad madrileña de Getafe registró hasta el último rincón de su casa en septiembre de 2021. Los tribunales andaluces ya le habían condenado en varias ocasiones por abusos a menores. En una de ellas, por atraer a su casa a los niños de su bloque de pisos en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz con la excusa de jugar a la PlayStation en 2005 y abusar de ellos.

En total, abusó de una quincena de niños y recibió condenas que sumaron más de medio siglo de cárcel, aunque los tribunales redujeron su cumplimiento efectivo. Años después y con sus condenas cumplidas, volvió a la carga: empezó a contactar con menores de edad a través del videojuego Fortnite, donde se ganaba su confianza en las partidas pero también dándoles “paVos” –la moneda virtual de este battle royale con millones de jugadores en todo el mundo– o comprando skins para ellos.

Hasta en 25 ocasiones, según las resoluciones judiciales a las que ha accedido elDiario.es, el pedófilo contactó con jugadores menores de 12 años de edad y consiguió que le suministraran imágenes íntimas y sexuales. Videollamadas por Skype que él grababa y de las que llegó a sacar cientos de pantallazos que almacenó en un servidor en Internet. Los investigadores encontraron las imágenes y vídeos en un registro en el que intervinieron un ordenador, un teléfono móvil, varias memorias, una libreta y varios chupetes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de confirmar íntegramente la condena que le impuso la Audiencia Provincial a mediados del año pasado: hasta 433 años de prisión por más de medio centenar de delitos sexuales relacionados con la pedofilia. Desde abusos sexuales hasta pornografía infantil pasando por modalidades específicas como el 'grooming'. Los jueces también mantienen, por tanto, el cálculo que limita en el tiempo el cumplimiento de su condena: como máximo pasará 20 años entre rejas, cuatro de los cuales ya ha pasado en prisión preventiva.

Parte de su condena también procede de una agresión sexual que perpetró sobre un menor de edad en Málaga. Aprovechó que estableció contacto con la madre de la víctima en una playa nudista para, aprovechando momentos de intimidad, perpetrar sus asaltos sexuales.

15 años abusando de niños pequeños

El TSJ de Madrid rechaza los argumentos del recurso del pedófilo: que no había pruebas contra él, que había sido condenado varias veces por los mismos hechos e incluso pedía reducir a la mitad las indemnizaciones de sus víctimas. Los jueces contestan que fueron intervenidas “innumerables imágenes” que tomó de los menores, él mismo sale en algunos vídeos y “son múltiples menores los que coinciden en el patrón de actuación del acusado”.

Las indemnizaciones tampoco son excesivas, explica el TSJM, y responden a los “graves sentimientos de vergüenza y humillación” que experimentaron las víctimas. El acusado, añaden los jueces, no padece ningún trastorno que justifique una rebaja de la condena, tal y como pedía al afirmar que tiene “dificultad para controlar impulsos”. Contestan los jueces del tribunal madrileño que no existe ningún diagnóstico y que “en absoluto esto puede llevar a concluir que tuviera alteradas sus facultades intelectivo volitivas”.

Las distintas sentencias revelan un mismo modus operandi desde al menos el año 2005, cuando, según los tribunales malagueños, empezó a abusar de niños de su bloque de pisos con el cebo de jugar a la consola en su casa. En esos años, tal y como publicó entonces el periódico ABC, también aprovechó su puesto como entrenador de fútbol para abusar de menores de edad aunque los jueces dejaron en 12 años de prisión el cumplimiento máximo de todas esas condenas que sumaban más de 50 años. En esos años, según denunció una asociación, trabajaba en varios colegios públicos de Málaga.

Su última detención a manos de la Guardia Civil fue la que ha desembocado en esta condena de más de 400 años de presidio. Las alarmas saltaron cuando los padres de una de sus 25 víctimas informaron de las sospechas que tenían sobre cómo su hijo mantenía contacto con un adulto a través de un videojuego. Si el Tribunal Supremo no corrige esta sentencia, este pedófilo nacido en Argentina y afincado en Málaga será expulsado de España cuando cumpla la mayor parte de su condena.

El director del documental 'Melania' (sobre el papel de Melania Trump como primera dama estadounidense), Brett Ratner, aparece junto a una joven en uno de los documentos desclasificados de los llamados 'archivos Epstein', según destaca este domingo la BBC.

En una fotografía sin datar, Ratner aparece abrazando por la cintura a una joven, ambos sentados en un sofá junto a Jeffrey Epstein y a otra joven. Las dos mujeres tienen el rostro cubierto, por lo que es imposible saber su edad.

Esa fotografía, la más elocuente, forma parte de otro grupo de imágenes donde Ratner aparece en lo que parece ser una de las mansiones de Epstein, en solitario, junto al millonario pederasta o en compañía de otras mujeres, éstas siempre con el rostro velado. El director de cine también aparece en varias fotografías, en una de ellas de rodillas y abrazándole, junto a Jean-Luc Brunel, el fallecido cazatalentos del mundo de la moda y depredador sexual francés que conseguía mujeres jóvenes para la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein.

Jean-Luc Brunel murió en 2022 en el interior de su celda, en Francia, cuando se enfrentaba a diversos delitos y estaba acusado de haber violado a una menor, además de otros delitos de trata de personas por supuestamente conseguir menores para la red de Epstein.

Ratner, que ahora tiene 56 años, ha dirigido la serie de películas de 'Rush Hour' ('Hora Punta'), así como 'X-Men: The last stand' ('X-Men: La decisión final').

En el pasado se ha enfrentado a acusaciones de comportamientos inapropiados con al menos seis actrices, que lo denunciaron en 2017, en el apogeo del movimiento 'Me Too'. Una de ellas afirmó que Ratner se había masturbado delante de ella durante un rodaje. A través de sus abogados, el cineasta siempre ha negado los hechos.

La aparición de las nuevas fotos coincide con el estreno del documental 'Melania' en salas de cine, donde está teniendo una acogida discreta.

Amazon ha invertido 40 millones de dólares —según filtraciones, 28 de los cuales han ido a parar al bolsillo de la propia Melania— en la película, que muestra los supuestos entresijos de la primera dama en los días previos a la asunción de Donald Trump para su segundo mandato.

Este domingo, la revista Rolling Stone —que califica el documental como “un fracaso en prácticamente todos los aspectos”— señala que el rodaje fue enormemente caótico y desorganizado, citando a miembros del equipo de Ratner.

Esas personas salvaron a Melania de las críticas, pero no así a Ratner, de quien dijeron que les había faltado el respeto repetidamente, tanto que una gran parte del equipo solicitó no ser incluido en los títulos de crédito para que sus nombres no aparezcan en el futuro ligados al de Ratner.

Precisamente en los últimos días numerosos carteles y pósteres promocionales del documental han sido vandalizados a lo largo de Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, como crítica a las violentas actuaciones del ICE contra ciudadanos de Minneapolis.

Roblox es un colorido mundo online que busca ser un punto de encuentro para jóvenes, en el que pueden programar sus propias experiencias interactivas o disfrutar de las generadas por otros usuarios, con los que también es posible relacionarse. La diferencia con otras propuestas igualmente exitosas como Minecraft, donde creatividad y comunidad se dan la mano, radica en que las mecánicas de juego varían en cada universo y en que existe mayor personalización. Sobre el papel suena a prometedor terreno de juego, pero diversas denuncias afirman que la plataforma es también “un coto de caza perfecto para pederastas”, según las palabras de la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill.

Precisamente la Fiscalía de Luisiana ha presentado varias demandas contra el gigante del entretenimiento. En Estados Unidos varios juzgados tienen causas abiertas relacionadas con la presencia de depredadores sexuales en el portal. En España, la Fiscalía de Lleida está rastreando posible corrupción de menores en todo el territorio nacional, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos ha ampliado la investigación que tiene en marcha sobre el tratamiento que hace de los datos de los jóvenes, para comprobar si sus mecanismos de verificación son eficientes.

Para entrar a Roblox basta con crear un usuario nuevo. Sin necesidad de comprobar la edad es posible acceder a miles de experiencias de toda índole. Para las consideradas como “maduras” hay que demostrar ser mayor de 13 mediante un sistema de verificación con IA que requiere mostrar el rostro en cámara, y que a partir de enero será requisito obligatorio para acceder a las funciones de comunicación. Moverse por la interfaz resulta intuitivo, es fácil de instalar, en principio no hay que pagar nada y su estética recuerda a Lego. Estos ingredientes han hecho que la compañía tenga más de 85 millones de usuarios activos al día —aunque Hindenburg Research asegura que estaban inflando las estadísticas—, teniendo un 39 % de ellos menos de 13 años de acuerdo con Takeaway Reality. 

La edad mínima para acceder a Instagram o TikTok es precisamente 13. En Roblox, esa barrera desciende hasta los 5 años. Por eso, los jóvenes acuden desde edades tempranas al portal a divertirse y socializar. Los cinco menores entrevistados para este reportaje comentan que empezaron a jugar pronto y que llevan haciéndolo desde entonces. La posibilidad de probar experiencias variadas es uno de los atractivos que destacan, así como el poder singularizar sus avatares. Pero, frente a esta cara más amable, subyacen problemas que ponen en peligro a sus usuarios y que, lejos de ser nuevos, llevan discutiéndose mucho tiempo.

En 2018, una madre denunció en Facebook que habían agredido sexualmente al avatar de su hija. Entonces, la conversación giró alrededor de la violencia online, pero un año antes el youtuber Ruben Sim ya había expuesto en su canal el comportamiento depredador de algunos adultos. Otras figuras han seguido su camino, como el influencer Schlep, quien, tras publicar varios vídeos en los que se hacía pasar por un menor para desenmascarar a pederastas, ha sido baneado por incumplir los términos de servicio del portal. Pero fue el reportaje de Bloomberg profundizando sobre la presencia de agresores sexuales en la plataforma el que hizo saltar todas las alarmas. 

“Que haya incidencias no es nuevo, porque esto ocurre a través de los chats, y suele aparecer también en redes sociales como Instagram o TikTok”, explica a este medio la Dra. María Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. “A las consultas vienen padres por dolores de cabeza o problemas para dormir de sus hijos que vemos que ocurren porque en Roblox se enfrentan a contenidos que les incitan a las autolesiones, les cuestionan su sexualidad o les invitan a mandar fotos desnudos, y sí hemos detectado una agrupación y aumento de casos”, aclara.

Violencia virtual, consecuencias reales

Roblox es consciente de que existe un problema, pues en 2024 reportó más de 24.000 incidentes de explotación infantil en su plataforma al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la organización estadounidense que ofrece ayuda a las víctimas y familias de niños perdidos, recuperados o víctimas de explotación sexual. La cifra fue bastante más elevada que los 13.000 reportes internos del año previo, según Games Industry. Matt Dolman, del bufete Dolman Law Group, comentaba en una entrevista con Wired que están llevando 300 casos de pederastia, siendo el 60% de sus clientes niñas. Los bufetes Stinar Gould Grieco & Hensley y Milberg representan a otras 400 presuntas víctimas. Por su parte, la empresa de inversiones Hindenburg Research asegura que la plataforma expone a los menores a “grooming, pornografía, contenido violento y lenguaje abusivo”.

La demanda interpuesta por la Fiscalía de Luisiana alude a que algunas de las experiencias que se pueden encontrar tienen nombres como “Escape to Epstein Island” (“Escape a la isla Epstein”), en alusión al depredador sexual Jeffrey Epstein. Buceando por Roblox, en la actualidad no es tan sencillo dar con esta clase de títulos, pero hay muchas experiencias destinadas a charlar, estar de fiesta o socializar en las que es fácil encontrar a usuarios preguntando a otros por su edad o detalles personales e intentando ligar.

Del mismo modo, hay que mencionar la existencia de los condo games, espacios en los que se queda para simular relaciones sexuales a los que se accede mediante canales externos. Un representante de Roblox explica a este diario que son conscientes de que “hay personas malintencionadas que tratarán de eludir las normas”, pero que “se tratan de una minoría” y disponen de “herramientas eficaces para detectar y eliminar estos juegos a través de una combinación de tecnología de aprendizaje automático y la intervención manual de un equipo de moderadores expertos”. Insiste en que “es muy raro que los usuarios se encuentren con ese contenido en la plataforma”, ya que cuentan con “filtros para evitar buscar contenido inapropiado”. A pesar de ello, es sencillo llegar a comunidades en Telegram o Discord a través de las cuales acceder a dichas experiencias eróticas, que muchas veces están creadas y gestionadas por menores, como expuso el youtuber trixt0r en su canal mediante entrevistas a varios desarrolladores.

Cómo proteger a los menores que juegan

“Conocí a gente que se hacía pasar por un niño. Sentía que esa persona trataba de manipularme y usaba unos términos algo raros, pero yo entonces era muy pequeña” comenta Lucía [nombre ficticio], una joven jugadora que detectó comportamientos extraños en Roblox. Para Marina [nombre ficticio] la experiencia ha sido diferente: “no he sentido que alguien con quien me haya encontrado se haya hecho pasar por niño, pero sí gente con intenciones de robar o aprovecharse de mí”, expresa. Su madre añade que su hija “aprendió a poner en duda lo que dicen en el juego y actuar en consecuencia” y que, antes de que comenzara a jugar, estuvieron “hablando de lo que podía encontrar”. “Le dije que me preguntara cada cosa con la que le surgieran dudas o temor”, relata, algo que la joven ha cumplido. La progenitora destaca que también ha encontrado gente que comparte sus intereses, pero que “ahora solo se relaciona con amigos ya consolidados”.

Todos los jugadores entrevistados para este artículo son menores y suelen jugar con amigos cercanos. Carmen [nombre ficticio] es una adolescente que asegura que la plataforma es “segura si se usa con cuidado o bajo control parental”, pero se ríe al ser preguntada por esta herramienta, porque ella misma no la ha utilizado nunca, ya que afirma que siempre juega a lo mismo y que sus padres lo saben. No es la única: ninguno de los entrevistados utiliza los controles parentales que ofrece la plataforma. Mario [nombre ficticio] explica que “hay que tener cuidado con la gente con la que se interactúa”, consciente de que existen algunos riesgos online. Sus padres confían en que su hijo “sabe perfectamente los peligros de Internet”, sobre todo el riesgo que supone tener conversaciones fuera de la propia aplicación de Roblox, porque, mientras que la plataforma censura el lenguaje inapropiado, los enlaces a sitios externos e información personal como direcciones o teléfonos, otros espacios donde se reúnen las comunidades de jugadores, como Discord, no cuentan con este filtro. La Dra. María Salmerón añade que, “igual que cuando salen a la calle es importante saber dónde van a estar y con quién van a ir sus hijos, en el mundo digital es igual”. Por eso anima a los progenitores a probar estos servicios “durante un tiempo y ver qué posibles riesgos entrañan”.

Construyendo experiencias y no videojuegos

Roblox nace con la idea de que los videojuegos eran el futuro del software educacional, pero sus creadores, Erik Cassel y David Brent Baszucki, pronto se dieron cuenta de que los menores usaban ese lenguaje tan sencillo más para jugar que para aprender. En 2006 la empresa adopta su nombre actual y empieza a crecer como un portal recreativo destinado a que los chavales desarrollen sus propias experiencias. Usan este término, experiencias, en lugar de videojuegos para no dar la sensación de que se nutren del músculo creativo de los usuarios. Pero la realidad es que las ganancias de la compañía, valorada en la actualidad en 90.000 millones de dólares, derivan en gran medida de las creaciones de los jugadores. 

No hay que perder de vista que Roblox no es un videojuego per se, sino una plataforma que los aglutina. Por tanto, anima a que cualquier persona desarrolle accesorios para los avatares o experiencias que incluyen microtransacciones, de modo que otros jugadores puedan pagar por estos elementos. De cada venta, la compañía se queda un elevado porcentaje, mientras que los creadores ganan alrededor de un 30% del valor del producto que han diseñado. Al preguntarle por esta cuestión, el representante de Roblox habla de que “es una forma de expresión creativa” y de que “para algunos es un hobby”, pero “para otros se puede convertir en una carrera”. Destaca que, las personas “inscritas en el programa DevEx”, que permite intercambiar la moneda del juego por divisa real, “tienen en su mayoría más de 18”. También, que “la edad media de los desarrolladores con mayores ingresos ronda los 25 años”. Pero esto ignora que cualquier usuario que supere los 13 puede pagar por campañas publicitarias para promocionar sus creaciones, algo que incentiva la propia compañía. También, que hay menores trabajando para creadores, adultos o no, para los cuales realizan tareas a cambio de la moneda del juego, Robux, o dinero real, como exploró The Guardian. Dado que se suelen organizar en espacios externos como Discord, no existe regulación en dichas comunidades de desarrollo. 

En 2021, People Make Games publicó un completo reportaje en el que abordaban la explotación laboral infantil en Roblox. En él señalaban que la empresa se queda con porcentajes muy elevados de cada transacción y que el cambio de la moneda in game sale peor cuando te pagan tu parte que cuando la cambias para comprar. Quintin Smith, guionista y presentador del documental, expresa en una entrevista para elDiario.es que no sabe “qué implica para el desarrollo psicológico de un niño que sus primeros trabajos sean todos en un espacio no regulado que no cuenta con los controles que deben implementarse para evitar la explotación laboral”, pero que está “seguro” de que “no es bueno para su autoestima o, lo que es peor, para el tipo de gerente en el que se convertirá cuando tenga empleados”. La Dra. María Salmerón señala que entre los adolescentes que diseñan experiencias existe el problema de que los “sistemas de recompensa inmediata activan la zona dopaminérgica, lo que implica que ”son adictivos“ a través de mecanismos como ”el hecho de tener monedas, de poder comprar mejoras para el juego o de que haya macroencuentros a horas intempestivas entre semana“. 

El planteamiento de Roblox y su foco en la personalización mediante la compra de mejoras es otra de las fuentes de beneficios. De los menores entrevistados, solo Carmen aseguraba no haber invertido nada, aunque tiene gente de su entorno cercano que se ha dejado “mucho dinero”, y algunos a los que incluso han robado tras hackear sus cuentas. Muchas marcas aprovechan este espacio virtual para promocionarse mediante el diseño de experiencias propias, por ejemplo, Mattel ofrece colaboraciones exclusivas para algunos de sus productos, como las muñecas Monster High. Y, desde hace unos meses, Roblox permite realizar compras físicas en sus entornos online y ganar recompensas por visionar anuncios de 30 segundos. 

Esto refuerza la idea de que funciona como un centro comercial, uno en el que también hay experiencias con dinámicas parecidas a las de los juegos de apuestas. Porque, evitando la denominación de videojuego, en Roblox esquivan las regulaciones de los juegos de azar. “Prohibimos simulaciones y apuestas reales en la plataforma, donde no se puede intercambiar dinero real, Robux ni artículos de valor dentro del juego en relación con ninguna actividad relacionada con las apuestas”, matiza su portavoz. Sin embargo, en su universo online existen cientos de experiencias que imitan la ambientación y mecánicas de los casinos.

El futuro incierto de ‘Roblox’

Después de que 51 personas musulmanas fueran asesinadas en las mezquitas neozelandesas de Christchurch, en Roblox aparecieron experiencias que recreaban estos atentados. Del mismo modo, existen zonas de roleplay nazi amparadas en ser obras sobre la II Guerra Mundial, donde de manera lo suficiente sutil como para evitar el banneo se emplea simbología fascista, por ejemplo, alterando los colores de la bandera o la forma de la esvástica. Desde la compañía aseguran que tienen “una política estricta que prohíbe contenidos o comportamientos que inciten, aprueben, apoyen, glorifiquen o promuevan el extremismo” y que lo gestionan mediante el uso de tecnologías como la IA y otras herramientas automatizadas, pero también con investigadores. 

Pero no parece tan eficaz en el caso del franquismo, pues no es complicado dar con obras cuya portada son imágenes del Valle de los Caídos o que recrean la Guerra Civil o la dictadura desde el ensalzamiento. Asimismo, existen perfiles en redes sociales como TikTok que suben vídeos de su paso por Roblox con escenas que titulan “franquista invade Marruecos para que no vengan los moros” o “[nombre del personaje] ahoga penas en alcohol recordando los mejores momentos del caudillo”.

La falta de regulación online ha llevado a que algunos entornos se conviertan en espacios en los que grupos extremistas se organizan. En estas comunidades virtuales han crecido grupos violentos que abusan de menores como la organización neonazi 764. Aunque no es algo exclusivo de Roblox, pues la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense investigaba las comunidades de World of Warcraft y Second Life para detectar grupos terroristas por estar sus chats menos controlados que las apps de mensajería instantánea o las redes sociales. 

No hay que perder de vista que en los mundos virtuales se socializa de verdad, algo que los convierte en lugares de expresión. De ahí que Roblox haya habido protestas en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense y concentraciones a favor de Palestina, muchas de las cuales fueron cerradas por la propia plataforma. Nada de lo que ocurre en ella es nueva, pues Habbo Hotel, videojuego que cumple 25 años, sufrió crisis parecidas: el título finés fue pionero en las microtransacciones que cambiaban dinero real por la moneda del juego, tuvo polémicas tras acciones reaccionarias de trolls y, en 2012, tras una investigación de Channel 4, se desveló la existencia de chats sexuales en los que se acosaba a menores, lo que supuso el principio de su decadencia. 

“Literalmente cualquier videojuego online dirigido a niños se convertirá en un foco de abusos si se le deja. Por desgracia, para obtener beneficios, estas empresas deben gestionar sus entornos digitales a una escala que hace que la moderación constante resulte inviable por su elevado coste”, explica Quintin Smith, quien compara la situación con “un negocio de parques infantiles que tiene un solo cuidador para supervisar a cientos de niños para poder obtener beneficios”. Para hacer frente al problema, Roblox ha tomado nuevas medidas de seguridad en el último año, como implementar las conexiones de confianza, que permiten seleccionar usuarios concretos para chatear sin filtro. Y, a partir de enero, el sistema de chat volverá a cambiar, pues estará basado en la edad estimada por el reconocimiento facial precisamente para limitar la comunicación entre menores y adultos. 

Cualquier videojuego online dirigido a niños se convertirá en un foco de abusos si se le deja. Por desgracia, para obtener beneficios, estas empresas deben gestionar sus entornos digitales a una escala que hace que la moderación constante resulte inviable por su elevado coste

Quintin Smith — Guionista y presentador del documental sobre Reblox elaborado por 'People Make Games'

Pero la normativa presente hasta el momento trata a los mayores de 13 años como si fuesen adultos y, aunque prohíbe compartir imágenes, vídeos o información confidencial en sus chats, los usuarios son capaces de saltarse estas restricciones a través de modificar el lenguaje empleado y de trasladar la conversación a otras plataformas menos reguladas. Por eso, la Dra. María Salmerón recuerda que, para proteger a los menores, “los padres no tienen que estar alerta solo en los juegos, sino en cualquier servicio digital que tenga servicios de chats privados, pues es ahí donde ocurren los problemas.”

Respecto a Roblox, mientras la Unión Europea estudia si Instagram y Facebook incumplen la obligación de proporcionar a sus usuarios mecanismos sencillos para notificar contenido ilegal, parece que las denuncias lo mantendrán en el punto de mira. Su CEO, David Baszucki, expresaba en una entrevista reciente con la BBC que quiere que sea “el futuro de la comunicación”. Quizá se trunquen estas ambiciones y corra la misma suerte que Habbo Hotel ahora que la seguridad en la plataforma está en entredicho o, quizá, el poder acumulado en estos años permita que aquel proyecto nacido como educativo siga en activo a pesar de los riesgos que puede entrañar para sus jóvenes jugadores. 

La Unión Europea ha resucitado una controvertida propuesta para obligar a los servicios digitales a escanear todas las comunicaciones de sus usuarios en busca de material de abuso sexual infantil. El plan, que ya fue rechazado por el Parlamento Europeo durante la anterior legislatura comunitaria, vuelve a estar sobre la mesa de las instituciones a través de una nueva propuesta de la Comisión Europea que está ganando apoyos entre varios estados miembros y será debatida este viernes en una reunión de los Veintisiete.

La propuesta busca establecer normas para prevenir y combatir el abuso sexual infantil y la distribución de material pedófilo. Su objetivo es impedir que las aplicaciones de mensajería, correo electrónico, las redes sociales o los chats de videojuegos se utilicen para estos delitos. Bruselas argumenta que deben ser los proveedores de estos servicios sobre los que se regule, ya que “son a menudo los únicos en posición de prevenir y combatir tal abuso”.

El plan es que estas plataformas instalen un algoritmo que revise todos los chats de los usuarios en busca de patrones de alerta que indiquen que en una conversación determinada se podrían estar generando o compartiendo imágenes que encajan con la pornografía infantil. Al detectarlas, el algoritmo daría aviso a la compañía, que lo reportaría a las fuerzas de seguridad. Apps como WhatsApp, Telegram, Signal, Instagram, Gmail y cientos más se verían afectadas.

“Las medidas adoptadas deben ser específicas, cuidadosamente equilibradas y proporcionadas, a fin de evitar consecuencias negativas indebidas para quienes utilizan estos servicios con fines lícitos”, afirma la propuesta, que ha introducido algunas modificaciones respecto al texto que fue rechazado por la Eurocámara en 2023. El principal es la reducción del alcance del escaneo a las imágenes y enlaces que compartan los usuarios —el plan anterior abarcaba todos los mensajes, incluido texto o audio— y el hecho de que este se realice en el mismo dispositivo del usuario.

El nuevo texto también hace especial hincapié en la importancia del cifrado de extremo a extremo. Se trata tecnología más robusta actualmente para proteger la confidencialidad de las comunicaciones digitales, ya que los convierte en un código ilegible para cualquiera excepto el emisor y el destinatario. El temor a que el escaneo de los mensajes abriera una agujero en esta protección fue una de las principales causas de la caída de la propuesta anterior.

“El cifrado de extremo a extremo es un medio necesario para proteger los derechos fundamentales y la seguridad digital de los gobiernos, la industria y la sociedad”, asegura ahora el texto de la Comisión. “Este Reglamento no prohibirá, hará imposible, debilitará, eludirá o socavará de otro modo las medidas de ciberseguridad, en particular el cifrado, incluido el cifrado de extremo a extremo”, recalca.

Sin embargo, no cede en su intención de establecer un mecanismo de vigilancia masiva que pueda detectar este tipo de imágenes en cualquier situación. El abuso infantil “debe seguir siendo detectable en todos los servicios de comunicaciones interpersonales mediante la aplicación de tecnologías verificadas”, señala el texto, que impone que “el mecanismo de detección pueda acceder a los datos en su forma no cifrada para un análisis y una acción eficaces”.

“Vigilancia sin precedentes”

La propuesta tumbada por el Parlamento Europeo en 2023 suscitó un enorme rechazo entre los tecnólogos y la comunidad de organizaciones de defensa de los derechos digitales. La nueva proposición ha arrancado con la misma controversia.

Este martes, 467 especialistas de 36 países han enviado una carta a las instituciones comunitarias para alertar de que su plan para escanear todos los chats “socava por completo las protecciones de seguridad y privacidad que son esenciales para salvaguardar la sociedad digital”. “La nueva propuesta, al igual que sus predecesoras, creará capacidades sin precedentes de vigilancia, control y censura, y conlleva un riesgo inherente de desvío de funciones y de abuso por parte de regímenes menos democráticos”, denuncian en la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La mayoría de los firmantes son profesores universitarios e investigadores especializados en cifrado digital de las comunicaciones, ciberseguridad y tecnologías de privacidad. Muchos de ellos de reconocido prestigio internacional, como la española Carmela Troncoso, directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, una de las instituciones de referencia en Alemania. “La propuesta sigue sin garantizar ninguna mejora en la protección para menores, pero sigue siendo una amenaza enorme para la privacidad y libertad online”, explica a este medio.

“La nueva propuesta dice que solo mirarán URLs e imágenes —aunque en una nota se dice que puede volver el análisis de texto a través de una enmienda en el futuro— pero esto no cambia el hecho de que sigue siendo fácil evadir el detector con cambios pequeños”, avisa la especialista.

Imposible técnicamente y fácil de burlar

El principal argumento técnico de los especialistas respecto al plan de escaneo de chats de Bruselas sigue siendo el mismo: no existe la tecnología para llevarlo a cabo. “Simplemente, no es viable realizar detecciones de material de abuso sexual infantil conocido y nuevo entre cientos de millones de usuarios con un nivel aceptable de precisión, independientemente del filtro concreto”, explican en la carta.

“Los expertos han demostrado en repetidas ocasiones que los métodos de detección de material de abuso infantil conocido son fáciles de eludir: basta con modificar unos pocos bits en una imagen para que esta no active los detectores más avanzados”, detallan. Para los abusadores y pedófilos, sería fácil adoptar métodos como este para escapar del algoritmo, alegan los expertos, lo que les permitiría “burlarlo por completo”.

Los detectores de última generación arrojarían tasas inaceptablemente altas de falsos positivos y falsos negativos, lo que los hace inadecuados para campañas de detección a gran escala, como las que plantea la regulación

Carta de 430 tecnólogos a la UE

Un filtro ineficaz que, por contra, sí podría causar disgustos al resto de la población. “La investigación existente confirma que los detectores de última generación arrojarían tasas inaceptablemente altas de falsos positivos y falsos negativos, lo que los hace inadecuados para campañas de detección a gran escala, como las que plantea la regulación, con cientos de millones de usuarios afectados”, destaca la carta.

Los tecnólogos hacen un amplio desglose técnico de los agujeros de la propuesta de la UE. Además, rebajan el potencial beneficioso de los cambios introducidos al plan de 2023. “No existe base científica para sostener que la tecnología de detección funcionaría mejor con imágenes que con texto”, dicen sobre la decisión de que el algoritmo analice solo fotografías y archivos. “Es imposible realizar detección de material y enviar los correspondientes reportes sin afectar al cifrado”, explican sobre la posibilidad de que ese análisis se realice en el dispositivo del usuario.

Actualmente, el documento que resucita el plan de la UE de escanear es una propuesta de compromiso de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que actualmente ocupa Dinamarca. Esto significa que es un texto que se está revisando y negociando entre los países de la UE. El próximo paso será la reunión del Grupo de Trabajo este 12 de septiembre, para su discusión y posibles enmiendas. De ser aprobada por el Consejo, el texto tendría que volver a pasar por el examen del Parlamento Europeo.

Xente LGTBI+ Astur (Xega) no participará en la IV Muestra de Cine Lésbico de Asturias que se celebrará, del 1 al 5 de septiembre, en Gijón. El colectivo no acudirá, a pesar de haber recibido una invitación formal, por la inclusión de la ex concejala socialista gijonesa Dulce Gallego en la programación para presentar la película “Ammonite”.

La coordinadora de Xega, África Preus, tiene claro que la exconcejala ha traspasado líneas rojas que, según asegura, eran “innegociables”.

“No se puede estimagtizar las siglas LGTBIQA+

“No se pueden tolerar discursos con prejuicios y mentiras que llevan al odio y con ello a discriminaciones, agresiones y violencias. Como lesbiana siento enormemente que este espacio de visibilización tan necesario para un colectivo tan historicamente tan invisible no sea un espacio seguro. La pedofilia NO es una orientación ni una identidad. Ante los prejuicios....Evidencias”, ha señalado.

El colectivo sostiene que Gallego difundió mensajes que “cuestionan y estigmatizan” las siglas del movimiento movimiento LGTBIQA+, “llegando incluso a vincular de manera falaz el '+' con la pedofilia”. Unos mensajes que se contenían en el artículo de opinión que la exconcejala publicó el pasado mes de diciembre y que fue subido a la página web del PSOE de Gijón.

“Reproduce narrativas de odio”

El artículo titulado “A vueltas con la Q y el signo +” incluía unas manifestaciones que, a juicio de Xega, no solo dañan la integridad del colectivo LGTBIQA+, sino que reproducen narrativas de odio que son “frontalmente contrarias a los valores de inclusión y respeto” que defienden.

Desde Xega se han puesto en contacto con las organizadoras y éstas les han manifestado que no se hacen responsables de las opiniones de las personas colaboradoras.

Una línea roja “innegociable”

No obstante, desde el colectivo entienden que “la seguridad, dignidad y bienestar” de todas las identidades del colectivo son una línea roja “innegociable”.

“Por ello no podemos apoyar un espacio que legitime voces que socavan estos principios”, aseguran.

Una decisión irrevocable

La decisión de no acudir a la muestra es irrevocable y reconocen que no ha sido fácil adoptarla, pero sí necesaria ante las declaraciones de Dulce Gallego.

“Lamentamos profundamente no compartir este año un espacio que, en otros contextos, ha sido de gran visibilidad para la cultura lésbica asturiana”, explican en un comunicado donde anuncian su decisión.

La defensa del movimiento LGTBIQA+

“Creemos imprescindible -afirman- mantenernos firmes en la defensa de un movimiento LGTBIQA+ inclusivo, seguro y libre de discursos dañinos”, aseveran.

Dulce Gallego es trabajadora social y fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Gijón entre los años 1999-2007 con responsabilidades en las áreas de Empleo y Desarrollo Local en Políticas de Igualdad y en Medio Ambiente . Durante la legislatura 2007-2011 desempeñó el cargo de concejala delegada de Medio Ambiente.

El PSOE defiende a Gallego

El PSOE de Gijón incluye en su página web el polémico artículo de opinión de Dulce Gallego que ha provocado el rechazo del colectivo a acudir a la Muestra de Cine Lésbico y que reproducimos en el despiece que publicamos unas líneas más abajo.

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón/Xixón y el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón/Xixón han emitido este jueves un comunicado donde muestran “el apoyo y reconocimiento” a su compañera, de la que destacan su “ intachable trayectoria de defensa de los derechos y las libertades”.

Su trayectoria

“Una trayectoria iniciada a edad muy temprana, luchando por las libertades y la igualdad en AFA, Asociación Feminista de Asturias, durante la clandestinidad. Su compromiso antifranquista -añade- se fraguó en distintas organizaciones políticas de izquierda y continuó durante toda la democracia, con un compromiso muy activo que la llevó a ser concejala socialista del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en los tres gobiernos de Paz Fernández Felgueroso”.

Los socialistas gijoneses resaltan igualmente su compromiso social como trabajadora social, donde recuerdan que formó parte de Belladona, clínica de referencia en relación con los derechos reproductivos de las mujeres y, más tarde, como empleada del Principado de Asturias, en la Consejería de Salud, en la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías.

Su papel como presentadora

“Su defensa de la libertad de orientación sexual y su militancia feminista, en asociaciones como la Tertulia Feminista Les Comadres, Fórum de Política Feminista, Femes y en todas las movilizaciones del movimiento feminista le han proporcionado el reconocimiento de amplios sectores de la ciudad y justifican plena y coherentemente su papel, como presentadora de una de las películas del certamen de cine lésbico”, expone en su comunicado.

Los socialistas gijoneses reconocen también su labor como defensora de una “ética de la solidaridad y del cuidado” que dedicó el pasado año, ahora que ya está jubilada, a la elaboración y difusión de la biografía de Adela Gabarri, presidenta de la Asociación Gitana de Gijón.

La libertad de expresión

“Por todo ello, no pueden tener cabida, para nosotros, actitudes de cancelación como las que ha adoptado Xega. Manifestamos -afirman en el escrito- que no puede haber democracia sin libertad de expresión y que la práctica de políticas de cancelación no se puede justificar solo por diferencias de opinión, por no suscribir teorías o partes de una ley”.

El comunicado concluye reiterando su apoyo a su compañera y recalca que “Nuestro futuro, como sociedad, está en el diálogo y en la confrontación democrática de ideas, nunca en la negación de la libertad de expresión y de pensamiento.

La postura de la organización

Por otro lado, los organizadores de la Muestra de Cine Lésbico se mantienen al margen de la polémica y se centran únicamente en el desarrollo del contenido del programa que han elaborado para este próximo mes de septiembre.

Su objetivo, indican, es dar a conocer “una realidad, en este caso cinematográfica y literaria, ocultada durante siglos”.

Todas las películas que se podrán ver entre el 1 y el 5 de septiembre, a las seis de la tarde, en el salón de actos de la Escuela de Comercio de Gijón, se proyectarán en versión original con subtítulos en español.

La programación

A continuación pueden consultar la programación elaborada para esta cuarta edición que ha sido organizada por Gesto Sociedad Cultural y Asociación para la Investigación de Conflictos Contemporáneos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El lunes, día 1 de septiembre, se proyecta “Disobeidence”, dirigida por Sébastian Lelio (Reino Unido, 2017 - 114 minutos.) Premio British Indeppendent Film Awards. Presenta: María José Palma.

El martes, día 2, se podrá ver las películas “Mádchen in uniform”, dirigida por Leontine Sagan (Alemania, 1931 - 88 minutos). Presenta: Marta Corral López, de Amnistía Internacional y a continuación se proyectará el cortometraje “Arqueología del deseo lésbico”, dirigida por Camille Zehenne (Francia, 2024 - 14 minutos). Estreno en el Principado de Asturias.

El miércoles, día 3, está programado que la ex concejala socialista Dulce Gallego presente la película “Ammonite”, dirigida por Francis Lee (Reino Unido, 2020 - 113 minutos) y que ha sido el motivo del rechazo de Xega a acudir a la muestra.

El jueves, día 4, se podrá ver “Extramuros”, del director Miguel Picazo (España, 1985 - 118 minutos). Presenta: Julia Navas Moreno.

El viernes, día 5, es el día de la clausura y para esta jornada está prevista la proyección de “Lesvia”, dirigida por Tzeli Hadjidimitriou (Grecia, 2024 - 78 minutos). Estreno en el Principado de Asturias. Gran Premio Zinegoak 2024, patrocinado por EITB. Premio al Mejor Largometraje Documental 2024. Presenta: Dalia Alonso.

Previa a la proyección de la cinta, Mari Chely Fernández y Puri García, del grupo teatral La Galerna, recitarán una selección de poemas de Safo.

En junio de 2022 una viandante encontró una mochila en Villanueva del Pardillo, una localidad a unos 30 kilómetros de Madrid. Dentro había una cámara de vídeo. Cuando la mujer reprodujo su contenido, vio un grupo de niñas cambiándose de ropa y entregó la mochila a la Guardia Civil. Así empezó un caso que llevó a la detención de uno de los profesores y copropietario del Colegio Virgen de Europa, en la cercana Boadilla del Monte, que presuntamente había estado grabando a las alumnas durante más de una década.

El caso sigue a la espera de juicio en la vía penal, después de que hace un año la Guardia Civil localizara nuevas potenciales víctimas y grabaciones en la casa del detenido. El proceso que ya se ha cerrado es la reclamación que la familia de una de las menores interpuso contra el Colegio ante la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por violar la privacidad de las niñas con esas grabaciones. El resultado ha sido una multa de 40.000 euros para el centro, que se ha reducido a 24.000 tras aceptar este la responsabilidad de las infracciones (20%) y proceder al pronto pago (reducción del 20% adicional).

La queja inicial se interpuso el 27 de septiembre de 2023, argumentando que la menor había sido grabada en vídeo y que estas grabaciones habían salido del control del Colegio. La familia consideraba que se habían violado los principios de integridad y confidencialidad de los datos personales de la menor (porque los vídeos salieron de forma no autorizada) y el principio de transparencia (porque las imágenes se captaron sin informar ni pedir consentimiento previo a los padres).

La AEPD admitió a trámite la reclamación elevó una serie de peticiones de información al Virgen de Europa sobre la obtención de las imágenes y su tratamiento.

En sus respuestas, primero el Colegio afirmó que obtenía el consentimiento de los padres para grabar imágenes de los alumnos en el momento de la matriculación, y que este consentimiento se revisaba anualmente. Como prueba, mostró un formulario de matrícula con una casilla para autorizar fotos y vídeos de los alumnos con fines de publicación en la web, anuarios, folletos, redes sociales y archivo del colegio.

Sin embargo, cuando el regulador de privacidad solicitó “repetidamente” las matrículas rellenadas y firmadas por las familias, el Virgen de Europa solo pudo aportar las correspondientes a tres de los últimos diez cursos.

Propósito docente

El Colegio cambió entonces su argumento: alegó que las imágenes se grababan con fines docentes, una excepción que hace innecesario el consentimiento. El profesor y copropietario del centro detenido, hijo de sus dos fundadores, también comunicó que las grabaciones que realizaba en el ejercicio de su labor tenían la finalidad de cumplir con el programa de docencia y para promocionar sus actividades.

A pesar de la insistencia del Colegio en la base legitimadora “propias de la función docente”, la AEPD fue contundente. El regulador concluyó que “en este caso concreto no se aprecia la existencia de base legal que ampare el tratamiento datos personales de la menor mediante la captación de imágenes con equipos de grabación”, a lo que se unía que el centro no pudo demostrar contar tampoco con el consentimiento para recoger datos personales de los alumnos para fines promocionales.

Brecha de seguridad: la pérdida del control de las imágenes

La reclamación inicial que dio origen al expediente de la AEPD señalaba que parte de los archivos de la menor fueron encontrados en una cámara hallada por un viandante en una carretera y otra parte en el domicilio personal del profesor. Esto llevó a la AEPD a considerar que se había producido una brecha de datos personales, ya que un tercero no autorizado había accedido a las imágenes de menores.

El Colegio insistió en que “la entidad dispone del control de las grabaciones” y que contaban con medidas como formaciones y concienciación del profesorado, además de otras medidas de seguridad. Sin embargo, la Agencia detectó que las formaciones al profesorado que había presentado el centro eran posteriores a los hechos.

Además, aunque las normas del Colegio indicaban que la salida de soportes con datos personales debía ser autorizada y registrada, la AEPD encontró que la autorización concedida al profesor detenido databa de 2018, era ilimitada en el tiempo, no especificaba la finalidad o el contenido, ni mencionaba las medidas de seguridad que debía adoptar. Más grave aún, el Colegio, requerido para aportar el registro de salidas y devoluciones de dispositivos, contradijo sus propias afirmaciones al asegurar que “no existe ninguna autorización que se haya otorgado para la salida y posterior devolución al docente” durante el periodo relevante, a pesar de que la autorización original de 2018 seguía vigente.

Tres sanciones con reducción

La resolución de la AEPD concluye con la imposición de tres sanciones económicas al Colegio Virgen de Europa por vulnerar distintos artículos del Reglamento General de Protección de Datos de manera “muy grave”.

El regulador considera probado que se produjo una brecha de seguridad que comprometió la integridad y confidencialidad de los datos personales de la menor, una infracción por la que impone una multa de 15.000 euros al centro. A su vez, también resuelve que el tratamiento de las imágenes fue ilícito al no contar con una base legal válida para hacerlo, imponiendo una segunda sanción de 20.000 euros.

Por último, la Agencia entiende que el centro tampoco informó debidamente a las familias del uso que hacía de las grabaciones, imponiéndole una tercera multa de 5.000 euros. La cuantía total, de 40.000 euros, se rebajó finalmente a 24.000 tras reconocer el Colegio su responsabilidad y optar por el pago voluntario.

La AEPD tuvo en cuenta varios factores agravantes para fijar la sanción: la naturaleza especialmente sensible de los datos tratados, la exposición de menores en situaciones comprometidas, la pérdida de control sobre las imágenes y la reiteración en la infracción, ya que el centro había sido sancionado por un incumplimiento similar menos de dos años antes.

Además de la multa, el regulador ha exigido al Colegio que adopte una serie de medidas correctivas en un plazo máximo de tres meses. Entre ellas, demostrar que ha implementado salvaguardas técnicas y organizativas para evitar accesos no autorizados a los datos personales, cesar el uso de grabaciones de menores sin una base jurídica adecuada y garantizar que toda la información exigida por la normativa se pone a disposición de las familias.

A falta de la resolución del caso penal, esta no es la primera multa a la que se enfrenta el Colegio Virgen de Europa por estos hechos. En febrero de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le obligó a indemnizar con 120.000 a la madre de una de las víctimas, que había ejercido como profesora en el centro durante años.

La Policía ha detenido a 61 personas e investiga a otras 17 por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil en toda España, en una macrooperación en la que se han intervenido miles de archivos pedófilos y entre cuyos arrestos figuran un profesor de secundaria con menores en acogida, un exmilitar y un ingeniero informático.

La Dirección General de la Policía informa este viernes de la denominada operación Tridente, desarrollada a principios de este mes de junio por más de 200 agentes del cuerpo coordinados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia junto con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática.

En los más de 100 registros practicados en casi todas las provincias, los agentes han incautado gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre los que se encuentran 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferentes.

Entre los arrestados hay un ingeniero informático (detenido en Castellón), un exmilitar profesional –a quien se le intervinieron en Coslada (Madrid) nueve armas de fuego y gran cantidad de munición– y un profesor de secundaria que, además, tenía menores en régimen de acogida, que fue arrestado en Las Palmas.

Detenciones en prácticamente Toda España

Los arrestos se han realizado en las provincias de Bizkaia (2), Guipuzkoa (1), Segovia (1), Ávila (1), Soria (1), Zamora (1), Burgos (2), León (1), Valladolid (2), Salamanca (1), Alicante (2), Castellón (2), Navarra (1), Lleida (1), Girona (2), Balears (1), Melilla (2), La Rioja (1), Cantabria (2), Cáceres (1), Las Palmas (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Zaragoza (3), Huesca (2), Asturias (2), Madrid (4), Guadalajara (2), Albacete (1), Ciudad Real (1), Toledo (3), Ourense (1), Lugo (1), A Coruña (2), Sevilla (2), Málaga (1), Granada (1), Cádiz (2) y Almería (1).

Entre los arrestados se encuentra un individuo que utilizaba la conexión wifi pública de un establecimiento de hostelería. Los agentes logaron identificarlo, y localizarlo en Ourense, tras observar un patrón de descargas en determinadas franjas horarias que permitieron detectar una conexión en tiempo real y a la persona que, con un ordenador portátil, realizaba las conexiones investigadas. Otro de los encartados, detenido en Castellón, es un ingeniero informático con avanzados conocimientos y habilidades técnicas. Esto le llevó a realizar una instalación por cable para compartir la conexión a Internet, desde la que descargaba y distribuía el material de explotación sexual infantil, con su hermano (residente en el piso superior y titular de la línea).

Un profesor con menores en acogida y un exmilitar con armas

Por otra parte, el arrestado en el municipio madrileño de Coslada adoptaba medidas de seguridad y eliminaba el material ilícito descargado; si bien, fruto del análisis de los dispositivos intervenidos, los agentes acreditaron que descargaba y distribuía archivos de explotación sexual infantil. Además, durante el registro de su domicilio, localizaron nueve armas de fuego (largas, cortas y de guerra) así como gran cantidad de munición.

Por último, entre los detenidos se encuentra un profesor de educación secundaria que, además, tenía menores en acogida. Este individuo aprovechaba cualquier actividad para grabar a los menores mientras practicaban conductas sexuales o cuando estaban desnudos y, finalmente, fue arrestado en Las Palmas.

La complejidad de la investigación ha radicado en la gran cantidad de personas investigadas y de registros realizados, así como en las autoridades judiciales implicadas y los miles de archivos intervenidos.

La Guardia Civil, en la denominada operación Akfibi, ha detenido a un hombre en Bilbao por un delito de corrupción de menores relacionado con pornografía infantil, según ha informado el Ministerio del Interior. La investigación comenzó en octubre de 2023 cuando, en una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales desmantelada en las provincias de Bizkaia, Cantabria y Segovia, se realizó un volcado de datos de un ordenador portátil de uno de los detenidos.

En un estudio superficial del aparato, se detectaron 24 archivos de vídeos con contenido pedófilo, realizándose un informe del material hallado por poder incurrir en un presunto delito de corrupción de menores-pornografía infantil. Tras un posterior estudio pormenorizado y datando que, tanto las descargas, como el último acceso a dichos archivos eran recientes y se habrían realizado a lo largo de más de un año y medio, se abrió otra causa judicial separada, informa Europa Press.

Durante este nuevo procedimiento se realizó una entrada y registro en el domicilio para la localización de otros dispositivos electrónicos y material susceptible de contener archivos con pornografía infantil y de igual manera, evitar una posible destrucción de los mismos. Los investigadores hallaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un disco duro, en el que se descubrieron archivos e historial web con contenido pedófilo. Por estos hechos la Guardia Civil detuvo a este hombre por un presunto delito de corrupción de menores relacionado con pornografía infantil.

Los archivos habían sido proporcionados por otro usuario que abría canales temporales para su distribución. También se pudo demostrar el consumo de este tipo de material de otras plataformas extranjeras, siendo solicitados los bloqueos de sus URLs a las diferentes operadoras nacionales para ser visualizados mediante mandamiento judicial.

Del resultado del análisis de tales dispositivos se localizaron 25 imágenes y 467 vídeos con contenido pedófilo, donde aparecían menores de edad de diferentes edades, incluidos bebés.

El cirujano francés Joël Le Scouarnec, juzgado por violaciones y abusos sexuales a 299 personas, la mayoría niños, durante décadas, ha sido condenado a 20 años de cárcel y se le prohíbe realizar cualquier actividad con menores de por vida. El proceso judicial contra este médico de 74 años, que comenzó el pasado 24 de febrero, ha concluido este miércoles con la lectura de la sentencia en el Tribunal Penal de Vannes, en la Bretaña francesa. 

La presidenta del tribunal, Aude Buresi, ha explicado que se le impone la pena máxima por delitos sexuales por la gravedad de sus crímenes y por el “comportamiento obsesivo” del hombre, que tenía una forma de actuar “depredadora” y se encarnizaba con sus víctimas.

Le Scouarnec actuó con total impunidad al menos desde 1989 y hasta 2017, cuando fue detenido después de que unos vecinos lo denunciaran tras el relato de su hija de 6 años, a quien el hombre había violado en su casa de Jonzac, cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia. 

Tras un macrojuicio que ha durado tres meses y ha tenido en vilo a los centenares de víctimas y a sus familias, la sentencia ha sido la que pedía la Fiscalía: la pena máxima de 20 años de cárcel; además, durante al menos dos tercios de ese tiempo no podrá solicitar ningún beneficio penitenciario, aunque Le Scouarnec ya ha pasado 8 años en prisión. La acusación también solicitaba que Le Scouarnec fuera retenido en un centro medicojudicial al salir de prisión ante el alto riesgo de reincidencia. El tribunal no ha acordado esta medida, alegando la “voluntad de reparación” por parte del agresor, según cita Le Monde.

Le Scouarnec ya fue condenado a 15 años de prisión en diciembre de 2020 por violar y agredir sexualmente a cuatro niños, incluidas dos de sus sobrinas. En el proceso que hoy finaliza, el cirujano estaba acusado de 111 violaciones y 188 agresiones sexuales, y todavía podría enfrentarse a un nuevo juicio por las denuncias de otras víctimas –en torno al medio centenar– que se han ido sumando posteriormente a la acusación. Frente a la corte penal se ha manifestado esta mañana el colectivo de víctimas, que ha desplegado una banderola gigante hecha con 350 hojas de papel, para representar a cada una de las víctimas del cirujano.

Un “diablo” de “bata blanca”

Joël Le Scouarnec, a quien el fiscal del caso describió como un “diablo” vestido “con bata blanca”, es considerado el mayor pederasta de Francia. Muchas de sus víctimas eran pacientes –niños y adolescentes– de los que abusaba aprovechando que estaban bajo los efectos de la anestesia después de ser operados. 

El hombre también agredió sexualmente a menores de su entorno. El pasado 28 de febrero Le Scouarnec explicó en sala judicial frente a su propio hijo que hace años había abusado varias veces de su nieta cuando tenía 2 años.

Le Scouarnec acumulaba en su casa cerca de 30.000 ficheros digitales de contenido pedófilo que incluían miles de páginas que él mismo había escrito, describiendo en detalle las agresiones a sus pacientes, a los que identificaba con nombre, fecha de nacimiento o dirección. En estos cuadernos decía estar orgulloso de ser un pedófilo.

Durante el juicio, el hombre reconoció la mayor parte de los delitos e incluso su abogado admitió que Le Scouarnec era culpable.  

Siguió ejerciendo como cirujano pese a una condena en 2005

El caso ha puesto en evidencia las múltiples fallas en el control y la supervisión de este médico, tanto de la parte profesional como de su propia familia, acusada por algunas víctimas de encubrir los abusos. 

Resulta especialmente llamativo que Le Scouarnec pudiera continuar ejerciendo como cirujano digestivo después de que en 2004 las autoridades francesas recibieran un aviso del FBI, que alertaba de que el hombre era espectador recurrente de imágenes de pornografía infantil en la dark web. En 2005, de hecho, fue condenado por posesión de estas imágenes, pero nadie entendió que fuera motivo suficiente para que dejara de trabajar con niños. 

Durante 12 años más siguió abusando sistemáticamente de menores que pasaban por quirófano. Así hasta su fecha de jubilación, en 2017. Los responsables médicos que decidieron mantenerlo en el puesto o contratarlo, pese a sus antecedentes, eludieron responsabilidades durante el juicio y alegaron cuestiones burocráticas o dificultades para contratar a especialistas en su sector. 

Las víctimas y sus familias no aceptan excusas y piden que este caso marque un antes y un después en el sistema, exigen que los políticos se impliquen y se abra una mayor investigación que impida que algo así pueda volver a ocurrir. 

Mathis, una de las víctimas del pederasta, se suicidó con 24 años, después de saber que con 10 años Le Scouarnec abusó de él. “Quiero que reconozca lo que ha hecho y que pague por ello”, dijo durante el juicio el padre del niño, entre lágrimas.

“Intentan hacer ver que es un monstruo, pero el monstruo es la sociedad que lo creó y que permitió que siguiera haciéndolo”, afirmó por su parte Manon Lemoine, otra de las víctimas de Le Scouarnec, a la que el cirujano violó cuando apenas tenía 11 años.  

Las víctimas presentes ante el tribunal lamentan que la sentencia “no es suficiente”, y que el pederasta podría salir de prisión en 2031 tras cumplir 14 años entre rejas. “Es hora de que las leyes cambien y de que pueda haber una pena más adaptada [...]; veinte años es poco teniendo en cuenta el número de víctimas”, ha dicho la abogada Francesca Satta.

La menor que fue víctima de una red de pederastia en Barcelona mientras vivía en un centro tutelar de la Generalitat pide 107 años de cárcel para el líder de la trama procesado por violarla y explotarla sexualmente, al que acusa de aprovecharse de su “situación de clara vulnerabilidad”.

La abogada que representa a la víctima solicita en su escrito, adelantado por la agencia EFE, la misma pena de cárcel que pide la Fiscalía para el principal acusado, que permanece en prisión provisional por haber violado reiteradamente a la menor, grabar las agresiones sexuales y difundir los vídeos, además de ofrecerla a terceros en redes sociales en aplicaciones de citas.

La menor, que fue víctima de violaciones por parte de este pederasta y de otros hombres entre mayo de 2020 y octubre 2021 en el domicilio del primero en Barcelona, le acusa de haberse aprovechado de su “situación de clara vulnerabilidad” a nivel “personal, familiar, escolar y administrativo” con un “ánimo lascivo”.

En aquel momento, la víctima se encontraba en un centro de menores bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Catalunya (DGAIA). El líder de la red contactó con ella primero a través de redes sociales, para después quedar con ella en un centro comercial y, finalmente, explotarla sexualmente en su casa.

Las pesquisas permanecen divididas en tres causas judiciales distintas para no eternizar la investigación. El primero de los juicios se celebrará la primavera del año que viene y sentará en el banquillo al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a una menor que fue tutelada por la Generalitat. Otra causa afecta a la misma víctima y a otros cinco hombres que la violaron. La tercera investigación va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia liderada por el mismo hombre y que afecta a una veintena de víctimas.

El líder de la trama promovía la prostitución de las menores a través de las redes sociales como Badoo o incluso Instagram. En esta última página, uno de los investigados confesó al jefe de la trama haberse sentido “un poco incómodo” por la “corta edad de la víctima”, tal y como destacan los magistrados de la Audiencia de Barcelona en otro auto.

La investigación de los Mossos se inició a finales del 2021 a partir de la denuncia de una víctima de 12 años que había sido agredida sexualmente, con otros menores, por un mismo hombre entre mayo del 2020 y octubre del 2021.

Los pederastas tienen estatus sociales y familiares diversos y tienen entre 19 y 50 años. Uno de ellos pidió dejar sin efecto la prisión provisional porque tenía un hijo recién nacido y una pareja de 21 años y porque, según su versión, en los vídeos de las violaciones la víctima era quien “le daba instrucciones”. Los jueces que revisaron los autos de prisión preventiva le recordaron que participó en grabaciones que constituían un delito de pornografía infantil y que “sí podía conocer que estaba ante una adolescente y no ante una adulta”.

Las primeras pesquisas policiales en las redes sociales y aplicaciones de contactos de adultos, donde habían sido captadas los menores, permitieron dar con el domicilio del máximo responsable de la trama, que permanece en prisión preventiva. En su piso se localizó abundante material informático que mostró que el principal investigado organizaba encuentros sexuales con otros depredadores sexuales y los menores en su domicilio.

“Una actuación pedófila continuada en el tiempo”. Es la descripción de la Audiencia de Barcelona de la red de pederastas que los Mossos d'Esquadra desarticularon en 2024 y para cuyo líder la Fiscalía pide 107 años de cárcel. La media docena de resoluciones judiciales que ha consultado elDiario.es confirman la hipótesis inicial de los investigadores y permiten constatar la magnitud de la trama.

Las pesquisas permanecen divididas en tres causas judiciales distintas para no eternizar la investigación. El primero de los juicios se celebrará la primavera del año que viene y sentará en el banquillo al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a una menor que fue tutelada por la Generalitat. Otra causa afecta a la misma víctima y a otros cinco hombres que la violaron. La tercera investigación va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia liderada por el mismo hombre y que afecta a una veintena de víctimas.

En sus resoluciones de mediados y finales del año pasado y principios de 2025 por las que confirman las prisiones provisionales o las medidas cautelares que ordenó el juez Francisco Miralles para varios integrantes de la red de pederastia, los magistrados de la Audiencia de Barcelona recogen la existencia de “numerosos y consistentes indicios” que, agregan, les dejan “pocas dudas” sobre la participación de los hombres en las agresiones sexuales a las menores, que eran grabadas en vídeo (en algunos casos, con cámaras ocultas).

El líder de la trama promovía la prostitución de las menores a través de las redes sociales como Badoo o incluso Instagram. En esta última página, uno de los investigados confesó al jefe de la trama haberse sentido “un poco incómodo” por la “corta edad de la víctima”, tal y como destacan los magistrados de la Audiencia de Barcelona en otro auto.

La investigación de los Mossos se inició a finales del 2021 a partir de la denuncia de una víctima de 12 años que había sido agredida sexualmente, con otros menores, por un mismo hombre entre mayo del 2020 y octubre del 2021.

Los pederastas tienen estatus sociales y familiares diversos y tienen entre 19 y 50 años. Uno de ellos pidió dejar sin efecto la prisión provisional porque tenía un hijo recién nacido y una pareja de 21 años y porque, según su versión, en los vídeos de las violaciones la víctima era quien “le daba instrucciones”. Los jueces le recordaron que participó en grabaciones que constituían un delito de pornografía infantil y que “sí podía conocer que estaba ante una adolescente y no ante una adulta”.

Las primeras pesquisas policiales en las redes sociales y aplicaciones de contactos de adultos, donde habían sido captadas los menores, permitieron dar con el domicilio del máximo responsable de la trama, que permanece en prisión preventiva. En su piso se localizó abundante material informático que mostró que el principal investigado organizaba encuentros sexuales con otros depredadores sexuales y los menores en su domicilio.

Algunas agresiones sexuales se grabaron con teléfonos móviles y cámaras ocultas. Al principal investigado se le requisaron 1.300 vídeos de explotación sexual infantil, de los que unos 250 habrían sido grabados por él entre el 2016 y el 2022. De las más de 2.000 conversaciones analizadas, 120 fueron seleccionadas por su contenido pedófilo.

Los pedófilos han desplegado, desde que fueron encarcelados a mediados del año pasado, uno de los alegatos habituales de los acusados por delitos sexuales contra menores: que no sabían que las adolescentes tenían menos de 18 años. La excusa ha sido completamente desacreditada por los jueces.

“Los indicios son suficientes y se basan en las imágenes grabadas por los propios investigados manteniendo relaciones sexuales con niñas de 13 años”, reza uno de los autos que mantiene a uno de los pedófilos en prisión preventiva.

Uno de los acusados incluso achacó a la primera de las víctimas “una madurez que no se correspondía con la propia de una menor de edad” debido a su “capacidad de expresión, riqueza del lenguaje y fluidez en el discurso”, extremos replicados con contundencia por los jueces tras analizar las grabaciones de las violaciones: “No puede haber la impresión de considerarla una mujer joven y ya sexualmente madura”.

Este acusado, remarcan los magistrados, “forzosamente tuvo que representarse la edad real de la menor y, pese a ello, decidió aceptar la situación y realizar los actos sexuales”. En su caso, además, la violación de la menor se grabó y se perpetró en presencia del líder de la red, que fue quien se hizo pasar por ella en la red social Badoo. “Otros de los investigados sí evidenciaron que era palpable la edad de la víctima”, agregan los jueces en otra resolución.

Los jueces han decidido mantener a al menos dos de los investigados en prisión provisional ante la posible reiteración delictiva y la gravedad de las penas a las que se enfrentan por varios delitos de agresión sexual a menores de 16 años y elaboración y tenencia pornografía infantil.

Además, los jueces alertan del riesgo de que los imputados “interfieran” en la investigación o incluso “atentaran” contra la principal víctima, que es “altamente vulnerable”, o contra “otras [víctimas] de las que todavía no se tienen conocimiento y puedan aparecer a lo largo de la investigación”.

Una operación internacional en la que han participado las policías de 38 países de todo el mundo ha terminado con el cierre de Kidflix, una de las mayores plataformas dedicadas a la distribución y el consumo de vídeos de contenido pedófilo, en una intervención en la que se ha identificado a 1.393 personas y arrestado a 79 sospechosos, según informó este miércoles Europol.

La acción, bautizada con el nombre de 'Operation Stream' y liderada por la Policía Criminal y la Oficina de la Fiscalía de Crímenes Cibernéticos de Baviera (Alemania), con apoyo de Europol, es la mayor operación contra el abuso sexual infantil en la historia de la Oficina Europea de Policía. Hasta el momento, las autoridades han incautado además 3.000 dispositivos electrónicos y se ha colocado a un total de 39 menores bajo protección.

La investigación se inició en el año 2022 y las autoridades llevaron a cabo las intervenciones y los arrestos entre el 10 y el 23 de marzo de este año, en una acción en la que también ha participado la Policía Nacional española, así como las fuerzas de todos los países de la Unión Europea, salvo Eslovenia. Del total de 79 sospechosos, 16 han sido arrestados en España.

Algunos de los detenidos no sólo subieron y vieron vídeos, sino que también abusaron de menores de edad. En estos momentos, la investigación sigue en curso. En España se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Jaén, La Palmas, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Sevilla, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza.

La Policía Nacional realiza investigaciones complejas en el ámbito de la lucha contra la explotación sexual infantil, como aquellas que se llevan a cabo en la red oscura, pensada y diseñada para ocultar los datos de los que en ella se mueven. Entre ellas, destaca en este caso la red TOR, acrónimo de The Onion Router, que tiene como característica que, además de anonimizar la conexión, tiene en su interior una serie de servicios ocultos (como páginas web), cuya ubicación y localización es muy compleja.

Asimismo, desde fuera de la UE han colaborado otros países como Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Georgia, Islandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Serbia y Suiza. 

Desde su creación en 2021, se subieron a la plataforma 91.000 vídeos con un total de 6.288 horas de emisión. De media, se compartieron 3,5 vídeos cada hora, muchos de los cuales no eran conocidos por la policía, según detalla Europol, que revela que la plataforma tenía casi dos millones de suscriptores. 

Para utilizar Kidflix bastaba con registrarse en la plataforma digital de manera gratuita y se obtenía inmediatamente acceso a una previsualización parcial y de calidad reducida de todos los vídeos presentes. Si un usuario deseaba verlos completos o a una mayor calidad, debía adquirirlos mediante el pago correspondiente, usando para ello criptomonedas. Cada vídeo comprado podía descargarse o verse online en alta calidad. Además, se podían obtener créditos que luego permitían adquirir otros vídeos, aportando nuevas grabaciones que no estuvieran ya en la página o ayudando a clasificar las ya presentes.

La mayoría de los sospechosos identificados se compararon con los registros de las bases de datos de Europol, lo que demuestra que la mayoría de los delincuentes involucrados en la explotación sexual infantil son reincidentes y no son desconocidos para las autoridades policiales, señaló el comunicado. Europol ha dado apoyo a la operación a través del Centro Europeo de Ciberdelincuencia, que analizó miles de vídeos.

La plataforma funcionaba como una red social

Lo realmente novedoso de esta plataforma es la profesionalización en cuanto a su diseño, permitiendo a sus usuarios elaborar una fuente de perfil social perfectamente adaptado a su criterio, como si de una red social se tratara. Asimismo, la comunicación y el contacto con otros usuarios era uno de sus características esenciales, teniendo la plataforma un carácter muy peligroso para la distribución del material de abuso sexual infantil. La policía alemana se encargó de la investigación principal y fueron capaces de ubicar e intervenir el servidor en que se alojaban estos contenidos, con lo que tuvieron acceso a los datos sobre pagos efectuados por cada uno usuarios. Sin embargo, los pagos con criptomonedas también están diseñados para ser anónimos, por lo que, utilizando sistemas sofisticados de rastreo de activos fueron capaces de encontrar a los compradores, recuperando cada una de las transacciones hasta llegar a los datos bancarios de cada uno de ellos.

En lo que respecta a España, 17 personas habían comprado vídeos, y una, además, había subido uno a la propia plataforma. Según la experiencia de la Policía Nacional, las personas que están dispuestas a pagar por estos contenidos están un paso más allá que el simple consumidor de material de explotación sexual infantil, dado que pagar implica un mayor compromiso con la actividad y un descenso de las inhibiciones sociales relativas a ese delito; mientras que el uso de la red TOR ya demuestra conocimientos tanto informáticos como en lo relativo a la búsqueda de pornografía infantil, ya que quien llega hasta ahí lleva mucho tiempo consumiendo. Por eso se dio prioridad a esta investigación, teniendo en cuenta que este tipo de consumidores podría no tener contenido ilegal en los ordenadores, limitándose a acceder a las páginas y nubes que tuvieran contratadas.

Una vez recopilada toda la información de cada uno de ellos, y con la colaboración a las diferentes plantillas territoriales implicadas, se determinó que los detenidos debían hacerse entre el 10 y el 14 de marzo, ya que ese último día, una vez completada la investigación económica, Alemania iba a desconectar la página y sustituirla por un aviso oficial.

Un estudiante de informática era el único distribuidor en España

Bajo la tutela y coordinación de la Policía Nacional, que se encargó, además, del registro del distribuidor, se realizaron 15 entradas y registros en otros tantos domicilios. De esta manera, se detuvo al único distribuidor presente en España, un estudiante de informática al que se le encontró, además de abundante pornografía infantil, los enlaces de acceso tanto a la página principal de la investigación como a otras de pornografía infantil, los recibos de los pagos y otros datos personales detectados.

Al detenido en Alicante, que trabajaba como autónomo, se le encontraron las evidencias del pago a la página investigada y, además, pruebas de que estaba traficando con drogas. Se le intervinieron más de 700 pastillas de éxtasis y 42.000 euros en fajos de billetes de 50. Fue enviado a prisión por el juez que entendía de los hechos. En Almería se detuvo a un ciudadano marroquí ya nacionalizado al que se le intervino una gran cantidad de material informático.

En Barcelona había dos objetivos diferentes. En ambos registros, realizados en días diferentes, se encontró pornografía infantil en los dispositivos incautados, así como las evidencias del pago realizado. Ambos detenidos pasaron a disposición judicial. En Arrecife (Las Palmas) se encontró a otro de los investigados, un madrileño residente en Lanzarote. Se le encontraron evidencias de los pagos realizados, por lo que fue detenido y pasó a disposición judicial. En Alfaro (La Rioja), el detenido tenía evidencias de los pagos y las apps necesarias para realizarlo. También coincidían otros datos, como el correo electrónico utilizado.

En Madrid, donde había dos objetivos de la investigación, uno de ellos tenía abundante pornografía infantil y evidencias del pago realizado, además del navegador TOR, por lo que fue detenido. El otro, al que no se le encontraron imágenes, aunque sí los datos relativos al pago efectuado, declaró como investigado no detenido por estos hechos. El investigado en Málaga se había mudado a La Línea de la Concepción (Cádiz). Los agentes se trasladaron hasta esa localidad, donde lo lograron ubicar. Aunque no tenía pornografía en el momento del registro, sí encontraron indicios suficientes del pago, además de un reconocimiento espontáneo de los hechos, por lo que fue detenido.

Un dentista era el objetivo de Murcia, por lo que el registro fue tanto en su domicilio como en su clínica. Aparecieron abundantes evidencias en diferentes soportes, no solo del pago, sino imágenes de niños explotados sexualmente que guardaba en una memoria USB para una mayor discreción. El responsable en Orense estaba trabajando en Madrid, por lo que fue detenido el domingo, cuando salía con su vehículo, aunque no se le pudo hacer registro y el material deberá ser estudiado posteriormente. Fue detenido y, tras los trámites correspondientes, puesto en libertad. El detenido en Sevilla utilizaba para los pagos tanto su nombre como el de su madre, lo que en un principio resultó confuso para los investigadores. Una vez aclarado que el responsable era el hijo y no la madre, se realizaron dos registros, dado que utilizaba ambos como morada, en los que se encontraron evidencias de los pagos y los medios realizados para hacerlas.

En Tarragona el consumidor detectado era un varón con una grave minusvalía psíquica, que incluía psicosis y alucinaciones. Se le encontraron, además, de los pagos, imágenes de niños generadas por inteligencia artificial. En atención a sus especiales circunstancias, no se le detuvo, sino que fue oído como investigado no detenido.

En la isla de Tenerife se encontró a un individuo que tenía multitud de pornografía infantil en varios chats de mensajería instantánea. Además, también usaba servicios de almacenamiento en la nube y se le encontraron los pagos a la plataforma. Por último, en Zaragoza se encontró a un individuo que tenía gran cantidad de pornografía infantil y evidencias del pago mediante criptomonedas. Reconoció los hechos en su declaración. En cuanto a los demás registros, en València el objetivo se había mudado y reside en París, mientras que el de Jaén resultó investigado a raíz de la operación policial, pero no está detenido.

Un sacerdote de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha sido condenado a diez años de cárcel por abusar sexualmente durante años de dos monaguillos menores de edad. Los jueces de la Audiencia Provincial explican que el pedófilo aprovechaba para abusar de sus víctimas semanalmente cuando se quedaba a solas con los jóvenes en la sacristía de la parroquia Santiago Apóstol del municipio. Su condena, que todavía es recurrible, también le impide ejercer cualquier trabajo relacionado con menores de edad durante dos décadas.

El sacerdote condenado llegó en 2012 a la parroquia de esta localidad del Corredor del Henares. Los abusos a dos de sus monaguillos, según declaran ahora probado los jueces, empezaron ese mismo año y se prolongaron hasta 2019, cuando uno tenía 12 años de edad y el otro tenía 14. Aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con ellos en la sacristía para abusar de ellos con tocamientos o intentando besarles. También abusó de uno de ellos durante un viaje de la congregación a Tierra Santa.

Los chicos no coincidieron hasta años después. Uno contó lo que le había pasado con el sacerdote y el otro explicó que a él le había pasado lo mismo y se decidieron a denunciar los abusos ante la autoridad eclesiástica. Sus padres se enteraron de todo cuando llegaron a sus casas sendas cartas del Tribunal eclesiástico de La Rota citándoles para declarar en un proceso penal canónico. El entonces obispo Juan Antonio Reig Plá llevó entonces las acusaciones hasta la Fiscalía, que se querelló contra el religioso en 2022.

El caso estaba listo para juicio a finales de ese año pero el proceso se ralentizó hasta octubre de 2024 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, según fuentes de la causa, se ha notificado hace tan solo unos días aunque está firmada en diciembre: diez años de cárcel por dos delitos de abuso sexual además de una orden de alejamiento, libertad vigilada y la prohibición de trabajar con menores de edad durante 20 años más, además de la obligación de indemnizar a cada una de sus víctimas con 2.000 euros. La Fiscalía llegó a pedir 12 años de presidio para él.

Los jueces explican que el sacerdote “se prevalió” del “ministerio” que desempeñaba y “aprovechó” la relación que tenía con los monaguillos para abusar sexualmente de ellos. A lo largo del proceso, las dos víctimas relataron que tenían una relación excelente con el vicario parroquial y uno de ellos llegó a explicar que era el “mejor amigo” de su familia. Los dos ocultaron los hechos a sus padres y solo contaron lo sucedido cuando, después de denunciar los hechos ante la Iglesia, fueron llamados a declarar y tuvieron que hacerlo acompañados por un mayor de edad.

El tribunal madrileño rechaza todas las alegaciones del religioso, que todavía está en plazo para recurrir su condena ante el Tribunal Superior de Justicia. Los jueces explican que nunca identificó a los testigos de su defensa, supuestos miembros de la congregación que iban a comparecer a su favor, y que nunca se presentó a la cita con el forense para intentar justificar que, como alegaba, es incapaz de tener una erección. También desestiman su principal argumento de defensa: que los abusos nunca ocurrieron y que los chicos se están vengando de él por ser “estricto” con ellos y que todo ha sido un malentendido de su actitud cariñosa.

La “lógica ascendencia” del sacerdote sobre los monaguillos

La principal estrategia de defensa del pedófilo ha sido cuestionar el testimonio de sus dos víctimas y afirmar que uno de ellos tenía problemas con las drogas. También alegó que todo había sido una “mala interpretación” y que él es “cariñoso con los niños, los acariciaba en la cabeza”. Los jueces contestan que los dos jóvenes han sido “muy sinceros” y que no aprecia “odio, resentimiento, venganza o enemistad” en sus acusaciones contra el religioso. Si uno de ellos tuvo un problema con las drogas como alega el cura fue, precisamente y según su testimonio, por haber sido víctima de abusos a manos del párroco.

Uno de los chicos llegó a explicar que el sacerdote era el “mejor amigo” de su familia, en contacto constante con sus padres. Su madre, que testificó en el juicio, expresó el dolor que supuso saber que una persona de su máxima confianza, de quien incluso habían cuidado durante una hospitalización, hubiera abusado de su hijo. El chico afirmó ante el tribunal que estaba “agonizando” en ese momento por tener que comparecer en el juicio y revivir el caso.

Los magistrados le condenan por dos delitos continuados de abuso sexual y explican que abusó de su puesto como sacerdote y de la “lógica ascendencia” que tenía sobre los dos monaguillos. “Era sacerdote que desempeñaba el cargo de vicario parroquial y las víctimas eran monaguillos de la parroquia, siendo indudable que quedaban a su cargo cuando ocurrían los hechos y tenía lógica ascendencia sobre los entonces menores, para cometer los hechos ilícitos en la propia sacristía”, explica la sentencia que ha podido examinar elDiario.es.

Dos meses después de conocerse el veredicto del caso Pelicot ―el juicio más importante sobre violación por sumisión química en la historia de Francia― esta semana se ha abierto en Vannes (Bretaña) el mayor proceso judicial por pederastia hasta la fecha en el país galo.

Joël Le Scouarnec está acusado de violaciones y agresiones sexuales sobre 299 personas –en su gran mayoría menores– que eran pacientes en los establecimientos hospitalarios en los que trabajó. La edad media de las víctimas es de 11 años.

Al igual que Dominique Pelicot, este médico de 74 años, detenido en 2017 a pocos meses de su jubilación, documentó metódicamente su trayectoria criminal. En el caso de Le Scouarnec, en diarios y documentos informáticos con listas de sus víctimas.

La culpabilidad del acusado, que ha reconocido la mayoría de los hechos que se le imputan, no plantea dudas. “Comparezco ante ustedes porque un día cometí actos abominables, cuando la mayoría de ellos [las víctimas] eran aún niños. Hoy soy perfectamente consciente de que esas heridas son imborrables, irreparables”, declaró durante la jornada de apertura del juicio.

Las limitaciones del sistema judicial y administrativo, que no fue capaz de detectar a este depredador sexual, serán uno de los puntos centrales en los debates, que tendrán lugar a lo largo de los próximos 75 días de audiencias previstos. Una parte de los testimonios serán a puerta cerrada, cuando las víctimas así lo decidan.

El juicio se celebra en Vannes, una tranquila ciudad burguesa de Bretaña, región en la que Le Scouarnec desarrolló gran parte de su carrera profesional. El número de víctimas y la atención mediática, con más de 450 periodistas acreditados, han obligado a buscar instalaciones especiales para acoger el proceso, ya que el aforo de la sala principal del Palacio de Justicia de la ciudad era insuficiente. La antigua facultad de Derecho, a 300 metros de allí, se ha adaptado para la ocasión.

En 2020 se celebró un primer juicio en el departamento de Charente-Maritime, dedicado exclusivamente a la docena de víctimas del entorno familiar de Le Scouarnec. En ese juicio fue condenado a 15 años de cárcel. La primera víctima conocida de Le Scouarnec fue una sobrina del médico, que tenía 8 años en el momento de la agresión, en 1985.

En el proceso que comienza ahora se le juzgará por los actos cometidos en los establecimientos hospitalarios en los que trabajó desde finales de los años 80 hasta su jubilación. En algunos casos, en particular con las víctimas más jóvenes, buscaba menores solos en habitaciones. Abusaba de ellos bajo el pretexto de un examen médico. En otros casos, aprovechaba descuidos del personal en la sala de operaciones para abusar de personas bajo anestesia. “Hay que ser paciente y confiar en tu suerte”, escribió en su diario.

Primera condena en 2004

Una primera condena en 2004 debería haber puesto en marcha un seguimiento sociojudicial. A finales de ese año, el FBI llevó a cabo una gran operación contra la pornografía infantil en la dark web (la internet profunda). Los investigadores estadounidenses transmitieron a las autoridades francesas los datos de una tarjeta de crédito, a nombre de Le Scouarnec, con la que se hicieron tres pagos. En la comisaría, el cirujano reconoció los hechos, por los que fue condenado en 2005 a cuatro meses de prisión. Sin embargo, no se procedió a ningún registro ni investigación adicional.

En 2005, Le Scouarnec fue contratado en un hospital público en Quimperlé, en Bretaña. En ese momento, el personal del tribunal aún no había actualizado el registro oficial. Un año más tarde uno de los psiquiatras del establecimiento descubrió sus antecedentes ―la condena por posesión de pornografía infantil― y lo comunicó a los responsables del centro. Incidió en la posible amenaza que eso podía representar para los pacientes menores de edad.

El colegio de médicos de la región no dispuso de la información oficial, procedente de los juzgados, hasta noviembre de 2006. A partir de ahí diferentes instancias regionales, así como el Ministerio de Sanidad comienzan a reenviarse la información sobre el caso, sin que nadie se responsabilice de tomar ninguna medida. El apoyo del director del establecimiento en Quimperlé decantó la balanza a favor del médico, que conservó su puesto.

Tampoco se tomaron precauciones en 2008, cuando Le Scouarnec volvió a cambiar de establecimiento, tras el cierre del área de cirugía en Quimperlé. La directora de su nuevo hospital, en Jonzac, en el departamento de Charente-Maritime, decidió ignorar sus antecedentes pese a haber sido informada ―más tarde justificará su decisión, entre otros motivos, por las dificultades para contratar personal― y no se establecieron medidas de seguimiento particulares.

No fue hasta casi una década después cuando el testimonio en Jonzac de una niña de seis años, vecina y última víctima conocida de Le Scouarnec, activó una investigación. La policía registró el domicilio familiar del acusado, que para entonces ya vivía solo, y descubrió una gran cantidad de material pornográfico (en particular pornografía infantil), así como un diario y los documentos con los que el acusado listaba sus actividades.

Omertá familiar “compleja e insidiosa”

Muchos de los extractos de lo allí recogido se han publicado estos días en la prensa francesa. “Soy exhibicionista, voyeur, sádico, masoquista, escatólogo, fetichista y pedófilo, todo a la vez. Y estoy muy contento”, escribió el 14 de abril de 2004.

Los medios nacionales también han incidido particularmente en la apariencia inofensiva de Le Scouarnec y en la normalidad que proyectaba una familia burguesa, junto con su esposa y tres hijos. “Al menos quince adultos, siete del entorno del depredador, ocho de su familia, conocían como mínimo un acto de agresión sexual o los antecedentes penales de Joël Le Scouarnec antes de que fuera detenido en mayo de 2017”, afirma el periodista Hugo Lemonier en una investigación titulada Piégés, dans le journal intime du Dr Le Scouarnec, que acaba de publicarse en Francia.

Unas afirmaciones que parecen confirmarse por los testimonios de miembros de su familia a France Info, que evocan una omertá familiar “compleja e insidiosa”. Otro elemento importante del proceso será esclarecer si alguien en el entorno laboral o personal estaba al corriente de las actividades criminales de Le Scouarnec. Durante su estancia en Quimperlé actuó como conciliador en las comisiones encargadas de evaluar las quejas de los pacientes. En particular intervino en favor de Mohammed Frehat, que posteriormente fue condenado por agresiones sexuales a 32 pacientes, y que más de una década después sigue huido.

Agentes de la Policía Nacional en Zamora han detenido a dieciocho jóvenes e identificado a otras siete personas como supuestos autores de un delito de pornografía infantil al distribuir material pedófilo a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.

La operación es fruto de una investigación iniciada el pasado mes de octubre en Zamora que luego ha tenido alcance nacional e internacional, han informado este martes fuentes policiales.

La Comisaría de Zamora recibió hace cuatro meses una denuncia en la que se informaba de la existencia de un grupo de Whatsapp en el que se compartían algunas imágenes de contenido sexual de menores de edad.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) lograron a través de la trazabilidad de las imágenes identificar a algunas personas que difundían imágenes en forma de adhesivos o 'stickers' en los que se mostraba a menores en situaciones con una connotación sexual.

Degradantes y vejatorias

Se trataba de imágenes que además eran “degradantes y vejatorias” y en ellas se veía a los menores participando en “conductas sexualmente explícitas y mostrando sus órganos genitales”.

Se conoce con el nombre de 'stickers' a unas imágenes, en ocasiones animadas, que se utilizan habitualmente en redes sociales para ilustrar el contenido del texto al que acompañan, o bien para enriquecer la comunicación con los sentimientos y emociones de las personas que están participando en la conversación. Todos los detenidos tienen distintos perfiles y su característica común es que todos son jóvenes.

A los agentes les ha resultado llamativo que utilizaran el material pedófilo de manera continua, llegando a hacerse viral al compartir frecuentemente esas pegatinas, posiblemente creadas en el extranjero, en sus conversaciones de grupo en la aplicación de mensajería instantánea.

Algunos de los detenidos han manifestado que no eran plenamente conscientes de las consecuencias de utilizar esas pegatinas con contenido pedófilo.

La investigación sigue abierta a la espera del análisis forense de los dispositivos electrónicos intervenidos para determinar si los investigados pudieran haber participado en más delitos de la misma naturaleza, o bien identificar a otros implicados tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

A raíz de esta investigación, la Policía Nacional ha expresado su compromiso en la lucha contra la pornografía infantil y ha recordado que, no solo compartir, sino simplemente descargar, almacenar o poseer archivos de contenido erótico o pornográfico de menores es un delito tipificado en el Código Penal. 

Agentes de Policía Nacional han detenido en Jaca a un hombre acusado de tenencia y distribución de material de contenido sexual de menores. 

El pasado mes de diciembre de 2024 el Grupo I de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza solicitó la colaboración del Grupo Operativo Local de la Comisaría Local de Policía Nacional de Jaca para proceder a la detención de un hombre que residía en esta localidad, acusado de ser el autor de compartir archivos pedófilos a través de internet.

Tras realizar la pertinente investigación, los agentes de la citada Unidad de Zaragoza, junto con los agentes de Jaca, a través de mandamiento judicial, procedieron a la entrada y registro de la vivienda del detenido.

En el registro se intervino un ordenador portátil y se encontraron almacenados 59 archivos de contenido pedófilo.

El hombre, propietario de este material, fue detenido acusado de distribuir contenido de explotación sexual de menores de edad, y fue trasladado a la Comisaría Local de Policía Nacional de Jaca para, posteriormente, ser puesto a disposición Judicial, decretándose su libertad con cargos a la espera de juicio.

La Policía Nacional ha detenido a 40 personas en 23 provincias españolas por tenencia, producción y distribución de pornografía infantil, entre ellos un hombre que presuntamente ejercía de “productor de material ilícito” utilizando a víctimas menores de su entorno familiar. Entre estas 40 personas detenidas hay una en la provincia de Ciudad Real y otra en la de Toledo.

Cinco víctimas de esta persona han sid identificadas en la investigación que ha constatado que el detenido se aprovechaba de su menores de su entorno laboral para elaborar fotos y vídeos de contenido sexual infantil.

En la operación han participado más de 200 agentes de toda España y se han realizado más de 60 registros en 32 provincias diferentes. Fruto de los registros practicados, los agentes han intervenido 58 teléfonos móviles, 19 ordenadores, 37 discos duros y USB, 6 tablets y numerosos dispositivos de almacenamiento. Se han realizado arrestos en 23 provincias.

Entre los 40 detenidos hay tres menores de edad y otras 13 personas investigadas no detenidas gracias a la investigación iniciada por parte de agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y ha sido coordinada junto a la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática.

Otra de las personas detenidas es una mujer, de 20 años de edad, a la que se le localizó numeroso contenido pedófilo en su teléfono móvil, concretamente en una aplicación de mensajería instantánea.

También han detenido a un varón que había sido sentenciado en 2023 a pena de prisión por un delito contra la libertad e indemnidad sexual a menor de 16 años. En el registro de su domicilio los agentes hallaron miles de archivos de material sexual infantil.

La complejidad de la operación ha radicado en la gran cantidad de personas investigadas, las numerosas plantillas policiales y autoridades judiciales involucradas, así como en los miles de archivos de explotación sexual infantil intervenidos, con su consiguiente análisis posterior.

La investigación sigue abierta a la espera de localizar y detener a otras tres personas que se encuentran en el extranjero, para lo que se han iniciado los mecanismos de cooperación policial internacional a través de EUROPOL e INTERPOL.

Agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de la Policía Nacional de Vitoria, han detenido a un vecino de la ciudad, de 46 años, acusado de un delito de pornografía infantil, por supuesto almacenamiento y distribución casi 140.000 archivos de contenido pedófilo. Los archivos, “de extrema crudeza”, contienen imágenes de menores de edad “sometidos a actos de naturaleza sexual”. Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la investigación, desarrollada durante más de cinco meses, ha estado tutelada por el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria.

La operación, desarrollada con la colaboración internacional de diferentes servicios policiales, se inició por el “rastreo sistemático y periódico” de las redes de intercambio de archivos denominadas 'peer to peer' que, tanto en el ámbito nacional como internacional, se realiza por parte de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. El objetivo principal de ese tipo de rastreos es la búsqueda, localización e identificación de usuarios que pudieran estar descargando y distribuyendo material con contenido pedófilo. Las pesquisas dieron como resultado la geolocalización en Vitoria de una dirección IP sospechosa de cometer esa actividad ilícita, según recoge Europa Press.

Tras diversas averiguaciones, se localizó el domicilio del usuario de la red 'peer to peer', responsable del uso y distribución de los archivos de contenido pedófilo rastreados y se solicitó al juzgado de instrucción de guardia de Vitoria que acordara la entrada y registro en la vivienda, así como el acceso a los dispositivos electrónicos que fueran hallados, y su posterior intervención.

En el interior del ordenador se localizaron hallados casi 140.000 archivos de contenido pedófilo “de extrema crudeza”, con imágenes de menores de edad “sometidos a actos de naturaleza sexual”. Durante más de cinco meses, los archivos, en su mayoría imágenes, fueron extraídos gracias a la tecnología forense con la que cuentan los especialistas que han participado en la operación. Esta actividad no se limita solo la extracción y desencriptado, sino que averigua además las rutas de acceso y canales de distribución digital que, en casos como este, son necesarios para el tráfico del material pedófilo.