La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha sido reconocida con el Premio Abogados de Atocha 2026 que otorga Comisiones Obreras Castilla-La Mancha.

Su directora ejecutiva, Raquel Martí, ha señalado en el acto de entrega que este premio, que tradicionalmente se entrega en Toledo, simboliza que “hay una comunidad que no se resigna, que todavía hay voces que entienden que defender los derechos humanos no es un gesto retórico, es una obligación y ante la injusticia callar nunca es neutral”.

Este galardón tiene su origen en 2002 y sirve de homenaje para los abogados laboralistas asesinados en Madrid el 25 de enero de 1977 a manos de un comando de ultraderecha, en el contexto de la Transición española a la democracia. Este galardón fue creado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a instancias de CCOO Castilla La Mancha, con el objetivo de distinguir a aquellas personas, colectivos e instituciones que hubieran destacado en la defensa de los derechos y libertades públicas. En 2012 fue suprimido por el Gobierno del PP y lo retomó años después CCOO en solitario.

Un premio que este año ha tenido el lema 'Si el eco de su voz se debilita, pereceremos'. El acto ha comenzado con la interpretación de una pieza musical, así como un recuerdo a Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, abogados laboralistas, Serafín Holgado (estudiante de Derecho) y al administrativo Ángel Rodríguez Leal -natural de Casasimarro (Cuenca)-, asesinados en Madrid en 1977.

“Las organizaciones internacionales han sido criminalizadas”

La directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha destacado que “es un honor” recibir este premio que “defiende los valores, las libertades y los derechos humanos” y que les “da mucha fuerza para seguir trabajando”, en un momento en el que “el orden internacional se está resquebrajando” y donde “los derechos humanos y el derecho internacional humanitario está perdiendo su significado”.

De igual forma, ha reconocido el premio en nombre de los 15.500 trabajadores y trabajadoras de UNRWA que “sostienen la respuesta humanitaria en la Palestina ocupada”, pero también en memoria de los 391 compañeros y compañeras asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza: “El último de ellos la semana pasada mientras regresaba a su casa con alimentos para sus hijos, que fue alcanzado por un dron israelí”, explicaba.

Un cese que no detiene la muerte no es paz, es una tregua nominal que legitima la impunidad

Martí ha aseverado que UNRWA está “en una situación muy complicada” ya que con “la criminalización de Israel contra la agencia se ha ido recibiendo cada vez menos financiación”, en un momento en el que la “crisis humanitaria de Gaza y Cisjordania es una de las más graves del mundo” y aseguran recibir “muchísimos menos recursos para poder continuar con su trabajo”.

La directora ejecutiva ha expuesto que la Unión Europea “afortunadamente sigue financiando a la agencia”, así como “el gobierno español y los gobiernos de algunas comunidades autónomas de España”. Sin embargo, “la retirada de fondos de Estados Unidos ha hecho que estemos en una situación económica muy frágil” llegando incluso a “recortar los salarios a los trabajadores para poder seguir manteniendo los servicios” de UNRWA.

El intento de silenciar la verdad se refleja con especial crudeza en el ataque a la prensa

Martí ha expresado que “las organizaciones internacionales han sido criminalizadas y su labor obstaculizada”, debido a que Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde la situación a pesar del declarado alto el fuego “es absolutamente inhumana”, puesto que desde el 10 de octubre “se han asesinado ya a más de 600 personas y 1.500 han sido heridas”. Sumado a ello, “se sigue destruyendo infraestructura civil y obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria”. Martí ha señalado sobre el alto el fuego que “un cese que no detiene la muerte no es paz, es una tregua nominal que legitima la impunidad”.

UNRWA está siendo “objeto de persecución” por parte de Israel, donde destaca que han sido “atacados con falsas acusaciones, campañas de descrédito, presiones políticas, donde nuestros trabajadores han sido asesinados y nuestras instalaciones destruidas”, este último acontecimiento ocurrido en la sede de Jerusalén Este en enero de 2026. Para Martí, “demoler la sede de UNRWA no fue derribar un muro de cemento, sino intentar derribar la idea de protección”.

Después ha expuesto que “quienes han liderado y consentido esta matanza se sientan ahora en foros internacionales, mientras que quienes alzan la voz por la defensa de los derechos humanos son criminalizados y sancionados”. Explica que “el intento de silenciar la verdad se refleja con especial crudeza en el ataque a la prensa”, donde “más de 250 periodistas palestinos han sido asesinados y al menos 94 han sido detenidos en cárceles israelíes desde octubre 2023, muchos de ellos sometidos a tortura”. De igual forma, los periodistas internacionales tienen “prohibida la entrada, privando al mundo de un derecho tan esencial como la libertad de informar y de ser informados”.

Trabajemos juntos para incluir el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y acabar con la ocupación de Palestina

La directora ejecutiva de UNRWA España ha criticado que la recién inaugurada “Junta de Paz con Trump parece más una empresa de transacciones inmobiliarias donde una contribución de 1.000 millones de dólares asegura un asiento permanente para decidir sobre el futuro de la población palestina”. Por eso, destaca que la ONU y su sistema sigue “cuando se habla de construir resorts en una Gaza arrasada no podemos, si no recordar que su reconstrucción solo será legitimada si se hace con los gazatíes, nunca sin ellos”, ya que “no puede haber normalidad edificada sobre el dolor no reconocido”. Martí apunta que “la verdad está en las víctimas, en los cuerpos que soportan el frío y la lluvia, en las madres que ven como sus hijos tratan de sostener la vida entre ruinas”, y es la que “nos impulsa a seguir trabajando día a día”

Raquel Martí ha querido terminar su intervención señalando la frase del primer ministro canadiense Mark Carney, que señalaba que “el viejo orden no volverá, no debemos lamentarlos, la nostalgia no es una estrategia, tenemos la oportunidad de luchar para construir algo más grande, mejor, más fuerte y más justo” en el que ella añadiría que “trabajemos juntos para incluir el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y acabar con la ocupación de Palestina. Gracias por seguir hablando de Palestina”.

La situación sanitaria en Gaza sigue complicándose

La directora ejecutiva apunta que desde UNRWA están llevando a cabo “un programa de aprendizaje para más de 70.000 niños y niñas, donde también les damos apoyo psicológico y suplementos nutricionales”, ya que “la mayor parte de la población está bajo una seguridad alimentaria aguda”.

Expone que el sistema sanitario “ha sido diezmado” y que están atendiendo una media de “16.000 personas diarias, intentando vacunar a niños nacidos durante esos dos años y medio, atender a mujeres embarazadas y lactantes que tienen desnutrición aguada y llevar a cabo un sistema de saneamiento medioambiental dentro de Gaza porque las aguas residuales y las basuras están creando una epidemia sin precedentes”. Martí ha destacado que “se están propagando enfermedades infecciosas” entre la población, tales como “de la piel, respiratorias, diarreas o focos de hepatitis, meningitis y otras enfermedades raras”.

CCOO: “No vamos a permanecer impasibles ante esta barbaridad”

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha agradecido que CCOO Castilla-La Mancha continúe celebrando estos premios, a los que considera “un referente” en la región y que “distinguen a personas y organizaciones muy significadas en su defensa de las libertades, la vida y los derechos humanos”.

Por otro lado, Sordo ha felicitado a su demarcación en la región castellanomanchega por haber elegido a la organización UNRWA como condecorada, ya que “después de los últimos años del genocidio que se está viviendo en Palestina era necesario reconocer la causa que está trabajando en el socorro” del pueblo palestino.

El secretario general ha considerado que lo que está ocurriendo en Palestina “es uno de los peores episodios de la historia contemporánea de la humanidad”, en la que está sucediendo “la deshumanización de un pueblo entero, utilización de los materiales bélicos más sofisticados del mundo para someter a un pueblo prácticamente en condiciones de indefensión absoluta”.

Por otro lado, ha criticado la “actitud de la comunidad internacional tolerando una actitud insoportable por parte de Israel”, así como “el apoyo de la administración norteamericana a lo que creo que se puede decir abiertamente que es un genocidio”. Unai Sordo ha expuesto que el “cínicamente llamado plan de paz impulsado por la administración Trump no es más que un juego temporal para recomponer la situación geopolítica en Oriente Medio”.

Por último, ha recordado que en Palestina “se sigue matando, impidiendo la llegada de suministros básicos y ahogando las necesidades básicas de la población” por lo que “no vamos a permanecer impasibles ante esta barbaridad”. Sordo ha finalizado expresando que “hay que defender la democracia en nuestros países, pero a nivel global y no puede imperar la ley del más fuerte”.

La ceremonia del Premio Abogados de Atocha se ha convertido en un espacio emotivo, en el que Antonio Arrogante, presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, que forma parte del jurado del premio, ha felicitado a UNRWA y ha señalado que es “difícil mantener pueblos sin esperanza, pero hacerlo durante 80 años es una proeza”.

Por otro lado, ha expresado que en la actualidad “asistimos a momentos de revisión absolutamente interesada con argumentos que creíamos superados, con el odio y el resentimiento como argamasa, con planteamientos faltos de mentira como método y un desprecio a la memoria reciente”, donde “peor de la condición humana asoma como si fuese un mérito”.

Arrogante ha señalado que hoy “los organismos internacionales están absolutamente devaluados” y que “no es casualidad que la llegada al poder de personas con similares comportamientos coincida con el desprecio a la paz, el odio al distinto y el supremacismo como orientación”.

Por último, ha querido recordar que para él, “la imagen más terrible” es la de los adolescentes hijos de los colonos israelíes “que quieren seguir apropiándose de las tierras de Cisjordania y que escupen, provocan e intentan ridiculizar a los ancianos”. Hace no tanto tiempo el nazismo masacraba al pueblo judío, comentaba, para preguntarse: “¿Qué clase de memoria es tan frágil o qué adoctrinamiento tan brutal están recibiendo para llegar a repetir acciones como esta?”.

Mientras Benjamín Netanyahu viola diariamente el acuerdo de alto el fuego en Gaza, asesinando y negando la ayuda a sus habitantes, ahoga a la UNRWA y prohíbe la actividad de 37 organizaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania, su principal aliado, Donald Trump, va dando forma a una Junta de Paz doblemente inquietante.

Por un lado, lo que se deduce en primera instancia del borrador que se ha dado a conocer es que Trump no está pensando en Gaza, sino en su propio plan de liderazgo planetario, tan imperialista como contrario al multilateralismo y al orden internacional vigente. Un plan que apuesta por “la paz mediante la fuerza”, y para el que, en esencia, sostiene que debe contar con el ejército más poderoso y competente del planeta (como se recoge en la reciente Estrategia Nacional de Seguridad), así como eliminar todo obstáculo multilateral para imponer su dominio.

Así se entiende, por ejemplo, su reciente orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos de 66 organismos internacionales, de los que 31 son parte del sistema ONU, argumentando no solo que no sirven a los intereses de Washington, sino que actúan en su contra. En esa misma línea, impulsado por un narcisismo que no conoce límites, ha enviado una carta al primer ministro noruego en la que (sin querer entender que el Comité Nobel es independiente del Gobierno noruego) dice que como no ha recibido el premio, se desentiende de la búsqueda de la paz para centrarse únicamente en la defensa de los intereses de EEUU (y de los suyos propios); como si hasta ahora hubiera hecho otra cosa.

Como resultado de ese afán caudillista acaba de presentar una Junta de Paz que, sin apenas disimulo, pretende convertir en un órgano de gobernanza global a su imagen y semejanza. Con ese engendro, Trump busca, por una parte, dar la estocada definitiva a la ONU como legítima representante de la comunidad internacional y, por otra, dotarse de una palanca de poder al servicio de su megalomanía.

Al margen de cuál pueda ser el resultado final de su iniciativa, ya resulta evidente su sesgo mercantilista, imponiendo una cuota de 1.000 millones de dólares a quienes quieran convertirse en miembros permanentes (sin aclarar el destino de lo recaudado), según ha informado Reuters, que ha tenido acceso al borrador de los estatutos.

Igualmente, resulta llamativo el listado de los alrededor de sesenta destinatarios de la invitación (solo jefes de Estado o de Gobierno), con personajes como Netanyahu, Milei, Orbán, Lukashenko y Mohamed bin Salmán, como figuras destacadas de un colectivo en el que solo falta Kim Jong-un, que no se distingue precisamente por su defensa de la democracia, los derechos humanos y la ley internacional. Un esquema en el que queda claro que el propio Trump figura como jefe supremo con potestad para determinar la agenda de la Junta, las entradas y salidas de sus participantes y, por supuesto, con derecho de veto sobre todas las decisiones que adopte.

El esperpento se completa con un Comité Ejecutivo del que solo forman parte sus leales escuderos Marco Rubio, Jared Kushner y Steve Witkoff, multimillonarios afines como Marc Rowan y Ajay Banga, y personajes tan controvertidos como Tony Blair. Con esa estructura, Trump aspira a tener un órgano que, mucho más allá de Gaza, le sirva para seguir alimentando su falsa imagen de pacificador universal, rodeándose de gobernantes interesados en seguir bajo el amparo de quien equivocadamente ven como un protector.

Cuenta así con poder moverse al margen de la legalidad internacional, inmiscuyéndose en aquellos países en los que por diferentes razones tenga intereses más o menos legítimos. Y todo ello, para mayor escarnio, contando con el aval que le proporciona la propia ONU, al haber aprobado en noviembre pasado la creación de dicha “Junta de Paz” en el marco de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que daba luz verde al plan de Trump para Gaza, contando con trece votos a favor y la abstención de China y Rusia.

Por lo que respecta a Gaza, en el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado el pasado 10 de octubre se estipulaba una segunda fase cuyos hitos principales debían ser el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y la creación de un órgano de gestión política de la Franja. A la espera de algún avance en los tres primeros puntos señalados, Trump anuncia también la creación de un Comité Ejecutivo para Gaza, subordinado a la “Junta de Paz” y en el que vuelven a aparecer Witkoff, Kushner, Rowan y Blair, acompañados del multimillonario chipriota-israelí Yakir Gabay y representantes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía. No se trata solamente de que no haya ningún palestino en dicho comité, sino de que incluso Israel se ha manifestado en contra por considerar que no debe haber ningún representante de países árabes y, menos aún, de Turquía, a quien considera un enemigo.

Por su parte, los palestinos han mostrado abiertamente su rechazo a dicho comité, no solo porque entienden que Israel sigue incumpliendo descaradamente el acuerdo de alto el fuego, sino porque se ven relegados a una entidad de segunda fila, denominada Comité Nacional para la Administración de Gaza. Ese será el órgano supuestamente “tecnocrático y apolítico”, encabezado por Ali Shaath, que debe gestionar la penosa realidad diaria de la Franja sobre el terreno. El nombramiento de Shaath, que ya fue viceministro de la Autoridad Palestina, pone en evidencia la incapacidad de los líderes políticos de Palestina de encontrar alguna figura relevante que no haya estado vinculada a dicha Autoridad o a Hamás.

Este, en resumen, no puede ser el camino ni para un mundo más pacífico ni para una Palestina con futuro.

Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha dicho que este “ataque sin precedentes a una agencia de la ONU y sus instalaciones” supone “un nuevo nivel de desafío al Derecho internacional” con el que Israel pretende, junto a otras medidas, “borrar la identidad de los refugiados palestinos”.

“Poco después de las 7 h, las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la ONU en Jerusalén Este, obligaron a los guardias de seguridad a salir del recinto y les confiscaron sus dispositivos”, informó a EFE, por su parte, el portavoz de la Agencia, Jonathan Fowler.

“Quiero recalcar que este complejo es una sede de las Naciones Unidas”, añadió Fowler sobre la sede de la UNRWA, ubicada en el barrio de Sheij Jarrá y que se encontraba vacía desde hace meses por el veto israelí a sus actividades.

Las fuerzas de seguridad israelíes acordonaron la zona destrozada e impidieron a la prensa el acceso al complejo, según constató EFE presencialmente.

“El Estado de Israel es propietario del complejo (de la UNRWA) de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel”, afirmó por su parte el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado justificando la destrucción de los inmuebles de la organización, que fue declarada ilegal por Israel mediante una ley que entró en vigor en enero de 2025.

El ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, acudió a ver el derribo junto al vicealcalde de Jerusalén, Aryeh King. “Un día histórico, un día festivo, un día muy importante para el gobierno de Jerusalén”, ha escrito en X, jactándose de expulsar al personal de la Agencia, “simpatizantes del terrorismo”, a su entender.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y cortaba sus suministros.

“El complejo no goza de inmunidad alguna y su confiscación por parte de las autoridades israelíes se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional”, continúa la nota de Exteriores en referencia a la reforma legal israelí levantando la inmunidad.

En dicha reforma se decretaba la expropiación en un plazo de 30 días de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este y del Centro de Formación de Qalandia, que forma a jóvenes y está situado también en Jerusalén Este, cerca del puesto militar que lo separa de Ramala, la capital de Cisjordania

La reforma fue condenada en su momento por ser contraria al derecho internacional, ya que supuestamente ningún Estado miembro de la ONU puede excluir unilateralmente de una convención que ha suscrito —en este caso la de inmunidades y privilegios de la ONU— a uno de los organismos de las Naciones Unidas.

Exteriores reitera en su comunicado de este martes las razones que adujo para decretar la ilegalización de UNRWA. Afirma que empleados suyos “participaron en la masacre del 7 de octubre y en el secuestro de israelíes”.

“Numerosos empleados de la organización son terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, y su infraestructura se ha utilizado para la construcción de túneles, el lanzamiento de cohetes y actividades terroristas”, dice Exteriores.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó en octubre de 2025 que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó “garantizar las necesidades básicas” de la población civil en Gaza.

La Autoridad Palestina ha denunciado que el derribo conlleva “la ruptura de todas las reglas y normas del derecho internacional”. En un comunicado, su ministerio de Exteriores “subraya que ninguna legislación o decisión promulgada por las autoridades de ocupación tiene efecto jurídico alguno sobre la condición jurídica de la UNRWA ni sobre su presencia y actividades en el territorio palestino ocupado”.

Críticas de Jordania

Jordania ha sido de los primeros países de la región en reaccionar a la noticia de la demolición. “El Ministerio de Exteriores condena enérgicamente la demolición de edificios por parte de las fuerzas de ocupación israelíes dentro del complejo de la UNRWA en el barrio de Sheij Jarrá”, indicó el departamento jordano en un comunicado en el que recuerda que las instalaciones estaban vacías desde hace meses por imposición israelí.

Jordania considera la acción “una flagrante violación del derecho internacional y una vulneración de las inmunidades y privilegios de las organizaciones de las Naciones Unidas”. El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, insistió en el “rechazo absoluto y la enérgica condena a este acto ilegal e ilegítimo”.

El grupo militante Hamás, afirmó a su vez, en un comunicado difundido en sus canales oficiales, que lo sucedido “refleja una arrogancia oficial sin precedentes y un desprecio deliberado a las Naciones Unidas, sus instituciones y la comunidad internacional”.

Después de dos años perdidos debido a la brutal guerra de Israel, los estudiantes de Gaza han vuelto a las aulas, en medio de la devastación y de un frágil alto el fuego desde el pasado 10 de octubre. La Franja está actualmente dividida en dos, y la población, hacinada y desplazada en la mitad occidental del territorio palestino donde las escuelas, los hospitales y otros servicios han vuelto a funcionar con los pocos medios de los que disponen.

“Siento que me he perdido muchas cosas, como si dos años de mi vida hubieran desaparecido”, lamenta Fayez Abdeljawad, de 16 años. El estudiante de bachillerato representa a una generación de jóvenes cuya formación se vio interrumpida cuando Israel lanzó su ofensiva de castigo contra Gaza en octubre de 2023, tras los ataques de Hamás contra el sur del país.

Fayez relata a elDiario.es que no ha recibido un certificado, sino que ha pasado directamente de curso y ahora acude a un centro temporal afiliado al Ministerio de Educación gazatí para continuar sus estudios. “Estudio en el centro, pero no me siento bien. Me siento perdido, no es como ir al instituto y hay muchas cosas que no consigo comprender”. Es difícil estudiar en estas circunstancias. “Estoy bajo mucha presión y no consigo concentrarme”, agrega.

Me gustaría ser como cualquier otro chico que estudia normalmente. Pero en Gaza, más que estudiando, hemos estado huyendo de la muerte

Fayez Abdeljawad — Estudiante de secundaria

La guerra no ha causado solo un parón de dos años en la educación. También ha tenido un gran impacto emocional en los más jóvenes. Incluso a día de hoy, con un alto el fuego en vigor, la violencia y la incertidumbre continúan en la Franja, donde casi 400 palestinos han sido asesinados desde el 10 de octubre. “Me gustaría ser como cualquier otro chico que estudia normalmente. Pero en Gaza, más que estudiando, hemos estado huyendo de la muerte”, dice Fayez. Para él, lo mejor de volver a estudiar es poder ver a sus amigos, al menos un rato cada día. 

“Resiliencia y esperanza”

Mariam Said, de 17 años, acaba de terminar sus estudios, algo que hizo durante la guerra, con muchas dificultades por el desplazamiento y el hambre que ha afectado a la gran mayoría de los más de dos millones de gazatíes. “Perder mi casa y estar desplazada en una zona fronteriza hizo que estudiar fuera muy complicado. Estudiaba online yo sola, a veces con una luz tenue, otras veces con cortes de luz y de internet; también con la falta de comida que dificultaba mucho la concentración”, explica a elDiario.es.

“Pasé por momentos en los que sentí que estaba perdiendo la motivación. Pero mis padres siempre me apoyaron y volví a estudiar con la esperanza de lograr mis sueños académicos, a pesar de las circunstancias”, afirma la adolescente, quien desea seguir estudiando “en un entorno seguro”, fuera de la Franja, de la que aún no pueden salir los palestinos porque Israel mantiene cerradas todas las fronteras. Mariam asegura que para ella “la educación no es solo conocimiento sino resiliencia y esperanza, una herramienta para hacer frente a las dificultades”.

Los sueños y el futuro de muchos estudiantes como Mariam y Fayez penden de un hilo, a la espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos en Gaza con base en el plan del presidente Donald Trump y la voluntad de Israel, que está retrasando el paso a la segunda fase del alto el fuego. A pesar de esa incertidumbre y de que muchos colegios están destruidos, el sistema educativo gazatí ha vuelto a ponerse en marcha con escasos recursos para que los alumnos no pierdan otro año más.

Educación formal e informal

El director general de supervisión del Ministerio de Educación en Gaza, Hatem Shahadeh, explica que el sistema educativo está gestionado por el ministerio, que colabora con la sociedad civil debido a la falta de medios, y por las agencias de la ONU, encabezadas por la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que antes del genocidio ofrecía educación en 188 centros en toda la Franja a casi 300.000 alumnos de primaria y contaba con casi 10.000 profesores. Actualmente, la UNRWA y otras agencias de Naciones Unidas dan clases a más de 226.400 alumnos en unos 450 centros de enseñanza temporales.

“Los estudiantes están divididos en dos grupos: los que reciben clases online a través del Ministerio de Educación y los que acuden a centros de enseñanza aprobados por el ministerio. Algunos de los centros están gestionados directamente por Educación, con sus empleados, y otros por organizaciones de la sociedad civil. Aparte, están los estudiantes que reciben educación de la UNRWA”, detalla Shahadeh a elDiario.es. 

El director general de supervisión educativa señala que las primeras iniciativas para reanudar la educación fueron lanzadas individualmente por maestros para los niños desplazados, luego distintas ONG los apoyaron y, por último, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y el ministerio están promoviendo estos puntos de enseñanza informales que han ido surgiendo en toda la Franja. Shahadeh destaca que es importante la coordinación con el Ministerio de Educación para que estos centros sean acreditados y supervisados y para que los estudiantes vean sus estudios reconocidos de forma oficial más adelante.

Por su parte, Jamal Abu Kashef, doctor en Educación y Psicología, explica a elDiario.es que la necesidad de reanudar la educación se plasmó ya antes del cese el fuego en iniciativas comunitarias. Docentes y otras personas preocupadas por la educación de los más pequeños se coordinaron y empezaron a ofrecer clases en refugios, tiendas de campaña y escuelas abandonadas para enseñar conceptos básicos a los niños y, sobre todo, para ayudarles a distraerse de la guerra. Esas iniciativas fueron creciendo y se han llegado a impartir matemáticas, ciencias, idiomas y otras materias, de forma informal, en las carpas de los campos de desplazados.

Abu Kashef destaca que el objetivo no era solo el aprendizaje académico, sino también que los niños mantuvieran unas rutinas sociales y mentales, evitando que perdieran la habilidad de leer, escribir o hacer cálculos matemáticos y facilitando su posterior reincorporación a la educación formal. “Intentamos compensar un poco las lagunas académicas, pero el verdadero objetivo es evitar un deterioro [psicológico]. Tener una rutina de estudio es una terapia en sí misma”, afirma. 

Una tienda de campaña es un refugio por la mañana y un aula por la tarde. Los recursos son muy escasos y el personal está agotado

Jamal Abu Kashef — Doctor en Educación y Psicología

La coordinación con las familias ha sido fundamental en este marco de enseñanza informal, con reuniones semanales con los padres y comités locales para gestionar las carpas donde se imparten las clases.

Sin embargo, destaca que los retos son muchos. “Una tienda de campaña es un refugio por la mañana y un aula por la tarde. Los recursos son muy escasos y el personal está agotado”, lamenta. Los maestros necesitan formación para gestionar las clases informales y ofrecer apoyo psicológico a los alumnos. “El mayor reto es ofrecer educación en una situación de emergencia, sin tener las herramientas de emergencia”, agrega Abu Kashef. 

La amenaza del temporal

A todos los retos, ahora se suma el mal tiempo que ha causado inundaciones en Gaza y ha dejado inutilizables muchas carpas y hecho colapsar edificios que ya estaban muy dañados por los ataques israelíes. Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU (OCHA), miles de alumnos se han quedado sin clases en los centros de enseñanza temporales de Naciones Unidas a causa del temporal que ha azotado la Franja desde la semana pasada.

Abu Kashef advierte de que el mal tiempo ha empeorado una situación que ya era crítica y que puede poner en riesgo el año académico, ya que ha interrumpido las clases presenciales y ha afectado prácticamente a todos los alumnos. El temporal de lluvia y viento “es un factor adicional que profundiza la crisis de la educación en Gaza y evidencia la necesidad urgente de buscar soluciones que garanticen, al menos, el derecho básico de los estudiantes a una educación continuada y segura”, afirma.

A pesar de todo, el experto en Educación y Psicología cree que en Gaza existe una oportunidad para crear un sistema educativo más flexible que el que existía antes del genocidio. “Debemos integrar estos modelos informales en las políticas del ministerio. No podemos volver al mismo sistema de enseñanza frágil que colapsó con el primer bombardeo”, concluye.

La UNRWA retoma su actividad

La UNRWA había sido el principal proveedor de educación primaria en Gaza antes del brutal asalto israelí de octubre de 2023, con casi 200 escuelas en toda la Franja que funcionaban con dos y hasta tres turnos diarios. En los pasados dos años, la mayoría de sus centros han sido dañados en parte o destruidos completamente por los ataques israelíes y el 95% de los edificios que funcionaban como escuelas han servido de refugio para los desplazados, según datos de la agencia.

Además, la UNRWA ha sido blanco de una campaña de desprestigio por parte de Israel, que ha prohibido sus actividades en el país y su coordinación con las autoridades hebreas, lo cual hace muy difícil sus operaciones en los territorios palestinos, incluida Gaza.

Imparto cuatro clase, tres días a la semana, en medio de grandes dificultades psicológicas para los alumnos y también para nosotros, los maestros; así como de los temores de los padres por sus hijos y de la escasez de material educativo

Nabil Radwan — Profesor de la UNRWA

Nabil Radwan es uno de los más de 7.000 maestros que trabajan para la UNRWA y lanzó una iniciativa cuando la guerra entró en su segundo año para llenar el vacío dejado por la suspensión de una parte de los servicios de la agencia: creó grupos de WhatsApp con los alumnos para organizar clases online, a pesar de que muchos de ellos no tenían teléfonos móviles o tenían que lidiar con cortes de electricidad y de la conexión a internet. Posteriormente, empezó a organizar clases presenciales en algunas escuelas que seguían en pie en Nuseirat, Deir al Balah y Maghazi, en el centro de la Franja. 

Actualmente, Radwan ha vuelto a impartir clases, aunque lamenta que hay muchas necesidades que no pueden ser cubiertas. “Mi mayor alegría es ver que los niños vuelven a las clases, incluso en estas difíciles circunstancias”, afirma. “Imparto cuatro clases, tres días a la semana, en medio de grandes dificultades psicológicas para los alumnos y también para nosotros, los maestros; así como de los temores de los padres por sus hijos y de la escasez de material educativo, desde cuadernos y libros, hasta pupitres”, explica Radwan a este medio. 

Los niños que, por ejemplo, han perdido a miembros de su familia necesitan apoyo psicológico de profesionales, agrega. El maestro considera que el primer paso debe ser reconstruir las escuelas, pero también ofrecer apoyo psicológico a los estudiantes. “No trabajamos solo como maestros, sino también como especialistas en educación y psicología porque los alumnos están en nuestras manos”, dice.

Los niños de Gaza han sido privados ya de su tercer curso escolar en una situación horrible. Hay un riesgo real de que sean una generación perdida

Jonathan Fowler — Jefe de comunicaciones de la UNRWA

Actualmente, unos 63.000 niños y niñas acuden a centros de enseñanza temporales de la UNRWA, destinados especialmente a los más pequeños que no pueden estudiar solos o los que están empezando la educación básica. En esos centros se les enseña a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, pero también reciben apoyo psicosocial y realizan actividades. Jonathan Fowler, jefe de comunicaciones de la UNRWA, explica a elDiario.es que la agencia intenta aumentar sus servicios y el número de centros temporales, al igual que otras organizaciones y agencias de la ONU.

“La educación es una parte esencial de la vida de los niños en todo el mundo. Los niños de Gaza han sido privados ya de su tercer curso escolar en una situación horrible. Hay un riesgo real de que sean una generación perdida”, alerta Fowler, agregando que es necesario hacer mucho más para ofrecerles educación a los alrededor de 600.000 escolares que hay en la Franja. “Eso incluye poder introducir [en Gaza] suministros para la educación, que siguen estando restringidos por parte de las autoridades israelíes, como bolígrafos y papel”.

Hace unos días, un trabajador le comentó a Raquel Martí, la directora ejecutia de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo) España, que actualmente los más de dos millones de personas dentro de la franja de Gaza están “peor que cuando les caían las bombas”. Peor que antes de la supuesta tregua pactada entre Estados Unidos e Israel y que ha convertido la franja, sobre el mapa, en un eje de líneas, fronteras invisibles, pero llenas de soldados israelíes que siguen disparando a la población gazatí.

¿Qué está pasando realmente con esta población? ¿Cómo está sobreviviendo? ¿Qué necesita? De todo ello hablamos con Raquel Martí, momentos antes de recoger el Premio Niké a la defensa de los Derechos Humanos que las Cortes de Castilla-La Mancha han otorgado a UNRWA en la primera edición de estos galardones.

¿Cuál es ahora mismo el despliegue de esta agencia de Naciones Unidas y la situación dentro de Gaza?

Tenemos 12.000 trabajadores en activo. Aunque Israel aprobó una ley para impedir que trabajemos en Palestina, exigiendo un visado israelí para poder trabajar allí y tuvimos que retirar a trabajadores internacionales, para nosotros no ha sido un gran problema porque la inmensa mayoría de nuestro personal es palestino: son refugiados, profesores, ingenieros, médicos y personal sanitario.

Gracias a ello, hemos podido seguir con el trabajo dentro de Gaza, pero evidentemente con toda la problemática prosigue incluso después del llamado 'alto el fuego', puesto que los trabajadores corren un gran peligro. De hecho, 381 han sido asesinados por Israel, muchos de ellos junto con sus familias. Es el mayor número de trabajadores de Naciones Unidas muertos en un conflicto.

¿Es un mal llamado 'alto el fuego'?

De eso no tiene nada más que el nombre, porque Israel ha seguido asesinando a palestinos, más de 370 desde que se decretó. Ha seguido demoliendo infraestructuras y ha seguido aumentando la línea amarilla pactada durante la tregua. Esa línea delimitaba dónde iba a estar establecido el ejército israelí y la ha ido desplazando hacia el este, donde se hacinan los 2,2 millones de personas que quedan en Gaza. Se va aumentando así la zona ocupada por Israel y disminuyendo el área donde está la población gazatí. Es en esta línea donde se están dando todos los incidentes.

¿Que está ocurriendo ahí?

Israel considera que todas las personas que se acercan a la línea amarilla son sospechosas y las asesina. Ha asesinado a dos niños, de 12 y 13 años, que estaban recogiendo leña. Es importante señalar que la demarcación está hecha sobre un mapa. Luego Israel ha estado colocando algunos bloques de hormigón de color amarillo para delimitar estas zonas, pero no en toda la línea. Eso es un mar de escombros y es imposible para la población saber exactamente dónde está el límite.

Son fronteras invisibles, parecen una trampa.

La población se acerca porque quiere llegar hasta sus casas para coger lo que quede o porque simplemente están recogiendo leña, como estos dos niños que han sido asesinados. Simplemente, no saben que están cruzando esa delimitación. Israel les dispara, les asesina. Ahora mismo la situación es mejor que antes del alto el fuego, no están constantemente bombardeados, aunque sí que ha habido bombardeos, pero la mayor parte de la población que ha muerto, lo ha hecho por fuego de artillería o de drones.

En este contexto, ¿cómo trabajan los equipos de la UNRWA?

Están haciendo mucho trabajo. En primer lugar, estamos intentando rehabilitar el mayor número posible de hogares para empezar a dar educación de nuevo. Los llamamos 'espacios de aprendizaje temporal', a los que están acudiendo unos 53.000 niños. Con estos espacios intentamos traer un poquito de normalidad a sus vidas. Están severamente traumatizados, es muy difícil para ellos focalizarse en estudiar y lo que hacemos en las primeras horas en darles apoyo psicosocial cuando lo necesitan, y luego ir poco a poco introduciéndoles en la educación, no tanto para avanzar sino para que recuerden lo aprendido hasta este momento, porque han perdido dos años de educación. También tenemos colegios que son refugios: hay 80.000 personas refugiadas en nuestras aulas.

¿Cuál es la situación a nivel sanitario en la población y en las infraestructuras?

Estamos rehabilitando clínicas que fueron dañadas durante la ofensiva israelí y estamos realizando una media de entre 12.000 y 14.000 consultas diarias. Sobre todo, intentamos controlar la desnutrición. En el último informe se han detectado unos 9.000 casos de niños gravemente desnutridos. También estamos haciendo vacunación infantil porque en estos dos años, muchos niños que han nacido bajo los bombardeos han perdido sus dosis de vacunación. Esto es fundamental porque hay una situación gravísima en las condiciones higiénico-sanitarias. Están apareciendo muchos casos de hepatitis y otras enfermedades.

Hay más de 170.000 heridos, muchos de ellos con secuelas de por vida, que necesitan tratamiento y rehabilitación. El sistema sanitario no da abasto con toda esta situación  

El principal foco será la falta de agua.

No hay agua potable, está contaminada. Se han destruido muchos depósitos de aguas residuales, por lo que se han desbordado o están esparcidos por el suelo. Además, ahora está lloviendo y se mezcla toda la basura y los residuos. Esto está provocando un desastre a nivel medioambiental y ahora mismo el 60 por ciento de las enfermedades que se reportan son infecciones respiratorias, de la piel o diarreas. Todo ello se une a que el sistema sanitario está colapsado, aunque se han rehabilitado espacios de algunos hospitales destruidos para seguir dando asistencia a la población.

¿A cuántos heridos se está atendiendo?

Hay más de 170.000, muchos de ellos con secuelas de por vida, que necesitan tratamiento y rehabilitación. El sistema sanitario no da abasto con toda esta situación.  

¿Cómo se está intentando corregir el suministro de agua y los residuos para eliminar el foco de esas enfermedades?

Estamos repartiendo agua en cisternas y rehabilitando pozos, así como arreglando plantas de desalinización, puesto que el acuífero está contaminado. De hecho, antes de la ofensiva, había canalizaciones desde Israel que abastecían de agua potable a Gaza, pero las cortó. Ahora se coge el agua del mar y se le intenta quitar toda la sal. Esa es el agua, que no dejar de saber horrible, que se utiliza para consumo.

En cuanto a la basura, estamos recogiendo unas 600 toneladas de basura diarias y creando vertederos, porque muchos de los que utilizábamos se han quedado al otro lado de la línea amarilla, ya no podemos acceder a ellos. Entre estos basureros y escombros, quedan toneladas de remanentes de explosivos sin detonar. Ya han matado a personas, sobre todo niños que estaban jugando. Hay más de 50 personas que han muerto por ello. Hay que tener muchísimo cuidado cuando la población vuelve a sus casas derruidas.

¿Se les está informando al respecto?

Ahora está actuando el Servicio de Acción contra Minas de Naciones Unidas (UNMAS), que se dedica a la manipulación de explosivos. Nosotros apostamos por la sensibilización y educación entre la población para que conozcan estos riesgos, con un teléfono al que puedan llamar para que vayan a retirarlos.

Después de dos años de genocidio y devastación ¿cómo funciona el apoyo psicólogico y psiquiátrico?

En estos dos años ha habido más de 700.000 personas con problemas de salud mental. Realmente, la totalidad de la población de Gaza está devastada psicológicamente. No hay nadie que no necesite apoyo psicológico con todo lo que han vivido y visto. La situación es muy desesperanzadora.

Además, desde el alto fuego, parece que el foco mediático se ha diluido.

Sí, este es un grave problema que tenemos porque parece que ya no pasa nada y que la población no sufre y es todo lo contrario. De hecho, hace un par de semanas un compañero me decía que estaban peor que cuando les caían las bombas y se refería a las lluvias torrenciales. Hace un par de semanas sufrieron diluvios. Hay un millón de personas que están viviendo en tiendas de campaña, bajo lonas de plástico y refugios improvisados. Las lluvias han rajado los techos con el peso del agua y las escorrentías se llevan todo por delante, empapando mantas, colchones y alfombras. Hay mucha gente que ha pasado noches a la intemperie, sin absolutamente nada.

Esto también provoca más enfermedades.

Claro, estamos empezando a atender a muchas personas con resfriados y esto va a aumentar teniendo en cuenta el deterioro de su situación, puesto que la mayor parte de la población no está ingiriendo los alimentos necesarios y no tienen defensas. Esos catarros se pueden convertir en neumonías y en infecciones pulmones. En ese sentido, la situación es catastrófica.

¿Ha mejorado la entrada de ayuda humanitaria?

Ha mejorado y se está cumpliendo el número pactado de camiones. Son entre 500 y 600 diarios. Es lo que (Donald) Trump ha recogido en su plan. Pero hay un dato importante: antes del 7 de octubre de 2023, con una Gaza colapsada, que llevaba bajo asedio desde 2007 y cuando la economía ya estaba destruida y más de la mitad de la población dependía de la ayuda humanitaria para sobrevivir, entraban 500 camiones diarios con ayuda. Pero entonces había agua, combustible, granjas de producción, pesca y agricultura. Y con esos camiones diarios, la gente sobrevivía. Ahora, se marca esa misma cifra, pero hay un millón de personas desplazadas sin casa, no hay comercio, ni mercados, ni electricidad. Si sumas todas esas necesidades, esos camiones no son nada.

No se puede recuperar la vida en Gaza solo con ayuda humanitaria, tiene que entrar combustible y bienes para el comercio

Además, no se puede recuperar la vida en Gaza solo con ayuda humanitaria, tiene que entrar combustible y bienes para el comercio, para que la gente pueda adquirir productos en los mercados. El número de camiones diarios no es suficiente. Israel no deja entrar materiales de doble uso militar y civil, cuando casi la mayoría de los productos pueden serlo.

Por ejemplo, no podemos rehabilitar casi nada porque no tenemos cemento, no tenemos ladrillos. Necesitamos también prótesis para las personas con amputaciones, necesitamos audífonos, sillas de ruedas, gafas, que no se consideran ayuda humanitaria y no están entrando.

Todo eso impide la reconstrucción del territorio.

Estamos muy preocupados con eso, es casi imposible, sobre todo porque tememos la ocupación de Israel en la franja de Gaza se vuelva permanente. Es uno de los riesgos. Se ha hablado de crear 'comunidades alternativas seguras' y ahora mismo Israel está desescombrando una amplia zona para hacer una de ellas. Pero ¿a quién le va a dar esas casas y bajo qué condiciones?

Lo que ha dicho hasta ahora Israel es que a las personas que pasen la franja amarilla para ir a esas comunidades, se les hara un reconocimiento facial y no se les va a permitir regresar nunca más a la zona del este, prescidiendo de su comunidad. ¿Eso significa que va a haber un ejército israelí permanente? No lo sabemos, porque tampoco están siendo muy participativos con Naciones Unidas, cuando deberíamos ser el actor principal en la reconstrucción para que se garantizaran los principios humanitarios.

Nos preocupa muchísimo que el futuro de Gaza sea bajo ocupación y que todo esto que ha pasado no haya servido nada más que para incrementar el sufrimiento y para que el futuro de Palestina sea todavía más incierto.  

Fuera de la franja, en Cisjordania. ¿Qué problemas está teniendo la UNRWA?

Estamos teniendo muchos problemas en Jerusalén este. Han asaltando nuestra sede. Quitaron la bandera de Naciones Unidas e izaron la israelí. Estaba cerrada desde hace meses porque habíamos recibido amenazas, habían tirado cócteles molotov. Los trabajadores internacionales se quedaron sin visados y tienen que trabajar en remoto desde Amán (Jordania) y el resto desde sus casas o en las oficinas de campo en Cisjordania.

¿Por qué esa actuación de Israel en la zona?

Porque considera que esa parte de Jerusalén forma parte de su estado soberano y Naciones Unidas reconoce que es parte del territorio palestino ocupado. Ya hace meses cerraron nuestras escuelas lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y había niños. Ahora amenazan con que nos van a cortar el agua y la electricidad, entiendo que en nuestros campos de refugiados y clínicas, que todavía están en marcha. Están asegurándose de que el trabajo de UNRWA sea inviable en esa zona.

¿Y en el resto de Cisjordania?

Tenemos 4.000 trabajadores, seguimos operando en clínicas, colegios y centros de distribución de ayuda. Los tres campos de refugiados del norte fueron bombardeados y su población forzada al desplazamiento.

Hay unos 32.000 desplazados de los que nos estamos ocupando con asistencia humanitaria. Pero siguen en una situación temporal, porque Israel se ha encargado de destruir todas las infraestructuras en estos campos para impedir que puedan volver.

Está aumentando mucho la violencia de los colonos y también las incursiones militares en los campos de refugiados, con detenciones indiscriminadas, destrucción de la propiedad palestina y vandalizaciones. Israel está aumentando sus políticas de ocupación y anexión del territorio. Lo lleva haciendo décadas pero desde octubre de 2023 lo ha acelerado.

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció que policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, “irrumpieron por la fuerza” este lunes en su sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel.

“Esta acción representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel, como Estado miembro de las Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU”, denunció Lazzarini en su cuenta de X.

Según su mensaje, las fuerzas israelíes entraron en el complejo de UNRWA con motocicletas policiales y otros vehículos, y cortaron todas las comunicaciones, al tiempo que se incautaron de muebles, equipos informáticos y otros bienes.

A principios de este año, el Parlamento israelí (Knéset) prohibió la actividad de la UNRWA en Israel, alegando una supuesta conexión entre trabajadores de la agencia de la ONU con el grupo islamista Hamás.

La Corte Internacional de Justicia determinó que Israel no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás, ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto.

En su mensaje, Lazzarini tacha de “campaña de desinformación a gran escala” las acusaciones de Israel a la UNRWA, a las que siguieron “meses de acoso” a sus trabajadores con “ataques incendiarios en 2024, manifestaciones de odio e intimidación” contra la agencia, lo que derivó en que se viera obligada a desalojar el complejo de Jerusalén Este.

“Independientemente de las medidas adoptadas a nivel nacional, el complejo conserva su condición de recinto de la ONU, inmune a cualquier tipo de interferencia”, afirma, lo que respalda en que Israel es parte de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, que declara inviolables sus instalaciones.

“No puede haber excepciones. Permitir esto representa un nuevo desafío al derecho internacional, que sienta un precedente peligroso en cualquier otro lugar del mundo donde la ONU esté presente”, concluye Lazzarini.

La Diputación de Badajoz ha anunciado una nueva ayuda humanitaria destinada a la población refugiada de Gaza, que asciende a 100.000 euros, y que será canalizada a través de las agencias de Naciones Unidas UNICEF y UNRWA. La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha presentado esta iniciativa acompañada por la presidenta del Comité de UNICEF en Extremadura, Teresa Chamorro, y el jefe de Acción Humanitaria, Emergencias y Desarrollo de UNRWA España, Mario Nieto.

La presidenta ha subrayado que la situación en Gaza es “gravísima” y que como institución pública “no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los niños, mujeres y hombres víctimas de este genocidio”. Del Puerto ha recordado que se cumplen dos años desde el inicio del conflicto y ha reivindicado la obligación “moral, humanitaria y legal” de actuar desde la solidaridad.

En esta ocasión, la Diputación aumenta la cuantía de su aportación, que el año pasado fue de 60.000 euros, con el fin de “llegar a más afectados” ante el recrudecimiento del conflicto. “Queremos contribuir a la protección de la población civil, garantizar sus derechos y reclamar respeto por la vida”, ha afirmado la presidenta.

La ayuda se distribuirá de la siguiente manera. UNRWA, agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, destinará 60.000 euros a gastos de personal sanitario, reforzando la atención médica en una zona donde la infraestructura sanitaria se encuentra gravemente dañada. En concreto, con este dinero se pagará el salario de cuatro profesionales sanitarios durante 6 meses que, entre otras labores, se encargarán de realizar test de desnutrición de 32.000 niños.

Por su parte, UNICEF, que colabora por primera vez con la Diputación para este fin, empleará los 40.000 euros restantes en la adquisición de alimentos para la población infantil y familias desplazadas. Como ha apuntado María Nieto, esta ayuda servirá para propiciar la supervivencia de 1.325 niños y niñas, entre los 0 y los 24 meses, en riesgo de desnutrición. 

Valentía y humanidad

La presidenta ha agradecido la “valentía y humanidad” del personal y voluntariado de ambas organizaciones, que “ponen en riesgo sus vidas para atender a quienes más sufren”. Del Puerto ha destacado que esta acción se enmarca en el compromiso de la Diputación con “la dignidad humana, los derechos fundamentales y la defensa de los más vulnerables”.

La Diputación de Badajoz fue una de las primeras administraciones públicas españolas en prestar apoyo directo al pueblo palestino el pasado año, y vuelve a reafirmar su compromiso incrementando los recursos destinados a este fin.

“Esta ayuda es solo un granito de arena, pero representa nuestro deseo de contribuir a aliviar el sufrimiento y mantener viva la esperanza de un futuro en paz”, ha concluido la presidenta.

El pasado 23 de marzo, Kamal, trabajador de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), salió de su casa en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, con su chaleco de la ONU. Arrancó su vehículo, claramente identificado como de la ONU, y en la hora siguiente, su organización perdió todo contacto con él. “Su paradero permaneció desconocido durante una semana”, denunció este miércoles en un comunicado Philippe Lazzarini, comisario general de UNRWA.

El 30 de marzo apareció el cadáver de Kamal cerca de una fosa común “junto a los restos humanos de los trabajadores humanitrarios de la Media Luna Roja asesinados por las fuerzas israelíes”. “Kamal fue asesinado por uno o varios golpes en la parte posterior del cráneo y luego fue enterrado junto a los otros miembros del equipo de la Media Luna Roja”, señala Lazzarini.

La UNRWA ha pedido explicaciones a Israel sobre el asesinato, pero no ha recibido ninguna. Kamal, que deja atrás a su esposa e hijos, llevaba más de 20 años trabajando en la agencia de la ONU que era la principal red de apoyo humanitario en toda la Franja de Gaza. “Es un caso más de los que ya son demasiados. La impunidad abre la puerta a más atrocidades. Exigimos investigaciones independientes sobre su asesinato y el de todos los demás trabajadores de UNRWA”, escribe Lazzarini. Israel ha matado ya a 310 trabajadores de la agencia de la ONU desde el inicio de su guerra de castigo. Más que en ningún otro conflicto.

Aquel 23 de marzo, los soldados israelíes dispararon y atacaron un convoy de ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de la ONU. Además de Kamal, otros 14 trabajadores humanitarios fueron asesinados, 8 de ellos de la Media Luna Roja Palestina. En la primera versión oficial, Israel alegó que el convoy se acercó con las luces apagadas y de manera sospechosa. Sin embargo, un vídeo recuperado del móvil de una de las víctimas reveló que los vehículos y sus ocupantes iban perfectamente identificados y con las sirenas puestas, desmintiendo así las mentiras de Israel.

En un principio Israel alegó también que los disparos se produjeron desde lejos, pero un análisis de audio realizado por la BBC con el vídeo grabado con el móvil de una de las víctimas revela que estos empezaron a unos 43 metros de distancia y acabaron a 12 metros, lo que se considera distancia corta. Hubo más de 100 disparos.

El rescate

El escándalo salió a la luz cuando el pasado 30 de marzo, Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Palestina, relató la agónica operación de rescate de los 15 trabajadores humanitarios asesinados. El propio Whittall, que estuvo trabajando en la fosa común para sacar los cadáveres, también ha criticado la investigación castrense. “Una falta de rendición de cuentas real debilita el derecho internacional y hace del mundo un lugar más peligroso. Sin rendición de cuentas, nos arriesgamos a seguir viendo atrocidades”, expresó.

Cuando Whittall publicó lo sucedido el 30 de marzo, contó que la OCHA intentó coordinar con Israel una misión para acceder a la zona del ataque y recuperar a los muertos. “Pero solo se nos permitió el acceso cinco días después”. Cuando por fin consiguieron entrar, se encontraron con “centenares de civiles huyendo bajo disparos”. “Vimos como una mujer recibía un disparo en la parte trasera de la cabeza. Cuando un joven intentó recuperarla, también le dispararon. Pudimos recuperar su cuerpo utilizando nuestro coche de la ONU”.

Whittall tuvo que retirarse junto a su equipo y volver al día siguiente. Al llegar descubrieron “una escena devastadora: ambulancias, el coche de la ONU y el camión de bomberos habían quedado machacados y parcialmente enterrados”. “Tras pasar horas cavando, recuperamos un cadáver; un trabajador de la Defensa Civil debajo de su camión”. Un día después, el equipo finalmente siguió cavando y recuperó todos los cuerpos enterrados.

La investigación

Tras quedar expuestas las mentiras iniciales de Israel, el Ejército publicó el pasado mes de abril las conclusiones de su investigación, que en la práctica es una justificación del asesinato de un grupo de paramédicos que estaban operando perfectamente identificados y que acabaron enterrados en una fosa común a la que Israel no dio acceso hasta una semana después.

El informe del ejército israelí reconoce “errores profesionales” y “malentendidos”, pero justifica la acción de los soldados e incluso alaba a los responsables pese a admitir abiertamente que mintieron. Entre halagos, el Ejército israelí anuncia la destitución del comandante adjunto de la unidad que realizó el ataque.

“El comandante adjunto del batallón consideró que los vehículos eran de las fuerzas de Hamás, que habían llegado para asistir a los pasajeros del primer vehículo. Bajo esta impresión y sensación de amenaza, ordenó abrir fuego. 15 palestinos resultaron muertos, seis de los cuales fueron identificados en un examen retrospectivo como terroristas de Hamás. Debido a la escasa visibilidad nocturna, el comandante adjunto no reconoció inicialmente los vehículos como ambulancias. Solo más tarde, tras acercarse a los vehículos y escanearlos, descubrió que se trataba efectivamente de equipos de rescate”, señala la investigación israelí, que no aporta pruebas de su acusación de terrorismo contra todos los asesinados.

A la mañana siguiente los soldados decidieron reunir los cadáveres y enterrarlos “para prevenir mayores daños” y retirar los vehículos de la carretera “para preparar la evacuación de civiles”. El informe niega que respondiese a un intento de esconder la masacre, aunque reconoce que no fue una decisión adecuada. “El examen concluye que la retirada de los cadáveres era razonable dadas las circunstancias, pero que la decisión de aplastar los vehículos fue errónea. En general, no se intentó ocultar el suceso”.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este viernes que ha trasladado “de manera transversal al conjunto del Gobierno” que revise los acuerdos que puedan tener con empresas vinculadas con el Ejecutivo israelí para hacer una valoracion y “dar los pasos siguientes”.

En respuesta al rechazo del Ejecutivo foral a la participación de Israel en el XVIII Campeonato de Europa de Sófbol Femenino Sub-18 que se celebrará en Navarra, Chivite ha insistido en que “este Gobierno quiere denunciar el genocidio que se está cometiendo en la franja de Gaza” y ha subrayado que “no va a mirar para otro lado”.

La presidenta ha señalado que primero se debe analizar la situación actual: “Tenemos que ver qué es lo que tenemos y valorarlo para proceder”. Aunque ha reconocido que la situación “no es nueva”, ha apostillado que “está claramente agravada” y ha afirmado que el Gobierno navarro siempre ha mantenido una posición coherente.

Tras criticar “el doloroso incumplimiento de todos los derechos humanos que se está produciendo en la franja de Gaza”, la presidenta ha expresado su desacuerdo con que “un equipo que representa a un país que está incumpliendo con todos los derechos humanos concurra en nuestra Comunidad en algún tipo de competición”.

En septiembre Navarra concedió el Premio de la Paz a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, como reconocimiento a su labor. “Nosotros, no como otras comunidades, seguimos manteniendo la financiación a esta ONG”, ha destacado Chivite, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con “el estricto cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos”. En este contexto, ha añadido que, ante el deterioro del conflicto, el Gobierno considera necesario implementar “medidas de presión dentro del marco posible y de nuestras competencias”.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha reunido este martes en Bruselas con el Comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philipe Lazzarini, con el que ha hablado de la situación humanitaria “inaceptable” en la Franja de Gaza, donde los más de dos millones de habitantes pasan hambre después de dos meses y medio de bloqueo total impuesto por Israel.

Fuentes diplomáticas han señalado a elDiario.es que Albares ha trasladado a Lazzarini “las posibles medidas que España podría adoptar para romper el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria”. A pesar de que el Gobierno israelí anunció hace dos días que iba a permitir la entrada de suministros básicos a la Franja, sólo algunos camiones han podido acceder al enclave y la ayuda no ha sido distribuida aún, según ha denunciado la ONU este martes.

Asimismo, el titular de Exteriores ha mostrado su apoyo a la UNRWA y ha puesto en valor el incremento de las aportaciones a UNRWA, que desde 2023 han sido de 60 millones de euros, según las fuentes. Albares también ha mostrado su rechazo a las leyes israelíes que prohíben la actividad de la UNRWA en Israel y su contacto o coordinación con las autoridades del país, lo cual afecta directamente a su actividad en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

Esas leyes fueron aprobadas el pasado mes de octubre y, desde febrero de este año, han dificultado el trabajo de la agencia en los territorios palestinos ocupados por Israel. Por ejemplo, a principios de mayo, fuerzas israelíes forzaron el cierre de tres escuelas de la UNRWA en Jerusalén Este.

Albares también se ha reunido en Bruselas con sus homólogos de la Unión Europea en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores, en el que ha condenado “el bloqueo a la ayuda humanitaria que amenaza la vida de cientos de miles de gazatíes y la inaceptable e inhumana situación en Gaza”, según fuentes oficiales del Ministerio español. Albares “ha instado a la UE a ir más allá de las palabras y emprender acciones, que podrían incluir sanciones contra Israel”, han agregado las fuentes.

La Unión Europea ha aprobado este martes revisar el acuerdo comercial con Israel, algo que ya reclamaron España e Irlanda en febrero de 2024. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha afirmado que “hay una gran mayoría para revisar el acuerdo comercial”, tras reunirse con los ministros de Exteriores de los 27.

La Comisión Europea tiene que elaborar un informe sobre el incumplimiento por parte de Israel del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, es decir, sobre las vulneraciones de los derechos humanos en la brutal ofensiva contra la Franja de Gaza. Cuando lo solicitaron Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés, la petición fue ignorada. España e Irlanda, junto a Eslovenia y Luxemburgo, remitieron el lunes una carta a Kallas en la que reiteraban la necesidad de realizar una “evaluación actualizada” del artículo 2, después de que Israel anunciara su intención de destruir por completo el enclave palestino y ocuparlo de forma indefinida.

Este domingo se celebró el concierto Artistas por Palestina, encabezado por Elena Aranoa, y Acampada por Palestina ha querido enviar una nota de agradecimiento a todos las personas asistentes y colaboradoras:

El domingo, soñamos con la libertad, imaginamos la justicia y tocamos la paz.

El domingo, creímos estar en otro mundo... Elena y amigos lo cantaron para nosotros y nosotras y lo hicieron posible.

Gracias por demostrar que lo que se hace desde el corazón es lo que da sentido a la humanidad.

Maravilloso regalo, generoso y solidario, que perdurará por siempre en el recuerdo de quien lo vivimos y sentimos.

Se han recaudado un total de 4.565 euros que se ha destinado íntegramente a la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.

Por ello, nuestro más sentido agradecimiento a: 

Elena Aranoa, Elisa Tobalina, Esperanza Madorrán, guitarrista Nacho Ugarte, los actores Jorge Padín (de la compañía Ultramarinos de Lucas), Fernando Moreno ( El Perro Azul), Josué Lapeña (de Sapo), Gemma Viguera, Eduardo Sáenz de Cabezón, Amparo Castrillo y Jonás Sainz.

A los establecimientos El Beso Café y El Colletero de Logroño.

A todas las personas asistentes y donantes de Fila Cero.

Voluntariado, activistas, asociaciones y amistades que siempre estáis ahí.

Y a todos los que nos hemos dejado de nombrar y lo habéis hecho posible, que seréis muchos.

La Acampada x Palestina La Rioja.

Fuerzas israelíes han irrumpido este jueves y han forzado el cierre este jueves de tres escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en el campo de refugiados de Shuafat, en las afueras de Jerusalén Este, después de que el Ministerio de Educación del Gobierno de Benjamin Netanyahu diera la orden en abril de clausurarlas.

“Miembros de las Fuerzas de Seguridad de Israel armados, junto a funcionarios del Ministerio de Educación y del Ayuntamiento de Jerusalén, rodearon las tres escuelas de la UNRWA en Shuafat y entraron forzosamente a sus instalaciones con la intención de clausurarlas”, ha informado la agencia de la ONU en un comunicado.

La UNRWA ha detallado de que en el momento de la incursión israelí había 550 estudiantes de entre 6 y 15 años, además del personal docente en los tres centros educativos. La irrupción ha sido “una experiencia traumática para los niños que están bajo el riesgo inmediato de perder el acceso a la educación”, ha denunciado la agencia.

Los agentes israelíes se desplegaron además en otros centros de Shuafat, un campo que alberga a unos 16.500 palestinos y que forma parte de la zona árabe de Jerusalén (que Israel ocupó en 1967 y se anexionó en 1980), retuvieron a un trabajador de una de las escuelas y exigieron identificarse a otros. “Esta es una grave violación de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas”, ha lamentado la UNRWA.

La agencia que ofrece educación, sanidad y otros servicios básicos a los palestinos ha recordado que el año escolar concluye el 20 de junio, por lo que los menores se han quedado sin escuela sin terminar el curso. Más de 600 alumnos están registrados en esas tres escuelas, las únicas de Shuafat, según la UNRWA.

Junto a las tres escuelas de Shuafat, Israel ordenó el cierre de tres centros en los barrios de Sur Baher, Silwan y Wadi al Joz, prohibiendo totalmente el acceso a las instalaciones tanto al personal como a estudiantes y sus familias. El cierre de las seis escuelas de la UNRWA afecta a 800 niños.

En octubre de 2024, el Parlamento israelí aprobó dos leyes que prohíben a la UNRWA operar en su territorio y coordinarse con las autoridades israelíes, lo cual restringe su capacidad de actuación en los territorios palestinos ocupados.

La UNRWA fue creada por la Asamblea General de la ONU en 1949, un año después de la creación del Estado de Israel, que causó el desplazamiento de unos 750.000 palestinos de sus aldeas, muchas destruidas y que hoy se encuentran en territorio israelí.

El mandato de la agencia es el de dar “ayuda directa a cualquier persona cuyo lugar de residencia fue Palestina entre el 1 junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948”, y que ahora gozan del estatus de refugiado, al igual que sus descendientes. La UNRWA presta asistencia a unos seis millones de personas en los territorios ocupados, Líbano, Siria y Jordania, principalmente.

Israel ha cerrado la sede de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) desde hace 75 años en Jerusalén Este después de que su Parlamento aprobara dos leyes que restringen la actividad de la UNRWA en los territorios ocupados palestinos. Desde Euskadi, la responsable de la agencia, Bárbara Ruiz, hace balance del trabajo que han realizado en lugares como Jerusalén, pero también en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y, sobre todo, la franza de Gaza. Según sostiene, en Gaza, desde que comenzó la guerra, “UNRWA se ha convertido en un salvavidas para 2 millones de personas”. Es el mayor proveedor de atención primaria de salud con 6,7 millones de consultas médicas (más de 1.600 al día), 730.000 personas han recibido apoyo psicosocial y de salud mental, casi 2 millones de personas han recibido asistencia alimentaria y cientos de miles de personas desplazadas viven en refugios de UNRWA.

Las leyes aprobadas por Israel y la retirada de donantes como Estados Unidos dificultan el trabajo diario del personal de UNRWA que ya suma 273 personas asesinadas. “El futuro lo veo complicado, como ha sido hasta ahora. No va a ser fácil, pero estamos lanzando el mensaje de que vamos a seguir allí y que si nos quieren sacar, lo tendrán que hacer por la fuerza. El compromiso es total en territorio palestino ocupado, no solo en Gaza, también en Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Líbano y Siria. Esa comunidad depende de nosotros”, reconoce Ruiz.

¿Cómo llegó a ser responsable de UNRWA en Euskadi y cuál es su labor?

UNRWA tiene presencia en varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi. Yo empecé a trabajar inicialmente en Zaragoza, pero salió una plaza en Bilbao, y como soy de aquí me postulé. Llevo cinco años trabajando en diferentes áreas. Empecé como técnica de proyectos y actualmente soy responsable de UNRWA Euskadi. Nosotros desde aquí movilizamos fondos para aprobar los programas y proyectos de UNRWA. Nos presentamos a convocatorias de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria, a subvenciones y realizamos alianzas privadas para ayudar a la población refugiada de Palestina. En estos momentos contamos con un equipo de siete personas en Euskadi.

La semana pasada visitó el Parlamento Vasco, que tras su visitá acordó un texto en el que defiende que no entren en vigor dos leyes israelíes que prohíben la labor humanitaria de la Agencia de Naciones Unidad para los Refugiados Palestinos (Unrwa). ¿Qué supone esta decisión?

Es apoyo del Parlamento Vasco y de otras instituciones vascas es esencial para nosotros porque en otros lugares se ha dudado de lo que hace UNRWA. Las leyes israelíes se aprobaron en tres meses y han entrado en vigor este 30 de enero. Hemos recibido una notificiación para desalojar nuestra sede en Jerusalén, porque una de las leyes prohibe la actividad dentro del territorio soberano israelí. La otra ley prohíbe el contacto entre agentes isaelíes y trabajadores de UNRWA. Veremos cómo se materializa porque no sabemos qué va a pasar. Nos oponemos a estas leyes porque con ellas Israel está violando la Convención General de Inmunidades y Privilegios de Naciones Unidas impide hacerse con instalaciones que son de Naciones Unidas. Además, Israel es un país signatario de esta convención como la mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas. Entonces estaría violando esta Convención y su propia legislación. Si desalojamos ese territorio 1.000 niños que estamos atendiendo en escuelas se quedarían sin tener acceso a la educación y afectaría a 70.000 pacientes en centros de atención primaria que tenemos.

¿Tiene confianza en el alto al fuego en Gaza?

No sé qué contestar a esa pregunta, lo que sí se es que si se cuestiona la labor de UNRWA se está poniendo en peligro el acuerdo del alto al fuego. Porque desde que entró en vigor el alto al fuego UNRWA ha distribuido el 60% de los alimentos que han entrado en Gaza, lo que explica la gran capacidad logística y operativa que tenemos. Estamos hablando de 13.000 trabajadores y 300 instalaciones, porque UNRWA lleva más de 75 años allí. El resto de agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales se han estado apoyando en UNRWA para trabajar. Entonces, si ahora mismo se impide la labor, lo que se está poniendo en peligro es la respuesta humanitaria internacional. Ahora mismo están entrando una media de 800 camiones al día, que está muy bien, pero las necesidades son incalculables. Se ha priorizado la entrada de alimentos dada la situación de hambre y desnutrición de la población, pero lo que se necesita introducir en términos de recostrucción ahora mismo es incalculable.

¿Por qué Israel quiere eliminar la entrada de ayuda humanitaria de UNRWA?

La campaña contra contra UNRWA no es nueva, pero en el último año se ha intensificado muchísimo, porque Israel cree que eliminando a UNRWA, que es la agencia de la población refugiada Palestina, de alguna manera se libraría de la cuestión de los refugiados de Palestina. En sus orígenes fue creada para dar asistencia temporal, tiene un mandato inicial de tres años y se reuneva cada tres para dar asistencia a esta población. Hoy en día es una comunidad de casi 6 millones de personas que no solo están en Gaza y Cisjordania, también están en Jordania, Líbano y en Siria. UNRWA se crea como una agencia humanitaria para paliar en ese momento la situación. No tiene un mandato político, con lo cual, aunque UNRWA desapareciera, los refugiados de Palestina seguirían. Estamos hablando de una situación límite apocalíptica en Gaza, pero en Cisjordania también estamos hablando de poner en peligro la educación y la salud de estas personas, porque ahora mismo no hay otra agencia de Naciones Unidas a la que se pueda transferir estos servicios. No hay otra agencia que tenga tantísimos profesores y profesoras porque UNRWA tiene su propio personal. Atendemos a 650.000 en Gaza, más de 50.000 en Cisjordania. ¿Cómo van a estudiar ya en Gaza? Ya han perdido dos años de educativos. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a sacrificar a una generación entera de niños con lo importante que es la educación para los palestinos? La educación es su mayor activo porque consideran que es lo único de lo que no les pueden despojar.

A día de hoy han sido asesinados 273 trabajadores de UNRWA, además de las hostilidades que sufren en Cisjordania e incluso en lugares como Bruselas o Estados Unidos

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta situación? ¿Cómo afecta a UNRWA?

EEUU decidió congelar los fondos que destinaba a UNRWA a raíz de las acusaciones de que había trabajadores de UNRWA directamente relacionados con los ataques de Hamás del 7 de octubre. Ante este anuncio que Israel hizo, Estados Unidos y otros 15 donantes decidieron retirar su ayuda o congelarla. Se puso en marcha una investigación interna para determinar la presunta responsabilidad penal de estos trabajadores y, además, Naciones Unidas encargó a una agencia externa una investigación, se concluyeron con buenos resultados. Todos los donantes decicieron seguir realizando contribuciones a UNRWA pero Estados Unidos no, a pesar de los resultados de las investigaciones y de que, a día de hoy, Israel no ha puesto sobre la mesa las pruebas que dice tener para incriminar a estos trabajadores.

¿Cómo ha afectado esta campaña contra UNRWA a los trabajadores que siguen allí?

Después de la campaña contra UNRWA Israel ha aumentado la acusación y ha dicho que somos una organización terrorista controlada por Hamás. Además de poner en peligro nuestra estabilidad financiera, pone en peligro a nuestros trabajadores en Gaza. A día de hoy han sido asesinados 273 trabajadores, además de las hostilidades que sufren en Cisjordania e incluso en lugares como Bruselas o Estados Unidos. No creo que Trump devuelva la financiación de EEUU, de hecho, ya ha congelado todos los fondos de USAID, que es la agencia de cooperación que tiene Estados Unidos. Esto nos afecta porque era uno de los grandes donantes y un tercio del presupuesto del año. Anticipamos tiempos difíciles para continuar con nuestra labor auqneu nuestro compromiso, pase lo que pase, es seguir ahí.

¿Cómo ve el futuro de su trabajo en estos territorios?

Complicado, como ha sido hasta ahora. No va a ser fácil, pero estamos lanzando el mensaje de que vamos a seguir allí y que si nos quieren sacar, lo tendrán que hacer por la fuerza. El compromiso es total en territorio palestino ocupado, no solo en Gaza, también en Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Líbano y Siria. Esa comunidad depende de nosotros. UNRWA está muy integrada en el tejido social de Gaza y Cisjordania porque son más de 75 años de trabajo y porque el 99% del personal que trabaja es palestino. Para la comunidad palestina esas son sus escuelas, sus centros de salud, confían en nuestros trabajadores para dar una respuesta humanitaria y para trabajar en la recostrucción de Gaza.

¿Qué se puede hacer desde aquí?

Seguir hablando de Palestina, no olvidar lo que está ocurriendo y ser conscientes de que su destrucción no termina con el acuerdo del alto al fuego. Quedan meses muy complicados y tenemos que seguir teniendo presente lo que sucede. Escuchaba a una mujer palestina hablar de la disciplina de la esperanza, de que a pesar de lo dura que es la situación, debemos pensar y decir que hay futuro, porque si no lo vemos desde aquí difícilmente lo van a ver ellos desde allí. Y después seguir apoyando todas las políticas de cooperación para el desarrollo, de acción humanitaria y emergencia que nuestros instituciones públicas promueven y que son tan importantes a nivel de Gobierno vasco, Diputaciones forales y Ayuntamientos.

El Gobierno ha reclamado a Israel la suspensión de las leyes que impiden a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) operar en los Territorios Palestinos Ocupados y ha trasladado su preocupación por el impacto que pueda tener esta medida en la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

“El Gobierno rechaza la entrada en vigor de las leyes de la Knesset que impiden las operaciones de UNRWA en los Territorios Palestinos Ocupados, y reclama la suspensión de su aplicación”, ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

“España expresa su más profunda preocupación por el impacto que esta decisión tendrá en la situación humanitaria en Gaza y el resto de los Territorios Palestinos Ocupados, poniendo en peligro el alto el fuego iniciado el pasado 19 de enero”, ha añadido.

Así, el Gobierno ha vuelto a sostener que “UNRWA es esencial e insustituible para la vida de los seis millones de refugiados a los que presta servicios esenciales, y para la estabilidad regional” y ha querido dejar claro, como ha venido haciendo en los últimos meses, que “España apoya firmemente su labor”.

El Parlamento israelí aprobó el pasado octubre dos proyectos de ley para prohibir las actividades de la agencia en el país y en Jerusalén Este, ocupado ilegalmente desde 1967, un hecho rechazado por la comunidad internacional, que apoya que esta parte de la ciudad sea la capital del futuro Estado de Palestina.

Uno de estos proyectos designa a la UNRWA como una organización “terrorista” y prohíbe a los funcionarios israelíes mantener cualquier tipo de contacto con la agencia, ya sea de forma directa o indirecta, mientras que el segundo impide al organismo dar servicio dentro de Israel, lo que dificultaría sus labores humanitarias en los Territorios Ocupados Palestinos.

Israel ha insistido en que no dará marcha atrás en su plan para cerrar las operaciones en Gaza de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) a pesar de las advertencias de que la medida atenta contra los urgentes esfuerzos de ayuda humanitaria.

Israel ha ordenado a la agencia de la ONU que desaloje su sede en Jerusalén Este antes del jueves, tras la aprobación en la Knesset (el Parlamento israelí) el pasado 28 de octubre de una ley que prohíbe las actividades de UNRWA en Israel y los territorios palestinos. El Gobierno todavía no ha revelado cómo piensa aplicar otra ley relacionada que pone fin a toda cooperación israelí con la UNRWA y que podría entrar en vigor el mismo día y paralizar así las operaciones de la agencia en Cisjordania y Gaza.

La orden llega en un momento en que la UNRWA y otros grupos de ayuda han logrado, como parte del acuerdo de alto el fuego, enviar asistencia a la Franja de Gaza tras meses de obstrucción israelí y en medio de advertencias sobre la inminente hambruna en algunas áreas.

Según Sam Rose, director de operaciones de emergencia de la agencia de la ONU, la UNRWA tiene 7.000 camiones de suministros fuera de Gaza y 1.500 en proceso de aprovisionamiento. Asimismo, Rose dice a The Guardian que estima que la organización ha proporcionado paquetes de alimentos a un millón de personas en los 10 primeros días transcurridos desde el alto el fuego. Además, UNRWA está preparada para enviar otros suministros, incluidos lonas y colchones para 1,6 millones de personas.

El Gobierno israelí insiste en que personal de UNRWA estuvo involucrado en la masacre del 7 de octubre y que Hamás se ha infiltrado en la organización, comprometiendo su neutralidad. La ONU encargó dos informes independientes y asegura que actuó para proteger su neutralidad cuando se presentaron pruebas claras al respecto.

Si las medidas de no cooperación se implementan por completo, la acción de Israel equivaldría al primer desalojo forzoso de una agencia de la ONU de un Estado miembro, una cuestión que llevó a la Asamblea General de la ONU a votar en diciembre a favor de pedir al Tribunal Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva de carácter urgente.

Además, dos grupos palestinos de defensa de los derechos humanos han solicitado al Tribunal Supremo israelí una medida cautelar para retrasar la implementación de la ley, alegando que violaría derechos humanos fundamentales de los palestinos.

A pesar de ello, Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, escribió el viernes pasado a los funcionarios de la ONU para decirles que la sede debía ser desocupada antes del jueves.

Israel no quiere detallar cómo implementará lo votado por la Knesset, pero el personal de la UNRWA cree que esto significará que no se otorgarán visados a los empleados internacionales, que se bloqueará el paso a Gaza de cualquier ayuda que lleve el logo de UNRWA y que se interrumpirán las comunicaciones entre UNRWA y las Fuerzas de Defensa de Israel en materia de seguridad. También es probable que se congelen las cuentas bancarias de la agencia.

“Nos dejarán con un vacío enorme”, dice Rose. Casi la mitad de los alimentos que se envían a Gaza se entregan a través de la red de distribución de UNRWA, incluso aunque esos alimentos no lleven el logo de la agencia.

“En los tres primeros días de alto el fuego distribuimos paquetes de alimentos a poco menos de 300.000 personas al sur del Wadi Gaza, aproximadamente el 15% de la población de esta parte de la Franja. A este ritmo, la UNRWA habrá alcanzado a un millón de personas en los próximos 10 días. Es un aumento espectacular y no existe otra organización con la amplitud y el tamaño necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo”, añade el director de operaciones de emergencia de la organización.

Rose siempre se ha mostrado escéptico a la hora de utilizar el número de camiones que entran en Gaza como medida confiable de la cantidad de ayuda que entra en el territorio, ya que algunos pueden entrar semivacíos. Sin embargo, en los cuatro días posteriores al alto el fuego entraron en Gaza más de 2.400 camiones, más de los que tuvieron permitido entrar en Gaza en todo el mes de octubre.

“La naturaleza de los servicios de UNRWA —atención primaria de salud y educación— implica que las mujeres y los niños serán los más afectados por cualquier interrupción y que todos los esfuerzos humanitarios en general serán tremendamente golpeados”, sostiene Rose.

Podría decirse que los efectos de la prohibición equivalen a una violación del alto el fuego.

Con Donald Trump ventilando planes para la deportación de más de un millón de personas de Gaza, algunos miembros del personal de la ONU temen que Israel y Estados Unidos consideren el cierre de UNRWA como una condición previa para persuadir a los palestinos de que viajen a Jordania y Egipto.

Cuestionando la legitimidad del esfuerzo de Israel por cerrar la UNRWA, la ONU se negó a elaborar planes de contingencia para que otras agencias se hicieran cargo.

Un informe reciente del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo advierte: “El planteo principista de la ONU de no elaborar planes de contingencia es comprensible, pero equivale a un desastre inminente. El sufrimiento de la población, particularmente en Gaza, aumentará dramáticamente a medida que la columna vertebral de las operaciones humanitarias se vaya desmoronando sin que exista una estructura alternativa en su lugar”.

Los debates internos dentro de la ONU sobre si aceptar o no las decisiones de Israel han llevado a algunos funcionarios a afirmar en privado que no existe otra opción que intentar transferir las tareas de la UNRWA a sus otras agencias. La alternativa más citada es el Programa Mundial de Alimentos, una agencia tradicionalmente dirigida por estadounidenses.

Otros argumentan que las cuestiones de derecho internacional implicadas son tan importantes que la ONU no debe ceder y, en su lugar, debe utilizar la influencia que le proporciona el fuerte apoyo político a la UNRWA en todo el mundo, especialmente en el Golfo y Europa.

La UNRWA llegó a contar con 13.000 empleados en Gaza, pero ese número ha descendido a unos 5.000 durante la guerra, en parte debido a la destrucción por parte de Israel de escuelas y centros de salud.

Rose advierte de que si la ayuda deja de llegar a Gaza, existe el riesgo de un vacío político que ocasione que los palestinos vuelvan a recurrir a Hamás para que preste servicios.

La elegida por Trump para el cargo de embajadora de EEUU ante la ONU, Elise Stefanik, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que EEUU dejaría de financiar a la UNRWA y que Israel tenía un derecho bíblico sobre toda Cisjordania.

Estados Unidos aportó 422 millones de dólares a la UNRWA en 2023, el doble de la donación de cualquier otro país. Ahora, la UNRWA deberá lidiar con un importante agujero en sus finanzas.

Traducción de Julián Cnochaert.

Al menos 20 palestinos han muerto, entre ellos mujeres y niños, en un bombardeo israelí contra la escuela Ahmed Abdel Aziz de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, que pertenece a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y albergaba a palestinos desplazados forzosos en su interior.

“Aviones de la aviación israelí han atacado la escuela Ahmed Abdel Aziz, que albergaba a personas desplazadas en el oeste de Jan Yunis”, informó la Defensa Civil del enclave, que poco después confirmó haber comenzado a extraer cadáveres de entre los escombros.

El ataque se produjo esta noche contra el centro, próximo al centro médico Nasser de la ciudad sureña, según informó la agencia palestina de noticias Wafa.

Los vídeos compartidos en redes sociales tras el ataque muestran escenas de pánico, mientras decenas de hombres y algunas mujeres se apresuran a acceder al área, en la que sigue habiendo incendios activos, entre gritos. Allí, la gente envuelve sin parar cuerpos con mantas o tratan de unir los restos diseminados de las víctimas.

Poco después del ataque, Hamás ha difundido un comunicado en el que asegura que la cifra de muertos en Gaza este domingo supera el centenar después de que el Ministerio de Sanidad, controlado por el grupo armado, hubiera informado de un total de 46 fallecidos y más de un centenar de heridos en esta jornada.

A pesar de que los recuentos iniciales situaron la cifra de víctimas en una quincena, ampliada después hasta los 20 fallecidos, el Gobierno de Hamás asegura que el número de muertos en el centro educativo de UNRWA asciende hasta los 43.

Preguntado por la agencia EFE al respecto, el Ejército israelí dijo estar “revisando el caso”.

Este mismo domingo a primera hora otros 15 gazatíes murieron cuando las tropas israelíes atacaron con artillería la escuela Jalil Awida en Beit Hanoun, en el asediado norte de la Franja, que albergaba a otras 2.000 personas desplazadas.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro miembros de una misma familia: los padres y dos de sus hijas, confirmaron fuentes locales a EFE.

Además, durante la incursión en el centro, las fuerzas israelíes también arrestaron a varios hombres y obligaron a mujeres y niños a evacuar la escuela a punta de pistola, detalla la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, antes de llevarles a un puesto de control militar.

También hoy un bombardeo israelí contra el edificio de la Defensa Civil del campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza) mató a tres de sus trabajadores y a un periodista cuando hacía su trabajo, según confirmaron tanto el propio servicio de emergencias como los medios palestinos.

“La ocupación israelí bombardeó directamente a nuestros trabajadores en su centro en Nuseirat sin consideración humanitaria o legal alguna, matándolos cuando llevaban a cabo sus oraciones tras una misión de rescate”, denunció esta tarde la Defensa Civil gazatí, encargada de recoger tanto cadáveres entre los escombros o en la calle tras los habituales ataques.

El bombardeo contra el edificio de la Defensa Civil mató a cuatro personas: el voluntario Jaled Muhammad al Maqadamah y el periodista Ahmed Bakr al Louh, así como a los directores de los centros de emergencias de Nuseirat/Bureij y Sheij Radwan, Nidal Aliyan Abu Hajeir y Alaa al Abd al Naizi.

Al Louh era un periodista que trabajaba como cámara, entre otros medios, para la cadena catarí Al Jazeera, el único canal extranjero que puede informar desde el enclave, y contra el que Israel ha emprendido una campaña en su territorio en la que ha llegado a ordenar el cierre de sus oficinas. Según la agencia palestina de noticias Wafa, estaba trabajando en el momento del ataque, algo que ha confirmado la cadena de televisión en X.

También en la norteña ciudad de Gaza, al menos otras 14 personas murieron y más de una treintena fueron heridas cuando aviones israelíes atacaron diferentes barrios de la capital palestina. Sanidad denunció que el Ejército destruyó “completamente” el centro de salud Abu Shabak, en Yabalia, el norte del enclave.

“El centro brinda servicios de atención primaria en el tercer nivel y también incluye un centro comunitario de salud mental”, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí.

La cifra total de víctimas mortales se había elevado hoy antes de este ataque a 44.976, el 70% mujeres y niños, y la de heridos a 106.759 desde el inicio de la ofensiva israelí contra el enclave palestino hace ya más de 14 meses en octubre de 2023.

Además, se estima que unas 10.000 personas siguen bajo los escombros sin poder ser recuperados por los equipos de emergencia y de la Defensa Civil ante la intensidad de los ataques israelíes y la falta de maquinaria pesada.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 860.000 euros destinada a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y, en concreto, a la población en situación de discapacidad sobrevenida por el genocidio en Palestina, según ha adelantado Público y ha podido confirmar este periódico. La ayuda ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy.

“El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere mostrar su pleno respaldo a la agenda de Naciones Unidas y poner el foco en uno de los colectivos que más está sufriendo los daños ocasionados por los constantes ataques de las fuerzas militares: las personas que afrontan una situación de discapacidad sobrevenida”, ha explicado en un comunicado. 

Según ha detallado el Ministerio, el desembolso aprobado este martes en el Consejo de Ministros busca apoyar dos áreas en las que interviene UNRWA y para las que ha pedido financiación. Por un lado, atender los traumatismos y urgencias, apoyar la reconstrucción de miembros y otras cirugías especializadas, y la hospitalización y subsidios para personas que necesitan cirugía (ortopédica, vascular y general). Por otro lado, proporcionar servicios integrales de rehabilitación multidisciplinar en diferentes niveles de atención, en concepto de dispositivos de asistencia, cojeras artificiales y equipos.

La aportación presupuestaria de 860.000 euros se hará por parte del Real Patronato sobre Discapacidad y su objetivo es que desde España se contribuya a “paliar la situación de discapacidad sobrevenida sufrida por el conflicto armado” en Palestina.

De esta forma, el Gobierno español apoya a la UNRWA, cuya labor humanitaria es fundamental en la Franja de Gaza, donde ofrece la mayor parte de la asistencia a los más de dos millones de habitantes. Además, la ayuda de España llega después de que el Parlamento israelí aprobara a finales de octubre dos leyes que prohíben la actividad de esa agencia en Israel y su contacto o coordinación con la autoridades del país, lo cual afectará directamente a su actividad en todos los territorios palestinos ocupados.

El pasado mes de mayo, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad alertó de que estas personas están en una situación más vulnerable y temen morir antes que los demás en los ataques israelíes, debido a las limitaciones que tienen para huir de un lugar que está siendo bombardeado. Ese comité también señaló que las órdenes de evacuación o los avisos de ataques no son accesibles muchas veces para estas personas (por ejemplo, para los invidentes).

“La amplia destrucción de viviendas y de la infraestructura civil, y los escombros resultantes han limitado cualquier posibilidad de movimiento que es esencial para huir, evacuar y buscar refugio”, afirmó en un comunicado. Según ese comité de la ONU, hay al menos 58.000 personas con discapacidad en la Franja de Gaza, la mayoría, niños, ancianos y mujeres.

Félix Martín (Valladolid, 1975) acaba de ser elegido presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda organización profesional en representación en la carrera. Toma el testigo de su predecesor, Jesús Arteaga, en un momento extremadamente convulso en el Ministerio Público, con su máximo representante, Álvaro García Ortiz, imputado por la supuesta filtración de un email relacionado con la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una causa que, a su juicio, “no es más que humo prefabricado por oscuros intereses” y que enmarca en un “asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que persiguen otros fines y que no les importa debilitar la Justicia y la democracia”.

¿Qué le parece la causa abierta contra el fiscal general del Estado? ¿Cree que había base para investigarle por un delito de revelación de secretos?

No había una base jurídica, pero es importante explicar el contexto. Y lo primero que ocurre es que aparecen determinadas informaciones sesgadas que cuestionan la profesionalidad de la Fiscalía insistiendo en el mantra de que respondemos a órdenes políticas. Todo, porque el asunto tiene relación con un allegado de una política relevante y a pesar de que el compañero que empezó a trabajar este asunto ni siquiera conocía ese vínculo. Después, aparecen nuevas informaciones que evidencian que las primeras noticias no habían contado toda la secuencia de hechos. 

Ante esto, no motu proprio, la Fiscalía Provincial de Madrid, que tiene amparo legal para hacerlo, hace una nota de prensa para explicar lo que ha sucedido y disipar cualquier duda de actuación parcial con el visto bueno del fiscal general. La nota de prensa no desveló nada que no fuera conocido y era necesaria y legítima aclarar que la intervención de los fiscales había sido técnico-jurídica y no política. 

El Supremo no reprocha nada de la nota de prensa. Pero ante la posibilidad de que esos correos [entre el fiscal del caso y la defensa de Alberto González Amador] hayan sido desvelados por la fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal general del Estado entiende que es suficiente para abrir un procedimiento. Es una decisión que nos deja estupefactos, pues no hay precedentes aplicando su propia jurisprudencia. No solo no hay indicios, sino que ni siquiera hay sospechas. Nos movemos en la especulación o en la elucubración. Tal y como ustedes han desvelado en sus artículos hay múltiples posibilidades teóricas de quién ha podido revelar [los correos] y sólo se ha abierto una causa contra dos personas.

Precisamente en el marco de esa investigación, el Tribunal Supremo ordenó clonar los ordenadores y el teléfono móvil del fiscal general. ¿Le parece proporcionado? 

Es algo que nos preocupa enormemente. Aplicando los parámetros jurisprudenciales consideramos que no era imprescindible. ¿Por qué no se reclamó la entrega de esos correos electrónicos al fiscal general? ¿Por qué no se estudió la posibilidad de obtenerlos de otra manera? ¿Es proporcionado a la gravedad del delito, que es un delito menos grave? ¿Es proporcionada la extensión de la medida? ¿Se han buscado medios menos invasivos? La fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal general del Estado no están despojados de sus derechos fundamentales por desempeñar sus funciones profesionales. 

Se ha provocado la entrada a una institución que tiene relevancia constitucional y que tiene como función defender la independencia de los tribunales. Además, la responsabilidad que ostentan tanto el fiscal general del Estado como la fiscal jefa provincial de Madrid les hace depositarios de información relevante, sensible e importante que, de esta forma queda expuesta. Ojalá no veamos el día de mañana que alguna de esas informaciones se acaba filtrando. 

¿Cree que esta situación tendrá consecuencias para la carrera? 

Me preocupa mucho que el lector de esta entrevista piense que aquí está un fiscal defendiendo a personas importantes. No. En la UPF nos preocupa la posición de debilidad en que esta situación nos deja para el futuro a todos los jueces y fiscales españoles ante delincuentes que tengan capacidad de intoxicación mediática. ¿Nos exponemos a que nos invadan nuestros despachos o nuestras casas? Con estas decisiones se está dando un aval judicial a un proceso claro de deslegitimación del Ministerio Fiscal como institución fundamental para el funcionamiento de la justicia democrática. 

Las consecuencias pueden ser devastadoras porque aunque confiamos y no tenemos ninguna duda en que el procedimiento judicial acabará demostrando que no había más que un humo prefabricado por oscuros intereses, el daño ya está hecho y puede que sea difícilmente reversible. Vivimos un asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que persiguen otros fines y que no les importa debilitar la Justicia y la democracia. Pero no nos vamos a quedar callados. Entre otras cosas, vamos a pedir próximamente reunirnos con los principales grupos parlamentarios.  

¿Se puede poner nombre a esos sectores de los que habla? 

No. No, porque son variados y distintos. 

Antes decía que sus dispositivos pueden alojar información sensible que ahora queda expuesta. ¿Considera que se debería haber adoptado alguna cautela para proteger su confidencialidad? 

Se deberían haber intentado usar otras medidas menos lesivas. La mejor manera de evitar males mayores es una medida que no haga correr el riesgo de que ese mal se pueda producir. Es evidente que el fiscal general o cualquier fiscal jefe va a tener información sensible sobre causas que están en objeto de conocimiento. 

La UPF es la única asociación que ha defendido la actuación del fiscal general, que fue afiliado hasta que fue nombrado. ¿Cree que se han quedado solos? 

Respetamos todas las opiniones de los compañeros, cada uno tiene que defender sus argumentos. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que la sociedad perciba que esto es algo ajeno cuando no lo es y va a repercutir en algo tan importante como la Justicia del día a día.

Salvo la UPF, todas las asociaciones han pedido la dimisión del fiscal general. El CGPJ lo declaró “no idóneo” y tachó de “deficiente” su gestión. ¿Cómo valora estas resistencias? 

Creo que, junto al de seleccionador de fútbol, no hay puesto más sometido a la crítica en España que el de fiscal general del Estado. Que se someta a crítica su figura es absolutamente legítimo. Pero el límite es que a través de esa crítica pública se ataque a su honorabilidad personal o se deslegitime a la institución del Ministerio Fiscal. 

Uno de los términos que ha formado parte de la agenda los últimos meses es el lawfare. Muchos de sus compañeros niegan incluso su existencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Creo en las instituciones democráticas; en el Estado de Derecho español, que es sólido y fuerte; en los mecanismos y contrapesos que se establecen en nuestro sistema jurídico. Nuestros pilares son sólidos, tenemos casi 50 años de experiencia y hemos pasado pruebas muy difíciles. Ahora bien, sí hay maniobras claras para debilitar estos pilares. Y esas maniobras pueden intentar introducir el lawfare en España de dos formas: o acabando con la independencia de los jueces, que ha habido algunos intentos; o deslegitimando al Ministerio Fiscal. La sociedad parece que solo se queda con la primera y olvida la segunda, que es la que se está produciendo de una manera muy importante ahora. Para que no haya lawfare es imprescindible un Ministerio Fiscal fuerte. 

¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección de vocales del CGPJ? ¿Haría algún cambio?

En la UPF siempre hemos defendido que tiene que haber un control parlamentario porque el CGPJ es un poder del Estado, que tiene funciones que van mucho más allá de ser un colegio profesional. Es muy importante cómo se concrete eso y qué mecanismos se establezcan para vencer la pereza —con muchas comillas— de los políticos, que es inadmisible. Animamos a que se hagan conclusiones muy interesantes para que se consigan esos objetivos en base a los principios que le he comentado. 

La UPF es partidaria de la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Es una medida contenida en la lecrim que el Gobierno sigue sin tramitar. ¿Le decepciona?

Yo aprobé las oposiciones en el año 2005. Entonces, cuando fui a la escuela de fiscales ya decían que nos iban a dar la investigación, que era inminente. Han pasado veinte años y es imprescindible. No porque seamos más listos que los jueces, por supuesto que no, sino porque como estamos especializados podemos dar una respuesta más eficiente a una delincuencia cada vez más compleja. Pero no avanzamos porque los políticos —y en esto somos muy severos contra todos— dicen una cosa cuando están en la oposición y otra cuando están en el Gobierno y parece que solo se quedan con la forma de designación del fiscal general. Nosotros demandamos como algo imperioso la autonomía organizativa, funcional, formativa y presupuestaria para poder estar en vanguardia para la sociedad y no decepcionarles porque estamos capacitados en dar una respuesta muy eficiente a la criminalidad.

Tenemos referentes como Bartolomé Vargas en seguridad vial, Teresa Peramato en violencia de género, Miguel Ángel Aguilar en delitos de odio… Ya estamos propiciando avances para la sociedad y todavía no nos han dado la investigación. Si para conseguirlo es necesario que se cambie la designación del fiscal general y se designe por el Parlamento, aplaudimos. La culpa de que esto no se haga no la tiene ni este fiscal general ni los 16 anteriores, la tienen los políticos que lo pueden cambiar. 

¿Para ello se debería blindar antes su autonomía del Gobierno?

Es importante que la sociedad entienda que el hecho de que al fiscal general lo designe el Poder Ejecutivo no quiere decir que no seamos autónomos. Las causas del cese del fiscal general son tasadas. Una vez que el Gobierno nombra a un fiscal general, está blindado. Frases como “la Fiscalía de quién depende” o “el Gobierno debería cesar al fiscal general” —por poner dos ejemplos de distinto signo político— demuestran que las personas que las han dicho no conocen la ley y nos hacen un flaco favor. Otra cosa es que queramos que se refuerce nuestra autonomía. Pero no nos equivoquemos porque el de la autonomía es el argumento que usan siempre para justificar no darnos la investigación. 

Desde algunos sectores se critica la politización de la Fiscalía. ¿Debería impedirse por ley que alguien que ha sido diputado o alto cargo pueda ser nombrado fiscal general del Estado por ese partido si llega al Gobierno?

Es una decisión que tiene que tomar el Parlamento. Pero cualquier decisión en el sentido de reforzar nuestra autonomía a través de la apariencia de imparcialidad del fiscal general va a ser bien recibida por los compañeros y nosotros estaríamos encantados. Pero la reforma debe ir más allá: medios materiales y profesionales, una oficina fiscal que no responda a estructuras decimonónicas…

Antes de su actual puesto, usted trabajó en las fiscalías de Sabadell y Cerdanyola del Vallés en la especialidad de Violencia sobre la Mujer, entre otras. ¿Falla algo desde el ámbito judicial para que siga habiendo tantas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas?

Empecé a ser fiscal en 2005, recién entrada en vigor la ley de violencia de género, y el cambio que hemos vivido ha sido espectacular. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en formarnos y en sensibilizarnos, pero hay que hacer más. Hay que entender [a las víctimas] de manera más rápida, más sensible, más empática. Hay que evitar discursos negacionistas, no hay que banalizar. Hay que animar a denunciar. Hay que visibilizar socialmente que la violencia tiene muchas intensidades, no solo es la agresión física… No vamos a cansarnos de mejorar. Pero la justicia, desgraciadamente, no puede borrar la maldad humana. 

El Gobierno aprobó esta semana la creación de dos nuevas fiscalías especializadas en delitos económicos y contra la administración pública. ¿Cree que son necesarias teniendo en cuenta que ya existe la Fiscalía Anticorrupción? 

Anticorrupción tiene competencias en Hacienda Pública, Seguridad Social, delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos cometidos en grupos de delincuencia organizada… Imagine el grado de complejidad. Tener delitos económicos, delitos contra administración pública y Anticorrupción va a suponer más especialización —que es una de nuestras banderas— y más medios personales. Además, mejoraremos la respuesta penal, porque el que nos encontremos con estas dos fiscalías implica unificar criterios, reuniones de especialistas, conclusiones, coordinación... El resultado tiene que ser, sí o sí, como el de las demás especialidades que se han creado: más eficacia y más eficiencia. Y esa es la respuesta que debe dar la Fiscalía del siglo XXI. 

También se ha anunciado la creación de 79 nuevas plazas de fiscales. ¿Son suficientes?

No. Es una cifra palmariamente insuficiente. No nos podemos conformar con eso. Además, implica que nunca se nos da una autonomía propia, una agenda propia. Es decir, la creación de plazas de Fiscalía siempre va ligada a la creación de órganos judiciales. La sociedad tiene que entender que para lograr una mayor eficiencia económica y social tenemos que exigir más plazas. Y no porque nosotros tengamos más trabajo, sino porque los intereses particulares de los ciudadanos a lo mejor en vez de resolverse en dos años tardan cinco y eso no puede ser. 

Ya ha relatado antes algunas, en relación a la situación del fiscal general. ¿Qué otras conclusiones deja el Congreso de la UPF?

Además de demostrar nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos, sí constatamos que se empiezan a cuestionar cosas que pensábamos que eran incuestionables desde la II Guerra Mundial. Es muy preocupante lo que está pasando en Gaza o decisiones como la del Parlamento de Israel con la prohibición de la UNRWA. 

¿Cuáles son sus objetivos como presidente?

Mi principal objetivo es que mis compañeros se sientan representados y, este momento que estamos viviendo de deslegitimación del Ministerio Fiscal, acercarnos a la sociedad. La UPF tiene la cosa bonita de que conecta reivindicaciones profesionales con la defensa de ideales de derechos humanos, de defensa de una justicia democrática, de calidad. Asumo el compromiso de acercar un poco la figura del fiscal a la sociedad, de que los ciudadanos vean que estamos a su servicio, que nos tienen como defensores y valedores de la justicia y de la democracia, como los primeros soldados.

La Knéset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes dos leyes que prohíben la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Israel y su contacto o coordinación con la autoridades del país, lo cual afectará directamente a su actividad en la Franja de Gaza, donde esta organización es la que presta la mayor parte de la asistencia humanitaria a los más de dos millones de habitantes. La ley para prohibir a la UNRWA operar en Israel ha recibido el apoyo de 92 diputados, tanto de la coalición gobernante como de la oposición israelí; mientras tan solo diez han votado en contra. La segunda ley ha sido aprobada con 87 votos a favor y nueve en contra.

El Parlamento israelí ha reanudado este lunes su trabajo después de un parón por las festividades judías y entre entre las primeras leyes que ha sometido a votación figuraban las dos relativas a la UNRWA, agencia que Israel ha acusado de tener vínculos con la organización islamista Hamás, además de denunciar que varios de sus empleados palestinos participaron en los atentados del 7 de octubre de 2023 contra el sur del país –en los que murieron más de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas–. Una investigación independiente encargada por la ONU concluyó hace varios meses que Israel no había presentado suficientes pruebas que respaldaran esas acusaciones.

La ley que prohíbe la actividad de la UNRWA –que entrará en vigor en un plazo de 90 días– afectará a todas las operaciones de la organización en los territorios palestinos ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza), ya que impedirá obtener visados a sus empleados internacionales y permisos de trabajo a los locales; además del acceso a sus oficinas, incluida su sede en la parte oriental de Jerusalén (anexionada por Israel en 1980), desde la que se coordinan todas las actividades.

La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aclarado en un comunicado en X que en los 90 días antes de que entre en vigor la ley y después de ese periodo, el Gobierno “está preparado para trabajar con sus socios internacionales para garantizar que Israel sigue facilitando la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una forma que no amenaza la seguridad de Israel”.

La segunda ley aprobada este lunes por la noche prohíbe a cualquier funcionario israelí establecer contacto con la UNRWA, lo cual imposibilita la coordinación con los convoyes humanitarios, así como el mecanismo de “desconflicción” por el que la organización se comunica con el Ejército para evitar incidentes. Aun así, ese mecanismo no ha evitado que los centros de la UNRWA sean blanco de los ataques israelíes en Gaza, donde más de 230 empleados de la agencia han muerto desde el 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha lamentado el “precedente peligroso” que sienta la nueva legislación. “No tiene precedentes y se opone a la Carta de Naciones Unidas”, ha asgurado a través de X. “Este es el último paso en una campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados de Palestina”.

“Este proyecto solo profundizará el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza, donde la gente ha estado pasando más de un año de puro infierno”, ha subrayado. “Si no logramos rechazar estos proyectos de ley, debilitaremos nuestro mecanismo multilateral común establecido después de la Segunda Guerra Mundial”, ha zanjado.

También los Gobiernos de España, Eslovenia, Irlanda y Noruega han considerado que “la legislación aprobada por la Knéset sienta un precedente muy grave para la labor de Naciones Unidas y de todas las organizaciones del sistema multilateral”. En un comunicado conjunto, han señalado que “la labor de la UNRWA es esencial e irreemplazable para millones de refugiados palestinos en la región, y en particular en el contexto actual de Gaza”. 

Las dos nuevas leyes representan el último ataque de Tel Aviv contra Naciones Unidas, con cuyos representantes y agencias se ha enfrentado abiertamente el Ejecutivo israelí desde el comienzo de la guerra en Gaza. Recientemente, el Gobierno israelí declaró al secretario general de la ONU 'persona non grata' y le prohibió la entrada al país. Antonio Guterres ha sido de los más críticos con la ofensiva israelí en Gaza, donde han muerto más de 43.000 personas desde octubre del año pasado.

El presidente palestino, Mahmud Abás, ha mostrado su preocupación y ha advertido de que no habrá una solución al conflicto “sin resolver la cuestión de los refugiados de manera justa”, según un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias Wafa. La Presidencia palestina ha denunciado que las nuevas leyes son una “violación del derecho internacional y una provocación a toda la comunidad internacional”, recordando que la UNRWA fue establecida “de conformidad con una resolución de la ONU”. Esa resolución de 1949 establecía que la agencia ofrecería asistencia y protección a los refugiados palestinos hasta que se alcanzara una solución “justa y duradera” a su situación.

En 1948, cientos de miles de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus lugares de origen tras la creación del Estado de Israel. Actualmente, hay unos seis millones de refugiados en los propios territorios palestinos ocupados por Israel, así como en Líbano, Siria y Jordania. La UNRWA ofrece educación, asistencia sanitaria y ayuda a estas personas, además de gestionar 58 campos de refugiados (la mayoría en Gaza y Cisjordania).

También el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha denunciado que la legislación aprobada este lunes “contradice la ley internacional y el principio fundamental de humanidad”. En un comunicado publicado en X, ha lamentado que esta medida “sólo empeorará una ya grave crisis humanitaria, con la potencial suspensión de los servicios esenciales como comida, refugio, educación y sanidad para millones de refugiados palestinos”.

Los ministros de Exteriores de Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido emitieron el día 26 un comunicado expresando su preocupación por ambos proyectos de ley. “La UNRWA proporciona ayuda humanitaria y servicios básicos esenciales y vitales a los refugiados palestinos en Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania y en toda la región. Sin su trabajo, la prestación de dicha asistencia y servicios, incluida la educación, la atención médica y la distribución de combustible en Gaza y Cisjordania, se vería gravemente obstaculizada o sería imposible, con consecuencias devastadoras para una situación humanitaria ya crítica y en rápido deterioro, particularmente en el norte de Gaza”.

La Comisión Europea ha desembolsado los 16 millones de euros que tenían pendientes para la ayuda a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) en un momento en el que Israel ha redoblado la ofensiva contra la organización. Benjamín Netanyahu ha declarado persona non grata al secretario general, António Guterres, y ha dado los primeros pasos con una ley que impediría la actuación de la agencia en los territorios ocupados, lo que al UE ha advertido de que tendría “consecuencias desastrosas”. Además, el ejército israelí ha atacado a la misión de paz de la ONU (UNIFIL) desplegada en Líbano.

En ese marco se ha producido el tercer pago de los 82 millones de euros que Bruselas tenían comprometidos con la UNRWA para este año y que hace meses estuvieron en riesgo el comisario ultraderechista húngaro, Oliver Varhelyi, encargado de Vecindad y Ampliación, anunciara una revisión de los programas por las graves acusaciones vertidas por Israel contra un grupo de trabajadores de la organización por sus presuntos vínculos con Hamás. Aquel movimiento tensó a la UE y finalmente se produjo el desbloqueo de la ayuda tras la investigación llevada a cabo por la propia ONU.

“Este tercer desembolso se ajusta a las condiciones acordadas entre la Comisión y la UNRWA para mejorar los procesos de neutralidad y los sistemas de control del organismo”, señala el ejecutivo comunitario en un comunicado sobre el pago de 16 millones de euros, que se suma a los 50 millones que se abonaron en marzo y otros 16 millones que se entregaron a finales de mayo. En monto total asciende a 82 millones de euros.

Los líderes de los 27 reiteraron este jueves su apoyo a la ONU en las conclusiones de la cumbre que se celebró en Bruselas. “El Consejo Europeo manifiesta su apoyo pleno e inquebrantable al secretario general de las Naciones Unidas. En ningún lugar debería declararse «persona non grata» al secretario general de las Naciones Unidas”, señala el texto en referencia al señalamiento del Gobierno de Netanyahu a Guterres.

“El Consejo Europeo destaca la función esencial de las Naciones Unidas y de sus organismos, en particular de la UNRWA, que presta un apoyo fundamental a la población civil tanto en Gaza como en el resto de la región. Es fundamental seguir aplicando el Plan de Acción de la UNRWA. El Consejo Europeo condena cualquier intento de revocar el acuerdo de 1967 entre Israel y la UNRWA o de obstruir de algún otro modo la capacidad de esta para ejercer su mandato”, agrega el documento sobre la intención de Netanyahu de limitar la actuación de la organización.

Los jefes de Gobierno de la UE han elevado el tono contra Netanyahu a raíz de los ataques a los cascos azules desplegados en Líbano. Por primera vez acusan a Israel de vulnerar el derecho internacional con ese ataque, un paso que no había recibido hasta ahora el apoyo unánime de los 27 a pesar de las decenas de miles de personas asesinadas en la Franja de Gaza.  

A pesar de esa subida del tono, sigue sin haber un acuerdo para tomar medidas de castigo a Tel Aviv, como el embargo de armas que defienden España, Francia o Irlanda, o la revisión del acuerdo comercial por vulneraciones del derecho internacional, que solicitaron Pedro Sánchez y su homólogo irlandés en febrero y en lo que volvieron a insistir en la cita con los 27 este jueves. El alto representante, Josep Borrell, forzará un debate sobre el tema en su última reunión con los ministros de Exteriores el próximo 18 de noviembre.