Cuentan que un veterano político ligado durante décadas a Convergència y que, pese a haberla acompañado en el giro independentista, era muy crítico con la retórica movimentista de Junts y el desembarco de caras conocidas de otros ámbitos, se quejaba tras el procés diciendo: “¿Cuándo pasó que los frikis asaltaron este partido?”.

La pregunta era un dardo obvio hacia la llamada “generación 1-O”, la que se incorporó a la política después de 2017 de la mano de Carles Puigdemont, en parte barriendo a las anteriores. Pero también refleja la preocupación de la vieja guardia nacionalista por lo que podría ocurrir en un partido que prescindiese de aquellos que conocían la importancia del poder y tenían experiencia en ejercerlo.

Junts es hoy una formación claramente mermada en lo que a poder e influencia se refiere. Pese a que en los últimos dos años haya podido reinventarse como circunstancial ariete del empresariado catalán en el Congreso, ese papel siempre estuvo condicionado. Junts era deudor de una aritmética parlamentaria concreta y, además, necesitaba mantener su ascendente sobre el Gobierno, tal como le han advertido a la formación desde los sectores económicos en encuentros como el que desveló elDiario.es.

A eso hay que sumarle que la formación de Carles Puigdemont vive un momento de clara mengua en su representación política en contraste con épocas recientes. Más aún si se pone en comparación con el elevado peso institucional que llegó a tener Convergència en tiempos de máximo esplendor.

Al espacio político del nacionalismo catalán de centroderecha le ha pasado en la última década casi de todo. El procés, varias escisiones y mutaciones, luchas internas y una desenfrenada acción judicial que le ha obligado a hacer relevos a marchas forzadas y a tener que mirar a Waterloo para tomar cada decisión. Por si eso fuera poco, en los últimos años Junts también ha padecido la irrupción de una extrema derecha independentista.

Pero el ocaso institucional de Junts no puede explicarse sin tener en cuenta, también, la gestión errática de su propio espacio electoral, su incapacidad para encontrar líderes duraderos (lejos quedan Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Puigneró) o su reiterada tendencia a aislarse hacia afuera y purgarse hacia adentro.

La ruptura del pacto de investidura entre Junts y el PSOE es el último capítulo en el que los postconvergentes vuelven a demostrar poco instinto por la conservación del poder institucional. Antes salieron del Govern de Pere Aragonès y rechazaron (o no fueron capaces de alcanzar) pactos municipales que les hubieran garantizado puestos en ayuntamientos y diputaciones. Hay que señalar, no obstante, que por el momento ninguno de los cargos conseguidos por Junts para organismos y empresas públicas del Estado ha anunciado su salida.

En el año 2014, Convergència era de largo el partido más influyente de la política catalana. Tenía la presidencia de la Generalitat, la del Parlament y la de las cuatro diputaciones, además de la gran alcaldía de Barcelona. También controlaba buena parte de los grandes ayuntamientos, como Girona, Sant Cugat, Reus, Mataró, Martorell, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueres. En el Congreso, la formación contaba con 16 asientos, cerca de su récord de 1993.

Las municipales de 2015, las que ganó Ada Colau en Barcelona y que iniciaron la ola de las alcaldías del cambio, fueron una tormenta dura para el poder de la antigua Convergència. Pero aún mantuvieron entonces buena parte de sus bastiones, impulsados sobre todo por la presidencia del Govern, que recayó en manos de Puigdemont en enero de 2016 tras las tortuosas negociaciones que descabalgaron a Artur Mas.

Visto con la perspectiva de una década, nada de lo que ocurrió después en Catalunya, ni tampoco en el espacio político de la antigua Convergència, ayudó electoralmente al nacionalismo conservador.

Después del 1-O, ERC experimentó una pujanza extraordinaria, que hizo mella a Junts tanto en ayuntamientos como en el Parlament y Congreso. Quim Torra demostró que no era una propuesta ganadora para defender una plaza tan sensible como la presidencia de la Generalitat y quizás Laura Borràs, tocada ya por un caso de corrupción que la acabaría apartando, tampoco era la mejor apuesta para las elecciones generales.

En 2021, Junts cedió por primera vez su liderazgo dentro del bloque independentista a ERC. Lo hizo cuando el PSC ya se había recompuesto de su larga crisis y estaba en disposición de ser “el primer partido de Catalunya”, tal como proclamaba Miquel Iceta. El independentismo de centroderecha aceptó, no sin tiranteces, entrar en un gobierno presidido por ERC, que acabó abandonando un año después.

El poder institucional de Junts mermaba. Pero en el partido el paso afuera se justificaba como una muestra de coherencia independentista que daría sus frutos más adelante. Algo que nunca acabó de pasar. En las municipales de mayo de 2023, Junts perdió votos, pero consiguió imponerse como primera fuerza en Barcelona de la mano de Xavier Trias. La situación en el ayuntamiento era enrevesada pues, para quitarle la vara municipal al exconvergente, solo servia un extraño pacto a tres que pusiese de acuerdo a PSC, Comuns y PP. Sin embargo esa operación acabó fructificando en torno a Jaume Collboni. Trias acabaría acusando a Illa y el alcalde de haberlo engañado.

Perdida Barcelona, el Govern y buena parte de las capitales de comarca, en las siguientes elecciones, primero generales y después autonómicas, Junts solo pudo esconder sus malos resultados poniéndolos en comparación con unos números aún más nefastos para ERC.

La situación actual del partido no es demasiado prometedora. En Parlament lidera la oposición, un espacio que, según el análisis que la propia Junts hace, les da poca visibilidad en el debate político catalán. Puigdemont trató de remediar esa situación en el último debate de política general, cuando exigió que el PSC de Salvador Illa votara algunas de sus propuestas como muestra de buena voluntad para un posible acercamiento. En Junts hablaban incluso de la posibilidad de mirarse los presupuestos catalanes con otros ojos. Pero la oferta no cuajó.

En el mundo municipal, Junts solo conserva ahora la alcaldía de una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, donde gobiernan con ERC. Tiene otros seis alcaldes en ciudades de más de 25.000 habitantes, cuatro de ellas capitales de comarca, como son Figueres, Vic, Igualada y Olot. Cuentan también con varios primeros ediles en ciudades medianas en la comarca del Maresme, además de la presidencia de la Diputación de Girona.

Pocas más líneas tiene la actual cuenta de resultados de un partido que llegó a parecer una dinastía pero que en los últimos años no ha parado de encoger hasta quedar en una posición bastante menguada. No queda nada de aquella apuesta por convertirse en una especie de movimiento social con el Consell per la República como bastión. Tampoco es hoy relevante el espacio internacional abierto por el equipo de Puigdemont en el plano político o judicial, en el que tantas esperanzas depositaron.

Junts, sobre todo desde la llegada de Jordi Turull a la sala de máquinas, es ahora un partido de toda la vida, de los que valen tanto como representación consiguen. La paradoja es que el ocaso institucional de Junts es una realidad con la que Puigdemont debe lidiar mientras, a la vez, hace frente al crecimiento entre su electorado de una formación como Aliança, que actúa como si enmendase la institucionalidad tradicional.

La Fiscalía Superior de Catalunya se ha opuesto a que el Gobierno conceda un indulto total a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, que incluya también la pena de 13 años de inhabilitación a la que fue condenada, al concluir que no ha mostrado “el más mínimo signo de arrepentimiento” tras ser sentenciada por “abuso de poder” en un delito de corrupción.

Borràs ha empezado a cumplir ya la pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos (que no afecta a su trabajo de funcinaria del Estado en la Universidad) tras su condena por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Sin embargo, su entrada en prisión para cumplir los cuatro años y medio de cárcel a los que fue condenada se encuentra suspendida a la espera de la decisión del Gobierno. Fue el propio tribunal que la condenó quien propuso su indulto, y la Fiscalía no se opuso. En cambio, el Ministerio Público sí rechaza ampliar ese indulto a la pena de inhabilitación a la que fue condenada Borràs, tal y como solicitó una ciudadana llamada Margarida Aritzeta, que fue profesora y exdecana de la ILC.

En su escrito, la fiscal Assumpta Pujol recuerda que Borràs fue condenada por su “actitud de abuso de poder con la finalidad de favorecer el lucro” de un amigo. “Estamos ante un delito que se enmarca en el concepto de corrupción administrativa y difícilmente susceptible de beneficiarse del derecho de gracia”, agrega la fiscal.

La fiscal responde punto por punto a las alegaciones que Aritzeta, como cualquier particular o entidad que puede reclamar la medida de gracia, solicitó para Borràs. Según la profesora, la exlíder de Junts fue víctima de “una persecución judicial, policial, política y mediática”, esto es, lawfare, algo que desmiente con contundencia el Ministerio Público.

Según la fiscal, Borràs “no ha aceptado en ningún momento su responsabilidad, no reconoce haber actuado al margen de la ley ni ha exteriorizado el más mínimo signo de arrepentimiento”, sino todo lo contrario: son “constantes y contumaces” sus manifestaciones cuestionando la actuación de la justicia y “afirmando, sin ningún tipo de pudor, haber sido víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas”.

Recuerda la Fiscalía que, durante la fase de investigación del caso, cuando se encontraba bajo secreto, Borràs desmintió en la radio que estuviera siendo investigada porque así se lo había trasladado el entonces conseller de Interior, hecho que provocó el enfado de la jueza instructora y que la Guardia Civil sustituyera a los Mossos como policía judicial de la causa.

“Se presenta como víctima de lawfare quien ha cometido el delito con absoluto abuso de autoridad y menosprecio a la legalidad”, apostilla la fiscal, que destaca que Borràs no se encuentra a día de hoy “reeducada ni rehabilitada socialmente”.

Indultar a la exlíder de Junts mandaría un mensaje negativo a la sociedad, argumenta la fiscal, ya que Borràs debe cumplir la pena a la que fue condenada para “evitar la comisión de nuevos delitos y afianzar la credibilidad en el sistema judicial y el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.

Apartada de la primera línea por Carles Puigdemont y sin un papel relevante en Junts, el debate sobre el indulto a Borràs añade una nueva carpeta potencialmente endiablada para el Gobierno, aunque de menor relevancia, puesto que la exdirigente ya no ocupa cargos públicos. Si hiciera caso al TSJC e indultara a Borràs, la medida de gracia fácilmente se convertiría en munición para el PP con el argumento de que el Ejecutivo perdona la corrupción de sus socios parlamentarios.

Más problemas puede tener Borràs para desempañar la tarea que pactó con Puigdemont tras ser apartada de la presidencia de Junts. El pasado mes de octubre, Junts anunció que presidiría una nueva fundación del partido, pero su condena firme a 13 años de inhabilitación (pena que no será indultada en ningún caso y que ya ha empezado a cumplir) complica su nuevo papel.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comunicado formalmente este viernes a la exlíder de Junts y expresidenta del Parlament Laura Borràs que ya han empezado a contar los 13 años de inhabilitación a los que fue condenada por prevaricación y falsedad documenta en el caso de corrupción en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs ha acudido personalmente al TSJC, acompañada de sus abogados, mientras el propio tribunal ha empezado ya los trámites para solicitar el indulto que propuso para la líder de Junts para que no entrar en prisión. La decisión final sobre la entrada en la cárcel está ahora en manos del Gobierno, pero no así la pena de inhabilitación, que la exlíder de Junts ya ha empezado a cumplir. Borràs también deberá pagar 36.000 euros de multa.

La inhabilitación de Borràs se limita a los cargos públicos electivos (sí podrá seguir dando clase en la Universitat de Barcelona, donde es funcionaria del Estado), pero existen dudas de que pueda ocupar la presidencia de la fundación de Junts, cargo que todavía no ha ocupado pese al anuncio del pasado mes de octubre.

Apartada de la primera línea por Carles Puigdemont y sin un papel relevante en Junts, el debate sobre el indulto a Borràs añade una nueva carpeta potencialmente endiablada para el Gobierno, aunque de menor relevancia, puesto que la exdirigente ya no ocupa cargos públicos. Si hiciera caso al TSJC e indultara a Borràs, la medida de gracia fácilmente se convertiría en munición para el PP con el argumento de que el Ejecutivo perdona la corrupción de sus socios parlamentarios.

Más problemas puede tener Borràs para desempañar la tarea que pactó con Puigdemont tras ser apartada de la presidencia de Junts. El pasado mes de octubre, Junts anunció que presidiría una nueva fundación del partido, pero su condena firme a 13 años de inhabilitación (pena que no será indultada en ningún caso y que empezará a cumplir la próxima semana) complica su nuevo papel.

En un informe del pasado mes de diciembre, el Govern consideró los requisitos para acceder al cargo de patrón o presidente de una fundación son “no estar inhabilitado para ejercer cargo público o para administrar bienes” y “no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad”. Tras este informe, el exconseller Raül Romeva, condenado por malversación por el Supremo y no amnistiado, se apeó de la presidencia de la fundación de ERC, en un supuesto análogo al de Borràs.

Laura Borràs no entrarà, por ahora, en la cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la exlíder de Junts Laura Borràs, condenada por corrupción en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha pedido al Gobierno su indulto parcial. Los jueces pasan la pelota al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El tribunal, presidido por el presidente en funciones del TSJC, Jesús María Barrientos, formaliza así lo que ya anticipó en su sentencia de 2023: los jueces señalaron entonces que la pena de cuatro años y medio de cárcel que correspondía a Borràs por falsedad documental era “desproporcionada y excesiva” para el delito cometido por la exdirigente de Junts. Borràs también fue condenada a 13 años de inhabilitación por prevaricación.

Según los jueces, como Borràs fraccionó los contratos de la ILC para adjudicarlos de forma “arbitraria” a un amigo y no para obtener con ello un “lucro personal”, por lo que era castigo suficiente no gestionar dinero público durante 13 años. En suma, que no era necesario su ingreso en prisión si se tenía en cuenta el perjuicio causado.

En la vista de apelación celebrada en el Tribunal Supremo por la sentencia, la Fiscalía, que no la recurrió, ya sostuvo que el indulto planteado por la sala era “pertinente” por tratarse de una pena “excesiva”. Este mismo jueves el Ministerio Público también apoyó la suspensión del ingreso en prisión de Borràs.

El TSJC también ha citado a Borràs y a los otros dos condenados (su amigo al que dio los contratos, Isaías H., y Andreu P.) el próximo viernes para instales al pago de las multas a las que fueron condenados (36.000 euros, en el caso de la expresidenta del Parlament). También entonces se requerirá formalmente a Borràs para que “se abstenga” de ocupar cargos públicos para los que ha sido inhabilitada.

Apartada de la primera línea por Carles Puigdemont y sin un papel relevante en Junts, el debate sobre el indulto a Borràs añade una nueva carpeta potencialmente endiablada para el Gobierno, aunque de menor relevancia, puesto que la exdirigente ya no ocupa cargos públicos. Si hiciera caso al TSJC e indultara a Borràs, la medida de gracia fácilmente se convertiría en munición para el PP con el argumento de que el Ejecutivo perdona la corrupción de sus socios parlamentarios.

Más problemas puede tener Borràs para desempañar la tarea que pactó con Puigdemont tras ser apartada de la presidencia de Junts. El pasado mes de octubre, Junts anunció que presidiría una nueva fundación del partido, pero su condena firme a 13 años de inhabilitación (pena que no será indultada en ningún caso y que empezará a cumplir la próxima semana) complica su nuevo papel.

En un informe del pasado mes de diciembre, el Govern consideró los requisitos para acceder al cargo de patrón o presidente de una fundación son “no estar inhabilitado para ejercer cargo público o para administrar bienes” y “no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad”. Tras este informe, el exconseller Raül Romeva, condenado por malversación por el Supremo y no amnistiado, se apeó de la presidencia de la fundación de ERC, en un supuesto análogo al de Borràs.

La Fiscalía se ha mostrado partidaria de que Laura Borràs no entre en prisión por corrupción mientras se tramita su indulto propuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los contratos troceados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En un escrito, la Fiscalía se muestra partidaria de suspender el ingreso en prisión de Borràs “para evitarle perjuicios en caso que se resolviera favorablemente la petición de indulto”, pero pide que la expresidenta del Parlament y de Junts empieza a cumplir ya su pena de inhabilitación y pague ya su multa de 36.000 euros a la que fue condenada.

En su sentencia, el TSJC ya adelantó que era partidario de enviar una solicitud parcial de indulto al Gobierno al entender que no era necesario que Borràs entrara en prisión. Su inhabilitación durante 13 años para gestionar dinero público, argumentaron los jueces, era castigo suficiente y garantía de que no repetiría el delito.

Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo por valor de 335.700 euros en la ILC, que dirigió entre los años 2013 y 2018, en una sentencia en la que el TSJC proponía al Gobierno su indulto parcial para librarla de entrar en prisión.

Tras confirmar el Supremo la sentencia, a finales de febrero, el TSJC emplazó a las defensas y a la Fiscalía para que expusieran si la entrada en prisión de Borràs debía suspenderse mientras se tramitaba el indulto, así como el resto de extremos para ejecutar la condena. 

En un breve escrito, la defensa de Borràs no mencionó en ningún momento la palabra indulto, pero pidió al tribunal que formalizara su petición de perdón y que suspendiera su ingreso en prisión mientras el Gobierno tramitaba la medida de gracia.

El ministerio público no ve inconveniente en suspenderla, siempre que el tribunal “eleve al Gobierno la petición de indulto acordada”, aunque solicita que se ejecuten la pena de 13 años de inhabilitación y la multa de 36.000 euros que se le impusieron en sentencia.

La sentencia del TSJC reconocía que la pena que correspondía a Borràs por el delito de falsedad documental, castigado con cuatro años y medio de cárcel como mínimo, era “desproporcionada y excesiva” para los hechos cometidos por la exdirigente de Junts, teniendo en cuenta que si fraccionó los contratos de la ILC fue para adjudicarlos de forma “arbitraria” a su amigo, no para obtener con ello un “lucro personal”.

En la vista de apelación celebrada en el Tribunal Supremo por la sentencia, la Fiscalía, que no la recurrió, ya sostuvo que el indulto planteado por la sala era “pertinente” por tratarse de una pena “excesiva”.

La Fiscalía también es favorable a la suspensión de las penas de dos años y un año y dos meses de cárcel que el TSJC impuso a los otros dos condenados: Isaías H., el amigo de Borràs adjudicatario de los contratos, y Andreu P., quien se prestó a hacer facturas falsas para encubrir las irregularidades. Ambos condenados negociaron con la Fiscalía un acuerdo, antes del juicio, para delatar a Borràs a cambio de una rebaja de condena.

En el caso de Isaías H., el ministerio público apoya la suspensión de la pena dada la “colaboración y arrepentimiento” mostrados en el juicio y una vez acreditado que ha superado su adicción a las drogas y ha abonado la multa impuesta.

Respecto a Andreu P., tampoco se opone a la suspensión de la pena ni a que se le amplíe el plazo para pagar la multa fijada en sentencia, dado que la empresa que tenía ha sido declarada en concurso de acreedores y disuelta, lo que le ha supuesto una pérdida de ingresos.

A favor de que se pida su indulto sin decir la palabra indulto. Así se podría resumir el escrito que la expresidenta del Parlament Laura Borràs ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el que la exdirigente de Junts pide suspender su ingreso en prisión por corrupción y urge a los jueces a formalizar la solicitud de indulto al Gobierno que incluyeron en la sentencia del caso.

El TSJC dio diez días a Borràs, y a los otros dos condenados por corrupción en el caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para que aleguen cómo cumplir sus penas, después de que el Supremo ratificara la condena a cuatro años y medio de cárcel a Borràs por acordar con un amigo la adjudicación de contratos menores de páginas webs de la ILC.

El Alto Tribunal confirmó en su totalidad la sentencia del TSJC. En una medida inusual pero ni mucho menos inédita, los jueces del TSJC adelantaron en su sentencia que eran partidarios de enviar una solicitud parcial de indulto al Gobierno al entender que Borràs no tenía que entrar en prisión y que era castigo suficiente con su inhabilitación para gestionar dinero público.

En un breve escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, de una sola página, la defensa de Borràs no menciona en ningún momento la palabra indulto, pero pide al tribunal que lo formalice “con carácter previo a adoptar cualquier otra medida”.

La exlíder de Junts pide al tribunal que envíe sin demora la petición de medida de gracia que los propios jueces se mostraron partidarios de solicitar mediante una alusión a la sentencia de 2023: “Con carácter previo a adoptar cualquier otra medida, proceda [el tribunal] a ejecutar lo establecido en el Razonamiento Jurídico Quinto, apartado 5.3, en los términos expresados en el último párrafo de dicho razonamiento”.

Se refiere la defensa de Borràs al párrafo de la sentencia del TSJC en el que los jueces argumentaron que, si Borràs cumplía con las penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos, su entrada en prisión no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. Los jueces valoraron como suficiente reproche penal el hecho de permanecer inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros.

La propuesta de indulto parcial (limitado a la entrada en prisión, pero no al pago de una multa o de la pena de inhabilitación) es una herramienta de los propios jueces ante penas mínimas excesivas. En el caso de Borràs, está únicamente vinculada a la pena de prisión por el delito de falsedad documental, que fue de cuatro años y medio de cárcel pese a ser la mínima que el TSJC podía imponer.

La razón fue que Borràs cometió esa falsedad de forma continuada durante su etapa al frente de la ILC y que documentos falsos eran tanto públicos (los contratos para las webs) como privados (las ofertas que su amigo presentaba a la ILC tras concertarse por Borràs). El TSJC consideró que los cuatro años y medio de cárcel que estaba obligado a imponer como pena mínima resultaban “desproporcionados y excesivos para la realidad que subyace en los comportamientos delictivos” de la exlíder de Junts.

La entrada en prisión de la exlíder de Junts Laura Borràs es desde este miércoles una cuestión más política que jurídica. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que la condenó a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En esa resolución ahora ratificada, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se mostró contrario al ingreso en la cárcel de la expresidenta del Parlament y avanzó su propuesta de indulto al Gobierno para evitarlo.

Pese a que Junts ha cargado contra la Justicia tras conocer el fallo del Supremo, fue un tribunal encabezado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, el que abogó por que Borràs no entrara en prisión. La resolución definitiva todavía puede tardar meses, pero será una decisión política del Gobierno (como todos los indultos). En paralelo, Borràs puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales.

Apartada de la primera línea por Carles Puigdemont y sin un papel relevante en Junts, el debate sobre el indulto a Borràs añade una nueva carpeta potencialmente endiablada para el Gobierno, aunque de menor relevancia, puesto que la exdirigente ya no ocupa cargos públicos. Si hiciera caso al TSJC e indultara a Borràs, la medida de gracia fácilmente se convertiría en munición para el PP con el argumento de que el Ejecutivo perdona la corrupción de sus socios parlamentarios.

Más allá del ruido político, la decisión del TSJC de proponer el indulto a Borràs en su propia sentencia fue excepcional, aunque ni mucho menos inédita. Los tribunales más garantistas lo pueden solicitar cuando condenan por delitos con unas penas mínimas altas, que automáticamente implican el ingreso en prisión, pero ven desproporcionada la entrada en la cárcel del acusado, en especial tras valorar el perjuicio causado.

Así lo consideró el TSJC en el caso de Borràs. La exlíder de Junts, tal y como concluyó la sentencia ahora confirmada, se puso de acuerdo con su amigo Isaías H. para otorgarle a dedo contratos para webs de la ILC que debían haberse vehiculado con un concurso público. Ambos confeccionaron facturas falsas para enmascarar que había tres ofertas cuando en realidad ya estaba decidido que Borràs encargaría los trabajos a Isaías H.

Sin embargo, como Isaías H. terminó realizando las webs para la ILC y Borràs no se llevó un euro al bolsillo, el TSJC avanzó en su sentencia su intención de proponer el indulto. La entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”, según apreciaron los jueces, que valoraron como suficiente reproche penal el hecho de permanecer inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros.

La propuesta de indulto parcial (limitado a la entrada en prisión, pero no al pago de una multa o de la pena de inhabilitación) es una herramienta de los propios jueces ante penas mínimas excesivas. En el caso de Borràs, está únicamente vinculada a la pena de prisión por el delito de falsedad documental, que fue de cuatro años y medio de cárcel pese a ser la mínima que el TSJC podía imponer.

La razón fue que Borràs cometió esa falsedad de forma continuada durante su etapa al frente de la ILC y que documentos falsos eran tanto públicos (los contratos para las webs) como privados (las ofertas que su amigo presentaba a la ILC tras concertarse por Borràs). El TSJC consideró que los cuatro años y medio de cárcel que estaba obligado a imponer como pena mínima resultaban “desproporcionados y excesivos para la realidad que subyace en los comportamientos delictivos” de la exlíder de Junts.

Los trámites a partir de ahora

Con estos mimbres, la eventual entrada en prisión de Borràs solo podría producirse si el Gobierno rechaza su indulto. Junts no se ha pronunciado sobre este extremo este miércoles cuando ha valorado la sentencia, sino que ha optado por criticar al Supremo por no amnistiar a la expresidenta del Parlament. “La Justicia española se consolida como el Guantánamo de la Justicia europea”, ha hiperbolizado el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Para conocer la decisión del Ejecutivo sobre el indulto no hay un plazo, y antes el TSJC debe mandar formalmente su propuesta al Ministerio de Justicia. En suma, no hay visos de un próximo ingreso en prisión de la exlíder de Junts.

Lo que sí empezará en los próximos días, una vez el TSJC reciba formalmente la resolución del Supremo, es el trámite de ejecución de la sentencia, que como ya es firme, ya se puede empezar a aplicar.

Previsiblemente, el TSJC suspenderá el ingreso en prisión de Borràs a la espera de la resolución de la medida de gracia. Lo contrario sería contradecirse con su propuesta de indulto avanzada en su sentencia de 2023. También deberá suspender la pena de prisión de los otros dos condenados a penas más bajas (dos años y un año y dos meses de cárcel) tras su acuerdo con la Fiscalía para delatar a Borràs.

Para condenar a Borràs, los magistrados se apoyaron, además de la confesión de los otros acusados, en varias pruebas que nada tuvieron que ver con la ideología de la expresidenta del Parlament: los reveladores correos electrónicos que se cruzaron Borràs e Isaías H., en los que la líder de Junts escribió “la cuestión es fraccionar”; los testimonios de los extrabajadores de la ILC que criticaron las “irregularidades” de Borràs; y los audios que la líder de Junts envió a uno de sus funcionarios para preguntar por los expedientes.

Si lo cree conveniente, el TSJC puede convocar a las partes a una vista sobre la suspensión de las penas de prisión, aunque este trámite también puede realizarse por escrito. Una vez completado, el tribunal empezará a contar los plazos para cumplir las penas de inhabilitación de cargos públicos. Borràs podrá seguir trabajando como profesora en la Universitat de Barcelona (UB), donde es catedrática, ya que su inhabilitación se limita a los cargos electivos o de libre designación, pero no a su condición de funcionaria del Estado.

Dudas para presidir la fundación de Junts

Más problemas puede tener Borràs para desempañar la tarea que pactó con Puigdemont tras ser apartada de la presidencia de Junts. El pasado mes de octubre, Junts anunció que presidiría una nueva fundación del partido, pero su condena firme a 13 años de inhabilitación (pena que no será indultada en ningún caso) complica su nuevo papel.

En un informe del pasado mes de diciembre, el Govern consideró los requisitos para acceder al cargo de patrón o presidente de una fundación son “no estar inhabilitado para ejercer cargo público o para administrar bienes” y “no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad”. Tras este informe, el exconseller Raül Romeva, condenado por malversación por el Supremo y no amnistiado, se apeó de la presidencia de la fundación de ERC, en un supuesto análogo al de Borràs.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y medio de cárcel y otros 13 más de inhabilitación para Laura Borràs, expresidenta de Junts y del Parlament, por fraccionar contratos para adjudicárselos a un amigo. Los jueces rechazan su recurso y explican que sus delitos “no guardan relación alguna con el proceso independentista catalán” y, por tanto, no puede acogerse a la ley de amnistía como pidió su abogado.

El Tribunal Superior catalán apoyó la concesión de un indulto parcial en caso de que su condena fuera firme pero el Supremo contesta que su condena fue proporcionada. “Enmarcados los hechos en la corrupción es difícil atender la consideración que la recurrente expresa”, dicen los jueces sobre sus alegaciones sobre un posible indulto parcial y la desproproción de la condena.

Laura Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) desde 2013 hasta 2018 antes de ejecer como Consellera de Cultura con Quim Torra y después ser presidenta del Parlament y líder de Junts, este último cargo hasta octubre del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia catalán declaró probado que poco después de ponerse al frente de la ILC puso en marcha el proyecto de una página web que encargó a un conocido suyo: Isaías Herrero.

Un encargo que, según los jueces, se saltó cualquier procedimiento administrativo y adjudicó de facto el contrato de forma verbal y después a través de contratos ilegalmente fraccionados ante las advertencias de los funcionarios. El organismo, siguiendo las instrucciones y designios de Borràs, le adjudicó un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.000 euros incluyendo el IVA, aunque no constara un sobreprecio en esos pagos.

El Supremo no considera aplicable la amnistía

La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que confirmase su condena mientras la defensa de Borràs solicitaba, al menos, una rebaja de su condena de prisión al considerar que más de cuatro años de presidio era una sanción desproporcionada. Su abogado, Gonzalo Boye, también pidió a la Sala de lo Penal la aplicación de la ley de amnistía que ha perdonado los delitos relacionados con el procés independentista catalán.

El Supremo contesta que nada del caso “se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán”. “En ninguno de los apartados de la Ley de Amnistía puede encuadrarse la conducta de Borrás”, explica el tribunal. Aplicar la amnistía al caso de Borràs, añade, requeriría “un derecho penal de autor y no un derecho penal de actos”.

La expresidenta del Parlament catalán, explica el Supremo, tramitó estos contratos “con absoluta ajeneidad al ordenamiento, a los procedimientos de contratación previstos en la ley, y realizándolo con un sometimiento único a la voluntad persona de quien tenía toda la autoridad para contratar y autorizar su pago”.

La defensa de Laura Borràs, expresidenta del Parlament catalán y de Junts, ha pedido este martes al Supremo que anule o al menos rebaje su condena de cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos de forma ilegal. Una comparecencia en la que su letrado, Gonzalo Boye, ha pedido al tribunal que perdone sus delitos al amparo de la ley de amnistía. La teniente fiscal del Supremo, que ha representado a la Fiscalía en la vista, ha ratificado su criterio: que su condena sea confirmada y que no se le pueda aplicar la ley de perdón de los delitos del procés.

Laura Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) desde 2013 hasta 2018 antes de dar el salto a la política para ser Consellera de Cultura con Quim Torra y después presidenta del Parlament y líder de Junts, este último cargo hasta octubre del año pasado.

El Tribunal Superior de Justicia catalán declaró probado que poco después de ponerse al frente de la ILC puso en marcha el proyecto de una página web que encargó a un conocido suyo: Isaías Herrero. Un encargo que, según los jueces, se saltó cualquier procedimiento administrativo y adjudicó de facto el contrato de forma verbal y después a través de contratos ilegalmente fraccionados ante las advertencias de los funcionarios. El organismo, siguiendo las instrucciones y designios de Borràs, le adjudicó un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.000 euros incluyendo el IVA, aunque no constara un sobreprecio en esos pagos.

Borràs fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación y cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental, condena que implicará su entrada obligatoria en prisión en caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo a la espera de un posible indulto parcial. Herrero fue sancionado con dos años de prisión y Andreu Pujol, uno de los subcontratistas que hizo facturas y presupuestos falsos, un año y dos meses de presidio. En un voto particular, una de las magistradas del tribunal catalán apostaba por reducir su condena a menos de dos años de prisión mientras el tribunal planteaba, incluso, un posible indulto parcial.

Su letrado, Gonzalo Boye, ha explicado ante la Sala de lo Penal que esos documentos cuya falsedad se atribuye a Borràs “son mendaces, no falsos penalmente” y se ha apoyado en el voto particular de la magistrada discrepante para solicitar que, al menos, su condena de cárcel sea reducida. “El voto particular está muy bien desarrollado sobre por qué aquí no se da el delito de falsedad”, ha dicho el abogado defensor de Borràs. Su condena de cárcel, entiende, no es proporcionada y “excede de lo que resulta razonable y justo”. Además, ha destacado, no existió “ningún perjuicio para las arcas públicas”.

El abogado también ha ratificado el escrito en el que pide que estos delitos, en cualquier caso, sean perdonados por la ley de amnistía que afecta a los ilícitos relacionados con el procés catalán. “Conocemos el criterio de la Sala Segunda respecto a la misma”, ha dicho Boye sobre las múltiples resoluciones del Supremo sobre la amnistía, incluyendo la cuestión de inconstitucionalidad que han presentado contra la misma en el Constitucional. “Solicitamos una sentencia que lleven a una mayor justicia”, ha concluido.

La Fiscalía ha estado representada por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ha ratificado su escrito de oposición al recurso: tanto a que su condena se vea reducida como a que se le aplique la ley de amnistía, aunque no ha aludido expresamente a este último punto.

Laura Borràs abandona la presidencia de Junts sin reproches, al menos públicos, contra el sector que la ha desplazado a ella misma y a sus partidarios. La expresidenta del Parlament ha dado a entender que su salida de la dirección es voluntaria, algo que ha sonado más bien como una aceptación de la derrota, y ha aprovechado su discurso para mostrar total sintonía con Carles Puigdemont, de quien dependerá que mantenga un cargo en Junts en los próximos cuatro años.

“Nunca quise sustituir al president”, ha asegurado Borràs, porque “los liderazgos se ejercen más allá del cargo”. Según ha explicado, ella aceptó en 2022 ocupar la presidencia del partido siempre de acuerdo com la voluntad del expresident del Govern. “He hecho todas las renuncias necesarias que Puigdemont me ha pedido”, ha asegurado con un punto amargo, para después asegurar que ella no hace “un paso al lado” sino que todos los pasos los ha hecho “al lado de Puigdemont”.

El discurso de despedida de Borràs llega después de que, durante los últimos dos años, el sector liderado por Jordi Turull haya ido alejando a la ya expresidenta de los núcleos reales de decisión del partido. Aislada y con apoyos menguantes, Borràs tuvo que ver en verano de 2023 cómo Puigdemont toma las riendas del partido para pilotar la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

Finalmente, el congreso que celebra Junts en Calella este fin de semana oficializará la salida de Borràs y sus fieles, de los que no quedará nadie en la dirección, a la vez que Puigdemont recupera el cargo de presidente que abandonó hace ahora dos años. Junto a él asecenderán figuras de su más estricta confianza, como Míriam Nogueras, Toni Castellà, Josep Rius y Mònica Sales.

“Mucha gente me pregunta cómo me siento. Tengo ganas de sentirme más libre”, ha dicho Borràs, que ha defendido que el nuevo puesto que ocupará al frente de la fundación del partido responde a la pregunta de dónde puede ser más útil ahora. “Presidir Junts no ha sido nada fácil”, ha asegurado.

Borràs además ha lanzado varias advertencias. Una hacia su partido, a quien ha reclamado que no caiga en la “tentación de querer acallar la discrepancia interna” porque eso les haría “envejecer muy rápido”.

Pero también ha hecho una observación que va más allá de su formación y se dirige al conjunto del independentismo. “He observado con tristeza en el bloque independentista cómo se ponían en marcha todo tipo de susceptibilidades y reproches. Parece que nosotros somos nuestro peor enemigo”, ha asegurado Borràs, que ha llamado a superar esos enfrentamientos.

La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha pedido al Tribunal Supremo la amnistía a su condena por haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Pese a versar sobre delitos relacionados con la corrupción, la defensa de la que será hasta este fin de semana la presidenta de Junts vincula el caso por el que fue condena por el procés, motivo por el que solicita la aplicación de la ley de olvido penal. 

Desde Junts aseguran que el escrito, adelantado por el diario ARA y que ha confirmado la agencia ACN, corresponde a una “estrategia global de defensa”, a pesar de que la condena corresponde a corrupción ejercidas durante la etapa en que Borràs estuvo al frente de la ILC y no tuvieron nada que ver con el 1-O

Borràs realiza la petición para ser amnistiada ante el Tribunal Supremo, instancia ante la que tiene recurrida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la condenó a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental.

La propia sentencia (con un voto particular de una magistrada partidaria de una condena solo por prevaricación) propuso el indulto a Borràs al considerar que su entrada en prisión era desproporcionada y excesiva a su comportamiento castigado, toda vez que los trabajos informáticos vehiculados a contratos indebidamente fraccionados sí se realizaron. Además, Borràs no se llevó un solo euro al bolsillo.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Borràs “fraccionó fictíciamente” 18 contratos para trabajos informáticos de la ILC entre 2013 y 2017 y los otorgó a dedo a un amigo “con plena conciencia de despreciar y prescindir de los más elementales requisitos de la contratación administrativa”. Su objetivo: beneficiar a su amigo y eludir los controles de la Intervención de la Generalitat. La sentencia se puede consultar al final de esta información.

El tribunal concluyó que la líder de Junts se concertó con su amigo Isaías H. para otorgarle a dedo contratos de la ILC que debían haberse vehiculado con un concurso público. Ambos acordaron confeccionar tres facturas falsas para enmascarar que había tres ofertas cuando en realidad ya estaba decidido que Borràs encargaría los trabajos a Isaías H.

Sin embargo, como Isaías H. terminó realizando efectivamente las webs para la ILC y Borràs no se llevó un euro al bolsillo, el tribunal optó por pedir al Gobierno un indulto parcial para la líder de Junts no tenga que entrar en prisión.

Al condenarla por prevaricación y falsedad documental en documento público –las adjudicaciones a dedo a Isaías H.– y mercantil –las facturas falsas enviadas a la ILC para simular tres ofertas–, la pena mínima a imponer a Borràs por este segundo delito eran cuatro años y medio de cárcel –la Fiscalía le pedía seis–, pero el tribunal entendió que se trata de una condena “desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos” de Borràs.

La Sala remarcó que la corrupción de Borràs e Isaías H. no causó “perjuicio económico” a la ILC y que ambos condenados no buscaron enriquecerse, sino únicamente “enmascarar” ante la Intervención de la Generalitat con facturas falsas la “conducta prevaricadora inicial”, esto es, la decisión de otorgar a dedo los contratos al informáticos.

Era un secreto a voces y ya es oficial. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado que optará a presidir Junts en el congreso que la formación celebrará este fin de semana. Así se lo ha comunicado de forma personal a la actual presidenta de la formación, Laura Borràs, en una reunión que ambos han mantenido este miércoles en Waterloo (Bélgica) y que ha servido para apartar a la expresidenta del Parlament del liderazgo formal del partido.

Borràs, que presidía la formación desde 2022, pasa ahora a un segundo plano tras su condena por corrupción. La expresidenta del Parlament dará un paso atrás en el congreso para pasar a encabezar la nueva fundación de Junts.

En un vídeo enviado a los medios, Puigdemont ha insistido en que Junts es “la alternativa a la hegemonía institucional socialista” así como “el instrumento político más fuerte del independentismo”. El expresident ha llamado a “crecer en espacio ideológico e implantación social y territorial” y a “avanzar sin renuncias” hacia la independencia.

El expresident confirma así su apuesta por liderar el partido tras asegurar en la última campaña que dejaría la política si no lograba ser president. “No me veo en absoluto como jefe de la oposición”, expresó Puigdemont en abril, cuando apuntó a que su intención, de no ser president, sería ceñirse a la “actividad pública” de un expresident. Su amnistía frustrada por el Supremo ha hecho cambiar sus planes.

Puigdemont, sin ningún cargo orgánico hasta ahora, ha mantenido el poder en Junts durante la etapa de Borràs al frente del partido. Sus opiniones siempre han sido decisivas para dirimir las encrucijadas internas, como cuando avaló la salida del Govern a golpe de tuit o apostó por facilitar la investidura de Pedro Sánchez y la negociación con el PSOE a cambio de la amnistía.

Esa influencia tendrá traducción orgánica tras el cónclave de Calella de este fin de semana. Puigdemont dejará atrás la Ejecutiva de compromiso entre los afines a Borràs y los supervivientes de la antigua Convergència para configurar una dirección totalmente a medida. Entre otras cuestiones, la nueva dirección deberá decidir si Junts mantiene su apoyo a Sánchez.

El liderazgo formal de Borràs ha cosechado importantes victorias, como la salida del Govern de Aragonès, si bien el control orgánico del partido durante toda su etapa lo ha mantenido el secretario general, Jordi Turull, quien sí repetirá en el cargo con la nueva presidencia de Puigdemont.

El ocaso de Borràs se aceleró cuando, tras las elecciones generales, Puigdemont creó un comité de dirección paralelo a las estructuras formales en el partido. Un puente de mando confeccionado al gusto del líder y que ha tomado las decisiones principales de la formación desde entonces.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que su partido “no descarta absolutamente nada” para hacer valer sus votos en el Congreso. “No pueden ser dados por hecho en ningún caso”, ha dicho en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, al ser preguntada sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura del PP. “No descartamos absolutamente nada”, ha incidido.

Pero, pocas horas después, Borràs ha rectificado a través de una publicación en X. “Parece que hay interés en hacerme decir lo que no he dicho. Es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura”.

La presidenta de Junts ha reiterado que su grupo trabaja para “hacer cumplir los acuerdos que se han adquirido”, algo en lo que ya ha insistido durante la entrevista. Borràs ha apuntado que el Gobierno está “empezando a comprender” que el apoyo de Junts no se da por descontado y que los suyos van a “hacer valer” sus diputados en el Congreso para que se cumplan los acuerdos firmados con el Gobierno, aunque “sin descartar ningún otro escenario”. Eso sí, por el momento están concentrados “en el cumplimiento de unos acuerdos” suscritos con el PSOE.

El presidente del Consell Nacional de Junts y exconseller de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, será el número 3 de la lista de 'Junts+ Puigdemont per Catalunya' para las elecciones al Parlament del próximo 12 de mayo, convirtiéndose así en el primer exconseller condenado por sedición por el Tribunal Supremo que vuelve a unas listas electorales.

La Ejecutiva de Junts ha aprobado por unanimidad la propuesta de listas, cuya número 2 será la empresaria catalana Anna Navarro, y que someterá a ratificación en el Consejo Nacional que se celebrará este sábado en Elna (Francia), ha informado este viernes la candidatura en un comunicado. Las candidaturas relegan a los afines a la presidenta del partido, Laura Borràs, y ascienden a los cercanos a Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

La número 4 será la que ha sido la presidenta del Parlament en la última parte de la legislatura, Anna Erra, cercana a Turull. Puigdemont también ha situado en las posiciones de salida de la lista por Barcelona al presidente del Junts en el Parlament, Albert Batet; a la escritora etíope Ennatu Domingo, y al vicepresidente y portavoz de la formación, Josep Rius, como números 5, 6 y 7, respectivamente.

Les siguen la exsecretaria general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Judith Toronjo (8); el historiador Agustí Colomines (9); el exconseller de Economía y Hacienda Jaume Giró (11) y el exconseller de Cultura Lluís Puig (13).

Más abajo en las listas están partidarios de la vía unilateral y de Borràs, como el empresario Joan Canadell (que en 2021 fue número 3 y ahora va de 17) o el actual diputado Francesc de Dalmases (el 15 hace tres años y ahora el 18). Junts sacó 16 escaños en 2021 por Barcelona. No repite la ahora diputada Aurora Madaula, otra afín a Borràs que denunció al grupo de Junts en el Parlament por presunto acoso machista. La lista la cierra el exalcalde de Barcelona y líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, volverá este febrero a las aulas, tras dos cursos académicos, para ejercer como profesora titular en la facultad de Educación de la Universitat de Barcelona (UB), que compatibilizará con su cargo al frente de la formación.

Borràs, condena en primera instancia por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a un amigo, retomará las clases de Máster de formación del profesorado y en una asignatura de grado, de Didáctica de la Literatura, tal y como ha adelantado Europa Press.

Sobre Borràs pesa una condena de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque la sentencia también proponía un indulto parcial a la pena de prisión.

Dicha inhabilitación, sin embargo, no le impide poder dar clases actualmente en la UB porque se la inhabilitó para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional.

Borràs es profesora de la UB desde hace 28 años, y cuando inició su carrera política como consellera de Cultura (mayo 2018-marzo 2019) mantuvo la docencia, si bien en formato reducido, y también lo hizo cuando fue portavoz de Junts en el Congreso (entre mayo de 2019 y marzo de 2021).

Si bien ya disponía de la acreditación como profesora agregada de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) desde 2012, en marzo de 2021 trascendió, como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), que Borràs había accedido a una plaza como profesora titular de universidad, oficializando así que se le concedía una plaza de funcionaria del cuerpo docente universitario del Estado.

Tras su nombramiento como presidenta del Parlament en marzo de 2021, siguió dando clases hasta acabar ese curso --julio de 2021--, y posteriormente solicitó los servicios especiales --una excedencia-- porque le era “complicado” poder mantener ambas dedicaciones.

Su excedencia se alargó durante su etapa al frente de la Cámara, que presidió hasta julio de 2022, y durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su gestión del ILC en febrero y marzo de 2023. Licenciada en Filología catalana y doctora en Filología románica por la UB, Borràs es especialista en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

Laura Borràs, presidenta de Junts, no recuperará su asiento en el Parlament de Catalunya. El Tribunal Supremo ha rechazado su último recurso y ha confirmado la decisión de la Junta Electoral de retirar el escaño de la expresidenta del Parlament después de haber sido condenada a cuatro años de cárcel por trocear contratos para adjudicárselos a un amigo cuando estaba al frente de la Institución de les Lletres Catalanes. La política todavía está a la espera de saber si su condena penal es ratificada y si, como propusieron los jueces catalanes, recibe un indulto parcial.

Borràs, máxima dirigente del partido de Carles Puigdemont, fue presidenta del Parlament catalán entre marzo de 2021 y julio de 2022, cuando tuvo que dejar su acta de diputada y el sillón más alto de la cámara catalana. La razón fue la condena de cuatro años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

Según declararon probado los jueces, Borràs troceó hasta 18 contratos de la ILC, dependiente de la Generalitat de Catalunya, por un valor de 335.700 euros para beneficiar a un amigo sin un concurso público. Lo hizo entre 2013 y 2017, según la sentencia condenatoria que le impuso cuatro años de prisión, 13 más de inhabilitación y que propuso un indulto parcial que podría evitar su entrada en prisión.

La orden de la Junta Electoral, que ahora confirma el Supremo en sentencia firme, llegó poco después. En los meses previos, Borràs había intentado sin éxito que los jueces mantuvieran su escaño de forma cautelar pero todas sus peticiones han sido rechazadas. El Supremo, explica en una nota “no tiene dudas” de que es constitucional que esta inelegibilidad sobrevenida venga por una sentencia condenatoria aunque aún no sea firme.

La sentencia sobre el caso de Borràs llega pocos días después de que el PSOE haya registrado una ley de amnistía que afecta a líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pero también a medio centenar de policías y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O y, en total, cerca de 400 personas inmersas en procesos judiciales relacionados con el procés independentista catalán. Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental, no entra en esa ley y su condena tendrá que ser revisada por la sala segunda del Supremo.

Enfrentamiento con ERC

La retirada del escaño de Laura Borràs se tradujo en un enfrentamiento entre Junts y ERC cuando el partido de Oriol Junqueras, el PSC y la CUP votaron a favor de su suspensión como presidenta desde la Mesa de la cámara catalana, aplicando el artículo del reglamento que obliga a apartar a los diputados a los que se les abra juicio oral por corrupción.

El enfrentamiento de Borràs con los dos partidos independentistas representados en la Mesa venía de atrás. En el caso de la CUP, por suspensión del diputado Pau Juvillà. Con ERC, socio de Govern hasta octubre de 2022, las fricciones por la oposición interna de Junts al ejecutivo que lideraba Pere Aragonès se habían incrementado ya entonces por su asistencia a la mesa de diálogo con el ejecutivo central.

En su última comparecencia como presidenta de la cámara catalana en julio de 2022, Borràs cargó con dureza contra los parlamentarios que habían firmado su suspensión: “Estos diputados no han venido hoy vestidos de diputados sino vestidos de jueces hipócritas y me han suspendido los derechos y deberes”, afirmó.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defendido este viernes el acuerdo que su partido ha alcanzado con el PSOE y ha advertido de que no es un “cheque en blanco” para Pedro Sánchez. “Nuestros votos no están garantizados, los dejaremos caer cuando veamos que esto no tira hacia adelante”, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Sánchez durará lo que dure su palabra”.

Borràs ha insistido en que su formación no ha hecho ninguna renuncia y han sido los socialistas los que se han visto obligados a realizar un “giro copernicano” ante la presión de la formación de Carles Puigdemont. “Nuestro objetivo político no se ha visto ninguneado, al contrario”, ha insistido. “Junts no se ha movido en nada”, ha añadido.

La presidenta de Junts ha precisado que las reuniones con los “verificadores internacionales”, que serán “cuatro personas de primer nivel” sin precisar nombres, empezarán a finales de este mes y ha anunciado que el propio Puigdemont participará en estos encuentros.

Borràs no ha querido precisar si su condena por corrupción entraría dentro de la hipotética amnistía, aunque ella sí que considera que fue un caso de lawfare. “No he hablado de casos personales”, ha precisado, “pero queremos una ley que sea reparadora, omnicomprensiva, que no deje a nadie atrás y tenga en cuenta todas y cada una de las leyes del Estado contra el independentismo”, ha señalado.

Tampoco el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha querido precisar este viernes si el caso de Borràs entraría en la amnistía. “La ley debe situarse en el ámbito de los hechos, no de las personas”, ha defendido en una entrevista en Rac1.

Asens: “El concepto lawfare no aparece en la ley, solo en un comunicado”

El exdiputado y negociador de Sumar, Jaume Asens, ha precisado esta mañana en SER Catalunya que el concepto de lawfare no aparece en ningún texto normativo, sino “en un comunicado de prensa que han hecho dos partidos”. Asens ha insistido en que es un concepto político, no jurídico y ha recordado que su significado “está muy aceptado”.

El exdiputado ha celebrado el acuerdo porque supone empezar “a pasar página” de “una serie de hechos” que “no deberían haberse producido”. “Nos permite mirar hacia un futuro de esperanza y demuestra que España avanza en democracia”, ha precisado.

La sede de Junts per Catalunya en Barcelona ha amanecido este miércoles con pintadas a favor de Palestina y denunciando connivencia del partido con los bombardeos de Israel sobre Gaza. “Condenamos esta gamberrada en nuestra sede nacional. Así no”, ha declarado el secretario general Jordi Turull. El partido lo ha denunciado a los Mossos d’Esquadra.

En las pintadas, tanto en la fachada de la sede como en el pavimento de la calle, se puede leer “Viva Palestina” y “Junts es cómplice del genocidio del pueblo palestino”. El incidente tiene lugar un día después de que haya trascendido que Junts y Ciudadanos tratan de sacar adelante en el Parlament una declaración a favor de Israel en pleno conflicto tras el atentado de Hamás y la posterior respuesta israelí en forma de bombardeos sobre Gaza.

Quien también ha repudiado las pintadas ha sido Laura Borràs, presidenta de Junts. “Respetamos y pedimos ser respetados. La divergencia nunca puede excusar la intolerancia ni el incivismo”, ha afirmado.

Más pintadas en el histórico barrio judío de Besalú

Por otro lado, el martes aparecieron varias pintadas de apoyo a Palestina en distintos puntos del antiguo barrio judío de Besalú (Girona). En concreto, dos estaban en la antigua sinagoga del pueblo y otra en un punto junto al río. Desde el Ayuntamiento de Besalú han condenado los hechos y exigen “respeto” por el patrimonio histórico del pueblo. En este sentido, el alcalde de Besalú, Lluís Guinó, señala que no es la primera vez que ocurre y ha explicado que esta semana la Brigada Municipal limpiará las pintadas.

El alcalde lamenta los hechos y recuerda que se ha hecho en una zona que es considerada Bien de Interés Cultural. Guinó ha explicó que las pintadas “tienen unos días” y arremetió contra aquellos que “no respetan el patrimonio”. Y es que hay que tener en cuenta que una se ha hecho junto a la que había sido la casa de los Astruc, una importante familia judía y que está junto a la antigua sinagoga de Besalú. De hecho, es uno de los espacios que se visita a través del recorrido que el Ayuntamiento propone para conocer el casco antiguo de Besaú.

La abogada y miembro del Comité de Garantías de Junts, Magda Oranich, se opone “radicalmente” a que una hipotética ley de amnistía pactada con el Gobierno incluya la condena a Laura Borràs por irregularidades en la Institució de les Lletres Catalanes.

Con estas palabras, Oranich contesta a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien pidió una ley de amnistía que diera cobertura a “todo el lawfare”, en el que incluye la condena a Borràs. Pero esta opción, para Oranich, es “una barbaridad”, ya que el caso de Borràs es por “un delito común”. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha señalado que hay otras medidas de gracia, como el indulto, planteado por el mismo Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, encargado de juzgarla y sentenciarla.

Oranich ha precisado que habla como jurista, no en nombre de Junts y, en este sentido, ha querido destacar la diferencia entre los indultos, que son personales, y una ley de amnistía, que es general. “La opinión pública inteligente ya lo ha entendido”, ha remachado la miembro del Comité de Garantías, que ha recordado que ella misma fue amnistiada tras la dictadura.

“Un delito que no tiene nada que ver con el 1O, como es un delito de derecho común, de falsificación de documentos, puede tener otras medidas de gracia, pero una amnistía política, radicalmente no”.

Esta no es la primera vez que Oranich se desmarca de las palabras de líderes de su partido en lo relativo al caso de la expresidenta del Parlament Laura Borràs.

En marzo, se convirtió en la primera voz del partido que planteó en público la necesidad de que Borràs dimitiera como presidenta y diputada tras su condena por corrupción. De esta manera, rompió la línea marcada por Junts y apostó porque renunciara a sus cargos públicos y se mantuviera al frente de la formación hasta que la condena sea firme. “Es de más dignidad”, dijo.

Junts mantiene las condiciones para una eventual investidura que fijó antes del 23-J. En una entrevista con la agencia ACN, Míriam Nogueras ha sostenido que es el PSOE quien “necesita los votos” y quien “tiene que moverse”. Debe hacerlo, según defiende la diputada, para celebrar un referéndum. Pero la portavoz de JxCat en el Congreso, como ERC, también pone sobre la mesa una ley de amnistía que dé cobertura a “todo el 'lawfare'”, entre la que incluye la condena a Laura Borràs por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo desde la presidencia de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Horas después del pacto que facilitó la elección de Francina Armengol como presidenta de la cámara baja, Nogueras reivindica que son “el único partido que nadie duda de qué lado de la mesa está”. Contrapone de esta forma su estrategia con la seguida por los republicanos hasta ahora.

En el último minuto, con la constitución del Congreso ya en marcha, Junts hizo público este jueves el acuerdo con el PSOE: solicitud de oficialidad del catalán, el euskara y el gallego en la UE, uso de estas lenguas en el Congreso y comisiones de investigación sobre Pegasus y los atentados del 17-A. Sus 7 votos sirvieron para elegir a Francina Armengol como presidenta y decantar la Mesa hacia la mayoría progresista. Pero Míriam Nogueras avisa de que “esta negociación va absolutamente desligada de la investidura” y que su partido “no fía”, sino que pide “pago por adelantado”.

Ahora, en la siguiente pantalla de negociación –la investidura–, desde JxCat mantienen “obviamente” el referéndum y la ley de amnistía como condiciones, porque es “lo que siempre han dicho”. En este sentido, Nogueras afirma que “todo el mundo debe tener muy claro que esto no es para que el PSOE de Pedro Sánchez pueda seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora”. Y avisa: “O el PSOE tiene claro que debe hacer lo que nunca ha hecho hasta ahora, o no habrá investidura”.

En cuanto a la ley de amnistía, la portavoz de Junts en el Congreso señala que debe dar cobertura a “toda la 'lawfare', que hace referencia a lo que entendemos por procés, a todas las personas afectadas por la injusticia española”. Y deja claro que “obviamente” la presidenta del partido, Laura Borràs, también debe formar parte, porque “es víctima de la 'lawfare”.

Justamente el TSJC, en la misma sentencia que condenaba a Borràs a cuatro años y medio de prisión por la adjudicación de contratos a la ILC, planteaba al gobierno español el indulto parcial que evitara su entrada en prisión.

Las estrategias de Junts y ERC

Tras el acuerdo para la Mesa del Congreso, desde Junts reivindican su estrategia negociadora. “Tenía que terminar este entreguismo, desde hace tantos años, de ERC en el PSOE, que no ha llevado a ninguna parte”, critica Nogueras. La portavoz parlamentaria defiende que son “el único partido que todo el mundo sabe a qué lado de la mesa se sienta, lo que defiende y sus intereses”.

En cambio, preguntada por los republicanos, la dirigente de Junts no lo tiene tan claro: “No es algo que diga yo. Es algo evidente. PSOE y ERC han sido socios de investidura y legislatura. Supongo que a cambio de cosas de partido, pero Catalunya no ha ganado nada”.

Sin embargo, Míriam Nogueras “celebra” que los republicanos “vayan rectificando las declaraciones que han ido haciendo” y que “vayan hacia nuestra estrategia”. Niega que sea Junts quien haya cambiado de estrategia en Madrid: “En ningún caso”. Si no han llegado a acuerdos antes, concluye, se debe a que “no habían picado en nuestra puerta hasta ahora”.

El Consejo del 19-S, la “prueba del algodón”

Tal y como pactó con Junts, el ministro José Manuel Albares ha solicitado la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea y su inclusión en el orden de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE del próximo 19 de septiembre. Para que prospere la modificación del reglamento número 1 es necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembros. En este contexto, Junts avisa de que “el Gobierno español debe ser muy proactivo para que el día 19 vaya bien”.

“Nunca ha habido en este Consejo una solicitud de incorporación de lengua oficial que no se haya aprobado por unanimidad”, subraya Míriam Nogueras, que insta al Estado a realizar su labor diplomática para que se apruebe. “Si ocurre algo, seguro que la culpa es de España”, afirma. Por ello, y con la vista ubicada en las negociaciones para la investidura, sitúa la reunión del 19 de septiembre como “la prueba del algodón”.

Puigdemont, “enterado de todo”

Míriam Nogueras evita detallar quién forma parte del equipo negociador, pero señala que el expresidente Carles Puigdemont se ha involucrado y está “absolutamente enterado de todo”. También esquiva responder si será necesaria una llamada o una reunión entre Pedro Sánchez y el eurodiputado de Junts, pero sostiene que “lo que tenga que hablar con el PSOE y Sánchez se hará directamente con ellos y al más alto nivel”.

La portavoz de Junts no descarta una repetición electoral. “Es un escenario posible”, admite Nogueras, quien concluye: “Ahora mismo, ni Feijóo ni Sánchez tienen los votos que necesitan”.