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Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión por corrupción pero con una vía para no entrar en la cárcel

Borràs, tras la sentencia este jueves

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la líder de Junts, Laura Borràs, a cuatro años de prisión y a 13 de inhabilitación por haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a su amigo Isaías H. No obstante, los magistrados reclaman un indulto parcial para Borràs con el único objetivo de que no tenga que entrar en prisión (algo que no la salva de ser apartada de los cargos público). Borràs ha cargado contra los jueces y ha tildado de “execrable” su sentencia.

El amigo de Laura Borràs la incrimina ante el juez: "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos"

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A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la líder de Junts. La petición de indulto no se tramitará hasta dentro de varios meses, una vez el Tribunal Supremo emita su sentencia firme.

Más allá de la inesperada petición de indulto, los magistrados no albergan dudas: Borràs “fraccionó fictíciamente” 18 contratos para trabajos informáticos de la ILC entre 2013 y 2017 y los otorgó a dedo a Isaías H. “con plena conciencia de despreciar y prescindir de los más elementales requisitos de la contratación administrativa”. Su objetivo: beneficiar a su amigo y eludir los controles de la Intervención de la Generalitat. La sentencia se puede consultar al final de esta información.

Para condenar a Borràs, los magistrados se apoyan en varias pruebas: los reveladores correos electrónicos que se cruzaron Borràs e Isaías H., en los que la líder de Junts escribió “la cuestión es fraccionar”; los testimonios de los extrabajadores de la ILC que criticaron las “irregularidades” de Borràs; y los audios que la líder de Junts envió a uno de sus funcionarios para preguntar por los expedientes. Además, los otros dos acusados, Andreu P. e Isaías H., confesaron e incriminaron a Borràs a cambio de una rebaja de pena.

La sentencia impone dos años de cárcel a Isaías H. y un año y dos meses para Andreu P., quien se prestó a hacer facturas falsas para encubrir las irregularidades, ambos como cooperadores necesarios del delito de falsedad documental, una pena que se les suspenderá para que no entren en la cárcel.

El tribunal ha descartado las seis vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por Borràs, que ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo y ha evitado pronunciarse sobre la petición de indulto incluida en la sentencia. La resolución cuenta con un voto particular en el que la magistrada María Jesús Manzano propone condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión ante la pena de prisión “desproporcionada y excesiva” decidida por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el magistrado Fernando Lacaba.

El porqué de la petición de indulto

La petición de indulto parcial realizada por el TSJC, adelantada por El Món, se encuentra recogida en el Código Penal. En su artículo 4.3, la norma permite a los jueces plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.

Eso es lo que, a criterio de la Sala Civil y Penal de TSJC, ha ocurrido con Borràs: el tribunal concluye que la líder de Junts se concertó con su amigo Isaías H. para otorgarle a dedo contratos de la ILC que debían haberse vehiculado con un concurso público. Ambos acordaron confeccionar tres facturas falsas para enmascarar que había tres ofertas cuando en realidad ya estaba decidido que Borràs encargaría los trabajos a Isaías H.

Sin embargo, como Isaías H. terminó realizando efectivamente las webs para la ILC y Borràs no se llevó un euro al bolsillo, el tribunal ha optado por pedir al Gobierno un indulto parcial para la líder de Junts que le salve de entrar en prisión.

Al condenarla por prevaricación y falsedad documental en documento público –las adjudicaciones a dedo a Isaías H.– y mercantil –las facturas falsas enviadas a la ILC para simular tres ofertas–, la pena mínima a imponer a Borràs por este segundo delito son cuatro años y medio de cárcel –la Fiscalía le pedía seis–, pero el tribunal entiende que se trata de una condena “desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos” de Borràs.

La Sala remarca que la corrupción de Borràs e Isaías H. no causó “perjuicio económico” a la ILC y que ambos condenados no buscaron enriquecerse, sino únicamente “enmascarar” ante la Intervención de la Generalitat con facturas falsas la “conducta prevaricadora inicial”, esto es, la decisión de otorgar a dedo los contratos al informáticos.

Borràs tilda la sentencia de “execrable”

El juicio evidenció el creciente aislamiento de Borràs en la política catalana. El apoyo de Junts fue de circunstancias: se celebró una pequeña concentración de apoyo el primer día y algunos dirigentes acudieron a la sala de vistas del TSJC en la última sesión del juicio. El sector moderado de Junts –exconsellers, el alcaldable Xavier Trias...–, enfrentado a Borràs, se ausentó de la protesta.

Este jueves sí ha arropado a Borràs todo el grupo parlamentario de Junts en pleno. “Es una sentencia execrable, una aberración judicial y democrática”, ha afirmado Borràs en una declaración sin preguntas de la prensa ante el Parlament. Además de arremeter contra los jueces, Borràs ha criticado, como ya hiciera cuando fue suspendida como presidenta del Parlament, al resto de partidos políticos de la Cámara: “Les invito a reflexionar si todo vale y si se pueden aprovechar para fines partidistas los efectos de la represión española contra el independentismo”. La oposición ya ha vuelto a reclamar su dimisión. El próximo capítulo del caso Borràs se dirimirá ante la Junta Electoral Central (JEC), que podía dejar ya sin escaño a Borràs.

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