A priori, un libro que se titule Las dos Españas (Espasa, 2025) puede parecer nada apetitoso a espíritus poco interesados en el análisis, a veces obsesivo, de algunos hispanistas respecto a los acontecimientos de la guerra civil española, sin duda una de las grandes tragedias de nuestra historia. Sin embargo, el título lleva una gran carga de fondo y la lectura de este ameno ensayo, con autoría del historiador británico afincado en Barcelona Henry Kamen (Rangún, 1936), resulta cuanto menos sorpresiva por el gran afán desmitificador que tiene.

No solo respecto al mito de las dos Españas inmortalizadas en el poema de Machado (“Españolito que vienes al mundo, / te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”), mito cuyo nacimiento Kamen sitúa ya en el XVI, en pleno Siglo de Oro —otro mito según este historiador, pues fue un siglo que, aunque glorioso en lo artístico, resultó desastroso en lo económico, en lo social y en materia de enfermedades y epidemias—, sino también al afán desmitificador respecto al concepto historiográfico de España que tenemos los nativos y residentes en este país.

“El libro quiere ser una invitación a quien lo lea a no conformarse con una cierta historia supuestamente oficial y muy asentada, e investigar algo más lo qué pasaba en España en las distintas épocas”, explica Kamen en una conversación con elDiario.es a través de videoconferencia, que él pide que se realice en catalán para “ayudar a desmitificar un poco la presencia omnímoda del castellano en nuestra sociedad”. Kamen se maneja perfectamente en este idioma, en castellano y lógicamente en inglés.

La España mítica frente a la España real y viva

Como se ha dicho y según cuenta Kamen, el binarismo dialéctico entre las dos Españas, la pura, esencial y verdadera y la creada por elementos extranjeros y los enemigos de España, la a veces llamada anti-España, se inicia en pleno siglo XVI, en el debate entre intelectuales, y es un “conmigo o contra mí” que nace de las discusiones sobre temas como las campañas militares en Países Bajos, el coste del Imperio de ultramar o incluso el papel de la Inquisición en la guarda de las esencias católicas de la nación.

A este respecto, explica Kamen que “los peores enemigos de la Inquisición eran los propios españoles, como se ve a través de sus escritos, de sus pensamientos y sus actitudes”. Tampoco las campañas, por algunos hoy en día tildadas de gloriosas, del duque de Alba en Países Bajos y Portugal fueron cantadas y loadas en su tiempo, más bien todo lo contrario: tuvieron muchos críticos, incluso dentro de la comunidad española en Flandes. “Las guerras en Países Bajos son uno de los temas de debate más agrios y encendidos entre intelectuales de aquellos tiempos”, desvela el historiador.

“Si hay dos Españas, una es la mítica y, después, la otra es la real, que necesita de los historiadores para explicar que son muchas Españas y que es muy complejo de explicarla con cuatro definiciones, que es lo que muchos intelectuales han intentado reiteradamente hacer a lo largo de los siglos”, reflexiona Kamen. “El problema es que nos empujan continuamente al mito de las dos Españas: la España buena para unos —un mito que coincide con la una, grande y libre— y la España de los demás, los enemigos que no reconocen la grandeza de España, que es otro mito”, prosigue. “Pero hay muchas otras Españas que no coinciden con estos mitos y, desde mi punto de vista como historiador, opino que estas se han dejado de estudiar intencionadamente en favor de un discurso intelectual simplificador”, concluye.

La mitificadora Generación del 98

Kamen cita en el libro a Unamuno, Menéndez Pidal u Ortega y Gasset no precisamente por sus aportaciones de valor, que reconoce que las tuvieron, sino como perpetuadores interesados del mito de las dos Españas, de nuevo la pura, esencialista y espiritualmente superior al resto de naciones del mundo y la anti-España pergeñada por agentes extranjeros. Apunta a discursos como el del famoso “¡Que inventen ellos!” de Unamuno, en el que el pensador vasco se quejaba del odio que, según él, otras naciones le profesaban a España y que, también según él, era debido a la superioridad de España. El “¡Que inventen ellos!” era una forma de decir que, por mucho que progresen las demás naciones, jamás podrían equipararse con España, que debía seguir centrada en su camino espiritual.

El problema es que nos empujan continuamente al mito de las dos Españas: la España buena para unos —un mito que coincide con la una, grande y libre— y la España de los demás, los enemigos que no reconocen la grandeza de España y que es otro mito

Aunque Kamen reconoce que este y otros escritos se producen en un momento de dolor por la pérdida de Cuba y la consciencia de la irrelevancia internacional del país a las puertas del siglo XX, reprocha a aquellos intelectuales la falta de fundamento histórico de su discurso. Cree que “se basaban solo en el mito, sin profundizar en el abundante material que desmiente su visión”. A Unamuno, de quien dice que “fue más inteligente que intelectual”, le reprocha “una manera de intentar explicar cómo un país puede fallar históricamente cuando realmente para él es el mejor país del mundo, el más perfecto del mundo, algo que los demás no reconocen”.

Unamuno pensaba que había una sola España, la suya, y los que no pensaban como él no eran de España, eran enemigos de España y culpables de todos los defectos de España

“Unamuno pensaba que había una sola España, la suya, y los que no pensaban como él no eran de España, eran enemigos de España y culpables de todos los defectos de España”, insiste Kamen que, no obstante matiza: “Respeto cualquier visión de España que se quiera tener, incluso la del franquismo y sus descendientes o los nostálgicos del imperio, pero pido que todas estas opiniones sean elaboradas en base a la investigación histórica, que es algo que en España se hace muy poco [se entiende que por parte de los políticos]”. “Unamuno y su generación fueron unos completos ignorantes de la historia de España”, concluye. Y añade que “durante todos los años que Franco rigió los destinos de España, esta no dio un solo historiador de relevancia”.

Los altos costes del Imperio de ultramar

De este modo tal vez se descubriría, como explica Kamen en Las dos Españas, que la cuota de castellanos en los famosos tercios de Flandes fue minoritaria, es decir que el Capitán Alatriste no es en absoluto representativo del soldado medio español del siglo XVI, donde predominaban los alemanes, los italianos y gente de otras naciones en régimen de mercenarios. También que el Imperio no hizo rica a España, sino que más bien terminó por arruinarla a la par que las demás naciones europeas sí se enriquecieron con él.

“Hay una cosa que Trump tiene claro respecto de Estados Unidos que España no la tuvo nunca, y es que un imperio debe crear riqueza a aquellos que lo crearon, no a aquellos a quienes se encarga su mantenimiento”, señala Kamen, que apunta que “mantener el imperio le resultó terriblemente caro a España, que gastó toda su fortuna en tal tarea”. España extraía de América las materias primas y después buques franceses, ingleses, alemanes, holandeses o portugueses las embarcaban, distribuían y vendían, quedándose con el grueso del beneficio.

Hay una cosa que Trump tiene claro respecto de Estados Unidos que España no la tuvo nunca, y es que un imperio debe crear riqueza a aquellos que lo crearon, no a aquellos a quienes se encarga su mantenimiento

En cuanto a la plata del Potosí, según cuenta el autor, la mayoría fue a parar a las campañas militares en Europa, sin apenas pisar suelo español, puesto que se compraban víveres y armamento al resto de naciones europeas. En el libro cita numerosos ejemplos del desagrado que el imperio producía en muchos españoles, que jamás vieron ninguna mejora económica ni estructural para el país. Al contrario, es a partir del siglo XVI que comienza su vaciamiento, en dirección a América, a las campañas del duque de Alba o hacia las ciudades.

Ni católica, ni fanática ni uniformemente castellana

Las dos Españas busca, en palabras de Kamen, “dar una referencia de la bullente complejidad y diversidad española y su gran creatividad, que son cosas que no se reflejan en la visión general más extendida”. Apunta en el libro cosas como que la presencia española en el resto de Europa a lo largo de los siglos fue importante –cita a Vives, a Servet, a Fadrique Furiol y otros–; también que el mito de la España ferviente y católica es solo eso: un mito.

Los españoles siempre han sido muy católicos en sus manifestaciones culturales, pero en el fuero interno lo han sido mucho menos

“Los españoles siempre han sido muy católicos en sus manifestaciones culturales, pero en el fuero interno lo han sido mucho menos, tal como demuestra numeroso material historiográfico sobre la pobre presencia de la Iglesia en muchas zonas a lo largo de la historia, o sobre la asistencia regular a misa”, aclara. Tampoco el peso de la Inquisición en la vida cotidiana era tal, y depende en qué zonas –la mayor parte del país en realidad– era casi anecdótico. El propio Felipe II, a quien se tilda con frecuencia de fanático religioso, vio unos pocos autos de fe en su vida, forzado por el protocolo y evitando siempre presenciar las ejecuciones.

E incluso cita Kamen el Spain is different que acuñó el ministerio de Turismo de Fraga en la década de los 60 del siglo pasado. “No es tan different como siempre se ha querido vender, pero sí lo fue en algunos aspectos, porque tuvo la virtud de evitar entrar en dos guerras mundiales, lo que indica curiosamente una visión de tolerancia global y muy internacionalista, justo lo contrario a lo que predica el mito”, explica el historiador.

No me gusta demasiado el concepto de Estado español, prefiero hablar de España, de la real, diversa y compleja, y luchar porque en las escuelas se pase a enseñar la verdadera historia de un país que no solo habla y piensa en castellano

Finalmente, preguntado por esas dos Españas interiores, la central y castellana y las periféricas, en algunos casos con una fuerte entidad nacional propia, Kamen asume que ese problema histórico existe desde la llegada de la Nueva Planta de Felipe V y su imposición de la visión castellana de España, pero cree que la mejor manera de combatirla es a través de la educación de las futuras generaciones, para convertir la famosa “conllevancia” orteguiana en “comunión”. “No me gusta demasiado el concepto de Estado español”, dice. “Prefiero hablar de España, de la real, diversa y compleja, y luchar porque en las escuelas haya un cambio en el discurso y se pase a enseñar la verdadera historia de una España que no solo habla y piensa en castellano”, remacha para concluir.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido este sábado en su discurso en el Comité Federal de su partido el acuerdo que el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanzó con la dirección de ERC sobre un nuevo sistema de financiación que permitiera a esta Comunidad recaudar el 100% de sus impuestos.

El acuerdo, condición sine qua non para que Illa pudiera ser investido con los votos de ERC, ha generado malestar en una parte de los barones regionales del socialismo español por temor a que su implantación implique una infrafinanciación a sus respectivas Comunidades Autónomas. En el marco de este recelo, Illa ha querido transmitir en su discurso un mensaje de firmeza y confianza en que el nuevo sistema no olvidará la solidaridad de Catalunya hacia las demás Comunidades del Estado.

“Lo he dicho en público y en privado, mi proyecto es un autogobierno fuerte –en el que se inscribe el acuerdo de financiación– y una implicación en la mejora de España en una Europa de horizonte federal”, ha declarado el presidente catalán, que también ha reiterado que “Catalunya no solo no se va, sino que vuelve” en referencia al fin de la etapa del procés.

“Os hablo hoy como primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat”, ha proseguido Illa. “He sido ministro de España, sé lo que es España y lo que es Cataluña, sé que estoy dónde estoy como resultado de un esfuerzo colectivo de todas y todos vosotros”, ha agregado con afán tranquilizador y finalmente ha prometido a sus compañeros: “El mismo entusiasmo, la misma convicción, el mismo esfuerzo desinteresado y la misma ayuda que hemos sentido los socialistas catalanes la vamos a devolver multiplicada”.

Siete años de las 'leyes de desconexión'

Illa ha querido referir especialmente la superación del momento más complicado de la etapa del procés, los meses de septiembre y octubre de 2017. “Hoy hace exactamente siete años, el Parlament de Catalunya aprobaba las leyes de desconexión, dando inicio a la mayor crisis territorial de nuestra democracia”, ha recordado. 

Tras preguntarse cómo había sido posible pasar en siete años de una mayoría independentista a otra, la actual, socialista y con un gobierno catalán prácticamente monocolor del PSC, Illa ha respondido con convicción: “Ha sido el diálogo, la política del diálogo; han sido sido los indultos, que para algunos rompían España; ha sido la modificación del Código Penal, que para estos mismos volvía a romper España”.

“Y ha sido la ley de amnistía”, ha proseguido el president, “una ley que, pese a que algunos se resisten a aplicar, no solo no ha roto nada, sino que ha ayudado a superar, por el bien de Catalunya y España, unos años malos para todos de los que el resultado de las elecciones del 12 de mayo son testimonio”. 

Sánchez pide profundizar en el estado federal

Las palabras de Illa van en la misma línea del discurso que antes ha efectuado el presidente del Gobierno, que ha abierto la puerta a más autogobierno fiscal para otras Comunidades entre las críticas de varios líderes territoriales al pacto alcanzado en Catalunya. Además, Sánchez ha confirmado que optará a la reelección como secretario general de los socialistas.

El presiente ha solicitado el respaldo de su partido para profundizar en un modelo federal que otorgue más capacidad de autogobierno al conjunto de Comunidades Autónomas al tiempo que aseguraba que la reforma del modelo de financiación que su Ejecutivo llevará a cabo será beneficiosa para el conjunto de territorios porque servirá para ahondar en las políticas públicas que defienden los socialistas.

Respecto a las criticas del Partido Popular al modelo de financiación propuesto en el acuerdo, Sánchez ha acusado a los conservadores de querer tender una cortina de humo: “La financiación autonómica es una coartada. Es la enésima excusa con la que pretenden ocultar su proyecto neoliberal”.

Malestar a las puertas de Ferraz

Pero pese a los discursos de Illa y Sánchez, el malestar se ha dejado notar en este Comité Federal. Por primera vez en mucho tiempo este foro se ha convertido en un ágora de intensa discusión interna en la que a las voces críticas habituales de los barones socialistas de manchegos y aragoneses se han sumado otros dirigentes.

A nivel de calle y las puertas de la sede de Ferraz, a su llegada al cónclave varios líderes territoriales se han mostrado críticos con la reforma del sistema de financiación pactada con Esquerra a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. En este contexto, las palabras más contundentes han sido las de Emiliano García-Page, el más combativo de los barones.

“Vengo con una enorme preocupación por el país y por los valores fundacionales de la izquierda y de la socialdemocracia. La propuesta que he leído, que es de Esquerra, es más egoísta que socialista. Es incomprensible e indefendible”, ha protestado Paje ante los micrófonos para después ingresar en el Comité.

A sus 86 años, Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) desborda optimismo. Pese al auge de los discursos ultras y excluyentes él no solo ve vigente el modelo democrático sino que considera posible ampliar el papel del 'demos', el pueblo, no solo para conseguir sociedades más justas sino también para asegurar el futuro del planeta, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas pero también el cambio de paradigma que a su juicio lleva produciéndose en los últimos años en el control y la administración de lo público, así como en la intervención de los estados en los grandes medios de producción.

No se trata, en su opinión, de acabar con el capitalismo sino de aprovechar las oportunidades que ofrecen los movimientos sociales y las sinergias entre diferentes para superarlo, en una suerte de transición que equipara a la superación del feudalismo. El que fuera uno de los fundadores de Comisiones Obreras (CCOO), encarcelado en el franquismo precisamente por su militancia sindicalista, sigue dando muestras de su compromiso político y se sitúa a la vanguardia del pensamiento progresista al apostar por una Europa y una mundialización inclusivas, democráticas, sostenibles y más igualitarias.

Sartorius acaba de publicar La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo (Anagrama, 2024), un ensayo en el que revisa los cimientos del sistema para proponer un nuevo modelo, renovado y global, que vaya superando esos elementos más nocivos del capitalismo. El ensayista ve necesaria una política internacional, de unidad de acción de partidos, sindicatos y movimientos sociales, ejercida tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones, siempre en pos de un mundo menos desigual.

La entrevista con elDiario.es tuvo lugar la semana pasada en la redacción central de Madrid. El próximo jueves Sartorius presentará de forma oficial el libro en el Ateneo de Madrid acompañado de Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, y Jordi Gracia, adjunto a la dirección de El País.

De la tradicional teoría de las izquierdas de vencer al capitalismo usted, en su libro, pasa a plantear que se vaya superando el capitalismo. ¿Qué significa eso?

Hasta ahora la tradición de la izquierda había sido que en el capitalismo hay que hacer una revolución y acabar con él. Y yo sostengo que eso no es así. No hubo un momento en el que de repente uno derrotó al esclavismo o al feudalismo sino que fueron procesos históricos en los que en las sociedades anteriores nacieron los elementos para superarlas. Es un proceso en el que se van introduciendo elementos de una lógica diferente dentro de los estadios sociales anteriores. Lo que sostengo en el libro es que en el sistema actual, que empieza ya a no ser adecuado para las nuevas fuerzas productivas, se deben introducir elementos que ya están en una lógica diferente.

Es un poco utópico lo que plantea viendo cómo está evolucionando el mundo y las lógicas ultracapitalistas instaladas, por ejemplo, en China o Estados Unidos.

Eso es una apariencia. En el libro pongo muchos ejemplos de cómo se ha ido superando la lógica capitalista en muchos aspectos. Por ejemplo, en la economía, todas las empresas que funcionan públicamente ya no obedecen a una lógica capitalista y hay muchas. Funcionan en el capitalismo, pero no con la misma dinámica. En las sociedades anteriores a la Segunda Guerra Mundial no existía el que el Estado se apropiara de una parte fundamental de la renta y en cambio ahora hay países en donde el 38% –como el caso de España– el 47% –en Francia– o incluso el 50% –en los países del norte– de la riqueza se la apropia el Estado para poder dar servicios gratuitos en educación, sanidad, pensiones u otros derechos sociales. Eso es una manera de introducir lógicas que ya no son del capitalismo. La prueba es que a los capitalistas liberales eso les molesta mucho. Intentan siempre bajar impuestos y, por supuesto, introducir el elemento privado en la educación o la sanidad. Lo estamos viendo aquí en Madrid. Es una lucha y un paso enorme que se ha dado en la Unión Europea –porque prácticamente solo existe en la Unión Europea– que va en contra de la lógica del capital. También estamos viendo cómo hay empresas que eran privadas y en las que, en cambio, el Estado se ve forzado a participar por ser estratégicas. Ese es un elemento que va en contra de su lógica.

También en el ámbito de la energía quizá no se interviene directamente, pero sí se regula.

Sí, y ahora, ante la pretensión de la fusión del BBVA con el Sabadell, la última palabra la tiene el Estado o el Gobierno. Eso hace años era imposible.

Lo que quiere sostener es que hay ejemplos que demuestran que es posible esa superación del capitalismo.

Y hay países del mundo que ven a Europa como un modelo, como un ejemplo. En Estados Unidos hay fuerzas poderosísimas, ya con muchísimos millones de votos, a las que les gustaría tener sistemas parecidos al europeo.

Con una muy fuerte reacción.

Es una lucha a muerte, pero esa es la gran lucha del siglo XXI. Por ejemplo, Volkswagen, que es una empresa inmensa de 160.000 trabajadores, no es una empresa privada. Es una empresa en la que los trabajadores tienen derecho de veto, donde tienen presencia en el Consejo de Administración y el accionista principal es el länder donde está la empresa y también participa el Estado alemán. Es decir, funciona en el mercado porque tiene que vender coches, pero su lógica no es la misma. Imagínese cómo estaríamos si todas las empresas fueran así.

Tal y como asegura en el libro, uno de los principales impedimentos para que se supere ese modelo capitalista es la concentración de empresas y de poder de las multinacionales.

Eso tiene una pega y una ventaja. La pega es que concentran un poder inmenso, sobre todo financiero. Pero tiene una parte no tan negativa desde el punto de vista del futuro: cuanto más concentración se produce, más fácil es socializar. Un ejemplo puede ser el de Boeing y Airbus. Cuando tienes toda la industria aeronáutica en dos empresas es imposible que esas compañías sean privadas. Airbus es pública, participan el Gobierno francés, el italiano, el alemán y España, que tiene una participación menor. Lo mismo ocurre con Renfe y otras empresas. Los ferrocarriles en Europa son casi todos públicos. Y cuando se privatizaron, en el caso de Inglaterra, que los privatizó Thatcher, fue un desastre y hubo muchísimos accidentes. No funcionó. Es uno de los muchos mitos que yo destruyo en el libro. Es un mito decir que lo público no funciona y que lo que funciona es lo privado. Pues depende de en qué sitios y de qué manera, porque hay muchas cosas que son públicas y que funcionan mucho mejor que las privadas. Por ejemplo, la sanidad. Además, hay una razón más de fondo: a diferencia de la revolución industrial ahora se ha dado una revolución digital. Y esta plantea una cuestión clave. El objeto de esa revolución eres tú, no las manufacturas. La revolución industrial producía bienes y la revolución digital te produce a ti, tus datos. Somos algoritmos y todo funciona a través de esos algoritmos. No puede ser privada una cosa que eres tú porque eso va en contra de tu esencia, tu conciencia, tu pensamiento y la democracia. Llega un momento en que la democracia y ese capitalismo son inviables. O uno u otro. O la democracia controla ese capitalismo o ese capitalismo controla la democracia. La pregunta que hay que hacerse es: ¿vamos a permitir que cinco grandes multinacionales de los datos controlen la democracia o no? ¿O va a ser la democracia la que acabe controlando eso?

Es un debate que ha surgido, por ejemplo, en la Unión Europea, que es el único territorio que ha empezado a legislar al respecto.

También la Unión Europea es el único que tiene el Estado de Bienestar y es muy importante. Es un salto civilizatorio. Existe el modelo chino, en el que es el Estado el que controla todo y el americano, en el que lo controla son Google y las demás empresas. Europa tiene que ir a un tercer modelo, que es el que yo planteo. Un modelo democrático. No quiero ni que el Estado sea un Gran Hermano que te controla, ni que Google sea otro Gran Hermano que te controle. No me interesa ninguno de los dos. ¿Pero qué le pasa a la Unión Europea? Estas nuevas tecnologías son tan disruptivas que son muy veloces y la legislación no es veloz. Entonces, cuando la UE legisla, esas compañías ya están en otra fase. Ese es el problema. Por lo tanto, la única manera que tienes para que eso no suceda y estar siempre detrás es que tú democráticamente controles eso. Si no, estás perdido.

Sus planteamientos –y por eso le mencionaba la utopía– chocan directamente con un crecimiento de movimientos de extrema derecha con una reacción todavía más ultraliberal, también en la UE.

De todas maneras hay que distinguir las apariencias de la realidad. Por ejemplo, en Europa se han dado avances importantísimos últimamente, como pasar de las políticas de austeridad de 2008 a los fondos Next Generation para salir de la pandemia que han dado 140.000 millones al Estado español. Es mutualizar deuda que era lo que parecía imposible. Lo único que planteo ahora es que en tres casos concretos el Estado tiene que intervenir.

Democracia, cohesión social y sostenibilidad.

Claro, porque la globalización actual ha producido tres fenómenos que son letales. Uno: ha aumentado muchísimo la desigualdad. Es decir, tú coges hoy las cifras de las diferencias que hay entre los más ricos y son descomunales. Eso es disfuncional y choca con la democracia porque la desigualdad, cuando pasa de un cierto nivel, afecta a la libertad. O sea, tú eres libre siempre que tengas un cierto nivel económico, porque si no tienes casi ni para comer ni tienes casa... ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De la libertad de tomar cañas de la señora Ayuso? También existía en la dictadura. Yo también tomaba cañas entonces. La libertad y la igualdad tienen que ir unidas. Además de la democracia y la cohesión social esta el medio ambiente o la sostenibilidad. O tú controlas, riges y diriges los procesos económicos o la humanidad corre riesgos serios. Lo están diciendo los científicos.

Lo llevan diciendo más de 40 años, más de 50.

Y cada vez con informes más tremendos. Y no solo es el cambio de clima, es que los polos se derriten, los mares pierden las especies... Todo eso es incompatible con el capitalismo. ¿Y por qué cree usted que hay negacionistas? Porque son muy lúcidos y han comprendido que, si fuera cierto, el capitalismo estaba muerto. Probablemente a lo mejor con un exceso de optimismo yo sostengo que, históricamente, la humanidad, cuando ha llegado a una situación existencial provoca cambios. Hay quien dice que esta humanidad desaparecerá y yo creo que no, que habrá fuerzas que irán surgiendo cada vez más que digan que eso no puede funcionar así. El binomio ciencia y democracia es lo que puede salvar esa situación.

Ya que habla de exceso de optimismo, hay otra opción que plantea en el libro que es la unión o la unidad de todas aquellas fuerzas que podrían compartir ese diagnóstico y esa alianza basada en la democracia, la cohesión social y la sostenibilidad en un momento en el que parece que esa posibilidad es cada vez más difícil.

Bueno, es verdad que no está en el mejor momento.

Hablamos no solo de partidos políticos sino también de sindicatos y otras organizaciones.

El gran reto del siglo XXI es unir fuerzas para que den la batalla por la democracia. Por eso la llamo democracia expansiva. Tiene que expandirse la democracia. Si no, ganarán los malos.

Cuando le mencionaba el exceso de optimismo es porque en España no dejamos de ver las dificultades para que fuerzas políticas progresistas se unan. Si dentro de un Estado hay esas dificultades, a nivel mundial...

España es de los sitios donde mejor está porque no son lo mismo la apariencia y la realidad. La apariencia es la pelea, el insulto, pero la realidad es que es la primera vez en 50 años de democracia en que hay un Gobierno de coalición del PSOE con su izquierda. Eso no se había logrado nunca. También hay unos sindicatos que tienen una unidad de acción bastante razonable y pactan con el Gobierno –y algunas veces con la patronal– para avances sociales. La realidad es que en España hoy estamos en la mejor situación probablemente de Europa. Y por eso la batalla hay que ganarla en Europa. Y es importantísimo el papel de los sindicatos. Yo les dedico varios capítulos. ¿Por qué? Porque si los sindicatos son fuertes la democracia es fuerte.

Al leer el libro no he podido evitar acordarme de lo que planteó el presidente del Gobierno cuando habló de regeneración. ¿Qué opina sobre ese planteamiento?

Es bueno reflexionar sobre el tema del Poder Judicial. Me parece estupendo. Es un escándalo que lleven cinco años sin modificar el Consejo. Y respecto a la prensa, la solución no pasa por controlar ni medios ni nada. Eso es malísimo. Pero sí es necesaria una cierta transparencia. Yo me conformaría con que todos dijeran quién los financia.

Que es algo que se aprobó la semana pasada en el Parlamento Europeo.

Ya sería un paso. Usted opina y dice cosas, bueno, pues dígame quién está detrás, quién le financia. Pero no me parece que el problema que tengamos sea solo de regeneración. Va mucho más allá. La fortaleza de la democracia está en la cohesión social, la cohesión territorial, la fortaleza de las instituciones y el proceso europeo. Y eso, evidentemente, es algo más que la regeneración. Por ejemplo, en el caso de España no puedes tener la presión fiscal que tienes ahora, tienes que tener algo más. Es lacerante que España sea el país donde haya más pobreza infantil o que la sanidad esté en decadencia. Para eso hace falta dinero y por lo tanto ahí es donde habría que ir a fortalecer a Estado. Eso es fortalecer la democracia. Por eso planteo ir a un sistema federal. El federalismo social sería una buena solución porque en España estamos en una deriva en la que los territorios cada vez son más desiguales.

Como víctima de la represión franquista, ¿qué le parece cuando el Partido Popular habla de que el actual gobierno es una suerte de gobierno peor que el del franquismo? ¿O cuando lo cita como si fuese algo dictatorial?

Me parece tal estupidez que no le doy ni 30 segundos. Es una infamia, es una falsedad. No solo es falso, es peor que eso. Es raro que un partido que aspira a gobernar y que ha gobernado, que se llama de Estado, tenga esas opiniones. Es muy triste, nefasto e intelectualmente pobre.

El cofundador de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius defiende un modelo federal para España. “Es su composición natural”, ha dicho en un encuentro organizado por Club Siglo XXI en el que ha apostado por algunos cambios que, sin necesidad de modificar la Constitución, pueden profundizar la federalización del país, como un cambio en la financiación autonómica o una distribución diferente de las comunicaciones. 

“Ante la cuestión territorial: ¿Una solución federal?”, era el disparador de la charla en la que ha participado el exdiputado del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, encarcelado durante el Franquismo por su vinculación a CCOO. “El federalismo de alguna manera es la composición natural de España. En su historia, la pluralidad es una realidad”, ha defendido para comenzar su intervención. 

Para Sartorius, hay dos tendencias que ponen en peligro en estos momentos la integración del país. Por un lado, las tensiones bilaterales de los diferentes territorios. “Todo el mundo quiere ser bilateral: ¿qué hay de lo mío? Lo están imponiendo, con una cierta lógica, los nacionalismos catalán y vascos. La bilateralidad es el principio de la confederación. Creo que es el principio de la desintegración”, ha planteado.

El otro peligro: las pulsiones privatizadoras. “Nuestro estado es mentira que sea un estado liberal. Es un estado social. El estado social quiere decir el estado de bienestar. La educación gratuita, la sanidad gratuita. Atacar ese estado social es atacar la esencia de nuestro estado español, que es un estado social”, ha redundado en su intervención, en la que ha apostado por una Europa que incluya también la cuestión social y no solo la económica.

Para caminar a esa España federal, ha dicho el histórico dirigente comunista, hay reformas que necesitan una modificación constitucional. Entre ellas la conversión del Senado en una Cámara realmente territorial o la modificación de algunas competencias de las comunidades autónomas. Pero para otros aspectos no es necesario, ha dicho: “Basta con acuerdos”. 

Entre ellos, la mejora de la financiación autonómica. “Nosotros tenemos todo tan abierto que cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera es como un mercado persa”, ha bromeado. “No hay ninguna comunidad autónoma –excepto Euskadi y Navarra– que piense que está bien financiada”, ha dicho. Ha defendido otras medidas como una mejora de las comunicaciones por tierra, una red de tren menos radial, o trasladar algunas instituciones a otros territorios, como han comenzado a hacer el Gobierno. 

También ha defendido institucionalizar las conferencias de presidentes para que no dependan de la voluntad del presidente de turno. “Es una de las instituciones más federales que tenemos”, ha dicho al recordar que en otros países como Austria o Alemania están incluso reflejadas en sus constituciones. 

“El derecho de autodeterminación es profundamente reaccionario”

Sartorius ha dedicado buena parte de su discurso a hablar del derecho de autodeterminación o del derecho a decidir que reclaman los partidos independentistas. “En la Unión Europea, el derecho de autodeterminación es profundamente reaccionario. A ver si se entera cierta izquierda. Profundamente reaccionario dividir a los países ante grandes monstruos como Estados Unidos, la India o China. Hay que unir cada vez más”, ha reivindicado. “Sería una catástrofe desde el punto de vista de la izquierda”, ha añadido a continuación. 

“Les digo a los nacionalistas una cosa que les molesta. Cuándo os queréis separar, ¿de qué os separáis? ¿De qué queréis separaros? ¿De España? No. De España y de Europa. Ese es el eje fundamental para desmontar el separatismo. Les importa un bledo separarse de España pero no de Europa. No se pueden ir de España sin irse de Europa”, ha defendido Sartorius sobre un posible referéndum de independencia, que ha considerado que iría en contra de la Constitución. 

“Someter a votación o referéndum si un territorio forma parte de España no es un tema político de especial relevancia sino ir al corazón del poder constituyente. Eso significaría otra constitución. Haría falta una reforma de la Constitución”, ha insistido. 

“España se rompe”, es el clamor impostado que resuena en nuestro país desde hace décadas. Cada vez con más frecuencia y desmesura. 

La realidad no avala el griterío. La única España que está en quiebra es la que habita en las mentes de unas derechas nostálgicas del pasado. Un país que no ha sido nunca el real, ni tan siquiera cuando se ha impuesto a la ciudadanía por la vía de las armas y el fascismo. 

Esta hiperbólica denuncia de las derechas no es creíble para la mayoría, pero produce un grave efecto colateral: impide ver otros problemas que sí son reales. Entre ellos, la fractura social que provoca una desigualdad de renta y riqueza cada vez más brutal y el proceso de desvertebración de nuestra sociedad. 

No son un fenómeno específico de España. Los impactos de una digitalización que propicia la fragmentación de nuestros trabajos y nuestras vidas y una globalización sin limites ni contrapesos nos ha conducido a sociedades cada vez más desestructuradas. Frente a ello la política y las instituciones se enfrentan a serias dificultades para cumplir su función de integrar intereses y vertebrar identidades.

En el caso de España llueve sobre mojado y el país se inunda por sus flancos más frágiles. Nuestra historia contemporánea es la de una constante búsqueda de una cohesión cívica construida a partir del consentimiento. Hemos pagado la factura de un Estado débil por su incapacidad de generar vínculos emocionales fuertes con la ciudadanía. Las grandes desigualdades sociales y la negación de la pluralidad lingüística y cultural han impedido que grandes sectores de la sociedad española asumieran como algo propio el Estado español. 

Han sido muchos y diversos los intentos de hacer converger la España real con sus instituciones. Hasta finales del siglo XX, con más frustraciones y derrotas que éxitos.

Los mejores ensayos siempre llegaron a contrapié. Así lo expresó hace 150 años Pi i Margall, después de su breve presidencia: “La República vino a deshora cuando, fatigada la nación por cinco años de lucha, estaba más sedienta de reposo que de nuevos ensayos”. 

La segunda república llegó más a destiempo aun que la primera. Un mundo intentado salir del gran crac financiero del 29, marcado por los conflictos sociales generados por un capitalismo salvaje y Adolf Hitler a un paso de ser elegido canciller en las urnas. No es casual que la guerra civil provocada por el golpe de estado fascista de 1936 fuera la antesala de la Segunda Guerra Mundial. 

El período histórico de 1975/1978 no era tampoco el mejor momento para iniciar una triple transición rupturista –económica, social y política–. Cuando en España iniciamos el proceso de reconstrucción, después de cuarenta años de dictadura, lo hacíamos con la mirada puesta en un modelo de Estado social y democrático de derecho que en Europa comenzaba a desdibujarse. De nuevo a contrapié de la historia. España se puso a construir, con cuatro décadas de retraso, su peculiar contrato social, cuando en Europa se iniciaba su desmantelamiento fruto de la tormenta perfecta. Una grave crisis económica, los inicios de la globalización y una ofensiva ideológica reaccionaria (Thatcher 1979; Reagan 1980). 

No era el momento más propicio, pero así es nuestra historia y la de la humanidad. Lo describe perfectamente Marx en el '18 Brumario de Luis Bonaparte': “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”. 

Las condiciones en las que se produjo la Transición ayudan a entender el inmenso esfuerzo y mérito colectivo que supuso abordar de manera simultánea la reforma política, la reconstrucción cívica, la reconversión económica y la construcción social iniciada en los años 70. También se entiende mejor –sin necesidad de justificarlas– sus limitaciones y frustraciones, que de todo hay, especialmente en aquellas generaciones que no lo vivieron en primera persona. 

Hoy, 45 años después, disponemos de distancia temporal y emocional para valorar los grandes cambios conquistados –nada fue regalado– en el terreno de los derechos civiles, en el de la igualdad, en el de las políticas sociales. 

Incluso en el de la vertebración territorial con la puesta en marcha del Estado autonómico. Pero lo que en su momento fue un gran éxito, con el paso de los años ha resurgido como un problema de primer orden. Quizás porque todo éxito contiene en su seno la simiente de futuros problemas.   

Nuestro Estado autonómico sufre de desgaste de materiales, fruto entre otras cosas de la obsolescencia programada con la que se diseñó. Me explico. Su puesta en marcha y posterior desarrollo ha sido un continuo de movimientos tácticos, de coyuntura. 

Nunca, ni en sus inicios ni en su desarrollo, ha habido un proyecto de Estado autonómico compartido por el conjunto de la sociedad ni por las fuerzas políticas y sociales. Incluso cuando la improvisación táctica ha terminado con resultados satisfactorios la manera de llevarlo a cabo ha dejado heridas y herencias indeseables. 

En sus inicios, el proyecto de Estado autonómico estuvo motivado por la necesidad de Adolfo Suárez de vencer las poderosas resistencias del búnker franquista al reconocimiento nacional de Catalunya (las nacionalidades del artículo 2 de la CE). Euskadi siempre ha jugado en otra división. A partir de ese momento el guion tacticista marca todos los movimientos políticos de estos 45 años.

La concreción del mapa de CCAA no respondió a ninguna lógica más que a razones electoralistas de UCD, con algunas connivencias. Salieron 17 CCAA como podían haber salido 14 o 19, con unos desequilibrios poblaciones y de masa crítica considerables que, en algunos casos, son hoy un obstáculo objetivo para ejercer en términos reales la autonomía política. 

En 1978, la ciudadanía de muchas regiones jamás se había planteado su autonomía. Lo grave es que 45 años después las encuestas del CIS nos dicen que ese sentimiento se mantiene en amplios sectores. El grado de aceptación del Estado autonómico dibuja un panorama de gran diversidad. Aunque la mayoría (40%) prefiere como opción el Estado autonómico en los términos actuales, las diferencias entre CCAA son inmensas. No hace falta fijarse en Euskadi o Catalunya. Según los barómetros del CIS, mientras en Andalucía la opción preferida es la del actual Estado autonómico, en Castilla y León la mayoría (43%) prefiere un estado único sin autonomías y un 15% con menos competencias para las autonomías. Esta diversidad de prioridades políticas no ha encontrado acomodo en el Estado autonómico. 

La suma inconexa de tantos movimientos tácticos, sin plano ni hoja de ruta, ha resultado ser un Estado muy descentralizado políticamente –incluso en su financiación– pero sin cultura ni instituciones federales que lo vertebren. 

Se dice que el nuestro es un Estado cuasi federal y nada más lejos de la realidad. El federalismo, además de la distribución del poder, requiere de una cultura de cooperación y de estructuras que propicien la lealtad institucional. 

Nuestro Estado autonómico está muy marcado por fuerzas centrífugas que son todo lo contrario del federalismo. De un lado, la no asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes autonómicos, muy evidente en el ejercicio de sus competencias fiscales. El caso del Madrid de Ayuso es paradigmático, pero no el único. De otro, la cultura del agravio comparativo que, en España como en todo el mundo, se ha convertido en el verdadero motor de la historia.

El importante conflicto vivido en Catalunya con la declaración unilateral de independencia –Euskadi continúa jugando en otra liga– oculta un problema más de fondo, el de la desvertebración territorial. Un síntoma, pero no el único, es el balcanizado mapa de fuerzas políticas. Es un fenómeno global que en España se expresa en términos autonómicos, aunque también provinciales a raíz de los procesos de segregación que provoca la despoblación de amplios territorios. 

Nuestro Estado autonómico no da más de sí, si no se aborda un ajuste federal del mismo. La España real es diversa y en esa diversidad se incluye su carácter plurinacional. Gobernar el país requiere reconocer esta realidad y ofrecer un marco de convivencia basado en el consentimiento. Las negociaciones y acuerdos alcanzados para la investidura no rompen España, pero esta decisión no puede ser otro movimiento táctico para ir tirando. 

Hacer de la necesidad virtud pasa hoy por aprovechar la oportunidad que ofrece la vuelta a la política del independentismo catalán –con todas sus limitaciones y contradicciones– para dotar de sentido, cultura e instituciones federales a nuestro Estado autonómico. 

No es nada fácil. No partimos de cero, un Estado centralista. Partimos de menos cero –un Estado autonómico instalado en la cultura del agravio comparativo–. El federalismo no es el bálsamo de fierabrás, que todo lo cura, pero en un contexto de desvertebración de intereses e identidades, en un mundo con fuertes interdependencias apostar por la cooperación es una manera útil de afrontar retos compartidos.

Hablar de federalismo hoy puede parecer muy voluntarista, hasta ingenuo. El contexto histórico no es el más propicio para abordar cambios que requieren grandes consensos sociales y políticos. También precisa construir valores compartidos. Entre otros, un concepto de libertad que no caiga en la trampa del yo narcisista y autosuficiente y asuma que la verdadera libertad se ejerce en comunidad. Y una igualdad entre personas -a todos los niveles- que no niegue la diversidad. 

De nuevo, el reto que debemos afrontar es mayúsculo, pero vale la pena intentarlo. Entre otras cosas porque el margen de los movimientos tácticos parece agotado. Puede servir para ir sobreviviendo o conllevándonos, pero difícilmente puede evitar que la desvertebración de la sociedad avance si no se le dota a nuestro estado autonómico de cultura e instituciones federales.  

Tener una concepción federal para España se refiere a la mejor manera de organizar territorialmente el Estado. Y es una idea, más bien una técnica política, transversal.

Estados Unidos es federal, como lo era la Unión Soviética, y lo es ahora Rusia. Brasil es federal, y lo son México o Venezuela. Alemania, Bélgica y Suiza lo son también, y Nigeria y Australia. Hay muchos más ejemplos de estados federales que funcionan con gobiernos de uno y otro color ideológico, y de larga tradición algunos, sin que se advierta que su estructura federal tenga relación alguna con movimiento secesionistas.

Pensar que federalismo es de izquierda es una anomalía conceptual por la historia del siglo XIX y primera mitad del XX, la más reciente la herencia del franquismo, 40 años de monocultivo cultural pesaron mucho.

La virtud del federalismo, en alguna medida recogido por la España de las autonomías, es que horizontaliza la toma de decisiones y, en su pleno funcionamiento federal, la recaudación de ingresos y gastos. La aspiración de la financiación autonómica es avanzar hacia las autosufiencias económicas, obviamente relativas incluso a escala interestatal, e ir definiendo de facto una estructura federal. ¿Por qué la confusión conceptual de izquierdas y derechas? 

La respuesta está en la lectura de la historia. La modernidad económica, a principios del siglo XIX, vino de la mano de la intervención del Estado central. Sin duda fueron las élites intelectuales de la modernidad quienes impulsaron en los primeros decenios del siglo XIX, desde la Corte, el centro pues, la transformación económica del país. Y esos gobiernos modernizadores, aunque corruptos y clientelares de las familias nobiliarias y terratenientes que se movían alrededor de la Corona, tuvieron que enfrentarse a caciquismos locales y situaciones de privilegios ancestrales. De ahí que el progreso viniera del centralismo.

En la tercera parte del siglo XIX cuando se desarrolló la industrialización, Catalunya, País Vasco, núcleos de Málaga, Madrid, Santander, Zaragoza, la minería de Asturias, Huelva, Cartagena, etc. surgieron otras burguesías, familiares algunas, no ligadas a las que conseguían sus ventajas por estar cerca de la Corte, que colisionaron con los intereses de las burguesías centrales. Las burguesías periféricas reclamaban que los gobiernos protegieran también sus productos manufactureros, como cuidaban de los intereses de las familias económicas que sostenían las cuentas del Estado.

El federalismo prospera entre las burguesías no ligadas a los intereses de las oligarquías centrales, afectas a la Corte, y así se ve que el federalismo político está patrocinado, mayoritariamente, por las burguesías industriales (manufactureras) y comerciales, de derechas, pues. Aunque, desde la izquierda radical, el anarquismo también la idea federal, prospera por lo que tiene de horizontalidad y democratización del poder.

En su vertiente industrial, económica, se trata de la misma diferenciación entre la pirámide jerárquica en el mando, el sistema Fordista-taylorista de producción que exigía el control central de todos los procesos, por su forma más moderna, el sistema Toyota, instaurado por Taiichi Ohno. Es decir, la idea del supermercado, la producción just in time, en el que cada parte del proceso productivo se responsabiliza de sí misma y toma parte en las decisiones del conjunto desde su esfera de responsabilidad.

El caso es que lo del federalismo es una técnica de organización política, de horizontalidad en la toma de decisiones (del poder) de la que recela quienes tienen algo que perder y aplauden quienes tienen algo que ganar.

No están en peligro las entidades nacionales solo la exclusividad del poder de quienes se mueven sin control en esos conceptos.

Espero que no haya dudas de que el federalismo en modo alguno está contra la esencia de España, eso sí, está en las antípodas de la pretensión de que lo español es la extensión de los iconos castellanos (el Cid y compañía) o la cultura cañí y de los toros como símbolos culturales que, además,  colisionan frontalmente con la modernidad y en regiones menos adeptas a la asimilación de la cultura española de florero dominante.

Un historiador tan notable como Pierre Vilar mantuvo la tesis de que en el mundo, de tanto en tanto, se producían coyunturas, esto es, ocasiones de cambios y, por tanto, de aperturas a coordenadas distintas. Ahora, tal vez, los españoles nos encontramos en una de ellas. Hasta el 23J se añoraba las de la Transición para, a continuación, deplorar que ahora no se diera nada de eso; el 24J, sin embargo, hizo acto de presencia la Coyuntura: los resultados electorales fueron una auténtica carambola pero como España vive en una crisis territorial a punto de gangrenarse, o sea, improrrogable, esa mezcla de Azar y Necesidad comenzó a dibujar una Ocasión.

Es más: hay cosas importantes que ya se han dibujado. Por ejemplo, la instauración del plurilingüismo en las instancias del Poder Legislativo, acabando con la imposición de que una ciudadanía con cuatro lenguas sólo pudiera expresarse ahí en una. Hay que felicitarse por eso eso pero, al mismo tiempo, pensar que el centro del tablero de ajedrez ha sido ocupado de nuevo con el concepto de una diversidad nacional fijada solo por sus lenguas, que fue por donde se marchó en la Transición hasta que, sorpresivamente, saltó el movimiento andaluz por un autogobierno al mismo nivel que Cataluña, el País Vasco y Galicia.

La exigencia de su conquista para Andalucía no provenía ya de una personalidad resumida en un idioma oprimido, sino de un devenir secular de subordinación al que (con tantos o más rasgos identitarios que otros) habría sido destinada por las fuerzas que regían los destinos del Estado.

La reivindicación de la Autonomía prendió en todos los organismos democráticos antifranquistas (la Junta Democrática principalmente) pero, del conjunto de las llamadas “regiones”, solo la andaluza otorgó al autogobierno un lugar preeminente al fundirse la vieja exigencia del acceso a la tierra por los desheredados con la aspiración de todos a gobernarse por sí mismos.

Así se llenó el territorio “neoautonómico” de esa actividad y entusiasmo que sólo se hacen presentes en la Historia cuando una colectividad toma conciencia de estar construyéndose a sí misma

Por eso, tras la muerte de Franco, la corriente antifranquista se transformó en una especie de movimiento de liberación sin precedentes porque, aunque ni de lejos contemplara el independentismo, exigía la Autonomía como parte indispensable de una Democracia Social, algo nuevo con respecto a la idea de autogobierno de las “nacionalidades históricas” de entonces.

Para todos cuantos vivimos aquellos años (de 1977 a 1981), el proceso hasta el Referéndum del “28-F (sobre todo, a partir de que el Gobierno de la UCD lo torpedeara) habría que haberlo calificado de ”Levantamiento Civil“, dado que tuvieron lugar las movilizaciones ciudadanas más importantes de la Historia reciente de España (8 manifestaciones con 2 millones de personas en el 77 y cifras similares en 1979), el triunfo arrrollador de los partidos y fuerzas pro-autonomistas en las elecciones municipales del 79, el desencadenamiento del proceso desde esos municicipios, la ruptura de la UCD andaluza, esto es, del partido gobernante en España. Los casi 3 millones de votos sobre seis y medio de habitantes (incluyendo la población no electora y los múltiples defectos del censo en territorios con un número ingente de emigrantes) en el referéndum, y, sobre todo, el altísimo porcentaje de población activa que, durante meses, vistió de verde y blanco las calles de las mil ciudades, pueblos y anexos del suelo andaluz aunque el gasto publicitario de la Junta Preautonómica (que no podía hacer campaña) se redujera al pequeño cartel de una ”blanquiverde“ desplegada en un balcón con geranios.

 Así consiguió Andalucía acceder al nivel de “nacionalidad histórica”, reflejada en la existencia de un Parlamento y unas competencias de las que, además de ella, solo gozaban Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y, sobre todo, así se llenó el territorio “neoautonómico” de esa actividad y entusiasmo que sólo se hacen presentes en la Historia cuando una colectividad toma conciencia de estar construyéndose a sí misma.

No es verdadera la idea, establecida a posteriori, de que la vertebración y el cambio de los casi 90.000 km sureños de España se originara en Madrid. Casi todo lo que englobó esa ordenación e innovación, incluida la Exposición Universal, se gestó en la imaginación y las instituciones autóctonas y al margen de una derecha y una izquierda capitalinas, que no comprendían nada de lo que pasaba y seguían pensando que Andalucía era aquella a la que, en el siglo XVI, los embajadores venecianos llamaban “granero, bodega y establo” de España, traducida ahora a riqueza y clientela electoral.

Es incomprensible que haya quienes, habiendo estado al frente de los más altos organismos del autogobierno, no se acuerden del papel trascendental que cumplieron entonces

Sin embargo, desgraciadamente, por ahí fue derivando todo para que ahora, en la coyuntura de una posible “Segunda Transición” con el Federalismo como meta, no se diga sobre el papel de Andalucía en ello. Es natural que andaluces como Felipe González o Alfonso Guerra, que nunca comprendieron y casi nunca apoyaron de verdad la autonomía (gracias a ellos siguen existiendo las Diputaciones Provinciales), no lo hagan y dediquen sus mandobles a Pedro Sánchez con un ardor europeísta digno de líderes polacos y húngaros, o que los despojos de la cúpula del andalucismo anden tan perdidos como el barco del arroz.

Pero es incomprensible que haya quienes, habiendo estado al frente de los más altos organismos del autogobierno, no se acuerden del papel trascendental que cumplieron entonces ni de que, en la campaña del segundo Estatuto de Autonomía, defendieran aprobar (tal como sucedió) que en su art. 1 dijera: “Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución”, se constituye en Comunidad Autónoma... en el marco de la nación española“.

Han olvidado su papel trascendental en el pasado y no son conscientes del que habrían de desempeñar para abrir el futuro. A los demás también se nos ha olvidado exigírselo. Y así nos va.

 Pero recordemos que ya en los tiempos de Roma, a la diosa de Oportunidad la pintaban calva para simbolizar que era imposible agarrarla por los pelos si se la dejaba pasar.

Aunque pueda parecer paradójico, las actuales circunstancias pueden llevar a encauzar el problema catalán. También el problema de España como Estado, que antes no tenía y ahora tiene. Quizás hasta el Partido Popular acabe viéndose forzado a subirse a este carro si, al menos en esto, se aleja de Vox, que rechaza la realidad de una España diversa. 

Ortega y Gasset señaló que el problema catalán “no se puede resolver”, “sólo se puede conllevar” (“sufrir, soportar las impertinencias o el genio de alguien”, en primera acepción de la Academia), lo que ha derivado en un uso extendido de ese palabro, “conllevanza”, que hubiera erizado el poco pelo del filósofo. Mas como apunta el físico David Deutsch (The Beginning of Infinity), los problemas son “conflictos entre ideas” y “los problemas intrínsecamente insolubles son intrínsecamente carentes de interés.” En física, en matemáticas, y también en política.

Un reciente barómetro del Centre d’Estudis d’Opinión (el CIS catalán) señala que ha crecido el no a la independencia (52%), mientras que el sí ya no es mayoritario (42%). Un 44% del total se siente tan español como catalán, 11 puntos por encima de hace cinco años; un 22% más catalán que español, y un 19% solo catalán. Sólo 33% apoya un Estado independiente, 31% ser una Comunidad Autónoma dentro de España, 23% un Estado en una España federal, y 7% una mera región de España.

Es una tendencia que se registra en el conjunto de España. Una encuesta de Metroscopia señala que un 86% de los habitantes del país dice sentirse “muy o bastante español”, un significativo 71% en el conjunto de la población de Cataluña, País Vasco y Navarra, y un no desdeñable 32% entre quienes, en esos tres territorios, son votantes de formaciones nacionalistas e independentistas. Pese al ruido, el identitarismo excluyente, solo español, 14%, o solo de su región, 9%, es claramente minoritario. Predomina un muy mayoritario sentimiento de identidad dual, complementaria y no mutuamente excluyente. Como indica otra encuesta de la misma casa, hay una clara bifurcación entre el clima político-mediático, que roza lo apocalíptico, y el estado de ánimo de los ciudadanos, mucho más templado y sereno (56% entre tranquilidad y entusiasmo).

Ahora bien, las cosas han cambiado desde los tiempos de la República en que se discutió el primer Estatuto catalán. España tiene 17 Comunidades Autónomas (más Ceuta y Melilla). Y mucho de lo que piden unas, lo quieren las otras. Tomemos, por ejemplo, la denominación de “nación” para esa Comunidad, desde la consideración que España más que una “nación de naciones” es una “nación con naciones” o cuando menos, como reza la Constitución, porque no se quiso utilizar ese término, “nacionalidades”. El Tribunal Constitucional, porque lo recurrió el PP, en su sentencia de 2010 sobre el nuevo Estatut, refrendado cuatro años antes por los ciudadanos catalanes, estimó que “carecen de eficacia jurídica” las referencias que se hacen en el preámbulo a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña. Sin embargo, seis otros estatutos definen a sus comunidades como nación o nacionalidad, sin que hayan sido impugnados: Andalucía (desde 1981), País Vasco (1979), Galicia (1981) Baleares (1983) Valencia (1982) y Murcia (2015). El problema no es que Cataluña quiera denominarse “nación”, sino que muchas otras Comunidades también lo quieren o lo han hecho ya. La cuestión, como en tantos otros casos, es nombrar.

Otras, como la financiación autonómica (el modelo vasco y navarro no es generalizable, lo distorsiona todo, y Bruselas, que hace años que persigue el tema, acabará un día exigiendo su transformación por razones de libre competencia), o las infraestructuras. Las lenguas cooficiales plantean retos específicos para las Comunidades que las tienen, que hay que resolver, y no empeorar (como ahora en la Comunidad Valenciana). 

Pero luego hay un problema de España, de los españoles. Por una parte, hemos dejado de conocernos. España es de los países comparables con más baja movilidad geográfica de sus habitantes. El AVE acerca pero hace que los viajes profesionales se hagan de ida y vuelta en el día sin pernoctaciones, y conversaciones, sí de bar. Los funcionarios, incluidos los maestros y las maestras con su importante papel, tienden a quedarse una vez llegan a su tierra, cuando antes constituían una elite que difundía ese conocimiento de la diversidad de España. La mili también servía para eso, para conocerse, no para mucho más.

Luego está el Estado propiamente dicho y el buen gobierno. Mucho dirigente independentista se queja de que el Estado no les sirve lo suficiente, menos aún ante el tirón por el norte del resto de Europa o en todas direcciones de una globalización que persiste, aunque algo más cambiada. Es decir, que la solución del problema requiere más y mejor Estado, no menos, recordando que las CCAA son Estado.

Al final la solución, o al menos el encauzamiento, tendrá que ser, de algún modo, federal, aunque no se llame así. De todas formas, no hay dos sistemas federales iguales en el mundo. Ese “plus” de lo federal es lo que le falta al Estado de las Autonomías, lo que implica una mayor coordinación y claridad a todos los niveles. El PSOE, en un compromiso con los socialistas catalanes, acordó en 2013 una vía federal en su Declaración de Granada, para incorporar el mapa autonómico en la Constitución, aclarar la distribución de competencias entre las CCAA y el Estado central, causa de tantos conflictos y los hechos diferenciales en algunas materias (financiación, lenguas, policía, etc.), impulsar la participación de las CCAA en la gobernación del Estado y la presencia de España en Europa, y sustituir el Senado por una auténtica cámara de representación territorial. 

Pero para ello se requieren reformas de la Constitución (como pide la citada declaración) y, por consiguiente, el concurso del PP, que en estas circunstancias no lo va a aportar, al menos de forma inmediata, pero se verá obligado a entrar en ello. Hay que ir pensando en un posible federalismo práctico que no requiera, de momento, reformar la Carta Magna (tema para otra ocasión). Sin ignorar que los nacionalistas catalanes y vascos siempre han rechazado ese federalismo, en busca de diferenciación.

Ahora bien, el intento, lleno de dificultades, de Pedro Sánchez de lograr una investidura tan plural, y un programa para la legislatura, lo logre o no, va a obligar a poner muchas cartas sobre la mesa en esa negociación y poner en marcha un proceso que, le pese a Vox y a una parte del PP, incluso del PSOE, marcará un cambio. Una oportunidad, para ahora o para después. También puede salir mal, claro, aunque habrá abierto un debate necesario. Recordemos lo dicho: en general la ciudadanía está mucho menos tensa que la política. Aprovéchese, de forma pausada.

Uno de los grandes logros de la democracia española ha sido diseñar un modelo territorial capaz de integrar el pluralismo de la sociedad española y garantizar la cohesión social. La Constitución de 1978 fija las bases a partir de las cuales se desarrolla un sistema propio marcado por sucesivas etapas y en el que la política, desde los primeros años, desplegará su esencia como arte al servicio del bien común y el progreso social.

Con la unidad y la solidaridad como punto de partida, la igualdad se convierte en el punto de llegada. El proceso autonómico se desarrolla gracias a acuerdos y pactos políticos en los que Andalucía juega un papel determinante. Un recorrido por los grandes hitos en la construcción del Estado autonómico muestra el protagonismo de la autonomía andaluza expresado ya en diciembre de 1977 y, singularmente, con el referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980 y la aprobación de un Estatuto de Autonomía equiparable al de las denominadas comunidades históricas.

Aquel momento constitutivo marcó el desarrollo de una autonomía fuerte, comprometida con la cohesión territorial que se ha consolidado a lo largo de estos años de funcionamiento del Estado autonómico. Entonces y ahora, desde Andalucía se impulsan y subrayan los principios constitucionales básicos sobre los que debe seguir organizándose el poder territorial: la autonomía política, la cohesión e integración social y la solidaridad.

La realidad actual refleja las carencias y distorsiones de un sistema que necesita una revisión al menos, de los mecanismos e instrumentos de relación institucional y competencial

La experiencia de estos años nos ha enseñado las ventajas de un gobierno compartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pero también espacios de mejora. La realidad actual refleja las carencias y distorsiones de un sistema que necesita una revisión al menos, de los mecanismos e instrumentos de relación institucional y competencial. Y ello para lograr una gestión más eficaz, coordinada y leal de las demandas de la ciudadanía.

Los gobiernos (el estatal, los autonómicos y, cómo no, también los locales) deben contar con recursos económicos suficientes y sólidos instrumentos de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno que garanticen una gestión coordinada y eficaz de los problemas sociales. Y la ciudadanía debe recibir de los poderes públicos respuestas claras y eficaces a sus demandas, de tal manera que los problemas sociales sean abordados y resueltos por quien mejor pueda ofrecer una solución en un sistema de gobierno compartido. Esta labor de revisión y mejora del modelo autonómico, no trata de reclamar más (más competencias o más recursos) para las Comunidades Autónomas, sino mejor. No más, sino mejor autogobierno. Un sistema de gobierno compartido ejercido por distintos niveles territoriales para ofrecer una respuesta institucional cercana y eficaz a la ciudadanía.

Y siempre con Andalucía, sobre los hombros de quienes desde una firme defensa de la cohesión social introdujeron la igualdad como punto de llegada del modelo territorial. Como hace más de cuatro décadas, Andalucía debe seguir siendo un actor principal en el debate territorial, impulsando avances y mejoras en el sistema autonómico. Y para eso, las técnicas federales son una herramienta clave y los principios y la cultura federal el camino.

Un debate basado en la voluntad de llegar a acuerdos que permita consolidar un marco común de convivencia en el que pueda reconocerse toda la ciudadanía en todas las partes del territorio

Esa sería la opción lógica, racional, atendiendo a los valores y principios estructurales de nuestro sistema constitucional y de la cultura democrática que lo sostiene. La integración del pluralismo, el respeto a la diversidad en un espacio común de convivencia cohesionado y solidario. Este es el marco constitucional de partida y el horizonte federalizante del Estado autonómico en la órbita de otros Estados y de la propia Unión Europea.

Es, además, la opción más equilibrada, alejada de propuestas rupturistas o antojos recentralizadores que laminan décadas de éxito de progreso y convivencia. Un debate sosegado y realista sobre el modelo territorial nos sitúa ante el camino del federalismo integrador pues moderadas son las premisas que sostienen sus presupuestos y permiten abordar ajustes para mejorar el funcionamiento del Estado autonómico y con ello, responder a las demandas de la sociedad española actual.

En definitiva, Andalucía debe participar en la definición de un proyecto territorial adecuado al contexto social actual. Comprender la España del presente exige plantear un debate democrático serio y profundo sobre nuestro modelo territorial. Un debate basado en la voluntad de llegar a acuerdos que permita consolidar un marco común de convivencia en el que pueda reconocerse toda la ciudadanía en todas las partes del territorio. Un futuro en clave federal donde Andalucía continúe con el protagonismo que hasta ahora ha tenido en el conjunto del Estado. Por eso, cuesta trabajo entender que el Parlamento andaluz haya rechazado la creación de una ponencia para actualizar la posición de Andalucía en el debate territorial.

El expresident de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado la necesidad de una “actualización” del Estado de las autonomías que apueste por “la singularidad de los territorios” pero también por “la igualdad de la ciudadanía”.

Así lo ha señalado en declaraciones previas a su participación en el diálogo ‘Los retos del federalismo y el sistema autonómico español’ organizado por los cursos de verano de la UPV/EHU, donde, preguntado por la propuesta del lehendakari Urkullu, ha destacado que esta legislatura es “una gran oportunidad para abordar una cuestión que viene de lejos” y ha valorado positivamente que se abra ese debate “con una visión basada en la Constitución” pero, ha puntualizado que, en ese debate, “deben participar todos los actores políticos, todas las comunidades autónomas”. 

Durante el diálogo, el secretario general de los socialistas valencianos ha destacado que el Estado de las autonomías “ha generado un balance positivo” pero ha echado en falta “más espacios de cooperación tanto entre comunidades autónomas como en el conjunto”. En ese sentido, ha advertido del riesgo de una “mayor polarización” y ha pedido evitar “la confrontación institucional” ya que supone “un caldo de cultivo peligroso”: “No se puede buscar una confrontación institucional, los partidos políticos sí, pero las instituciones no, porque la partidización de la institucionalidad es nefasta para el sistema”.

Así mismo, Ximo Puig también ha querido reivindicar un “federalismo social” que garantice “un Estado del bienestar potente”: “El conjunto del sistema está mal financiado, cada vez que hablamos de financiación autonómica hablamos del pilar de bienestar”, ha destacado el dirigente socialista que ha reiterado que la financiación autonómica es “una reivindicación” para la Comunitat Valenciana. “El debate económico es crucial para mantener el Estado de bienestar: suficiencia y equidad”.

El resultado de las elecciones del 23 de julio está produciendo un cruce entre la negociación de los apoyos políticos y la disputa entre proyectos territoriales, que puede derivar en frágiles acuerdos tacticistas y cortoplacistas que frustren un objetivo fundamental en esta legislatura: un nuevo impulso político que supere la paralización del actual modelo autonómico y permita alcanzar un sólido contrato territorial que dé respuesta a la actual realidad plurinacional de los pueblos de España.

La superación de las tensiones territoriales puede venir del avance hacia un modelo federal que dé satisfacción a los diversos sentimientos plurinacionales, establezca autogobiernos efectivos y construya una institucionalidad en España y en la Unión Europea que, mediante la participación de las Comunidades Autónomas en sus decisiones estratégicas, haga realidad la convergencia económica y social.

Hoy Andalucía es un sujeto político definido normativamente como una nacionalidad histórica, dotada de una identidad cultural singular, con instituciones propias de autogobierno conquistadas por la movilización popular que necesita, por una parte, autonomía real y, por otra, mecanismos cooperativos y participativos en España y la Unión Europea, para activar nuestras potencialidades y acabar con las seculares brechas de desigualdad en paro, renta, industrialización e innovación.

Desde Andalucía, queremos ofrecer un horizonte de expectativas, un acuerdo federal, más allá de la pugna sin solución entre el nacionalismo centralista de la derecha españolista y los nacionalismos de los privilegios y la desigualdad territorial de las derechas periféricas.

Es crucial disponer de un nuevo marco de financiación territorial, desde la equidad, que impida privilegios fiscales o bajada de impuestos entre territorios, así como la descentralización de las sedes de los poderes públicos y de las entidades

La cultura de la equidad y la solidaridad, de la pluralidad y la diversidad, es lo que puede lubricar el acuerdo para garantizar la convivencia democrática basada en el respeto y la tolerancia de las diferencias y en un orden económico y social justo. Un acuerdo anclado en la realidad de nuestro tiempo, no en realidades preconstitucionales o de hace 90 años.

Un objetivo útil para dotar a la gran mayoría de la ciudadanía, a las clases populares y medias, de un marco institucional eficaz con el que hacer frente a los grandes problemas medioambientales, económicos, sociales y políticos en esta crisis de la globalización. Un Estado federal que pueda desplegar políticas predistributivas y redistributivas para avanzar en la transición ecológica, transformar nuestro modelo productivo y consolidar el Estado del Bienestar: las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones sociales, el acceso a una vivienda digna o la renta básica. Un marco institucional óptimo para redistribuir los recursos entre los territorios, las clases sociales, todas las personas vengan de donde vengan, los géneros y las generaciones, que es lo que dota de sentido social al autogobierno y a la autonomía política.

Partimos de una realidad, el Estado de las Autonomías, que desde luego es mucho más que una mera descentralización política y administrativa. Hemos alcanzado un grado de institucionalización sustantivo, un sólido nivel de competencia, la consolidación de las administraciones autonómicas y una contrastada experiencia parlamentaria y de gobierno.

Proponemos un pacto federal para, por una parte, garantizar un suelo de autogobierno que permita preservar y ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas frente a determinadas dinámicas expansivas de las competencias estatales a través de las competencias horizontales o las leyes de bases, y que posibilite también desarrollar plenamente las políticas públicas y los servicios de responsabilidad autonómica para que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos y su bienestar. Es crucial disponer de un nuevo marco de financiación territorial, desde la equidad, que también impida privilegios fiscales o la bajada de impuestos entre territorios, así como la descentralización de la ubicación de las sedes de los poderes públicos y de las entidades de forma equilibrada por toda la geografía española.

Por otra, articular todos los niveles políticos territoriales existentes, desde los municipios, las Comunidades Autónomas y el Estado central hasta la Unión Europea, mediante la participación y la codecisión de todos los actores en las distintas escalas.

No renunciamos al objetivo de reformar la Constitución española para desarrollar plenamente el modelo federal mediante el reconocimiento de la naturaleza constitucional de los Estatutos de Autonomía

Para avanzar en este pacto, planteamos la aprobación de una ley que le dé el máximo rango a la Conferencia de Presidentes Autonómicos y a las Conferencias Sectoriales, como estructuras de codecisión entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas, así como la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos constitucionales y organismos estatales, desde el tribunal Constitucional al Consejo del Poder Judicial; el Banco de España, la Agencia Estatal Tributaria, AENA, Puertos del Estado, etc.

No renunciamos al objetivo de reformar la Constitución española para desarrollar plenamente el modelo federal mediante el reconocimiento de la naturaleza constitucional de los Estatutos de Autonomía, la reforma territorial del Senado y la federalización del Poder Judicial, así como impulsar el proceso federal constituyente en la Unión Europea, interconectando los textos constitucionales, autonómico, estatal y europeo.

Iniciativa del Pueblo Andaluz es el partido andalucista que está en Sumar y Sumar tiene un proyecto federal sólido expresado en la ponencia sobre “El modelo territorial”. Sumar Andalucía ha nacido para defender y darle voz a Andalucía y si fuera necesario activar a los 61 diputados que tiene Andalucía en el Congreso, pero sobre todo activar la movilización popular que tiene como memoria las grandes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y 1979 y el gran triunfo del referéndum del 28 de febrero de 1980, en el que el pueblo andaluz aprobó, por la vía del artículo 151 de la Constitución, nuestro derecho a una autonomía plena.

España camina, no sin reticencias, hacia un proyecto de Estado más plural. Las últimas elecciones generales han generado el parlamento más diverso en formaciones políticas -también, para algunos opinadores, el más bloqueado en términos de gobernabilidad- y el Gobierno central, el primero de coalición, ha reconocido la necesidad de un reparto de poder más equitativo entre los territorios. La gestión de la pandemia ha resucitado las conferencias de presidentes autonómicos y las conferencias sectoriales, espacios ya previstos en la Constitución, los territorios reclaman más voz en la toma de decisiones y en algunas, como la Comunitat Valenciana, se ha intensificado la agenda federalista.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, apadrina desde hace un año foros y espacios de debate en los que avanzar en la descentralización del Estado. El pasado otoño el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), puso de manifiesto la discriminación económica y territorial que implica la concentración de instituciones estatales en Madrid. Según el estudio, casi el 79% del empleo de la Administración General del Estado está en la capital y tiene un claro impacto en la contratación pública: el 40% de los órganos de contratación pública están en Madrid, que gestionan el 75% de las licitaciones públicas y el 87% del importe adjudicado. Ello da como resultado que el 65% del importe adjudicado, fondos públicos para infraestructuras y servicios públicos, va a parar a empresas con sede social en Madrid.

El informe ha sido rescatado este lunes en la segunda sesión del seminario La España polifónica, organizado por la Cátedra Prospect 2030 que colabora con la Generalitat Valenciana, y sirve como base para debatir cómo construir un modelo de Estado más justo desde la perspectiva económica, política y social. “Lo estatal debe estar presente en todos los territorios”, apuntaba Ximo Puig en la clausura del seminario, en una continuación de la jornada celebrada en octubre. Fruto de ese primer debate, la Cátedra que apadrina la Generalitat Valenciana ha presentado una propuesta de líneas políticas federalizantes que Puig asume como postura del Ejecutivo autonómico. La agenda “polifónica” pasa por relocalizar instituciones y descentralizar la acción de Gobierno, con acciones como trasladar la sede de Puertos del Estado a Valencia, el Tribunal Constitucional a Cádiz, el Supremo a Castilla y León, el Consejo de Estado a Castilla La Mancha o el Senado a Barcelona. También plantea una red museográfica estatal y el traslado de agencias de investigación, por ejemplo a Euskadi, o la sede de la red de parques nacionales a Extremadura. El presidente valenciano abogado por descentralizar elementos simbólicos, como la celebración de la Hispanidad en otras ciudades, y en este sentido ha propuesto que debates electorales como los que organiza RTVE se celebren no solo en Madrid, sino también en centros territoriales como el de la Comunitat Valenciana. Las propuestas, apunta el informe, deben constituir un primer paso para una remodelación más profunda que analice las deficiencias de la concentración y las oportunidades de nuevas localizaciones.

La España polifónica o la España cacofónica

Con todo, apuntan los expertos participantes del foro, entre ellos el ministro de Universidades, Joan Subirats, esta voz descentralizadora se encuentra con cierta resistencia centralista. El Senado, concebido como Cámara de representación territorial, se convierte en una suerte de segunda vuelta en el proceso legislativo; las conferencias sectoriales se convocan desde el ministerio, no desde las autonomías; aparecen formaciones políticas que niegan el Estado autonómico o tratan de desposeerlo de legitimidad para existir. “La descentralización política no ha ido acompañada de la descentralización del poder”, apuntaba Subirats, que al margen de ministro es experto en políticas públicas, y apunta que la estructura territorial -las comunidades autónomas - no tiene verdadera capacidad de decisión en el marco actual.

Junto al titular de Universidades, la catedrática en Derecho Constitucional Ana Carmona señalaba un déficit de foros de interacción entre comunidades autónomas, que lleva a una “España cacofónica” y en su lugar aboga por buscar un espacio en el que las voces se expresen de forma coral. Como propuestas, apuntaba a reforzar las conferencias de presidentes, tener un calendario predefinido de conferencias sectoriales, y, para abordar la desconcentración institucional, poner en marcha una red de infraestructuras que faciliten la movilidad, junto a incentivos a los funcionarios para el traslado. A su vez, Jordi Gracia, catedrático de Literatura española, recalcó que desde el punto de vista discursivo “el enemigo no puede ser Madrid”, dado que generaría una “actitud defensiva” de los dirigentes de la capital y de parte de la derecha española, como “una ofensiva de las periferias que quieren sustraer parte del poder”. En su lugar, plantea un discurso en el que la población pueda “sentirse parte de un Estado lleno de diversidades”.

En el anteproyecto de Constitución de la república que elevó al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora se renunció expresamente a incluir en el mismo una propuesta sobre la estructura del Estado. “Materia primera de nuestra preocupación fue la referente a la estructuración de España en régimen unitario o federal. Dividida hoy la opinión entre uno y otro sistema, fácil hubiera sido pronunciarse por cualquiera, ya que en apoyo de ambos se dan razones de gran peso dogmático e histórico. No obstante, la Comisión ha entendido preferible no teorizar sobre tema tan grave, sino apoyarse en la innegable realidad de hoy y abrir camino a la posible realidad de mañana”.

No fue esa la posición inicial de la ponencia elegida en el seno de la Comisión Constitucional provisional para la elaboración del anteproyecto de la Constitución de 1978. En el texto de dicho anteproyecto publicado en el Boletín Oficial de Las Cortes el 5 de enero de 1978 se aborda de manera detenida el problema de la estructura del Estado. Si exceptuamos la Primera República, se trata del momento en que, en sede constituyente, más se ha avanzado en este terreno en toda nuestra historia política y constitucional.

La decisión política constitucionalmente conformadora de la estructura del Estado figura en el artículo 2 con una nitidez que no había tenido antes y que no tendrá después. “La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”.

La autonomía municipal y provincial figuran en el Capítulo Segundo del Título V, “Del Gobierno y de la Administración”, quedando reservado el Título VIII, “De los Territorios Autónomos”, para el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones”. 

En este Título VIII se contemplaba:

1º. Una única forma de ejercicio de la iniciativa autonómica para todas las “nacionalidades y regiones”. Dos tercios de los municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral.

2º. Una única forma de elaboración de los Estatutos de Autonomía: aprobación por los diputados y senadores de las provincias que se quieran constituir en territorio autónomo, seguida de negociación con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y ratificación en referéndum del resultado de dicha negociación.

3º. Una misma arquitectura institucional para todos los territorios autónomos que se constituyeran como tales con Parlamento elegido por sufragio universal y Gobierno elegido por y responsable ante dicho Parlamento. No se contemplaba nada respecto al poder judicial.

4º. Distribución de competencias entre el Estado y los territorios autónomos, mediante la atribución expresa de determinadas competencias al Estado, quedando las no atribuidas a disposición a los territorios autónomos. 

5º. El Senado se compondría de los representantes de los distintos territorios autónomos que integran España, elegidos por las asambleas legislativas de dichos territorios.

El anteproyecto del 5 de enero de 1978 apuntaba claramente hacia un estado federal. 

En los votos particulares y enmiendas únicamente Alianza Popular se opuso frontalmente a la estructura del Estado propuesta. 

Y sin embargo, en el texto reelaborado por la ponencia con base en los votos particulares y enmiendas de los distintos grupos parlamentarios o individuales de determinados diputados publicado el 17 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes, la estructura federal propuesta desaparece casi por completo. 

Empieza la redacción tortuosa del artículo 2. Se deja en blanco el artículo relativo al Senado. Se incorporan los municipios y provincias al Título VIII, que pasa a tener el título “De la organización territorial del Estado”. Se sustituye territorios autónomos por comunidades autónomas.  Se vacía de contenido el Título VIII, remitiéndose la regulación de las comunidades autónomas a una muy extensa disposición adicional y se pone en marcha a través de la misma la  doble vía de acceso a la autonomía, la doble vía en el proceso de elaboración de los Estatutos de Autonomía, la posibilidad de una arquitectura institucional diferente según la vía de acceso a la autonomía y la distribución de competencias con el sistema de doble lista de lo que acabarían siendo los artículos 148 y 149 de la Constitución

Con ello desapareció la posibilidad de construir una estructura federal. Y de manera prácticamente definitiva, ya que, una vez construido el Estado de las Autonomías, es prácticamente imposible transitar hacia el Estado Federal por la vía de la reforma de la Constitución.

En esas estamos.   

Al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (Morella, 1959), le gusta observar y explicar los múltiples significados de lo cotidiano. En el Palau de la Generalitat, la sede histórica del autogobierno valenciano, el Salón Dorado acoge varios cuadros de Sorolla dispuestos a modo de exposición que se abrirá al público. “Aquí en el Palau de la Generalitat se observa claramente que nuestra historia proviene de miradas diversas y eso es lo que hay que armonizar”, apunta. En ese salón se desarrolla la entrevista con elDiario.es después de que en el patio gótico se haya celebrado la presentación de la Feria del Libro, un sector cultural que, en sus palabras, contribuye a generar una “ciudadanía libre” y una sociedad “más justa, solidaria y avanzada”.

Puig, que es también secretario general de los socialistas valencianos, ha desplegado este verano una agenda federalista, que pretende encajar en el 40 Congreso del PSOE que se celebra este fin de semana en València. El presidente valenciano ha iniciado contactos con otros presidentes autonómicos para desbloquear la reforma del sistema de financiación, caducado desde 2014 y fuente de agravios entre comunidades, como el efecto capitalidad de Madrid, que los expertos de la Generalitat Valenciana definen como “una aspiradora de recursos” y que perjudica al resto de ciudadanos. Preocupado por una deriva ultranacionalista de ciertas élites conservadoras y por el impacto de la polarización en la política, considera que “necesitamos crear una atmósfera favorable al pacto” y recuerda que la Constitución dibuja un Estado plural y diverso.

Este fin de semana se celebra el 40 Congreso Federal del PSOE en València. Hace unas semanas, el PP clausuró aquí su convención. ¿Qué tiene la ciudad de València para que las fuerzas políticas la estén utilizando como escenario?

Creo que la Comunitat Valenciana representa un espacio de estabilidad política, de renacer cultural. Es cierto que València tiene muchos atractivos en todo momento, pero hemos dejado atrás esa imagen de corrupción, esa mala reputación. Es muy importante que tenga ese papel aglutinador, escenario de grandes debates. Creo que es positivo para relanzar nuestra imagen.

¿La celebración del Congreso federal en València le permitirá tener más influencia para plantear las propuestas federalistas que defiende como presidente y como secretario general del PSPV?

Más allá de donde se celebre el congreso, España necesita actualizarse, modernizarse, aterrizar definitivamente en un Estado de las autonomías federalizante. Creo que eso sería bueno para el conjunto del país y allá donde esté voy a plantear lo que creo que es mejor para la Comunitat Valenciana y para España. Al margen de eso, creo que el PSOE descentralizando el Congreso hace una apuesta por una España compartida, por una España que suma, por una España no centralizada.

En los congresos del PSOE las proclamas federalistas han sido tradicionalmente muy vagas, muy genéricas. Ustedes plantean que se concreten con temas como la desconcentración de instituciones, el papel del Senado, pero también con una concepción territorial de las tensiones que existen en España.

Es una cuestión compleja que no se ve igual en las distintas nacionalidades y regiones. Pero hay un concepto que está anclado al planteamiento fundacional del PSOE: adaptarse a la realidad de España. Y la realidad de España es plural. Hay momentos en los que se desdibuja la propia realidad constitucional, y hay partidos políticos que se definen como constitucionalistas que han olvidado que la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Es una realidad que no está suficientemente aterrizada en la arquitectura institucional. Lo que decimos es que hay que poner en marcha un proceso que le dé mayor fortaleza y cohesión al país, y para eso hay que instrumentar procesos federales. Para mejorar, cooperar y buscar sintonía entre instituciones se necesitan unos procesos determinados. Lo que le falta al Estado de las Autonomías es que el Senado sea una Cámara territorial, que las conferencias de presidentes se institucionalicen, que haya una desconcentración de las instituciones, que las lenguas españolas distintas al castellano tengan la dimensión que deban tener. Todo esto es un ejercicio de responsabilidad colectiva para afianzar el proyecto de una España posible, de una España real.

¿Aprovechando su presencia en los actos del 12 de Octubre, ha podido medir el pulso a otros presidentes autonómicos en esta cuestión?

En este momento es obvio que hay posiciones muy diferentes. Lo que yo pido es que se puedan abrir los debates. Es increíble la intolerancia que hay en algunas élites centralistas al debate. No es que no estén de acuerdo, es que no quieren que haya debate. ¿Han visto cómo han reaccionado algunos sectores de Madrid respecto a un planteamiento de desconcentración de instituciones del Estado? Esa patrimonialización del Estado por parte de algunas élites centralistas es una cuestión de una intolerancia, una arrogancia y una soberbia difícil de comprender. ¿Dónde está escrito que todo tiene que estar centralizado en Madrid?

En concreto, la derecha madrileña parece haber tomado esa propuesta como una afrenta al sentir nacional. ¿La derecha madrileña está patrimonializando el concepto de España?

Algunos sectores es evidente que piensan que España es Madrid y Madrid es España, y lo demás, no se sabe.

Como presidente ha tenido contactos y reuniones, por ejemplo, con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el que incluso ha firmado un pacto por la financiación autonómica. ¿Es posible conciliar esas dos realidades? ¿Hay una vía para encajarlo?

Debería ser posible, es necesario que lo sea. La única manera de crear una España robusta, fuerte, es crear una España compartida, con distintas miradas. Va a ser siempre así. Aquí en el Palau de la Generalitat se observa claramente que nuestra historia proviene de miradas diversas y eso es lo que hay que armonizar, no desde la homogeneización, sino desde la diversidad. Se puede ser español y valenciano, español y catalán, español y andaluz, y tener distintas perspectivas, pero se trata de buscar puntos de encuentro; puentes, no muros. No fronterizar más, no hacerse incompatible con los de al lado. Si lo que se pretende es una hegemonía centralista cultural determinada se acaba generando unas tensiones que no deberían ser lógicas en un Estado que constitucionalmente se reconoce como un Estado de nacionalidades y regiones. Desde esa perspectiva es desde donde creo que hay que abordar esta cuestión. Hay que hablar para sumar y despartidizar las instituciones, creo que es muy importante que podamos hablar los presidentes autonómicos. ¡Qué importa que sean de un partido u otro! Cada representante defiende una institución; yo me siento presidente de todos los valencianos y valencianas, no solo de los que me han votado o apoyado en el Parlamento. Es lógico que las instituciones se liberen de esa vampirización de los partidos políticos. Tiene que producirse un debate abierto, un debate de intentar empatizar, de buscar puntos de encuentro y de mirar en el otro las posibilidades y sus razones, no estar en ese confort ideológico que hace que lo que venga del otro lado no me interese.

Precisamente los grandes debates como el cambio climático, la financiación, la desconcentración de las instituciones e infraestructuras, la reforma del Senado, requieren de una mayoría muy amplia tanto territorial como en las cámaras parlamentarias para afrontarse. ¿Con Catalunya sin querer sentarse a las mesas multilaterales, Madrid haciendo oposición y el PP bloqueando la renovación de los organismos constitucionales, es optimista?

Yo por lo general soy optimista. En esta cuestión, la verdad es que es difícil. Creo que en algún momento determinado un partido que dice ser de gobierno actúe como un partido de gobierno. Porque si no pacta nada, ni quiere acordar nada, es un partido que no tiene nada de gobierno y se sitúa en las antípodas de un partido serio, riguroso, o de tener un sentido de Estado, esté en la posición en la que los ciudadanos le han puesto en cada momento. Hasta ahora lo que se está produciendo es una anomalía democrática de una gran dimensión. No querer acordar el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, que está tomando decisiones muy importantes y no se quiere renovar; ese bloqueo, tiene una repercusión en la vida política enorme. Y que haya un partido que esté dinamitando los puentes democráticos es muy preocupante.

¿Estos movimientos entre dirigentes autonómicos buscan desbloquear la situación desde otro plano?

Creo que necesitamos crear una atmósfera favorable al pacto. Me gusta mucho Amos Oz, que dice que no hay pactos felices. Y es verdad, porque los pactos siempre parten de cesiones y del grito de traidor. Pero también, creo que era Javier Cercas quien lo decía, los traidores son necesarios para avanzar.

Pero debe haber un motor para los pactos. Concretamente, el tema que acerca a los gobiernos valenciano y andaluz es el de la financiación autonómica. El Gobierno central tendrá que poner sobre la mesa esa cuestión; en teoría en noviembre. ¿Qué cree que ocurrirá?

El Gobierno tiene su responsabilidad y tiene que presentar un esquema general. Hay una corresponsabilidad de las comunidades autónomas, que son un actor fundamental, y de los grupos del Congreso, que lo tienen que aprobar. Corresponde al Gobierno llevar la iniciativa, pero sabiendo que finalmente, si no hay un gran acuerdo, va a ser muy difícil. No hay mayorías absolutas en este momento y es una conversación que hay que mantener permanentemente para buscar puntos de encuentro. Ahí está esa doble dinámica: la territorial y la ideológica. Si el primer partido de la oposición, que es fundamental para este acuerdo, continua con la misma apología de la destrucción, no habrá acuerdo. Si cambia de posición y se acerca a los intereses reales de los andaluces, castellanomanchegos, castellanoleoneses o valencianos, intentará llegar a un acuerdo. Porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de financiación es del mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo del Estado de Bienestar. El 80% del gasto social, la inversión que hacemos, está en las comunidades autónomas. Hay que buscar una vía de acuerdo que supere la situación actual, que es muy negativa para las comunidades autónomas. Todo el sistema autonómico tiene un problema de insuficiencia financiera para hacer frente al mantenimiento del Estado de Bienestar, pero dentro de esa situación general hay comunidades autónomas que estamos peor. Nos ha costado mucho, pero los valencianos lo hemos visibilizado. El otro día, algunos presidentes autonómicos importantes de PP afirmaban que la Comunitat Valenciana era la peor financiada.

En el PSOE también se dan esas discrepancias. Cuando usted firmó el acuerdo con su homólogo andaluz, a los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón no les hizo mucha gracia. ¿En el congreso federal del PSOE se va a buscar una posición unánime?

Creo que hay que buscar una posición lo más armónica posible. Cada uno tiene derecho a defender sus intereses, pero la confianza federal es defender los intereses propios, defender un interés global y entender a los demás. En base a eso se tiene que articular una conversación que dé resultados. Esta cuestión tiene una parte de identitarismo que hay que obviar en la medida de lo posible. Al final, todo es medible, evaluable, y podemos ver que en ese principio de población ajustada hay que ver qué cosas hay que ajustar. La insularidad, por ejemplo, la despoblación, el envejecimiento, el paro, la renta per cápita. Lo que ha pasado aquí es que después de un tiempo, de 40 años de Estado autonómico, se ve la evolución de la renta per cápita por comunidades autónomas. Y aparte de los condicionantes que puedan ser derivados de la propia acción de cada comunidad autónoma, se ve claramente que el ascensor territorial se ha paralizado. Hay una comunidad autónoma que funciona como una gran aspiradora, mientras que otras, incluso más desarrolladas en el pasado, están viéndose afectadas.

Hablamos de Madrid.

No sé, es mirarlo. Pero en la Comunitat Valenciana, pese a la capacidad de generar trabajo, tenemos un problema: 12 puntos menos de renta per cápita.

Las desigualdades se van superponiendo. ¿De ahí la propuesta de armonización fiscal y de otras medidas correctoras?

Efectivamente. Hay una cuestión evidente: hay una onda favorable en el mundo a poner freno a la desigualdad enorme que existe. Si Joe Biden, si la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), están lanzando este suelo del 15% para el impuesto de sociedades, creo que es lógico que en España, si hay unidad de mercado, haya unidad fiscal, en lo referente a la deslocalización. Eso no quiere decir que no pueda haber corresponsabilidad fiscal, que la debe haber, en un marco determinado, no en uno en el que no puedas competir. Si no, se producen estas situaciones tan absurdas que se producen en España. Hay muchos que están en la sacrosanta unidad de España, menos en la cuestión fiscal.

“Un error de táctica ha estado a punto de hacer naufragar en las Cortes el problema del Estatuto catalán: sencillamente por no haber sabido ponerse a salvo -mientras esto es posible, que lo es en gran medida- del ambiente pasional que ha envenenado la cuestión durante años y años”. Con este diagnóstico empezaba Gregorio Marañón un artículo que bajo el título 'No técnica, sino amor' publicó en el diario El Sol el 25 de septiembre de 1931. Marañón reclamaba afinar el estudio de los problemas y, sobre todo, entenderse con lealtad. “Yo me atrevo a decir que sería muy fácil -añadía- si los castellanos estuvieran un poco mejor enterados de la realidad de Cataluña”. 

No haría falta pero en estos tiempos nunca está de más recordar que este médico y pensador se definía como un español hasta la médula de sus huesos. Concluía el artículo con un deseo que leído casi un siglo después ayuda a entender la complejidad de un conflicto político que sigue sin estar encauzado. “Tienen que terminar esas rencillas tan viejas que han sido tan funestas en el alma de la calle como en los espíritus más altos y más abarrotados de sabiduría catalana o española. Y hay que ahorrar muchas palabras”.  

Tres décadas después, El Noticiero Universal propuso al filósofo Julián Marías que abandonase la meseta por unas semanas y se desplazase a Catalunya para poder escribir una serie de artículos. Al final fueron 15 y se publicaron entre el 28 de octubre y el 9 de diciembre de 1965. “Cuando la personalidad de Cataluña, por desfallecimiento propio, por incomodidad, por limitaciones externas, está debilitada y en crisis, la atención de los catalanes se concentra automáticamente sobre sí mismos, de manera enfermiza, desconfiada y suspicaz”, describía en el texto que con el título 'La realidad regional' publicó el 23 de noviembre. Este discípulo de Ortega y Gasset alertaba de que nada hay más antiespañol que intentar disminuir la personalidad de Cataluña. 

Saltamos otras cuatro décadas para situarnos en el 2005. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los mejores expertos en derecho constitucional y ponente de la Carta Magna, publicó en El País el artículo 'Hechos y derechos históricos'. En el texto recordaba cómo durante los trabajos constituyentes se planteó la disyuntiva sobre qué fundamentaba a qué: ¿España a la Constitución o la Constitución a España? Él mismo respondía con una evidencia que hay quien se niega a ver y es que España no se inventó en 1978. 

“Análogamente, las identidades nacionales que en España hay no son creaciones normativas como pueden serlo el Tribunal de Cuentas o la Comunidad Autónoma de Madrid, sino que preexistieron a la norma y contribuyeron a fundamentarla. ¿Alguien puede pretender seriamente que Cataluña sea una creación constitucional y no que es su personalidad secular y su correspondiente derecho a ser lo que fundamenta su autogobierno que la Constitución no hace sino reconocer? El hecho antecede al derecho”, reflexionaba Herrero de Miñón, que alertaba de que la soberanía es un término lleno de picos y garras. Por eso aconsejaba a los juristas que aspirasen a ser útiles y a los políticos que de verdad quisieran resolver problemas que no se asustasen con el vocablo sino que tratasen de domesticarlo.

A estos artículos podrían sumarse los de Joan Maragall o su nieto Pasqual Maragall, a quien estaría bien que aquellos que le despreciaron, desde el pujolismo pero también desde sus propias filas, no utilicen ahora su nombre en vano con intereses electorales. Tan recomendable como la revisión de textos de políticos como Josep Benet y Rafael Campalans, y las reflexiones actuales de pensadores como Ignacio Sánchez-Cuenca, Jordi Amat o Francesc Marc-Álvaro sobre la evolución del catalanismo y la necesidad de abordar de cara el conflicto con la serenidad que requiere. Los que dicen que vuelven en campaña, los que no se han ido, los que se resisten a marcharse y los que no saben a dónde quieren ir harían bien en seguir el consejo de Gregorio Marañón y ahorrarse las palabras prescindibles.

En un determinado momento de ese debate a cinco que ya parece de otro siglo, Rivera le mostró a Sánchez un mapa de España uniformemente coloreado — creo que en rojo suave — y le espetó algo así como, “¿cuántas naciones ve usted aquí, Sr. Sánchez? Porque yo solo veo una”. La pregunta se ha puesto de moda últimamente. Sánchez no contestó, pero sí lo hicieron los ciudadanos unos días después, en las urnas. Y con su respuesta refutaron, por decirlo con Popper, ese mapa uninacionalmente nítido, terso, impecable e ilusorio de Rivera. Una refutación que se repite incesante, sin una sola salvedad, cada vez que, desde el siglo XIX, a los ciudadanos españoles de carne y hueso se les ha permitido votar. Lo sorprendente es que todavía haya quien, tras tantos y tantos experimentos cruciales demoledores, siga sosteniendo la hipótesis de la nación única.

Las afirmaciones sobre el ser de una nación pertenecen al reino de la metafísica. En ese sentido, recuerdan a la religión y conviene abordarlas de modo similar. De la misma manera que el hecho empírico de la diversidad de cultos se soluciona desde la modernidad con el invento político de la libertad religiosa (esto es: el laicismo), el hecho empírico e irrefutable de la pluralidad de creencias nacionales en España ha de solucionarse con alguna suerte de invento político que lo articule de modo neutral, inteligente y acordado. Aquí hay varios nombres: Estado de las Autonomías, federalismo, plurinacionalidad, nación de naciones, etc. Denominémoslo federalismo. Existe también, ciertamente, la apuesta por la uniformidad nacional, esto es, la nación inmaculada, homogénea y sobre todo única del mapa de Rivera. Denominémoslo nacionalismo.

La Constitución de 1978 fue sin lugar a dudas una solución federalista. Se podrá estar más o menos de acuerdo en el grado, en la dosificación de las competencias y en su articulación, pero los Derechos Históricos, el Estado de las Autonomías y la configuración territorial de la Constitución no se basan en la asunción de que los ciudadanos españoles son “libres e iguales”. Se basan más bien en la evidencia de que, si a tales ciudadanos se les otorga libertad, muchos eligen la diferencia. Y, mientras eso sea empíricamente así — y a la vista está que lo es— es la propia libertad la que genera diferencia, luego hay que elegir. La lección de 1978 fue elegir gestionar las diferencias nacionales que la propia libertad generaba, no negarlas. Porque siempre que este país ha tenido libertad, se ha expresado como plural, como diferente, como nacionalmente diverso. Y siempre que se ha afirmado su igualdad nacional, tal afirmación solo ha podido hacerse contra la libertad, a sangre y fuego.

Ese logro constitucional de 1978 se basó en una concepción digamos empírica de lo político. Primero se atendió a la realidad y luego, sobre ella, se pactó un acuerdo político que la gestionara. Pero primero estaba la realidad del país, conformada por un montón de aspiraciones y anhelos cristalizados en unas elecciones constituyentes. Lo que ahora – se quiera ver o no – ocurre es que esa realidad primigenia que posibilitó el pacto constitucional se ha roto en Cataluña.

Lo realmente sorprendente en esta tesitura es que los que se dan a sí mismos el nombre de “constitucionalista” son los que con más desparpajo pisotean el significado profundo del pacto de 1978. Abascal ha sintetizado el espíritu de ese insólito constitucionalismo al afirmar que es hora de “la contundencia” en Cataluña. Pero ni Suárez, ni Tarradellas, ni la Constitución de 1978 jugaron jamás a la contundencia. Jugaron a la libertad de expresión y a la asunción de las consecuencias de la misma. Frente a ello, estos extraños “constitucionalistas” de hoy no se basan en la realidad de las urnas para gestionarla políticamente de la manera más inteligente y sensata posible. Muy al contrario, parten de una idea metafísica y apriorística de “la nación española” que jamás ponen en duda. No son constitucionalistas, son nacionalismo disfrazado.

Un nacionalismo que tiñe también, por descontado, los ideales de los nacionalistas periféricos, que visualizan para sus respectivas naciones —Cataluña, Euskal Herria, etc. — un mapa tan limpio, tan radiante y tan uniforme como el de Rivera para España. Pero ni España es una sola nación ni lo son Cataluña o Euskal Herria. Todas son naciones de naciones, naciones diversas, naciones con naciones, nacionales plurales, naciones mestizas, naciones impuras, naciones complejas… como queramos decirlo. No lo afirmo como un dogma apriorístico: lo afirmo empíricamente, de modo puramente observacional, porque los datos arrojados cada cada cuatro años son irrebatibles. No me baso en ninguna definición —necesariamente metafísica— del significado del término nación, sino en las decisiones políticas – perfectamente constatables – de la ciudadanía al respecto.

El país es así, y así hemos de afrontarlo. A uno y otro lado, el nacionalismo resurge. El reto de la mejor democracia, y por tanto del mejor constitucionalismo, es hilar de nuevo entre todos un acuerdo que no excluya a nadie y que todos podamos suscribir en libertad. Ahora toca encontrar las hebras que lo tornen posible. Quizás convenga no olvidar, durante esa búsqueda, aquel consejo de Kierkegaard: “la puerta de la felicidad se abre hacia dentro, hay que retirarse un poco para abrirla: si uno la empuja, la cierra cada vez más”.

“Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo”

Los Chunguitos – Me quedo contigo

En las negociaciones –es un decir– entre España y Catalunya hay dos extremos de los que parecemos no salir.

Por una parte, aceptar que existe el derecho de autodeterminación y, en consecuencia, convocar un referéndum para preguntar a los catalanes si quieren quedarse en España. Y luego ver qué se hace con el resultado, especialmente si el resultado es irse. Esta opción tiene sus variantes: si votan sólo los catalanes o todos los españoles, si tiene que haber un mínimo de votantes, por qué margen tiene que ganar una opción sobre la otra (especialmente si implica ruptura), etc. Pero, en el fondo, se trata de un único tema: aceptado el referéndum, cuáles son las condiciones de celebrarlo y de interpretación de su resultado. Es lo que se ha hecho en Canadá para el caso de Quebec, o en el Reino Unido con el caso de Escocia.

Por otra parte, no aceptar que existe el derecho de autodeterminación, que la Constitución no permite según qué preguntas y mucho menos qué libertades, que los territorios deben ser solidarios entre ellos sin condiciones ni dudas sobre los sistemas de solidaridad interterritorial, que el artículo 2 de la misma Constitución debe respetarse sobre todo hasta la segunda coma pero lo que viene más allá es un añadido sin demasiada importancia, que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid porque de eso se trata, en definitiva, cuando hablamos de y desde la corte española.

Existe, se supone, una tercera vía, la normalmente referida vía federalista y defendida por aquellos que se sitúan en un punto equidistante entre la vía del referéndum y la vía del nada de nada. El federalismo supone un pacto entre todas las partes, a saber, el estado federal y el estado federado. Cuando una de las partes se siente agraviada, lo normal por parte de la federación es analizar y, si procede, aceptar que existe un cierto agravio o dejadez del Estado –administrativo, fiscal, cultural, identitario, etc.– con respecto al estado federado y ver cómo se resuelve.

En la vía federalista –y, por construcción, plurinacional–, la solución pasa por identificar los puntos calientes del desencuentro y pactar políticas públicas para deshacer los desequilibrios percibidos: transferir más competencias al gobierno federado (aquí, autonómico), recalcular la financiación descentralizada (o rehacer el modelo de financiación, en los casos más osados), acordar inversiones estatales en territorio o según intereses autonómicos, etc. Esta opción, a diferencia del caso del referéndum, no tiene condiciones: se pactan estos desarrollos políticos y se confía en que cada una de las partes cumpla.

No ha sido este el caso español. Como no existe tal federación, los pactos no son vinculantes. A lo sumo se pedirá a los diputados (mal llamados) nacionalistas el apoyar un pacto de investidura o de gobierno, y al gobierno central cumplir con lo pactado.

Si el estado español quisiese ir virando hacia un modelo federal, como algunos partidos de centro e izquierda han ido proclamando para “parar el reto secesionista” a la vez que “reconocer el factor plurinacional” de España, habría que ligar compromisos de los federados con compromisos del estado federal. Lo que en otros países realmente federales serían las condiciones de quedarse en la federación.

Una federación es una suerte de contrato entre unos y otros. En el caso español, cabría esperar de un movimiento pro-federalista que partiese de la elaboración de dicho contrato, algo que transciende la Constitución “que nos dimos entre todos” y que no es, en absoluto, de corte federal.

Para poder transitar de un marco centralista a otro federal el punto de partida más obvio sería el statu quo: a saber, que España es la que es hoy y ahora el modelo confederal que algunas ramas del federalismo proponen es el opuesto. El punto de partida no es la confederación, sino estados independientes que deciden unirse en ese nuevo estado confederal.

En este punto, cabría los impulsores de una España federal real iniciarían el redactado del acuerdo marco de la federación. Se evaluarían las necesidades y aspiraciones de los estados federados –en materia de administración, fiscalidad, cultura, identidad, etc. –y se pactarían los prescriptivos acuerdos el Estado federal y los estados federados. Estos acuerdos irían ligados a una temporalidad determinada, al final de la cual un comité independiente auditaría el alcance de su cumplimiento.

A diferencia, no obstante, de lo que ocurre habitualmente entre el Estado español y las autonomías, el incumplimiento de los acuerdos sí tendría consecuencias y daría no solamente legitimidad, sino también plena legalidad a un referéndum de autodeterminación de forma automática y de carácter vinculante.

Quien pide un estado federal para España no puede pedir menos que esto. Que el estado se comprometa en el sentido más literal de la palabra a tener en consideración las reivindicaciones de sus territorios federados. A su vez, que éstos se comprometan a dar estabilidad política y social al conjunto del estado. De romperse el pacto, el problema se resolvería votando, pero sin regateos: habiéndose acordado su posibilidad y su modalidad.

Cabría ver qué recepción tendría este modelo entre el movimiento independentista catalán (o vasco). Por ahora no lo sabemos, dado que nadie ha hecho una propuesta de este tipo –probablemente porque, federalista, no hay federación: se hace federalismo al federar.

De una figura de primera línea para presidir el Senado, como era la de Miquel Iceta, a un sustituto prácticamente desconocido como es el senador del PSC Manuel Cruz. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha visto en este catedrático de filosofía el catalán que finalmente dirigirá la Cámara Alta, después de que los independentistas bloquearan el salto de Iceta a Madrid. Cruz comparte con Iceta lo fundamental sobre el modelo de Estado, pero la trayectoria del primero está ligada al activismo y siempre hasta ahora alejada de la primera línea política.

El catedrático de Filosofía Contemporánea por la Universitat de Barcelona, que atesora una extensísima obra académica y literaria y varios premios de ensayo, se hizo un hueco en el activismo federalista como presidente de la entidad Federalistes d'Esquerres. FdE, en cierta forma una ANC federalista, ha sido una de las organizaciones que han mantenido un discurso más duro contra el independentismo y sus líderes, demostrando una idea de federalismo muy alejada de ser estación de paso hacia las posiciones secesionistas.

Cruz dio el salto a las listas de partido en 2016 para acompañar a Meritxell Batet en las listas del PSC al Congreso. Se trataba de un momento complicado para el socialismo catalán, que se veía devorado por unos 'comuns' de Xavier Domènech que parecían no tener techo. Fue entonces cuando el filósofo dejó la presidencia de Federalistes para dar un paso adelante y acudir al Congreso como independiente. Junto a Batet, era una apuesta clara de los socialistas catalanes por mostrar su apuesta federal.

A Manuel Cruz lo avalaban cuatro años de activismo en un federalismo que no teme confrontarse con el procés. De hecho, Federalistes d'Esquerres nació en 2012 de un manifiesto enfocado contra los primeros compases de la reclamación del llamado “derecho a decidir”, que acabaría llevando a una consulta no vinculante en 2014 y al referéndum de 2017. “Una propuesta de secesión augura, bajo el pabellón de un nacionalismo exacerbado, el desbordamiento a corto plazo del malestar social al que nos viene arrastrando el súbito empobrecimiento y el vértigo de la desesperanza de un número creciente de ciudadanos”, advertían en su primer manifiesto.

Este rechazo sin matices de la secesión que profesan Cruz y los suyos no les impide defender con el mismo convencimiento la necesidad de reformar la Constitución para dar un encaje a Catalunya y el resto de sentimientos nacionales existentes entre las fronteras españolas. Así lo dejó firmado en un nuevo manifiesto impulsado por Federalistas en 2014 en el que afirmaba: “El instrumento para revitalizar una verdadera alternativa únicamente puede ser el federalismo, estrechamente ligado al catalanismo político en otros momentos históricos, al que debemos enriquecer ahora con las razones y sentimientos del presente: reformular y actualizar los acuerdos explícitos y las complicidades tácitas que dotaron de sentido al Estado de las Autonomías hace más de treinta años exige ahora una dimensión plena e intensamente federal”.

Estas son las ideas que, durante los últimos años de procés, el PSC ha utilizado con frecuencia como cantera. El federalismo que Cruz representa, y que los socialistas catalanes comparten en general comenzando por Meritxell Batet, apuesta por el diálogo, la negociación, el reconocimiento de la especificidad catalana y el encaje federal, pero está totalmente en contra tanto de la secesión como de cualquier instrumento que pueda desembocar en ella, como sería un referéndum de autodeterminación. En este sentido, el nombramiento de Batet y Cruz para presidir el Congreso y el Senado respectivamente, es un gesto al diálogo con la Generalitat, por el que ambos apuestan, pero también por la defensa de un modelo contrario a la secesión.

Con Cruz en el Senado, Sánchez suplirá además el fracaso de la operación para colocar a Miquel Iceta en aquella silla, a la que permitía conferir simbolismo territorial. De hecho, pese a la dilatada carrera de Cruz en el ámbito académico y activista, colocar en ese puesto a un hombre que pocos ciudadanos conocen viene a subrayar la maldición de un Senado que se sume en la irrelevancia en todas las legislaturas. Un fracaso que, precisamente, federalistas como Cruz utilizan como argumento para afirmar que las instituciones estatales necesitan una reforma o, como mínimo, una revisión.

Catalunya ha vivido, vive aún, un periodo de alta tensión, de esperanzas y enfrentamientos, de desafíos y conflictos. Como todo tiempo de revisión profunda de la vida social, hay una especie de efervescencia, una pasión en los debates, que no es habitual entre nosotros, pero que ahora se ha impuesto con gran fuerza. El proceso independentista es tan apasionado que prácticamente ha monopolizado la atención pública durante los últimos siete años; ha absorbido gran parte de la energía social que habitualmente se dedica a la evolución y mejora de diversos aspectos de la vida pública y ha polarizado las opiniones hasta convertirse en el gran tema único o muy predominante en nuestra vida colectiva.

Nos encontramos en un momento delicado a nivel mundial: estamos asistiendo a liderazgos europeos en los que se reutilizan viejas ideas de la extrema derecha, y ello exige que nos preguntemos que es lo que está pasando, como están evolucionando los panoramas políticos y como ello nos afecta, en una Catalunya que ha abordado este tiempo con una agenda propia, diferente de la mayoría de países.

Indudablemente hay una situación de fondo que, de un modo u otro, repercute en todos, porque se deriva del crecimiento brutal de las desigualdades de los diversos grupos sociales, y ello provoca un desconcierto y un malestar que probablemente se hallan también en la base de la reivindicación catalana. En cualquier caso, la respuesta que se ha originado en Catalunya a las diversas crisis que se están viviendo es original y específica, y no queda claro cómo repercute en el conjunto de instituciones de la sociedad civil, un tejido muy rico de nuestra sociedad que, en gran parte, ha sido la base de la cohesión social existente en toda la etapa democrática anterior a la crisis.

Desde el Grup Pròleg, creado precisamente para tratar de comprender la situación existente y establecer puentes de diálogo dentro de la sociedad catalana, nos hemos preguntado por la incidencia que el proceso independentista ha tenido sobre las instituciones de la sociedad civil, instituciones que son transversales y que reúnen a una población muy diferenciada. ¿Cómo les ha influido el movimiento independentista? ¿ha debilitado su cohesión interna, su capacidad de acción, o, por el contrario, las ha reforzado, y en qué sentido? Estas son las preguntas que formulamos, unos días atrás, a tres mujeres representantes de tres instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad: Comisiones Obreras, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas y la Federación de movimientos de renovación pedagógica. Tres instituciones que en muchos momentos han sido decisivas para avanzar en las formas de participación y democratización de los ámbitos que representan.

Sus respuestas fueron muy interesantes; hubo un elemento común: en los tres casos el proceso independentista afectó al funcionamiento de las asociaciones de las que forman parte, y ha originado algunos conflictos. Sin embargo, los enfrentamientos que han podido surgir han sido generalmente de tono menor. Es decir, estas instituciones, que realizan tareas muy concretas, que se ocupan de la defensa de los trabajadores, de los barrios o del profesorado y las escuelas, han seguido haciendo su trabajo en los ámbitos correspondientes, concentrándose en sus objetivos propios y tratando de no ser absorbidas por el conflicto político.

En este sentido hemos podido llegar a una primera conclusión; los conflictos y los enfrentamientos han sido menores en estas instituciones que en el conjunto de la sociedad. Existe probablemente una impresión de fractura social superior a la que realmente está experimentando la sociedad catalana en muchos ámbitos no directamente políticos.

Veamos algunas particularidades. CC OO es una organización que ha analizado las opiniones políticas de sus afiliados y ha constatado que las preferencias están repartidas entre partidarios de la independencia y partidarios de mantener a Catalunya en España. No se detecta una tendencia acentuada en una u otra dirección, y por ello han surgido conflictos en algunos momentos. Pero se ha mantenido la cohesión en torno a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, y en el acuerdo de no participar en huelgas que no tengan como eje central el mundo del trabajo. Se han producido algunas bajas, sobre todo por parte de personas jubiladas o que no están directamente vinculadas al mundo laboral. Sin embargo, el intento por parte de CC OO de crear espacios unitarios, de confluencia entre ambas tendencias, no ha tenido éxito. Es decir, las fracturas han sido evitadas gracias a un considerable esfuerzo, a tener en cuenta todas las tendencias, y ello ha permitido seguir trabajando en la línea sindical, pero no llegar a posiciones comunes en relación al encaje de Catalunya y España.

La FAVB presenta un panorama similar. En los últimos tiempos su acción ha estado muy vinculada a tareas muy concretas, como la defensa de la vivienda, cada vez más difícil dado el aumento de precios que se ha producido tanto en la compra como en el alquiler, especialmente, en Barcelona, y en los problemas vinculados a la defensa del espacio público (modificación de la ordenanza de terrazas) o de participación (impugnación del Plenario del Ayuntamiento que votó en contra de la multiconsulta).

Las asociaciones de vecinos han tratado así de centrar sus esfuerzos en estas finalidades más que en el debate político; en algunos casos se han producido conflictos, especialmente en la preparación de algunas fiestas locales, cuando algunos asociados intentaban darles un carácter de exaltación del independentismo. Pero de nuevo gracias al esfuerzo común ha sido posible mantener la unidad institucional.

El profesorado ha sido el sector que más directamente ha sufrido las consecuencias del proceso, dado que se vio implicado en el referéndum del 1 de octubre que se llevó a cabo fundamentalmente en escuelas e institutos. Al mismo tiempo, se ha producido una gran presión contra la educación catalana, acusándola de adoctrinamiento. Después de octubre se aplicó el 155, y por tanto nadie salió a defender a las direcciones escolares, que fueron llamadas a declarar e interrogadas. Obviamente, todo ello generó un profundo malestar, porque entre las familias había opiniones muy diversas y se vivieron situaciones francamente conflictivas. Sin embargo, la tarea educativa continua, y se encuentra en un momento muy interesante de renovación pedagógica de gran calado, aunque en cierto modo esta renovación ha quedado algo frenada en este año tan intenso.

El balance es, hasta cierto punto, esperanzador. Nos encontramos en un momento de cierta calma, pero de calma tensa, dado que se avecinan unos juicios que de nuevo van a ser conflictivos. Pero las instituciones de la sociedad civil mantienen su solidez y su ritmo de trabajo; hubo costes importantes, hubo mucho debate, pero no una fractura que paralizara la acción. Es necesario intentar, por parte de todos, del poder político, de la población, de la sociedad civil, preservar estas instituciones tan básicas para el funcionamiento de la sociedad catalana, dado que son ellas las que garantizan la resolución del día a día de los problemas comunes, sea cual sea su posición política y la ilusión o el temor que les inspire el movimiento independentista. Son ellas las que garantizan, probablemente más que nadie, la convivencia y el esfuerzo colectivo por llegar a esta Catalunya mejor que tanta gente anhela.

La Fundación Alfonso Perales nació en 2009 como una “fábrica de ideas” del PSOE andaluz, un proyecto con afán de convertirse “en referencia del pensamiento, la reflexión y el análisis en el ámbito de la socialdemocracia en Andalucía”, según informó entonces este partido. A día de hoy, la fundación está en dique seco; lleva más de año y medio sin actividad alguna; y ninguno de sus trabajos se puede consultar en Internet porque el sitio web está desactivado.

Debería estar a pleno rendimiento siquiera, aunque no es su misión, para colaborar con la ejecutiva regional socialista en la elaboración de propuestas para el programa de las elecciones del próximo 2 de diciembre. Pero nada de eso está ocurriendo. Es más, ante la falta de trabajo, los familiares de Alfonso Perales, el político gaditano fallecido el 23 de diciembre de 2006, han comunicado a la dirección del PSOE andaluz que se retiran del patronato del que forman parte como miembros natos, según varias fuentes. También su vicepresidenta ejecutiva, Amparo Rubiales, ha comunicado su marcha.

La fundación fue impulsada por los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en memoria de uno de los políticos más singulares y brillantes del socialismo andaluz. Alfonso Perales era un hombre que ejercía su oficio con modestia (también con firmeza), inteligencia y un finísimo sentido del humor que también era un arma política para facilitar los acuerdos. “Cada día tiene su afán”, era su lema. El pacto con el PP en el Congreso de los Diputados para probar la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía fue posible gracias a él.

De sede propia a un despacho 

El centro nació con mucha energía, la que le supuso imprimir su responsable ejecutiva, Pilar Navarro, una jovencísima diputada socialista que acabó siendo apartada de lo bien que hizo su trabajo. En su presentación, Navarro, que actualmente es alto cargo de la Junta, señaló como metas de la institución: “Queremos decir lo políticamente incorrecto, aportando la visión crítica y constructiva al partido donde la ausencia de autocrítica es a veces más frecuente de lo deseable”. La actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ocupó la dirección, cargo que hoy por hoy lo desempeña Amparo Rubiales. La presidencia de la Fundación la ostentaba uno de los hermanos de Alfonso, Carlos Perales, fallecido el pasado mes de julio.

La Fundación tenía sede propia en la sevillana calle Baños. Se cerró y el PSOE andaluz habilitó un despacho en su sede de San Vicente, hoy no disponible. Llegó a tener un presupuesto de 150.000 euros, que bajó a 60.000 en 2017. Ahora no maneja ninguna cantidad.

“Nación de naciones”

Una de las mayores aportaciones de la Fundación fue la que encargó el ex presidente Griñán a un grupo de expertos sobre el modelo territorial. Bajo el título Por una reforma federal del Estado autonómico, los expertos convocados, la mayoría de ellos constitucionalistas, apostaron por el concepto de “nación de naciones” y el de “plurinacionalidad” para aliviar el conflicto territorial. “O en España vamos a un Estado federal o será muy difícil que sigamos hablando de Estado español como lo hemos conocido hasta ahora. Es más: o ese Estado federal se conforma como Estado plurinacional o se nos presentarán dificultades prácticamente insalvables para el nuevo pacto que ha de permitir en el futuro la integración en el Estado español de lo que hasta ahora han sido todos sus territorios”, decía el documento.

También añadía: “Hay que reconocer que no hay argumentos concluyentes a favor de que Estado y Nación necesariamente se superpongan como realidades con un mismo perímetro. La misma complejidad de la sociedad actual prepara el terreno para pensar la realidad de un Estado que albergue en su seno naciones distintas, lo cual ha de ser, además, la traducción jurídico-política de la realidad de una España plural de la que decimos que es una ‘nación de naciones”.

Griñán acogió esta reflexión como un punto de partida en el debate territorial, pero con la advertencia de que “la única barrera infranqueable será la igualdad entre los españoles”, es decir, sin privilegios.

Pedro Sánchez reivindica a Perales

La dirección del PSOE andaluz capitaneada por la también presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, renegó de este documento, nunca lo asumió como propio. En su competición por la secretaría federal del PSOE, que perdió estrepitosamente, Díaz repudió el documento publicado por la Fundación Alfonso Perales, con la misma intensidad que lo reivindicó su rival, Pedro Sánchez, durante las primarias. La inactividad de la fundación empezó a partir de esa pelea interna.

El hoy presidente del Gobierno y líder de los socialistas invocó al político gaditano el sábado pasado durante la proclamación de Díaz como candidata, al recordar unas palabras de Perales acerca de la “especie de alergia de la derecha a la descentralización” y la evolución del modelo autonómico. Sánchez volverá este viernes a Sevilla, donde presidirá el Consejo de Ministros y posteriormente, se entrevistará con Díaz en elPalacio de San Telmo, que pisará por primera vez (al menos que se sepa).

Silencio oficial

La familia de Alfonso Perales declinó hablar con eldiario.es/andalucia sobre la inactividad de la fundación. También rehusó el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo. Una portavoz de este partido se limitó a comentar que la institución “está parada desde la muerte de Carlos Perales” y que retomará el trabajo tras los comicios andaluces del 2 de diciembre.

Frente al silencio oficial, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Alfonso Perales, la histórica dirigente socialista y doctora en Derecho, Amparo Rubiales, afirmó: “Siento mucho esta falta de actividad y espero que cuando pasen las elecciones sean capaces de poner en marcha esta fábrica de ideas para Andalucía y el conjunto de España”. Rubiales tiene planeado dimitir: “No he dimitido para no hacer daño. Se lo he dicho a Juan Cornejo montones de veces”.