Una fotografía antigua, en blanco y negro, de Florentino Menéndez Palacios, nacido en 1923 en la aldea de Los Cuarteles de Peñarrubia, en el concejo asturiano de Langreo, es el único hilo del que puede tirar el ayuntamiento langreano para tratar de localizar a sus familiares. Una búsqueda que ha emprendido a raíz de que en una fosa del año 1948, localizada y abierta recientemente en Luou (A Coruña), se hayan exhumado los restos de cuatro maquis.

Además de su filiación y su pueblo de origen se sabe que Florentino Menéndez era hijo de Sabina y Joaquín; los dos únicos datos personales de que dispone la Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Langreo.

Cuatro guerrilleros antifranquistas

Desde esta concejalía se está tratando de localizar a algún familiar, pero hasta ahora todos los esfuerzos realizados no han dado resultado, lo que ha llevado a difundir la fotografía que ilustra esta información para ver si a través de esta imagen alguna persona puede aportar algún detalle que permita identificar a las personas que aparecen junto a él o a alguien de su entorno más cercano.

La intervención en esta fosa corre a cargo del grupo Historia Agraria e Política do Mundo Rural (Histagra) que ha iniciado los trabajos de exhumación de los restos de cuatro guerrilleros antifranquistas de la unidad comandada por Benigno Andrade, Foucellas.

Los trabajos de exhumación

En esta fosa fueron inhumados los restos de Ricardo Fernández Carlés, natural de Pontecesures, Manuel Agrasar Cajaraville, de O Barbarroxa, de A Matanza (Iria Flavia, Padrón), y Vicente López Novo, de Santa Uxía de Ribeira y conocido como “el hijo de la Nova” además del asturiano Florentino Menéndez Palacios.

El Ayuntamiento de Langreo tuvo noticias de esta fosa y de los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en esta fosa a través de una publicación de La Voz de Galicia.

El enfrentamiento

El informe histórico preliminar se basa en fuentes y relatos que ofrecen varias hipótesis del enfrentamiento que tuvo lugar el 19 de mayo de 1948 en Loureiro, en la parroquia de Luou, en el que fallecieron los cuatro maquis y un guardia civil. Foucellas y otro combatiente lograron escapar.

A este llamamiento del Ayuntamiento de Langreo para tratar de localizar a los familiares del maqui asturiano a través de esta fotografía donde se cree que está retratado Florentino Menéndez Palacios, se han sumado otras asociaciones, entre ellas la Federación Asturiana Memoria y Repúbica (FAMYR), a través de las redes sociales, sin que tampoco se obtuviera la información necesaria que les ayude a esclarecer y cerrar este proceso de memoria y dignidad.

Sucedió por casualidad. Hace unas semanas la delegada en Cantabria de la asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Marisol González, viajó desde Santander a Madrid para participar en una jornada de homenaje a la guerrilla antifranquista en el Congreso. Por la mañana aprovechó para ver museos. Dudó entre visitar el Cerralbo, el del Romanticismo o el de Historia de Madrid. Se decidió por el último sin sospechar que esa decisión resolvería una de las incógnitas que su difunto marido, el guerrillero cántabro Jesús de Cos, se llevó a la tumba: quién era Madriles. Aquel compañero que le salvó la vida y a quien solo conoció por su apodo. Nunca supo su nombre.

Madriles descansa para la eternidad en una fosa común del cementerio asturiano de La Borbolla, donde fue asesinado por la Guardia Civil en 1946. Allí hay una placa en su memoria que lo identifica como Pedro Abascal Berrocal. Pero no se llama así. Alguien le confundió con otra persona, también antifranquista, que falleció en un accidente de tráfico en París y que usaba su mismo alias. Casi 80 años después Madriles al fin tiene nombre.

El guerrillero anónimo fue un miliciano republicano que después de luchar en la Guerra Civil participó en la resistencia francesa contra los alemanes. Terminada la Segunda Guerra Mundial volvió a España, cuando el Partido Comunista decidió apoyar el movimiento guerrillero, como uno de los miembros de la épica Brigada Pasionaria. Un grupo de unos 40 hombres que llegaron desde Francia en marzo de 1946 para reforzar la guerrilla antifranquista en Asturias.

Entraron andando una noche de invierno por Roncesvalles, secuestraron dos camiones de pescado y escondidos en ellos a través de Logroño llegaron a Soncillo. Al pie del Puerto del Escudo se les acabó la gasolina, se dividieron en grupos para pasar desapercibidos.

Pero uno de los conductores llevaba un garrafón de repuesto y cuando se fueron los guerrilleros bajaron hasta el pueblo de Ontaneda y avisaron a la Guardia Civil.

Algunos se dirigían hacia Asturias siguiendo la línea de alta tensión que había instalado Electra de Viesgo y que les servía de orientación. Les persiguió hasta el mismo Camilo Alonso Vega -hasta hace unas semanas todavía tenía una calle en Santander- pistola en mano. Fueron cayendo todos: muertos o encarcelados. Los primeros en Resconorio (Luena), otros en los Picos de Europa.

Madriles y la Brigada Machado

Madriles fue uno de los pocos que sobrevivió. Junto a otros compañeros se integró en la Brigada Machado, uno de los grupos de guerrilleros cántabros que se echaron al monte para combatir al franquismo al acabar la Guerra Civil.

Allí coincidió con Jesús de Cos, el marido de Marisol, que en septiembre de 1946 resultó herido en una pierna por un disparo de la Guardia Civil. Su compañero Madriles cargó con él, prácticamente inconsciente, varios kilómetros monte a través, desde las proximidades de Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal, Cantabria) hasta el pueblo de Caranceja, en Reocín. Le salvó la vida. Allí, en casa de Fidela y José -colaboradores de la resistencia- le sacaron la bala con unas pinzas de depilar entre chorros de alcohol. Sin anestesia alguna.

Dos meses después, mataron a Madriles. Estaba con otros compañeros -Gildo, Quintiliano y Felipe Matarranz- en la cabaña de La Rizosa próxima a La Borbolla (Llanes, Asturias) cuando -según el relato del propio Jesús de Cos- apareció la Guardia Civil. Murió en el tiroteo y le enterraron en el cementerio del pueblo.

Nunca se conoció su verdadera identidad, que en Cantabria y Asturias ha sido un misterio en las últimas ocho décadas. Ni siquiera sus compañeros de guerrilla sabían quién era.

Hace unos años, sus compañeros de la Brigada Machado, Jesús de Cos y Felipe Matarranz, pusieron una placa de recuerdo en el cementerio. “Mire, este hombre era un capitán del ejército, ¡un héroe en Francia! y si no le ponen la placa va a haber un conflicto internacional”, le dijeron al cura para convencerle.

En el cementerio asturiano hay un cartel que dice que allí yace Pedro Abascal Berrocal. No es cierto, aunque también fue conocido como Madriles. Un comandante francés les sacó hace tiempo del error.

Un tropiezo accidental

Un día azul y frío de otoño Marisol estaba terminando su visita al Museo de Historia de Madrid cuando vio en una esquina la estatua de un soldado con un fúsil. Se acercó a leer la cartela y se llevó una sorpresa mayúscula. Era Madriles. A tamaño natural. Cargando su fusil. Un miliciano del ejército popular de la República, nacido en Vallecas, que en las trincheras de la Casa de Campo, en el frente de Madrid, conoció al escultor catalán Josep Viladomat (1899-1989) que le representó en una escultura de yeso con la que ganó el primer premio de la Exposición Trimestral de Artes Plásticas de 1938.

La que mira con asombro Marisol es una réplica de aquella. En 2018, con motivo de la exposición ‘No pasarán’, dedicada al Madrid de la Guerra Civil, el ayuntamiento de la capital española encargó una reproducción en bronce de la estatua que salió del taller del artista en Barcelona.

La original, que se expone en el Museo Nacional D'Art de Catalunya, estuvo oculta durante 40 años. En el exilio del olvido, mientras duró la dictadura.

En 1986 reapareció al calor de la democracia. Se redescubrió igual que ahora sucede con la identidad de su propio protagonista. Para saber quién está enterrado en Asturias han hecho falta otras cuatro décadas más. Aunque Madriles siempre estuvo a la vista de todo el mundo en dos museos.

Ahora ya puede reivindicarse su nombre y grabarlo en la lápida del guerrillero anónimo: Ramón Vía. El protagonista de una de las esculturas más emblemáticas de la Guerra Civil.

A partir de los juicios con mujeres encausadas y de archivos militares repartidos por toda España, Javier Rodrigo, historiador especializado en el estudio de las guerras civiles, políticas de violencia y catedrático en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha rescatado la historia de las mujeres víctimas de violencia política, violencia sexual y torturas durante la posguerra, concretamente desde el final de la Guerra Civil hasta mediados de los años 50. Se trata de 150 mujeres guerrilleras armadas y otros cientos de ellas que participaron en la resistencia desarmada como enlaces de los guerrilleros. Todo ello lo ha recogido en el ensayo 'La guerra degenerada. Violencia y resistencias en la España de posguerra'.

“La Guerra Degenerada es un libro que originalmente quería y quiere trabajar sobre la historia de las mujeres que fueron víctimas de violencia vinculada a la represión y a la persecución política en la posguerra española. En España hay una guerra después de la Guerra Civil. La guerra de la resistencia, la guerra contra la guerrilla en la que participan muchas mujeres. Muchas participan como guerrilleras, unas 150, pero sobre todo participan muchas mujeres como enlaces o como resistentes del llano. Una forma de resistencia desarmada que no es políticamente vinculante, sino que tiene mucha relación más bien con los afectos y con las relaciones familiares, pero que es fundamental para la supervivencia de la guerrilla. Estas mujeres, sobre todo los enlaces, acaban convirtiéndose en víctimas propiciatorias de la persecución de la guerrilla. Víctimas vicarias en muchos casos también porque se las tortura o encarcela para intentar que delaten a guerrilleros que están en el monte. Son sometidas muchas veces a formas de violencia sexual o genitalizada, incluidas violaciones o reconocimientos vaginales forzosos”, detalla Rodrigo a este periódico tras su paso por Bilbao para presentar la obra.

El historiador era consciente de que existían este tipo de prácticas en la posguerra, pero hasta la fecha nadie las había sacado a la luz. “Planteé la posibilidad de investigarlas a partir de los expedientes militares, los expedientes de los juicios militares en los que existen mujeres encausadas, en los archivos militares que hay esparcidos por toda España. Así me di cuenta de en qué consiste la guerra irregular, la guerra degenerada, la guerra entre la resistencia y el Estado fundamentalmente, y con ello pude volver a replantear la posguerra misma. La posguerra no es un tiempo de paz, sino de pacificación, y es un tiempo de una extrema violencia en la que existen tanto una guerra irregular contra la resistencia como formas de violencia sexuada, de violencia específicamente pensada y dirigida hacia la mujer como la de la violación, los tocamientos y las torturas. Y de esto va el libro, básicamente de repensar la posguerra a través del estudio de la presencia de la violencia contra las mujeres en el marco de la guerra contra la guerrilla”, apunta el autor.

¿Cómo consiguió dar con estas mujeres violentadas y torturadas si se trata de una violencia ocultada? Rodrigo confiesa que lo que se sabe de ellas es “relativamente poco”. “La posibilidad de cruzar datos con otras fuentes documentales es muy limitada, no se trata de mujeres que, a diferencia de en otros casos europeos, hayan escrito sus memorias o hayan sido visibilizadas por la historia, por la historiografía o por las políticas de memoria. Se trata de mujeres, de colectivos abiertamente invisibilizados por las políticas de memoria, pero también por la propia historiografía, es decir, por la rama de conocimiento que reconstruye el pasado. Por tanto, me es muy difícil tener más información sobre estas mujeres. Resistentes armadas, es decir, guerrilleras, se pueden identificar aproximadamente solamente 150 más o menos. Se conocen las identidades e incluso algunas han escrito su biografía, pero las enlaces son miles y es imposible reconstruir la historia de miles de mujeres, que no es que sean anónimas, es que han sido anonimizadas, porque nadie es anónimo. Por eso yo me limité a identificarlas a través de la forma en la que las identifica el propio Estado franquista, que es utilizándolas como o como enjuiciadas o como testigos en procesos judiciales militares”, sostiene.

Rodrigo llega a la historia de estas mujeres gracias a los archivos militares. “Sabía que había decenas de miles de juicios, de expedientes judiciales que nadie había tratado en el estudio de la represión franquista, de la violencia franquista y específicamente de la violencia contra las mujeres en la guerrilla. Entonces, en estos juicios, en estos expedientes, fui a buscar nombres femeninos. Encontré unos mil expedientes judiciales en tres o cuatro archivos en Ferrol, Sevilla, Zaragoza y Madrid. Expedientes judiciales en los que aparecían mujeres como encausadas”, detalla, a partir de ahí comenzó su investigación. “Tire del hilo para conocer los procedimientos judiciales y las investigaciones judiciales que se realizan sobre estas mujeres, encontrándome con grandes sorpresas. Por ejemplo, el hecho de que hay mujeres que en sede judicial, es decir, delante del juez, se retractan de las declaraciones hechas en sede policial, porque dicen que las confesiones hechas en el cuartelillo de la Guardia Civil, las hacen bajo tortura o bajo amenaza de tortura, o porque las han violado o pegado. Esto abre una ventana, una ventana muy pequeña a través de la cual asomarse a una historia que está por reconstruir en España, que es la historia de la violencia sexual y de la tortura como forma de violencia sexual. Un tema que no se ha investigado y que se puede seguir investigando. Se puede seguir continuando con el trabajo de vaciamiento de las fuentes militares”, reconoce.

Según reconoce, ese es su objetivo: seguir investigando sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres en la posguerra. “Mi objetivo es, por un lado, visibilizar la violencia contra las mujeres en la posguerra, visibilizar a las víctimas supervivientes de violencia sexual en la posguerra y luego plantear también una forma de repensar la posguerra, en la que entendamos que la praxis generalizada de las violaciones y las torturas es una realidad cotidiana en los pueblos y las ciudades, que es una historia de violencia. La historia de la España de posguerra es también una historia de resistencia, porque también lo que quería era reivindicar que estas mujeres, por activa o por pasiva, de manera consciente o inconsciente, son agentes de la resistencia. Siempre que se estudia la resistencia, son resistencias nacionales, armadas y masculinas. Y, en cambio, yo lo que quería reivindicar es el estudio de una resistencia desarmada, no siempre nacional, sino más bien relacional y sobre todo una resistencia en femenino, porque cuando la resistencia es desarmada es siempre resistencia de mujeres. Sobre eso no cabe ninguna duda”, concluye el historiador.

La masacre durante la toma y el contraasalto del Palacio de Justicia de Bogotá, hace justo 40 años, fue la desembocadura de todas las aguas putrefactas de la violencia en Colombia. El sanguinario ataque inicial de la guerrilla del M-19, donde militaba el hoy presidente Gustavo Petro, solo queda como preludio de una sangría mucho mayor. Las Fuerzas Militares y de inteligencia se encargaron de consumar la tragedia. Las balas de los soldados, adiestrados en la fiebre anticomunista y los manuales de antiinsurgencia estadounidenses, mataron a magistrados, funcionarios y empleados inocentes.

Pero aquella suerte de esquizofrenia institucional también los arrastró a torturar. A sembrar el horror. Y escribir una de las páginas más aberrantes en la historia del país.

El plan guerrillero, similar al ejecutado por el Frente Sandinista para la Liberación nicaragüense en 1978, consistía en asaltar la sede del poder judicial como represalia por los incumplimientos de los acuerdos de cese el fuego bilateral y búsqueda de caminos hacia una paz negociada con el Gobierno del Conservador Belisario Betancur (1982-1986). Con tan solo 41 insurgentes —seis de ellos no entraron en el recinto— el escuadrón del M-19 inició a las 11:40 de la mañana de aquel 6 de noviembre la toma del monumental edificio de piedra amarillenta en pleno corazón político de Bogotá.

Solo dos guerrilleros saldrían con vida tras un drama que duró 28 horas e incluyó el desembarco de fuerzas especiales en la azotea, uso de explosivos y hasta un tanque de guerra para derribar la entrada principal.

Fueron 95 muertos y 11 desaparecidos. Aquella jornada desnudó una historia de barbarie mayor cuyas piezas aún se hallan dispersas. Algunas de ellas en informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exagentes o investigaciones de la estatal Comisión de la Verdad.

Con todo, aún no existe un trabajo que condense toda aquella conducta que, a lo largo de los 80 y 90, funcionó como un pilar en la lucha antiguerrilla. Con la misma lógica y crueldad de las dictaduras del Cono Sur, pero en un país que ha vivido una historia democrática casi continua, oficiales de inteligencia dejaron una estela de violaciones de los derechos humanos contra simpatizantes de izquierda.

Todo vale contra el ‘enemigo interno’

Los investigadores del tribunal transicional para el conflicto interno, la Justicia Especial para la Paz (JEP), se hallan en el entuerto de conectar los puntos. Más de uno se confiesa impactado por la cantidad de pruebas que han emergido en los últimos meses. Cada vez queda más claro que, por ejemplo, dentro del mismo marco del Palacio de Justicia, algunos de los miles de víctimas del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) fueron presa de las operaciones de la misma compañía del disuelto batallón Charry Solano, al norte de Bogotá, donde posiblemente fue torturada la guerrillera del M-19 Irma Franco, tal vez el mejor documentado caso de desaparición forzada en los hechos de noviembre de 1985.

Todo apunta que la guerra sucia que se ha tratado de presentar desde sectores políticos como una reacción violenta orquestada por sanguinarios paramilitares, terratenientes de ultraderecha y algunos efectivos aislados de la fuerza pública, fue en realidad un plan cuyo asidero se gestó en el corazón mismo de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje del Estado.

Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia [...] es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador

Fuente judicial

La magistrada Catalina Díaz, de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, asegura a elDiario.es que hasta ahora no se había investigado “a fondo” el papel de estos aparatos en los crímenes contra la UP. “Hay nueva evidencia, por ejemplo, de que hubo un seguimiento sistemático contra la Unión Patriótica y que la inteligencia militar incluso pudo estar detrás de la estigmatización y construcción de un relato peyorativo para legitimar su accionar”.

El ya mencionado batallón Charry Solano, que en 1986 se convirtió en la Brigada XX, acumula 35 denuncias de tortura, 51 de ejecuciones sumarias y 73 de desapariciones forzadas. Un grupo de organizaciones de derechos humanos ha entregado, desde 2020, pruebas con hechos ocurridos, presuntamente, entre 1977 y 1998. Uno de aquellos denunciantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha sufrido más de 30 años de persecución, acoso y actos ilegales por parte del Ejército. Por ello, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano responder por violaciones contra sus miembros, ligados a la izquierda política, y sus familias.

Una fuente judicial que pide mantener su nombre oculto, resume: “Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia entre los años 1978 y 1989, más o menos, es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador. Es el mismo modelo, bajo la premisa de que el enemigo interno comunista era susceptible del ejercicio de la violencia. Legal o ilegal”.

Los políticos maquillaron la verdad

A medida que se conocen más casos, donde los nombres de algunos generales o coroneles se repiten, y las piezas van dando forma al rompecabezas, la sociedad colombiana empieza a cuestionar más la conducta militar. Jorge Cardona, reportero y exeditor del diario El Espectador, regresa sobre el caso del Palacio de Justicia: “La postura de la clase política, con las excepciones de siempre, fue rodear a las Fuerzas Armadas. Una de las primeras voces institucionales disidentes fue la Procuraduría, que denunció en 1986 al presidente Belisario Betancur y manifestó que hubo exceso de la fuerza y desconocimiento del derecho internacional humanitario”.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin embargo, absolvió al presidente Conservador siete meses después de los hechos. Para Cardona, la “vía política fue decorando la impunidad”. Helena Urán Bidegaín es hija de Carlos Horacio, magistrado muerto durante la retoma del Palacio de Justicia. Ella ha dedicado una parte importante de sus 50 años a entender los hechos: “Parte de los expedientes relacionados con las masacres y las torturas del Estatuto de Seguridad, implementado por el presidente [Julio César] Turbay [1978-1982], se quemaron en el Palacio de Justicia. Todo quedó suspendido. Y la construcción del relato que se ha hecho desde sectores del poder es acomodaticia y solo exalta sus actuaciones, así hayan sido indignas”, dice a elDiario.es.

Otra investigadora que pide no ser identificada, trae a colación las declaraciones televisadas del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, absuelto en 2015 de responsabilidad en dos casos de desaparición forzada, y quien fue una de las cabezas visibles en el asalto de recuperación de la sede judicial en 1985. Mientras el humo y las llamas carbonizaban el edificio, el militar vociferó al ser preguntado por el objetivo: “¡Mantener la democracia, maestro!”. El alcance de su labor, sin embargo, aún deja grandes interrogantes. Porque en Colombia, argumenta la misma fuente, se han normalizado los desmanes de una operación castrense sanguinaria: “Como si en Colombia existiera la pena de muerte”.

El silencio de cientos de víctimas que sufrieron en algún momento aberraciones confirma que el país aún navega la superficie de una etapa negra. “Hay dos momentos. Desde finales de los años 70, los militares mezclan el secuestro, la tortura, y, en menor medida, los homicidios, en instalaciones militares, como el Cantón Norte y el Charry Solano en Bogotá. Hoy la evidencia apunta a que, en algún momento de la segunda mitad de los 80, dejan de hacerlo en los cuarteles porque ya era problemático y se aceleran los asesinatos extrajudiciales en otros contextos. Se ha establecido que los soldados tiraban los cadáveres en zonas de las afueras de Bogotá como Funza, Choachí o el Tequendama”, asegura un investigador.

Algo cambió el 6 de noviembre de 1985

Para el antropólogo David Marín, autor de Pérdida en el fuego (Planeta) —una reconstrucción minuciosa de la “masacre olvidada” del Palacio—, algunos grupos de poder tradicional entendieron, aquella especie de noche de los cuchillos largos del 6 de noviembre de 1985, que habían perdido el control de las cosas. O, cuando menos, que la batalla contra los insurgentes había descarrilado. Se sumaron nuevos y sanguinarios actores potenciados por el narco. Y los métodos de terror se emplearon con más ímpetu que en décadas anteriores.

El marco conceptual se sustentó en los manuales de inteligencia y contrainteligencia inspirados en el adoctrinamiento de la Escuela de las Américas en los años 60. Y el decreto presidencial de 1978 ya citado, que perseguía los mismos objetivos de la Operación Cóndor dirigida desde Washington, aportó el andamiaje legal necesario. En esencia, se trataba de eliminar los focos de oposición mediante un calco de algunas de las brutales actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet en Chile, o de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la dictadura de Videla en Argentina.

Esas puertas cimentaron las facultades de “exterminio de facto” para las Fuerzas Armadas colombianas, según escribe Marín en el epílogo de su libro. La represión oficial contra “todo lo que oliera a comunismo” derivó en la multiplicación de las retenciones arbitrarias, los seguimientos y perfilamientos de estudiantes, sindicalistas o maestros: “Se sistematizaron las torturas. Se arrojaba gente a los ríos, a los parques, a las cunetas de las carreteras menos transitadas, a los humedales... Esos eran los que aparecían. De otros no se tiene el menor rastro”, escribe el antropólogo.

La barbarie tras un telón democrático

Entre quienes murieron en el Palacio de Justicia había 11 magistrados de la Corte Suprema. Varios de los mejores juristas de una generación cuya edad promedio no superaba los 60 años. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de 53 años. Falleció, según los nuevos hallazgos de la investigación de Marín, víctima de una ráfaga de metralla del Ejército colombiano durante la recaptura del Palacio. Pero a lo largo de estas últimas cuatro décadas, en Colombia todavía no se ha publicado un trabajo global concluyente. O una investigación periodística o histórica que sintetice con claridad los resortes más amplios de un capítulo cuya mayor singularidad es que se desenvolvió en un contexto democrático.

Eduardo Carreño, miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, plantea un problema de fondo: “El terror en Colombia aún es muy complicado. Por eso a las víctimas de esa época les cuesta hablar. Las estructuras criminales de aquel entonces cambiaron de nombre, se convirtieron en otros organismos, desmontaron el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero la violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables de esos casos”.

Algunos de esos episodios más recientes son los de los asesinatos de jóvenes pobres que el Ejército presentó como guerrilleros durante las Administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). O la Operación Orión (2002), a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía contra las milicias urbanas de las FARC en los barrios bravos de Medellín. Allí las organizaciones de Derechos Humanos han calculado que se produjeron 300 desapariciones forzadas.

La violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables

Eduardo Carreño — Miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La comparación con las dictaduras de Chile o Argentina se queda coja. En esos países, donde a lo largo del siglo XX hubo procesos políticos de corte socialista que sí avanzaron, la respuesta fue suprimirlos mediante dictaduras militares. En Colombia nunca ocurrió nada similar. Quizás por ello, a las fuentes consultadas aún les cuesta configurar un relato más completo donde, tras el telón de solidez institucional, el mismo Ministerio de Defensa apeló a métodos tan sanguinarios en la trastienda.

Algunos de los jueces más tozudos que murieron en el Palacio ya lo venían advirtiendo. En junio de 1985, un juez del Consejo de Estado implicó al Gobierno de Julio César Turbay y a dos generales en la tortura de la médica Olga López Jaramillo y su hija de cinco años en 1979.

El fallo concluyó que el Ejecutivo empleó métodos irracionales, inhumanos y proscritos por todas las convenciones de derechos humanos. La sección tercera del tribunal responsable del dictamen judicial, alojado en el mismo inmueble que cinco meses más tarde sería devorado por los proyectiles y las llamas, empezó a recibir amenazas de forma reiterada. Algunas de ellas estaban dirigidas con nombre propio contra jueces que investigaban por entonces casos de torturas ejecutadas, según se sospechaba, por parte de algunas unidades del Ejército colombiano.

En algún lugar secreto de la selva del Putumayo, en la Amazonía colombiana, el Ejército hizo volar por los aires cuatro toneladas de explosivos, granadas, morteros y balas. Hasta hace pocos días, ese arsenal estaba en manos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo armado surgido de la extinta guerrilla de las FARC.

No se trataba de una exitosa operación militar: fue la misma guerrilla la que entregó 14 toneladas de sus armas como un gesto de paz en la negociación con el Gobierno presidido por Gustavo Petro. Es el avance más tangible que ha dado hasta ahora la denominada 'paz total', una de las políticas bandera del presidente colombiano, cuya idea es negociar la paz con diferentes grupos y bandas armadas al mismo tiempo y que de momento ha dado escasos resultados.

Las autoridades lo celebraron por todo lo alto. El 15 de octubre, ministros, altos cargos y el mismo Petro viajaron hasta un instituto en el municipio de Puerto Asís —no muy lejos de donde ocurrió la explosión— para presentar el hito en una pantalla gigante.

Cientos de personas acudieron eufóricas: se trata de la primera muestra concreta de paz en su territorio desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016. Significa también una posible tregua en la violencia cotidiana: con los explosivos destruidos podrían haberse fabricado hasta 27.500 minas antipersona, según datos oficiales.

“Vamos a avanzar a pesar de la adversidad. Hoy no solamente destruimos explosivos, sino que sembramos paz, esperanza y sueños”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En un país donde los procesos de paz suelen naufragar entre la desconfianza y las balas, la destrucción de este arsenal de guerra es hasta ahora el avance más visible del Gobierno de Petro en su promesa de poner fin a un conflicto que, a nivel nacional, ha dejado más de 450.000 muertos en seis décadas.

Si bien la CNEB no está entre las guerrillas más poderosas del país, cuenta con unos 2.500 combatientes y controla extensas zonas en la frontera con Ecuador. Allí, la CNEB aprovecha la ausencia del Estado para controlar la minería ilegal de oro y coltán, ejercer el control sobre la población y extorsionar a empresarios. Sus dominios abarcan también las jugosas rentas del narcotráfico: Putumayo y Nariño son los departamentos con mayor superficie de hoja de coca de Colombia, sumando entre ambos alrededor de 115.000 hectáreas, un área similar a la ciudad de Córdoba.

La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra

Sandra Lagos — Presidenta de la organización Asojuntas Puerto Asís

Casi la mitad de los habitantes de Putumayo han sido víctimas del conflicto; y muchos de sus habitantes deben convivir con la crudeza del reclutamiento forzado y el asesinato de líderes sociales. Por eso, para los putumayenses, el gesto de la CNEB permite soñar con una paz que los ha evadido durante décadas.

“Ya los ataques contra los civiles han bajado desde que la CNEB y el Gobierno están en diálogo. La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra”, dice Sandra Lagos, presidenta de Asojuntas Puerto Asís, una organización que reúne a las asociaciones vecinales del municipio. “Pero necesitamos que inviten a la mesa a las comunidades, porque nuestro problema es también la corrupción y la falta de inversión social”, añade.

Los aplausos se detienen cuando el comandante de la CNEB, Walter Mendoza, sube al estrado a dar su discurso en el sofocante calor del polideportivo. Todavía quedan dudas: no se sabe cuántas armas conserva la guerrilla, ni si parte del arsenal entregado era simplemente material obsoleto.

“A medida que se vaya avanzando, veremos las posibilidades de entregar más material de guerra”, explica Mendoza a elDiario.es. “Pero el problema no son las armas: es que el Estado nunca ha solucionado los problemas del pueblo colombiano. No ha cesado la represión; nunca ha hecho la reforma agraria integral; nunca ha construido las carreteras necesarias. Estos son territorios muy abandonados por el Estado”.

A la paz se le acaba el tiempo

El éxito en Putumayo y Nariño contrasta con el deterioro de la seguridad en el resto del país. A su llegada al poder en 2022, Petro prometió acabar con la guerra negociando simultáneamente con todos los grupos armados. Pero a menos de un año de terminar su mandato, este es apenas el segundo proceso de desarme que se concreta, después del realizado con el Frente Comuneros del Sur, un grupo con poco más de 200 integrantes.

Muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales

Gerson Arias — Investigador de la Fundación Ideas para la Paz

Los demás diálogos avanzan con lentitud o están suspendidos. La violencia del ELN, el Clan del Golfo y otras disidencias de las FARC han repuntado en diferentes zonas del país. A principios de año, el Gobierno miró con impotencia mientras una cruenta guerra estallaba entre dos grupos armados en la frontera con Venezuela. El resultado fue una crisis humanitaria sin precedentes: casi 65.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en apenas tres meses.

“El Gobierno ha restringido el uso de la fuerza para no dinamitar las diez mesas de diálogo que tiene abiertas”, explica a elDiario.es Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. “Pero muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales. Los diálogos les han servido para fortalecerse y ganar reconocimiento político”.

Arias sintetiza así una paradoja que resume el momento actual: los diálogos que deberían debilitar la guerra parecen, en algunos casos, darle oxígeno. Según cifras oficiales, el número total de combatientes ilegales ha crecido un 45% desde el 2022.

El Gobierno, no obstante, insiste en que el proceso con la CNEB demuestra que la 'paz total' sí puede funcionar.

“Estos avances se miran con cierto desdén, pero estamos construyendo la ruta hacia la paz”, sostiene Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno. “En nuestro caso, el CNEB no se ha fortalecido por culpa del diálogo. Poco a poco las comunidades han logrado recuperar parte de su tranquilidad”.

Aun así, el reloj político juega en contra. A Petro le queda menos de un año de mandato y necesita mostrar resultados visibles, dice Óscar Chalá, investigador de la Fundación Pares. “El proceso en Putumayo es un avance significativo, pero oculta las graves carencias que tiene la 'paz total'. Negociar exitosamente con 20 grupos armados al mismo tiempo es imposible para el Estado. Lo que queda son los procesos de paz locales, con grupos fragmentados”, indica.

Mientras tanto, el recrudecimiento de la violencia está siendo aprovechado por candidatos de derecha que, nombrando como referente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, prometen la victoria de la mano dura en las elecciones de 2026. “Viene un discurso de seguridad más radical. Si el progresismo no gana, la mayoría de estos procesos de paz se cancelarían. De las primeras acciones de un gobierno de derecha sería levantar todas estas mesas y lanzar una avanzada militar”, vaticina Chalá.

Los nueve empresarios españoles que se vieron atrapados en Trípoli (Libia) por los enfrentamientos armados entre milicias llegaron esta noche al aeropuerto de Fiumicino de Roma, desde donde este viernes cogerán sus vuelos de regreso a España. “Accidentado, pero bien”, dijo a EFE sobre su estancia en Libia el director del departamento de internacional de la Cámara de Comercio de Tarragona, Roberto Barros, poco después de su aterrizaje en Roma en un vuelo en el que viajaban también en torno a cien italianos.

Tras pasar la noche en la capital italiana, cada empresario volará hacia su destino en España este mismo viernes. El grupo viajó a Libia en una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de Tarragona para ayudar a empresas españolas “a abrir mercado”, hasta verse sorprendido el martes por los choques violentos entre facciones armadas, cuando todo se puso ya “muy complicado”, agregó Barros.

“Fue muy complejo, pero en ningún momento temimos por nuestra integridad física”, dijo en Roma otra integrante de la misión, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, Begoña Fernández-Costales. En un primer momento se refugiaron en su hotel, primero en el sótano y después en sus habitaciones, y el miércoles fueron trasladados a la embajada, donde estuvieron hasta salir del país.

“La Embajada española nos ha tratado de forma impecable y en todo momento ha estado gestionando de forma encomiable toda la situación”, agregó Fernández-Costales. Según remarcó, los miembros de la comitiva no sintieron que sus vidas estuvieron corriendo peligro en ningún momento.

“La propia Policía diplomática libia que estaba en el hotel nos bajó en un momento dado al sótano cuando empezaron los tiroteos”, y “una vez se encontró una ventana de seguridad nos trasladaron a la embajada española”, donde se refugiaron 21 españoles, incluyendo los miembros de la delegación empresarial, contó la empresaria asturiana. Según agregó, ya desde ahí, los empresarios fueron llevados en un convoy con coches blindados hasta el aeropuerto de Misrata, desde donde volaron hacia la capital de Italia.

La misión comercial se vio truncada por los choques armados en la capital libia, tras la muerte de Abdel Ghani al Kikli, cabecilla de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA). Marouane Boutami, responsable de exportaciones de los laboratorios Catalysis, aseguró que el grupo fue consciente en todo momento de que no eran “una diana” para las milicias, “sino todo lo contrario”. “Ellos evitan cualquier contacto con europeos o con nacionalidades europeas, es algo local entre las milicias”, remarcó.

Según agregó, ahora toca “descansar” y “retomar todos los contactos” hechos en Libia, “porque es un país con mucho potencial”, y lo sucedido “no es un impedimento para volver a seguir el trabajo”. El Gobierno de Unidad Nacional de Libia, que controla esta región occidental, anunció un alto el fuego para restablecer la calma, en la peor escalada de violencia en Trípoli en más de un año.

Bajo el sol abrasador del Valle del Cauca (Colombia), entre hileras interminables de caña que se extienden hasta donde alcanza la vista, la potente y fecunda industria azucarera colombiana esconde otra realidad marcada por la vulneración sistemática de derechos laborales, la violencia antisindical y un futuro incierto para miles de trabajadores. El tráfico de drogas condiciona la vida diaria en este departamento colombiano con capital en Cali y que tiene como punto estratégico el puerto de Buenaventura, el más importante del país y puerta de salida de la cocaína. Mientras tanto, el Gobierno de Petro intenta controlar esta producción ilegal, la patronal se siente “víctima” de la lucha entre paramilitares y guerrilla y los sindicalistas y maestros, mueren a manos de los narcos por contar o denunciar lo que los “grupos al margen de la ley” ocultan.

“Primero lo secuestraron, luego lo descuartizaron y los pedazos, los introdujeron en un saco de empacar azúcar. Después, lo dejaron en medio de una carretera del ingenio”, relata con voz firme pero cargada de indignación Javier Viafara, presidente de Sintraicañazucol, al describir el asesinato de un compañero sindicalista en abril de 2024. Viafara, trabajador de la caña de azúcar, lleva chaleco antibalas y escolta armado. Su delito, defender los derechos laborales de uno de los trabajos más duros que se pueden realizar en Colombia. El día que el narco le puso en su punto de mira, la familia del presidente de Sintraicañazucol saltó por los aires. Hace años que, por cuestiones de seguridad, vive alejado de su mujer e hijos.

Pero el testimonio de Viafara no constituye un caso aislado, sino que ejemplifica una realidad sistemática que ha sido registrada meticulosamente por organizaciones de derechos humanos y sindicatos: la coincidencia geográfica entre las zonas de producción azucarera y los territorios bajo control de grupos armados ilegales. De hecho, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) trabaja junto a la española Iscod-UGT en un proyecto de cooperación basado en el internacionalismo sindical y que intenta dotar a este sector de empleados y empleadas de la caña azúcar de herramientas para luchar por sus derechos laborales y protegerse de la violencia.

Wilson Sanz, dirigente de la CUT del Valle, confirma esta evaluación: “El Valle del Cauca está plagado de grupos al margen de la ley, que buscan dominar el territorio para controlar tráfico de la droga. En ese sentido, los trabajadores quedan inmersos en esa disputa territorial”. Paramilitares y guerrilla disidente de los acuerdos de paz, pero también bandas organizadas de jóvenes sin futuro que se lanzan al dinero fácil de la droga y la delincuencia, suelen ser los verdugos de estos trabajadores. Solo en 2024, cinco sindicalistas fueron asesinados en el Valle del Cauca por hacer su trabajo.

La investigación realizada por Iscod y la CUT constata un patrón inquietante: en aquellos municipios donde los ingenios azucareros mantienen una presencia dominante, los líderes sindicales son sistemáticamente amenazados, desplazados o asesinados. Una calco de los revientahuelgas en la primera revolución industrial. Según registros de la CUT, “de 1971 a la fecha hay más o menos 3.500 sindicalistas asesinados solamente de la CUT, afiliados a la CUT, y más de 15.000 violaciones de derechos laborales”.

Pero la patronal se defiende. Asocaña, que reúne a doce de los 13 ingenios azucareros (como se conocen las plantaciones y la industria de tratamiento que convierte la caña en azúcar), se consideran también “víctimas” de esta violencia. Justo en la visita de elDiario.es a Cali, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, ha tenido una reunión sobre el terreno con el Gobierno para evaluar la seguridad en la zona. De hecho, el ejército está desplegado en algunos ingenios. “Estamos haciendo todo lo posible para actuar contra estos grupos, nosotros también sufrimos sus prácticas”, asegura Calero. Y desde Asocaña, defienden su compromiso con el empleo y los territorios: “Firmamos una alianza histórica, la apuesta por el desarrollo rural integral de norte del Cauca, que en mayo de 2024 supuso un convenio entre Asocaña, el Ministerio de Agricultura y las comunidades negras y campesinas para impulsar cadenas de cacao, panela y café. Más de 1.170 familias se vieron beneficiadas”. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea, vigente desde 2013, incluye en su Título IX compromisos vinculantes en materia laboral destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, particularmente en sectores exportadores como el azucarero. Colombia mantiene una cuota preferencial para exportar aproximadamente 62.000 toneladas anuales de azúcar a Europa, con un valor que oscila entre los 45 y 58 millones de euros. En los últimos tres años, la media de exportaciones del país a la UE ha sido de 64 millones, por lo que la mayoría de toneladas han entrado con un cero por ciento de aranceles. A cambio, al país andino debe garantizar y cumplir los acuerdos que firma.

Sin embargo, la investigación hecha por Iscod y ratificada de manera presencial por elDiario.es documenta la brecha entre estos compromisos formales y la realidad en el terreno. Víctor Hugo Ramírez, investigador especializado en el TLC Colombia-UE, señala una contradicción fundamental que define la situación: “Colombia es uno de los países que más convenios ha ratificado en la Organización Internacional del Trabajo, pero también es el país que menos ha aplicado los convenios en su regulación”.

Esta paradoja revela el problema central: la ratificación de convenios internacionales no se traduce automáticamente en mejoras efectivas para los trabajadores si no hay una supervisión por parte de los Estados y de la Comisión Europea, que tiene las competencias en materia comercial en la Unión de los 27. Colombia ha firmado los ocho convenios fundamentales de la OIT, cuatro de los convenios de gobernanza y 51 convenios técnicos adicionales, convirtiéndose en uno de los países con más compromisos formales. Sin embargo, la implementación efectiva de estos compromisos sigue siendo deficiente.

Cuando se le pregunta directamente si se está vulnerando el acuerdo de libre comercio con la UE, Ramírez responde afirmativamente: “Sí. El sector debe avanzar en la formalización como parte del cumplimiento de los estándares laborales en materia de trabajo decente”. El problema, según explica, es la ausencia de mecanismos vinculantes que garanticen este cumplimiento: “No tiene un elemento vinculante para los trabajadores. Si no hay vinculación y no hay afectación en el cliente final o en las empresas que compran en Europa, todo lo que dice en ese título no tiene ningún efecto a favor de los trabajadores”.

La evaluación de Wilson Sanz confirma esta perspectiva: “Si bien es cierto hay un acuerdo de TLC entre Europa y Colombia, se ha visto que no han mejorado las condiciones de los trabajadores”. A esta precarización se suman los cinco asesinatos de sindicalistas y la presión antisindical, una clara vulneración de los derechos humanos, también incluida en el acuerdo.

La violencia antisindical no solo tiene impactos colectivos sino también profundas consecuencias personales para quienes dedican su vida a defender los derechos laborales. El testimonio de Javier Viafara revela el coste humano de este compromiso: “Desde el año 2005 mi familia se desintegró. Javier por acá, yo tengo dos niños, una niña por allá en otro departamento, otra en otro departamento y mi esposa en otro departamento. Nosotros nos desintegramos totalmente”.

A sus 50 años, Viafara reconoce el desgaste acumulado: “Ahora ya me siento cansado, ya me siento agotado”. Sin embargo, su compromiso permanece intacto, impulsado por la convicción de que abandonar la lucha empeoraría aún más la situación de los trabajadores: “Si me hago un lado ¿qué pasaría? Esas son las cosas que no dejan dormir”.

La protección que ofrece el Estado a estos líderes amenazados resulta insuficiente y, en ocasiones, hasta irrisoria. “Por parte del gobierno, por parte de la Unidad Nacional de Protección, la única seguridad que me ha brindado ha sido un teléfono y un chaleco”, denuncia Viafara, quien ha tenido que buscar medidas adicionales de seguridad por cuenta del sindicato.

Los sindicatos no son los únicos que han sufrido la violencia contra sus miembros por denunciar las injusticias o, a veces, por estar en el momento equivocado en el lugar oportuno. Los maestros y maestras son la primera alarma que salta cuando el narcotráfico o la prostitución infantil quiere entrar en los colegios. En los últimos veinte años, varias decenas de profesores de enseñanza primaria han sido asesinados por estas bandas. Por denunciar la trata de blancas o, directamente por no dejarse extorsionar. El sindicato SUTEV, una verdadera maquinaria sindical que reúne en sus asambleas a más de 5.000 maestros y maestras, ha montado en su sede una exposición para recordar a sus miembros que perdieron la vida por hacer su trabajo.

Pero la violencia no es el único frente abierto que tienen los trabajadores de la caña de azúcar, los conocidos como “corteros”. La mecanización de la industria plantea una destrucción de empleo nunca antes vista. Frente a la inevitable transformación del sector, los sindicalistas proponen el concepto de “transición justa” como alternativa al actual modelo de reconversión laboral basado en indemnizaciones individuales, que se cuentan por miles. “No queremos la transición que ellos vienen haciendo, que por años han hecho, y es darle una plata a un trabajador para que se vaya para la casa y ya”, explica Viafara.

En su lugar, proponen un enfoque integral que “rescate trabajadores”. Esta visión contempla la creación de empresas satélite alrededor de la cadena productiva del azúcar donde puedan reubicarse los trabajadores desplazados por la mecanización. De hecho, son esos desempleados y familias sin recursos las que acaban sucumbiendo a los cantos de sirena del narcotráfico o el dinero fácil.

Víctor Hugo Ramírez enfatiza la necesidad de armonizar esta transición laboral con las medidas contra el cambio climático: “El Tratado de Libre Comercio debe buscar esa armonía entre el trabajo decente y la transición”. Este enfoque implica integrar los compromisos climáticos del Acuerdo de París en los procesos de negociación colectiva y en la reformulación de los acuerdos comerciales.

“Lo que planteamos nosotros es la paz, una paz transformadora, una paz transformadora que incluye fuentes de empleo, que donde no hay presencia del Estado exista el Estado”, añade Wilson Sanz, vinculando las mejoras laborales con la construcción de paz territorial. Una paz que se ha intentado en Colombia, pero que todavía no se ha alcanzado de manera total.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.

El centenario del nacimiento del periodista y escritor republicano Eduardo Haro Tecglen (Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1924-Madrid, 2005), nos permite rememorar el emblemático semanario Triunfo, pues fue uno de los pilares más reconocidos de la desaparecida revista antifranquista. Hace 42 años, 36 después de su nacimiento el 2 de febrero de 1946 y ya asentada la democracia por la que tanto luchó, en julio de 1982 salió a los quioscos el último número de Triunfo. ¿Por qué desaparecía un medio de comunicación para el que nunca estará mejor aplicado el gastado adjetivo de emblemático de una época? Entre otras razones, quizá pueda resumirse en esa palabra: época: Triunfo desapareció con una época, la suya, que también desapareció.

Una de las peculiaridades de la Transición de la dictadura de Franco a la monarquía constitucional y democrática de Juan Carlos I, acaso la más cruel, fue su comportamiento saturnal: Triunfo fue solo uno de sus muchos hijos que devoró. Su voracidad engulló a prácticamente el único partido que combatió al régimen de Franco, el Partido Comunista de España (PCE), durante muchos años el partido por antonomasia, que en los años 60 puso en pie “asociaciones tan importantes como Comisiones Obreras, la Asamblea de Cataluña, los clubs de amigos de la Unesco, el Sindicato Democrático de Estudiantes, numerosas asociaciones profesionales y círculos de barrio, etcétera”.

Lo dice un historiador de ocasión, Pío Moa, que entonces militaba en la banda terrorista Grapo y que hoy, desde una posición ferozmente derechista, no tiene empacho en juzgar “positivos” los secuestros que perpetró la banda, el del magnate Antonio María Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado y Consejero del Reino, el 11 de diciembre de 1976, y el del teniente general Villaescusa, el 23 de enero de 1977; menos aún al explicar con caradura el supuesto beneficio: “obligar a la oposición antifranquista a moderarse”. Como a Saulo, a Moa lo salvó la caída. Aquel fue del caballo; este, “de la teoría marxista de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia”. Gracias a Marx, pues, hubo un terrorista menos en el mundo, lo que, a pesar de la dichosa teoría, es preferible un historiador ful más en el mundo. Y es que los caminos del Señor son tan inextricables, que diría mi profesor de filosofía, don Paulino Garagorri, como inescrutables.

Por aquel entonces del crecimiento de la efervescencia antifranquista, el 9 de junio de 1962, Triunfo iniciaba su tercera, penúltima y más exitosa etapa de su existencia de 78 años. La revista, inicialmente de cine y espectáculos, había aparecido en Valencia el 2 febrero de 1946, fundada por dos jóvenes periodistas, José Ángel Ezcurra(Orihuela, Alicante, 1921-Madrid, 2010) y Vicente Coello (Valencia, 1915-Madrid, 2006), aficionados al cinematógrafo –Coello fue el primer director de la revista y sería guionista de Atraco a las tres (José María Forqué, 1962), entre una cincuentena de filmes españoles de los 60–. Tuvo un éxito inmediato y para que creciera, Ezcurra la trasladó a Madrid en 1948, rodeado de un equipo de jóvenes cineastas, teatrales y críticos como Berlanga, Bardem, Monleón, Azcona..., que serían punteros en su oficio en las décadas siguientes y con los que fundaría otras revistas: el mensual de teatro Primer Acto (1957) y Nuestro Cine (1961), dos memorables revistas especializadas que le impulsan a progresar en su idea de hacer de Triunfo un semanario “de interés general”.

El éxito despertó las ambiciones del aparato mediático del Movimiento, cuyos prebostes de Prensa y Propaganda ofrecieron integrarla en la cadena, precisamente de lo que Ezcurra quería liberarse, pues planeaba convertir la revista de cine en una de la información más o menos general que podía hacerse, pero comprende que ha de buscar capital que de alguna manera blinde una empresa más fuerte que la suya personal.

A la vanguardia de mano del fascismo

Dinero y blindaje que encontró en otro gran empresario de la comunicación, en este caso de la publicitaria: Jo Linten, un belga rexista, el partido fascista de León Degrelle colaboracionista con los nazis, que tras la guerra mundial se había exiliado en España, como su líder, y que será uno de los publicitarios que con Moro, Pomés, etcétera, abordó desde finales de los 50 la renovación de la publicidad española y fundó Movierecord, una de las primeras empresas en utilizar a fondo los medios audiovisuales y que marcará un hito en la modernización del mensaje publicitario para una dictadura que comenzaba una etapa de desarrollismo económico: “A market named Spain”, como rezaba el eslogan que Ezcurra le regaló a Linten: “Un mercado llamado España”.

El 9 de junio de 1962 comienza la segunda época de Triunfo, editada por una nueva empresa, Prensa Periódica, S.A., con una nueva numeración, aunque este número 1 se acompaña de “Año XVI”, recordando los orígenes. Ezcurra trató de cambiar el nombre por el polisémico Objetivo, título de una revista de cine creada en 1953 por Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Eduardo Ducay y Ricardo Muñoz Suay, que Ezcurra dirigió desde 1955 hasta su cierre gubernativo, junto con las universitarias del SEU Alcalá y Haz e Índice e Ínsula como consecuencia de la crisis universitaria de 1956, que terminó con la política aperturista del ministro de Educación Joaquín Ruiz-Giménez. Pero Linten no quiso prescindir del prestigio acumulado por la marca; los grafistas de Movierecord cambiaron el punto de la i de Triunfo por una estrella asimétrica que remitía al mundo del cine (y que, más adelante, sería denuncia reiterada del fascismo, que, ignorantes como suelen, la identificaban con el símbolo comunista). 

La idea era hacer de Triunfo un magacín ilustrado, en la línea del exitoso Paris Match francés, versión europea del mítico Life norteamericano. Pero, claro..., con medios a la española, es decir, poca Redacción, pocos gastos, poca inversión en producción y publicidad..., por lo que la revista evoluciona más hacia un semanario de opinión que de información, tendencia que se afianzará definitivamente cuando Ezcurra recupere en 1969 el control total de su empresa. Y también de contenidos ‘a la española’ de los siniestros tiempos que se vivían: eludiendo la información nacional. 

Y aún distaba de ser la vanguardia cultural que será. A ese respecto, al reaccionarismo social arrastrado desde la postguerra, se refiere el cantante Camilo Sesto con una anécdota significativa fechada en 1962: “La gente mayor no solo no nos entendía, sino que tampoco les gustábamos. En un recorte de la revista Triunfo, de diciembre de 1962, leía esta tontada: «Se levantan, chillan, marcan unos compases, se vuelven a sentar; silban cuando un número les gusta; la tradicional costumbre de la ovación española para premiar una actuación que ha sido de nuestro agrado, es sustituida en esta ocasión por el silbido ululante, por el pateo rítmico, en la mejor tradición del show americano». Se referían las noticias y las fotos escandalosas a lo que estaba ocurriendo en el Circo Price, de Madrid [las populares matinales musicales]”.

La atención a toda innovación o avance en la política, la sociedad y la cultura, el convertirse en un medio de comunicación abierto a todas horas, como el poema de Alberti, será un proceso gradual a lo largo de la década 1965-1975. Especialmente, el último lustro, cuando, con la incorporación de señalados periodistas, como el propio Haro Tecglen, Manuel Vázquez Montalbán, el trío de economistas que firma Arturo López Muñoz, Enrique Miret Magdalena, Luis Carandell, Ramón Luis Chao, etcétera, la información nacional crítica encuentra su sitio en las páginas del semanario. La mítica serie de Vázquez Montalbán “Crónica sentimental de España” (septiembre, 1969) hace crecer no solo el prestigio de Triunfo sino, lo que es más importante en ese momento, las ventas, pues Movierecord quiebra y cae en las ávidas fauces bancarias del Opus Dei.

Pero antes, el gobierno ya sabe que Triunfo no es partidaria (del franquismo): en 1966, un Manuel Fraga que, al frente del ministerio de Información y Turismo desde julio de 1962, ya ha hecho una limpia de las publicaciones más o menos oficiales a las que teme que se amparen en la nueva ley de Prensa e Imprenta para maquillar los estrechos límites de la expresión, pide a Ezcurra que, con vistas al referéndum de los XXV Años de Paz (Ley Orgánica del Estado, 14 de diciembre de 1966), Triunfo publique una foto “del caudillo” en portada: “como todos los demás semanarios”, les advierte. Ezcurra le da excusas –“Pude improvisar un par de pretextos”, recuerda, “para rehusar tan apremiante petición: «nuestros lectores podrían entenderlo como una imposición política»”– y Fraga, consciente de que no se van a plegar a sus caprichos propagandísticos, levanta airado la reunión: “Esperaba otra respuesta. No tengo más que decir”. Pero la afrenta queda apuntada y guardada por los funcionarios del totalitarismo.

El Opus editaba otro semanario ilustrado, La Actualidad Española, y los sueños húmedos de los nuevos propietarios de Movierecord traman la fusión de ambos para desactivar Triunfo, al que odiaban principalmente por los artículos del teólogo seglar Enrique Miret Magdalena, cuya idea de una Iglesia católica progresista era absolutamente contraria a la que predicaba la secta integrista.

“El Triunfo de las luces”

Ezcurra logra desbaratar la operación del Opus y convertirse en dueño único de la revista y de sus deudas, gracias a la inesperada ayuda de un insólito admirador de Triunfo, el acaudalado Arturo Fierro Viña, presidente de un poderoso grupo financiero y bancario fundado por su padre Ildefonso Fierro. Triunfo se convierte en el referente mediático de unas generaciones que advierten al franquismo: somos los protagonistas del inmediato futuro. Bajo el principio del “predominio de la razón ideológica sobre la razón económica” que mantendrá el semanario a lo largo de su existencia, comienza lo que los directores del semanario califican de “el Triunfo de las luces”. 

Con unos funcionarios de la dictadura empeñados en fundir esas luces.

A la sombra del ominoso artículo 2 de la ley de Prensa de Fraga –que, como el artículo 33 del Fuero de los Españoles, permitía convertir en papel mojado la supuesta libertad que manifestaba–, Triunfo será salvajemente represaliado con expedientes y secuestros “por aquella autoridad de entonces, tan implacable como incompetente...”, escribió Ezcurra, “el Poder, lo sabíamos, vigilaba a Triunfo que avanzaba con creciente éxito en la realización de su proyecto”.

1971 fue un año de grandes agitaciones sociales –el diario Madrid cerrado y camino de ser dinamitado, loa coletazos del Proceso de Burgos, las luchas obreras y estudiantiles, la creación de la Assemblea de Catalunya...–. El semanario, atento a las inquietudes sociales, editó un número extra sobre la crisis del matrimonio y en el que se reivindicaba el divorcio (artículos de Jesús Aguirre, Lidia Falcón, Carmen Martín Gaite...). A propuesta del nefasto ministro de Información Alfredo Sánchez Bella, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y del Opus Dei, el consejo de Ministros dictó una multa bárbara de 250.000 pesetas e impuso cuatro meses de suspensión, máximas sanciones que contemplaba aquella ley de Prensa que aún nos rige hoy, con sus casi 60 años y su pinta de zombi de carnes desgarradas cubiertas de harapos.

La esperanza de la dictadura era quebrar la revista, más que por el importe de la multa cortando los ingresos por ventas y publicidad. Ezcurra se alzó contra la arbitrariedad y sacó a la calle una revista de humor, Hermano Lobo, que palió la angustia económica con su gran éxito instantáneo y ayudó a salvar el bache del castigo autoritario. La ciudadanía progresista se volcó, además, en lograr la supervivencia de la que ya era una de sus señas de identidad y las suscripciones subieron de 2.000 a 10.000.

La ‘generación Triunfo’ fue un fenómeno político de honda trascendencia sociológica y política en los últimos años de la dictadura. El citado Enrique Miret Magdalena cuenta una anécdota estremecedora: “Estaba yo trabajando en una oficina que tenía en la industria de mi familia y me entregan una carta que había traído una señora. Abro la carta, la empiezo a leer y digo que pase esta señora. La carta era de un condenado a muerte en la que me decía lo siguiente: «Estoy condenado a muerte, cuando usted reciba esta carta ya me habrán fusilado, pero le voy a decir una cosa para su satisfacción: Mi mujer me traía escondida entre la ropa, recortados, los artículos de la revista Triunfo y a mí me han ayudado a morir con dignidad, y se los pasaba a otros condenados y a todos les ayudaba. De manera que sepa usted que éste es mi testamento, que esto les ha ayudado”. “En muchos lugares de España”, dijo Vázquez Montalbán, “llevar Triunfo debajo del brazo era una manera de reconocerse y pensar que no se estaba solo”.

El profesor Gabriel Plata denomina la etapa de 1962 a 1968, la etapa que el semanario aparece asociado a Movierecord, como la de “despegue y crisis de la cultura progresista”: estando prohibido hablar sobre política nacional si no era de manera sumisa, se acude a la política internacional y al análisis de sus sociedades más que con objeto de conformar la cultura política democrática –lo que sería atribuir un afán pedagógico a Triunfo a lo que no fue sino uno de los efectos de su trabajo– con el de trazar paralelismos y reivindicar libertades propias. Y de “la madurez de la cultura progresista” al periodo que abarca desde finales de los 60 hasta 1975, en el que Triunfo acercó a los lectores españoles desde las nuevas tendencias –la liberación de la mujer y de la sexualidad, la evolución de los modelos tradicionales de la familia– a los conflictos bélicos y sociales y los grandes debates políticos y filosóficos..., en su mayor parte del extranjero, claro (La razón romántica: la cultura política del progresismo español a través de Triunfo (1962-1975), 1999).

A la primera sanción siguió otra en 1975, cuando el régimen se revolvía como una fiera herida ante la ruina moral y física del dictador. El gran psiquiatra cordobés José Aumente Baena (1922-1996) –un gran andalucista, fundador de la revista Praxis, Revista de higiene mental de la sociedad, que trató de ser una plataforma de diálogo de marxismo y de cristianismo hasta que fue cerrada por el gobierno en 1961– publicó un artículo en Triunfo: “¿Estamos preparados para el cambio?” (núm. 656, 26 de abril de 1975). Las autoridades, no, desde luego: una nueva multa desorbitada y otros cuatro meses de suspensión aseguran el silencio de Triunfo cuando Franco expira por fin.

De modo que lo que la dictadura viva no consiguió en 1971, quebrar la publicación, lo logró el franquismo en descomposición, que así, entre tantos otros signos, sobrevivía a la muerte de Franco. Y en esta ocasión, con un mercado mucho más competitivo por el cambio en los gustos lectores hacia un periodismo más informativo y menos opinante. Ni siquiera la nueva creación de Ezcurra, el mensual Tiempo de Historia (1974), dirigido por Eduardo Haro Tecglen, supuso el fomento caliente que fue Hermano Lobo en su día. El 10 de enero de 1976 reapareció Triunfo con 160.000 ejemplares de tirada –su récord- y una portada tipográfica con “La respuesta democrática” como única leyenda (núm. 676).

Del “Triunfo de las luces” al “Triunfo póstumo”

La ausencia informativa de Triunfo en el agitado cuatrimestre de septiembre a diciembre de 1975 y en la ocasión más esperada –y deseada–, el Gran Óbito, fue decisiva para torpedear su continuidad.

Desde 1974, otros semanarios, principalmente Cambio 16, simulando creerse el llamado “espíritu del 12 de febrero”, el programa político calificado de ‘aperturista’ del gobierno de Carlos Arias Navarro, presidente del último gobierno de Francisco Franco –“Carnicerito de Málaga”, lo apodó el malogrado Cuco Cerecedo en su mítica serie Figuras de la Fiesta Nacional (Diario 16, 1977), por su cruento desempeño como fiscal militar en la ciudad andaluza–, venían llevando al límite, entre secuestros, censuras y sanciones sin cuento, la ley de Prensa de Fraga con un estilo nuevo, moderno, alejado del análisis y decididamente informativo. Son cuatro meses de frenética actividad desde la primera enfermedad de Franco, la tromboflebitis: la asunción de la jefatura del estado por el príncipe Juan Carlos, la entrega del Sahara, los últimos fusilamientos de Franco del 27 de septiembre, los pronunciamientos del ‘búnker’ inmovilista, las asociaciones políticas, la destitución del ministro aperturista Pío Cabanillas y la dimisión de solidaria del de Hacienda Antonio Barrera de Irimo, el congreso de Suresnes del PSOE que orilla a la vieja guardia socialista republicana, la separación de la Iglesia del cadáver andante del dictador, la aparición de la Unión Militar Democrática, el incremento del terrorismo etarra... Y, por fin, el último parte del “equipo médico habitual”, emitido a las 5.30 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975: “Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto agudo de miocardio anterosepial y de cara diafragmática. Úlceras intestinales agudas reincidentes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileo-femoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspiratoria. Choque endotóxico. Parada cardiaca”. Fin.

En esos cuatro meses en los que ya se olía el aire libre al final del túnel, los lectores fueron abandonando Triunfo para pasarse a las nuevas publicaciones. La seña de identidad de la nueva generación era Cambio 16: parece lógico que los lectores españoles del 74 prefirieran las siete líneas que escribió Pepe Oneto para la sección de Carmen Rico-Godoy, Personal (4 de agosto de 1974) sobre la pelea entre el yerno de Franco, el marqués de Villaverde, y el médico del dictador, el doctor Gil, en los pasillos del Hospital del Generalísimo, hoy Hospital Gregorio Marañón, durante la tromboflebitis del ídem, que, por ejemplo, “La Universidad actual: una perspectiva filosófica”, de Ludolfo Paramio (Triunfo, núm. 620, 17 de agosto de 1974)...

Y con los lectores, también se fue la publicidad hasta ser insostenible la continuidad. Hubo acercamientos políticos para que superviviera la marca, unas mejor intencionadas que otras: Javier Solana le transmitió el deseo de Felipe González de subvencionar la revista símbolo del antifranquismo: “Toda mi generación”, le dijo a Ezcurra, “debe muchísimo a tu revista: ha sido como nuestra guía moral, ideológica, cultural, intelectual; hemos leído los libros y acudíamos a los cines y teatros que recomendabais. Es decir, somos algo así como la generación de Triunfo (...) hay que hacer lo que sea para que no desaparezca”. Ezcurra le contestó “Que no creía en la prensa de partido y que Triunfo —y él mismo ya había referido lo que significaba—, su trayectoria, no podía ni merecía terminar en la condición de publicación subvencionada por una opción política; es decir, perder la independencia a cambio de la subsistencia”. A Joaquín Garrigues Walker, ministro de Obras Públicas y Urbanismo de Adolfo Suárez, ni siquiera le dio razones sino un tibio agradecimiento y un contundente rechazo cuando también le ofreció subvenciones, porque “no se puede permitir que un órgano de tal prestigio desaparezca (...): Se haría todo como tú dispusieras, para eso eres un profesional que disfrutas de gran prestigio. Pero con una sola condición: Adolfo Suárez es intocable. El y su política, claro”.

El último número de Triunfo, el 911, apareció el 12 de julio de 1980: “(...) las campanas doblaron por aquella obra colectiva de mil semanas. La publicación que había resistido a la censura, a la represión y a la mordaza del franquismo, agonizaba en plena democracia y —oh, paradoja!— expiraba tres meses antes de que la izquierda de entonces, hoy sólo nominal, obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones generales de octubre del 82”, escribiría José Ángel Ezcurra años después.

El cierre de Triunfo, a los dos años de que también hubiera de cerrar otro medio icónico del antifranquismo, Cuadernos para el diálogo (1978), fue un duelo nacional por la pérdida de una voz independiente, de inequívoca significación democrática. Cientos de voces se lamentaron públicamente. El viejo profesor Enrique Tierno Galván, entonces alcalde de Madrid, puso el epitafio: “Han pagado un alto precio por la libertad que contribuyeron a traer. Durante algún tiempo fueron las únicas ventanas en un muro compacto que no dejaba entrar la luz” (Cabos sueltos, 1981).

El desencanto político, la evolución de los gustos lectores y las necesidades informativas de la acelerada sociedad española de la transición, la “implacable selección natural (...) ha eliminado a Triunfo de la evolución de esta especie comunicacional”, entre otras causas de su desaparición –como la escisión de los comunistas del semanario, desde el redactor-jefe César Alonso de los Ríos a Vázquez Montalbán para fundar otro semanario, La Calle (1978)– , no empañaron que “Uno de los más importantes logros de Triunfo fue el de contribuir decididamente a la recuperación de la memoria histórica de nuestro país (...) un pueblo necesita, debe, conservar su memoria. De esa memoria forma parte también, como significativo episodio, Triunfo. Y es memorable” (José Ángel Ezcurra, Crónica de un empeño dificultoso, 1994).

Y en el último editorial, “una salida de urgencia para una situación agónica”: convertir el semanario en mensual, el “Triunfo póstumo”, como lo llamó Ezcurra, animado por los éxitos del reaparecido Life norteamericano y el Actuel francés. No funcionó: Triunfo mensual apareció en noviembre de 1980 y, veintiún meses después, cerró definitivamente en agosto de 1982.

Por tercera vez reiniciaba su numeración desde el número 1 de Triunfo: el tercer número 1 de la misma revista con idéntico título, no creo que haya otra publicación con esta particularidad: e primero, en Valencia (1946); el segundo, con Movierecord (1962) y con el póstumo, en 1980.

Y es que Triunfo fue, en verdad, un número 1.

Post scriptum.– Conocí a Eduardo Haro Tecglen, el subdirector de Triunfo, cuando empezaba a escribir en los periódicos, por entonces sobre tebeos –en seguida, cómics–, una parcela rara en la prensa que me aceptaban –en Cuadernos para el Diálogo, Informaciones...– porque, además de original, modernizaban el contenido de sus publicaciones.  Empecé a publicar en la sección ‘Artes, Letras, Espectáculos’ y en una ocasión que llevé un artículo, Eduardo Haro salió de su despacho a conocerme con curiosidad: no sé si esperaba ver a un hombrecito verde del espacio de la ciencia ficción, entonces también muy de moda –de hecho, Triunfo dedicó uno de sus Extras a la fantasía científica, en el que colaboré-... Conocía mi nombre por la traducción, con Susana Olmo, mi pareja, que había publicado por entonces de la Historia de Palestina de Lorand Gaspard (1972) y para la que Haro había escrito una actualización y el epílogo. Me acogió con la bonhomía distante que gastaba; comentamos el libro sobre Palestina; me dijo que le gustaban mis artículos y me animó a colaborar con más asiduidad y a ampliarlos a otros temas “de interés general”.

Cerramos esta trilogía sobre los guerrilleros republicanos españoles –la Operación Reconquista de España, la invasión del valle de Arán,  y la obra sanitaria social del Hospital Varsovia de Toulouse– con la única victoria obtenida contra la dictadura del general Franco: el aislamiento internacional y la condena generalizada de un régimen inmoral, profundamente corrupto y despiadadamente asesino. Una victoria pírrica, limitada en el tiempo y que, al final, hizo abroquelarse al franquismo, temeroso de acabar como sus compinches fascistas y nazis, en las horcas de Núremberg o linchados por la furia popular desatada.

Hace 80 años, Francia se preparaba para medio siglo de desagradecimiento y olvido de la lucha de los guerrilleros españoles en la Resistencia francesa contra el invasor alemán. Y, salvo acciones puntuales de ayuntamientos y organizaciones que, al margen de la política oficial, reconocían su heroica lucha, no volvería a ser reconocida y honrada sino hasta finales del siglo pasado y principios de éste.

Así, ya hemos contado que el 14 de septiembre de 1944 Charles de Gaulle, presidente del gobierno provisional francés, tras condecorar a los guerrilleros españoles por su decisiva participación en la guerra contra los nazis –“Guerrillero español: en ti saludo a tus bravos compatriotas. Por vuestro valor, por la sangre vertida por la libertad y por Francia, por tus sufrimientos, eres un héroe francés y español”, dijo, al condecorar con la Medalla Militar y la Cruz de Guerra al guerrillero socialista Pablo García Calero, gravemente herido–, un mes después, el 16 de octubre,  reconoció al gobierno de Franco –declaró: “El Gobierno francés no puede olvidar que España no atacó a Francia en 1940 y, en justa reciprocidad, Francia no piensa atacar ahora a España” (27 de octubre de 1944)– y los desarmó el 28 de octubre, cuando disolvió las Fuerzas Francesas del Interior y sus milicias, como la Agrupación de Guerrilleros Españoles.

Y por su parte, Georges Bidault, ministro de Asuntos Extranjeros y presidente del Consejo Nacional de la Resistencia, derechista y católico pero partidario de una política antifranquista contundente, declaró: “Francia no reconoce más españoles que aquéllos que al lado de los franceses han vertido su sangre por un común ideal de libertad”. Piropo insidioso –que diría Mary Wollstonecraft, madre del feminismo (y de Mary Shelley)– que perseguía que los guerrilleros se alejaran de Francia y se alistaran en la Legión Extranjera como carne de cañón en las guerras imperialistas de Francia en Indochina, Argelia...

En marzo de 1945 el gobierno francés, en reconocimiento a la participación de los republicanos españoles en la Resistencia, les concedió la condición de refugiados, un lenitivo para sus difíciles e inciertas condiciones de vida.

Pero fue el ansia de sangre y de venganza de la dictadura lo que vino, paradójicamente, en auxilio de los exiliados en su lucha antifranquista: el asesinato el 21 de febrero de 1946 en el campo de tiro de Campamento, Madrid, del guerrillero Cristino García Granda, distinguido como Héroe Nacional de Francia, con nueve de los suyos.

De la ira que produjo en Francia da cuenta la moción del 22 de febrero de 1946, presentada conjuntamente por el democratacristiano François de Menthon, el comunista Jacques Duclos, el radical Edouard Derriot y el socialista Maurice Lacroix y aprobada por unanimidad de la constituyente francesa: “La Asamblea Nacional Constituyente recibe, con indignado dolor, la noticia de la ejecución de Cristino García y de sus compañeros de lucha, fusilados por odio a la libertad que poco ha habían defendido en nuestra tierra. La Asamblea traduce la protesta de la conciencia francesa ante esta nueva aplicación de métodos de represión condenados por el mundo civilizado (...) invitando al Gobierno francés a que prepare su ruptura con el Gobierno de Franco. La libertad nace siempre de la sangre de los mártires”.

Ese “preparar su propia ruptura” fue la máxima concesión que habían obtenido De Gaulle y Bidault en vez del “llevar a cabo su propia ruptura” de la moción original. Pero la pasión nacionalista que levantó en Francia el fusilamiento de Cristino García por una dictadura que hizo oídos sordos a la petición universal de clemencia, desactivaba cualquier tentativa gubernamental francesa –más bien del ministro de Asuntos Extranjeros– de tratar de volver a suavizar la moción parlamentaria. Además, con el cierre de la frontera con España el 1 de marzo y la autorización de que el primer gobierno republicano en el exilio, formado en agosto de 1945 y presidido por José Giral, se trasladara a Francia desde su exilio en México, el nuevo presidente del Gobierno provisional de la República Francesa, el socialista Félix Gouin, sucesor de De Gaulle, quería enfrentar a Estados Unidos y Gran Bretaña ante hechos consumados en la convocada Conferencia de Londres sobre España.

La Conferencia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se celebró el 4 de marzo de 1946, pero Francia no obtuvo la ruptura propuesta, aunque sí un compromiso bienintencionado –una Declaración Tripartita de rechazo a la dictadura de Franco y el deseo de que los españoles se gobernaran según su voluntad democrática–, que la haría posible poco después:

“Los gobiernos de Francia, Estados Unidos de América y Reino Unido han intercambiado puntos de vista en relación al actual Gobierno español y sus relaciones con el régimen. Están de acuerdo en que mientras el General Franco continúe gobernando a España, el pueblo español no puede esperar una colaboración cordial y entera con las naciones del mundo, que, por su común esfuerzo, han provocado la derrota del fascismo italiano, y del nazismo alemán, fuerzas que han ayudado al régimen español actual a subir al poder, y de los cuales este régimen ha tomado el modelo. No está en las intenciones de los tres Gobiernos el intervenir en los asuntos interiores de España, debiendo el pueblo español mismo trabajar para trazar su propio destino. A pesar de las medidas represivas del presente régimen contra los esfuerzos del pueblo español para organizar y dar expresión a sus aspiraciones políticas, los tres Gobiernos están seguros de que el pueblo español no será sometido a los horrores de la guerra civil. Por el contrario, se espera que los dirigentes patriotas y liberales españoles tengan los medios para obtener una retirada pacífica de Franco, la abolición de la Falange y el establecimiento de un Gobierno provisional bajo el cual el pueblo español puede tener la oportunidad de determinar libremente el tipo de Gobierno que deseare darse y de elegir sus representantes. Una amnistía política, el regreso de los españoles exiliados, la libertad de reunión y de asociación política y disposiciones que permitan libres elecciones públicas son medidas esenciales. Un Gobierno provisional que se dedique a tales fines recibirá el reconocimiento y el apoyo de todas las naciones amantes de la libertad. Tal reconocimiento incluiría las plenas relaciones diplomáticas y la adopción de medidas prácticas para lograr la solución de los problemas económicos de España, que puede ser practicable en las circunstancias previstas. Tales medidas no son ahora posibles. La cuestión del mantenimiento o terminación por los Gobiernos de Francia, Estados Unidos de América y Reino Unido de las relaciones diplomáticas con el presente régimen español es una materia que habrá de ser decidida a la luz de los acontecimientos, tomando en cuenta los esfuerzos del pueblo español para construir su propia libertad”.

Los intereses de las tres potencias aliadas eran diversos: Francia apostaba por la restauración republicana; Gran Bretaña, por la monárquica y los Estados Unidos, por un gobierno democrático, con una Falange proscrita y apoyo internacional. La jefatura del estado español en una monarquía constitucional y democrática ocupada por Juan de Borbón, heredero del depuesto Alfonso XIII, era una solución aceptable para todos.

Las malas relaciones Franco-Juan de Borbón

La monarquía era la descrita y prometida por Juan de Borbón en el segundo Manifiesto de Lausana (Suiza, 19 de marzo de 1945, redactado por Eugenio Vegas Latapié y Julio López Oliván), de condena y oposición al franquismo: “Me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio, cada día más apremiante, de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al General Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé paso libre a la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad”; una monarquía que sería el reverso del régimen de Franco y cuyas “primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una Asamblea Legislativa elegida por la nación, reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política; una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales contra los cuales no sólo claman los preceptos del cristianismo, sino que están en flagrante y peligrosísima contradicción con los signos político-económicos de nuestro tiempo” y avisaba a “a quienes apoyan al actual régimen” de “la inmensa responsabilidad en que incurren contribuyendo a prolongar una situación que está en trance de llevar al país a una irreparable catástrofe”.

En el primer Manifiesto de Lausana – de 11 de noviembre de 1942, atribuida su redacción a Pedro Sainz Rodríguez, el primer ministro de Educación de Franco, conspirador golpista y luego conspirador monárquico–, confiaba en la rápida restauración de la monarquía, hacía votos por la reconciliación nacional bajo su reinado, se posicionaba a favor de la neutralidad de España en la conflagración mundial y reclamaba para el país “el mayor respeto de todos los beligerantes”.

La correspondencia, las relaciones, entre Franco y Juan de Borbón se habían iniciado por éste el 7 de diciembre de 1936, en carta en que le daba tratamiento de “Jefe de Estado” y en la que se ofrecía a embarcarse en el crucero Baleares para participar en la guerra y así colmar “este anhelo mío de servir a España al lado de mis compañeros”, lo que Franco rechazó. Esta extrema cortesía inicial fue agriándose y subiendo de tono conforme el heredero se daba cuenta de que su corresponsal rechazaba toda negociación –una regencia tutelada por el Movimiento...– y no pensaba abandonar el poder sino utilizar la monarquía como referencia lejana de llegada de su “estado totalitario”.

Por su parte, Franco abandonó las cautelas y dobleces anteriores cuando interceptó una carta de don Juan a su secretario en la que lo tildaba de “usurpador ilegítimo” (“Por la torpeza de la persona portadora de una carta vuestra, que dio lugar a su extravío y que cayera en manos de un agente extranjero del que pudimos rescatarla, hube de enterarme de su contenido y de la intimidad de vuestro pensamiento”, le escribió el 6 de enero de 1944). Respondió con amenazas directas: “Nosotros caminamos hacia la monarquía, vos podéis impedir que lleguemos a ella. Yo puedo aseguraros que los monárquicos verdaderos están consternados con esta situación que hoy os rodea; por sentir a su patria y conocer sus realidades, no tienen otra impaciencia que la de que no os gastéis ni malogréis su porvenir; aspiran a ver asegurado el Régimen y la sucesión futura en vuestra persona, ya que saben que fuera de él volvería a reinar el caos (...) Mi deber leal es el de preveniros para que no podáis decir jamás que no os lo he anunciado en la forma más clara”.

La respuesta de don Juan (tras una ironía inicial: “Honda inquietud y preocupación me ha producido su carta del 6 del corriente que me escribe como consecuencia de haber leído una particular mía dirigida a mi secretario, interceptada, según V.E. me informa, por agentes extranjeros que al parecer han tenido la posibilidad de intervenir el servicio postal entre Irún y San Sebastián”, 25 de enero de 1944) le anunciaba la ruptura: “Siempre me he negado a acceder a los requerimientos escritos por V.E. para identificarme con el Estado falangista, por estimar que ello era incompatible con la esencia misma de la monarquía, que ha de ser genuina y absolutamente nacional y para todos los españoles. Pero he llegado al firme convencimiento de que esta actitud que he venido observando no basta para salvaguardar en el futuro los intereses de la patria, ya que son muchos los que en España y en el extranjero interpretan mi silencio como una identificación con el Régimen presente. Ello me obliga a dar a conocer a España y al mundo la total insolidaridad de la monarquía con él”.

Planteada la ruptura, le invitaba en términos duros a abandonar las mentiras y los disimulos hipócritas: “No estimo oportuno en esta ocasión refutar la afirmación de V.E. relativa a que el Régimen camina generosa y noblemente hacia la restauración de la monarquía. Hasta hoy sólo he tenido noticia de la prohibición de toda propaganda monárquica, de los ataques en discursos y publicaciones oficiales a la monarquía, y de los documentos conteniendo graves acusaciones para mi persona que obligatoriamente ha insertado toda la prensa de España”.

Entre esta carta de don Juan y el segundo Manifiesto hubo unas declaraciones de don Juan, que irritaron sobremanera a Franco, en La Prensa de Buenos Aires –“periódico que [se] viene distinguiendo por su hostilidad hacia España”–. El 7 de febrero de 1944 las contestó con amenazas de violencia: “En esto no hay en España discusión, el sentir es unánime en todos los sectores del país: el Ejército, que sabe lo que se juega en la aventura, la Falange con su espíritu combativo y su ardor juvenil, los excombatientes, los católicos, todo el pueblo sensato y patriota que advierten a lo que nos condujo el liberalismo y han conocido el terror rojo con sus crímenes y checas, no consentirán en España ningún cambio que pueda poner en peligro una paz y una justicia lograda a costa de tantos sacrificios”.

Lo había expresado ya en telegrama previo: “España no está dispuesta a consentir que con motivo de la general contienda puedan desvirtuarse los frutos de la victoriosa Cruzada y defenderá por todos medios, sin contar los días ni los años, nuestra soberanía hasta el último hombre y el último católico”.

Sin dejar su estrategia de vagas promesas, menospreciaba a su interlocutor: “Los cambios que en esos siete años [de correspondencia] vengo observando en vuestro pensamiento, sujetos a la oportunidad de cada momento, me permiten considerar lo poco arraigado de vuestras convicciones e intentar una vez más, aunque con poca esperanza, el apartaros de un camino que sólo podrá conduciros, en un eventual momento de desgracia de España, que Dios y los españoles no han de permitir, a llegar a ser el Rey efímero de una monarquía estilo griego y no el legítimo soberano querido por la nación”.

Las relaciones entre ambos quedaron en suspenso y Franco no las reanudó tras hacerse público el Manifiesto a los Españoles de Juan de Borbón (19 de marzo de 1944), pero sí dos años después, el 23 de enero de 1946, cuando trató de evitar, tras mandarle un emisario, que don Juan se instalase en Lisboa, “por no agradar a la nación portuguesa y no poder ser aceptable tampoco para la nación española esta proximidad”. Sin conseguirlo: el 3 de febrero de 1946, con el régimen franquista bajo las amenazas de tormenta, Juan de Borbón estableció su residencia en Estoril e instituyó su Consejo Privado para asesorarle en sus relaciones con el régimen franquista y para la inútilmente esperada restauración monárquica en su persona.

La victoria del aislamiento

La escasa representatividad del gobierno en el exilio formado por Giral, con exclusión de centroizquierda y comunistas, apoyaba el diagnóstico británico de la restauración monárquica. Pero lo refutaba la división de los monárquicos, pues a los 'alfonsinos' del viejo régimen y a los 'juanistas legitimistas' se venía a sumar la facción del Opus Dei, monárquico-franquista, a la que le venía bien el Nuevo Estado nacionalcatólico y ponía la vista en el horizonte lejano de un Juan Carlos que apenas comenzaba a formarse en las primeras letras.

El muñidor de la Declaración Tripartita de Londres fue el subsecretario de Estado norteamericano Dean Acheson, que llegaría a ser todopoderoso diseñador de la política exterior de Estados Unidos del presidente Truman. Era partidario de medidas contra Franco más contundentes que el wait and see observado hasta entonces por ellos y el Reino Unido, pues crecía la presión de la opinión pública norteamericana y Francia amenazaba con adoptar decisiones unilaterales, como sucedió el 1 de marzo con el cierre de la frontera (aunque un Franco avisado de la intención francesa se tiró un farol y decretó el cierre de la frontera española un día antes, el 28 de febrero).

Además, el ministro Bidault no estaba muy bien considerado en Washington: “El Departamento de Estado, al igual que el Foreign Office, desconfiaba de Bidault a quien consideraba un hombre ambicioso, débil y dispuesto a trabajar con los comunistas. Su política exterior –ese puente entre occidentales y soviéticos- era demasiado favorable a la URSS y sometida a la influencia del PCF. La cuestión española era un buen ejemplo”, escribe el profesor Pedro Antonio Martínez Lillo.

Luego, la realidad impuso su propia agenda y el movimiento del departamento de Estado, que sorteaba la ruptura diplomática de los aliados contra España, también fue puesto en su sitio por los hechos: la “cuestión española” llegó a la ONU, se internacionalizó, y concluyó en lo que Estados Unidos y Gran Bretaña trataban de evitar: la ruptura de la comunidad de naciones con la España franquista. La excusa en esta ocasión fue la decisión de Franco de incrementar las tropas a lo largo de los Pirineos tras el cierre de la frontera: Polonia acusó a España en la ONU de ser una amenaza para la paz mundial.

El embajador de Polonia, Oskar Lange, era un personaje respetado por Estados Unidos, pues había sido el hombre bueno entre Roosevelt y Stalin en las negociaciones sobre el estatus de Polonia al final de la guerra. Exiliado de la Polonia nazi de los años 30 y nacionalizado estadounidense, había sido un influyente catedrático de economía de la Universidad de Chicago; con el comunismo, había recuperado su nacionalidad y nombrado embajador en Washington y representante de Polonia en Naciones Unidas. De manera que cuando formalizó una denuncia contra Franco de que un ejército fuertemente armado de 200.000 soldados alemanes nazis refugiados en España se dirigía hacia la frontera dispuesto para invadir Francia –además del propio ejército español, estimado en 600-700.000 hombres–; que España estaba construyendo en secreto cuatro acorazados de 35.000 toneladas y que un equipo de sabios nazis, dirigidos por un científico llamado Von Sgerstady, trabajaba en Ocaña, Toledo, en la obtención de bombas atómicas, causó gran desconcierto. A la estupidez polaca teledirigida por Moscú se sumaron, además, por sus propios intereses, la delegación francesa y la mexicana –volcado como estaba México con la flor y nata del exilio republicano– y, naturalmente, el patrocinador de la descabellada denuncia, la Unión Soviética.

La intención obvia, que Naciones Unidas acordara una intervención militar en España, fue conjurada por británicos y norteamericanos, que consiguieron que un subcomité del Consejo de Seguridad investigara la realidad de la denuncia que el movimiento de tropas franquistas en la frontera daba cierta credibilidad, aunque sus servicios de inteligencia tachaban de falsa, como así era. La Comisión de la ONU –formada por Australia, Brasil, China, Francia y Polonia–, que lo investigó in situ y que gozó –además de los quesos y aceites de la comarca– de todas las facilidades por parte del régimen, concluyó que los alemanes censados y refugiados en España eran 2.200 y desde luego no estaban armados ni en la frontera; que lo único que había en Ocaña era una fábrica de ladrillos y otra de quesos y no se pudo identificar a nadie llamado Von Sgerstady...

Pero el burdo montaje, la moción “España es una amenaza para la paz del mundo”, produjo la temida internacionalización de la “cuestión española” con la resolución 4 del 29 de abril de 1946 del Consejo de Seguridad de la ONU y de ella se derivaría la gravísima resolución 39 (I) del 12 de diciembre de 1946: el apartamiento de España de la comunidad de naciones, influyendo en las opiniones públicas de las sociedades dirigentes en los diversos bloques mundiales que presionaban a sus gobiernos para romper relaciones con Franco.

No obstante, en la Conferencia de Potsdam, el 2 de agosto de 1945, Churchill, Truman y Stalin ya lo habían decidido: “Nuestros tres Gobiernos creen que es su deber señalar que no darán, en lo que les concierne, su apoyo a una solicitud de admisión que sea presentada por el actual Gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con el apoyo de las potencias del Eje, no posee, en razón de sus orígenes, su naturaleza, sus antecedentes y su estrecha asociación con los Estados agresores, los títulos necesarios para justificar su entrada”».

Cuando la ruptura fue una realidad, bien puede decirse que el aislamiento del régimen de Franco durante diez años –en 1955, España fue admitida como miembro de Naciones Unidas– fue la única victoria conseguida por la larga lucha de los guerrilleros; victoria pírrica, inútil a la larga y a costa de un alto precio humano. 

El general de la Guardia Civil Francisco Aguado Sánchez proporciona unas cifras oficiosas, por presumirse extraídas de los archivos oficiales del franquismo: 2.173 guerrilleros muertos en 1.826 encuentros directos; otros 467 capturados en los mismos encuentros; 546 que se entregaron voluntariamente y otros 2.374 detenidos en otras circunstancias no especificadas. Más 19.444 paisanos detenidos por su colaboración con la guerrilla –de los que 12.948 serían “enlaces y cómplices”, más 5.428 “colaboradores del PCE” y 1.068 “colaboradores de la CNT y otros”–, un total de 22.831. Se habrían cometido 953 asesinatos, 538 sabotajes, 5.963 atracos y 845 secuestros. Aguado Sánchez informa de las bajas sufridas por la Guardia Civil: 258 muertos y 369 heridos en acción (El maquis en España, 1975).

El escritor anarquista y él mismo guerrillero Eduard Pons Prades ofrece otros datos, extraídos de los archivos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT): 1.134 enfrentamientos, con 1.317 guerrilleros muertos, 1.592 guerrilleros detenidos, otros 404 entregados y 12.421 enlaces y colaboradores arrestados, lo que totalizan 14.417 detenidos. También disiente en las cifras de atentados –356 sabotajes, 3.852 atracos y 649 secuestros– y muertos: 760 por los 953 de Aguado y 199 guardias muertos, 258 en Aguado. Añade que la guerrilla dio muerte –eufemismo de asesinó– a 19 alcaldes, 10 sacerdotes y 18 policías locales y guardas forestales o jurados (Guerrillas españolas. 1936-1960, 1977).

Una petición al Ayuntamiento de Madrid

Ahora que se inicia la llamada Operación Campamento, el penúltimo pelotazo inmobiliario en Madrid sobre los terrenos del barrio de las antiguas instalaciones militares del distrito de La Latina, una placa podría recordar el lugar del crimen, el asesinato de Cristino García y sus nueve compañeros.

Seguro que al primer edil del ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le parece buena idea. Es un devoto de la memoria histórica: tanto, que no quiso recurrir la sentencia de los tribunales, que, por un defecto de forma o algo por el estilo, restituyeron el nombre de ‘Crucero Baleares’ a una calle que la alcaldesa Manuela Carmena cambió por el de “Barco Sinaia”, precisamente en aplicación de la ley de Memoria Histórica.

El crucero Baleares fue un barco de la flota golpista que siempre rehuyó la batalla con la marina leal y que en su brillante hoja de servicios figura su participación en la persecución, bombardeo y los 3.000-5.000 asesinatos de las 100-150.000 personas que, en febrero de 1937, recorrían los 240 kilómetros entre Almería y Málaga, de donde huían de las bandas asesinas comandadas por el general Queipo de Llano y el coronel Francisco Borbón con sus aliados fascistas del Corpo Truppe Volontarie italiano y los falangistas: La Desbandá.

En cambio, el mérito del barco Sinaia se limitaba a haber sido el primer buque que llevó a 1.599 exiliados españoles de Francia a México. ¿Dónde va a parar?

La pasada semana dejamos al XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles, que había invadido el leridano Valle de Arán, retirándose a su base transpirenaica de Pau. Comenzada la Operación Reconquista de España, el 3 de octubre de 1944, la aplastante superioridad numérica del enemigo, diez efectivos franquistas por cada guerrillero, obligó a los mandos –al político, Santiago Carrillo, y militar, el general Luis Fernández, jefe de la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) de las Fuerzas Francesas del Interior (FFI)– a ordenar el 21 de octubre la retirada de todas las fuerzas republicanas para evitar ser cercadas y destruidas. Algunas unidades lo habían hecho ya por iniciativa propia y un número indeterminado de guerrilleros logró romper los cercos e integrarse en las partidas del maquis, “los del monte”, que actuaban en el interior de España.

Las tropas en retirada dejaron 129 muertos y 218 prisioneros en los frentes de batalla y llevaron consigo entre 241 y 588 heridos, según las fuentes, que habrían de recibir cuidados médicos en Francia. Previéndolo, la dirección del Partido Comunista de España había instalado, con ayuda de su homónimo francés, un hospital de primeros auxilios en Toulouse, sede del PCE, en el número 15 de la calle Varsovia –nombre que era, en realidad, una deformación de la expresión occitana verse vin, portabotellas o escanciador de vino–, un viejo château a las afueras que el gobierno provisional le permitió ocupar gracias a los ministros del PCF: 53 camas servidas por una plantilla de 25 médicos y enfermeras, comunistas en su mayoría, dirigidos inicialmente por el José Miguel Momeñe, al parecer un practicante graduado en la universidad de Valladolid, según Francisco Guerra (La medicina en el exilio republicano, 2003), que la experiencia médica en las guerras de España y contra los nazis lo habían hecho acreedor del grado de teniente médico de las FFI.

Concebido como hospital de sangre militar, tras acoger a los heridos de Arán y de los enfrentamientos con las tropas invasoras de Hitler, el Hospital Varsovia extendió su acción al cuidado sanitario de los exiliados españoles de Occitania, la mayoría de los 527.843 refugiados en Francia al final de la Guerra Civil, de acuerdo con la estadística oficial francesa.

A los pocos meses de su funcionamiento, en mayo de 1945, se funda la Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols para administrar el centro y transformarlo en hospital civil. El nuevo director es el comandante medico de las FFI Josep Torrubia, militante del PSUC, y su mano derecha, la anarquista María Gómez Álvarez, cirujana-jefa –aunque la precariedad de medios no haría posible instalar el primer quirófano hasta 1947, con sólo 16 camas quirúrgicas, según cuenta ella misma–.

La idea era organizar el Hospital Varsovia como referente de la sanidad republicana que se implantaría en España cuando retornara la democracia. Una sanidad universal, gratuita y avanzada científicamente que había puesto en marcha la II República. Paralelamente, con el mismo espíritu, la Cruz Roja Republicana Española estableció al amparo del gobierno en el exilio un centenar de dispensarios en la Francia liberada atendidos por sanitarios españoles. 

Al principio, el Hospital Varsovia no disponía de otro material sanitario que el que le aportaban los guerrilleros que lo requisaban de las tropas alemanas en fuga y algunas donaciones de ayuntamientos, los de Glasgow, Varsovia y el de Zurich, que, con la Centrale Sanitaire Suisse, donó un equipo de rayos X.

Pablo Picasso, que durante el último año de la guerra civil había fundado en París y presidía el Comité de Ayuda a los Republicanos Españoles para enviar alimentos y medicinas a las zonas republicanas asediadas, impulsó la recaudación de fondos de ayuda al “hospital de los españoles en Francia”. Marie Curie, Louis Aragon o Albert Einstein, además de una cantidad considerable de personalidades de todos los campos, acudieron al llamamiento del pintor. Y, sobre todo, el norteamericano Comité Antifascista de Refugiados (Joint Anti-fascist Refugee Committee, JAFRC) –presidido por Edward Barsky, el médico brigadista de la Abraham Lincoln–, que, a través del Comité de Servicio Unitario (Unitarian Service Committee, USC), lo subvencionó con 370.000 francos mensuales.

También participaron otras instituciones como la Casa de Galicia de Unidad Gallega de Nueva York, la Spanish Refugee Appeal de Vancouver, la Comisión de Asistencia de Cuba y La Comisión de Ayuda al hospital Varsovia de México. Numerosos catedráticos de la facultad de Medicina de Toulouse contribuyeron con apoyos e influencias al mantenimiento del Hospital Varsovia, especialmente el oncólogo Joseph Ducuing, miembro del PCF, que será decisivo, como veremos, para la supervivencia de la institución sanitaria de los guerrilleros. La Seguridad Social francesa también se involucró y desde finales de 1947 le reembolsaba 56 francos por cada consulta médica evacuada.

Pese a las limitaciones económicas y técnicas, poco a poco el equipo del hospital hace crecer su proyecto de medicina social, en el que se potencia la formación del personal, tanto médico como auxiliar, y la investigación, como los estudios realizados por Joaquín Vinyes sobre la avitaminosis C y el adelantado estudio del uso adecuado de la penicilina, proporcionada por el USC, su acción terapéutica, dosificación adecuada y efectos secundarios, de gran importancia y aplicación en la práctica hospitalaria francesa. Sus programas de acción sobre la desnutrición y la prevención sanitaria, así como sus campañas contra la tuberculosis, la sífilis y la mortalidad infantil tuvieron una notable repercusión en la salud de los refugiados españoles. Fueron pioneros sus programas de lucha contra el cáncer, con el apoyo del Centro Anticanceroso de Toulouse, dirigido por el citado doctor Ducuing.

Todo ello se recogía a través de una revista propia, Anales del Hospital Varsovia –subtitulada “Walter B. Cannon Memorial”, en homenaje al reputado fisiólogo que fue devoto de la causa republicana y miembro destacado del JAFRC–. El primer número apareció en julio de 1948 con la declaración de principios: “Velar por la salud de toda la emigración española republicana en Francia”.

Víctima colateral, civil, de la Guerra Fría

En 1949, un fantasma recorría no ya Europa sino Occidente, pero no era el fantasma del comunismo alumbrado por Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Un siglo después, el fantasma era el del anticomunismo: comenzaba la Guerra Fría con la Doctrina Truman de 1947, el Plan Marshall de ayuda económica a países de gobiernos anticomunistas y la constitución de la OTAN en 1949.

A parte de los protagonistas, de aquel enfrentamiento relativamente incruento sólo hubo un neto vencedor, ayer como hoy: el “complejo militar-industrial”, culpable de la enloquecida escalada armamentística, concepto que acuñó el poco sospechoso presidente de los EE. UU. Dwight D. Eisenhower en su famoso discurso de despedida a la nación del 17 de enero de 1961. Y una multitud de víctimas colaterales.

El Hospital Varsovia fue otra notable víctima colateral, tanto en los Estados Unidos como en Francia. La fama del hospital había crecido exponencialmente en un lustro, atendiendo pacientes de toda Francia y de las colonias, relata el enfermero e historiador Pablo Molanes Pérez, y las aportaciones del JAFRC permitían sucesivas ampliaciones de las instalaciones sanitarias. El presidente del Comité Antifascista de Refugiados, el doctor Edward K. Barsky (1897-1975), era una figura prominente de la medicina norteamericana; hijo del fundador del ilustre Beth Israel Hospital de Nueva York, donde ejerció junto a su padre y dos hermanos; se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos (PCUSA) en 1935 y emocionalmente implicado con España, al estallar la guerra civil fundó el American Medical Bureau to Aid Spanish Democracy como filial del North American Committee to Aid Spanish Democracy, uno de los numerosos comités para recaudar fondos para la República, mientras que el suyo –denostado por la jerarquía católica norteamericana– enviaba ambulancias, equipamiento médico y suministros hospitalarios a España.

En enero de 1937 se trasladó a España al frente de un equipo de doctores, enfermeras, conductores de ambulancia y técnicos hospitalarios, para participar en los servicios médicos del ejército leal. A éste le siguieron otros sanitarios –en 1938 llegaron 117 personas– que le permitieron establecer unidades de emergencia en los frentes en ambulancias y tiendas de campaña y un hospital móvil con quirófano alimentado con baterías, así como hospitales de sangre y de convalecencia. Tras una gira por Estados Unidos para promover el apoyo y la ayuda a España, de vuelta a los frentes, se hizo cargo de los Servicios Sanitarios de las Brigadas Internacionales, cuya dirección desempeñó hasta la retirada de los combatientes voluntarios en enero de 1939.

De vuelta a Estados Unidos, en 1941 fundó el Joint Anti-Fascist Refugee Committee, dedicado a la recaudación de fondos para los refugiados españoles y para hacer lobby en favor del depuesto gobierno democrático. Cuando fue prohibido, en junio de 1947, el comité había distribuido 1.011.448 dólares en metálico y 217.903 dólares en bienes. La organización había proporcionado dinero, comida, equipamiento, vestidos, refugio, educación y tratamientos médicos en once países, entre ellos los propios Estados Unidos. Gracias a Barsky, entre otros, el Hospital Varsovia pudo disponer de la milagrosa penicilina.

El comité de Edward Barsky fue una de las víctimas de la Guerra Fría, como él mismo. En noviembre de 1947, el Joint Anti-Fascist Refugee Committee fue clausurado como consecuencia de una Orden Ejecutiva –la United States Executive Order 9835, conocida como la “Loyalty Order”, firmada por el presidente Truman el 21 de marzo de 1947– destinada a purgar la administración de comunistas, a los que se suponía leales, pero a la Unión Soviética. Un producto de la Guerra Fría, hábilmente explotado por el partido republicano, que, en base a la propaganda sobre el terror comunista y la infiltración soviética en “altos puestos del gobierno”, les dio la mayoría de ambas cámaras en las elecciones de 1946.

Desde 1938 (y hasta 1975) funcionaba en la Cámara de Representantes el Comité de Actividades Antiamericanas (House Un-American Activities Committee, HUAC), que más tarde sería campo de batalla del dipsomaníaco crónico –forma elegante de llamarlo borracho sin remedio– senador Joseph McCarthy, éste desde la presidencia del Subcomité Permanente de Investigaciones de Seguridad Nacional del Senado, cuya “caza de brujas” terminó con él mismo cuando acusó al presidente Eisenhower y a su ministro de Defensa, Charles Wilson, de encubrir el espionaje extranjero (soviético, claro).

Esta psicosis dio lugar al Employees Loyalty Program –la purga de funcionarios propiamente dicha– y a una lista negra del Fiscal General personas y organizaciones que acusaba de “comunistas” e involucradas en “actividades antiamericanas” y a las que, en función de esa acusación, se le negaban todo tipo de licencias, incluso para recaudar fondos, lo que de hecho suponía la desaparición del Joint Anti-Fascist Refugee Committee.

Entre ellas, la del doctor Barsky, quien, además, fue citado con todo su staff por el citado comité de la cámara de Representantes para ser interrogados y para que entregaran toda la documentación contable de la organización, con los nombres tanto de los colaboradores en dinero y bienes –entre ellos, Eleanor Roosevelt, viuda del anterior presidente de los EE. UU.–, así como de los receptores de las ayudas. La negativa a someterse a los métodos inconstitucionales, lo que con McCarthy era moneda corriente, se resolvió con penas de cárcel y multas por “desprecio al Congreso”. En el caso de Barsky, el más afectado, con seis meses de cárcel, que cumplió, y una multa de 500 dólares.

Lo contó en los Anales del Hospital Varsovia el escritor norteamericano Howard Fast, militante del PCUSA desde 1944 y destacado miembro del JAFRC: “Hacemos pública nuestra protesta por la condena de la que fueron objeto el Dr. Barsky por el «crimen» de prestar ayuda a las víctimas del fascismo y en particular a los enfermos y a los inválidos españoles (…) Preferimos publicar algunos párrafos que el escritor Howard Post [sic] –una de las personas encarceladas– ha hecho público: 'Así voy a la cárcel. No solo sino con 21 más. Os digo que estoy orgulloso de tener por compañía a estos hombres y a estas mujeres y que jamás estuve mejor acompañado, pues con ellos entra en la cárcel lo mejor de América. El Comité de Actividades Antiamericanas nos ha exigido darle los nombres de los republicanos españoles que hemos ayudado, de suerte que al hacerlo nos hubiéramos convertido en criminales asociados al abominable Franco. Y porque nos hemos negado a ello, vamos a la cárcel'” (Anales del Hospital Varsovia, editorial del número 9, 1950). Fast, autor de la novela Espartaco, llevada al cine por Kirk Douglas con guion de Dalton Trumbo, otro de los de la lista negra de Hollywood perseguidos por el alcohólico McCarthy, fue encarcelado tres meses en 1950 por desacato al Congreso.

El último acto de la historia altruista del doctor Barsky fue la suspensión de su licencia de médico durante seis meses, a pesar de la indignada solidaridad profesional que despertó. Barsky llevó al Colegio de Médicos de Nueva York a los tribunales, hasta el Supremo, que, en 1954, ratificó la suspensión. El magistrado William O. Douglas resumió el estado de cosas en su voto particular contra la sentencia: “Cuando un médico no puede salvar vidas en América por oponerse a Franco en España, ha llegado la hora de hacer un alto y contemplar críticamente la neurosis que nos tiene poseídos”.

Un estado de cosas que conducía a entenderse con un régimen, el franquista, que un lustro antes era repugnantemente inmoral y cada día parecía más normal.

La persecución obsesiva contra el Hospital Varsovia

Fast, que visitó el Hospital Varsovia en abril de 1949, antes de cumplir la pena de cárcel, traía otra mala noticia: el millón de dólares que iba a enviar el JAFRC para construir un nuevo dispensario había sido bloqueado por la administración norteamericana, como todos los bienes del Comité. Aunque, allí como aquí, hecha la ley, ingeniada la trampa: el JAFRC continuó su aportación económica mediante otra organización, la Spanish Refugee Appeal.

Pero nubes oscuras se cernían sobre el admirado hospital de los republicanos españoles. La Doctrina Truman es obedecida por Francia y, en mayo de 1947, el presidente de la IV República, el socialista Vincent Auriol, expulsa a los ministros comunistas del gobierno; la pérdida de influencia del PCF redunda en el apoyo que prestaba al PCE y sus instituciones, que están en el punto de mira gubernamental. Émile Pelletier, prefecto del Alto Garona, denuncia en febrero de 1948 que en más de la mitad de los crímenes cometidos en Toulouse, capital del departamento, se hayan implicados españoles –¿no suena la miserable acusación?–. Oportunamente, el 17 de febrero de 1950 se descubre un importante depósito de armas en Barbazan, cerca de la frontera española; armas que, según las interesadas declaraciones del democristiano Alfred Coste-Floret, alcalde de la vecina localidad Bagnères-de Luchon, “no están destinadas a cazar a Franco; al contrario, según un plan establecido, a ayudar a los comunistas franceses en caso de guerra civil”, cuenta el citado historiador Molanes Pérez.

El miedo de los estamentos del poder en Francia es que si se entra en guerra con la Unión Soviética, el PCF trataría de hacerse con el poder con el apoyo de los comunistas españoles, ésos de los que no hacía tanto, en marzo de 1945, Charles de Gaulle había dicho: “Guerrillero español: en ti saludo a tus bravos compatriotas. Por vuestro valor, por la sangre vertida por la libertad y por Francia, por tus sufrimientos, eres un héroe francés y español”.

Todo está preparado para desencadenar la Operación Bolero-Paprika. El prefecto Pelletier, obsesionado con el Hospital Varsovia. “refugio de agentes soviéticos”: escribe el 7 de febrero de 1950 al ministro del Interior Henri Queuille: acusa al doctor Francisco Bosch i Fajarnés, capitán médico miembro del PCE, a la sazón director del hospital –tras haber fundado dos centros de reposo para veteranos y convalecientes y una casa de acogida de huérfanos– de ser “uno de los agentes principales del brazo español de la Kominform”, sucesora de la Komintern, y le propone revocar la ley Billoux de agosto de 1945, que permitía a los sanitarios extranjeros asistir a sus compatriotas: “Significará que los médicos españoles ya no tendrán derecho a ejercer, como los del Varsovia, lo que conllevará la clausura del hospital. La población hospitalizada, que no pasa de 50 enfermos, podría ser admitidos sin ninguna dificultad en los diferentes hospitales de Toulouse”.

El primer ministro del gobierno de Auriol, René Pleven, de la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia (UDSR), da luz verde a la Operación, que la dirige el secretario de estado de Interior Eugène Thomas y en la que colaboran los servicios de información del ejército de la dictadura franquista.

Todo el equipo médico del Hospital Varsovia es encarcelado el 7 de septiembre de 1950. El diario France Soir recoge en su crónica del 10 de septiembre de 1950 la nómina de detenidos: “Todos los dirigentes conocidos del PCE en Francia, todo el personal del hospital Varsovia, todos los jefes de construcción y del servicio de la empresa Fernández-Valledor, así como los dirigentes de la Asociación de Veteranos de las FFI y Resistentes Españoles y de otras asociaciones de obediencia comunista”.

Un mes después, ya expulsados los 177 dirigentes del PCE señalados como agentes de la Kominform y disueltas las organizaciones comunistas, un decreto del ministerio del Interior del 7 de octubre declara ilegal al PCE y ordena la disolución de la Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols, administradora del hospital, la liquidación de sus bienes, la clausura del Varsovia y el traslado de sus pacientes a otros centros sanitarios.

Los planes represivos del gobierno francés se cumplían al ritmo previsto, pero no contaban con un séptimo de caballería que acudió al rescate: el PCF y el citado doctor Joseph Ducuing, catedrático de Cirugía de la Universidad de Toulouse y director del centro regional Anticanceroso, que, junto a un nutrido equipo de médicos y sanitarios franceses, se hizo cargo del hospital el mismo día 7 de octubre mediante la Societé Nouvelle Hôpital Varsovia –otra ONG avant la lettre, como la Amicale–, sin que dejase de funcionar ni un solo día. La nueva empresa administradora compró las instalaciones sanitarias a la Amicale el 1 de enero de 1951 y, posteriormente, el 12 de febrero de 1952, el château que albergaba al Varsovia por seis millones de francos que adelantó el PCF.

El Hospital Varsovia, llamado desde 1979 Hospital Joseph Ducuing de Varsovia en memoria de su salvador, creció espectacularmente, se incorporó a la red pública sanitaria francesa como hospital general privado concertado y es hoy el hospital de referencia antituberculoso y de enfermedades raras del Midi-Pyrénées. Una de sus alas lleva el nombre de los guerrilleros españoles. La Asociación de Amigos de la Medicina Social, que fundó el profesor Ducuing en 1955, asegura la continuidad de los principios sociales que lo inspiró en 1944.

Los exiliados españoles enraizados en Francia no abandonaron nunca la reivindicación de ver rehabilitada la Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols. Hasta que murió el dictador, Francia no se avino, o no se atrevió por motivos diplomáticos, a revisar la injusticia y derogar el bochornoso decreto de 1950. La dictadura franquista también reinó en Francia: durante más de un cuarto de siglo, los exiliados españoles, casi todos también con la ciudadanía francesa, estuvieron privados de derechos humanos elementales: reunión, asociación, expresión, prensa... El gobierno francés volvió a inscribirla en 1976, bajo el nombre Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France-Forces Françaises de l'Intérieur.

Gloria a todos ellos.

Últimos días del verano de 1944. Transformado el Comité de Liberación Nacional de la Resistencia en Gobierno Provisional de la República Francesa y tras la liberación de París el 24 de agosto de 1944 y de la Francia de Vichy, iniciada con el desembarco de las tropas aliadas en el sureste francés, la Operación Dragoon del 15 de agosto, al otro lado de los Pirineos se hallaba un ejército de 11.000 guerrilleros españoles, preparados para la acción y eufóricos por las victorias aliadas contra el nazismo, muchas protagonizadas por ellos mismos.

Esperaban órdenes de la Unión Nacional (UN, o UNE: Unión Nacional Española), organización política unitaria fundada en 1942, abierta a los partidos políticos democráticos y antifranquistas –incluso carlistas, 'juanistas' y católicos– y de la que, por tanto, sólo se excluía a la Falange, aunque como estaba promovida y fiscalizada por el Partido Comunista de España (PCE) sólo ingresaron a título individual representantes de algunos de los otros partidos, mientras que éstos, en los que estaba generalizada la desconfianza hacia los comunistas en los últimos años de la República y de la guerra, prefirieron como entidad política unitaria la Junta Española de Liberación (JEL), fundada en 1943 por los republicanos exiliados en México, o la Alianza de Fuerzas Democráticas, constituida en España a finales de 1944 por los 'prietistas' del PSOE y sectores republicanos y de la CNT (y en la que el PCE, disuelta la UN, terminaría por ingresar en 1946).

La UN era, en efecto, 'invento' de Jesús Monzón Repáraz (Pamplona, 1910-1973), un peculiar dirigente comunista y curioso personaje que, por mor de la denostadora censura partidaria, sólo ha ocupado, como si dijéramos notas a pie de página en la historia de la España del siglo XX, a pesar de haber sido un político notable tanto por su trayectoria como por su capacidad organizativa y disposición para la acción. Al final de la Guerra Civil huyó de España en los vuelos a Argelia de la cúpula del PCE –en el mismo avión que Dolores Ibarruri, Pasionaria– y, entre otras cosas, rechazó trasladarse a México, como le ordenaba el buró político del PCE desde Moscú, donde se habían refugiado los máximos dirigentes, así como en México. Permaneció en el sur de Francia, como responsable de facto de la delegación del PCE en Francia, para aglutinar a los comunistas del exilio y formar un verdadero ejército de resistencia a los nazis con los guerrilleros republicanos. Responsable del PCE en el interior desde 1943, impulsó la invasión del valle de Arán.

Finalmente, cuando trataba de salir de España, convocado en Francia para ser sometido a 'juicio político' por un Santiago Carrillo que, en ascenso por haber remediado el desastre de Arán, lo acusaba de los 'crímenes' estalinistas propios de la época: “Traidor, hereje, mujeriego, prototipo de quien llevaba una vida de pequeño burgués, colaboracionista y aventurero”. Fue detenido por la Policía en Barcelona, por suerte para él, pues del 'juicio' de sus camaradas muy probablemente habría salido con los pies por delante, como fue el caso de sus colaboradores más cercanos.

Tampoco le esperaba, en principio, mejor suerte de los tribunales militares en España. Pero le fue rebajada la petición de pena de muerte por cadena perpetua, entonces 30 años de cárcel. Ocurrió sorprendentemente, ya que, además de los antecedentes descritos, en la guerra había sido sucesivamente gobernador civil de Albacete, Alicante y Cuenca y secretario general del Ministerio de la Guerra en el gobierno de Juan Negrín, méritos de sobra para el ávido paredón de la dictadura. El PCE no movió un dedo en su favor, no como en otros casos, pero Monzón mantenía relaciones amistosas con políticos y personajes de signo político opuesto.

Procedente de una familia de la burguesía navarra, fue abogado y cofundador del insignificante PC navarro, del que llegó a ser secretario general tras una brillantísima operación política: en 1935 se inventó una “prestación social por desempleo”, quizá la primera, al llegar a un acuerdo con los empresarios navarros para pagar de tres a cinco pesetas diarias a los albañiles sin empleo, casados o solteros, y así desconvocar la huelga de la construcción de la que había sido uno de los principales impulsores.

Cuando se le pedía pena de muerte, amigos suyos con destinos importantes en el nuevo Estado le recordaron a Franco que, gracias a Jesús Monzón, estaba vivo Antonio de Lizarza, uno de los fundadores del requeté carlista y temprano y decisivo conspirador del golpe con el general Sanjurjo, pues siendo gobernador civil de Alicante lo proveyó de un salvoconducto para pasar desde la embajada británica en Valencia donde estaba refugiado a Francia y a la zona franquista, bajo la promesa de que pondría en libertad a su hermano Carmelo Monzón, preso en Pamplona, en un peculiar canje de prisioneros entre ambos.

Lizarra no cumplió su parte del trato, pero, agradecido, firmó un documento, falso, atestiguando que Monzón estuvo en Suiza desde 1943 hasta poco antes de su detención, por lo que no pudo influir en la invasión de Arán. Las gestiones de dos capitostes carlistas, el general Solchaga y el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea –autor de una pastoral durante la guerra contra los asesinatos masivos perpetrados por los militares golpistas y los falangistas–, de familias amigas de la de la madre de Monzón, le permitió “dar esquinazo a la pálida figura que aspiraba a arrebatarle la vida”, como dice su biógrafo Manuel Martorell (Jesús Monzón: el líder comunista olvidado por la historia, 2000).

Expulsado del PCE, rabioso por no haber sido ellos los 'jueces', tras diez años de presidio fue excarcelado y desterrado en 1959. Se exilió en México, de donde volvió para morir en España. Nunca fue rehabilitado por el PCE.

El fracaso de la Reconquista

15 años antes, viviendo Monzón en Madrid en la clandestinidad, consiguió convencer a la delegación en Francia del PCE de que invadiera España el XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles, el ejército de la Unión Nacional creada en la denominada Conferencia de Grenoble –que, en realidad, se celebró en Toulouse, el 7 de noviembre de 1942, pero que se llamó así para confundir a las policías nazi y de Vichy y a los espías del franquismo en la Francia ocupada–.

La Operación Reconquista de España se decidió no sin oposición de algunos dirigentes y, significativamente, del designado para el mando de las tropas invasoras, el coronel Vicente López Tovar, un militar que se afilió al PCE por el alzamiento golpista y que era sumamente respetado en la resistencia francesa como mando de las Forces Françaises de l'Intérieur (FFI).

Pues lo que a López Tovar y al resto que se oponía les parecía una fantasía suicida, Monzón y la mayoría de dirigentes de Toulouse, sede del PCE y la UN, lo veían como oportunidad de oro para conquistar un territorio español, el Valle de Arán, establecer una cabeza de puente y constituir un gobierno provisional en Viella, capital de la comarca, presidido por el doctor Negrín, último presidente del gobierno de la República, junto con el respetado general José Riquelme –gentilhombre del rey Alfonso XIII y militar africanista, fue nombrado jefe de la decisiva I División el 19 de julio de 1936 y paralizó en Somosierra las tropas del norte del golpista general Mola que avanzaban sobre Madrid–. La invasión y el gobierno republicano, decían los comunistas, provocarían una oleada de levantamientos populares y obligaría a los aliados a intervenir en España.

Pero los observadores enviados a España a pulsar el momento confirmaron a su vuelta a Toulouse lo que temía López Tovar: que a la Junta Suprema de Unión Nacional (JSUN), el órgano de gobierno de la UN creado para atraer a los partidos democráticos, no la conocían más que los militantes comunistas inasequibles al desaliento y que la sociedad de la que se esperaba recibimiento, apoyo y suma entusiasta no sólo estaba deprimida en la miseria sino aterrorizada y furiosamente rencorosa contra la guerra y las instituciones y partidos políticos de todo signo: una situación opuesta a la que habían percibido en la lucha contra los nazis, que era la experiencia en la que basaban las expectativas de los planes de invasión.

Pero como suele suceder, la plana mayor del PCE en Francia no permitió que la realidad desmintiera la belleza de los planes diseñados en los despachos y el 3 de octubre de 1944 una brigada de unos 250 guerrilleros entró por el valle navarro de Roncesvalles, en una de las maniobras de distracción previas –que, junto a las operaciones adicionales por las fronteras gerundense, guipuzcoana y aragonesa, sumaron una fuerza de unos 7.000 guerrilleros– a la operación principal: el 15 de octubre alrededor de 4.000 guerrilleros penetraron en el Valle de Arán por tres vías a fin de converger al sur de Viella.

Las victorias iniciales fueron rápidamente neutralizadas por el ejército de Franco, quien, tras una desorientación inicial por la pluralidad de las invasiones, sumó a las tropas ya destacadas en los Pirineos, en previsión de una invasión primero de los alemanes y luego de los aliados, una fuerza adicional de 50.000 soldados y guardias civiles mandados por tres generales de su absoluta confianza: José Moscardó, el resistente del Alcázar de Toledo; José Monasterio, carlista y africanista, y el falangista Juan Yagüe, el carnicero de Badajoz. En 15 días, la aplastante superioridad numérica obligó a replegarse al XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles y, finalmente, a retirarse a su base de Pau.

El balance final de la aventura fue de 32 muertos, 216 heridos y 300 prisioneros, entre las fuerzas del ejército franquista y de 129 muertos, 241 heridos y 218 prisioneros entre las de los guerrilleros. Le puso fin Santiago Carrillo, a quien la Komintern había confiado la reorganización del PCE en España y era de quienes consideraban la operación un suicidio. Además, Stalin ya no era partidario de otra guerra y había ordenado la táctica del ‘entrismo’ en sindicatos y otras instituciones.

La Operación Bolero-Paprika

La invasión de Arán incomodó al recién nombrado Gobierno Provisional de la República Francesa (10 de septiembre de 1944), pues el Comité de Liberación Nacional de la Resistencia había mantenido unas relaciones oficiosas, distantes pero provechosas, con el gobierno de Franco y si bien De Gaulle reconocía y agradecía los servicios prestados por el exilio republicano, una vez liberada la Francia de Vichy era una locura táctica crearse un enemigo militarmente experimentado a la espalda cuando el signo de la guerra obligaba a concentrar las fuerzas en dirección contraria.

Así, el 14 de septiembre de 1944, De Gaulle, que había condecorado a los guerrilleros españoles por su decisiva participación en la guerra contra los nazis, los desarmó menos de un mes después y el 16 de octubre de 1944 reconoció al gobierno de Franco. “El gobierno francés no puede olvidar que España no atacó a Francia en 1940 y, en justa reciprocidad, Francia no piensa atacar ahora a España”, declaró, el 27 de octubre de 1944.

Quienes se oponían a la operación militar de Arán defendieron como alternativa estratégica el paso a España de pequeñas partidas que contactaran con las numerosas del interior que, a lo largo y al final de la guerra civil, se habían refugiado en las montañas y actuaban por su cuenta y desorganizadamente, sin más obediencia que al jefe de cada una. Durante tres años, esos movimientos guerrilleros y las acciones de los infiltrados desde Francia, que el régimen las definirá en seguida como “terroristas”, provocaron, por un lado, un incremento de la represión en España y, ésta, por el lado de Francia y por extensión el de las sociedades occidentales, el enconamiento de los sentimientos populares antifranquistas. Los consejos de guerra multiplicaban las penas de muerte en aplicación de las todavía vigentes leyes de guerra y el gobierno de Franco utilizaba el derecho de gracia como un elemento 'diplomático' más en sus relaciones exteriores, primordialmente en las turbulentas y llenas de altibajos con Francia, en las que abundaban las concesiones mutuas.

El ministerio francés de Asuntos Exteriores, el Quai d’Orsay, que a su vez utilizaba su propia política multifacética en los asuntos españoles, tuvo en cuenta la dosificación entre flexibilidad y firmeza de su  homónimo español, el palacio de Santa Cruz, que al mismo tiempo que se acercaba a París acusaba al gobierno francés ante las embajadas anglosajonas de connivencia con Moscú en el mantenimiento y facilidades de la guerrilla comunista y en el reclutamiento de brigadas internacionales. Sin mucho éxito, pues los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos desbrozaban de propaganda los datos ofrecidos por el gobierno de Franco y reducían a su realidad el aparato del PCE en Francia, auxiliado y mantenido por Moscú y organizaciones y autoridades francesas, que no suponía peligro para el régimen franquista y mucho menos amenaza para la estabilidad europea, por aparatoso que pareciera. No obstante, atendían e investigaban los informes de Santa Cruz, les daban crédito en lo que tenían de realidad y transmitían la preocupación española al Quai d’Orsay, que, a su vez, acusaba la concienzuda campaña de prensa contra Francia emprendida por el régimen –que lo amenazaba recurrentemente con la pérdida no sólo del prestigio social en España sino de los mercados españoles en beneficio de los anglosajones, consciente como era de la preocupación del gobierno francés en este aspecto– y respondía con su propio doble rasero político: contemporización con la dictadura franquista, sostén oportunista y disimulado con el exilio y oposición frontal en los foros internacionales.

Las concesiones del gobierno francés no eran sino cálculos. Empezaba a considerar que los comunistas españoles, más que los republicanos, podían ser una amenaza, tanto por su trabajo conjunto con el PCF como por su obediencia acrítica, ciega, a Moscú y al PCUS. Informes del Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE) señalaban que el PCE realizaría acciones subversivas planeadas por el PCF; informaciones de solidez más que sospechosa, pero adecuadas para los intereses gubernamentales. De ambos gobiernos.

Así lo explicó el ministro del Interior, el socialista Jules Moch, en la Asociación de Periodistas Extranjeros, en París, el 27 de enero de 1950: se iba a restringir de la emigración clandestina, tanto de signo económico como social, pero se continuaría otorgando el derecho de asilo a los perseguidos políticos y se reprimiría a aquellos que hicieran política, contraviniendo el estatus otorgado por la autoridad francesa. Y, como principio general, un giro político de importancia: una cosa era el antifranquismo del gobierno y otra, intolerable, que Francia se convirtiera en sede de maniobras contra Madrid. Se preparaba a la opinión pública para la Operación Bolero-Paprika.

El 7 de septiembre de 1950, el gobierno francés –una coalición de la que estaba excluida el PCF, presidida desde el 12 de julio por el socialista moderado René Pleven (UDSR, Union Démocratique et Socialiste de la Résistance) y en el que François Mitterrand desempeñaba la cartera de la Francia de Ultramar, después de la cartera de Veteranos y Víctimas de Guerra hasta 1948–, decidió romper el soporte político más radical del exilio español: los “comunistas peligrosos”; expulsarlos de Francia y deportarlos a Córcega, Argelia y Europa del Este. La redada en los departamentos fronterizos se denominó Operación Bolero-Paprika, por los comunistas españoles (Bolero) y por los comunistas centroeuropeos (Paprika). El ministerio del Interior francés avisó de los planes de su gobierno al delegado español en París unos días antes de la operación. De los 177 dirigentes españoles expulsados, 61 fueron deportados a Córcega, 84 a Argelia y 32 a diversos países del Este, sobre todo a Checoslovaquia. El PCE fue declarado ilegal por decreto el 7 de octubre, acusado de inmiscuirse en la vida política francesa y amenazar la seguridad de la República –en el marco de la prohibición de organizaciones extranjeras comunistas– y con él, otras organizaciones comunistas: Amigos del Mundo Obrero, Solidaridad Española, PSUC y JSUC y la muy activa Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols.

La traición del cobarde Pacto de No Intervención franco-británico, que dejó indefensa a la II República Española ante la agresión fascista italo-alemana aliada de los golpistas desleales, la Guerra Fría la remachaba.

Ayer, héroes de la libertad y héroes nacionales de Francia –como Cristino García Granda, asesinado por la dictadura en febrero de 1946–, hijos adoptivos de la Francia eterna, acreedores de la patria gala, partícipes de su grandeur y blablablá. Hoy, villanos. Sic transit gloria mundi (o mapamundi, como decía Jorge Martínez Reverte).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha informado de que los cuerpos de los dos guerrilleros asesinados en 1952 por la Guardia Civil han sido localizados en la fosa en la que se buscaban, en el cementerio de San Martiño de Visantoña, en Mesía (A Coruña). Los trabajos para exhumarlos comenzaron el martes y han logrado ya dar con los restos en la zona en la que, según los testimonios y la documentación que se conservaba, habían sido enterrados José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto.

Ambos murieron por los disparos de la Guardia Civil cuando trataban de ocultarse en una cuadra. Estaban acompañados por una tercera persona, Juan Couto, que sobrevivió y que fue condenado después a 30 años de prisión por formar partidas armadas dedicadas “al bandidaje y al terrorismo”.

La documentación del juicio militar conserva mucha de la información que llevó a la ARMH a situar la fosa en un punto muy concreto del cementerio parroquial de Visantoña. Incluye el informe de la autopsia, que los describe como dos hombres delgados, uno de 1,70 y otro de 1,60 metros de altura, vestidos con “ropas deterioradas” y con heridas de las balas de la Guardia Civil en la cabeza.

También se conserva la diligencia de sepelio de la parroquia, que es la que recogía el punto concreto en el que fueron enterrados: “Han sido inhumados en una caja de madera sepultada en la parte posterior de la iglesia de este cementerio parroquial de Visantoña, en una fosa abierta al efecto, distante dos metros de la esquina derecha de la parte posterior de la iglesia y un metro del muro del cierre del cementerio”.

La ARMH recoge los datos que constan sobre la vida de los dos guerrilleros. A José Galán Núñez lo conocían como Dereito y había nacido en Alvedro, en el municipio coruñés de Culleredo. Se sabe que formó parte de los destacamentos de Arturo Cortizas, Enrique Líster y Manuel Ponte durante su periodo en la guerrilla y que estuvo presente en actuaciones como el incendio del Concello de Abegondo de julio de 1948. Manuel Ramiro era de Almeiras, también en Culleredo, y había nacido en 1925. “Se echó al monte en compañía de sus tíos Ramón Romay Ramoné y Josefa Ramiro Santos, tras la deserción de Ricardo de la Fuente y para evitar que este los delate como enlaces de la guerrilla”, explica la asociación. 

Los dos se habían refugiado en junio de 1952 junto a Juan Couto en la casa de Lino Lata, en donde los encontró la Guardia Civil. Intentaron huir y comenzó un tiroteo que los forzó a refugiarse en las cuadras. Finalmente Couto salió con las manos en alto y comunicó que sus dos compañeros estaban muertos.

Hoy os presentamos un capítulo del podcast El Guerrillero, producido por Yes We Cast. Es un trabajo que surge de la curiosidad periodística de nuestra compañera de RTVE Almudena Ariza. Cuando ella descubre que Víctor Díaz Caro, su compañero chileno que trabaja como cámara en la corresponsalía de RTVE en París fue un combatiente guerrillero que atentó contra la vida del dictador Augusto Pinochet en 1986, y que es hijo del dirigente comunista Víctor Manuel “El Chino” Díaz, desaparecido, se decide a contar su historia. 

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El paisaje no es abrupto pero sí monumental. Montaña de vegetación baja, pedregosa, valles arbolados, menor densidad de aldeas. Son las sierras del sureste gallego, que limitan y comparten geología con la comarca zamorana de Sanabria y con la región portuguesa de Trás-os-Montes. Ese fue el territorio, casi de triple frontera, por el que, a partir de 1936 y más o menos hasta 11 años después, operó una de las más intensas facciones de la resistencia armada al fascismo. Grupos insurgentes al principio y después la mítica Federación de Guerrillas de León-Galicia usaron pequeñas poblaciones al otro lado de la Raia Seca como retaguardia. Los historiadores han comenzado a reconstruir esa peripecia. Y este sábado, la asociación ourensana Amigos da República organizó una jornada de homenaje en Sernande (Portugal) y A Gudiña (Galicia).

Dionísio Pereira (A Coruña, 1953) es uno de los principales estudiosos del fenómeno. Una de sus últimas aportaciones publicadas la dedicó, en volumen colectivo sobre la mencionada federación guerrillera, a las redes de evasión de demócratas republicanos en la frontera galaico portuguesa. Pereira relaciona, en conversación con elDiario.es, la actividad armada contra el golpe fascista de Franco en la zona con la construcción del ferrocarril Ourense-Zamora, sus conflictos y su compleja, demorada realización. “Había cambios y mucha agitación social, con huelgas muy duras ya durante la República”, señala. Tan duras que en una ocasión, el 27 de junio de 1931, incluso desembocó en una efímera proclamación de la república gallega. “A partir del levantamiento fascista, se desató una represión muy fuerte”, relata. Buena parte de los carrilanos, así se denominaban los operarios del ferrocarril, muchos de ellos sindicados y simpatizantes socialistas o comunistas, se echaron al monte. No fueron los únicos, claro, pero sí el corazón de la resistencia en el lugar.

“Al principio huyeron y se escondieron en las montañas simplemente con carácter defensivo. Son grupos insurgentes, anteriores a la guerrilla, que se empieza a constituir más tarde”, añade. Y que deciden establecer su retaguardia en Trás-os-Montes. ¿Cómo y por qué la resistencia antifascista acaba instalando sus cuarteles en Portugal, sometido desde 1933 a la dictadura nacional católica de Salazar? “Es cierto que se trata de una región conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia católica, pero al mismo tiempo es un lugar olvidado por los gobiernos, con una frontera permeable”, dice Pereira. Y prácticas comunitarias que no se detenían en la geografía política, por ejemplo el pastoreo. O el secular contrabando. La relación entre ambos lados era estrecha. Ese singular ecosistema social, con una reducida presencia del Estado, apenas los guardinhas de aduanas -integrados en la comunidad y, por omisión o por acción, a menudo cómplices de la población local-, recibió a los primeros huidos resistentes.

El cinturón guerrillero: de Casaio a Castro Laboreiro

Las pequeñas aldeas trasmontanas los acogieron sin problemas. Se trataba a menudo de personas conocidas, algunas con relaciones familiares transfronterizas, que se comportaban y siempre pagaban, recuerda el historiador. Entre los anfitriones, el humanitarismo cristiano y cierto, aunque minoritario, antifascismo ayudaron. La resistencia armada se cuidó además de no actuar nunca en territorio portugués. Era su refugio, no su objetivo. Con el tiempo no solo Trás-os-Montes: también O Barroso y Montealegre, hasta Castro Laboreiro, ya limítrofe con el río Miño, contribuyeron a sostener la lucha contra el primerísimo franquismo. El cinturón guerrillero llegó a medir más de 120 kilómetros, asegura Pereira, desde el norte portugués hasta Casaio, en Carballeda de Valdeorras, donde se encontraba la Ciudad de la Selva, el principal campamento guerrillero del noroeste peninsular.

Ocho o nueve grupos armados utilizaban esta retaguardia portuguesa. Las incursiones, sobre todo en Galicia pero también en León. De ellos y otras facciones operativas surge, ya en 1942, la Federación de Guerrillas de León-Galicia. Lo hace, explica Dinonísio Pereira, después dos fugas frustradas. Unos 30 guerrilleros partieron de Sernande (Vinhais, Portugal) con intención de alcanzar Porto y embarcar hacia Latinoamérica. Fracasaron. “Ante la imposibilidad de salir, comienzan a pensar una estrategia más estructurada para la lucha antifranquista. Así nació la Federación de Guerrillas de León-Galicia, la primera del Estado español”, afirma. Sucedió en el llamado Congreso de Ferradillo, en las montañas ponferradinas. Al mismo tiempo, las obras del ferrocarril cuyos trabajadores habían nutrido la guerrilla formaban ahora parte del universo concentracionario de la dictadura y empleaban mano de obra forzada de presos políticos. El delicado corto documental A menina que vía homes encadenados (Alicia y Javier López, 2022), que se proyectó este sábado en el homenaje, recupera una parte de esta memoria terrible.

La memoria de O Aguirre

La actividad armada antifascista se mantuvo, apoyada en la retaguardia portuguesa, hasta 1947. La jornada de Amigos da República lo rememora rindiendo además tributo a Alfredo Yáñez, O Aguirre, “uno más en la guerrilla, no un mítico guerrillero”. Nacido en A Veiga (Ourense), operario en la vía, es uno de esos que se echa al monte en los últimos días de julio del 36. “Su ideología era próxima al comunismo, aunque creo que no militaba”, señala Pereira. Pasó 11 años en la clandestinidad, a menudo escondido en Sernande, en casa de un conocido contrabandista. De hecho es allí donde lo localiza un operativo tenaza entre la GNR y la PIDE portuguesas y la Guardia Civil española. Cien hombres contra uno. Lo matan. Es noviembre de 1947. Los vecinos de Sernande lo enterraron en el atrio de la iglesia de Santo António. Sin lápida.

La aldea trasmontana fue uno de los puntos neurálgicos de toda esta historia guerrillera. “Se debe a su situación geográfica estratégica”, considera David Simón, presidente de la asociación que organizó la jornada del 25 de mayo. Y a algo más. Su solidaridad con los resistentes republicanos. Que tuvo consecuencias: en 1941, 19 vecinos coincidieron en la cárcel por prestar ayuda a escapados y luchadores antifascistas. En la aldea vivían entonces 100 personas. “Los vecinos siempre supieron donde estaba enterrado O Aguirre. Nosotros recogemos esa memoria y queremos dignificarla”, sintetiza Pereira que fue, junto a su colega Alejandro Rodríguez, uno de los dos historiadores que habló en los actos de Amigos da República .

El apoyo a la causa de Palestina, bajo la ofensiva israelí que ha causado la muerte de más de 34.000 personas en unos meses, toma las más diversas formas. Si en Estados Unidos o Francia los universitarios se han lanzado a la calle como lo hicieron contra Vietnam o en Mayo del 68, en Galicia la denuncia y la solidaridad toma formas más artísticas y suma para la causa a esos hombres, mujeres y niños que nos interpelan desde las paredes o las señales de tráfico.

Ha sido la twittera Sarah Wilkinson, antigua diseñadora gráfica y hoy luchadora por la libertad y la justicia en Palestina -así se define en la red social X, antes twitter- quien ha dado visibilidad a una campaña iniciada por el profesor, escritor y activista gallego Séchu Sende.

En sus vídeos, mientras suena de fondo el himno Leve Palestina (Viva Palestina), se puede ver cómo varias personas colocan las kufiyas en las señales de paso de peatones, zona residencial o prohibido. Tampoco se libran los anuncios, como los de la ONCE, escritores como Manuel María o los habituales monigotes que señalan el servicio o la salida de un local.

En la cuenta de TikTok de Séchu Sende puede verse, incluso, el proceso de fabricación de los pañuelos.

La publicación de Sarah Wilkinson, en la que llama a todo el mundo a salir a la calle y hacer lo mismo, ha superado los 23.000 reposts. Entre los que la han compartido con más éxito, está el periodista y 50% de Gomaespuma, Guillermo Fesser.

Un día de diciembre de 1978, en la redacción del periódico Asturias Diario, el coordinador de la sección de Internacional rescató del martilleo del teletipo un despacho de la agencia Efe que informaba de la muerte de un sacerdote español en Nicaragua. Aquella breve nota apenas contenía circunstancias personales del fallecido. Su nombre, Gaspar García Laviana, no le decía nada, pero un reflejo del oficio movió al periodista a pensar que, con aquellos apellidos, bien podría ser asturiano.

La intuición fue correcta y, en cuanto los redactores comenzaron a indagar, descubrieron que tenían entre manos una noticia con mucho interés. Porque Gaspar García Laviana era una figura de la que estaban al tanto, unas con total admiración y otras con abierto recelo, muchas personas en los círculos de la Iglesia asturiana, en el cristianismo de base y en los movimientos sociales.

Cura obrero, activista contra la pobreza, poeta comprometido con la realidad y, finalmente, guerrillero sandinista, había muerto a los 37 años en un combate con las fuerzas armadas de la infame dictadura de los Somoza.

Dos días después, un miércoles, se celebró en Asturias un primer funeral por el amigo caído. La despedida reunió en Tuilla, la pequeña localidad minera de la cuenca central asturiana a la que García Laviana había llegado cuando era un niño, a una enorme cantidad de personas para asombro de los asistentes. Aún hoy, casi medio siglo después, la mayoría de ellas recuerda su entrega, su compromiso y su sacrificio y, cada mes de diciembre, vuelve a Tuilla para honrar su memoria.

La cita de este año, además, parecía más urgente porque las diferentes asociaciones, con orientaciones distintas, que trabajan para velar por su legado y sus valores, tienen en mente el proyecto de conseguir para el sacerdote guerrillero un reconocimiento mayor del que hasta ahora se le ha otorgado en Asturias. Sus objetivos son conseguir que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, donde nació, le declare hijo predilecto; que el Ayuntamiento de Langreo, donde creció, le reconozca como hijo adoptivo; y que el Gobierno de Asturias, a título póstumo, le conceda la Medalla de Oro de la comunidad autónoma, la máxima distinción que puede conferir.

Aprecio social

No es que Asturias haya negado ni silenciado hasta ahora la figura de García Laviana, el comandante Martín de los sandinistas. Al menos, la Asturias institucional y social. La Iglesia es otro cantar. Aquel cura que abrazó los documentos de la Conferencia de Medellín y la teología de la liberación mucho antes de que otros en España hubiesen escuchado el concepto por primera vez, aquel sacerdote que consideró legítimo combatir por las armas contra la opresión y la miseria impuestas a los nicaragüenses, por una dictadura cruel y violenta, nunca fue una píldora fácil de tragar para el Arzobispado de Oviedo.

Pero en otros muchos foros, García Laviana sigue muy presente. Una de las principales avenidas de Gijón lleva su nombre, como también lo lleva el centro social del Ayuntamiento de Langreo en Tuilla. Y, tanto en Tuilla como cerca de su casa natal, en La Güeria de Carrocera, en San Martín del Rey Aurelio, sendos monolitos recuerdan su vida a los visitantes.

“Por supuesto que no podemos olvidarlo, que conocer quién fue merece la pena. Era una persona que portaba enormes valores humanos y religiosos y que tuvo la valentía de entrar en la guerrilla. Esa decisión resume su compromiso radical y definitivo con la libertad del pueblo nicaragüense y su libertad personal respecto a la jerarquía eclesiástica y la moral católica oficial. Pero conquistar esa libertad no le resultó fácil. Pasó por momentos muy dolorosos y difíciles y en sus cartas se ve que no creía que fuera a sobrevivir, que lo matarían en la lucha”, resume José María Álvarez Rodríguez, 'Pipo', autor de una breve biografía publicada este año por la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana con una ayuda del Ayuntamiento de Langreo. Es un texto breve, concebido para su uso como material didáctico en colegios e institutos, pero recoge toda la evolución del sacerdote.

Álvarez Rodríguez comparte con su biografiado cierto trasfondo. Antiguo sacerdote, ejerció en El Entrego, a escasos kilómetros del lugar de nacimiento de García Laviana, y fue profesor en un colegio concertado de esa localidad. De manera fugaz, llegó a coincidir alguna vez con él, aunque de manera tangencial. “Él tenía más relación con los curas de La Felguera, en Langreo, pero alguna vez organizaban comidas con más gente. Y ahí lo vi, sí, pero no nos conocimos tanto como para decir que fuimos amigos”, señala el autor.

Éramos el grupo de los curas progresistas y jóvenes. Cómo no íbamos a admirar que estuviera dispuesto a dar la vida por los demás. Gaspar decidió unirse a la guerrilla por defender la dignidad de las personas

José María Álvarez Rodríguez, 'Pipo' — Biógrafo de la figura de Gaspar García Laviana

Impulso progresista

“Éramos el grupo de los curas progresistas. Y éramos jóvenes. Cómo no íbamos a admirar que estuviera dispuesto a dar la vida por los demás, que es una idea atractiva. Yo no sé si me uniría a una guerrilla, si tal vez estaría dispuesto a matar alguien. Pero Gaspar decidió que sí porque defender la dignidad de las personas era el eje de su vida. No le importó lo que dijeron de él las jerarquías. Y hay que tener en cuenta que él no promovió ninguna sublevación. Se unió a la que ya estaba en marcha y lo hizo por motivos morales, no políticos. Los Somoza llevaban 40 años pisoteando al pueblo nicaragüense. Él vio niñas prostituidas a los a 11 años porque su única alternativa era morirse de hambre. Y tomó partido”, añade Álvarez Rodríguez.

El biógrafo, como tantas otras personas que se han acercado a la vida de García Laviana, cree que sus ideas y sus actitudes no se explican sin atender a su infancia en la cuenca minera del Nalón, semillero de la solidaridad obrera y, en los años 60, foco de reivindicaciones, huelgas y protestas contra la dictadura franquista.

Nació en Les Roces, una mínima agrupación de casas cercana a El Entrego, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Su padre era minero y, cuando el trabajo le llevó a Tuilla, en Langreo, la familia se fue con él. No fue un cambio drástico de escenario. Es un traslado de apenas 15 kilómetros y el ambiente era el mismo, el de la cultura minera asturiana.

No consta la fecha exacta de ese desplazamiento, pero en Tuilla pasó los últimos años de su infancia y su adolescencia. En sus años de formación como sacerdote pasó por Valladolid, Logroño y Canet de Mar. Ingresó en la congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y, antes de cumplir los 25 años, estaba de vuelta en Tuilla para oficiar su primera misa en su pueblo y entre su gente.

Pero no se quedó mucho tiempo. Estuvo entre los primeros curas obreros de Madrid. Atendía la parroquia del barrio de Valdezarza y, al mismo tiempo, estudiaba Sociología y trabajaba en una carpintería entre el aluvión de personas recién llegadas a la ciudad e instaladas precariamente en aquellos años de urbanización acelerada de la sociedad.

En el verano de 1970, cuando su congregación pidió voluntarios para enviar misioneros a Nicaragua, García Laviana respondió a esa llamada junto a su inseparable amigo Pedro Regalado. Juntos se marcharon a la diócesis de Granada, al sur de Nicaragua, en una zona cercana a la frontera con Costa Rica y con varias parroquias a su cargo: San Juan del Sur, Tola, Cárdenas, Buenos Aires y Sapoá.

El terremoto que lo sacudió todo

Ya desde el principio, aquellos dos sacerdotes jóvenes e imbuidos de los aires del Vaticano II no estaban destinados a encajar con las autoridades locales ni a ponerse de parte de los escasos feligreses adinerados de sus parroquias. Chocaron con la costumbre de que en la víspera de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, alguien acaudalado guardase la imagen en su casa a cambio de dinero. Se negaron a recaudar las tasas eclesiásticas que reclamaba la diócesis.

Presenciaron los abusos, las arbitrariedades y las graves violaciones de los derechos humanos que Somoza y los suyos se permitían. La gota que colmó el vaso, cree el periodista jubilado Pedro Alberto Marcos, que estaba en la redacción de Asturias Diario cuando llegó aquel primer teletipo luctuoso, fue la rapaz respuesta del régimen al terremoto que asoló el país en 1972. Las imágenes de la devastación espolearon una respuesta solidaria en España y en todo el mundo, pero la ayuda nunca llegó a las víctimas y los damnificados, sino que fue desviada en beneficio de los afines a la dictadura.

Marcos se ha movido mucho en el mundo de las asociaciones que se sienten herederas de García Laviana, que son varias. Además de la que ha promovido la biografía reciente, existen una fundación, una escolanía en Tuilla y varias asociaciones que llevan su nombre. El Foro de Cristianos Gaspar García Laviana mantiene la web www.forogasparglaviana.es, en la que pueden encontrarse abundantes recursos sobre la vida del misionero y su obra poética.

Lo que interesa de su figura al veterano reportero son sus paralelismos con otro guerrillero nacido en el valle de Carrocera, a un tiro de piedra de la casa natal del sacerdote: José Mata Castro, el minero que también fue el comandante Mata, el resistente que tomó parte en el ochobre asturiano, combatió en la Guerra Civil y encabezó grupos de fugaos y la reconstrucción de la Federación Socialista Asturiana hasta que, en 1948, pasó definitivamente al exilio en Francia.

Gaspar es un mito en Nicaragua. Y aquí aunque haya recibido cierto reconocimiento formal, no es tan popular. El Arzobispado de Oviedo, desde luego, lo oculta. Si lo ocultó con prelados más progresistas, qué no hará el actual, tan conservador

Pedro Alberto Marcos — Periodista

Dos guerrilleros entre Asturias y Nicaragua

En la ficción, como guionista del corto 'Tierra de guerrilleros“, filmado por la directora Amanda Castro en 2004, Marcos imaginó un encuentro entre un Mata a punto de dirigirse al barco que lo sacó de España y un García Laviana niño. ”En la realidad, las fechas no cuadran. Pero, como pariente lejano de Mata y como curioso, me asombra que los dos nacieran a tan poca distancia el uno del otro. Porque son dos mitos de la lucha guerrillera, las dos figuras nacidas en Asturias que más atención han atraído y sobre las que se han escrito libros innumerables. Gaspar es un mito en Nicaragua. Y aquí, aunque en Asturias o en Madrid haya recibido cierto reconocimiento formal, no es tan popular. El Arzobispado de Oviedo, desde luego, lo oculta. Si lo ocultó con prelados más progresistas, qué no hará el actual, tan conservador“, señala.

Álvarez y Marcos coinciden en que el clima social y los valores de la cuenca minera ayudan a comprender el perfil de los dos hombres. “Gaspar creía en la dignidad de la persona y en la necesidad de defenderla de la violencia física y moral. La pobreza y la dictadura le parecían indignas. Decidió luchar por la igualdad y la libertad, por el bienestar popular. Fue generoso sin límite. Podría haber llevado una vida clerical cómoda y renunció a ella. Podría haberse ido de Nicaragua y no volver, pero se quedó y decidió colaborar con la guerrilla, primero en secreto y después abiertamente. En la cuenca del Nalón lo habrían comprendido”, apunta Álvarez.

“Su casa estaba a quince minutos de la de mis padres. Tenía el apoyo de la Cuenca, desde luego. Y era el tipo de curas que aquí se respetaba, porque en los años 60, cuando las huelgas contra la dictadura eran difíciles de verdad, se vieron en la tesitura de apoyarlas. Y lo hicieron. No lo conocí y solo supe de él cuando murió. Pero habría sido muy interesante”, añade Marcos.

Muerte en el río Mena

Una vez que dio el paso de declarar su apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, Laviana, ya conocido como comandante Martín, recibió adiestramiento militar en Cuba. Se especializó en el manejo de explosivos, fue instructor para otros guerrilleros y estuvo a las órdenes de Edén Pastora, el comandante Cero, otra de las grandes figuras del sandinismo.

Las angustias de mi alma no las calma el rosario, ni la misa, ni el breviario. Mis angustias las mitigan las escuelas en los valles, el bienestar campesino, la libertad en las calles y la paz en los caminos

Gaspar García Laviana — Sacerdote, guerrillero y poeta

A muchos amigos les expresó por carta su convicción de que no sobreviviría a los combates. Y esos presagios se hicieron realidad el 11 de diciembre de 1978, en una refriega entre la columna que comandaba y la Guardia Nacional de Somoza, cerca del río Mena, en el paraje conocido como Cárdenas. Llevaban una semana en su búsqueda. Recibió dos disparos, uno en el muslo y otro en el pecho. No vivió para verlo, pero muchos sandinistas se acordaron de él el siguiente mes de julio, cuando el régimen se vino abajo y el Frente entró triunfante en Managua. En octubre de 1979, le ofrecieron un funeral y un entierro digno de sus restos en Tola.

A Álvarez le gusta mucho citar un poema, Angustia, porque cree que captura en pocas líneas escritas por el propio sacerdote guerrillero lo que fue Gaspar García Laviana: “Las angustias de mi alma no las calma el rosario, ni la misa, ni el breviario. Mis angustias las mitigan las escuelas en los valles, el bienestar campesino, la libertad en las calles y la paz en los caminos”.

‘La lucha guerrillera durante la guerra civil’ es el primer libro que aborda este periodo de la historia de España en la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara). Publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha es obra de Alan Herchhoren y se presenta este sábado 19 de agosto en la localidad de Peralejos de las Truchas. 

Herchhoren no se limita a estudiar la guerra civil en el Alto Tajo y en esta zona de la provincia de Guadalajara, sino que aborda un aspecto apenas estudiado: la lucha guerrillera durante el conflicto bélico, es decir, aquellas partidas organizadas de soldados republicanos que atacaban la retaguardia enemiga. 

Fueron entrenados por mandos de las Brigadas Internacionales y por militares soviéticos en diferentes puntos de la provincia, como Cifuentes, Trillo, Canredondo… Se trata de uno de los pocos casos conocidos de lucha guerrillera en el territorio de Castilla-La Mancha durante la guerra, pues la mayor parte comenzaron al finalizar la contienda, en abril de 1939. 

En la segunda parte la obra ofrece una reproducción facsímil de un documento inédito, ‘Historia de un muerto resucitado: memorias de Lino Muela Román’, que narra las vivencias de este personaje en la guerra y posguerra.

Una ruta por El Robelloso

Además de la presentación, los asistentes podrán participar en una ruta con el autor por el paraje El Robelloso para visitar los alrededores de la presa del río Hoz Seca que fue objetivo de los grupos guerrilleros durante la ofensiva sobre la ciudad de Teruel en diciembre de 1937. 

Durante el recorrido se mostrarán documentos extraídos de los archivos militares de Ávila y Zaragoza, así como del Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca que servirán al visitante para acercarse más a la realidad guerrillera.

En agosto vuelve el 'Juramento del Guerrillero', una escenificación teatral que pone en escena los hechos ocurridos en la localidad toledana de Camuñas en el siglo XIX y que llevaron a Francisco Sánchez Fernández 'El Tío Camuñas' a levantarse en armas contra el ejército francés y a liderar una de las partidas de guerrilleros más importantes de la zona centro peninsular.

La Asociación 'La Partida' de Camuñas junto con el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como con la participación de varias asociaciones de grupos 'napoleónicos' venidas de diferentes puntos de España, celebrará durante los días 4, 5 y 6 de agosto de 2023, la XVI Edición de esta recreación histórica.

Durante todo ese fin de semana el visitante podrá realizar un viaje en el tiempo, no sólo a través de estas representaciones, sino también visitando el mercado de oficios que se mantendrá abierto durante estos días, en el cual, tanto los puestos como las personas se muestran con detalles e indumentarias propias de la época.

Además, se podrá disfrutar entre otros, de varios desfiles, ofrenda floral en el busto de Francisco Sánchez Fernández, reyertas entre guerrilleros y soldados franceses, alegato por la paz y que se llevarán a cabo por diferentes lugares del pueblo, llevando de esta manera este viaje al pasado por todos los rincones de Camuñas.

Estos hechos, a pesar de estar relacionados con la guerra pretenden, aparte de mostrar nuestra historia, ser una iniciativa cultural y festiva que incentive la paz y la armonía entre sus conciudadanos y los visitantes.

Esta edición mantendrá la traducción de las representaciones más importantes, en directo y de forma simultánea, a lengua de signos, para hacer este evento lo más inclusivo posible y llegar así al mayor número de colectivos.

El Gobierno colombiano suspendió de manera parcial el alto el fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC), una escisión de las FARC, luego del asesinato el 17 de mayo de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar, tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, una rama del grupo, según ha informado el Ejecutivo.

“Se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, señaló el Gobierno de Gustavo Petro en un comunicado difundido el lunes.

“El asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”, había manifestado Petro el pasado sábado, cuando la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) hizo pública la denuncia.

El Gobierno subrayó que el asesinato de los cuatro menores de entre 14 y 16 años se suma a otros hechos que causan “incertidumbre y zozobra en la población”, lo que llevó a tomar la decisión de “suspender parcialmente” el decreto del cese el fuego, medida que se implementará en las próximas 72 horas.

“Los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, fueron asesinados “con arma de fuego” en la localidad de El Estrecho, Putumayo, departamento limítrofe con Ecuador, indicó la Opiac.

Los adolescentes escaparon del cautiverio el 17 de mayo y arribaron por la tarde a El Estrecho con las armas provistas por la organización guerrillera. Cuando la comunidad estaba tratando de juntar fondos para trasladarlos a una zona más segura, miembros del Frente Carolina Ramírez llegaron y los ultimaron con disparos a la vista de los pobladores, según la denuncia.

"Con la declaratoria de (suspensión del) cese al fuego bilateral, será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas", advirtió la Opiac en un comunicado.

Carlos Garay, secretario de la Comisión de Derechos Humanos Indígenas, reveló que los adolescentes, nada más llegar a El Estrecho, entregaron las armas porque no querían portarlas. Los menores eran integrantes del pueblo Murui. Uno de ellos, de 14 años e identificado, “fue enterrado en el cabildo de Guaquirá en Putumayo”, contó Garay.

La suspensión del alto el fuego fue, no obstante, cuestionada por la Opiac. “Con la declaratoria de (suspensión del) cese al fuego bilateral, será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas al estar en contacto directo con este tipo de confrontaciones armadas”, dijo la organización en un comunicado.

La advertencia de la organización de pueblos indígenas del Amazonas sintonizó con la reacción del EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, que respondió que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.

Plan de paz en el aire

El cese el fuego fue anunciado por Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2022 y abarca a cinco grupos armados con los que busca llegar a un acuerdo de paz. Ellos son la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las FARC; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Paramilitares de Sierra Nevada.

Según el comunicado del Gobierno, los delegados del EMC en el mecanismo de monitoreo del cese al fuego fueron citados para informarles de la suspensión, pero éstos “se excusaron de asistir”.

“Si el cese el fuego no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, agregó la información oficial.

Pese a la suspensión parcial del cese el fuego bilateral, el Gobierno dijo que próximamente divulgará los nombres de sus delegados para una negociación de paz con el EMC, “para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos”.

“Ya lo habíamos advertido, la paciencia se iba a agotar. La suspensión del cese al fuego con las disidencias no es sólo por el vil asesinato de cuatro niños, también por los secuestros, extorsiones y demás acciones delincuenciales que nunca cesaron”, sostuvo el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, según consignó El Espectador.

La frustrada negociación con el EMC no es el único inconveniente que afronta Petro en su plan de paz con organizaciones violentas.

El ELN desconoció públicamente en enero el cese al fuego bilateral pese a que desde noviembre pasado negocia la paz con el Gobierno en Venezuela, México y Cuba, un proceso en el que ya han saltado las alarmas de crisis en al menos dos ocasiones.

El pasado 20 de marzo, el propio Petro suspendió el alto el fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se denomina la banda criminal del Clan del Golfo, por instigar a la violencia en una huelga de mineros en el noroeste del país.

De esta forma, el alto el fuego, vigente inicialmente hasta el 30 de junio, sólo sigue en pie con la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia de las FARC y con los Paramilitares de Sierra Nevada, que operan en el norte del país.

José Gómez Gayoso no imaginaba que aquel viaje a Madrid en junio de 1936 para participar en una escuela de marxismo organizada por el Komintern lo apartaría de Galicia durante años. Y menos aún que solo regresaría clandestino para dirigir el Partido Comunista y la guerrilla antifascista, ser apresado y morir fusilado en 1948. La suya fue una existencia breve -tenía 38 años cuando lo asesinaron-, fulgurante y terrible. Su rastro y su ejemplo político, desdibujado en su país, no se apagó del todo. Lo ilustra uno de sus hijos, el coronel cubano José Gómez Abad, que estuvo entre los diseñadores de la operación del Che Guevara en Bolivia. Vivir e morrer pola causa se titula la primera biografía de Gómez Gayoso, escrita por Carlos A. Portomeñe y publicada por la Editorial Galaxia.

Gayoso había nacido en Maceda, una pequeña localidad ourensana, en 1910. De niño se mudó a Vigo con su familia. Muy joven, operario de la Singer y estudiante de Magisterio, se introduce en la frondosa vida sindical viguesa. A su padre no le parecía bien este activismo y el desacuerdo desemboca en que a los 18 se marcha de casa. Cuatro años más tarde, y de la mano de Carmen Díaz Brunet, trabajadora de la conserva y militante comunista, ingresaba en el PCE. Esta decisión se convertiría en el núcleo alrededor del que girará su intensa y corta vida. “Enseguida destaca por su capacidad para la escritura, la agitación y la propaganda”, relata a elDiario.es Portomeñe, como Gayoso militante del Partido Comunista y entre 2002 y 2014, el secretario general de su organización gallega.

De su eficacia como escritor da prueba su primera detención, en 1934, a raíz de un artículo publicado en el semanario Tribuna de Tui (Pontevedra, en la frontera con Portugal). Lo que había comenzado como una mera información sobre la detención de dos compañeros por distribuir “hojas clandestinas” acabó en dos meses y un día de arresto mayor “por injuriar, menospreciar y escarnecer” al juez de instrucción pública, Cándido Conde Pumpido, abuelo del actual presidente del Tribunal Constitucional. Gayoso se había limitado a dejar constancia del “odio que profesa [el magistrado] a todo lo que huela a socialismo y anarquismo”.

Su militancia comunista estaría ya para siempre ligada a la comunicación: en plena Guerra Civil dirigió Nueva Galicia, revista de los antifascistas gallegos en la que colaboraron galleguistas como Blanco Amor, Castelao, Ramón de Valenzuela o Delgado Gurriarán, y La Voz del Combatiente. Durante la Batalla del Ebro fue responsable de propaganda del bando republicano. Y ya en el maquis, encargado de la confección o distribución en Galicia de Mundo Obrero, Vida Guerrillera. Boletín de orientación de las guerrillas de Galicia, Nova Galiza. Revista antifranquista de combate o El Guerrillero. Órgano del Ejército Guerrillero de Galicia. Pero antes de los años en el monte habían sucedido tantos episodios.

Trayecto de ida y vuelta

Gómez Gayoso había salido de Vigo en 1936 para asistir a un curso de marxismo de la Internacional en Madrid, donde lo sorprende el golpe franquista y donde se enrola para defender la República en Guadarrama. “Su vida fue un trayecto de ida y vuelta”, explica Portomeñe, “se marchó de Vigo, se exilió en varios países, volvió a A Coruña y murió”. El triunfo fascista en el 39 obliga a Gómez Gayoso y su compañera de entonces, Concha Abad, a escapar por los Pirineos a Francia. Allí son internados en un campo de concentración, el de la playa de Saint-Cyprien. Los rescata el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), para el que acabarán trabajando. Y entonces comienza el periplo americano, que los conduce unos meses a la República Dominicana y después a Cuba. En esta última isla, Gayoso retoma el trabajo político. Clandestino, eso sí, y cercano al Partido Socialista Popular, los comunistas cubanos. Uno de sus más cercanos compañeros se llama entonces Julián Grimau. Su cometido principal, la recogida de información entre los emigrantes gallegos que seguían llegando a miles al Caribe.

En La Habana nace José Gómez Abad. Y en La Habana se quedan ambos, madre e hijo de seis meses, cuando el partido reclama a Gayoso para retornar a Galicia. “Siempre había sido su obsesión, lo reflejan sus cartas”, señala el biógrafo. En septiembre de 1941 navega a Nueva York. En la metrópolis estadounidense permanece a la espera de instrucciones casi 14 meses. Pasa a México en diciembre de 1942. La inflexión de Stalingrado, en febrero del año siguiente, enciende la esperanza en los derrotados republicanos. Los aliados, imaginan, no permitirán que sobreviva la dictadura española. Los comunistas toman nota. Se equivocan: la real politik de los intereses yanquis se impone y Franco se queda. Pero en junio 1944, cuando el vapor Cabo Buena Esperanza atraca en Bilbao con Gayoso a bordo bajo la identidad falsa de Pío Estévez Vidal, no podía saberlo. Y en abril de 1946, por fin Galicia. Se instala en Pontevedra para asumir responsabilidades políticas al más alto nivel en el PCE en Galicia -será su secretario general- y en el Ejército Guerrillero Galicia-León. Dos años y medio después será fusilado en el Campo da Rata de A Coruña junto a Antonio Seoane, jefe del brazo militar.

La caída

Vivir e morrer pola causa narra la caída de la dirección comunista y guerrillera en julio de 1948. Sucedió en A Coruña, a partir de la detención de Seoane en el bar Lovento, en los alrededores de la plaza de Lugo. Gayoso y María Blázquez -la militante con la que vivía en Galicia- se personan al día siguiente en el domicilio del arrestado sin saber lo qué había pasado. Dos guardias civiles los estaban esperando. El tiroteo acaba con Blázquez y Gayoso en el hospital, ella con una bala en el estómago y él sin un ojo. Ante los médicos comienzan los interrogatorios. “Mil muertes son preferibles a lo que con nosotros han hecho”, escribirá en una carta a Concha Abad desde prisión. “La policía política de Franco había introducido los métodos salvajes de la Gestapo”, escribe Portomeñe, “a través del asesoramiento de Paul Winzer, diplomático y jefe de la Gestapo en España, en la creación de la Brigada Político-Social”. Gómez Gayoso ya solo abandonaría la prisión provincial de A Coruña para el consejo de guerra en el Cuartel das Atochas y para sucumbir al pelotón de fusilamiento en el Campo da Rata, a no muchos metros de la cárcel, frente al mar coruñés.

“Hemos caído en la lucha, en esa trinchera en la cual, antes de nosotros cayeron cientos de camaradas”, escriben Gayoso y Seoane a la IV Agrupación Pasionaria de la guerrilla gallega, “no es hora de lamentaciones, camaradas. La lucha exige sacrificios, porque sin ellos no se conquista la libertad”. La condena en el juicio farsa desata una campaña internacional de solidaridad. No servirá de nada. “Llegó la hora decisiva. La esperé tranquilo y tranquilo moriré. A ti no es preciso decirte cual es el sentimiento que embarga mi ánimo en estos momentos. He sido fiel a todo lo que ha constituido el objeto de mi vida”, dice en su última carta a Concha Bad. Y a su hijo cubano: “Mi deseo y ruego a ti es que estudies y te esfuerces por ser un hombre digno y honrado en la vida, que ames a tu Patria, y también a la Patria de tu padre”. José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Sánchez fueron fusilados a las ocho de la mañana del 6 de noviembre de 1948.

De la enorme repercusión a cierto olvido

“Su fusilamiento tuvo en su día una enorme repercusión”, aduce Carlos Portomeñe, “pero poco a poco su memoria se fue difuminando”. No fueron suficiente para impedirlo poemas de Rafael Alberti, del argentino Raúl González Tuñón o, más tardíos, de Xosé Neira Vilas, e incluso un filme documental cubano -Otro crimen de Franco (1948), dirigido por Luis Álvarez Tabío. Solo en 2023 un volumen exento, Vivir e morrer pola causa, ha dado forma al relato de su vida. “He ido juntando documentación durante años”, dice Portomeñe, que admite una deuda inicial con Neira Vilas, quien dedicó a Gayoso uno de los cuatro episodios de su ensayo histórico periodístico Guerrilleiros (1991).

“Yo llegué a la figura de Gayoso por la política, claro. Es uno de los mitos del Partido Comunista. Creo que una de las razones de que no se hubiese estudiado a fondo es, simplemente, que en el partido hay tantos héroes...”, considera, “ni siquiera existe una biografía de Enrique Líster, a pesar de que Víctor Santidrián lleva años trabajando en ella”. Y fue esa política la que hace 25 años condujo a Portomeñe a la familia de Gayoso. El PCG preparaba los actos por el 50 aniversario del fusilamiento y el pintor Xaime Quessada, histórico comunista, preparó unas láminas de homenaje. La organización remitió los número uno y dos de la serie a los descendientes de Gayoso y Seoane, sin saber a ciencia cierta cómo encontrarlos. Mediante la cónsul cubana en Galicia, José Gómez Abad, el hijo que había tenido con Concha Abad, contactó con los comunistas gallegos.

“Hicimos una amistad que duró hasta su muerte en 2008”, cuenta Portomeñe. Dos años antes había visitado la tierra natal de su padre para conocer sus raíces. Y todavía antes, como miembro de la inteligencia cubana, había formado parte del reducido grupo que diseñó la expedición a Bolivia en la que finalmente cayó Ernesto Che Guevara. Lo contó en su libro Cómo el Che burló a la CIA. El hijo, como el padre.