La jueza de refuerzo que se encuentra actualmente a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avilés, en funciones de guardia, ha dictado este jueves un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para I.M.C., el hombre detenido el pasado lunes, como presunto autor de la muerte de su casera, Noelia González Gutiérrez, de 45 años.

I.M.C., que había alquilado una habitación a la víctima, pasó esta mañana a disposición judicial ante la jueza que le ha imputado inicialmente un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento.

Posible destrucción de pruebas

La jueza ha seguido así el criterio de la Sección Territorial de Avilés de la Fiscalía del Principado que esta mañana había solicitado esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, podría imponérsele al detenido.

Además, según ha explicado un portavoz de la Fiscalía, ha basado su petición en la posible existencia de riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas.

Del juzgado a la cárcel

El detenido prestó declaración en la sede judicial durante una hora. Una vez acordado su ingreso en prisión provisional, el investigado ha sido trasladado hasta el Centro Penitenciario de Asturias, según ha indicado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El crimen se descubrió el pasado lunes cuando el novio de la víctima regresó al domicilio que ambos compartían en La Folleca, sobre las 22.30 horas, y halló el cadáver.

La práctica de la autopsia

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo para la práctica de la autopsia.

Tras comunicar los hechos, inmediatamente se puso en marcha un operativo policial que localizó al inquilino y lo detuvo.

I.M.C. trabajaba como camarero en una sidrería avilesina y apenas llevaba unos meses alquilado en la vivienda.

El registro domiciliario

La Policía Nacional realizó un primer registro en el domicilio en presencia del detenido. El móvil aún se desconoce aunque un portavoz de la Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que se ha descartado que el crimen responda a un caso de violencia de género al no haber constancia de que entre el inquilino y su casera hubiera otra relación más allá del derivado del alquiler de la habitación.

Hasta el momento no se ha localizado el arma homicida utilizada en el crimen, mientras se está a la espera del resultado de la autopsia.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ratifica la prisión provisional de los dos acusados por el 'Crimen de Cuzcurrita'. La Sala de lo Penal ha inadmitido los recursos de apelación y súplica.

El 26 de junio el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado 1/2024 acordó prorrogar la prisión provisional hasta el 18 de agosto de 2030 a los dos acusados de asesinar al hostelero Guillermo Castillo de 78 años de edad en Cuzcurrita el 1 de mayo de 2023. Ambos acusados fueron condenados a 27 años de prisión, cada uno, después de que el Tribunal del Jurado les declarara por unanimidad culpables de asesinato y de robo en casa habitada. Contra la resolución del Magistrado Presidente de prorrogar la prisión provisional, los dos acusados interpusieron recursos de apelación.

El pasado 25 de julio la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de La Rioja inadmitió a trámite los recursos referidos. Uno de los acusados interpuso recurso de súplica y el TSJR ha notificado este viernes un auto en el que desestima la súplica y ratifica la prórroga de la prisión provisional acordada por la Audiencia Provincial.

Ambos acusados solicitaban la puesta en libertad y la sustitución de la prisión provisional por otras medidas alternativas hasta que la sentencia sea firme. La causa está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que el pasado 25 de julio dicto el TSJR, en la que confirmaba la dictada por el Tribunal del Jurado.

Santos Cerdán ha pasado en pocas semanas de ser uno de los políticos con más poder en España a verse durmiendo en la cárcel. Es un nombre más, importante, en una larga lista de personas que quizá sintieron que nunca se verían entre rejas. Y muchos de ellos han pasado por una cárcel en concreto: Soto del Real. Hablamos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o del ex vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. Algunos, incluso, coincidieron allí en el tiempo.

Hacemos un repaso a estos nombres y a cómo es la vida de un político en prisión con el periodista de elDiario.es Alberto Pozas.

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La familia del joven de 31 años que falleció el pasado febrero tras ser golpeado fuertemente en la entrada de la discoteca Mitika de Vitoria por un controlador de accesos con antecedentes penales ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria en un escrito dirigido a la alcaldesa Maider Etxebarria que se sancione a la empresa propietaria del local y a la encargada de llevar a cabo la contratación del personal. “Tras el asesinato perpetrado por uno de los trabajadores del servicio de admisión presumiblemente con distintos grados de complicidad del resto, se hace imperiosa la necesidad de aplicar las sanciones previstas en la ley para la comisión de infracciones muy graves. Desde la familia consideramos que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y tener en cuenta tanto la reiteración de las infracciones como la complicidad del establecimiento recreativo Mitika y de la empresa de servicios Le Basque Services, por haber tolerado y amparado conductas de extrema gravedad”, recoge el escrito enviado por la familia al Ayuntamiento, que también ha sido enviado al Parlamento Vasco para que esté al tanto de la petición.

El escrito de la familia recoge que según el artículo 55 de sanciones por comisión de infracciones muy graves de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con una multa de 30.001 a 150.000 euros, con la suspensión o prohibición de la actividad desde uno hasta tres años, con la cláusula y precinto del local desde uno hasta tres años, con la revocación de la autorización o licencia, con la inhabilitación desde seis meses hasta un año y seis meses o con el decomiso de los bienes relacionados con la actividad por un periodo de entre seis meses y un día y doce meses.

“Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones sin que adoptaran medida correctora alguna al respecto. La gravedad de lo ocurrido deriva de la ausencia de un control efectivo sobre los empleados encargados de la seguridad, incurriendo así en una actitud de tolerancia, o incluso de amparo explícito, frente a acusaciones que vulneran gravemente la normativa vigente”, denuncia la familia.

El acusado de la muerte del joven, que cuenta con antecedentes penales, fue ingresado en prisión y a día de hoy sigue en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. Tras el suceso la discoteca Mitika cerró sus puertas en señal del “absoluto respeto y mientras avanza la investigación”, aunque se espera que “reabra en septiembre”, según adelanta la Cadena Ser y durante este tiempo la sala ha sido alquilada para eventos privados. “Desde Sala Mítika queremos expresar nuestro más profundo dolor y consternación por el trágico suceso ocurrido. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y brindando toda la ayuda posible en este difícil momento. En señal de absoluto respeto y mientras se avanza en la investigación, hemos decidido que nuestra sala permanezca cerrada. Agradecemos sinceramente la comprensión”, explicó la discoteca en un comunicado hecho público tres días después del suceso.

El pasado mayo EH Bildu cerró con PNV, PSE-EE y Sumar un acuerdo en el Parlamento Vasco que demanda medidas para “reforzar” la prevención de comportamientos “violentos o discriminatorios” por parte del personal de seguridad de los locales de ocio nocturno. Se trata de una iniciativa registrada tras el fallecimiento del joven y después de que sus padres escribieran una carta a la Cámara considerado que ese “asesinato” respondía a una “negligencia” de las instituciones.

En la carta, remitida a los grupos políticos del Parlamento la familia confiesa sentirse “profundamente” afectada por lo sucedido. “Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal. Queremos expresar nuestro firme deseo de que tragedias como la que ha marcado nuestras vidas no se repitan y de que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado”, detalla el escrito.

Según defiende la familia, la muerte del joven “no fue un accidente” porque “entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”. Agregan que es algo que “se repite en más locales” de la capital vasca, algo que no es “razonable aceptar”.

Explican que al menos la Policía de Vitoria era “consciente del riesgo” y desde 2024 porque “una instructora advirtió por escrito a sus superiores -hasta tres escalas jerárquicas por encima- del peligro que suponía el agresor” y de la “ilegalidad” del lugar donde hacía los controles, un punto ciego para las cámaras y con “iluminación deficiente”. “Esa ubicación era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”, abundan. Esa agente “solicitó ayuda” pero “sus advertencias no fueron atendidas”. Señalan que el Ayuntamiento les ha ofrecido explicaciones “contradictorias” y que, en cualquier caso, no hizo lo que debía, lo que les lleva a concluir que “este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”.

“El Ayuntamiento [una coalición de PSE-EE y PNV] no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad” porque “la normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención. Nuestro hijo merece justicia y la ciudadanía garantías firmes de no repetición”, sostienen. En el caso del Gobierno vasco, desean que el Parlamento legisle e impulse “las reformas necesarias” para lograr “herramientas eficaces” para combatir estos “riesgos conocidos” en el ocio nocturno. “Si la interpretación de las leyes genera dudas, creemos que ha llegado el momento de clarificarlas y reforzarlas”, solicitan en el escrito enviado al Parlamento Vasco.

La resolución del acuerdo al que se llegó en el Parlamento Vasco el pasado mayo, y en cuya votación PP y Vox se abstuvieron, insta al Gobierno vasco a continuar con la elaboración e implementación de un plan de acción “con el fin de garantizar el cumplimiento normativo por parte de los servicios de admisión y seguridad privada en los locales de ocio nocturno”. Además, se pide a Ertzaintza y cuerpos locales que se coordinen para “reforzar la prevención de actos delictivos en el ocio nocturno”.

La titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Trives ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre investigado por acabar con la vida de su mujer en O Bolo (Ourense).

Según han informado fuentes judiciales, el hombre de 72 años está investigado por los delitos de homicidio y maltrato habitual, con la concurrencia de agravante de parentesco.

Este es el primer crimen machista, ya confirmado este lunes por parte de la la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, en Galicia en lo que va de año.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 18.20 horas del domingo en la parroquia de As Hermidas y hasta el punto se desplazó un helicóptero medicalizado.

Con todo, los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima, de 76 años.

Precisamente el teniente de alcalde de O Bolo y sobrino de la víctima, Miguel Ángel García Fariñas, hacía hincapié en la importancia de denunciar en declaraciones a los medios este lunes. “Cuando la gente tenga conocimiento de estas historias hay que denunciar”, ya que, según ha lamentado, su tía nunca quiso hacerlo.

“Ella nunca quiso denunciar, la familia está consternada porque nadie espera que esto pueda pasarte, ahora tenemos cargo de conciencia pensando si podíamos haber hecho algo”, esgrimía.

El 11 de enero de 2015, unos montañeros hallaron el cadáver de un hombre en una cuneta junto al mirador de los Rebecos, en pleno parque natural del concejo asturiano de Somiedo. El cuerpo presentaba grandes deformidades y se ignoraba su filiación.

Una década después, se ha desvelado el misterio: se llamaba Luis María J.C., aunque en su entorno era conocido como “Luisín”. Ahora, las pruebas de huellas dactilares obtenidas en su día del cadáver han ofrecido una “identificación positiva” al coincidir con las huellas que se tenían del DNI del fallecido.

Huyeron al enterarse que eran buscados

Sus dos hermanos, Enrique y Enriqueta, fueron detenidos en el País Vasco, adonde habrían huido al conocer que eran buscados por no haberse presentado ante los reiterados requerimientos remitidos a su domicilio para que comparecieran junto a Luisín para que los servicios sociales valoraran su estado y estar ilocalizables.

Ambos han comparecido este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón que, a petición de la Fiscalía, ha acordado el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El juzgado les investiga por un delito de homicidio por omisión, otro delito de prestaciones a la Seguridad Social en un supuesto agravado por haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de la pensión de su hermano a lo largo de estos diez años, y les imputa sendos delitos de falsedad documental y estafa.

Sordo, mudo y ciego

Luisín, natural de Gijón, nació con una parálisis cerebral y era una persona totalmente dependiente de su familia. No veía, no oía, no hablaba, no caminaba e incluso tenía que comer a través de una sonda. Recibía una pensión mensual de 3.000 euros debido a su discapacidad.

La víctima dependía completamente de sus dos hermanos, a quienes el Principado había otorgado su custodia en 2014 a raíz de la muerte de sus padres.

Habitualmente Luisín no salía de su domicilio, por lo que tampoco despertó sospechas que no se le viera por la zona. Todo cambió cuando el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón requirió a los hermanos para que acudieran con él para hacer una nueva valoración por parte de los servicios sociales y ellos no se presentaron.

La detención y la sorpresa

Fuentes judiciales han confirmado que el pasado mes de octubre se dictó una orden de detención contra Enrique y Enriqueta al comprobar que no se encontraban en la vivienda habitual que habían consignado para su localización y haber hecho caso omiso a los continuos requerimientos para que acudieran con Luisín a realizarle la correspondiente valoración.

Al conocer que eran buscados, los hermanos se desplazaron hasta el País Vasco, lo que no impidió su localización. Tras su detención, ambos justificaron su negativa a acudir a la cita en que su hermano había muerto por causas naturales.

Sin embargo, no llegaron a notificar su fallecimiento y, según las mismas fuentes, la sorpresa llegó cuando en su declaración afirmaron que el cadáver hallado en Somiedo y cuya identidad era todo un misterio era el de su hermano.

Alegaron que “no sabían qué hacer con el cuerpo”

Según la versión de Enrique y Enriqueta, trasladaron el cadáver hasta ese paraje de alta montaña porque “no sabían qué hacer con el cuerpo”.

Los forenses descartaron, a través de la autopsia practicada al cuerpo, que la muerte de Luisín hubiera sido violenta, según las mismas fuentes.

El caso judicialmente sigue avanzando. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado este miércoles a elDiario.es Asturias que el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha recibido la identificación lofoscopica con la necroreseña de los restos relacionados con la detención de dos hermanos, y esa identificación ha sido positiva. 

Hay indicios de que “dejaron morir” a Luisín

La lofoscopía es el estudio y análisis de las impresiones de las crestas papilares, que se encuentran en las yemas de los dedos, las palmas de las manos o las plantas de los pies, comparándolas en este caso con las que se tenían del DNI del fallecido.

La necroreseña proviene de comparar, cotejar o poner en correlación los datos obtenidos de un cadáver o restos (datos “post mortem” = PM) con aquellos otros facilitados por familiares o conocidos, relativos a la persona que se sospecha fallecida y que se trata de identificar (datos “ante mortem” = AM).

El testimonio clave de Enriqueta

El juzgado abrió las diligencias de investigación en un principio por los delitos de detención ilegal, desobediencia a la autoridad y quebrantamiento de los deberes de custodia, pero este miércoles su nueva declaración lo ha cambiado todo.

Sus manifestaciones han sido tan relevantes que han dado un giro inesperado al caso y han arrojado luz sobre los días previos al fallecimiento de Luisín, la idea que tuvieron de deshacerse del cadáver para ocultar la prueba de que había fallecido y el móvil económico que había de trasfondo.

Tras escuchar sus declaraciones, a petición de la Fiscalía, la magistrada ha acordado que continúen ingresados en prisión provisional.

La magistrada ha adoptado esta resolución a la vista especialmente de la declaración de Enriqueta que ha reconocido que Luisín se encontraba enfermo los días previos a su fallecimiento, sin que le atendieran, pese a que tenían su custodia por su vulnerabilidad dada su situación de gran dependencia, lo que ha llevado al juzgado a modificar los delitos imputados y prorrogar la prisión provisional de ambos.

El móvil económico

La magistrada investiga ahora su presunta autoría en un delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social en un supuesto agravado por haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de la pensión de su hermano a lo largo de estos diez años.

Además, serán investigados por sendos delitos de falsedad documental y estafa por alteración de los documentos de la pensión de Luisín, ya que según ha ratificado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a lo largo de esta década “modificaron el nombre del pensionista a favor de uno de ellos”.

Asimismo, a ambos hermanos se les atribuye un delito de homicidio por omisión ya que se solicitó testimonio por exhorto al Juzgado de Grado -al ser el partido judicial al que pertenece Pola de Somiedo- para conocer de primera mano el resto de la autopsia en el momento del hallazgo del cadáver.

“No fue una causa fulminante de muerte natural”

“Efectivamente se trata de una muerte natural, pero no por una causa fulminante como se apuntaba inicialmente puesto que, en su declaración, Enriqueta reconoció que su hermano Luisín se había encontrado mal varios días antes de producirse el fallecimiento y existen serios indicios de que pudieron haberle dejado morir sin atenciones, con el agravante de que eran los garantes de proporcionarle los cuidados a su hermano con discapacidad”, ha añadido el portavoz del TSJA.

El procedimiento judicial ha dado un giro de 180 grados este miércoles cuando, en su declaración, los hermanos han llegado a admitir en su relato, especialmente con el testimonio de Enriqueta, que “dejaron morir” a Luisín al no darle los cuidados y atenciones que requería y haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de su pensión a lo largo de estos diez años.

La Audiencia de Cantabria ha confirmado también la prisión provisional comunicada y sin fianza del segundo de los investigados por la muerte del joven de 21 años vecino de Polanco en el apeadero del tren de Boo de Piélagos el pasado 3 de febrero.

Este detenido, de 20 años y vecino del municipio donde tuvieron lugar los hechos, se encuentra desde entonces encarcelado junto al otro involucrado en la mortal agresión.

El investigado recurrió en reforma la medida cautelar adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander el pasado 5 de febrero, y éste la confirmó.

Ahora es la Sección Primera de la Audiencia Provincial la que, en un auto contra el que no cabe recurso, y en línea con la decisión adoptada el pasado viernes respecto del primero de los investigados, respalda la decisión adoptada por el instructor de la causa, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Motivos del recurso

Entre otros motivos, la defensa atacaba en su recurso la credibilidad de una de las testigos, argumentaba que su cliente cursa estudios y la estancia en prisión no le va a “suponer un beneficio”, y señalaba que había sido objeto de una agresión por parte de terceros meses atrás.

Frente a ello, la Fiscalía y la acusación particular expresaron su oposición al recurso dado que, según el Ministerio fiscal, “los hechos son de extrema gravedad y existen indicios suficientes de la autoría del recurrente”; y, según la acusación particular, “hay indicios de la participación del recurrente en la muerte violenta de la víctima” y “no se puede descartar el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia”.

En su auto, el tribunal se remite a la resolución dictada la pasada semana, en la que ponía de manifiesto la “relevancia de los hechos objeto de imputación en la causa” y añadía que “si bien en el presente momento, muy recientes aún los hechos, se trata de una atribución provisional, sí puede afirmarse que la causación de la muerte fue debida a un hecho violento calificable inicialmente como delito de homicidio”.

Respecto de los indicios, la Audiencia señalaba que no cabe entrar en un análisis detallado de los mismos, pero sí concluía que “son suficientes en el presente momento para atribuir al recurrente su participación en el hecho punible”.

Y sobre el riesgo de fuga, indicaba que, “al menos en este momento inicial”, “la posible amenaza de una pena de prisión de gravedad -como sería la que corresponde a un delito doloso de homicidio- supone un importante incentivo o aliciente a la persona afectada para intentar evitar u obstaculizar la acción de la justicia”.

Junto a ello, el auto que se ha dado a conocer este jueves añade que el hecho de que el investigado curse estudios, que padezca algún problema de salud o que haya sido objeto de una agresión anterior “no afecta al sentido de la decisión que ha de adoptarse”.

“El investigado puede permanecer en prisión, pues sus dolencias no son incompatibles con ello y, en el presente momento, existen otros elementos que deben prevalecer sobre la consideración de que la prisión pueda no ser beneficiosa” para él.

Además, que el investigado haya podido sufrir una agresión por un tercero “no puede justificar que él, a su vez, sea quien cometa actos violentos”.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano (Ciudad Real) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para otros dos jóvenes detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de la violación grupal a una joven en una discoteca de la ciudad minera en la madrugada del pasado 23 de julio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno, en funciones de guardia, decretó la misma medida para otro joven en julio, poco después del suceso, por un presunto delito de agresión sexual, por lo que ya ascienden a tres los varones en prisión por su presunta relación con los hechos.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, los dos últimos jóvenes fueron puestos a disposición judicial el 29 de agosto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano, que instruye las diligencias previas abiertas tras la denuncia.

Tras tomarles declaración en sede judicial, a estos dos varones se les imputa de manera provisional como presuntos autores de un delito contra la libertad sexual. El procedimiento judicial prosigue bajo secreto de sumario, señalan las mismas fuentes.

Hasta el momento la Policía Nacional ha detenido a estos tres varones en Puertollano como presuntos responsables de la agresión sexual grupal a la joven de 18 años de edad.

Relato policial

Según informó la Policía, la víctima, quien se encontraba de madrugada en una discoteca de la localidad, se disponía a entrar en el baño de señoras cuando tres jóvenes la inmovilizaron e introdujeron en una de las cabinas sanitarias del cuarto de baño donde, sin su consentimiento, la manosearon y agredieron sexualmente. Una vez liberada, la joven pudo abandonar el establecimiento y solicitar ayuda a sus amigos en el exterior, quienes notificaron lo sucedido a la Policía Nacional.

Los agentes asistieron y trasladaron a la víctima al Hospital Santa Bárbara de Puertollano de acuerdo con el protocolo vigente como víctima de un delito contra la libertad sexual.

La Policía Nacional activó inmediatamente un dispositivo policial de urgencia que permitió la detención, horas después, de un varón de 22 años de edad como presunto responsable y cabecilla del grupo durante la comisión de la agresión sexual contra la joven.

Paralelamente, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Puertollano llevaron a efecto una compleja investigación policial recopilando todos aquellos indicios que permitieron la identificación, localización y detención de los otros dos presuntos autores en la agresión grupal, dos varones de 26 años de edad residentes en la misma localidad.

Los investigadores llevaron a efecto “innumerables” diligencias de tramitación y verificación policial de tipo documental, testifical, biológico y lofoscópico entre otros, que han permitido imputar a los detenidos en los hechos.

Desde hace unos años, cualquier persona que haya pasado prisión provisional y luego no haya sido condenada tiene derecho a una indemnización. Desde 2019 los tribunales han firmado indemnizaciones para más de 70 presos preventivos inocentes y las cantidades oscilan entre los 1.500 euros y el medio millón. Un estudio publicado por Nada es Gratis y firmado por dos expertos en Economía y Derecho analiza más de 300 casos que se remontan a la década de los noventa y apunta a una queja habitual entre los juristas que intervienen en estos proceso: la ausencia de criterios legales fijos y objetivables para establecer estas indemnizaciones. Los resultados, afirman, “muestran algunos patrones de decisión difícilmente justificables”.

Se trata de un análisis firmado por Gabriel Doménech, catedrático de derecho administrativo de la Universitat de València, y Juan Luis Jiménez, profesor del departamento de análisis económico aplicado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un estudio que analiza 333 resoluciones judiciales que, desde 1990 hasta la actualidad, han obligado al Estado a indemnizar a personas que pasaron por la cárcel de manera preventiva o incluso condenados para después ser absueltos.

La normativa sobre este asunto ha ido cambiando a golpe de sentencia en las tres últimas décadas. Los investigadores exponen que en una primera etapa, que abarca desde 1990 hasta 2010, la interpretación era que había que indemnizar solo cuando el delito que se les había imputado directamente no había existido o porque lo había cometido otra persona, no solo si habían existido dudas sobre su culpabilidad. En una segunda etapa, entre 2010 y 2019, el criterio se estrechó y los tribunales solo firmaron indemnizaciones si el delito nunca había existido.

Todo cambió ese año, cuando el Tribunal Constitucional estableció que alguien que hubiera pasado por la cárcel para después ser absuelto o exonerado por sobreseimiento de la causa tenía derecho a una indemnización. Y entraba en juego un artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, lejos de actuar como una calculadora, deja esa cantidad abierta: “Se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”.

Es decir, que una comparación entre dos casos puede desvelar que un preso que haya pasado un año en la cárcel puede cobrar menos que otro que haya pasado seis meses porque este último ha podido demostrar que, por estar en prisión provisional, perdió el trabajo y la custodia de sus hijos. O la opción de compra de una casa. O que su encarcelamiento derivó en problemas de salud mental.

El problema, según incide este estudio, es que no existe un criterio objetivo para cuantificarlo y eso lleva, denuncia, a patrones “difícilmente justificables”. El primero que exponen es que la compensación media diaria del periodo desde 2019 hasta la actualidad, desde la sentencia del Tribunal Constitucional, es “un 87% inferior” a la del primer periodo que fue dese 1990 hasta 2010. “No se adivina la razón por la cual las compensaciones diarias que se otorgan hoy son un 87% inferiores a las que se daban hace dos décadas”, dice el estudio.

“Se podría hipotetizar que a los jueces les disgusta indemnizar a las personas absueltas cuya inocencia no ha quedado demostrada con la suficiente certeza. Quizás por ello no les reconocían durante el primer periodo el derecho a ser indemnizadas. Y, quizás por ello, cuando se han visto ”forzados“ a reconocérselo, han reducido drásticamente la cuantía de las compensaciones que les otorgan”, analiza el estudio.

También consideran “llamativo” otro de los factores detectados en su estudio: que los trabajadores públicos –entre ellos destacan a policías y guardias civiles– suelen ser indemnizados con más dinero por el sueldo que han dejado de ganar mientras estaban en la cárcel aunque, destacan, a veces sigan cobrando “una gran parte de sus retribuciones”. También llegan a otras conclusiones: cuantos más días hay que indemnizar, menor es la compensación diaria otorgada, los delincuentes sexuales han recibido indemnizaciones más altas que los acusados de tráfico de drogas, quienes acreditan daños psicológicos o reputacionales extraordinarios también obtienen mayores compensaciones y, finalmente, que “el género del acusado y el del juez ponente no afectan a la compensación”.

La mayor indemnización: casi medio millón

Tal y como publicó elDiario.es, desde 2019 hasta la actualidad la Audiencia Nacional ha obligado al Ministerio de Justicia a indemnizar a más de 70 presos preventivos inocentes a cantidades que, en total, superan el millón de euros. Resoluciones examinadas por este periódico que dibujan la disparidad de criterios reflejada por este estudio y la dificultad de muchos afectados para demostrar ante un tribunal, con informes y documentos, cómo les ha afectado su paso por la cárcel.

La indemnización más alta concedida en este periodo fue conocida hace unos meses. La Audiencia reconoció casi medio millón de euros para un matrimonio que pasó, en el caso más grave, más de un millar de días entre rejas acusados de radicalizar yihadistas en el sur de Madrid para finalmente ser absueltos. Posteriormente acudieron al Estado solicitando una indemnización: perdieron la casa, sus dos hijos pequeños tuvieron que volver a Marruecos, la mujer casi pierde la nacionalidad española, él quedó en paro y sufrió un intento de suicidio y sus nombres, a día de hoy, siguen en decenas de noticias en internet ligadas al yihadismo.

En este caso sus abogados pudieron justificar una buena parte de sus reclamaciones y de los 700.000 euros que pedían, la Audiencia Nacional concedió casi medio millón. “La prisión le privó sin duda de mantener su vida personal y familiar, con el dolor que ello provoca”, reconocieron los jueces. Ese encarcelamiento, añadieron, “agravó sin duda la situación, debido al aislamiento y a la intervención de las comunicaciones” generando “importantes daños psiquiátricos y psicológicos” con “escasas esperanzas de mejoría”.

Los datos recopilados por este periódico reflejan, por ejemplo, que un antiguo mando policial de la localidad catalana de Mollet del Vallès fue indemnizado con 50.000 euros por pasar más de un año en prisión acusado de colaborar con una banda de narcotraficantes. El antiguo jefe antidroga de la Guardia Civil en Segovia, que pasó algo más de dos meses entre rejas acusado de algo similar antes de ser exonerado, fue indemnizado con 7.600 euros.

Otra de las indemnizaciones más altas firmadas en los últimos años es la de casi 150.000 euros establecida por la Audiencia Nacional para Romano van der Dussen, ciudadano holandés que pasó varios años de más entre rejas por una violación en Fuengirola que no había cometido. También está la de 69.000 euros concedida a un hombre que pasó más de 1.000 días en prisión acusado de abusar de su hijo hasta que fue absuelto por el Tribunal Supremo.

En ese caso, los jueces aceptaron indemnizar el trastorno crónico de estrés postraumático y la depresión crónica consecuencia del encarcelamiento, los más de tres años que pasó en la cárcel al existir “prueba fehaciente”, pero no otros aspectos que, según los jueces, no pudo demostrar. Por ejemplo, el dinero que dejó de ganar al no poder trabajar, “al no haber quedado acreditado que la prisión provisional interrumpiera actividad laboral alguna”. Los 69.000 euros establecidos por la Audiencia Nacional, reconoce la propia sentencia, procede de una estimación “discrecional”.

La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho del empresario andorrano Joan Besolí, uno de los socios del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a ser indemnizado por el Ministerio de Justicia con 70.000 euros en concepto de “daños morales” al haber estado 645 días en prisión provisional mientras se le investigaba por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales de los que fue absuelto, informa Europa Press.

Los magistrados han estimado parcialmente el recurso en el que Besolí exigía a la Administración Pública el pago de 4,6 millones de euros “sin perjuicio de los intereses de demora” que correspondiesen después de que se desestimase su reclamación de responsabilidad patrimonial por “daños y perjuicios ocasionados por la indebida adopción” de una “medida de prisión preventiva”.

En una sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha coincidido con que los casi dos años que Besolí estuvo en prisión le generó “la ruptura de un proyecto vital”, que incluye su vida familiar y laboral, y un “impacto mediático”, aunque ha fijado que la indemnización a aplicar por dichos perjuicios debe ser de 70.000 euros y no de 4,6 millones de euros.

El que fuera socio de Rosell presentó su reclamación contra el Ministerio de Justicia el 9 de julio de 2020. Bensolí incidió en que ingresó en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, el 25 de mayo de 2017 y que “desde dicha fecha y hasta la celebración del juicio oral en el año 2019 (645 días)” fue mantenido en prisión preventiva “pese a que sus abogados llegaron a formular más de 12 recursos”. El 24 de abril de 2019, la Audiencia Nacional le absolvió a él y al resto de procesados por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Para la defensa de Besolí, el haber estado en la cárcel “provocó en su esfera personal y patrimonial una serie de afecciones y daños de muy notoria relevancia”. Entre otras cuestiones, aseguró que sufrió un “perjuicio reputacional” porque era una “persona de conducta intachable y reconocida en Andorra, con relevante proyección pública” como exconseller de Finanzas.

El empresario recalcó, además, que durante su estancia en prisión “tuvo absolutamente restringidas las visitas de familiares a las estrictamente autorizadas por la autoridad penitenciaria” y que, además, “las comunicaciones telefónicas estaban igualmente restringidas a unos minutos”.

“La estancia en prisión generó a Besolí una serie de daños que no tenía que haber sufrido nunca (daños reputacionales, daños afectivos, daños psicológicos, daños por costes de defensa legal, exclusivamente asociados a la medida de prisión provisional, y lucro cesante por cesación de su actividad profesional y empresarial)”, señaló su defensa.

Así, el empresario consideró que “las circunstancias expuestas” suponían que su encarcelamiento pueda “tildarse de injusto” al estar “revestido” de “todas las características de antijuridicidad”, lo que hace posible que pueda reclamar una indemnización por daños.

Desde la Abogacía del Estado alegaron que su ingreso en prisión no fue “consecuencia de un error judicial”, sino “a consecuencia del sacrificio individual que en aras del bien colectivo el individuo se vio obligado a soportar” y subrayó que “aun cuando procediera la indemnización, no podría ser en la cuantía pretendida en la demanda”.

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Sangüesa, el tribunal ha dado la razón --en parte-- al empresario. La Audiencia Nacional ha explicado que “los daños que se anudan ordinariamente a la prisión (angustia, irritación, temor, frustración, repercusión en el honor e imagen etc), deben indemnizarse de acuerdo con las pautas indicadas, comprendiendo el propio daño que es connatural a la privación de libertad, el perjuicio moral en la fama y nombre, unida a la separación de la esposa e hijos (separación de su entorno familiar, laboral etc)”.

“Estos daños, globalmente considerados, en función de todas las circunstancias apuntadas se estiman, en 60.000 euros, siguiendo las pautas que ordinariamente se aplican en casos semejantes (citados ampliamente en la contestación de la demanda), atemperados a las particulares circunstancias que requiere cada caso en concreto (aquí impacto psicológico, mediático etc)”, han precisado los magistrados que, finalmente, ha fijado en 70.000 euros la indemnización.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés ha dictado auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el padre y abuelo de mujer y la niña que este miércoles se precipitaron por una ventana desde un quinto piso en la avenida de Los Telares, de la misma localidad.

Al hombre se le atribuye un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y homicidio en grado de tentativa y ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Asturias. El exmarido y padre de la niña ha quedado en libertad, aunque seguirá unido a la causa, en su caso por lesiones. El mismo magistrado ha quitado la tutela de la niña a la madre y se la ha otorgado al padre, acorde al artículo 158 del Código Civil.

Madre e hija permanecen desde ayer ingresadas en las UCIs del Hospital Universitario Central de Asturias, la mujer en estado grave pero estable, y la niña con lesiones de distinta consideración que no hacen temer por su vida.

Horas antes de que madre e hija se precipitaran al vacío, el abuelo, de 65 años había mantenido una reyerta con su exyerno y padre de la menor en la que llegaron a utilizar un bate de béisbol, un martillo, un cuchillo de cocina y un espray de pimienta, al parecer, por problemas relacionados con la custodia de la menor y el régimen de visitas.

La madre había estado incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, conocido como Sistema VioGén, hasta 2020, y entre 2016 y 2018 el padre tuvo vigente una orden de alejamiento. La primera denuncia por violencia de género que consta data de 2016, cuando la niña era un bebé, pero la mujer salió del sistema VioGén en 2020 al no recibirse nuevas denuncias, pasado un tiempo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mieres ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven de 30 años detenido el pasado viernes como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de unos 60.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el juzgado, en funciones de guardia, ha adoptado la decisión de acuerdo al criterio de la Fiscalía, que ha calificado inicialmente los hechos como un delito de homicidio o asesinato. El Ministerio Público solicitó esta medida cautelar porque entiende que existe riesgo de fuga y de ocultación de pruebas.

El cadáver de la mujer fue hallado en torno a las tres de la tarde del pasado jueves en el interior de su casa, situada en el barrio de Santa Marina de Mieres. El presunto autor de los hechos fue detenido ese mismo día en la otra cuenca minera, en Lagreo.

Para reforzar la investigación se desplazaron el sábado a Asturias, agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Se descarta un crimen de naturaleza machista.

En junio de 2019 el Tribunal Constitucional estableció que una persona absuelta en una causa judicial después de pasar por prisión preventiva tiene derecho a ser indemnizada. Desde entonces, según las resoluciones que ha podido examinar elDiario.es, los distintos tribunales han obligado al Ministerio de Justicia a pagar más de 887.000 euros a un total de 70 presos que fueron encarcelados provisionalmente por tráfico de drogas, violaciones o blanqueo de capitales y que finalmente fueron absueltos o vieron cómo su causa se archivaba.

El caso que abrió la veda fue el de Mohammed S.A que, entre julio de 2008 y julio de 2009, pasó casi un año en prisión provisional acusado de un intento de homicidio del que, finalmente, fue declarado culpable. Él y otros hombres se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusados de apalear y apuñalar a dos personas en la Rambla del Raval, pero fueron absueltos. Los jueces sospecharon que las víctimas cambiaron su declaración en el juicio por “una especie de pacto de silencio entre las mismas y los acusados”, pero la falta de pruebas llevó a la absolución.

Su caso llegó al Constitucional una década después y los magistrados decidieron declarar inconstitucional el artículo de la Ley del Poder Judicial que permitía indemnizar a presos preventivos pero solo si habían sido absueltos o exonerados por “inexistencia del hecho imputado”. Es decir, no bastaba con una absolución por falta de pruebas, sino porque el hecho investigado nunca hubiera ocurrido, un criterio mucho más restrictivo. El Constitucional estableció que esa indemnización era para quien haya sido absuelto o exonerado con un auto de sobreseimiento libre, sin matices, si han existido perjuicios para el preso.

El caso de este hombre de origen pakistaní provocó una primera avalancha de recursos estimados en el Tribunal Constitucional, con el pleno dando instrucciones a la Audiencia Nacional para que reconsiderase su negativa a indemnizar a otros 45 presos preventivos absueltos que, sin éxito, habían reclamado una reparación de varios miles de euros por cabeza. Entre ellos, varios absueltos de participar en los atentados del 11-M en Madrid y el 11-S en Nueva York, de varias operaciones contra el yihadismo como Tigris o Nova, de una macro estafa de boletos de lotería como la operación Nilo o absueltos de robos, blanqueo, tráfico de drogas, asesinatos o agresiones.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo también tomaron nota de la resolución del Constitucional y, desde entonces, han reconocido indemnizaciones a 70 personas que pasaron por prisión preventiva para después ser absueltos. Indemnizaciones que, sin contar los intereses generados a lo largo de los años, suman más de 887.000 euros. Otras 25 fueron denegadas por distintos motivos: su caso fue sobreseído de forma provisional, no firme, o hubo errores a lo largo de la reclamación.

La mayor parte fueron absueltos en primera instancia y algunos tuvieron que esperar al Tribunal Supremo, mientras que una minoría quedó exonerada por autos de sobreseimiento durante la fase de investigación. Algunos de ellos reclamaban por estancias de mes y medio en prisión provisional y otros estuvieron más de tres años en prisión preventiva a la espera de una resolución favorable. Las indemnizaciones más bajas establecidas por los tribunales suman 1.000 euros y, en algunos casos, superan los 50.000 euros.

La indemnización más alta fue reconocida por Justicia y confirmada, con reservas, por la Audiencia Nacional. Romano van der Dussen, ciudadano holandés que pasó más de una década entre rejas acusado de violar y matar a tres mujeres en Fuengirola, fue absuelto por la aparición de nuevas pruebas de ADN y fue indemnizado con casi 150.000 euros. Otra indemnización de 60.000 euros fue reconocida a una mujer que pasó 579 días en la cárcel acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Melilla, para después ser absuelta. Los jueces ordenaron pagar 69.000 euros a un hombre que pasó más de 1.000 días en prisión por unos abusos a sus hijos de los que fue absuelto. Otros 50.000 más fueron reconocidos a uno de los guardias civiles de Mollet del Vallès, absueltos tras ser juzgados por colaborar con narcos y formar parte de la conocida como 'banda del puerto'.

El último caso ha sido resuelto hace unos días por el Tribunal Supremo. Los jueces han reconocido una indemnización de 5.000 euros a los herederos de una mujer, ya fallecida, que en su momento fue encarcelada durante nueve meses por un asesinato en el que no había participado. No llegó ni a sentarse en el banquillo y el caso quedó archivado de manera provisional, un tipo de sobreseimiento que la Audiencia Nacional ha considerado insuficiente para una indemnización en al menos media docena de ocasiones.

“Tras examinar las actuaciones y analizar las circunstancias concurrentes en el caso, constatamos la existencia de razones sustancialmente equivalentes a las que determinan el sobreseimiento libre”, dicen los jueces para reconocer la indemnización desarrollar así una doctrina que no está del todo asentada en la Audiencia Nacional. Así lo han dicho hasta tres sentencias del alto tribunal: un sobreseimiento provisional, susceptible de reapertura, también puede dar lugar a una de estas indemnizaciones.

La mayoría de peticiones se rechazan

Según los últimos datos disponibles de Instituciones Penitenciarias, en 2021 las cárceles españolas alojaban a 8.849 personas en situación de prisión preventiva. Los datos del Ministerio de Justicia también revelan que, año tras año, la mayor parte de las reclamaciones por errores judiciales o encarcelamientos indebidos son rechazadas: en 2019, por ejemplo, se rechazaron 1.056 y se estimaron 83 por la vía administrativa, poco más de un 7% del total.

Ese año se estimaron dos peticiones relacionadas con la prisión preventiva y seis con el funcionamiento anormal de la Justicia. Los datos no desglosan cuánto dinero se pagó por esos conceptos pero sí que entre 2019 y 2020 el Ministerio de Justicia reconoció 3,6 millones por la vía administrativa en todo tipo de reclamaciones y otros 1,3 millones más después de una sentencia judicial favorable. Esto incluye conceptos como las dilaciones indebidas en los procesos judiciales, embargos, o pruebas que se han perdido, no sólo el ingreso en prisión preventiva.

En estos casos, los jueces examinan las consecuencias que tuvo para cada persona el hecho de pasar, en ocasiones, más de tres años entre rejas por un crimen que no habían cometido. En 2020, por ejemplo, la Audiencia Nacional reconoció una indemnización de 9.000 euros a un hombre que pasó 1.012 días en prisión en Asturias por un asesinato que no había cometido. Su ingreso en prisión, dijo, “rompe mi vida normal” y que, cuando salió tres años más tarde, se enfrentó “a la ruptura de todo su entorno social”. Una persona acusada de un delito tan grave, aunque sea absuelta, “debe esforzarse más que cualquiera de nosotros para tener la misma credibilidad que un ciudadano medio”, explicó.

Otro hombre fue indemnizado con 10.600 euros por pasar un año en prisión por tráfico de drogas antes de ser absuelto. Cuando fue detenido y encarcelado, trabajaba en el sector agrícola en El Ejido y perdió el trabajo, además de ser internado a cientos de kilómetros en la cárcel de Burgos. “Es evidente el daño moral y el sufrimiento ocasionado a un joven, con trabajo e ingresos periódicos que, sabiéndose inocente y sin merecerlo, es detenido y encarcelado durante más de un año y sin saber cuándo podrá salir en libertad, teniendo en cuenta que carecía de antecedentes penales y que nunca antes había estado en prisión”, recoge la reclamación.

Estuvo un año y un día en prisión y la sentencia que le absolvió refleja que estaba en el lugar equivocado en el peor momento posible. Fue detenido en el piso de unos amigos en Miranda de Ebro durante un registro policial pero él, según el juzgado, pernoctaba allí esa noche porque había quedado con una mujer que había conocido por internet. La sentencia, después de un año en prisión, explica que ningún testigo le ubicaba cerca del tráfico de la droga y su versión, dijeron, era “sólida y coherente”.

Polémica judicial

La jurisprudencia sobre este asunto, sobre todo a partir de la resolución del Constitucional de 2019, ha ido experimentando cambios y matices. Y no ha sido algo pacífico en las distintas salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Uno de los magistrados que ha estudiado buena parte de los casos, Francisco Díaz Fraile, ha emitido numerosos votos particulares en los que cuestiona la concesión de estas indemnizaciones tal y como ha quedado el panorama legal tras la sentencia del Constitucional.

El asunto tampoco fue pacífico en los salones del Tribunal Constitucional. La primera sentencia que marcó el camino del resto de casos tuvo otro voto particular, el de la entonces vicepresidenta Encarnación Roca, y otro firmado por Antonio Narvárez y Ricardo Enríquez. La primera, por ejemplo, entendió que el artículo anulado era legal y que, además, “es el legislador y no el Tribunal constitucional quien está legitimado para acordar este tipo de compensaciones”. Los otros dos magistrados discrepantes se pronunciaron en el mismo sentido: “No cabe hacer reproche alguno de constitucionalidad a ese precepto”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valencia de Alcántara ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por matar a su mujer, de 30 años, en la madrugada del martes en esa localidad cacereña. El hombre, de 41 años, ha pasado a disposición judicial en la mañana del jueves y, tras una hora de toma de declaración como investigado, la juez ha decidido su ingreso en prisión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha precisado que al detenido se le imputa un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Asimismo, a petición del Ministerio Fiscal, la juez ha acordado la suspensión de la patria potestad del padre respecto del hijo de 14 meses que tenía en común la pareja, ahora bajo protección de la Junta de Extremadura, a la espera de localiza a algún familiar de la madre en Marruecos, de donde eran originarios, así como el establecimiento del pago de una pensión alimenticia.

El homicidio de la mujer tuvo lugar a las 00:25 horas de este martes, 1 de noviembre, y el presunto autor, pareja de la víctima, comunicó el hecho al puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara mediante llamada telefónica.

Si se confirma como asesinato machista, esta muerte elevará a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.166 la cifra desde 2003, cuando comenzaron los registros.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Palma ha respaldado la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los 12 detenidos por huir de un avión en el aeropuerto de Palma. La magistrada les ha imputado, inicialmente, dos delitos diferentes de sedición, desórdenes públicos y favorecimiento a la inmigración irregular.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la noche, cuando un avión procedente de Marruecos con destino a Turquía tuvo que realizar una parada por una supuesta emergencia médica en el aeropuerto de la ciudad balear. Al llegar a tierra, más de una docena de pasajeros salió del avión y huyó a través de las pistas, lo que obligó al cierre del tráfico aéreo por seguridad.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha explicado que por el momento se les han imputado estos delitos, aunque se podrían derivar otros, a la espera de las declaraciones de la tripulación y que se practiquen una serie de pruebas.

Ninguno de los detenidos ha querido declarar ante el juez, a excepción del pasajero que supuestamente estaba enfermo y provocó la emergencia médica en Son Sant Joan. Se trata de una persona que ya fue arrestada en la Península en 2020 por daños y resistencia a la autoridad y fue detenido por la Policía por un presunto delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería.

Los 12 detenidos han pasado este lunes a disposición judicial. Alrededor de las 12.00 horas han llegado los seis primeros a los juzgados de Vía Alemania, acompañados de un fuerte dispositivo policial. Será el juez quien determine si procede la devolución a sus países de origen o se adopta algún otro tipo de medida cautelar, como la prisión solicitada por Fiscalía.

El resto de detenidos fueron apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. Además, entre los detenidos figura también el pasajero que se fue como acompañante del supuesto enfermo y otro pasajero arrestado por desacato y agresión a la autoridad en el avión.

Orquestado a través de un grupo de Facebook

La Policía ha confirmado la vinculación del desvío del avión de Air Arabia con el grupo de Facebook llamado 'Brooklyn' formado por miles de jóvenes magrebíes dedicado supuestamente a recaudar dinero para fines sociales.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe la relación del suceso con este grupo de Facebook, que en julio pasado publicó un post en el que se describe una acción muy similar a lo sucedido en el aeropuerto de Palma, donde 21 pasajeros escaparon a la carrera por las pistas. “Chicos, escuchad, la mayoría quiere emigrar. Sigan este plan: necesitamos 40 voluntarios. Todos los chicos de Brooklyn que reserven en un avión rumbo a Turquía y que sobrevuele España”, se lee en este mensaje, en el que se explica que un pasajero insinuará una enfermedad y después huirán todos.

La Agencia Efe contactó con varios de sus administradores para conocer la actividad del grupo al que no se puede acceder si no se es miembro, y uno de ellos, bajo la condición del anonimato, confirmó que esa publicación la escribió Y.S., si bien argumentó que lo hizo como “una broma” y no con la intención real de gestionar una tentativa de emigración ilegal. Tras el suceso de Palma y antes de que el nombre del grupo trascendiera públicamente, Y.S. colgó en su muro de la red social un mensaje diciendo que lo sucedido demuestra que Brooklyn es “una leyenda”, al que adjuntaba un pantallazo del “post” del plan publicado en julio junto a una noticia del suceso de Palma.

Horas después lo borró y cambió su foto de perfil explicando que lo hacía para no ser reconocido como el autor del mensaje. Esa publicación también la eliminó más tarde. Después, Efe lo contactó por teléfono y negó haber sido el autor y puso el acento en la vertiente social del grupo, que no está registrado como asociación legal. Vestidos con sudaderas y mascarillas negras con ese logo dorado, a sus miembros se les puede ver en un vídeo colgado en Facebook repartiendo decenas de bolsas de ropa y comida en un pueblo de las montañas y posando con los lugareños junto a una pancarta que dice: “Brooklyn. Reino de hombres”.

Ahora, sus miembros niegan que el mensaje con el plan de emigración fuera en serio, aunque se muestran preocupados por él. Hay 24 personas involucradas en este suceso, de las que 12 están en busca y captura y las otras 12 han sido arrestadas, entre ellas el pasajero que simuló un coma diabético, quien fue detenido el año pasado en Marbella (Málaga) y cuenta con antecedentes penales por atentado contra la autoridad, resistencia y daños.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido el pasado día 18 como supuesto autor del apuñalamiento de un joven de 19 años en la Ciudadela de la capital navarra. En el auto, que puede ser recurrido, el magistrado le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según consta en la resolución judicial y recoge Europa Press, se desprenden “indicios racionales claros” de que, en la madrugada del día 18, el investigado, M.T.R.J., “propinó tres cuchilladas” a A.O., dos en el pecho y una tercera en la zona clavicular, “con intención de acabar con su vida o indiferente a que dicho resultado mortal se produjera, sin que mediara agresión o intento de agresión de ningún tipo por parte del lesionado”.

El juez destaca que estos hechos constituyen, en principio, un delito de homicidio en grado de tentativa, “a la vista de la pluralidad de las cuchilladas propinadas, la zona del cuerpo a la que fueron dirigidas y la intensidad de una de ellas, que, de haber sido propinada en zona próxima, habría sido mortal, conforme al informe médico forense, delito castigado con pena de cinco a diez años de prisión”. En todo caso, añade el magistrado, “aun cuando no se considerara correcta dicha calificación (que, sin duda, es adecuada a la vista del estado de la instrucción), los hechos serían constitutivos de un delito de lesiones con arma blanca” del artículo 148 del Código Penal, castigado con pena de dos a cinco años de prisión.

Según expone en el auto, los indicios existentes contra el investigado son claros y vienen constituidos, no sólo por su propia declaración ante el juez, en la que ha reconocido que agredió a la víctima sin que existiera ninguna previa agresión o intento de agresión por parte de aquella, sino también por lo manifestado en el atestado policial por testigos presenciales de los hechos, incluida la propia novia del detenido.

“El hecho de que este huyera del lugar evidencia, aún más si cabe, que su actuación no estuvo presidida en ningún momento por un ánimo defensivo sino claramente agresivo, lo que concuerda con el contenido de las declaraciones policiales de los testigos presenciales”, destaca el juez. En la comparecencia celebrada hoy en el Juzgado de Guardia, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del imputado, mientras que el abogado defensor ha pedido la libertad provisional.

“La medida de prisión es procedente para evitar el riesgo de fuga del investigado, que cuenta con antecedentes penales por delito de lesiones, antecedentes recientes en el que se le impone una pena de 3 años de prisión, aún no ejecutada”, resalta el magistrado, que añade que el investigado “carece del más mínimo arraigo laboral o familiar, pues dice que trabaja sin estar dado de alta en la Seguridad Social y no ha sabido dar un domicilio más o menos fijo donde poder ser localizado”. El juez concluye que la elevada pena que puede imponérsele, unido a los antecedentes penales, “hace que el riesgo de fuga en caso de quedar en libertad sea elevado y solo pueda conjurarse mediante la medida de prisión provisional”.

Además, prosigue el juez, se hace necesaria la prisión a fin de evitar el riesgo de reiteración delictiva, “pues ya se ha dicho que el detenido cuenta con un antecedente penal por un delito de lesiones, pendiente de ejecutar, y en su declaración ha dado evidentes muestras de no darse cuenta de la gravedad de los hechos por él cometidos, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de que vuelva a cometer hechos similares en caso de quedar en libertad”.

La juez de guardia de Tudela ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor que este domingo sufrió un accidente en Ribaforada en el que falleció una joven tudelana de 18 años que iba en el asiento del copiloto, informa Europa Press.

La magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Tudela, imputa al conductor un delito de homicidio imprudente, otro contra la seguridad vial por conducción sin permiso y un tercer delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en un comunicado.

El accidente ocurrió a las 5.30 horas de la madrugada del sábado al domingo en el kilómetro 12 en la NA-3042, en el término de Ribaforada, en una recta, cuando el coche sufrió una salida de vía, chocó con un talud y sufrió un vuelco. Además de la joven fallecida, en el vehículo viajaban otros dos ocupantes, vecinos de Tudela de 19 y 16 años, que sufrieron politraumatismos y otras heridas leves y fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital Reina Sofía de la capital ribera, donde quedaron ingresados.

En el auto, que puede ser recurrido, la juez relata que, de la declaración del detenido y de las manifestaciones de testigos, se desprende que el conductor, vecino de Cascante, cogió el coche tras haber “consumido bebidas alcohólicas” para llevar a Tudela a los tres jóvenes (dos mujeres y un hombre). Según consta en la resolución judicial, el imputado “se salió de la vía intentando enderezar el vehículo” y no pudo evitar el siniestro en el que falleció la joven, “quien iba en el asiento del copiloto sin cinturón de seguridad”.

El conductor, según recoge el auto, se negó a realizar la prueba de detección de alcohol, “pese a que presentaba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas, hecho, además, admitido posteriormente en la declaración en sede judicial por el investigado”. En la comparecencia celebrada hoy en el Juzgado de Guardia, el Ministerio Fiscal ha reclamado el ingreso en prisión provisional, solicitud a la que se ha opuesto la abogada defensora.

La magistrada decreta el ingreso en prisión para “evitar el riesgo de fuga, toda vez que las penas a las que se enfrenta son elevadas, lo que hace razonable el intentar eludir la acción de la justicia”. A ello “ha de añadirse la situación irregular del investigado y el intento que se produjo según el atestado de escapar de la policía en el momento de los hechos”.

El detenido y su letrada han negado tal posible fuga. Según han expuesto en el juzgado, él tiene a toda su familia aquí (padres y hermanos), ha trabajado hasta “hace poco”, y “nunca ha pretendido eludir la acción de la justicia, como lo evidencia el pago de la multa que se le impuso en otro procedimiento”, motivos por los cuales la defensa ha pedido que se adoptara una medida menos gravosa que la prisión provisional. Sin embargo, la juez rechaza tal pretensión al reiterar “la gravedad de los hechos imputados y las penas a las que se enfrenta el detenido, sin obviar el intento de huida que consta en las actuaciones, ni la situación irregular del mismo”.

El juez ha ordenado este jueves prisión provisional para el hombre que mató a su pareja este lunes en El Prat de Llobregat (Barcelona). Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el titular del juzgado de instrucción 5 de El Prat, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte violenta de su pareja.

La causa está abierta por asesinato u homicidio doloso, delito que se clarificará conforme avance la investigación del caso. Asimismo, el juez ha ordenado la incomunicación por parte del investigado con los tres menores hijos de la pareja, que han quedado bajo custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA).

La víctima, Yúlia, de 36 años fue asesinada este lunes por su pareja, un hombre de 44 años que se entregó a los Mossos d'Esquadra. El asesinato de esta mujer es el noveno crimen de violencia machista en Catalunya en lo que va de año, el número 53 en España (hay otros tres casos bajo investigación) y el 1.029 desde que se empezó a elaborar la estadística en 2003.

Al margen de la investigación judicial, el caso de esta mujer asesinada está pendiente de las pesquisas abiertas por la conselleria de Salut de la Generaitat después de que la abogada de la víctima denunciara que el Hospital de Bellvitge no envió al juzgado los partes médicos tras atender a la víctima por una agresión de su pareja el pasado mes junio. El TSJC informó este lunes de que ni los juzgados de Hospitalet ni en los de El Prat constaban antecedentes de violencia entre la pareja.

El Gobierno baraja pagar entre 17 y 52 euros por cada día pasado en prisión provisional a cada persona que posteriormente haya sido declarada inocente o haya visto como su caso acababa con sobreseimiento libre. La obligación de indemnizar a los inocentes que han pasado tiempo en la cárcel deriva de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado junio. Esta resolución rompe con la legislación previa, que solo preveía remuneraciones económicas cuando se demostrase que los delitos por los que se había encarcelado al reclamante nunca hubieran existido.

No se verán afectadas por este cambio las personas cuya sentencia absolutoria se hubiera producido antes del cambio de reglas dictado por el Constitucional. En su sentencia, el alto tribunal aclara que “esta declaración de inconstitucionalidad solo es eficaz en relación con los nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos donde aún no haya recaído una resolución firme”. En la actualidad el TC tiene pendiente resolver una decena de recursos solicitando un pago por prisión indebida que sí podrán beneficiarse de unas nuevas reglas, que no revisarán nada anterior a 2019.

El Ministerio de Justicia prevé una “importante” factura económica como consecuencia de los nuevos casos que se abran a partir de ahora. A uno de enero de 2019 la población reclusa en situación de preventiva superaba en España los 9.000 internos. Todos ellos, a la espera de juicio.

Se trata de un número acorde con la media europea pero que podría menguar en los próximos años ante el temor que está empezando a instalarse en la judicatura sobre las nuevas consecuencias derivadas de dictar un auto de prisión provisional que acabe terminando en una condena absolutoria. Diversas fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es coinciden en señalar que “a partir de ahora los jueces van a tener cuidado cada vez que dicten una prisión preventiva”.

Sin tener en cuenta la renta

La Abogacía del Estado tiene previsto abordar cada reclamación “caso por caso”, según confirman a esta redacción fuentes del Ministerio de Justicia. El procedimiento de reclamación que ahora se abre se debe plantear ante este departamento, que responderá con una resolución administrativa en la que admita o deniegue la petición y fije, en su caso, una cuantía a percibir.

Para calcular el dinero con el que se deben compensar las prisiones provisionales de inocentes, el ministerio utiliza tres indicadores que ya vienen señalados en la sentencia del Constitucional: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y los estándares de indemnizaciones previstos por las aseguradoras en los accidentes de tráfico.

Como consecuencia de la aplicación de esos tres criterios, se abre un arco de cantidades que van desde los 17 euros por día a los 52 euros, según cálculos de Justicia. Atendiendo a esa tabla, una persona absuelta tras pasar dos años en prisión podría recibir entre 12.000 y 36.000 euros. Para hacer este cálculo no está previsto considerar qué situación económica tenían los reclamantes antes de su entrada en prisión. Es decir, se prevén indemnizaciones idénticas con independencia del nivel de renta de los reclamantes con anterioridad a que se decretase su ingreso en la cárcel.

“Caso por caso” y “perjuicio objetivo”

Las compensaciones que acuerde el ministerio para cada caso pueden ser recurridas por la vía administrativa y, posteriormente, ante los tribunales de lo contencioso. Es en esos procesos en los que se acabará fijando la verdadera dimensión de la nueva realidad con sentencias que marcarán las pautas a seguir de cara al futuro. Los abogados del estado, que actúan en defensa de los intereses del Gobierno, tienen la consigna de pelear “caso por caso” y exigir que los reclamantes demuestren que su paso por la cárcel les ha supuesto “un perjuicio objetivo”.

Además, en los supuestos en los que el reclamante esté cumpliendo pena por otros delitos, el Ejecutivo prevé que la compensación no se haga en dinero, sino que el tiempo pasado previamente en prisión se le podrá descontar de la pena que le quede por cumplir en otras causas judiciales.

Tampoco recibirán compensación aquellos presos cuyo encarcelamiento preventivo haya sido acordado por su resistencia a atender requerimientos del tribunal. Para quienes hayan eludido atender las diligencias de investigación o presentarse en juicio en el momento de ser convocado no habrá compensación incluso en los casos en los que finalmente hubieran resultado absueltos.

Primera libertad provisional para una de las 28 personas que fueron encarceladas por su presunta participación en los disturbios tras la sentencia del procés. El juzgado de instrucción 30 de Barcelona ha decretado este lunes la libertad provisional de una de las encarceladas, que fue enviada a prisión el pasado 19 de octubre por el juez de guardia. La falta de pruebas e indicios contra la investigada es la causa principal de su excarcelación.

Contra la decisión de prisión provisional que acordó el juzgado de instrucción 31, que estaba de guardia, la defensa presentó recurso y el juez que ha asumido la investigación del caso ha acordado la libertad provisional con comparecencias quincenales ante el juzgado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La causa permanece abierta por desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad.

En el auto que decreta la libertad provisional, al que ha tenido acceso este diario, el juez argumenta la decisión “al no haberse acreditado”, a día de hoy, que la investigada “hubiera causado alguna concreta lesión a un agente de la autoridad ni a vehículos o elementos de dispositivos policiales”.

La Fiscalía se había opuesto a dejar en libertad a la joven. El juez también indica que todavía “no ha podido acordarse” el volcado del teléfono móvil de la investigada, que fue detenida el viernes 18 por la Policía Nacional por su presunta relación con los incidentes ocurridos ante la Jefatura de la Via Laietana.

Con esta libertad provisional, y según los datos facilitados por el TSJC, un total de 27 personas –tres mujeres y 24 hombres– permanecen en prisión provisional por los altercados y los ataques a la policía que se sucedieron hace dos semanas en las protestas independentistas contra la sentencia del procés. Otros dos permanecen encerrados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y otros en un centro de menores por tener menos de 18 años. Además, otros dos jóvenes de ultraderecha están en prisión provisional por el ataque a un joven.

Tras la relajación de las protestas la pasada semana, el sábado volvieron a producirse altercados –de menor intensidad– en el centro de Barcelona. Cinco de las personas detenidas por los disturbios de este sábado quedaron en libertad provisional este domingo. En conjunto, las protestas de distintos signos de las últimas semanas en Catalunya han dejado 210 detenidos desde el lunes, de los que 134 han pasado a disposición judicial. 30 de ellos permanecen en prisión provisional, un CIE o un centro de menores.