El Puerto de Santander ha sido escenario de la demostración de drones y tomografías que detectan personas en el interior de los contenedores diseñados para mejorar la seguridad. Dos proyectos, desarrollados con ayudas concedidas por el Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario Puertos 4.0 y en los que ha participado la Autoridad Portuaria de Santander.

Ambos se encuentran en fase de pruebas aunque, en cualquier caso, el Puerto no ha confirmado que vayan a instalarse aunque esté implicado en su desarrollo.

El organismo instaló hace tres años concertinas en las vallas del perímetro del Puerto, que todavía permanecen, apelando a la necesidad de contar con medidas de seguridad para evitar la entrada de polizones. Supuestamente se pusieron por petición de las empresas privadas que desarrollan su actividad comercial en la zona, pese a estar consideradas como una instalación que atenta contra la dignidad humana y que ha sido retirado en otros puntos calientes del país, como en los cierres de frontera de Ceuta y Melilla.

El actual presidente del Puerto, César Díaz, anunció su retirada hace año y medio tras las protestas y el rechazo del propio Defensor del Pueblo. Pero el tiempo pasa y las concertinas siguen en su sitio.

Los dos proyectos que han sido testados en Santander contribuirían a incrementar la seguridad de la zona.

“Airdrone Port Security Systems”, el primero de ellos, ya ensayado con éxito en Santander, consiste en aeronaves civiles no tripuladas pilotadas por control remoto, conocidas coloquialmente como drones, con herramientas de Inteligencia Artificial que vigilan y controlan la seguridad de la zona. El segundo proyecto, bautizado como “Muon Cargo”, consiste en una herramienta de inspección no invasiva de mercancías en el transporte marítimo. Es decir, se ve lo que hay dentro de los contenedores son abrirlos mediante un sistema de tomografía que proporciona un control del tráfico de mercancías rápido e inocuo. Permite ver si el contenedor tiene mercancías ilegales y si hay personas ocultas en su interior, mediante una tecnología que aprovecha la radiación natural de los muones (partículas subatómicas).

La empresa que lo desarrolla, Muon Tomography Systems, S.L., ya ha realizado la demostración del resultado del proyecto en las instalaciones de la empresa, situadas en Santander.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha dicho que aspiran por su tamaño y diversidad de mercancías a convertirse “en un puerto laboratorio en el que startups puedan desarrollar sus ideas para, posteriormente, extrapolarlas a otros puertos”.

Díaz ha recordado recordado la reciente firma con Noatum Terminal Polivalente de Santander (Noatum TPS) y la compañía de raíz cántabra Panssari, también beneficiaria de Puertos 4.0, un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa piloto de su proyecto de seguridad integral.

Las denuncias de un acoso sexual inexistente contra un empleado del Puerto de Santander han terminado condenando a la compañera que le denunció y a la empresa que la protegió.

A ella por inventarse dos denuncias falsas, una de ellas desmontada por las imágenes de las cámaras de vigilancia.

A la Autoridad Portuaria por reducir la sanción interna a la empleada de los dos años que proponía la resolución inicial del expediente a dos meses. Argumentando que no fue para tanto: que el afectado no había sufrido daños en su reputación y que, además, si la condenada dejaba de trabajar iba a perjudicar al departamento.

El informe final de la rebaja de la sanción, que cuestiona con vehemencia la sentencia, fue firmado por el presidente del Puerto, César Díaz. Es la resolución que ha provocado que el Juzgado de lo Social número 5 de Santander condene de forma solidaria a la institución, junto a la trabajadora, a indemnizar con 42.500 euros al trabajador víctima de la denuncia falsa por acoso, como adelantó El Diario Montañés.

Durante dos años el veterano trabajador del Puerto de Santander, donde lleva empleado 40 años, ha estado sometido al juicio público dentro de la institución por las dos denuncias de acoso sexual que en 2023 y 2024 formuló una compañera de trabajo con la que no se llevaba bien. La tensión, al menos por el lado de la denunciante, subió de temperatura cuando ambos compitieron por una plaza en un proceso de promoción interna que finalmente ganó ella. De hecho, finalmente se rechazó la participación del compañero -sindicalista de USO- porque su plaza actual no tenía carácter temporal.

En este contexto se produjo la primera denuncia en 2023. La trabajadora aseguró que desde 2008 padecía “las actitudes invasivas, molestas, insistentes, reiteradas, intimidatorias y manipuladoras de forma continuada en el tiempo” de su compañero. Entre otras cuestiones, relataba que una vez le acompañó a ver a su abogada laboralista pese a que ella no habría querido o que, en otra ocasión, recibió dos correos suyos con la palabra 'Hola' y que al presentarse al concurso de promoción interna le perjudicaba a ella, “lo que demostraba mala fe”.

Sobre el falso acoso sexual estimó que en una ocasión le había acompañado hasta su casa y que en los últimos años “tenía la costumbre de acercarse excesivamente a su mesa cuando quería decirle algo y pegar en ocasiones sus genitales al borde, o tocárselos mientras hablaba”.

En el expediente de la investigación de la denuncia quedó acreditado que los referidos correos electrónicos eran pruebas hechas con el ordenador y que no existían indicios de “ningún tipo de actuación calificable de acoso sexual por razón de género ni de ningún otro tipo”.

El denunciado, al volver de unas vacaciones, se encontró con un traslado del lugar de trabajo a más de dos kilómetros de distancia, “con una difamación absoluta en el seno de la empresa, sin tan siquiera habérsele comunicado la causa, ni habérsele escuchado”, reprocha la sentencia. Se le metió en un cubículo en un pasillo de reducidas dimensiones y solo tras las quejas desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales se le cambió a otro despacho compartido con otro compañero.

Segunda denuncia desacreditada por los vídeos

La empleada volvió a denunciarle por segunda vez en 2024 porque, según ella, el trabajador accedió a su despacho de la cuarta planta del edificio Sotoliva “a modo de provocación” recorriendo los pasillos “de forma errática” hablando solo, que fue al baño, se lavó las manos y dijo: “Ah, pero si aquí tienen jabonera” y que antes de marcharse espetó: “Vaya, no hay nadie, ni la puta”. Tras este relato se volvió a abrir el expediente por acoso sexual contra el trabajador.

Pero resultó que había cámaras de seguridad y las imágenes constataron que el trabajador no había pasado de la entrada, donde entregó unos calendarios sindicales. A la vista del contenido de la grabación, la trabajadora alegó que las afirmaciones del correo electrónico fueron fruto de la confusión derivada del estado de ansiedad y angustia que la trabajadora viene arrastrando con periodos de baja laboral.

Ante esta evidencia se archivó la segunda denuncia. Pero esta vez el denunciado pidió que se abriese un expediente disciplinario a la denunciante al estar previsto en el Protocolo antiacoso que las denuncias falsas son constitutivas de actuación disciplinaria. Dicho expediente propuso una sanción de dos años de empleo y sueldo para la trabajadora por lo que se consideró una falta muy grave.

Ante ello, la Autoridad Portuaria elaboró otro informe, de carácter interno, que firmó el propio presidente César Díaz, rebajando los dos años a dos meses. Este documento -al que ha tenido acceso elDiario.es- aduce que la trabajadora padecía trastornos de ansiedad, que no se hayan provocado daños reputacionales al trabajador denunciado, que debían tomarse en consideración los antecedentes de la trabajadora y que la sanción de dos años “generaría perjuicios al departamento por déficit de efectivos”.

Dada la “valoración positiva de su superior jerárquico” al presidente le “parece aconsejable reconsiderar la sanción propuesta por el instructor”. De modo que, sin alterar la calificación de la conducta como muy grave, se gradúe la sanción “atendiendo a las circunstancias manifestadas en la presente resolución”.

Reproche del juez

El juez censura esta decisión: “Puede considerarse como otra ignonimia cometida por la Autoridad Portuaria de Santander contra la persona falsamente denunciada”. La sentencia subraya que no se trata ahora “de analizar la maldad de utilizar dos denuncias falsas de acoso sexual en interés personal, ni se trata de analizar el daño de banalización que causa este proceder respecto a los casos de verdaderas víctimas de acoso sexual”. “Se trata de analizar el daño causado a la única víctima de estas denuncias”, concluye.

El juez justifica la indemnización de 42.500 euros en el hecho de que el demandante se estaba jugando su despido disciplinario “sin ningún tipo de indemnización y tras más de 40 años de servicio” y señala la “gravedad reputacional”. “Pocos estigmas más severos hay en el seno de una empresa que ser denunciado por acoso sexual”, incide.

El reproche de la justicia va más allá. Considera que la participación del Puerto de Santander ha sido decisiva “para la gravedad de la intromisión legítima en el derecho al honor del demandante”. Al tiempo que señala la “evidente animadversión del superior jerárquico” hacia el afectado por las denuncias falsas. Añade -textualmente- que no cabe escudarse en que había una denuncia (sin indicios) para poder privar de derechos esenciales a los trabajadores.

Por último, la sentencia expresa que la Autoridad Portuaria de Santander “banalizó la conducta habida en su seno, aumentando el dolor de quien había padecido una intromisión ilegítima en su derecho al honor descomunal, rayando la dignidad misma de la persona”.

No obstante, la sentencia -que no es firme- ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por los dos afectados: el Puerto y la empleada.

El concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti (Cs), no comparte que los procesos de actuaciones puntuales en obras públicas, departamento que depende de César Díaz (PP), adolezcan de la suficiente participación pública, a diferencia de la que ahora va a presidir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana con la consulta que se iniciará mañana.

El concejal ha defendido una participación pública “efectiva”, más allá del trámite de exposición en el boletín oficial, en procesos a los que se enfrenta la ciudad, como la actuación que se está acometiendo en la Plaza de Italia, en el Sardinero o en la Plaza de Eguino y Trecu, para evitar “sorpresas”.

Para Ceruti, los procesos de participación pueden ser legales, como es la exposición del proyecto en el Boletín Oficial, pero claramente insuficientes, porque pocos lo leen. Además considera que algunas obras no se corresponden con lo publicado, citando otro proyecto del PP como es el de la escollera de la Magdalena, que “medía 50 metros menos en la infografía” del BOC que en la realidad. “La participación pública es otra cosa”, ha subrayado.

Consulta para el Plan General

Este jueves comenzará el proceso de participación pública, mediante consulta popular, del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que por primera vez afronta un proceso de estas características. De hecho, a los ciudadanos se les ofrecerá pronunciarse sobre una hoja en blanco, ya que no se les someteré a premisas ni alternativas previas, solo tendrán delante el Plan vigente, que data de 1997, como único referente sobre el que proponer.

El hecho de que la consulta se realice sin premisas previas no es del agrado de algunos grupos de la oposición, como el PRC, que consideran que esta es una manera de desistir de hacer política, ya que todo partido o grupo ha de tener una idea de hacer ciudad y no someterse al albur de las opiniones.

Sea como fuere, el proceso se iniciará mañana con la apertura de una exposición en la sede del Colegio de Arquitectos de Cantabria (calle Los Aguayos, Santander), a partir del mediodía. Ya por la tarde, a las siete, se ha organizado un acto de presentación en el Palacio de Exposiciones.

El proceso de participación pública del nuevo Plan General se prolongará durante tres meses, lo que permitirá conocer, un mes después, el resultado de las opiniones ciudadanas que, “por primera vez”, marcarán las directrices para la redacción del futuro planteamiento.

El objetivo de la fase de participación pública es “la intervención directa de la ciudadanía” en las disposiciones que marcarán la ciudad y por eso se ha elegido el lema 'Santander lo piensas tú' para este proceso en el que “los santanderinos van a decidir el futuro de la ciudad”.

El director de Urbanismo, Antonio Bezanilla, ha destacado que con este proceso se abre “una ventana de oportunidad” para que los ciudadanos puedan decidir sobre el futuro de Santander, por lo que les ha animado a “implicarse” en un documento clave para las próximas décadas y en el que “el 90%” del contenido irá en la dirección indicada por la gente.

De hecho, ha afirmado que “es el momento de que los políticos nos callemos y hablen los ciudadanos y los expertos”, y de decidir “bien” las líneas maestras de un plan que puede cambiar inercias urbanísticas y producir una “distorsión”, pues serán los ciudadanos los que decidan “cuál será el rumbo de Santander en el próximo medio siglo”, a diferencia de planteamientos anteriores.

12 ejes de debate

El debate sobre el PGOU se articulará en torno a 12 ejes (estrategia territorial y urbana, medioambiente y paisaje, movilidad, espacio público, vivienda, actividades económicas, equipamientos, patrimonio, regeneración urbana, perspectiva inclusiva, sostenibilidad, cambio climático y salud, e innovación), complementarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E incluye la vía digital o virtual y cuatro tipo de actuaciones presenciales que se concretan en una exposición, paseos urbanos, reuniones informativas y mesas participativas.

La participación se llevará a cabo también por vía telemática, en la web del Ayuntamiento y redes sociales, y a través de actos presenciales. En cuanto a la primera, en la página municipal se recogerá todo el planteamiento, habrá un apartado de consulta pública, una memoria y una encuesta, así como una bitácora que se irá cargando de contenido. También el Facebook, Twitter e Instagram del Ayuntamiento recogerán este proceso.

Respecto a los actos presenciales, a la exposición en el Colegio de Arquitectos se suman los paseos urbanos o 'Jane Jacobs' que comenzarán este sábado 4 de julio y que tienen como fin acercar a la ciudadanía a barrios o lugares no muy conocidos. También habrá reuniones informativas y mesas participativas con entidades empresariales, profesionales y también de otros colectivos, como niños y jóvenes.

Las aportaciones ciudadanas se conocerán dentro de cuatro meses.

A preguntas de la prensa sobre el Plan General anulado, el concejal de Cs ha lamentado la “inseguridad jurídica” actual así como los largos plazos de tramitación, aunque ha considerado que “no hay mal que por bien no venga” pues el futuro planeamiento, por primera vez, no será resultado de “los políticos” sino de los ciudadanos y los técnicos.

Agua del pantano del Ebro

Preguntado por el problema del abastecimiento a Santander y si estará resuelto de cara al nuevo planeamiento, Ceruti ha opinado que se está “tratando injustamente a Santander y Cantabria” en el reparto del agua pues la región “asume el sacrificio de cesión de terrenos para un gran pantano y resulta que se discute el derecho a recibir agua de ese pantano en las escasas ocasiones en que la región lo necesita”.

El concejal ha defendido la necesidad de avanzar en este sentido y exigir que se cumpla el compromiso del bitrasvase, es decir, “tener siempre la posibilidad de coger agua cuando la necesitemos y aportarla cuando nos sobre”.

Tampoco descartaría Ceruti que, en un hipotético pacto presupuestario nacional, Ciudadanos de Cantabria introdujera una garantía de suministro a la capital en sus acuerdos con el socialismo.

El Consejo de Administración del TUS ha aprobado hoy la previsión de presupuesto para 2020, que crece casi 1,4 millones respecto a 2019, pero que seguirá siendo deficitario. Los ingresos del año que viene estarán por debajo de la mitad de lo que cuesta mantener el servicio de autobuses. El servicio municipal de transportes urbanos de Santander tendrá el próximo año un presupuesto de 23,2 millones de euros.

El concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, ha dado cuenta de los acuerdos tras la celebración del Consejo de Administración en el que se ha aprobado la previsión del presupuesto para el próximo ejercicio y se ha presentado el borrador de la nueva Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público urbano de viajeros en autobús en la ciudad de Santander.

El responsable municipal ha detallado que en la reunión de hoy se ha acordado mantener de nuevo congeladas todas las tarifas del TUS y, también, el mantenimiento de todas las bonificaciones existentes, de las que se benefician actualmente cerca de 30.000 vecinos.

Según ha explicado, las cuentas estiman unos ingresos de 10,2 millones con una previsión de más de 19 millones de viajeros durante 2020 y un déficit de 12,9 millones, que atribuye al carácter público y social del servicio.

En el apartado de gastos, el presupuesto prevé cubrir las vacantes que tiene la plantilla del TUS a través de promoción interna, -cuyo proceso se pondrá en marcha próximamente-, y mediante la ejecución posterior de las diferentes ofertas públicas de empleo.

Igualmente, los gastos de personal prevén el incremento salarial del 2% previsto para 2020, -y del 1% a partir de julio de 2020 condicionado a la evolución del PIB-, de acuerdo a las previsiones establecidas por el Gobierno central.

Además, en el capítulo de inversiones se incrementa la dotación con el fin de incorporar en los autobuses de la flota un sistema de ayuda a la conducción eficiente y segura.

Según ha avanzado Díaz, ahora este proyecto de presupuesto se incorporará a la propuesta del Presupuesto Municipal, de cara a su tramitación y posterior aprobación.

Por tanto, en 2020 el precio del billete sencillo seguirá siendo de 1,30 euros, mientras que cada viaje con la tarjeta recargable tendrá un coste de 0,66 euros.

La tarifa del carné trimestral joven se mantiene en 51 euros (con viajes ilimitados en el trimestre natural), el bono mensual para personas con discapacidad entre el 33% y el 64% seguirá costando 17 euros al mes (también con viajes ilimitados) y el billete intermodal mensual combinado con FEVE y Renfe será de 9 euros.

Además de continuar congeladas todas las tarifas, se mantienen todas las tarjetas bonificadas.

Los niños santanderinos de 4 a 6 años pueden viajar gratis con la tarjeta PequeTUS (hasta los cuatro años es gratuito para cualquier usuario), y también disfrutan de viajes gratuitos las familias numerosas, los mayores de 65 años con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM y las personas con discapacidad del 65 % o superior.

Nueva ordenanza del TUS

Además, en la reunión del Consejo de Administración del TUS el concejal de Movilidad Sostenible ha presentado el borrador de la nueva Ordenanza municipal de transporte público urbano de viajeros en autobús, que ya se trató a finales de 2018 en el Consejo y con el Comité de Empresa.

Díaz ha explicado que se retoma así la puesta en marcha de esta nueva norma, cuya tramitación se decidió posponer en el pasado ejercicio ante la proximidad de las elecciones municipales.

Ahora, que hay un nuevo Consejo, ha habido elecciones sindicales y se ha constituido el nuevo Comité de Empresa, se ha acordado reactivar la tramitación, ha añadido.

Así, se ha dado un plazo de 15 días a los miembros del consejo, incluidos los representantes de los diferentes Grupos Municipales, para que puedan hacer sugerencias y se hará lo mismo en una próxima reunión con el Comité de Empresa.

Posteriormente, y con las modificaciones que se acuerden introducir a la vista de las sugerencias planteadas, se iniciará la tramitación municipal para aprobar la ordenanza en el Pleno del Ayuntamiento.

La nueva ordenanza tiene el objetivo de garantizar un transporte público competitivo y eficaz, que favorezca la mejora de la movilidad urbana, una menor necesidad de los desplazamientos motorizados privados y una mayor calidad del medio ambiente urbano.

La norma relaciona los derechos de los usuarios en cuanto al acceso al transporte y establece las condiciones de utilización y la información.

También establece las obligaciones de las personas que utilizan los servicios de transporte y marca las obligaciones del servicio en todo lo relativo a condiciones de seguridad, estado de los vehículos, reclamaciones de los viajeros, etc.

La nueva ordenanza dedica una sección específica a todo lo relativo con la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento de Santander se gastará cinco millones de euros en la reapertura del túnel de Tetuán. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana el expediente para contratar las obras de consolidación y acondicionamiento del antiguo pasadizo, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. El plazo de ejecución es de doce meses y el presupuesto de licitación asciende a 4.984.773 euros, plurianual, con un primer pago de 600.000 euros en este ejercicio.

El alto coste de habilitar de nuevo este paso subterráneo entre Tetuán y El Sardinero ha sido justificado por el equipo de gobierno por la solución técnica elegida, inyectar cemento en las paredes existentes. Otra solución, como construir una falsa bóveda nueva sería más barata pero reduciría el ancho de paso de forma sustancial, lo que consideran que imposibilitaría el paso de peatones y ciclistas.

El proyecto, además, contempla el acondicionamiento de las entradas y salidas con un falso túnel de 65 metros cuadrados en la boca de El Sardinero. Para la boca de Tetuán se urbanizará el entorno, 4.500 metros cuadrados.

La recuperación de este histórico túnel se incluía ya en el programa electoral del PP para los comicios de 2015. Desde entonces ha pasado por varios avatares, básicamente debidos al estudio de su estado y la inestabilidad geológica del entorno. 

El túnel sirvió como conexión subterránea con El Sardinero mediante un pequeño tranvía a vapor desde 1892 a 1917. En la Guerra Civil se utilizó como refugio y después fue un paso peatonal hasta que se clausuró en 1986, pasando rápidamente al olvido.

Retraso en los Campos de Sport

Además, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado también la ampliación en tres meses del plazo de ejecución de las obras de renovación de aceras e infraestructuras en el entorno del campo de fútbol de El Sardinero, que debían finalizar el 29 de septiembre.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, la empresa adjudicataria del contrato, Copsesa, ha pedido una ampliación del plazo de ejecución de la obra que ha justificado en los retrasos producidos tanto por la fase de ascenso del Racing de Santander a la liga SmartBank, como por los diferentes eventos que han tenido lugar en el entorno del estadio con motivo de las ferias de Santiago, que han ocupado zonas donde estaba previsto actuar.

Los informes técnicos municipales han aceptado la ampliación de plazo de tres meses solicitado por la empresa, que ejecuta la actuación con un presupuesto de 1.047.467 euros. Ceruti ha aprovechado para tranquilizar a los vecinos por el aspecto que presenta actualmente la actuación. “Que la gente no crea que el acabado se quedará como está”, “poco elaborado”, ha señalado.

La obra consiste en la mejora del firme de la zona, que provoca deformaciones en el pavimento, y su sustitución por uno nuevo de aglomerado pulido y baldosas de color verde y blanco, así como en el cambio de los servicios. La actuación afecta a unos 6.500 metros cuadrados e incluye el saneamiento y consolidación de los terrenos, la renovación de la red de drenaje y la colocación de nuevo pavimento.

El Partido Popular de Santander no asume su responsabilidad en el fallido proyecto del aparcamiento de Mendicouague y, pese al “rescate inminente” con dinero público que amenaza las arcas municipales, sigue defendiendo con todos los argumentos a su alcance la necesidad de una instalación que acumuló el rechazo político y vecinal desde la misma concepción de la idea.

Así se desprende de la reacción del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz (PP), a la información en exclusiva publicada en eldiario.es este pasado domingo, y que adelantaba cómo los tribunales dejan al borde del rescate el parking situado en la calle General Dávila. El Juzgado de lo Mercantil ha rechazado los argumentos del equipo de Gobierno que encabeza Gema Igual y ha desestimado sus alegaciones ante el plan de liquidación de la empresa concesionaria, lo que puede tener un coste superior a los 5,5 millones para el Consistorio.

Según Díaz, que también ejerce como portavoz y teniente alcalde, “la construcción del aparcamiento respondió a una demanda de los propios vecinos”, una afirmación que contrasta con la realidad, ya que la instalación abrió sus puertas en diciembre de 2013 con tan solo cinco plazas vendidas de las 405 disponibles, y la sociedad encargada de la construcción y explotación del aparcamiento se ha declarado en concurso de acreedores en menos de cuatro años de vida.

Para el número dos del PP en el Ayuntamiento, -mano derecha tanto de Gema Igual como del anterior alcalde, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna-, esta evidente contradicción se debe a que “la coyuntura económica de los últimos años no ha favorecido su ocupación”.

Sin embargo, el hecho de que la concesión a la UTE integrada por ACTIUM S.L.U. y SIECSA Construcción y Servicios S.A. se produjera en 2008, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, y que las obras se desarrollaran en los años siguientes, durante la época más dura de la crisis en España, parece que no fue valorado por su departamento, que impulsó un proyecto que contaba con una fuerte oposición.

“No hay que olvidar que un aparcamiento es una infraestructura con una larga vida útil y que las infraestructuras requieren una planificación de presente, pero también a futuro”, ha subrayado el edil de Obras en respuesta a las duras críticas que en las últimas horas en llegado tanto desde el PRC como desde el PSOE.

“Mentiras a los santanderinos”

Estos dos partidos han respondido de manera inmediata al auto firmado por el magistrado Carlos Martínez de Marigorta al que ha tenido acceso este periódico y han advertido a través de sendas notas de prensa de que el “rescate inminente” de esta instalación costará “muchos millones” al Ayuntamiento, al tiempo que han culpado a De la Serna del “estrepitoso fracaso” de un proyecto que defendió personalmente.

En esta línea, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha lamentado que este “varapalo judicial” completa “el rosario de errores” de la política de movilidad del PP en Santander: “Aparcamientos millonarios vacíos, cobro de tarjetas OLA para las que no hay aparcamientos, supresión de cientos de plazas sin alternativa y un gasto millonario en el Metro-TUS para que haya menos frecuencias de autobús”, ha resumido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de “haber mentido a todos los santanderinos” cuando en enero de este año negó que el Ayuntamiento tuviera que hacer frente al “rescate financiero” del aparcamiento de Mendicouague.

Ni siquiera estas declaraciones han hecho retroceder a César Díaz, que ha lamentado a través de un comunicado las “prisas” de los grupos municipales del PRC y el PSOE por “sacar conclusiones prematuras” en relación al aparcamiento de Mendicouague cuando “el procedimiento sigue aún su curso en una doble vía judicial”.

Gema Igual será la nueva alcaldesa de Santander. La decisión ha sido anunciada este miércoles en rueda de prensa por el presidente del PP en Cantabria, Ignacio Diego, quien ha comparecido ante los medios de comunicación junto a los concejales del Grupo Municipal Popular.

Igual, diplomada en Magisterio y con amplia experiencia en política, tomará las riendas del Consistorio reemplazando a Íñigo de la Serna después de que éste se integrara en el equipo de Mariano Rajoy en calidad de ministro de Fomento.

El Ayuntamiento ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario en el que se ha dado cuenta de la renuncia de De la Serna y en un plazo máximo de diez días deberá tener lugar otra sesión para hacer efectiva la investidura, así como la toma de posesión de la nueva concejala, Lorena Gutiérrez.

El exregidor no ha podido estar en la rueda de prensa. Las primeras palabras de Ignacio Diego han sido precisamente para agradecer la labor “brillante” de De la Serna, quien en 2007 afrontó el reto de sustituir a Gonzalo Piñeiro.

El líder del PP cántabro ha destacado de Igual que “conoce perfectamente el Ayuntamiento como para afrontar este nuevo reto con garantías” y ha asegurado que el resto de sus compañeros ha recibido la decisión “con entusiasmo”. “Ha gozado de toda la confianza de Íñigo y de todos sus compañeros y es una garantía para el partido”, ha recalcado.

Tras la intervención de Diego, Gema Igual ha expresado el “honor” que supone su nueva responsabilidad, al tiempo que ha reconocido que “hay mucho vértigo” después de Íñigo de la Serna.

Además, ha tenido palabras elogiosas para César Díaz, el otro concejal que sonaba con fuerza como posible candidato y que mantendrá su puesto como responsable de Obras, Infraestructuras y Vivienda y como primer teniente de alcalde. “No concibo esta tarea sin César Díaz. Va a estar a mi lado en esta nueva etapa”, ha señalado Igual, que ha apostado por la “continuidad” del programa electoral del PP.

En este sentido, se ha referido a los proyectos que están en marcha en la ciudad, como la próxima inauguración del Centro Botín, que será un referente cultural “muy importante”.

Seguir el “legado”

También ha agradecido la confianza de De la Serna por todo lo que ha hecho “a nivel político y humano” con las personas que integran el equipo de Gobierno. “Tenemos que seguir su legado y lo vamos a hacer. Será una etapa diferente, pero sí quiero que los santanderinos me sigan viendo como hasta ahora”, ha apostillado.

Por otro lado, Igual ha avanzado que habrá cambios en la repartición de las tareas de Gobierno, si bien ha apuntado que serán “mínimos”. “Ha sido una decisión unánime y por consenso, por lo que doy las gracias a todos mis compañeros por su apoyo y confianza”, ha concluido.

Amplia experiencia política

Igual es concejala del Ayuntamiento de Santander desde el año 2003. Ha sido responsable de las concejalías de Turismo y Festejos entre los años 2003 y 2007 y de Turismo y Protocolo en la pasada legislatura. Además, ha desempeñado labores de apoyo en el Gabinete de Alcaldía.

Ya en su despedida, De la Serna tuvo emotivas palabras de agradecimiento para todos sus compañeros, especialmente para su “hermana”: “Gema sabe más cosas de mí que yo y las sabe por adelantado además. La gran mayoría de las cosas buenas que yo he podido hacer se debe a ella porque ha sido extraordinario lo que ha hecho y no descubro nada porque todo el mundo sabe todo lo que trabaja y hace porque no nos enteremos los demás”.

Tras el reciente nombramiento de Íñigo de la Serna como ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, queda pendiente conocer quién le sustituirá al frente de la Alcaldía de Santander. Entre los nombres que suenan con más fuerza están los de los concejales Gema Igual y César Díaz, sus números dos y tres en las pasadas elecciones municipales de 2015. Ambos forman parte de su núcleo duro, de su círculo de confianza más íntimo, y cuentan con experiencia en la gestión municipal.

De la Serna fue elegido alcalde de Santander por el Partido Popular con mayoría absoluta en 2007. Cuatro años después consiguió la reelección, aumentando el porcentaje de votos obtenidos, pasando de 15 a 18 concejales, de los 27 totales de la Corporación. Siempre ha destacado como un valor seguro ante la cita con las urnas.

Sin embargo, en los últimos comicios el PP perdió la mayoría absoluta en Santander por primera vez en casi tres décadas, quedándose con 13 concejales (40,5% de votos), pero consiguió superar la investidura con la abstención de los dos ediles de Ciudadanos, con los que viene sacando adelante el grueso de las medidas más importantes a lo largo de toda la legislatura.

César Díaz (1971) ejercerá como alcalde en funciones hasta el nombramiento definitivo y es uno de los aspirantes que más destaca en las quinielas puesto que actúa como portavoz del Grupo Municipal Popular y es primer teniente de alcalde, así como concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda.

En lo que respecta a su formación, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como el hasta ahora alcalde -de hecho son amigos desde su juventud y compartieron estudios universitarios- y ejerció como gerente del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del Grupo Sadisa en Santander.

Gema Igual (1973), teniente de alcalde, concejala de Turismo y Relaciones Institucionales y número dos en la lista electoral Popular de los pasados comicios municipales, cuenta también con amplias posibilidades de ocupar el cargo vacante. Diplomada en Magisterio, ha sido la mujer de confianza del saliente regidor municipal durante los últimos años.

Hasta el 2003 se dedicó a la empresa privada y, a partir de junio de ese año, ejerce como concejala del Ayuntamiento de Santander. Ha sido responsable de las concejalías de Turismo y Festejos entre los años 2003 y 2007 y de Turismo y Protocolo en la pasada legislatura. Además, ha desempeñado labores de apoyo en el Gabinete de Alcaldía.

“Confianza plena, entrega máxima e ilusión inagotable por Santander, motivos y méritos más que suficientes para revalidar mi confianza en Gema Igual, siendo un orgullo y una satisfacción que haya aceptado ser la número dos de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Santander”, subrayó de ella De la Serna en mayo del año pasado cuando la situó en una posición privilegiada para ser su sucesora.

Finalmente, el tercer rostro aspirante a sustituir De la Serna es el de Ana González Pescador (1959). Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria, es la tercer teniente de alcalde y edil de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial y Transparencia. Ha sido la cara visible del equipo económico del alcalde, con un peso más que evidente, pero su perfil es más técnico que político.

De momento, el exalcalde de Santander y flamante ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha convocado una rueda de prensa este sábado, a las 12.00 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, junto a los miembros del equipo de gobierno municipal como cierre de su etapa como regidor de la ciudad. Será ahí cuando previsiblemente se deshoje la margarita en favor del candidato elegido para dirigir la ciudad hasta final de legislatura.

Renuncia y elección del nuevo alcalde

El Ayuntamiento de Santander también ha anunciado que convocará en los próximos días un pleno extraordinario para que tome conocimiento de la renuncia del alcalde como miembro de la Corporación, tras haber tomado posesión como ministro de Fomento.

Dicho acuerdo se trasladará a la Junta Electoral Central para que remita la credencial del nuevo concejal del Ayuntamiento, que correspondería al puesto número 15 de la lista del Grupo Municipal del Partido Popular, Lorena Gutiérrez, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, que ya fue edil sin cartera durante un periodo de la pasada legislatura.

Una vez que este organismo envíe las credenciales de la nueva concejala, se podrá convocar otro pleno extraordinario para la toma de posesión de Lorena Gutiérrez y la elección de alcalde. Hasta el nombramiento del mismo, el primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ejercerá como alcalde en funciones.

Vecinos de las calles Antonio Cabezón y Francisco Giner que han vuelto a concentrarse este viernes para pedir que les reciba el concejal de Urbanismo, César Díaz, con el fin de poder participar en las decisiones que afectan al futuro de su barrio, han mostrado su “enfado” tras conseguir hablar con el edil y con la concejala de Barrios, Carmen Ruiz, por el “trato recibido” por éstos.

En un comunicado, han indicado que, tras concentrarse a la puerta del Ayuntamiento de Santander, han “conseguido hablar” con Díaz y Ruiz “a la puerta del despacho” y “ha dicho que vendrá al barrio cuando quiera y pueda, que no va venir cuando queramos nosotros (vecinos de Santander)”.

“Queremos manifestar nuestro enfado por el trato recibido por dos representantes de la ciudad de Santander, no entendemos el porqué de su cerrazón y falta de diálogo con todos nosotros”, han indicado estos vecinos en su escrito, así como que este hecho les “lleva a pensar que el plan del Ayuntamiento está cerrado y que no pretender hacernos partícipe de nada”.

Los vecinos, que han dicho que no tienen “vinculación alguna con partido político”, llevaban los últimos siete días entregando en el Registro Municipal una solicitud dirigida a Díaz y subiéndola a su despacho para que el edil les hiciera “hueco” en su “agenda”.

Tras volver a registrar la petición este viernes, los vecinos anunciaban que decidirán las medidas a llevar a cabo a partir de la próxima semana, que “a lo mejor son un poco más fuertes” que las realizadas hasta ahora, según han indicado a Europa Press.

Los vecinos quieren abordar con el responsable de Urbanismo las actuaciones que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla para la zona la demolición de dos edificios en los que actualmente viven unas 18 personas.

Para tratar el futuro de estos residentes y también otras actuaciones previstas como la supresión “de la única plazoleta que tenemos”, quieren reunirse con el responsable municipal, para que les explique el proyecto y poder dar su opinión. “Nosotros vivimos allí y conocemos la situación y ellos no”.

Los vecinos demandan huertos urbanos, poder aparcar en zona OLA, recogida selectiva, accesibilidad para los equipos de emergencia, etcétera.

La actuación prevista en el PGOU afecta, según el colectivo, a 17 portales de viviendas de la calle Antonio Cabezón y a otros nueve de Francisco Giner.

El Ayuntamiento de Santander ha sacado pecho tras conceder la licencia para la ampliación y reforma completa de Zara, ubicado en la calle Lealtad 17. Según ha destacado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, las obras se iniciarán previsiblemente antes de que finalice el año.

El responsable municipal ha resaltado que esta ampliación y reforma conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo y la inversión total de 1,75 millones de euros. Actualmente, la empresa textil ocupa el sótano, y las plantas baja y primera, lo que supone una superficie construida de 2.049,55 metros cuadrados.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que el proyecto para la reforma completa y la ampliación del local, que pasaría a ocupar además las plantas segunda y tercera utilizadas actualmente por la Dirección General del Catastro, permitirá ampliar la superficie en 1.667,90 metros cuadrados, lo que prácticamente duplicará la superficie del local.

De esta manera, el nuevo Zara ocupará 3.717,45 metros cuadrados, y estará distribuido en sótano, planta baja, primera, segunda y tercera. Tal y como ha explicado minuciosamente el concejal de Obras de la capital cántabra, en el sótano se ubicarán los servicios, almacenes e instalaciones, mientras que las plantas baja, primera y segunda, se destinarán a la zona de ventas y atención al público. La planta tercera se destinará a almacén y cuarto de instalaciones.

Tras este anuncio, el edil popular ha asegurado que Santander está demostrando la capacidad como motor económico y generación de empleo, lo que le está permitiendo atraer inversiones empresariales en sectores tan diversos que van desde la moda y el sector textil, hasta la industria o la innovación tecnológica. Además, el concejal ha reiterado la apuesta del Consistorio por seguir potenciando la inversión productiva, generadora de actividad económica y empleo.

Lo que pase en El Pilón será responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Santander. En concreto, del equipo de Gobierno municipal (PP). Éste es el mensaje que han traslado los vecinos afectados por la operación urbanística que se prevé desarrollar en el barrio y que supondrá la expropiación de una veintena de familias y de dos negocios en activo. La “única” solución para evitar que esto suceda es aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Y eso es precisamente lo que demandan a los populares.

Los vecinos no están dispuestos a que el equipo de Gobierno traslade la responsabilidad de su caso hacia otras administraciones. Cada vez que se les pregunta por el caso, el alcalde, Íñigo de la Serna, y el concejal de Obras, César Díaz, responden que han enviado una propuesta al Gobierno de Cantabria para que modifique la Ley del Suelo y se incluya en la misma la garantía de realojo para quienes se enfrenten a situaciones de este tipo.

Sin embargo, dicha modificación no afectaría en el caso de El Pilón porque su unidad de actuación ya está en marcha y el cambio de la normativa no tendría carácter retroactivo. “Es una patraña”, ha aseverado la portavoz de los vecinos, Belén Madrazo, en una rueda de prensa celebrada este martes en la plaza del consistorio santanderino. En su opinión, el equipo de Gobierno les está “tomando el pelo y engañando” y, en este sentido, los vecinos exigen que “dejen de echar balones fuera”. “El único que puede hacer algo es el Ayuntamiento”, destacan.

En esta línea, han denunciado el agravio comparativo con el propietario del chiringuito Rema, ubicado en El Sardinero, para el cual se acaba de aprobar una modificación puntual del PGOU. “Este señor es empresario, puede reformar su restaurante y el próximo verano empezar a trabajar, de lo cual me alegro, pero no entiendo porque eso mismo no se puede hacer con las viviendas y los dos negocios de El Pilón”, se pregunta Madrazo.

Además de los afectados, han respaldado la convocatoria varios concejales de la oposición, como Daniel Fernández (PSOE), Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) y Miguel Saro (IU), así como vecinos de la Plataforma Salvemos Prado San Roque, de la Asociación Antonio Cabezón y Francisco Ginés y Marco Santamaría, el nieto de Amparo Pérez. Igualmente, han acudido representantes de la Plataforma DEBA.

“Están para ganar dinero”

Una promotora privada -Costa Verde Hábitat- ha comprado el 55% de los terrenos incluidos en el Área Específica 3B del PGOU y ha puesto en marcha el desarrollo urbanístico de esta unidad de actuación, en la que se proyecta la construcción de dos bloques de 70 viviendas cada uno y más de 200 garajes. El resto de vecinos serán expropiados mediante una Junta de Compensación, controlada también por la constructora.

Ante las denuncias realizadas por los afectados, que se ven en la calle por “cuatro duros”, y los grupos municipales de la oposición, el equipo de Gobierno acordó el pasado 21 de septiembre la suspensión temporal del procedimiento durante un plazo de tres meses, con el ánimo de que los vecinos negociaran una solución consensuada con la promotora que, según César Díaz, estaba “dispuesta a hablar”.

A este respecto, Madrazo ha señalado que al no producirse ningún contacto, uno de los vecinos llamó a la empresa y le comunicaron que “en ningún momento habían tenido intención de ponerse en contacto con nosotros ni de negociar”, una postura que los afectados entienden porque “no es su problema. Ellos están para ganar dinero”. Por el contrario, critican que en este tiempo “no ha habido más que mentiras” por parte del PP.

“Quién tiene que solucionar la situación es quien la generó, es decir, el equipo de Gobierno que fue quién redactó y aprobó el PGOU”, subrayan los vecinos de El Pilón, que advierten que no están dispuestos a “quedarse en el sofá” sino que “vamos a luchar por nuestras viviendas”. “Si no queda otra, tendremos que acudir a los tribunales”, concluyen.

Respuesta PP

Desde las filas populares, César Díaz ha insistido en que la forma de resolver este problema, no solo para los vecinos de El Pilón sino para cualquier otro ciudadano de Cantabria cuya vivienda esté afectada por un desarrollo urbanístico, es regular el derecho de realojo en la Ley del Suelo autonómica “y el único que tiene competencias para llevar a cabo esta modificación legislativa es el Gobierno regional”.

En un comunicado enviado tras la rueda de prensa de los vecinos, el edil de Obras asegura que una modificación puntual del PGOU “en ningún caso” paralizaría la aprobación de las bases y estatutos que está llevando a cabo el propietario mayoritario.

Díaz también ha aprovechado para lanzar una pulla tanto a los afectados como a la oposición, a quienes reprocha no haber presentado una alternativa. “A pesar de que la modificación puntual del PGOU no supone poder paralizar las bases y estatutos, hemos dejado claro siempre que estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta que se quiera plantear en este sentido pero, hasta la fecha, no hemos recibido ninguna”, sentencia.

La construcción de 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en General Dávila por parte del Ayuntamiento de Santander dará a su fin en los próximos días. Durante el mes de mayo, el alcalde y candidato del PP a la reelección, Íñigo de la Serna, tiene previsto hacer entrega de las llaves a sus nuevos inquilinos, aunque no a todos, ya que el Consistorio mantiene doce de estas viviendas reservadas para realojar a los vecinos que serán expropiados en Prado San Roque.

Sobre esta zona, comprendida entre el funicular del Río de la Pila y el campo de fútbol de El Regimiento, el Consistorio proyecta llevar a cabo una reordenación urbana que conlleva la demolición de varios inmuebles en los que viven medio centenar de vecinos, quienes ya han mostrado su rechazo a abandonar sus casas. Entre cosas, porque el valor de la expropiación será “completamente insuficiente” para adquirir una nueva vivienda.

A pesar de que parte de las viviendas protegidas están reservadas para ellos, el equipo de Gobierno no se ha puesto en contacto con los vecinos afectados, a los que además ha negado que el proyecto se vaya a llevar a cabo. Por este motivo, registrarán este jueves en el Ayuntamiento un escrito para solicitar formalmente una reunión y pedir explicaciones al concejal de Obras e Infraestructuras, César Díaz. Y lo harán aprovechando que algunos de ellos acudirán al pleno municipal como muestra de apoyo a los afectados por el incendio de Tetuán.

Esta promoción de VPO, que conlleva una inversión de 8,3 millones de euros, ocupa una parcela municipal de 1.555 metros cuadrados, “desde donde se podrá disfrutar de unas vistas inigualables tanto de la bahía como de gran parte de la ciudad”, según ha destacado este miércoles el equipo de Gobierno en una nota de prensa.

Los 'populares' también han destacado que el desarrollo de esta actuación contempla una “mejora sustancial” de la trama urbana de esta zona, con el ensanche de la calle José Rioja que comunica General Dávila con Prado San Roque, así como una nueva urbanización dotándola de aceras, que antes no existían.

Un plan en marcha

Un plan en marchaPese a las reiteradas negativas del equipo de Gobierno a los vecinos, las actas con el orden del día de la Sociedad de Vivienda y Suelo a las que ha tenido acceso eldiario.es demuestran que el Partido Popular tiene un proyecto en marcha para la zona de Prado San Roque que propiciará el desalojo de un numeroso grupo de vecinos.

De hecho, según el estudio económico que maneja el Ayuntamiento, las expropiaciones supondrán 3,3 millones de euros. A esa cifra habría que restar el importe que el Consistorio pretende obtener “en especie”, es decir, a través del realojo de los afectados en otras viviendas de titularidad municipal: las viviendas protegidas cuya construcción ahora finaliza.

De este modo, la Sociedad de Vivienda y Suelo tendría que aportar 1,9 millones de euros para el desarrollo de este proyecto urbanístico recogido en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 2012. Aproximadamente un año después, en noviembre de 2013, el concejal de Obras impulsó en una reunión la segunda fase de este proyecto que puede acabar de nuevo en el Jurado de Expropiación, como ocurrió con Amparo Pérez, la vecina de Las Llamas que falleció en el mes de febrero tras ser desalojada de su casa por orden del Ayuntamiento.

Además, según se recoge en los documentos consultados por este periódico, el presidente del Consejo, que es el alcalde, afirmó en ese mismo encuentro que “es necesario que el Ayuntamiento inicie los trámites del expediente de expropiación para que estén garantizados, en su momento, los recursos y para que se conozca con seguridad el número de personas que están interesadas en el realojo”. Una orden que puede estar más cerca puesto que el Consistorio dará por finalizadas las obras de esas VPO la semana que viene.