La cueva de Los Casares ha sido considerada uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes para el conocimiento del Paleolítico del interior peninsular durante el siglo XX. Tras un largo período de inactividad investigadora, desde comienzos de la presente década los grabados y pinturas paleolíticas que albergan sus paredes, así como el yacimiento neandertal que se esconde en su interior, han vuelto a ser estudiados mediante novedosos métodos en arte rupestre y arqueología del Paleolítico.

El equipo de investigación de la Universidad de Alcalá (UAH) que ha llevado a cabo la campaña de excavaciones que se han realizado en esta cueva, ubicada en Riba de Saelices (Guadalajara) ha recogido muestras en este paraje para estudiar una ocupación neandertal y quizá también de humanos modernos en esta gruta. Hablamos con Manuel Alcaraz Castaño, personal investigador de la Universidad de Alcalá y codirector de la excavación.

¿Cuándo comenzó la excavación y con qué fin?

La cueva de los Casares se conoce desde hace mucho tiempo, desde finales del siglo XIX, y su yacimiento arqueológico se conoce desde los años 30. Los primeros trabajos se centraron en el arte rupestre, es decir en las pinturas y grabados que tiene la cueva y en los años 60 hubo una excavación por parte de un equipo de la Universidad de Zaragoza que puso al descubierto un yacimiento neandertal.

A pesar de su importancia, ha permanecido prácticamente sin investigación hasta que llegamos nosotros, hasta 2014, que reanudamos las investigaciones. Quisimos hacerlo porque entendíamos que quedaba mucho por hacer allí, se conocía el arte pero no hay un estudio (estamos en ello) del mismo. Para ello, no solo empezamos trabajando desde la Universidad de Alcalá, sino también trabajamos dentro de varios proyectos interdisciplinares e internacionales. Javier Alcolea y yo que somos los directores de las investigaciones, contamos con otros investigadores, geólogos, físicos, biólogos o paleontólogos y no solo españoles sino que trabajamos con investigadores alemanes o ingleses.

Estamos conociendo mucho mejor la circunstancia o el contexto ecológico en el que vivían los neandertales de la cueva de los Casares. Desde los años 60 se sabía que había neandertales, porque se encontraron herramientas de piedra que son típicas del Paleolítico medio, incluso se encontró un metacarpiano, un hueso del pie neandertal, entonces no había duda, pero no se conocía la edad exacta, porque cuando hablamos de neandertales debemos situarlos entre 300.000 y 40.000 años antes del presente, lo que es un lapso de tiempo muy amplio.

Por lo que si no se tienen dataciones, lo que llamamos dataciones cronométricas no se puede situar de forma más precisa esa ocupación. No se tenían esas dataciones, y tampoco se tenían datos paleoecológicos, es decir, datos que nos informaran sobre el contexto ecológico en el que vivían esos neandertales. Eso es muy importante en las sociedades del Paleolítico porque evidentemente eran cazadores recolectores y el medio al que se enfrentaban es muy relevante a la hora de entender lo que llamamos las adaptaciones culturales, es decir, cómo esta gente se enfrentaba al medio en el que vivían y tenían una serie de comportamientos que estaban condicionados por el medio ambiente. 

¿Qué muestras se recogen en este tipo de excavaciones?

Son básicamente cuatro para conocer el contexto ecológico: en primer lugar hemos analizado los restos de polen que se conservan en el yacimiento. Es algo que suele extrañar pero se conserva directamente en el sedimento, en la tierra donde vamos excavando. Los árboles o arbustos que hubiera en esa época soltaron el polen y esporas, y con eso hoy en día y tras analizarlo somos capaces de reconstruir el paisaje vegetal en el que vivieron estos neandertales.

Es muy importante analizar también lo que llamamos la microfauna, es decir los animales pequeños. Aparecen mucho en los yacimientos paleolíticos porque se conservan muy bien. Estos animales son muy sensibles a los cambios ambientales. En ese sentido, dependiendo de las especies que encontremos podemos deducir que estamos ante un paisaje más abierto o un paisaje más boscoso. Por ejemplo en Los Casares tenemos restos de ardilla y puercoespín en el nivel correspondiente a la ocupación de neandertales, dos especies muy típicas de paisajes boscosos. 

Las otras muestras que cogemos son los carbones, que no son más que maderas que se ha quemado en el yacimiento, y con eso vemos el tipo de árbol. Y otro análisis que llamamos de fitolitos que son restos vegetales fosilizados que se ven también en el sedimento, y que también nos ayudan a recomponer el paisaje vegetal.

¿Cuáles son las principales novedades que han conseguido en esta última excavación?

Hemos encontrado más grabados y más pinturas de las que se conocían, pero es normal porque no había un estudio exhaustivo de las paredes. La cueva se conoce relativamente bien pera hasta que no vas allí con los medios adecuados, no documentas todo lo que hay. Seguramente podamos multiplicar los motivos grabados y pintados en Los Casares por cuatro o por cinco. 

La mayoría de lo nuevo que estamos encontrado son cosas que no se ven muy bien. No son grandes grabados de caballos porque ya se hubieran visto pero por ejemplo hemos encontrado un grabado de un reno y es relevante porque es un ejemplo de lo que llamamos fauna fría, que solo vive en contextos de clima rigurosos. La relevancia de esta representación reside en que hasta la fecha no se han encontrado restos paleontológicos de reno al sur de la cordillera cantábrica correspondientes al Pleistoceno superior. Y sin embargo tenemos ya unos cuantos ejemplos de renos grabados en varias cuevas de la Meseta; no solo en Casares, sino también en la vecina cueva de La Hoz, y también en la Cueva del Reno (Valdesotos).

Esto abre un debate interesante, centrado en conocer si actualmente no tenemos registros paleontológicos de reno simplemente porque aún no se han encontrado, o si por el contrario estos grupos humanos representaron renos por motivos culturales, y no necesariamente porque convivieran con ellos.

Además, en lo que más nos hemos centrado en la última campaña de excavación es en lo que llamamos la contextualización arqueológica de los grabados y pinturas, es decir, se conocen los grabados y pinturas rupestres de la cueva de los Casares desde los años 30, pero lo que no se conoce hasta ahora son los niveles arqueológicos que se correspondan con esos grabados, es decir, los restos materiales de las personas que pintaron y grabaron.

En ese sentido, uno de nuestros objetivos ha sido tratar de encontrar restos materiales, excavando cerca o incluso debajo de los paneles decorando para ver si encontrábamos restos que nos indiquen que no solo hubo gente pintando y grabando allí, sino que también estaban viviendo allí físicamente, o al menos dejaron restos de sus actividades puntuales. 

Este año hemos encontrado un nivel arqueológico que no se conocía hasta entonces, por encima de los niveles de neandertales, y que muy probablemente se pueda corresponder con el Paleolítico superior y por tanto con las personas que hicieron estos grabados. Esto es importante por poder conseguir dataciones de este nivel, ya que nos pueden dar una fecha que indirectamente nos ayude a datar los grabados. 

Los resultado de esas dataciones que fueron enviadas a un laboratorio en Oxford al poco de acabar la campaña de excavación, estarán disponibles a finales de diciembre. 

¿La última fase de la excavación está terminada?

Hemos terminado la campaña de este año. El año que viene seguiremos excavando. Las excavaciones del Paleolítico se empiezan a hacer en tamaños muy reducidos. Nosotros para hacer esta excavación, que intenta encontrar un nivel arqueológico relacionado con las pinturas, hemos excavado dos metros cuadrados y vamos muy despacio porque hay que ir con mucho cuidado.

El año que viene continuaremos ampliando la excavación, porque queda parte de ese nivel que no ha sido excavado. Y sobre todo si las dataciones que hemos enviado nos confirman lo que creemos, merecerá la pena ampliar los dos metros cuadrados para seguir recopilando información sobre ese Paleolítico superior que es tan desconocido en Los Casares y que solo se conoce a través de los grabados. 

El equipo de investigación de la Universidad de Alcalá (UAH) que ha llevado a cabo la campaña de excavaciones que se han realizado en la cueva de Los Casares, en Riba de Saelices (Guadalajara) ha recogido muestras en este paraje para estudiar una ocupación neandertal y quizá también de humanos modernos en esta gruta.

Bajo la dirección científica de los profesores Manuel Alcaraz Castaño y Javier Alcolea González, el equipo ha estado esta vez acompañado por los investigadores alemanes Martin Kehl y Nicole Klasen, de la Universidad de Colonia. Estos expertos, geógrafos físicos especializados en geoarqueología y geocronología, forman parte del equipo de investigación interdisciplinar que estudia la ocupación humana de dicha cueva durante la Prehistoria, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

Las muestras recogidas servirán para hacer análisis de micromorfología, es decir, un estudio microscópico de la secuencia de sedimentos que han ido formando el yacimiento arqueológico. Esta técnica de detalle permite conocer de forma mucho más precisa, a nivel micro, los procesos de formación del yacimiento y sus posibles alteraciones postdeposicionales, alteraciones que muchas veces pasan desapercibidas a simple vista. Gracias a ella se puede establecer con una cierta seguridad si el yacimiento arqueológico se encuentra en su posición original o se ha visto afectado por alteraciones posteriores.

Este es un requisito indispensable para posteriormente poder realizar la interpretación estrictamente arqueológica y entender así cómo vivían estas gentes prehistóricas y qué actividades realizaban en el interior de la cueva, que es el objetivo último y fundamental del proyecto de investigación.

Junto con los resultados de las dataciones de carbono 14 y otras analíticas paleoecológicas --que se esperan para el próximo mes de diciembre-- además del estudio detallado de los grabados y pinturas de sus paredes, cuyos resultados serán más tardíos, los datos que aportarán los análisis de micromorfología permitan establecer conclusiones novedosas sobre los tesoros arqueológicos que aún sigue encerrando la cueva de Los Casares.

El pasado mes de julio ya se adivinó el optimismo del equipo tras el hallazgo de restos óseos animales y distintos carbones. Además, se constató la gran cantidad de grabados que aún se esconden en las paredes del abrigo. Y es que gracias a las modernas técnicas que se están aplicando, saldrán a la luz numerosos dibujos, pues si se hablaba de cerca de 80 figuras censadas, se espera que ésta cifra se multiplique, incluso, por cinco. Además, hay que reseñar que se han hecho trabajos de mejora en el firme del camino rural que da acceso al yacimiento desde la carretera GU-951.

Al margen de las publicaciones en curso, los investigadores ya tienen una fecha para la presentación de éste primer avance de novedades. El día 3 de diciembre a las 18.00 horas en la sala de conferencias del Museo Arqueológico Nacional, los dos catedráticos vinculados a la investigación ofrecerán una ponencia bajo el título 'Una cueva para dos humanidades: neandertales y humanos modernos en Los Casares'. La entrada es gratuita y hasta completar el aforo.

La cuarta campaña de excavación en la Cueva de 'Los Casares', ubicada en el término municipal de La Riba de Saelices (Guadalajara) ha sacado a la luz, entre otros, nuevos restos óseos, al parecer de animales, que ahora tendrán que ser datados con la técnica de carbono 14, en laboratorios de Oxford y Colonia, para datar exactamente su antigüedad.

La finalidad de esta campaña ha sido documentar la ocupación humana, centrándose en el Paleolítico Medio, la época correspondiente a los neandertales, y el Paleolítico Superior, que corresponde ya a nuestra especie. Los objetivos, se han centrado en encontrar restos de presencia de aquellos humanos de la época de los grabados de la cavidad, pues hasta la fecha no había yacimiento enterrado que pudiera relacionarse con esta actividad.

Además, se ha comenzado un estudio detallado y científico de los grabados y pinturas de la caverna, con procesos de fotografía digital, láser escáner 3D... que, según los investigadores, “arrojan muchísimas más figuras de las conocidas y superposiciones de grabados hechos en momentos distintos, y también pinturas rojas y negras bastantes deterioradas, que nos van a ofrecer una imagen de la cavidad, y de su contenido gráfico, totalmente distinto”.

La investigación, llevada a cabo por la Universidad de Alcalá y dirigida por Manuel Alcaraz y Javier Alcolea, cuenta con financiación del Consejo Europeo de Investigación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y con ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En estos estudios, también colaboran investigadores del CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Zaragoza y más allá de nuestras fronteras, la Universidad de Colonia (Alemania), el Museo Neandertal (también en Alemania) y laboratorios de Oxford (Reino Unido).

Aunque quedan pendientes varias jornadas de trabajo in situ, que se llevarán a cabo en este próximo trimestre, los hallazgos quedan pendientes de publicarse en libros y artículos científicos. Los arqueólogos son optimistas en trabajar durante dos o tres ciclos más y mostrar una imagen completamente renovada de la que fue declarada Monumento Nacional en el año 1935.

La tradición investigadora sitúa los grandes focos de poblamiento de cazadores-recolectores paleolíticos en las zonas costeras de la Península Ibérica. El investigador de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Manuel Alcaraz trabajará con la hipótesis de que en el interior también se desarrollaron asentamientos relevantes de Neandertales y Humanos modernos, incluso durante los momentos más rigurosos del Pleistoceno Superior, a pesar de que las condiciones ecológicas eran más duras.

Durante los próximos cinco años, gracias a los 1,4 millones de euros concedidos por el Consejo Europeo de Investigación, el equipo del profesor de la UAH, en colaboración con otros equipos nacionales e internacionales, coordinará una gran investigación que incluye prospecciones y excavaciones en hasta 19 yacimientos arqueológicos, paleontológicos y paleoecológicos del interior peninsular, localizados en Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla-León, principalmente.

Se pretende así recopilar un corpus de datos sin precedentes, que permitirá desarrollar un análisis interdisciplinar, ‘multi-proxy’, destinado a conocer la secuencia cronológica, desarrollos tecno-económicos y contextos ecológicos registrados en los yacimientos del Pleistoceno superior en estas regiones.

La línea de investigación que desarrollará Alcaraz presenta cierta continuidad con respecto a los trabajos que, desde la década de 1980, realizan en la UAH el grupo de investigación ‘Grafías Prehistóricas y Poblamiento Humano en la Península Ibérica’, que dirige Rodrigo de Balbín. Este grupo lleva años poniendo a prueba la idea de que durante el Pleistoceno Superior (120.000 a 12.000 años), el poblamiento humano en el interior de la Península, tanto de Neandertales como de humanos modernos, fue nulo o esporádico durante buena parte de su desarrollo.

“Según la interpretación tradicional, el interior se percibe como un gran vacío donde apenas hubo desarrollos culturales. Nuestro grupo y otros grupos de investigación entendemos que esa interpretación puede ser producto de un prejuicio investigador o, mejor dicho, de una falta de investigación en el interior peninsular que hace que tengamos una visión sesgada”, señalan.

Lo que propone este proyecto es una investigación de campo de amplio espectro, en la que intervendrán muchos investigadores y en muchos yacimientos, para realizar prospecciones y excavaciones arqueológicas, además de numerosas y variadas analíticas, con el fin de corroborar si el poblamiento del interior peninsular durante el Pleistoceno Superior fue tan residual.

“Es evidente que en las zonas costeras los cazadores recolectores pudieron tener unas condiciones de vida mucho más sencillas que en las tierras altas o los páramos de la meseta norte… Pero queremos ponerlo a prueba, porque nosotros tenemos indicios que apuntan a que en el interior de la Península hubo poblamientos más estables y complejos de lo asumido tradicionalmente, que nos obligarán a replantear los modelos aceptados hasta ahora”, señala Alcaraz.

Investigar por qué desaparecieron los Neandertales

Además, estas investigaciones permitirán contribuir a la investigación de problemas muy importantes a escala continental, como la desaparición de los Neandertales en el occidente europeo, porque yacimientos del interior peninsular van a ser claves para conocer con más detalle los contextos, causas y tiempos que rodearon la desaparición de este tipo humano (que no necesariamente ha de ser entendida como una extinción, ya que está comprobado que hubo varios episodios de mezcla genética con los humanos modernos).

Un yacimiento “clave” en Tamajón (Guadalajara)

Los indicios sobre los que trabajan los investigadores parecen claros: “Hoy sabemos, por ejemplo, que en el momento de máximo frío de la última glaciación, que se corresponde con lo que denominamos la cultura Solutrense, hace unos 25.000/20.000 años, hay importantes poblamientos en el valle del Manzanares. Y luego, el yacimiento clave, es el yacimiento de Peña Capón, en el municipio de Tamajón (Muriel), en Guadalajara”. Allí se contempla una densa ocupación Solutrense y una secuencia estratigráfica que indica un poblamiento recurrente, que además se puede relacionar con las grafías paleolíticas de las cuevas de la zona.

“Se percibe una organización del territorio, una ocupación intensiva, y creemos que esta región va a ser clave para nuestro proyecto, pues seguramente encontraremos más yacimientos de estas cronologías tras la prospección de todo su territorio. Hay otros indicios en otros puntos de la meseta, pero gran parte de nuestros esfuerzos, al menos en una primera fase del proyecto, se centrarán en las estribaciones surorientales del Sistema Central, que consideramos el centro neurálgico de nuestra investigación”, agrega el investigador.

Pero, ¿qué impide, entonces, pensar en que esta línea de investigación no es la correcta? Alcaraz responsabiliza de ello a la tradición investigadora. “Los grandes yacimientos que se han investigado en España están en el norte y, en menor medida, en Levante y en el sur. Pero en el interior ha habido bastante menos investigación debido a un problema de base: en la arqueología en general tenemos lo que ha quedado”. En el norte hay muchas cuevas y eso ha permitido una mejor conservación. En el interior hay menos cuevas y las evidencias son más difíciles de conseguir, aunque tratarán de hacerlo al aire libre, con prospecciones llevadas a cabo con unas tecnologías muy modernas. 

Las condiciones de vida en la Meseta serían más rigurosas que en las regiones costeras, igual que ocurre hoy pero eso, dicen, “no implica que no hubiera ocupación humana. De hecho, tenemos pruebas de la existencia de cazadores recolectores en otras zonas del mundo, como las llanuras centroeuropeas y norteamericanas, que ponen en evidencia la adaptabilidad de los cazadores-recolectores paleolíticos a entornos rigurosos”.

¿Qué son las Starting Grants?

Starting GrantsLas Starting Grants se destinan a investigadores de excelencia con una experiencia posdoctoral de entre 2 y 7 años. Se trata de ayudas de hasta  cinco años mediante las que los jóvenes investigadores pueden formar sus propios grupos de investigación en proyectos de frontera del conocimiento.

Esta es la tercera Starting Grant que reciben investigadores de la UAH en los últimos años, aunque se trata de la primera en el ámbito de las Humanidades.

“La transparencia debería ser un derecho constitucional y es un derecho Frankenstein”. Con esta analogía ironizaba el conseller Manuel Alcaraz sobre las dificultades con las que se topa su departamento en el día a día de la gestión. El representante del Ejecutivo valenciano ha participado en unas jornadas del Parlamento Europeo en Bruselas para tratar cómo se pasa del concepto teórico de transparencia a la práctica en los distintos niveles de la administración, moderadas por el que fue eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià y el parlamentario de Equo Florent Marselesi.

El conseller, también responsable de Buen Gobierno y Cooperación, considera que hay un peso “excesivo” de la lucha contra la corrupcion cuando hablamos de transparencia. “Debe existir aunque no haya corrupción; es un profiláctico, no la vacuna definitiva”, reflexionaba Alcaraz, quien ha puesto en valor leyes del Gobierno valenciano y de las Corts como la de cuentas abiertas, la de incompatibilidades o la de gobierno abierto. “Nuestro punto de partida era muy complicado. Veníamos de un escenario con récords de corrupción, con falta de financiación (...) hemos hecho lo que hemos podido, que aún no es suficiente, pero es más de lo que imaginábamos hace 5 años”, ha señalado. “Olvidémonos de la transparencia con mayúsculas y pensemos en qué necesitan nuestros ciudadanos para acceder a la información”, ha sentenciado.

En las jornadas ha participado también el representante de Transparencia Internacional, Daniel Freund, que ha valorado la mejora en materia de gobierno abierto tanto en el parlamento europeo como en las administraciones nacionales. No obstante, ha lamentado “cada vez los ciudadanos confían menos en las instituciones y en Bruselas. Creo que se debe a la desigualdad, a la distancia”, para lo que receta como remedio, precisamente, favorecer el conocimiento de la ciudadanía de aquello que hacen las instituciones.

En los últimos años, en el seno de las instituciones europeas, se han dado una serie de casos de corrupción o de relaciones de dudosa honradez entre lobbys, empresas y las institucones, “Escándalos sobre influencia de empresas, Barroso, Goldman Sachs, ‘dieselgate’ -ha enumerado- ayudan al distanciamiento (…) la transparencia podria evitar esos casos y la elaboración de malas leyes”, ha señalado. En el parlamento “hacemos leyes que afectan a 500 millones de personas y no se pueden hacer con un puñado de hombres blancos fumando un puro y tomando un whiskey en un despacho aterciopelado”, ha concluido.

En el turno de preguntas, donde se ha cuestionado duramente la ley de transparencia española, la representante de la Unió de Periodistes, Cristina Chirivella, ha reflexionado sobre si la transparencia es un arma de doble filo para los periodistas que no están bien preparados en la materia, además de apelar a un verdadero compromiso en esta materia por parte de las instituciones.

Pero, sobre todo, la reforma es inaplazable por cambios en la misma realidad. De nuevo hay que insistir en el impacto europeo, en los cambios geoestratégicos y su percepción -viraje de la centralidad a Asia, migraciones, fin de la bipolaridad- y en la importancia creciente -como reto democrático- de nuevas tecnologías, del funcionamiento social en red o del valor autónomo del conocimiento y el influjo de todo ello en el mundo del trabajo, en el ejercicio de libertades o en la concepción de la riqueza o de la educación. El cambio climático generar escenarios de largo alcance que también deben tener su reflejo en la norma básica, pues la lucha contra el mismo requiere de una totalidad y complejidad de esfuerzos a los que vendría bien contar con una referencia global. La coexistencia entre la conquista de derechos por las mujeres y, a la vez, el terrorismo machista incesante y los persistentes techos de cristal, es otra vertiente de la existencia que reclama una reflexión sobre los valores constitucionales y un reconocimiento que consolide los avances en la Constitución. En el plano político estricto hemos asistido en los últimos años a una crisis generalizada de la confianza en las instituciones, que ha incidido en el fin del modelo bipartidista y en la exigencia de buscar medios que refuercen la integridad de la vida pública e impidan que la corrupción sea un fenómeno constante en algunos ámbitos. Muchas instituciones acusan una obsolescencia en su diseño principal o, al menos, aconsejan algunas modificaciones.

En este marco la crisis de la España autonómica tiene perfiles particulares. El modelo ha sido un éxito, pero hay muchos indicios de que ha llegado al límite de sus posibilidades. La Constitución no habla nunca de “Estado autonómico”, lo que nos advierte sobre la relativa incomprensión que tuvo el constituyente sobre su obra, en esta materia. Por eso un ex Presidente del TC llegó a afirmar que la Constitución “desconstitucionalizó” el modelo territorial, manteniendo algunas instituciones del pasado -sin aclarar el fundamento y alcance de su autonomía en la nueva realidad- y abrió la posibilidad de crear un número indefinido de Comunidades dotadas de autogobierno basado en la libre disposición competencial y abriendo un amplio margen a colmar a través de la acción jurisprudencial, la emulación no siempre razonable y el pacto entre los dos grandes partidos del Estado. Todo ello ha concluido. Hay más actores deseosos de ser escuchados, no existe un mecanismo de financiación apropiado y la jurisprudencia se ha ido sesgando en la medida en que los Gobiernos centrales abusaban de la técnica de la vis atractiva de la “legislación básica”. Pero, sobre todo, se constata que el sistema, que tantas cosas ha resuelto, no ha sido capaz de solventar definitivamente lo que hemos dado en llamar “hechos diferenciales”. Por otra parte la crisis económica también ha puesto sobre la mesa que  la recentralización significa, ante todo, debilitar el Estado social, ya que en educación, sanidad o bienestar social -pero también en otras políticas públicas- son las Comunidades -y, a veces, los Ayuntamientos- los que asumen las obligaciones constitucionales, ante la pasividad interesada e ideológica de Gobiernos conservadores.

Por todo ello preguntarse si es precisa una reforma no deja de ser un ejercicio retórico tramposo, interesante sólo para quien desee apropiarse del texto constitucional para hacer con él ejercicios de inmovilismo reaccionario. La pregunta no es si hay que reformar, sino qué y cómo.

Y este es el horizonte que ha contemplado el Consell de la Generalitat Valenciana para formular su propuesta de reforma. Sin duda cada Comunidad tendrá sus legítimas preferencias y prioridades, pero para nuestro Ejecutivo hacer esta propuesta es una muestra de responsabilidad, al menos por las siguientes razones:

1.- La deriva existente y las tensiones acumuladas presionan sobre una Comunidad como la nuestra de manera particular: ni nos vamos a inscribir a tesis rupturistas -pese a las provocaciones de las derechas- ni aceptamos pasivamente la recentralización del nacionalismo español. Todo ello laminaría el contenido esencial de nuestro autogobierno, que es la consecuencia del ejercicio del “derecho a la Autonomía” fijado en la Constitución.

2.- Autogobierno y reforma constitucional no son dos conceptos elaborados en un vacío de laboratorio, sino incardinados en un proyecto político concreto y, al menos, tan legítimo como cualquier otro. El Gobierno “del Botànic” asume que sus prioridades reformistas no se van a alcanzar si continuamos asistiendo a una mengua del autogobierno, a la persistencia de la infrafinanciación o si no hay una apertura a nuevos principios y derechos constitucionales.

3.- La Comunidad Valenciana se ha cosido al imaginario español de los últimos lustros como una tierra de prosperidad pregonada por líderes irresponsables, mientras que el lado oscuro del espejismo era un territorio para el juego en un infinito casino de amigos y una política outlet que ha conducido a la decadencia y a la incapacidad para tener voces fuertes en el Estado. Ser la primera Comunidad que hace una propuesta como esta, desde la plena lealtad institucional y sin tacha posible de agitar cuestiones que, a priori, generen enfrentamientos, es una carta de presentación de una nueva época: ni ausentes del debate español por antonomasia ni obligados a someternos a la agenda madrileña.

4.- Esa misma lealtad, y la experiencia política acumulada en el Consell, nos lleva a proponernos como ejemplo de consenso práctico y razonable. Porque estamos convencidos de que toda Constitución -no sólo la de 1978 con la que escapamos de una Dictadura- debe hacerse con consenso, para que éste sea reflejo y estímulo de su potencialidad para favorecer la integración social, cultural y territorial. Pero no habrá consenso sin que cada cuál exponga sus posiciones, si nos limitamos, o se limitan otros, a enarbolar la bandera de la reforma genéricamente y sin ambición de examinar todas las cuestiones abiertas. Otra cosa es la prudencia que debe presidir los debates. Nuestra propuesta es prudente. Precisamente se nos podría acusar de haber eludido algunas cuestiones. Es cierto, pero lo es porque comenzar por los aspectos más delicados quizá destruya toda posibilidad de acuerdo. Por eso nos centramos en los que creemos prioritarios para la ciudadanía valenciana.

¿Esperamos que todas propuestas acaben plasmándose en la reforma final? No. Bastante hacemos con tener la esperanza en que esa reforma se haga: que no se nos pida la ingenuidad de sobrevalorar nuestras fuerzas. De lo que se trata con este texto político y no formalmente jurídico es advertir sobre nuestras prioridades, ponerlas en el escenario de la deliberación pública para que pueda ser tenida en cuenta. Ojalá muchos otros lo hicieran, aunque fuera para contradecir nuestras posiciones. Porque la Constitución ha previsto en su Título X un mecanismo preciso de reforma. En él está contemplado que pueda haber propuestas que vengan de los parlamentos autonómicos y podríamos vehicular la nuestra vía Proyecto de Ley. Pero eso no parece lo más adecuado. Lo más adecuado es preservar el papel central de las Cortes Generales, pero con la activación paralela de un Foro en el que las expresiones más consistentes de la sociedad se expresen. Y en ese marco, y de manera articulada por el Senado, la participación de las Comunidades Autónomas es imprescindible. ¿Cómo no habría de serlo si son actores políticos de primera magnitud?, ¿alguien imagina una reforma que no altere en algo el diseño autonómico?, ¿alguien imagina que podría hacerse sin la participación de los sujetos del derecho a la autonomía?

A partir de estos datos me permito sugerir al interesado que lea el texto, que va mucho más allá, como equívocamente se ha indicado, de las lenguas o las provincias -estos dos elementos ocupan media página de las 24 que tiene el documento- y otros aspectos relacionados con la estructura federal que se defiende, para abordar la necesidad de introducir nuevos valores y principios, incluir o/y blindar nuevos derechos o ampliar en un sentido participativo las instituciones centrales del Estado y afianzar la separación de poderes. Que la parte federal sea la más amplia es lógico, tratándose de una propuesta emanada de un Gobierno autonómico, pero eso no significa ni olvido ni menosprecio de lo que es común a toda la ciudadanía española.

A partir de ahí será bienvenida toda crítica. La única que no tendrá sentido será aquella -yo ya la he escuchado en les Corts- que diga que somos inconstitucionales. Porque, precisamente, la mayor muestra de respeto por la Constitución consiste en defender su reforma a través de los mecanismos que ella estableció. Todo lo demás es otra cosa que me ahorraré de calificar. Por respeto a los que defendimos la Constitución cuando fue necesario, mientras algunos la vilipendiaban o la ridiculizaban desde el fondo de un corazón ahora henchido de amor constitucional.

Manuel Alcaraz Ramos es conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana

La primera propuesta de reforma constitucional ya está sobre la mesa. La Generalitat Valenciana ha presentado este martes su documento para la reforma constitucional, el primero oficial que se ha planteado. Una propuesta con claro espíritu del Botànic, que busca una Constitución más participativa.

Así lo han indicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, cuyo departamento ha elaborado buena parte del documento. Según el conseller, no habría que preguntarse si cabe una reforma de la Carta Magna, puesto que los cambios del país y del entorno son tales que explican esta necesidad por sí sola.

La norma incluye el apartado “derechos para rescatar personas”, que recuerda el eje primero del pacto de gobierno entre las fuerzas de la izquierda valenciana, en el que se propone establecer como derechos fundamentales la expresión de la identidad de género sentida -derecho a la diversidad de orientaciones sexuales y a la libre identidad de género-, el derecho subjetivo a la vivienda digna, blindar el sistema de servicios sociales -convertirlos en derecho subjetivo-, que los dictámenes de la ONU sean vinculantes y mejoras en los derechos de asilo, a la intimidad y el honor en el contexto tecnológico y a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, dedica un párrafo a la protección de los derechos laborales y la lucha contra la precariedad.

Pero, sin duda, al apartado que mayor importancia da el Ejecutivo autonómico (dada su extensión) es al replanteamiento del modelo territorial. El objetivo del Botànic es avanzar hacia un modelo federal -del que Ximo Puig es firme impulsor- en base a varias decenas de propuestas (y numerosas críticas) entre las que se incluye la financiación autonómica, a la que se dedica buena parte del epígrafe.

El nuevo sistema debe prever la financiación autonómica “como un elemento integrante de la concepción general del Estado social” por lo que se “debe garantizar la suficiencia financiera de las autonomías, con prioridad para garantizar los derechos sociales”. Es decir, cubrir como mínimo los gastos en la Sanidad, Educación y Servicios Sociales. “Para ello es preciso establecer mínimos de gasto que garanticen la protección de la prestación de los servicios, así como máximos de gasto para hacerlo financieramente sostenible, que deben ser periódicamente actualizados”, añade la propuesta, que señala que debe actualizarse el sistema de reparto cada cinco años.

Entre los apuntes, se plantea considerar a los ayuntamientos como “un tercer pilar del Estado a los que la Constitución debe reconocer unas competencias básicas que delimiten el ámbito común de la autonomía municipal y garantías de una financiación suficiente, equitativa y solidaria para su ejercicio, sin menoscabo de que las Comunidades Autónomas puedan incrementar esas competencias estatutariamente o por ley autonómica”. Asimismo, propone que “se deben prever fórmulas de cooperación” entre gobiernos locales.

El departamento de Alcaraz aboga por una reforma del Senado para incrementar la representación territorial -la vocación de este órgano- y que haya al menos un representante de cada comunidad autónoma en la Cámara Baja, en función de su peso poblacional. “Queremos convertir el Senado en una Cámara estrictamente territorial o no tiene sentido que exista”, ha indicado Puig.

En el preámbulo, el Consell quiere incluir la lucha contra el cambio climático y contra la violencia de género, así como la promoción de la transparencia y la democratización del acceso al conocimiento. Por otra parte, en el segundo eje, “hacia una democracia avanzada”, el documento insta a buscar un sistema electoral más proporcional y reflejar la pluralidad del sistema judicial. Ambos dirigentes han insistido en que se trata de una propuesta abierta a todas las aportaciones.

“Las personas están mejor atendidas y ven garantizados sus derechos cuanto más desarrollado está el Estado de las autonomías”. Es la conclusión de los titulares de Políticas Inclusivas y Transparencia, Mónica Oltra y Manuel Alcaraz, que traslada una posición común del Ejecutivo valenciano: el Estado español necesita potenciar el autogobierno para ofrecer una vida mejor a sus ciudadanos.

La vicepresidenta del Consell, el conseller de Transparencia y el delegado del Consell para el modelo social, Xavier Uceda, han trasladado sus reflexiones en la presen en la presentación del número 62 de la revista valenciana de estudios autonómicos, un monográfico anual dedicado en esta ocasión a los lazos entre el Estado de bienestar y las comunidades autónomas. En el volumen han colaborado una decena de autores con trabajos como La inspección administrativa de servicios sociales y la protección de los derechos de los vulnerables, de Alba Nogueira o La protección del medio natural; la evolución del concepto y la motivación del bienestar, de Fernando de Rojas. El anterior número se centró en la financiación autonómica, caballo de batalla del Ejecutivo autonómico.

“La Constitución dibuja un Estado que atribuye a las comunidades las competencias sociales, salvo las pensiones. El Estado autonómico es es el de las personas, el del bienestar”, enunciaba el conseller de Transparencia, para señalar que la debilidad del primero repercute en los segundos. “Las críticas desde una perspectiva neoliberal se dirigen al Estado autonómico y al estado social por igual”, ha señalado.

Los portavoces del Gobierno también se han referido a la financiación autonómica -el “chantaje” del Ejecutivo central- como un arma que debilita el modelo de bienestar. La vicepresidenta acusa al Gobierno del PP de no cumplir algunos principios constitucionales como el de la autonomía financiera y ahogar a la Administración autonómica, principal proveedora de servicios públicos. “El inconstitucional sistema de financiación con el que nos castiga el Gobierno hace que se resientan las políticas públicas de protección social que constitucionalmente nos corresponden”, ha criticado la vicepresidenta.

“El nuevo modelo de servicios sociales que impulsamos ya mejora la vida de las personas y lo demuestran los indicadores”, ha continuado Oltra. Según sus datos, la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido un 3'9% en la Comunidad Valenciana mientras que el conjunto de España ha aumentado un 0'9% en el periodo 2015-2016.

Como señaló en una comparecencia anterior en el foro Europa Mediterránea y ha reiterado este miércoles, el Ejecutivo autonómico está elaborando un discurso en el que abogan por un “patriotismo de la gente y no de los símbolos, por una matria más que una patria”, para buscar que los conflictos derivados de los nacionalismos no copen la actualidad.

Y, sin embargo, lo que la hace importante no es esa impresionante participación, sino algunas circunstancias especiales. Ante todo porque el sentimiento de necesidad, el atrevimiento de alzar la voz no se ha producido en un “momento de vacío”. A nadie se le escapa que la crisis catalana planea sobre la situación. Y también aislados, pero ruidosos, episodios de intentos fascistas de apropiación del espacio público. Sobre la manifestación de Valencia planeaba el temor a la tensión. No hubo lugar: la reivindicación de la financiación fue también la reivindicación de un pueblo valenciano maduro, pacífico, que rechaza la crispación, que no es satélite de otras situaciones. Estas decenas de miles de personas no permanecen cautivas de luchas muy antiguas: puede haber una identidad compartida sin necesidad de rasgar la convivencia peleando por símbolos, elevando a categorías sacras los signos particulares. Esta fue una manifestación con banderas -las justas, y sobre todo institucionales-, pero no fue una manifestación de banderas.

La manifestación fue un éxito porque, además de los que acudieron físicamente, la nómina de asociaciones, entidades o instituciones que la respaldaron es el mejor retrato de la sociedad valenciana que ha tomado conciencia de que es hora de pasar de los vapores de la queja deshilachada a la conciencia de la necesidad de vertebrarse en torno a esfuerzos compartidos. Por supuesto esto no es más que el inicio, un primer paso. Porque todavía hay diferencias apreciables, modorras perdurables y hábitos de espléndido aislamiento que perdurarán mucho tiempo. Esa relativa atomización del desencanto, ese repliegue al ensimismamiento, no deja de ser una curiosa y frustrante seña de identidad. Pero estamos aprendiendo a que no nos ponga nerviosos.

La unidad se fraguó frente a la financiación deficiente, esto es: la ausencia reiterada de ingresos suficientes, una deuda histórica insoportable -en términos económicos y de dignidad colectiva-, los abusos del FLA que nos concede como préstamo aquello a lo que tenemos derecho y que es necesario para el autogobierno y los déficits en las inversiones -que, además, crecen con las reiteradas inejecuciones presupuestarias-. Erigirse contra eso supone estar a favor de la Constitución y del Estatut. Pero, a partir de ahí: ¿todos los manifestantes esperan lo mismo?. Es de imaginar que no. Lo del único corazón que late al unísono puede servir para un mitin pero, precisamente, el número elevado de participantes y de entidades comprometidas hace imposible la hipótesis.

Tanto mejor, hay que afirmar inmediatamente. Porque esas discrepancias, que no son sino las opciones legítimas sobre cómo deberíamos gastar aquello a lo que, teniendo derecho, nos es negado por el centralismo, nos recuerdan que la democracia es consenso en las grandes ocasiones y disenso en lo cotidiano. Desde este punto de vista que el consenso -con la excepción del PP- se produzca en este tema significa que, seguramente, algunos enfatizarían la necesidad de mayor gasto en infraestructuras o en aportaciones diversas para una determinada manera de entender el desarrollo económico que, quizá, también incluya la reducción de impuestos. Para otros, sin embargo, mayor inversión es, ante todo, preservación y mejora del Estado social, incremento de la solidaridad y la igualdad. Pero lo importante es que esas divergencias no impiden el entendimiento, ni apreciar que estamos en un momento en el que hay unión sobre estas cosas o el hundimiento es igualmente peligroso para todo y todos: ni habrá crecimiento económico sin cohesión social y una vertebración que no puede abandonarse al clasicismo liberal, ni habrá suficiencia económica para mantener los mecanismos que aseguran derechos y prestaciones sociales sin garantías para su sostenibilidad y crecimiento en el empleo. Por eso la manifestación fue también el avance de posibles pactos de más largo alcance.

Esto es lo que no ha entendido el PP, cegado por la obediencia de unos líderes tan timoratos como faltos de imaginación a sus jefes madrileños. Dadas las circunstancias no pueden siquiera escudarse en una españolidad digna de mejores causas. No para castigar a 5 millones de españoles. El PP valenciano vive en la angustia permanente de la pérdida de votos, de los espacios residuales -pero no desdeñables- que aún conserva y que no es capaz de presentar como alternativas válidas del Gobierno del Botànic. Porque donde éste es capaz de favorecer diálogos, el PP se empecina en recordar su rigidez, su concepción jerárquica de la sociedad jerárquica. El PP valenciano habita un mundo en el que la única gratificación consiste en afirmar el principio de ordinalidad: fue el partido más votado. Es cierto, pero en unas condiciones de dopaje electoral que hace muy difícil que sea capaz de articular mayorías basadas en la admisión normal de la pluralidad. Eso es lo que se ha reflejado en su clamorosa ausencia de la manifestación: fue el más votado por lustros porque supo ser expresión institucional de una mayoría social. Eso es lo que ha perdido entre juicios, facturas extraviadas y abusos del lenguaje: una mayoría así, una vez que no se controla el presupuesto, no se recupera a base de despreciar a todos los potenciales adversarios. Y su ausencia fue eso: un agravio. La respuesta fue no echarle de menos. Aquí se lo recuerdo porque los que sí que fuimos sabemos que es importante que recuperen la cordura, que sean respetuosos con sus votantes y que, superando la rabia perdurable por la derrota, sean capaces de reabrir un periodo de diálogo y de humildad. Incluso les rogamos prudencia.

*Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

El 17% de los ayuntamientos valencianos no tienen portal de Transparencia y el 4% está en construcción. Del 79% restante, solo un 11% tiene un portal completo, acorde a los principios que establece la última ley de Transparencia. Sin embargo, el gran porcentaje de ausentes corresponde a los municipios de menos de 5.000 habitantes, según el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz.

Alcaraz ha comparecido este lunes en les Corts para evaluar las acciones que son de su competencia en la administración local. Según el conseller, el 90% de la población reside en municipios que sí cuentan con un portal de transparencia activo. Esto evidencia, ha considerado, que son los ayuntamientos más pequeños los que mayores problemas tienen para facilitar información a sus ciudadanos y dotar de contenido actualizado la página web. Frente a ello, el titular de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado que en los presupuestos para 2018 su departamento prevé dos líneas de subvenciones para los ayuntamientos; una de 350.000 euros y otra de 400.000, esta última destinada a municipios de menos de 5.000 habitantes.

Aún así, el conseller, ha comentado: “Nuestras competencias son las que son. No está en nuestra mano solucionar problemas concretos. No podemos hacer el portal de transparencia de un ayuntamiento ni perseguir a los alcaldes”.

Para finales de este año, Transparencia ha puesto en marcha un plan de acercamiento de la Administración a la ciudadanía. La iniciativa incluirá un nuevo modelo de oficinas Prop como puntos de asistencia en materia de registro y uso de medios electrónicos; la potenciación del chat de texto y la difusión del canal de chat de vídeo, así como un estudio de viabilidad para la implantación de Oficinas Prop virtuales en ayuntamientos.

Entre los sistemas presenciales y no presenciales, el Ejecutivo valenciano pone a disposición del ciudadano las oficinas Prop, el canal telefónico 012 y canal internet a través de la Guía Electrónica, además de haber incorporado recientemente un videochat en lengua de signos. Alcaraz los ha definido como herramientas “fundamentales” para facilitar a las personas sus derechos, el cumplimiento de obligaciones y el acceso a los servicios públicos. Según sus datos, se ha pasado de 10 millones de atenciones en 2015 a más de 24 hasta septiembre de 2017, la mayoría por internet y sobre convocatorias públicas de empleo, becas de comedor y el programa Xarxa Llibres.

Y es que ahora hemos conmemorado los 40 años de la manifestación de 1977 que puso en la calle la reivindicación de la autonomía, dicha con tantas voces como acentos diversos, pero convertidos -permítaseme recaer en el tópico-, en un clamor unitario que hizo que la idea de autogobierno, aquí, como en otros sitios, quedara indeleblemente cosida a la reivindicación radical de democracia que alboreaba en aquellos días de dubitativo postfranquismo. Y es que la vertebración del Estado en unidades con amplias dosis de autogobierno no fue un añadido a la idea democrática, sino una de sus formas peculiares, quizá la más notable. Que ello fuera vivido con distintos niveles de urgencia e intensidad no es sino la mejor muestra de que esa misma diversidad es la que hacía -y hace- imprescindible la pluralidad organizativa del Estado.

En el Congreso también se celebrarán los 35 años del Estatut d'Autonomia. Si la manifestación fue una fiesta -trágicamente rota por el asesinato de Miquel Grau en Alacant- la redacción del Estatut se hizo en un ambiente más complicado, a menudo manchado por la violencia y, en cualquier caso, por el descubrimiento que hizo el pueblo valenciano de que no le bastaba con un único espejo para interpretarse, que necesitaba más y que ello le privaría de fuerza en algunos momentos clave. Algunos, en ese proceso, se equivocaron. Otros obraron de buena fe. Otros lo hicieron, premeditadamente, para paralizar el desarrollo democrático. Pero el Estatut salió adelante, entre fatigas y algunas emociones. Y sirvió para que el autogobierno, pese a todo y pese a algunos, se hiciera realidad. Porque el pueblo valenciano no había estado habituado a buscar en lo institucional un referente prioritario -es más fácil bordar las emociones en banderas o himnos-. Pero desde 1982 tubo que hacerlo. Y en ello profundizó con la reforma estatutaria de 2006.

Por eso el Congrés rinde homenaje de recuerdo a actores originarios -políticos, periodistas o profesionales- pero no se detiene en una conmemoración de vocación arqueológica y se estructura en torno a algunos de los grandes ejes que han permitido el desarrollo estatutario: economía, territorio, derechos... E igualmente se convoca una mesa de políticos en activo para reflexionar sobre el quo vadis? del Estado autonómico. No se nos escapa la complejidad del momento en el que la casualidad ha querido que trabajemos estos temas. Por eso debo agradecer particularmente la generosidad de los y las participantes. Y al mismo tiempo sugerir que la reflexión franca y sin prejuicios sobre el Estado autonómico quizá fuera un ingrediente valioso para superar gravísimos conflictos que, tratados aisladamente, difícilmente encontrarán comprensión y satisfacción.

Las formas de entender y desear el encaje en España son variados y esperar una manera uniforme de ser y estar en España es una quimera que puede acabar por contribuir a fugas hacia adelante… o hacia afuera. El miedo a la uniformidad será un poderoso factor de incertidumbre y conflicto. Ello no significa que los deseos secesionistas se multipliquen pero, al menos, supondrá que la convivencia intercomunitaria puede volverse enormemente áspera. Las tendencias a ese uniformismo, que inevitablemente supondría una inclinación a la baja en las dosis reales de autogobierno -esto es: de poder, incluido el financiero, para decidir sobre los propios asuntos con la mínima y subsidiaria intromisión de las instituciones centrales del Estado-, tienen dos fuentes principales que, anticipo, nada tienen que ver con los problemas de Catalunya, pues, por ejemplo, no existieron en épocas en que el secesionismo vasco teñía de sangre a España. A mi modo de ver esas dos causas son:

1.- El éxito mismo del Estado autonómico que ha agotado su techo, salvo para algunas Comunidades que, por diversas razones, no desean un cambio en el status quo existente, bien porque se sienten beneficiados por el mismo, en términos de recompensas materiales, bien porque simbólicamente se sienten más dichosas como partes subalternas de un todo que como copartícipes del todo, bien por ambas razones. Pero para otras numerosas Comunidades, la necesidad de blindar sus competencias ante los embates centralistas ante el abuso de la legislación básica o por la deriva centralista en la interpretación judicial, es vivida con tanta intensidad como la de disponer de una financiación justa y la de contribuir a la conformación de la voluntad del Estado en su conjunto. En definitiva, ese éxito del Estado autonómico empuja mayoritariamente a un nuevo pacto soberano que traiga a España un modelo federal, el que más éxito ha tenido históricamente para organizar los Estados complejos.

2.- La redacción de la Constitución y su desarrollo posterior han hecho que los principales sistemas de bienestar e igualdad -salvo el de pensiones- estén en manos de las Comunidades Autónomas -y en una pequeña parte de los poderes locales, privados de medios-. Este hecho hace que la calificación del Estado como “social”, la primera que se hace en la Constitución, haya quedado anudada al Estado autonómico, pudiendo presumirse que, más allá de errores u opciones particulares más o menos legítimas, un debilitamiento de la fuerza de las Comunidades supone disminuir la capacidad de intervención pública en educación, sanidad, políticas inclusivas y de igualdad o en investigación científica. Y eso, al parecer, es lo que los gabinetes de pensamiento conservador han pretendido hacer, aprovechando la crisis. Y a eso está ligado la insuficiencia financiera endémica que en la Comunidad Valenciana padecemos con especial virulencia.

El debate es mucho más complejo y espero que en estos días se aclaren algunos puntos. Necesitamos hablar más para saber más y entendernos mejor. No estamos condenados a la confrontación. Al revés: pese a los sombríos perfiles de la actualidad, los últimos 40 años muestran que el diálogo y el acuerdo son buenos negocios. Ahora necesitamos tanto mejores instrumentos institucionales como un nuevo sentido para la lealtad institucional. Y eso parece entenderlo la mayoría de la población española en el último barómetro del CIS, hecho público esta misma semana: hay una clara minoría que desea un retroceso a posiciones centralistas, y eso en mitad de un vendaval de sentimentalismo, azuzado por la mayoría de medios de comunicación que tampoco derrota a la compatibilidad de sentimientos de pertenencia a España y las respectivas Comunidades Autónomas.

A ese debate estamos llamados el pueblo valenciano, 40 años después. Todas las opciones que renuncien de antemano a hacer del discurso del odio y de la violencia -incluida la simbólica- su instrumento están perfectamente legitimadas para comparecer en el espacio público con sus propuestas. Personalmente apelaré a la construcción tranquila y eficiente de un valencianismo plural de la mayoría, de un territorio de relatos distintos pero compartidos en que podamos renunciar a cualquier sucursalismo, en el que reivindiquemos los medios que precisemos para la dignidad y la igualdad y en el que se admita como perdurable fuente de riqueza el dualismo en tantas cosas y el gusto por el diálogo y la controversia para todas las que se hagan con transparencia, respeto institucional y afán de mejorar la vertebración territorial y el respeto común. No se trata de que haya valencianistas contra no-valencianistas, sino de que cada fuerza política incorpore este ingrediente de comprensión mutua y reivindicación de lo propio al resto de sus rasgos ideológicos y de su cultura política. Y que cada cuál decida la medida y las prioridades.

*Manuel Alcaraz es conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana

Satan, així es coneix de moment -“acabarem posant-li un altre nom, com Salert”- el sistema d'alertes que està desenvolupant la Generalitat Valenciana, gràcies a un conveni amb la Universitat Politècnica de València (dotat amb 55.000 euros), que té com a objectiu principal la prevenció de les males pràctiques per mitjà del control de les diferents bases de dades de l'administració autonòmica, que es creuaran per a detectar possibles irregularitats per a corregir-les i evitar que es puguen produir casos de corrupció.

Es tracta d'una eina, “la més moderna d'Espanya i una de les més modernes d'Europa”, que estarà a la disposició de la inspecció general de servei i que està contemplada en l'avantprojecte de llei aprovat aquest divendres pel ple del Consell, tal com ha explicat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz. La qüestió, ha aclarit el conseller, és que es puguen detectar aquestes pràctiques irregulars de manera que puguen ser posteriorment remeses a qui corresponga perquè realitze la corresponent recerca: Agència Antifrau, la Fiscalia, el Tribunal de Comptes...

Així, es tracta d'una eina de detecció primerenca de possibles irregularitats i males pràctiques administratives: “Es tracta d'avançar un pas més en l'estratègia d'enfortiment dels instruments de control que millore els nivells d'integritat de l'administració i propicie una actuació acord al compliment dels principis de transparència, legalitat, objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència”.

El titular de Transparència ha destacat l'aposta del Botànic per la Inspecció General de Servei, “la primera barrera d'autocontrol” en l'administració autonòmica. “És un organisme molt important, que actualment compta amb quinze funcionaris, un nombre que volem ampliar a vint i que amb el PP en el Govern només tenia tres treballadors”, ha explicat Alcaraz.

En l'elaboració d'aquesta norma han col·laborat entitats com Transparència Internacional o la Fundació Baltasar Garzón, així com també Hervé Falciani , l'informàtic que va traure del banc privat suís HSBC la major llista de evasors fiscals de la història. A més, el sistema d'alertes, “compatible amb l'Agència Valenciana Antifrau”, està previst que es puga utilitzar en altres administracions valencianes i la Generalitat també està en converses amb altres institucions espanyoles en les quals es podria desenvolupar.

El Satan està, de moment, en proves i no s'engegarà fins que la llei siga aprovada, “esperem que a la primavera, de manera que puga estar totalment operatiu al llarg del pròxim any”, ha dit Alcaraz.

Satan, así se conoce de momento -“acabaremos poniéndole otro nombre, como Salert”- el sistema de alertas que está desarrollando la Generalitat Valenciana, gracias a un convenio con la Universitat Politécnica de Valencia (dotado con 55.000 euros), que tiene como objetivo principal la prevención de las malas prácticas por medio del control de las distintas bases de datos de la administración autonómica, que se cruzarán para detectar posibles irregularidades para corregirlas y evitar que se puedan producir casos de corrupción.

Se trata de una herramienta, “la más moderna de España y una de las más modernas de Europa”, que estará a disposición de la inspección general de servicio y que está contemplada en el anteproyecto de ley aprobado este viernes por el pleno del Consell, tal y como ha explicado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. La cuestión, ha aclarado el conseller, es que se puedan detectar estas prácticas irregulares de modo que puedan ser posteriormente remitidas a quien corresponda para que realice la correspondiente investigación: Agencia Antifraude, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas... 

Así, se trata de una herramienta de detección temprana de posibles irregularidades y malas prácticas administrativas: “Se trata de avanzar un paso más en la estrategia de fortalecimiento de los instrumentos de control que mejore los niveles de integridad de la administración y propicie una actuación acorde al cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia”.

El titular de Transparencia ha destacado la apuesta del Botànic por la Inspección General de Servicio, “la primera barrera de autocontrol” en la administración autonómica. “Es un organismo muy importante, que actualmente cuenta con quince funcionarios, un número que queremos ampliar a veinte y que con el PP en el Gobierno sólo tenía tres trabajadores”, ha explicado Alcaraz.

En la elaboración de esta norma han colaborado entidades como Transparencia Internacional o la Fundación Baltasar Garzón, así como también Hervé Falciani, el informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia. Además, el sistema de alertas, “compatible con la Agencia Valenciana Antifraude”, está previsto que se pueda utilizar en otras administraciones valencianas y la Generalitat también está en conversaciones con otras instituciones españolas en las que se podría desarrollar.

El Satan está demomento en pruebas y no se pondrá en marcha hasta que la ley sea aprobada, “esperamos que en primavera, de modo que pueda estar totalmente operativo a lo largo del próximo año”, ha dicho Alcaraz.

“El espíritu de unidad” de la manifestación que hace 40 años reivindicó en Valencia la libertad y la autonomía sirve de inspiración al congreso sobre el autogobierno del pueblo valenciano que ha organizado la Generalitat Valenciana para los días 8, 9 y 10 de noviembre. Así lo ha explicado este jueves el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, al presentar su programa.

Con la intención de revisar el trayecto recorrido a partir de las aportaciones de especialistas en diversos campos y de los testimonios de algunos de los que protagonizaron la transición a la democracia en clave valenciana, el congreso ha conseguido, según Alcaraz, “un elevado nivel de pluralismo ideológico y político”.

Ese pluralismo afecta a la representación de las fuerzas que jugaron su papel en la puesta en marcha del autogobierno y también a las que actualmente protagonizan la escena política. Este último aspecto se refleja en una mesa redonda de clausura a la que han convocado su asistencia primeras figuras de Compromís, Podemos, el PP, Ciudadanos y el PSOE, aunque los nombres de los dirigentes que participarán están condicionados a sus posibilidades en función de la agenda.

A los 35 años del Estatut d'Autonomia y cuando se prepara la conmemoración en 2018 de los 600 años de la creación como institución de la Generalitat, la pretensión del Consell, que colabora con la cátedra de Derecho Foral de la Universitat  de València en la organización del encuentro, “no es hacer una celebración arqueológica”, según ha destacado Alcaraz, sino contribuir a “renovar el pensamiento sobre el autogobierno”.

El exconseller de Cooperación del PP, Rafael Blasco, dejó una mancha en el currículum de la administración valenciana difícil de borrar. Con el exconseller en prisión por desviar 1,8 millones de euros de ayudas en Nicaragua para comprar pisos y otros inmuebles, el Ejecutivo valenciano -Govern del Botànic- tenía la complicada tarea de refundar el modelo de cooperación y terminar con la mala reputación de la Comunidad Valenciana.

Ese es uno de los objetivos de la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible que ha presentado este miércoles el conseller Manuel Alcaraz ante las Corts Valencianes. Un proyecto en el que han participado todos los actores de cooperación valenciana y aprobado por unanimidad en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, órgano en el que están representados los grupos parlamentarios, las ONG y las universidades, entre otros agentes. Para el conseller, las ONG “representan mejor que nadie la dignidad de la sociedad valenciana”.

La norma compromete a la Generalitat a destinar un 0,7% de su presupuesto de cada ejercicio a políticas vinculadas a cooperación y desarrollo sostenible. Este compromiso se supeditará a las disponibilidades reales de la hacienda del gobierno valenciano, al cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

La ley incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, aprobados por Naciones Unidas hace dos años en Nueva York. Estas propuestas esquematizan a través de distintos objetivos las prioridades del desarrollo integrando tres dimensiones: social, económica y medioambiental. Además, el texto incorpora el enfoque de género en todos los ámbitos de la cooperación.

Los objetivos, según Alcaraz, “son una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.

Entre los ámbitos de la cooperación, la ley contempla actuar sobre la cooperación económica, financiera y técnica, sobre la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global, la contribución a la formación e investigación y el apoyo a iniciativas de comercio justo.

La ley incluye como prioridades de la cooperación valenciana al desarrollo el apoyo a las áreas de mayor pobreza y desigualdad, aquellas en las que se produzcan transgresiones graves de los derechos humanos, conflictos o situaciones de emergencia humanitaria, los pueblos y países más empobrecidos y/o con mayores flujos migratorios y de población refugiada; además de aquellos países que presenten peores indicadores de desarrollo humano de la infancia.

A su vez, se plasman prioridades relacionadas con el derecho a los bienes públicos globales; el derecho a la participación y a la gobernanza democrática, al desarrollo, los derechos de la tierra y los relacionados con las mujeres y la infancia.

“Habría que poner en marcha una reforma constitucional que reconozca la transparencia como un derecho fundamental y como base de las políticas públicas”. Así lo ha señalado el consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, en la inauguración del IV Congreso Internacional del Avance del Gobierno Abierto y II Congreso de Buen Gobierno y Transparencia que se celebran miércoles y jueves en la Universitat de València.

Durante su intervención, Alcaraz ha señalado la apuesta estratégica de la Conselleria para invertir en conocimiento. Fruto de esto, ha dicho, es la colaboración establecida con las universidades para investigar y promover la transparencia y el buen gobierno. De hecho, los congresos inaugurados se organizan en el marco del convenio de colaboración establecido entre la UV y la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Manuel Alcaraz ha explicado que, desde la Generalitat, “queremos formar profesionales críticos que, de la mano de la sociedad civil, desarrollan este derecho a la transparencia”.

El conseller ha valorado también el hecho que ya hay cuatro gobiernos autonómicos que se han decidido a crear consellerias específicas de transparencia como “antídoto frente a episodios de corrupción”. En este sentido, ha destacado el avance que supone y que mujer cumplimiento a la demanda ciudadana respecto a las instituciones y sus responsables políticos.

“Hem arribat més lluny que cap altra administració”. La Generalitat ha ampliat l’abast del seu portal de transparència per a donar accés a la ciutadania no sols a dades sobre retribucions o obsequis –ja disponibles–, sinó també a pràcticament tots els moviments de caire econòmic de l’Administració autonòmica.

La secció Comptes oberts de la web pública ja ofereix dades sobre els moviments bancaris, els saldos comptables, les subvencions o els moviments de caixa de tota l’Administració valenciana. “Un striptease comptable complet i sense precedents”, segons ha dit el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, en la presentació feta aquest dimecres.

L’Administració, segons el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, posa a disposició de la ciutadania tota la informació que té. El despullament arriba no sols al Govern valencià, sinó també a tot l’aparell públic empresarial –Ciutat de la Llum, per exemple–, les seues fundacions (de l’estil de CEAM) o organismes associats, com la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura. Prop de 70 organismes obrin els seus comptes a la ciutadania.

Segons els promotors, la informació a colp de clic té només dues limitacions: les que marca la llei sobre la protecció de dades o la protecció del dret a la intimitat. Fins i tot els moviments de la caixa fixa. Aquesta partida serveix per a afrontar despeses inesperades o puntuals, com ara taxis, dietes o materials d’oficina sense control pressupostari previ que va ser objecte de diverses denúncies durant el mandat del PP.

El Consell va arribar a amenaçar de portar davant de la justícia les despeses d’un conseller a càrrec de la caixa fixa –abans, de fiscalització gairebé impossible– en sashimi, colpets i, fins i tot, propines. Ara, aquests moviments es bolcaran a la web. “S’ha acabat la cambra obscura” que hi havia amb el PP, ha dit Soler. “Cal retre comptes pel que fa als diners del contribuent, que són sagrats”.

Segons Alcaraz, el portal de transparència és una eina contra “l’opacitat, a favor de la ciutadania”. També, un “instrument de control democràtic i de prevenció de la corrupció”. El PP va voler deixar sense pressupost la seua conselleria, a què considera “prescindible”.

“Hemos llegado más lejos que ninguna otra administración”. La Generalitat ha ampliado el alcance de su portal de transparencia para darle acceso a la ciudadanía no solo a datos sobre retribuciones u obsequios -ya disponibles- sino a prácticamente todos los movimientos de índole económica de la administración autonómica.  

La sección comptes oberts de la web pública ya ofrece datos sobre los movimientos bancarios, los saldos contables, las subvenciones o los movimientos de caja de toda la administración valenciana. “Un estriptis contable completo y sin precedentes”, según ha dicho el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la presentación realizada este miercoles.

La administración, según el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, pone a disposición de la ciudadanía toda la información que obra en su poder. El desnudo alcanza no solo al gobierno valenciano, sino a todo el aparato público empresarial -Ciudad de la Luz, por ejemplo-, sus fundaciones (estilo CEAM) u organismos asociados, como la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura. Cerca de 70 organismos abren sus cuentas a la ciudadanía.

Según sus promotores, la información a golpe de clic tiene solo dos limitaciones: las que la marca la ley sobre la protección de datos o la protección del derecho a la intimidad. Incluso los movimientos de la caja fija. Esta partida sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales de oficina sin control presupuestario previo y fue objeto de varias denuncias durante el mandato del PP.

El Consell llegó a amagar con llevar ante la justicia los gastos de un conseller con cargo a la caja fija -antes, de fiscalización casi imposible- en sashimi, chupitos y hasta propinas. Ahora, estos movimientos se volcarán a la web. “Se ha acabado la cámara oscura” que existía con el PP, ha dicho Soler. “Hay que rendir cuentas con respecto al dinero del contribuyente, que es sagrado”.

Según Alcaraz, el portal de transparencia es una herramienta contra “la opacidad, a favor de la ciudadanía”. También, un “instrumento de control democrático y prevención de la corrupción”.  El PP quiso dejar sin presupuesto su conselleria, a la que considera “prescindible”.

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha abierto este martes la consulta pública el anteproyecto de la ley reguladora de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público, tal como publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Todos los interesados en participar podrán presentar sus alegaciones, observaciones y sugerencias durante los próximos 15 días hábiles.

Esta norma innovadora pretende garantizar la transparencia en la participación de los grupos de interés en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de proyectos normativos, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión pública.

Se trata de una nueva herramienta de participación, con la que se persigue “mejorar la calidad de las normas, ahondar en las prácticas que definen el buen gobierno y facilitar la resolución de conflictos antes de la aprobación de las normas”, informa la administración autonómica a través de un comunicado.

El anteproyecto de ley hace efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés a través de un registro carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio. De esta forma, la ciudadanía podrá acceder a la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la administración.

Por otra parte, la futura norma regula un código de conducta para los lobbies, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral.

El nuevo texto normativo contempla lo que se denomina “huella normativa”, referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, para asegurar así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Otras de las líneas que establece el anteproyecto de ley es la posibilidad de que ciertas normas, como anteproyectos de ley y decretos del Consell, puedan ser negociadas con los lobbies, sin que ello sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia, previstos en la normativa vigente.

Por último, también recoge un régimen sancionador específico en la materia y tipifica los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público, y las sanciones que pueden suponer.

En el seno del gobierno valenciano que preside Ximo Puig dos consellers ejercen una cierta autoridad basada en la experiencia. Son el titular de Hacienda, el socialista Vicent Soler, catedrático de Economía, y el de Transparencia, Manuel Alcaraz, de Compromís, profesor de Derecho Constitucional. Ambos han publicado libros, no sólo de sus especialidades, sino también sobre la sociedad valenciana y sus problemas. Alcaraz (Alicante, 1958) milita, además, en Iniciativa del Poble Valencià, el partido de la vicepresidenta Mónica Oltra, que ha explicado alguna vez que discute más con él que con ningún otro conseller.

En el ecuador de la legislatura que propició el cambio político tras más de dos décadas de hegemonía del PP, Alcaraz reflexiona sobre lo conseguido desde que se firmó el Pacto del Botánico, sobre los problemas que se ha encontrado el Consell y las perspectivas de futuro.

En una conferencia reciente en un foro de opinión, al hacer balance, exclamaba usted: “No nos conformamos con cuatro años”.  ¿Más allá de que todos los gobiernos quieren perpetuarse, por qué merece el gobierno del Botánico cuatro años más?

Allí marcaba dos grandes logros de política general. Uno, haber superado la fase de que ser valenciano daba vergüenza (aunque, en realidad fuera culpa de una parte de los valencianos). Eso te inmovilizaba. Y es evidente que, desde que está el gobierno del Botánico, la capacidad de presión, de influir fuera de la Comunidad Valenciana, es real. Pero se trata de una realidad que necesita crecer. Todavía nos falta establecer muchos vínculos con la sociedad civil para presionar ante el Gobierno del Estado, las instituciones europeas, etc. Además, hay que evitar una recaída en historias, no tanto de corrupción, como de amiguismo y nepotismo. Estoy convencido de que el PP recaería de forma generalizada a los pocos días de gobernar. Sobre eso no hemos oído ninguna reflexión. Hemos oído que pedían perdón una vez por la corrupción. Pero, aparte de la gran corrupción, hay una corrupción capilar sobre la que el PP todavía no ha hecho reflexión alguna.

El segundo logro consiste en que hemos estabilizado al enfermo. La Comunidad Valenciana se ha estabilizado en términos de déficit, de funcionamiento de las instituciones, de relación con la sociedad, de transparencia. Y se han puesto en marcha una gran cantidad de políticas públicas que van más lentas de lo que nos gustaría, y lo reconocemos, pero que cada día son más firmes. La realidad y la percepción ciudadana es que necesitamos más tiempo.

Más tiempo, más dinero y más funcionarios, ¿no? La queja del gobierno del Botánico se centra en la falta de financiación y de funcionarios...

Hay datos extraordinariamente alarmantes. No se le puede estar contando al ciudadano cada vez que aparece un problema, pero es evidente que para mantener los servicios públicos con un mínimo de eficacia hacen falta más funcionarios y más jóvenes, con nuevas competencias. Hay que modernizar la Administración. No es una crítica a los funcionarios existentes sino que, debido a los años que han pasado sin convocarse oposiciones, es normal que se dé un cierto envejecimiento de la población funcionarial. Yo también soy un funcionario mayor. Lo que exige este Consell a los funcionarios es mucho y no podemos más que estar agradecidos a ellos. Hay que tener en cuenta que este es un gobierno reformista, que va poniendo en marcha políticas públicas y nuevos servicios.

Y consellerias nuevas como la suya...

Aquí, por ejemplo, hemos puesto en marcha el portal de transparencia, el registro de conflicto de intereses está a punto. Pretendemos hacer un registro de lobbies y queremos crear órganos destinados a promover la participación ciudadana. Son cosas que demanda la sociedad pero que necesitan funcionarios. El esfuerzo que tiene que hacer la dirección general de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que depende de la Conselleria de Hacienda, es inmenso. Tenemos que modernizar la estructura e ir hacia una Administración telemática. Eso es muy difícil.

El Consell del Botánico, como un surfista, parecía que montaba una ola de cambio que llegaría al Gobierno de España. Pero la ola se ha quedado aquí y lo ha dejado en primera línea de playa. ¿Hasta qué punto ha trastocado eso las expectativas?

Si tiene que haber un Gobierno de izquierdas, sin duda tendrá que ser mucho más sensible hacia los problemas de los valencianos. ¿Por qué? Porque no habrá un Gobierno de izquierdas en Madrid si la izquierda en su conjunto no es capaz de mostrar mayor sensibilidad hacia los problemas de inequidad en el conjunto del Estado, sin incorporar nuevas alianzas y sin sensibilidad hacia nuevos fenómenos de la sociedad española que tienen su reflejo, entre otros, en el problema de la financiación autonómica. No puede haber un Estado social completo, que será la bandera con la que volverá la izquierda al gobierno del Estado, sin asumir que no se puede dejar atrás a una comunidad de cinco millones de habitantes.

He hablado a veces de una tercera España. Creo que existe la España muy integrada; hay una España que se quiere ir, como Cataluña, o que ha conseguido históricamente una serie de privilegios, como los vascos o los navarros, pero también una tercera España, formada por unas comunidades que no reivindican una salida separatista pero que cada vez se pueden sentir más incómodas en un Estado que se está recentralizando. O la izquierda comprende eso o no llegará al Gobierno. Y si por un avatar lo lograra, tendría muchos problemas. Esto no quiere decir que la izquierda tenga que ser más nacionalista o menos. Esos son debates de Madrid, en los que este gobierno no ha caído nunca.

Es verdad que la victoria del Botánico se inscribió en una ola de triunfos parciales de izquierdas con diversas fórmulas. Podemos presumir del hecho de que la que ha demostardo más estabilidad es la de la Comunidad Valenciana. De eso tenemos que sentirnos orgullosos.

Gestionar la diversidad parece haberse convertido en un problema difícil de superar para la izquierda...

En general, en las izquierdas sigue habiendo un problema que se da con más o menos intensidad. Me refiero a la existencia de personas, dirigentes, que no han asumido que la época de las mayorías absolutas se ha acabado para unas cuantas décadas. Ante una situación de crisis, se está produciendo una fragmentación de las culturas políticas a izquierda y derecha. Lo que sucede es que la derecha lo tiene más fácil para no fragmentarse tanto, pero la izquierda no. Y necesita desesperadamente reencontrarse con unos discursos propios. Por ejemplo, me fascina el problema de qué da sentido a la militancia política. Si los integrantes de partidos políticos no encuentran un sentido a militar, la fórmula partido va a estar en crisis. Eso es probablemente algo que acabamos de ver en el PSOE, pero sobre todo es lo que estamos viendo en el PP de la Comunidad Valenciana, que intenta desesperadamente construir un modelo centralizado, unitarista, y no le sale. El final de las grandes mayorías absolutas plantea un problema que todavía no está resuelto: cómo gobernar haciendo perceptible a la ciudadanía que se resuelven problemas y no solo se enarbolan banderas. Nosotros estamos ofreciendo probablemente la respuesta más eficaz de toda España.

¿Y qué papel juega Compromís en esta fórmula valenciana?

Compromís fue el ensayo general. Fue y sigue siendo una agrupación de fuerzas políticas inicialmente pequeñas que toman conciencia de que necesitan agruparse. Diría que hay varios fenómenos que coinciden. Uno es la pulsión verde, que no solo es de los Verdes. Por ejemplo, en Iniciativa hay mucho de eso, porque se reencuentra consigo misma hablando de la izquierda ecosocialista. Pero también en el Bloc hay un discurso de defensa de la tierra. Por otra parte, el discurso es muy valencianista en su conjunto. No solo por el Bloc. En Iniciativa nos ha preocupado mucho el tema de la cuestión nacional o de la vertebración del país. Solo hay que leer las cosas que hemos escrito algunos. Incluso en Iniciativa hemos sido en algunas cosas más sensibles a una vertebración que no olvide el sur o que no olvide las comarcas castellanohablantes.

En el Bloc ha habido también una apertura a un pensamiento progresista que suponía superar algunos de los principios con los que se construyó inicialmente. He aludido alguna vez a la búsqueda desesperada de una burguesía valencianista que nunca se encontró. No ha sido, por tanto, un agregado de piezas, sino que ha supuesto una aproximación que antes se llamaba dialéctica y que ha llevado a una cierta síntesis. Por eso ha sido un ensayo general. Además, hay un factor curioso. Más allá de algunos momentos tácticos, Compromís es una izquierda no socialista, pero no una izquierda antisocialista. Y eso es importante porque durante décadas en que el Partido Socialista era hegemónico, y a veces insultantemente hegemónico, la izquierda podía ser prosocialista y acabar entrando en una satelización por parte del PSOE o acababa siendo antisocialista, con lo que se hacía irrelevante.

¿Es eso lo que le puede pasar a Podemos?

Creo que lo de Podemos es más complicado. Está efectuando un tránsito, que no sé si será capaz de culminar, de la ideología a la política. Les ha ocurrido a otras fuerzas de la izquierda.

¿Puede pasarle como a izquierda Unida?

Puede pasarle, puede acabar sintiéndose muy cómodo con los discursos con los que siempre se acaba teniendo razón, Ahora bien, hay partes importantes de Podemos que son muy conscientes de ese peligro y están intentando avanzar y cambiar. Podemos avanzará mucho cuando gobierne directamente. Ese será el siguiente estadio de Podemos, bajar de las musas al teatro.

A veces Podemos da la sensación de que cree en una alterntiva de izquierdas sin el PSOE. ¿Existe alguna alternativa que no pase por el PSOE?

En este momento no hay alternativa de izquierdas que no pase por el PSOE y por otra fuerza distinta del PSOE, que en unos sitios es Podemos, en otros Compromís, En Comú o lo que pueda surgir, Aquí van a pasar todavía más cosas. Estoy convencido de que se producirán otras expresiones de este maremoto. Quién sabe si serán plataformas o qué. Dependerá de si hay cambios en las leyes electorales. El problema es hasta dónde un sistema político admite la fragmentación permitiendo la gobernabilidad. Históricamente, en la filosofía democrática desde la posguerra ha habido una esicisión entre el poder y el poder ser, pero ahora se ha introducido otro factor: el cómo ser.

¿A qué se refiere?

Podemos recuperar algunas cosas del discurso socialdemócrata originario y por ejemplo en España del eurocomunismo, o de un pensamiento libertario e incorporar el pensamiento verde. ¿Pero cómo se vertebra toda esa amalgama? Esa es la cuestión. Uno de los descubrimientos de la crisis es que el color del gato sí que tiene importancia. No basta con que cace ratones. Si el sistema sanitario se va privatizando, se acaba convirtiendo en un factor de inequidad. Lo que es verdadero en el corto plazo a los mejor ya no lo es en el largo plazo. Esa es la enseñanza de la necesidad de reconstruir el Estado social.

¿Haciendo autocrítica, qué podria haber hecho el gobierno del Botánico estos dos años y no ha hecho?

El gran pecado del gobierno del Botánico es la ingenuidad. Son dos clases de ingenuidad. Por una lado pensábamos que gobernar es más fácil de lo que realmente es, que es más cuestión de voluntarismo que de conocimientos. Y por otro, creíamos que una mayoría electoral significa automáticamente una mayoría social de apoyo. Esa mayoría social de apoyo existe pero hay que constituirla mucho más. Las mayorías sociales para que sean perdurables en el tiempo tienen que ir reconfirmándose, a través de actos simbólicos, de adhesiones a cosas... Probablemente, tenemos que poner mucho más énfasis todavía en lo que queda de legislatura y en la próxima legislatura en las clases medias atrapadas en un ascensor entre dos pisos. Aquí el ascensor social se para y, por tanto, la mayoría social pasa por cómo conseguir que el ascensor vuelva a moverse, aunque sea muy despacio, sin dejar en la planta baja a muchos sectores de la población. Se trata de reconstruir principios de solidaridad en los que el discurso de rescatar personas sea un firme compromiso, irrenunciable.

Coinciden muchos en que el modelo económico es uno de los aspectos en los que más ha fallado el Consell. ¿Por qué?

El conseller de Economía lo ha repetido y no siempre se le ha entendido bien. El modelo económico es fruto de tantas decisiones y tiene unos niveles tales de complejidad que es lo más lento de todo un proceso. No puedes por un acuerdo del Consell cambiar partes decisivas de la economía. Estamos restaurando. Lo que conlleva cambios estructurales. Por tanto, requiere de tiempo, de incorporar conocimiento. Es un lugar común en el discurso de todos los gobiernos que la incorporación de conocimiento es fundamental. ¿Pero cómo se incorpora? Uno de los seminarios que haremos en Alicante en los Diàlegs d'estiu está dedicado al cambio tecnológico y el cambio social. No podemos hacer de esto una cuestión naïf. Además, el cambio económico tiene un margen de maniobra muy escaso. Dependemos en esto de decisiones europeas y del conjunto del Estado. Finalmente, y es lo más obvio, un cambio económico puede hacerse mejor en una buena situación económica y con la infrafinanciación autonómica resulta muy difícil. Los consellers de Economía y de Hacienda y el propio presidente Puig son conscientes de que tenemos que profundizar en los debates económicos.

¿Pero hay diferencias con el modelo que heredaron?

El discurso va estrechamente ligado a la sensación de que la única posible era una economía de piratas.  Una de las colonizaciones de la corrupción es la del discurso económico. Parecía que no hubiera más economía posible que la del pelotazo. Superar eso en el imaginario colectivo cuesta.

Lo que sí que ha hecho este Consell es mantener una presencia intensa en Europa. ¿Es una reacción ante el abandono de las relaciones europeas de los anteriores gobiernos del PP?

Francisco Camps trató de practicar su peculiar Brexit. Algunos de los gobiernos del PP provocaban, más que una sensación de rabia, auténtica vergüenza ajena. Uno de los episodios más ridículos fue cuando Camps se enfadó con Europa y decidió quitar la bandera europea. Las políticas europeas no servían para el modelo económico que el PP trató de ensayar. Muchas veces pensamos que lo de la corrupción fue algo superpuesto al sistema político. Y no fue así. Hubo una simbiosis muy clara entre la forma de gestionar lo público y de concebir la economía. Por muchas críticas que le hagamos, ese no es el modelo de Europa. Aquel era un modelo de gestión de la globalización en países muy del sur, muy atrasados. Por eso requería cada vez más dosis de autoritarismo. Mantener el régimen incorrupto requería de ello. Por eso en la última etapa se desmoronó todo tan rápido. No se podía mantener. Cuando llegó la crisis, hizo agua el modelo económico y todo el sistema.

Incluido el sistema financiero...

El financiero y el político.

En la base electoral del gobierno del Botánico hay gente acostumbrada a vivir muchos años en la resistencia que parece sufrir mucho cuando se avecinan las elecciones y lo ve todo muy mal. ¿Qué piensa de ellos?

En una jornada en Comisiones Obreras decía que hay un peligro que siempre acecha a la izquierda española, que es el del chiste: contra Franco vivíamos mejor. Hay un cierto vértigo ante el hecho de protagonizar el cambio desde el gobierno. Uno de los peligros, sobre todo de la izquierda no socialista, es caer en la metáfora de la barricada. También haría una moratoria en los discursos de la izquierda en el uso del poema de Kavafis sobre Ítaca. ¡A ver si alguna vez llegamos a Ítaca, hombre! Yo quiero llegar a puerto.

La izquierda tiene que hacer cambios culturales importantes. Y eso es difícil. Vuelvo a leer a Gramsci sobre el periodo de entreguerras y se ve que estamos en una época de una cierta guerra de posiciones. Tras el triunfo de Trump, el Brexit, la situación en Francia, Putin..., estamos en un momento de cierto reflujo de la izquierda, que tiene que aprender a llevar el gobierno sin convertirlo en una barricada, a hacer que fluya el diálogo y no prime la obsesión por el adversario. El mayor problema del progresismo es que pueda convertirse en una ideología conservadora.