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Un registro permitirá a los valencianos conocer la influencia de los 'lobbies' en las políticas públicas

La Conselleria de Transparencia presenta en una jornada la ley que regulará la conducta de los grupos de interés y su relación con la Adminsitración

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El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la secretaria autonómica, Zulima Pérez.

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la secretaria autonómica, Zulima Pérez.

“Necesitamos cómplices para desarrollar las nuevas leyes que avanzan en la regeneración democrática y recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones”, ha asegurado el conseller de Transparencia de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz, al presentar este jueves ante unos 60 representantes de instituciones, entidades y asociaciones el documento de la ley que regulará la actividad de los lobbies o grupos de interés.

El anteproyecto, que ya ha pasado por el pleno del gobierno valenciano y está a punto de entrar a tramitación en las Corts Valencianes, incluye "un registro de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio", que permitirá a la ciudadanía "acceder a la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la Administración".

La futura norma, cuyo contenido ha explicado a los participantes en la jornada la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, incluye un código de conducta para los lobbies, además de sistemas de control y fiscalización de la información.

El documento contempla lo que se denomina “huella normativa” referida a la publicidad de los contactos que la Administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Otra de las líneas que establece es la posibilidad de que ciertas normas, como anteproyectos de ley y decretos del Consell, puedan ser negociadas con los lobbies, sin que ello sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia, previstos en la normativa vigente. Por último, también recoge un régimen sancionador específico en la materia y tipifica los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público, y las sanciones que pueden suponer.

"Los lobbies influyen en los poderes públicos mediante actividades como el intercambio de información o la presión mediática",  ha destacado el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Rubio, que ha pronunciado una conferencia durante la jornada. “Regular la figura del lobby supone que los ciudadanos puedan influir en su actividad sin que esté ligado a acciones ocultas o al amiguismo".

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