El caso se remonta a 2023, cuando la víctima murió tras una parada cardiorrespiratoria en una finca de la localidad pacense de Bienvenida, Badajoz. La Fiscalía sostenía que ambos habían mantenido una discusión previa y que, tras el colapso, el acusado no prestó ayuda ni avisó a los servicios de emergencia, por lo que solicitaba para él tres años de prisión por un delito de omisión del deber de socorro.

Sin embargo, durante la vista oral, la defensa mantuvo que no existían evidencias que acreditaran que el procesado estuviera presente en el momento en que se produjo el infarto ni que tuviera posibilidad real de auxiliar a la víctima. Según su versión, ambos se separaron previamente y el acusado no volvió a encontrarse con su compañero.

El magistrado ha acabado dando la razón a este planteamiento al considerar que no ha quedado demostrado que el acusado presenciara la situación de riesgo ni que pudiera intervenir para evitar el desenlace. Ante esta falta de base probatoria, optó por retirar la causa del jurado popular y dictar directamente una sentencia absolutoria, una decisión poco habitual pero prevista en la ley cuando no se sostiene la acusación.

Además, los informes forenses apuntaron a que la causa de la muerte fue un infarto de origen natural, lo que también introdujo dudas sobre la relación directa entre los hechos investigados y el fallecimiento.

La resolución pone fin al proceso judicial sin condena al entender que prevalece el principio de presunción de inocencia, al no haberse podido acreditar que el acusado incurriera en un delito de omisión del deber de socorro.

El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, tales como las declaraciones y documentos que exculpan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración, respecto a la actuación de las acusaciones populares y del juez Peinado.

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados. “Esta defensa tiene la sensación de estar viviendo un 'deja vu'”, ha dicho Camacho este miércoles.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

Un software, herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Respecto al delito de intrusismo, Camacho ha reiterado cómo la instrucción ha demostrado que Gómez firmó unos pliegos para los que estaba capacitada y que lo hizo a instancias de la propia Universidad Complutense. “Tras dos años de investigación no ha aparecido ni un solo elemento que sustente la comisión de ese delito. Y sorprendentemente, hay muchos elementos, no indicios, que acreditan que el mismo no fue cometido”. “Lo que más sorprende del auto no es lo que recoge, sino aquello de lo que se olvida. Creemos que con esto se está produciendo una grave, gravísima infracción de la imparcialidad judicial”, ha apostillado Camacho.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

El abogado de Gómez ha dicho: “Estamos asistiendo a la primera vez que se pretende que un jurado juzgue dos delitos que sí están dentro del ámbito objetivo de la ley del jurado y otros tres que no lo están”. “No solo es necesario que consten los indicios, sino que estos sean verosímiles y finalmente es necesario que exista persona o personas que puedan ser presuntos autores de los delitos que recoge el procedimiento del jurado”, ha añadido.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (...), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

El abogado Camacho se ha preguntado qué ha cambiado desde que el juez dijera en mayo de 2025 que no había delito de malversación y ahora avance hacia un juicio con tribunal del jurado también por este delito. “Estamos expectantes para entender la explicación del magistrado instructor de por qué razón en el mes de mayo del año pasado era imposible que mi representada pudiera cometer el delito de malversación de caudales públicos y unos meses después es perfectamente posible que pueda cometerlo”, ha expuesto Camacho, quien ha añadido que el mismo cambio de postura afecta a la asistente, Cristina Álvarez.

Vox: “las defensas nos lanzan ataques furibundos”

Por su parte, las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”, informa Europa Press.

Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de les Balears ha declarat culpables els dos acusats de la mort de la nadó que, el novembre de 2023, va ser llançada a un contenidor de Porto Cristo (Mallorca): la mare i el tiet de la criatura.

Els nou membres del jurat, després d'un temps de deliberació, han determinat per unanimitat que tots dos són penalment responsables del llançament de la nadó i, per tant, que han de ser condemnats per aquests fets.

Tots dos s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, atès que la Fiscalia sosté que, quan van llançar la nounada al contenidor, tenien “intenció de treure-se-la de sobre” i “sabien que si la deixaven allà moriria”.

La tieta de la nadó, que també s'ha assegut al banc dels acusats, ha estat declarada culpable, també per unanimitat, del delicte d'omissió del deure de socors que se li imputa.

Segons el veredicte, la principal acusada es va posar de part en un cotxe i, després de donar a llum el nounat viu, va acordar amb el seu cunyat llançar-lo a un contenidor d'escombraries el 3 de novembre de 2023 a Porto Cristo.

Els membres del jurat han considerat provat que aquests dos acusats, conscients que la nadó estava viva, van acordar tirar-la al contenidor sense demanar cap tipus d'assistència mèdica. “Volien causar la mort de la criatura”, han manifestat.

Sobre la germana de l'acusada, el jurat ha declarat provat que la dona era conscient del perill al qual estava exposada la nadó, “desemparada i en perill manifest i greu”, i que, “podent fer-ho sense risc propi o de tercers, no la va auxiliar”.

En aquest sentit, ha destacat que res li impedia trucar a una ambulància o a la Policia. El jurat no s'ha mostrat favorable a l'indult ni a la suspensió de les penes.

Després de la lectura del veredicte, el Ministeri Fiscal ha sol·licitat per a la mare i el tiet la pena de presó permanent revisable i, per a la tieta, una pena d'un any de multa amb una quota diària de 15 euros.

Els advocats dels dos primers acusats no han pogut plantejar cap pena alternativa, mentre que el de la tercera processada ha sol·licitat per a la seva defensada la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictarà sentència els propers dies. No obstant això, davant la no compareixença aquest diumenge a l'Audiència de la principal acusada, la jutgessa ha ordenat la seva cerca i captura.

D'altra banda, el Tribunal també ha celebrat la vista prevista a l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, demanada per la Fiscalia per al tiet de la víctima, i la magistrada ha acordat el seu ingrés a presó.

Així, després de notificar-li personalment la decisió, ha estat conduït al centre penitenciari per agents de la Policia Nacional.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha declarado culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca), la madre y el tío de la recién nacida.

Los nueve miembros del jurado, tras un tiempo de deliberación, han determinado por unanimidad que ambos son penalmente responsables del fallecimiento de la bebé y, por lo tanto, que deben ser condenados por ello.

Ambos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, dado que la Fiscalía sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían “intención de quitársela de en medio” y “sabían que si la dejaban ahí iba a morir”.

La tía de la bebé, quien también se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha sido declarada culpable, también por unanimidad, del delito de omisión del deber de socorro que se le imputa.

Según el veredicto, la principal acusada se puso de parto en un coche y tras dar a luz el neonato vivo acordó con su cuñado arrojarlo a un contenedor de basura el 3 de noviembre de 2023 en Porto Cristo.

Los miembros del jurado han considerado probado que estos dos acusados, conscientes de que la bebé estaba viva, acordaron tirarla al contenedor sin pedir ningún tipo de asistencia médica. “Querían causar la muerte de la criatura”, han manifestado.

Sobre la hermana de la acusada, el jurado ha declarado probado que la mujer era consciente del peligro al que estaba expuesta la bebé, “desamparada y en peligro manifiesto y grave”, y que “pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de terceros, no la auxilió”.

En este sentido, ha destacado que nada le impedía llamar a una ambulancia o a la Policía. El jurado no se ha mostrado favorable al indulto ni a la suspensión de las penas.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado para la madre y el tío la pena de prisión permanente revisable y, para la tía, una pena de un año de multa con cuota diaria de 15 euros.

Los abogados de los dos primeros acusados no han podido plantear ninguna pena alternativa, mientras que el de la tercera procesada ha solicitado para su defendida la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictará sentencia los próximos días. No obstante, ante la no comparecencia este domingo en la Audiencia de la principal acusada, la jueza ha ordenado su busca y captura.

Por otra parte, el Tribunal también ha celebrado la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pedida por la Fiscalía para el tío de la víctima y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión.

Así, tras notificarle personalmente la decisión, ha sido conducido al centro penitenciario por agentes de la Policía Nacional.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, insiste en que la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno acabe ante un jurado popular si llega a juicio. Tras el último revés de la Audiencia Provincial, el magistrado acuerda investigar y tramitar por esta vía y de manera conjunta todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. Les atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

El magistrado cita a la esposa de Sánchez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa, para comunicarles que corresponde continuar el procedimiento contra ellos por esta vía. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no se espera que acudan personalmente al juzgado.

Peinado responde con este auto a la resolución de la Audiencia Provincial del pasado enero que anuló sus intentos previos de enviar el caso al Tribunal del Jurado por falta de motivación para justificar el cambio de procedimiento. Los jueces de la instancia superior le reprocharon que “únicamente” mencionara a las personas contra las que se dirige, pero no hiciera un relato que comprenda los indicios que les atribuye. Y concluían, por tanto, que se había vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

En una nueva resolución, el magistrado apunta los indicios recabados durante la instrucción para tratar de justificar nuevamente que el caso debe ir a juicio mediante la Ley del Tribunal del Jurado. Así, acusa a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Entre otros aspectos, el juez pone el foco en el hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Señala, por ejemplo, que el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, fue citado en Moncloa para proponerle la creación de la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en esa universidad, algo que el juez considera “anómalo”. Peinado llegó a mantener imputado a Goyache durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa.

Respecto a Barrabés, al que también recibió en la Moncloa, el juez considera que sus empresas eran una “pieza clave” en el desarrollo de esa cátedra, por la que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

Peinado se refiere a las “cartas de apoyo o recomendación” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

La UTE de Barrabés resultó adjudicataria en el verano de 2021 de dos grandes contratos públicos del ente estatal Red.es. El primer expediente se le adjudicó por 7,77 millones de euros y el segundo por aproximadamente 4,4 millones de euros. El juez recuerda que un informe de la Intervención General detectó “irregularidades relevantes” en estas licitaciones de Red.es. Entre ellas, opacidad, uso desproporcionado de criterios subjetivos y alteraciones en las puntuaciones.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. El juez alude a la “intervención reiterada” de la trabajadora de la Moncloa “en favor de la actividad profesional y académica” de la esposa de Sánchez.

Como indicios, Peinado alude a los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria de la esposa del Presidente del Gobierno, sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado las decisiones del juez Juan Carlos Peinado por las que transformó el procedimiento contra Begoña Gómez en uno que llevaría a la mujer del presidente del Gobierno y el resto de investigados a ser juzgados por un tribunal popular. La instancia superior ha resuelto en un auto cuatro recursos de las partes que se concretan en la decisión de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.

A juicio de los magistrados de la Audiencia Provincial, los autos por los que el juez optó derivar la causa hacia un posible tribunal compuesto por ciudadanos “carecen de la necesaria fundamentación” y motivación para justificar el cambio de procedimiento. Subrayan que “únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles” que les atribuye. Concluyen, por tanto, que se ha vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

Además, le advierten de que no puede escudarse en la simple sospecha inicial para hacer avanzar la causa hacia el Tribunal del Jurado. Así, los jueces de la Audiencia Provincial recuerdan a Peinado que, tras un año y medio de investigación, la mera “verosimilitud” de la denuncia original ya no es suficiente y que es imprescindible que esas sospechas se hayan transformado en “indicios racionales suficientes”. “No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y que esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala”, dice la resolución.

El pasado octubre, el juez Peinado decidió derivar ante dos jurados populares la investigación abierta contra Begoña Gómez. Su pretensión era mantener, por un lado, un procedimiento sobre el delito de malversación que le atribuye por las tareas realizadas por su asistente en la Moncloa. Y, por otro, uno en el que seguir indagando en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior anularon esa decisión y descartaron que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. 

En su recurso, la defensa de Begoña Gómez alegó que el juez se limitó a transcribir artículos de la Ley del Jurado y a citar resoluciones de forma genérica, sin concretar “ni un solo indicio” de que hubiera cometido los delitos imputados tras 19 tomos de investigación y calificó la decisión de “prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental”. 

Tomás Rodríguez Villar, “Tomasín”, es ermitaño y esquivo, le gusta ver los árboles, los prados y los ríos y se mueve por el monte “como si estuviera en casa”. Se crio en plena naturaleza, en la aldea asturiana de La Llaneza, en el concejo de Tineo, donde nació hace 55 años. A la entrada de la cabaña donde vivía, mató en 2011 con una escopeta de perdigones que él mismo fabricó a su hermano mayor, Manuel, porque “le reñía mucho, discutían y le pegaba”.

Durante seis años estuvo ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias donde no afianzó amistades, ya que decía que los otros internos eran “solo conocidos”.

Cuando salió, en 2017, al cumplir la condena, lo primero que hizo fue pasear y volver a ver la montaña, el mismo lugar donde se ha montado un amplio operativo de búsqueda para localizarle. No se sabe nada de él desde finales de octubre. No dejó pista alguna.

“Tomasín” era, de joven, el centro de las burlas en los bares de Tineo y solía pasar horas y horas en el monte. Tras matar a su hermano se fugó y ahí permaneció oculto durante los 53 días en que logró esquivar el cerco policial.

El 29 de octubre de 2011 fue detenido y cuando era trasladado, esposado, rodeado de agentes de la Guardia Civil, vio a un grupo de vecinos que le esperaban para aplaudirle. Él, al verlo, esbozó una tímida sonrisa.

Dos días después ingresaba en el centro penitenciario. Los primeros días en la prisión le costó acostumbrarse, pero finalmente se sintió “cómodo y feliz” cuidando el huerto porque volvía a estar en contacto con algo que le recordaba esa naturaleza que tanto añoraba, ya que apenas se relacionaba con los otros presos. Aunque eso era algo habitual en él, que era un hombre solitario y parco en palabras.

Condenado por un jurado popular

“Tomasín” fue juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. En el veredicto, dictado en 2014, se recogía que el homicidio había sido cometido “en legítima defensa ante el miedo insuperable” que tenía hacia su hermano, a lo que se unía “un coeficiente intelectual límite”. Cumplió los seis años de condena y, una vez libre, volvió a La Llaneza.

Una barrera de separación

A su salida de la cárcel, volvió a su rutina de antes. Solo un periodista logró arrancarle algunas frases con las que pudo elaborar una entrevista donde se podía pergeñar la personalidad de “Tomasín”. Eduardo Lagar, redactor-jefe de La Nueva España, rescataba estos días coincidiendo con las labores de búsqueda esa entrevista publicada en 2017, de la que una parte se difundió a través de la red social Instagram y de la que elDiario.es Asturias ha extractado algunos párrafos.

En 2017, en la casa familiar de La Llaneza, “Tomasín” ponía una barrera de separación en una charla de dos interlocutores entre los que mediaban unos metros de distancia.

Nunca mira a los ojos

Lagar describe cómo fue el encuentro: “Abre, en realidad, la mitad de una puerta de cuarterón recién pintada de rojo teja. Tomasín deja la parte de abajo cerrada como barrera, para impedir el paso y tomar distancias para hablar. Da la mano pero nunca mira a los ojos. Mira al techo, a la nada. Le incomoda la cercanía humana”.

“Habla de perfil a su interlocutor, a veces en posición de firmes, otras con los brazos cruzados sobre el pecho. A veces pierde el hilo y dice que no estaba escuchando. Otras parece que responde por obligación. Se esfuerza por ser amable”, le describe. Incluso le llegó a pedir permiso “para salir a escupir” y, una vez que ya lo hizo, retomó la conversación. 

Un futuro laboral incierto

En ese momento, recién salido de prisión, aún no se había planteado su futuro laboral, aunque se veía capacitado para desarrollar alguna actividad enfocada a la naturaleza.

“Cuando salí de la cárcel dediquéme a ir a dar paseos por ahí, a ver la montaña, al salir sientes una emoción muy grande. Vuelves a ver la naturaleza, los árboles, los prados, los ríos. Yo criéme en la naturaleza, es lo que me gusta, ahí no me siento solo teniendo salud. No me siento solo en el bosque, siéntome bien en la naturaleza”, reconocía.

El recuerdo de su hermano Manuel

De su hermano mayor Manuel tiene recuerdos de “cómo era, lo que hacía y todo eso. Hombre, alguna vez sí que discutimos, pero nada”, rememoraba. Los dos hermanos tenían una relación “inexistente”. Se llevaban mal e incluso “Tomasín” sentía “un miedo insuperable a Manuel”, de ahí que justificara su acción en que “le acosaba de manera reiterada, y a veces violenta” y “le tenía miedo”. Decía que “si él no le mataba, le mataba su hermano a él”.

Aislado, ajeno a la alarma social

Su peculiar personalidad dio, además, para escribir el libro “Tomasín, en lugares salvajes” que se agotó enseguida y donde el autor reconstruye esos meses en los que vivió aislado, ajeno a la alarma social creada a raíz de su fuga.

El periódico, que llegó a bautizarle con el nombre de “El Rambo de Tineo”, era, en palabras de Lagar, “el mejor símbolo de la destrucción de una Asturias rural que ya ha quebrado”.

La desaparición

Desde su vuelta a La Llaneza, “Tomasín” permanecía fuera de los focos mediáticos, a los que volvió esta semana, cuando sus familiares denunciaron su desaparición, ya que, desde finales de octubre, carecían de noticias suyas.

El pasado martes,  la denuncia de un familiar de “Tomasín” activó las alarmas. Todas las miradas se dirigieron hacia el monte, el lugar que se convirtió, desde que era pequeño, en su refugio.

Un despliegue de medios

Sin embargo, se sigue sin pistas sobre su paradero a pesar del amplio despliegue de medios aéreos y terrestres movilizados tanto por la Guardia Civil como por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Entre otros, se han desplegado por las inmediaciones de La Llaneza la Unidad de drones, un helicóptero, perros especializados en rastreos y los especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres, Seguridad Ciudadana y Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Bomberos.

Un barrido

Los rastreos se realizan en el entorno de la vivienda y en el monte. La zona de búsqueda se ha dividido en cuatro sectores que en esta ocasión están centrados en la ladera suroeste, en dirección a la localidad de Tineo. También se llevó a cabo un barrido, de casi un kilómetro y medio de terreno, en el que se empleó la visual térmica nocturna de uno de los drones de Bomberos de Asturias, al igual que desde La Llaneza hacia La Espina, en el concejo de Salas. Todos los esfuerzos aún no han dado resultado.

En el siguiente post subido a la red social X por el 112 Asturias se pueden apreciar las imágenes de la búsqueda con el dron de Bomberos del Principado en una zona boscosa y frondosa.

Más efectivos se suman a la búsqueda

Este viernes, se celebró una reunión en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la Casa del Puerto, en el que participaron efectivos de Bomberos de Asturias, Jefe de Zona Suroccidental y efectivos de los parques de Tineo, Ibias y Cangas del Narcea, unidad canina y unidad de drones, además de la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, Guardia Civil, Agentes del Medio Natural y Voluntarios de Agrupaciones Municipales de Protección Civil.

Una treintena de efectivos se sumaron al dispositivo de búsqueda en esta jornada. Siguiendo el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, bajo la dirección del capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Pravia, se reanudó el rastreo en La Llaneza.

Quiere estar solo en el monte

Entre otras, se desplazaron a la zona patrullas de los puestos de Tineo y Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Cangas del Narcea. 

En funciones de colaboración en la búsqueda por parte de 112 Asturias están buscando a “Tomasín” Bomberos de Tineo y Cangas del Narcea, Unidades de Drones y Canina, Protección Civil de Tineo y Luarca. Guardería Medio Natural y Cruz Roja. Este viernes finalizó el rastreo, de nuevo, sin éxito. Unas labores de búsqueda que se reanudan este sábado. Todo un amplio despliegue en busca de un hombre que quiere estar solo y sobrevivir en el monte.

Las adversas condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas en Asturias obligaron a suspender temporalmente -desde la tarde de ayer hasta el mediodía de hoy- las labores de búsqueda de Tomás Rodríguez Villar, “Tomasín”, en el pueblo de La Llaneza, en el concejo asturiano de Tineo.

Una leve mejoría en el tiempo ha permitido a los equipos de emergencia retomar de nuevo las tareas de rastreo que se extenderán a lo largo de 11 kilómetros: desde La Llaneza, en el concejo de Tineo, hasta La Espina, en el concejo de Salas.

El tiempo condiciona la búsqueda

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ya avanzó, a media tarde de ayer, que los equipos de emergencia se retiraban debido a la mala climatología que impedía continuar a los efectivos desplegados por las inmediaciones y no estaba previsto que se reanudara hasta que la situación climatológica mejorara.

A primera hora de este jueves se descartaba retomar los trabajos de búsqueda al empeorar las condiciones meteorológicas en las últimas horas, con fuertes precipitaciones y rachas de viento que dificultaban la visibilidad a los equipos de emergencia, tal y como confirmaba el 112 Asturias.

La movilización

Sin embargo, este mediodía, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) anunciaba que una mejoría en las condiciones meteorológicas había permitido la reactivación del dispositivo de búsqueda.

El Jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental así lo había decidido, por lo que se procedió de nuevo a la movilización de los efectivos de Bomberos del parque tinetense e Ibias, la Unidad de Drones y la Unidad Canina y se informó a la Guardia Civil y a la Guardería de Medio Natural.

En principio está previsto que a lo largo de la jornada de hoy se rastree la zona que discurre desde La Llaneza hacia La Espina.

La denuncia de un familiar

El operativo especial se desplegó el pasado martes tras la denuncia de un familiar de “Tomasín” que carecía de noticias suyas desde finales de octubre.

Tras dos jornadas de búsqueda, no se ha conseguido dar con su paradero a pesar del amplio despliegue de medios aéreos y terrestres movilizados tanto por la Guardia Civil como por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Entre otros, se han desplegado por las inmediaciones de La Llaneza la Unidad de drones, un helicóptero, perros especializados en rastreos y los especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres, Seguridad Ciudadana y Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Bomberos.

Alta vulnerabilidad

A pesar de que “Tomasín” es mayor de edad -tiene 55 años- y es un hombre libre desde 2017 cuando abandonó el Centro Penitenciario de Asturias, donde cumplió una condena de seis años de cárcel por la muerte de su hermano Manuel, se le busca debido a su alta vulnerabilidad.

Una de las dificultades a las que se enfrentan también los equipos de emergencia es la gran facilidad con la que siempre se movió por el monte, adonde huyó en 2011 nada más cometer el crimen. En aquella fecha, permaneció huido durante 53 días, en los que era buscado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El miedo insuperable a su hermano

“Tomasín” había reconocido, en septiembre de 2011, que había matado con una escopeta de perdigones que él mismo había fabricado a su hermano Manuel durante el juicio celebrado ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. Alegó que lo hizo porque la víctima era muy violenta y le maltrataba habitualmente. Decía que “si no le mataba, le mataba su hermano a él”.

En el veredicto, dictado en 2014, se recogía que el homicidio había sido cometido “en legítima defensa ante el miedo insuperable” que tenía hacia su hermano, a lo que se unía “un coeficiente intelectual límite”.

Escondido en el monte

Tras 53 días fugado, fue detenido e ingresó en la cárcel de Asturias, donde se ocupaba de cuidar el huerto y donde se sentía más cómodo, ya que apenas se relacionaba con otros internos y era muy parco en palabras.

Desde que volvió a La Llaneza, tras cumplir la condena, se mostraba “decaído”; un estado de ánimo que unido a la falta de noticias sobre su paradero ha sembrado de inquietud y preocupación a unos familiares que viven actualmente pendientes de su localización.

El hijo del matrimonio del crimen de Los Lirios, por el que un hombre está acusado de matar presuntamente a su mujer el 13 de octubre de 2020, ha asegurado que su padre no viajó aquella noche de Gumiel de Mercado (Burgos) a Logroño. “Vino a ayudarme con la vendimia y esa noche nos fuimos juntos a la cama, es imposible que en una casa vieja yo no me diera cuenta de que mi padre se levantara, cogiera el coche, se fuera a Logroño, volviera y yo no me enterase”.

Además, ha señalado, en referencia a una posible indemnización: “Si a mi padre le meten en prisión no quiero ningún dinero sabiendo que se está cometiendo una injusticia”. Entre lágrimas en su declaración ante el Juez y el Tribunal Popular ha dich en dos ocasiones: “Si tuviera la más mínima duda (de que lo hizo él) yo no estaría aquí. Mi padre no asesinó a mi madre”. “Solo quiero justicia, saber quién es el culpable y quién mato a mi madre”, ha añadido.

También ha negado también que sus padres tuvieran discusiones graves o que ella se quisiera divorciar. “Mi madre se desvivía por los dos. Nos atendía con todo su corazón. De mi padre se han dicho barbaridades, no ha faltado dinero en casa, no le he visto faltar una noche en casa”.

Sobre los días cercanos al suceso, el hijo -de 34 años actualmente- ha explicado que el día antes de encontrar el cuerpo de su madre, el 12 de octubre de 2020, estuvieron juntos trabajando en Gumiel. Según ha declarado el hijo, después de estar trabajando llegó a casa y su padre estaba allí. “Tuvimos una conversación normal, hablando del trabajo y nos fuimos a la cama a la vez porque al día siguiente había que terminar los trabajos”, ha dicho sobre la noche de los hechos. “Mi padre se fue a dormir y estoy seguro de que no salió en toda la noche”.

Además, ha querido recalcar: “En una casa de pueblo vieja que coincide que en el pasillo se mueven las baldosas, que mi padre bajara, cogiese el coche debajo de la ventana de mi casa, es imposible que se levantase, se marchase y volviera sin que yo me diera cuenta”. En su relato -prosigue- “a la mañana siguiente coincidimos por la mañana pronto, sobre las 07,00 horas” y, aunque no recuerda desayunar juntos, “después nos volvimos a ver y me ayudó con el trabajo”. En concreto, se fue a llevar unos papeles (un libro de campo y unos registros de entrada de uva) que debían entregar una bodega.

Tras pasar la mañana, padre e hijo se despidieron porque su padre volvía a Logroño y, finalmente, a media tarde del 13 de octubre, cuando su padre descubrió el cadáver de su mujer en el interior del domicilio, sobre las 18,30 horas, ha recordado: “Me llamó y me dijo que se había encontrado a su madre en el suelo, con mucha sangre y que estaba fría”.

Una vez conocida esa situación, viajó con un primo a Logroño. “No me lo podía creer. En esos momentos no piensas en nada, solo en que se ha muerto tu madre”. Cuando llegó a Logroño y vio a su padre, ha relatado que se “abrazaron llorando” y que no le dejaron hablar con él. “Me cogió una psicóloga para ayudarme”. Según ha declarado el hijo, “sí que parecía que se había suicidado pero a los cuatro días, pensándolo con la cabeza un poco más fría, pensamos que era imposible que mi madre se hubiera suicidado. La tenían que haber matado”.

“Mis tíos -los hermanos de su madre- han venido poco a Logroño, no he visto relación entre ellos ni siquiera en el pueblo (Gumiel). Yo creo que se han unido tras la muerte de mi madre, para esto. Han vivido todos juntos en el mismo pueblo y no se han juntado ni para cenar en navidades”, ha finalizado.

Un Policía Nacional, encargado de analizar el teléfono del acusado del crimen de Los Lirios, ha indicado que tras el análisis del posicionamiento de las antenas, “no se pudo probar que se realizase el viaje” entre Gumiel de Mercado (Burgos) a Logroño la noche del crimen, la madrugada del 13 de octubre 2020. También hoy han declarado personas de la víctima y el acusado que han transmitidas versionas contradictorias. Un amigo del acusado ha dicho que eran “una pareja normal” mientras que otras compañeras de trabajo han reconocido que la víctima les dijo “que estaba triste y que se quería divorciar”. Así lo han declarado en la la tercera jornada del juicio contra un acusado de asesinar con alevosía a su mujer.

Ante de la declaración de los policías encargado del análisis del teléfono móvil del acusado, la defensa ha considerado “bastante sorprendente” que no se pueda probar su trayecto ni que hubiera grabaciones de cámaras de seguridad en el entorno del domicilio. Por su parte, el Fiscal ha visto “extraño” que el acusado comprara un móvil nuevo el 30 de octubre de 2020, apenas 20 días después del crimen, cuando hacía menos de mes y medio que se había comprado otro.

Otro agente de la Policía Nacional ha corroborado -al igual que otros de sus compañeros- que el escenario del crimen “era caótico, llamaba mucho la atención y había mucha sangre”.

El entorno de la víctima y del acusado

En este tercer día del juicio, algunos de los amigos del acusado han dicho que eran “una pareja normal” mientras que otras compañeras de trabajo han reconocido que la víctima les dijo “que estaba triste y que se quería divorciar”. Incluso una testigo ha declarado que el marido “se marchaba muchos días de casa a mediodía a comprar el pan y no volvía hasta el día siguiente”. “Ella me decía que en esas noches se podía gastar 2.000 o 3.000 euros. Estaba triste”, ha dicho.

El primero en declarar ha sido un amigo del acusado, que ha contado que en los 30 años de amistdad no les había visto discutir nunca, “él siempre ha estado pendiente de su mujer, y más cuando ella estaba enferma”, ha defendido. También ha dicho que a ninguno de los dos les había oído decir que se quisiera divorciar y que “jamás en la vida” ha visto a su amigo “gritarle o levantarle la mano a su mujer”. Este hombre también ha declarado que la relación con la familia de la víctima “era la justa”.

Este testigo fue una de las primeras personas a las que el acusado llamó cuando descubrió el cuerpo de su mujer en el suelo de su domicilio. “Me llamó sobre las 18,30 horas de la tarde de aquel día y me dijo que su mujer se había suicidado. Cogí el coche y fui a su casa”. ha declarado puntualizando que se quedo en el rellano, aunque la puerta estaba abierta y vió “a la víctima con un cuchillo al lado de su cuerpo”. “Mi primera impresión también fue que se había suicidado”.

También ha reconocido también que durante las horas después del crimen, el acusado “estaba en shock, fuera de sí”. Con el transcurso de los días -prosigue su declaración- ya se convenció de que había sido asesinada pero el primer impacto fue ese. “Oyendo y viendo, la primera impresión que me dio es que se había suicidado”.

En el juicio de hoy también ha comparecido una compañera de trabajo de la víctima desde el año 2010 que, además, era vecina del entorno y, finamente, se convirtieron en amigas. Ha reconocido que la víctima no solía entrar en detalles de su vida privada. Sobre la relación entre el matrimonio, ha explicado: “Sí que alguna vez me dijo que llevaba desde los 14 años con su marido y que llega un momento en el que te cansas de las cosas, pero como una conversación más, no me dijo que se quisiera separar o no”. “La gran preocupación” de la víctima “era su hijo”, ha destacado. De la tarde cuando el marido descubrió el cuerpo de la víctima que el marido le llamó y le dijo: “Baja que se ha suicidado”. “Me quedé en shock”.

Por su parte, otra compañera de trabajo ha revelado que tres años antes del crimen, la víctima le dijo que se quería separar. “Estaba muy triste, no por nada en concreto, pero sí que me dijo que no se llevaban bien...”, ha contado. A ello ha añadido que también le contaba que “a veces se marchaba al mediodía a por pan y no volvía hasta el día siguiente y que a veces se gastaba en esas noches 2.000 o 3.000 euros. También me contó que solía llegar bebido y ella quería romper esa relación”, pero quería esperar a que su hijo tuviera su propio camino, “encarrilado en su negocio”. Recuerda que, tras ese día, no volvió a hablar con la víctima de forma tan íntima pero, alguna vez en el lugar del trabajo, “también me repetía que estaba triste”.

Declaran los familiares de la víctima

Familiares de la víctima han asegurado también ante el Juez que desde hace tiempo la víctima decía que “se quería divorciar” porque “ya no podía más con la situación”. Es más, según ha reconocido una de las hermanas, en los últimos tiempos, meses antes de su presunto asesinato: “Estaba decidida a hacerlo, ella me decía que no estaba viviendo y que quería vivir”.

Ha subrayado que tanto la víctima como el ahora acusado “hacían vidas separadas” desde hacía tiempo y su propia hermana le dijo, antes del suceso, “que estaba decidida a separarse”. Es más, ha añadido, “me manifestó esa idea según lo que le dijera el Tribunal Médico” que, precisamente, tenía al día siguiente de su asesinato para que le dijera si podía volver a trabajar o no ya que tenía una dolencia en la espalda y llevaba tiempo de baja.

En su declaración en el juicio, y a preguntas de la Fiscalía, la hermana ha asegurado que la víctima le había dicho en varias ocasiones que “no aguantaba más la situación”. Y con respecto si creía que su hermana tuviera miedo a separarse, ella ha respondido que “más que temor” hacia ella “tenía dudas de si su marido podría tomar alguna represalia contra su hijo”. “Igual la monta”, ha recordado que le dijo.

Por su parte, y respondiendo a la defensa del acusado que no entiende cómo ningún hermano se acercó a Logroño cuando sucedieron los hechos, ha explicado que “en un primer momento” nos dijeron que “iba a venir al pueblo” (en Burgos) y “nos íbamos a ver todos allí”. Además -ha indicado- hay que recordar que estábamos en tiempo de pandemia y los hermanos estamos separados por diferentes localidades. Cuanodo conocieron más en detalle la situación, “nosotros queríamos dejar trabajar a la justicia y no meternos pero decidimos hacerlo como Acusación Particular cuando vimos que no teníamos ninguna información y nos enteramos que podría ser un crimen machista”, ha declarado.

Finalmente ha querido lamentar que “a día de hoy -cinco años después- todavía no sabemos dónde está enterrada”. “No nos cogen el teléfono” (en referencia al marido y al hijo de la víctima).

Por su parte, una sobrina de la víctima también ha coincidido en decir que su tía le manifestó que se quería divorciar pero que “era muy cobarde” y no lo había llevado nunca a término. “Me llamó por teléfono para decirme que su matrimonio estaba roto hacía mucho tiempo y que ella había intentado separarse muchas veces pero que, por una cosa u otra, no lo había llevado a término”. “Mi tía nunca me dijo que tuviese miedo de su marido, simplemente me dijo que no quería estar con él, pero no ahondó en razones”, ha dicho en el juicio.

Un juez de Vitoria ha determinado que un jurado popular emita veredicto de culpabilidad o inocencia sobre el fallecimiento en febrero del joven Kerman Villate, de 31 años, tras recibir un golpe del portero de la discoteca Mítika del centro comercial Dendaraba de Vitoria, según ha podido saber este periódico. Esto es así porque, inicialmente, los hechos se han tipificado como “homicidio doloso” o “asesinato con alevosía”, con posibles penas de entre 10 y 22 años de prisión para el agresor. La Fiscalía, en cambio, entendía que fue un “homicidio imprudente”, penado con un máximo de cuatro años de cárcel, y que, por lo tanto, debería ser juzgado por un tribunal profesional ordinario. La resolución no es firme y caben recursos.

El magistrado Álvaro Silván Hernández, titular del juzgado de Instrucción 3 de Vitoria y de actualidad por su papel en el caso de las denuncias de posibles casos de violencia sexual en el campamento con menores de Bernedo, celebró en septiembre una vistilla para escuchar a las partes una vez finalizada la investigación. Finalmente, según una resolución dictada en las últimas horas y notificada este jueves, se atiende el criterio de la familia de interpretar lo sucedido como un acto voluntario y premeditado frente a la tesis sostenida por el fiscal del caso, actualmente Josu Izaguirre, que “dejó rota” a la familia, que ha hecho pública en varias ocasiones su desazón por la respuesta que están recibiendo desde las diferentes instituciones.

La normativa establece que ese tipo de delitos han de ser juzgados mediante un jurado y así será en los próximos meses, aunque todavía no hay una fecha cerrada a expensas de los recursos. La instrucción ha sido ágil en comparación con otros procesos judiciales en Vitoria. De cara a las vistas, si se confirma que se tramitará con jurado, las partes tendrán posibilidad de vetar a algunos candidatos y serán quince las personas elegidas para emitir un veredicto. De la sentencia sí se encargaría un magistrado de la Audiencia Provincial. Antes, las partes deberán presentar sus escritos de calificación. La Fiscalía, técnicamente, podría insistir en el “homicidio imprudente” incluso aunque el caso vaya a jurado.

Esta resolución, no obstante, es recurrible ante la Audiencia Provincial. Si prosperaren los posibles recursos y se rebajara la calificación a “homicidio imprudente”, las partes no podrían sostener una petición superior en aplicación siempre de las garantías procesales de la que gozan los imputados en la vía penal.

Los hechos se produjeron en febrero, en una noche de sábado a domingo, en un local del centro de Vitoria que luego quedó clausurado durante varios meses y que ahora ha reabierto con otro nombre. El detenido fue enviado a prisión provisional. En marzo, después del crimen, este mismo portero fue juzgado y luego absuelto por otra denuncia de agresión física cuando trabajaba para otro local, el Glass. Son hechos de 2023. El Departamento de Seguridad, en todo caso, le revocó al imputado 'a posteriori' la habilitación administrativa para trabajar en los controles de accesos.

La familia, en este tiempo, ha sido muy activa en denunciar las “negligencias institucionales” que, a su juicio, propiciaron lo sucedido. “Una mínima asunción de responsabilidad institucional por su asesinato es lo menos que merece nuestro hijo”, escribieron en una carta. Han puesto mucho énfasis, por ejemplo, en que una agente de la Policía Local envió advertencias sobre agresiones anteriores protagonizadas por quien ahora será juzgado. Esta semana se ha conocido que el Ayuntamiento ha archivado sin consecuencias la investigación interna abierta en abril a la luz de esos datos. También se han quejado de falta de interés de la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. El caso ha propiciado que el Departamento de Seguridad haya iniciado una modificación de la normativa de habilitación de este tipo de personal en locales de ocio nocturno.

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de transformar la investigación por presunta malversación en un procedimiento por el tribunal del jurado. En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado de Gómez expone que los 121 correos electrónicos incorporados recientemente a la causa, en los que la asistente de Gómez hace gestiones relacionadas con su cátedra extraordinaria, no pueden considerarse “de trabajo” porque la esposa de Pedro Sánchez no cobró retribución alguna de la Universidad Complutense por esa tarea.

“Es un hecho no discutido que por esta Cátedra mi representada no cobraba ninguna cantidad de dinero. Por lo tanto, difícilmente pueden considerarse que eran correos relativos al trabajo de la misma. El trabajo como pone de manifiesto el Diccionario de la RAE requiere de la concurrencia de dos elementos: actividad desarrollada por el trabajador y retribución que recibe por esta actividad del empresario”, escribe Antonio Camacho.

El letrado ya pidió el archivo en la vista del pasado sábado, pero entonces no había tenido acceso a los correos de Juan Carlos Doadrio, ex alto cargo en la Comunidad de Madrid con el PP y vicerrector de Relaciones Institucionales durante la cátedra de Gómez. Antonio Camacho destaca que los mensajes aportados son enviados desde la cuenta personal de la asistente y no desde la oficial de Moncloa.

Tanto el abogado en sus escritos, como Begoña Gómez ante el juez, se habían referido en el pasado a favores puntuales al referirse a tres correos incorporados a la causa en los que Cristina Álvarez trasladaba algún mensaje de su jefa relacionado con la Complutense. “Dada la amistad y que su horario de trabajo se extendía por encima de las 8 horas diarias, [Álvarez] le ayudaba puntualmente en determinadas cuestiones en atención a su amistad. Pero en ningún caso se trataba de cuestiones que gestionara solo exclusivamente doña Cristina Álvarez”, recoge el recurso.

La defensa de Gómez señala también que las funciones de los asistentes de los cónyuges de los presidentes del Gobierno “están ayunas de cualquier tipo de regulación”. “No existe norma alguna que establezca cuáles son las funciones que ha de desarrollar. No existe un estatuto del asistente del cónyuge del presidente que establezca cuáles son sus competencias”, insiste el letrado.

La ayuda que prestó Cristina Álvarez a Begoña Gómez, por otra parte, “afectó al cumplimiento de las funciones ordinarias y habituales” de Álvarez que se han explicado en el marco de la causa. Expone Camacho en su recurso que “hay multitud de correos” en los tomos referentes a que era ella quien aportaba a la Complutense, lo que evidencia que la labor de Álvarez era “de auxilio administrativo, nunca encargarse en exclusividad”.

Además, Camacho recupera los argumentos expresados ante el juez el sábado y recuerda que alguien que no es funcionario no puede cometer un delito de malversación. Begoña Gómez, explica, no lo era. O no lo es en el ámbito de la Moncloa, que es en el cual se habría cometido el delito, consistente en desviar las tareas de la asistente, sufragadas con fondos públicos, a un cometido distinto para el que se la había contratado. En este sentido también recuerda que, de haber delito, algo que niega la defensa, Begoña Gómez no pudo haberlo cometido porque ni contrató ni paga a la asistente.

Ha pasado año y medio y por fin el juez Peinado tiene algo con lo que enviar a Begoña Gómez a juicio. Pero no solo eso, sino que le ha comunicado a la mujer del presidente del Gobierno que será juzgada por un jurado popular… Y no estamos acostumbrados a que este tipo de casos, tan políticos, tan mediáticos, tan polarizados, sean decididos por un grupo de nueve ciudadanos y no por unos jueces. 

¿Quién decide, de qué depende, que un caso sea juzgado por un jurado popular y no por un tribunal de jueces? Intentamos resolver estas y otras dudas sobre los jurados populares con el periodista de elDiario.es especializado en tribunales Alberto Pozas.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de “estrambótica” la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un presunto delito de malversación.

Tras inaugurar en Toledo el Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior 'Foro Exporta', el presidente castellanomanchego ha asegurado respetar la labor judicial, pero sostiene que los supuestos que se están enjuiciando e investigando en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, “no se ajustan a priori a lo que sería un juicio de jurado popular”.

Desde su punto de vista al plantear eso, “muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal”, según recoge Europa Press.

No cree que vaya a prosperar la iniciativa de jurado popular

Una decisión del juez que a García-Page le ha sorprendido, le ha resultado extraña y eso que él --ha recordado-- es abogado de formación. Ha sido en este punto donde el presidente castellanomanchego ha manifestado que no cree que prospere esa iniciativa del jurado popular porque “cuando la persona a la que se quiere enjuiciar tiene una alta relevancia política es inevitable que haya una mezcla de juicio político”, algo que “no es lo saludable”.

“Me da la impresión de que la figura del juzgado popular está pensada en nuestro procedimiento para otros supuestos”, ha advertido el presidente socialista, quien ha subrayado que no sabe cuáles son los motivos del juez para tomar esta decisión, pero, a su juicio, se traduce “en un aroma más a juicio político que a juicio legal”.

De otro lado, García-Page ha apuntado que él no va a caer en ningún momento en acusar de un delito a un juez, ya que presume que los jueces, por definición, y no solo los jueces, sino el sistema de recursos posteriores o el sistema de revisión de las sentencias, “es un sistema solvente en España”.

“Tenemos un buen sistema judicial”, ha defendido el presidente regional, quien ha subrayado que “se está atacando a los jueces simplemente porque los enjuiciados son políticos”. “Yo no veo a los políticos, ni los ministros, ni los jefes de oposición atacar a los jueces cuando se está enjuiciando a un fontanero o a un periodista”.

“Los políticos están sometidos al imperio de la ley, igual que el resto de los ciudadanos. De manera que no tienen que estar haciendo campaña contra los jueces cuando los enjuiciados son ellos”, ha finalizado.

Ha sido la voz más hiriente contra la pareja del presidente del Gobierno. El diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha arremetido duramente este miércoles durante la sesión de control en el Congreso contra la pareja del presidente del Gobierno después de que el juez Peinado le comunique que se dispone a enviarla a juicio ante un jurado popular. Aunque no detalla los hechos que le atribuye, Peinado señala a Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el marco de los servicios de asesoría de los que dispone en Moncloa como pareja del presidente. Justo la labor que desempeñaba Jaime de los Santos con la pareja de Mariano Rajoy, Elvira Fernández.

“La mujer de Sánchez en el banquillo y la juzgará el pueblo, ya no podrán hablar de 'lawfare'”, ha dicho el diputado popular desde su escaño. Jaime de los Santos ha arremetido también contra el presidente. “¿Le queda algún familiar a Sánchez por sentarse en el banquillo? Todo lo que toca Sánchez se ensucia, se infecta”, ha dicho.

En realidad, esos ataques se han producido durante su turno de pregunta a la ministra de Igualdad, a la que le ha exigido su dimisión por los fallos detectados en el sistema de las pulseras antimaltrato. “La realidad es que hoy pedimos su reprobación. Que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la violencia machista nos interpela a todos, pero que haya miles de pulseras que no funcionan solo es responsabilidad de ustedes. Utilizan a las mujeres para ganar votos, jamás les ha interesado la causa feminista”.

Ana Redondo ha vuelto a reprochar al PP que intente caricaturizar un sistema de protección que ayuda a miles de mujeres en España. “Ninguna de las mujeres que llevaba las pulseras ha sido asesinada. No reprueban al señor Mazón tras más de 200 víctimas y me reprueban a mí. Lo único de 'Aliexpress' que hay aquí es su oposición destructiva. No es verdad que las incidencias temporales hayan puesto en riesgo a ninguna de las víctimas”, se ha defendido la ministra.

Respecto a Begoña Gómez, el magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado este miércoles que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid serán juzgados, llegado el momento, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Begoña Gómez y antes incluso de abrir juicio oral, cita a los tres en su juzgado el próximo sábado para informarles y que puedan hacer alegaciones.

Según la normativa del tribunal de jurado, se trata del movimiento del juez cuando entiende que un imputado puede llegar a ser juzgado por un delito competencia de un jurado popular. En este caso, la malversación que atribuye a Gómez y los otros dos acusados por los trabajos de su asistente.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid serán juzgados, llegado el momento, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Begoña Gómez y antes incluso de abrir juicio oral, cita a los tres en su juzgado el próximo sábado para informarles y que puedan hacer alegaciones.

Según la normativa del tribunal de jurado, se trata del movimiento del juez cuando entiende que un imputado puede llegar a ser juzgado por un delito competencia de un jurado popular. En este caso, la malversación que atribuye a Gómez y los otros dos acusados por los trabajos de su asistente.

Peinado investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez en varias causas después de una primera denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa y un bulo. Una de estas líneas de investigación, impulsada por las acusaciones de extrema derecha, indaga en si su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, trabajó para ella mandando correos en su nombre en el marco de la cátedra extraordinaria que tuvo en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado justifica este paso en que la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a seguir investigando, en que Gómez no quiso contestar a todas las preguntas y, finalmente, explica que hace una semana recibió los emails que Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la UCM, cruzó con Álvarez. Ahora ya, entiende, “se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta”.

El juez, que en los últimos meses ha visto cómo los tribunales han avalado algunas de sus líneas de investigación pero han limitado la mayoría, da este paso después de que el Tribunal Supremo tirase por tierra su intención de imputar al ministro Félix Bolaños por la contratación de Álvarez. Convoca a los tres imputados este sábado en su juzgado a las seis de la tarde para uno de los trámites necesarios en los casos que van a juzgarse ante un tribunal del jurado: para concretar la imputación que pesa sobre ellos.

En su última comparecencia ante el juez, Begoña Gómez explicó que su asistente le hizo un “favor” al enviar algunos de esos emails, pero que en ningún caso era un trabajo o sustituía a sus funciones en el Palacio de La Moncloa. Una figura con la que han contado históricamente todas las esposa de los distintos presidentes del Gobierno. El actual diputado del PP, Jaime de los Santos, realizó este trabajo para Elvira 'Viri' Fernández, esposa de Mariano Rajoy.

El jurado popular ha considerado culpable, por mayoría de 8 votos, al acusado, M.O.R., de atropellar mortalmente a un sanitario y causar lesiones a otros cinco tras arremeter contra ellos en el parking del centro de salud de Haro el 4 de septiembre de 2023. Por su parte, y por mayoría de siete votos, el jurado popular no le ve responsable criminalmente de los hechos declarados por padecer una esquizofrenia paranoide que anulaba sus capacidades.

Tras la lectura del objeto del veredicto, el Fiscal ha pedido para el acusado un total de 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado mientras que la defensa pide la absolución al concurrir la eximente mental, además de su puesta en libertad inmediata (en la actualidad se encuentra en prisión). No descarta la libertad vigilada o la custodia de algún familiar para el acusado. Tras ello será la Magistrada encargada del caso quien decida la pena final impuesta.

Más de 24 horas de deliberación

Previamente, la portavoz de los nueve miembros del jurado popular, junto a los dos suplentes, ha dado a conocer esta decisión pasadas las 17,00 horas de este martes, tras poco más de 24 horas de deliberación. La jueza les entregó el objeto del veredicto ayer, lunes, a las 13,10 horas y desde entonces han permanecido aislados y sin contacto con el exterior para decidir sobre la culpabilidad o no del acusado.

Todo ello tras ver las diferentes pruebas testificales, periciales y las declaraciones de los expertos, forenses y psiquiatras que atendieron al acusado los años previos al suceso y también posteriormente ya en la prisión en la que se encuentra tras los hechos.

El juicio, que duró 5 días, se celebró en la Audiencia Provincial del 26 al 30 de mayo. Aunque tuvo la posibilidad, el acusado no ejerció en ningún momento su derecho a declarar y no estuvo presente en las sesiones, aunque sí que ha estado hoy en la lectura del veredicto. El Tribunal ha tenido que decidir sobre la culpabilidad o no del acusado, un hombre con una enfermedad mental que, en el momento de los hechos, se encontraba en un brote “grave o agudo” de su esquizofrenia paranoide.

En el acto de este martes, la portavoz del jurado popular ha ido desgranando como hechos probados o no probados los diferentes puntos del objeto de veredicto. Entre otras cuestiones, en sus deliberaciones han visto acreditado que el autor de los hechos “actuó víctima de su enfermedad mental, desde su delirio”.

Guiados por las declaraciones de diferentes testigos, expertos y forenses que han ido interviniendo a lo largo de todas las sesiones del juicio, el Tribunal ha visto probado que el acusado actuaba víctima “de su propia paranoia”. “Hablaba de complot y persecuciones”, como han demostrado las versiones de las psiquiatras y los expertos forenses. Además, ven probado que en el momento del incidente “cuando arremetió contra los sanitarios, el acusado se encontraba en pleno brote psicótico, pensaba que los sanitarios actuaban contra él mismo”.

“Obsesionado con esa idea persecutoria”

Ven también como cierto que el acusado creía “que los sanitarios eran policías ”y les embistió para defenderse ya que pensaba que le perseguían. No fue un acto premeditado pero sí impulsivo. Se estaba autodefendiendo de la policía“, ha leído la portavoz del jurado. ”Estaba obsesionado con esa idea persecutoria, y cuando estaba descompensado, como ocurrió aquel día, estaba obsesionado con la policía vasca, la Ertzaina“, ha afirmado.

También ve acreditado el Tribunal del Jurado que, aquel día, el vehículo entró “con gran violencia” al centro de salud de Haro, “aceleró diciendo 'Policías' y les atropelló”. “Fue una acción fatal, muy repentina y con una violencia atroz, con un impacto tremendo”, asegura la portavoz del jurado. “El autor no dejó intención de huida a sus víctimas, actuó de manera sorpresiva y con el objeto fijado en las personas que allí se encontraban”.

Finalmente, y remitiéndose a los psiquiatras forenses y sus informes confirman que el acusado, en el momento de los hechos, presentaba “una alteración del juicio de tal intensidad que abolía sus condiciones de obrar y de entender” por lo que, a pesar de considerarle culpable del atropello afirman que actuó con su capacidad de entender anulada por lo que concluye “que no es responsable criminalmente de los hechos”.

El acusado por el atropello múltiple en el centro de Salud de Haro, ocurrido la noche del 4 de septiembre de 2023, se ha acogido a su derecho a no declarar y también renunciará este viernes, último día del juicio, a su turno de palabra por lo que, a petición de su defensa, tampoco estará presente en la sesión.

A pesar de que el acusado ha acudido este jueves a la Audiencia Provincial, por recomendación de su abogado y a preguntas de la Jueza encargada del caso, ha afirmado a viva voz que renunciaba a su derecho a declarar. Sí que deberá estar presente en la lectura del objeto del veredicto que se realizará una vez termine el juicio y el jurado popular tenga su decisión.

“Pudo haber causado más muertes”

El médico forense encargado de realizar la autopsia a la víctima mortal del atropello del parking del centro de salud de Haro ha indicado que esta falleció “de forma casi instantánea” por “traumatismo craneoencefálico” por heridas compatibles con un impacto/choque con un vehículo que circulaba a “alta intensidad/velocidad”. Con la energía que llevaba el vehículo “pudo haber causado más muertes”, considera el experto.

Como ha relatado ante el jurado popular, el cuerpo de la víctima presentaba “las principales lesiones en la cabeza, con fracturas craneales y numerosas lesiones al impactar esa parte del cuerpo contra el suelo”.

Este jueves se celebra la cuarta sesión del juicio contra una persona acusada de atropellar mortalmente a un sanitario y herir a otros cincos compañeros en el centro de salud de Haro la noche del 4 de septiembre de 2023. El Fiscal pide para el procesado, que tiene una enfermedad mental (esquizofrenia paranoide), el internamiento en un centro psiquiátrico adecuado mientras que las acusaciones particulares piden penas de cárcel además de las diferentes indemnizaciones para la familia de la víctima y los heridos.

Al parecer, y según van relatando los testigos en las diferentes sesiones del juicio el acusado, que se encuentra en prisión tras los hechos, se encontraba inmerso en un brote fruto de su enfermedad y, aquella noche, tras salir a dar una vuelta en su vehículo con sus padres, al llegar a las inmediaciones del centro de salud debió confundir a los sanitarios -uniformados correctamente con sus chalecos- con policías, un cuerpo de seguridad al que le tenía extrema fijación ya que consideraba “que le perseguían y le querían matar”. Al ver a los sanitarios arremetió contra ellos, después empezó a gritar consignas contra el Gobierno hasta que fue detenido.

Estrés postraumático de los heridos

El médico forense también realizó los informes pertinentes sobre los otros cinco afectados en el atropello, cuyas heridas y secuelas ha ido relatando al jurado. Con respecto a aquellos heridos que presentan también estrés postraumático ha explicado que “debido a la intensidad del hecho, de tener lesiones graves, de estar presente en un suceso que supuso un grave peligro para la vida propia de los afectados y en los que, además, falleció un compañero es muy habitual que presenten estrés postraumático que puede que no desaparezca nunca”.

Como indica “una persona no puede controlar voluntariamente cuándo se acuerda de algo y cuándo no, o cuándo revive una situación o no”. Eso sí, como ha dejado claro, “depende todo de cada uno. Unos pueden recaer a lo largo de la vida en los que se necesiten nuevos tratamientos o nuevas bajas laborales. No siempre pero puede ocurrir”.

“Capacidades cognitivas y volitivas completamente anuladas”

Dos médicos forenses han confirmado que la noche del atropello, el procesado presentaba “una abolición total de sus capacidades cognitivas y volitivas, estaban completamente anuladas”. “Él veía su propia realidad, creía que le perseguían. Estaba en brote e interpretó que los sanitarios (a los que pudo confundir con policías) querían hacerle daño” y han continuado: “Él, en su delirio y en su descompensación psicótica, creía que le iban a matar, que había una trama o un complot en su contra, y su comprensión estaba abolida completamente”.

Como han dado a entender, el acusado “no se ajustaba a la realidad sino a su propia realidad. No entendía lo que pasaba y, por tanto, no podía decidir libremente. Es una conducta viciada y enajenada por su propia enfermedad. Él se sintió atacado, en su alucinación, y se defendió”, han señalado.

A preguntas de los abogados, los forenses explican que el acusado “no se inventa los síntomas, él los estaba padeciendo” y, en este sentido, han señalado que “siete semanas después de los hechos, él estaba interesado en que se siguiera investigando la trama por la que se sentía perseguido. Su vida giraba en torno a esa trama de persecución”. Cuando fue al centro de salud, y según les manifestó en su entrevista con el acusado, “él estaba muy agobiado, pensaba realmente que le iban a matar. Era una idea delirante y recurrente, estaba muy angustiado”. Debido a su patología, “él tuvo el conocimiento firme de que estaba siendo atacado, por esa distorsión de la realidad”.

Estos dos médicos, que revisaron al acusado el 26 de octubre de 2023 (más de un mes y medio después del suceso) y después de salir del ingreso en el hospital San Pedro de Logroño, confirman que, a pesar de los tratamientos, el procesado “seguía presentado patología bastante florida”. “Él nos relató los hechos, él tenía la idea y el delirio de la existencia de un complot contra él, del Gobierno o la Ertzaintza. Él veía coches con cristales tintados, que le hacían fotografías, olía a gas... él ve cosas, él percibe cosas que no son ciertas y ahí vemos la alucinación y el delirio”.

“En su forma de pensar él recoge datos que demuestren ese complot, incluso pretende ir a un abogado en Barcelona para recoger información e ir en contra de la policía o la Ertzaintza porque le querían hacer daño”. Según ha destacado la experta forense, “la percepción del acusado es que le van a hacer daño, el visualiza, huele, siente y oye cosas de que alguien iba en su contra. La sintomatología está muy clara”. “Ante esa creencia firme de que alguien me quiere hacer daño, yo me defiendo, o voy en contra de quien me quiere hacer daño. Cuanto mayor es la agresión que se siente, mayor puede ser la respuesta que se tenga”, ha dicho.

Han explicado que la esquizofrenia paranoide “es un trastorno mental grave, que afecta a la forma en que un individuo piensa, siente o cómo se comporta. Hay una distorsión con la realidad. Percibe emociones que no son reales, que le producen angustia y que le pueden afectar”. Destacan también que hay tratamiento y “se puede llevar una vida normalizada pero siempre con ayuda. Todo depende de la gravedad y del diagnóstico completo”. Así las cosas, indican, “necesitan un tratamiento farmacológico bien reglado y seguido y un tratamiento multidisciplinar”.

Hoy ha quedado constituido el Tribunal del Jurado que enjuiciará a partir del próximo lunes, 26 de mayo, al acusado del atropello mortal y múltiple ocurrido en el parking del Centro de Salud de Haro en el que un sanitario murió y otros cinco resultaron heridos de diversa consideración.

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2023. El acusado -que desde el 5 de septiembre de 2023 se encuentra privado de libertad- está afectado de una enfermedad mental. El fiscal le imputa al autor del atropello un delito de asesinato y cinco delitos de asesinato en grado de tentativa. 

El Ministerio Público solicita una sentencia absolutoria y su internamiento para tratamiento médico por un periodo de tiempo de 25 años. El Fiscal estima que en este caso concurre la eximente completa de anomalía psíquica del art. 20. 1º del Código Penal.

El Tribunal Popular que juzgará estos hechos lo componen 5 hombres y 4 mujeres. Los suplentes son un hombre y una mujer (médico jubilado y auxiliar administrativa). Los miembros del Jurado tienen edades comprendidas entre los 32 y 73 años.

En cuanto a las profesiones, hay uno de ellos que está desempleado. Lo completan un fontanero, un informático, un maestro, un camarero, dos operarios, un gestor administrativo y un agricultor.

Los nueve miembros del Jurado, así como los dos suplentes, han sido seleccionados esta mañana a puerta cerrada en la Audiencia Provincial entre 22 candidatos elegidos por sorteo.

El jurado popular considera culpables a los tres acusados de dar muerte a un hombre de 45 años y, posteriormente, arrojar su cuerpo a una sima de más de 50 metros de profundidad en Viniegra de Arriba en 2022 por una deuda relacionada con las drogas. Por mayoría de siete votos, el jurado ve probado además que la víctima “no tuvo posibilidad de defenderse en los hechos, aumentando con ello su dolor”.

Los tres acusados, dos hombres y una mujer, por estos hechos se enfrentan, a petición de la Fiscalía, a una pena total de 77 años de prisión. Los hechos ocurrieron entre el 9 y el 11 de agosto de 2022.

El portavoz de los nueve miembros del jurado popular, junto a las dos suplentes, ha dado a conocer esta decisión pasadas las 17,00 horas de este miércoles, tras 48 horas de deliberación. El juez les entregó el objeto del veredicto el pasado lunes a las 13,15 horas y desde entonces han permanecido aislados y sin contacto con el exterior para decidir sobre la culpabilidad o no de estas tres personas.

Todo ello tras conocer las diferentes pruebas testificales, periciales y las declaraciones de los propios acusados -dos de ellos se inculpan entre ellos- del caso durante las siete sesiones que ha durado el juicio realizado en la Audiencia Provincial del 8 al 16 de mayo.

El Tribunal Popular que ha juzgado estos hechos lo componen 5 hombres y 4 mujeres. Las suplentes han sido dos mujeres. Los miembros del jurado tienen edades comprendidas entre los 18 y 50 años.

En concreto, y según relataba el escrito de la Fiscalía y consideraba también el responsable de la investigación, la víctima le reclamaba constantemente a uno de los acusados, J.A.G., el dinero de una deuda relacionada con las drogas pero éste no tenía dinero para pagarla por lo que, con su pareja sentimental, J.S.A., y otro amigo, I.Z.A., -también procesados- concertaron el plan para matar a la víctima que consistió en pegarle un tiro en la nuca en un cruce de carreteras (en la N-111 con la LR-333), y dos días después, arrojar su cuerpo a la sima de La Torca, en Viniegra.

Petición de penas

La Fiscal solicita por el delito de asesinato la pena de 24 años de cárcel para cada uno de ellos. Además suma 1 año y medio más para cada uno por tenencia ilícita de armas y, en concreto, para uno de los acusados, J.A.G., seis meses más por conducir sin puntos.

La Acusación Particular -que defiende los intereses del hijo de la víctima, menor de edad en el momento de los hechos- también pide las mismas penas que la Fiscal.

Por parte de las defensas de los tres acusados, todos disconformes con la descripción de los hechos, solicitan para ellos la absolución y alegan que los acusados actuaron, entre otros motivos, por miedo extremo (insuperable) o drogadicción, ya que cada uno inculpa al otro de los hechos, sobre todo en lo referido a los dos hombres.

La Fiscal pedirá también investigar por falso testimonio a los dos hermanos de la acusada por sus declaraciones en el juicio al considerar que carecen de veracidad.