El juez Peinado pretende que un jurado popular se encargue también de juzgar a Begoña Gómez por otros cuatro delitos
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que ordena seguir por el procedimiento del Tribunal del Jurado la causa principal contra Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión del magistrado implica que, de confirmarse los indicios que entiende que tiene contra ellos, los tres serán juzgados por un tribunal compuesto por ciudadanos.
Esta resolución llega una semana después de que el juez decidiera derivar por esta misma vía la otra parte de la causa, relativa a la supuesta malversación por las labores realizadas por la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En la práctica, eso supone que Begoña Gómez podría enfrentarse hasta a dos juicios con jurado popular.
En esta pieza principal se investiga a los tres imputados por corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Peinado ha citado a los tres investigados para que acudan, en compañía de su abogado, el próximo lunes, 6 de octubre, a las 17:30. El juez les comunicará la decisión y pedirá que se concreten las acusaciones y se eleven peticiones de archivo, en su caso.
Denuncia de Manos Limpias
El magistrado inició la causa en abril de 2024 tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas, y la que se acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos.
Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones por las “cartas de recomendación” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Begoña Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
La Fiscalía Europea asumió esa parte de la investigación ante la existencia de fondos europeos. Entonces, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros.
Asimismo, el juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la Complutense, donde codirigía una cátedra; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.
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