El banquero Guillermo Bueso Anduray, una de las mayores fortunas de Honduras, se ha sumado a la fiebre de multimillonarios latinoamericanos por el inmobiliario de ultralujo en Madrid. Su silencioso desembarco, paralelo a su única inversión conocida aquí, el banco español EBN, incluye una empresa de vinos, varias sociedades de reciente creación y la elusión fiscal mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros.

El magnate, de 58 años, dirige Grupo Financiero Atlántida (GFA), conglomerado propietario del Banco Atlántida, el más importante de Honduras (se fundó en 1913) y que preside desde 2010. Con unas 260 oficinas, más de 6.000 empleados, más de 4 millones de clientes y activos bajo administración de unos 21.000 millones de dólares, los tentáculos de GFA comprenden bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, sociedades de valores, depósitos fiscales, inmobiliarias u hospitales privados en ocho países.

A su máximo responsable una reciente investigación periodística le ha relacionado con la compra de un paquete de deuda tóxica asociada a la represa hidroeléctrica Agua Zarca, frenada tras el asesinato a balazos, en 2016, de la activista ecologista hondureña Berta Cáceres. 

Con sede en Tegucigalpa, GFA opera en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador y España, según su web. Hace años sus dueños compraron Pacific Bank, uno de los principales bancos de Belice, fijo en la lista de paraísos fiscales de la UE hasta este año.

El grupo, que no ha atendido a elDiario.es, tiene en España desde diciembre de 2021 un 9,9% de EBN, antiguo banco de inversión de las cajas de ahorro, adquirido en 2015 por el fallecido inversor catalán José Gracia Barba y Santiago Fernández Valbuena, ex directivo de Telefónica. El actual presidente de EBN, Rafael Gómez Perezagua, es consejero de Invatlan, la holding propietaria de GFA.

En julio se anunció el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a GFA para comprar el 45% de su gestora de fondos de inversión. El Confidencial aseguró entonces que Atlántida ultimaba la toma de control de EBN. Esta operación hasta ahora no se ha concretado. 

En España, los Bueso y su holding están vinculados a cerca de una decena de sociedades, la mayoría creadas desde 2022 y domiciliadas en el Paseo de la Castellana de Madrid. Entre las más antiguas figura Corporación de Bienes y Valores Panamericanos SL, aparentemente inactiva (sus últimas cuentas son de 2020) y constituida en 2017 en la calle Hermanos Bécquer, 8 de Madrid, en un edificio propiedad de los herederos del dictador Francisco Franco.

De 2019 data Inversiones Grupo Sur Altántida SL, que a cierre de 2022, últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, tenía unos 14 millones de euros en activos acogidos al régimen ETVE.

La mayor parte correspondía al 99,99% de cuatro filiales en Ecuador: Atlántica Casa de Valores Accitlan, Atlántida Advisors Ecuador Finatlan, Atlántica Inteligencia de Mercados Interlatlan y Fiduciaria Atlántida Fidutlan. También tenía otro 99,67% de la peruana Capital Advisors, SAC. De Grupo Sur Atlántida cuelga desde este año, según su web, D-Miro, un pequeño banco en Ecuador que compraron en marzo.

El régimen ETVE data de 1995. Está reservado a sociedades con sede en España que mantienen inversiones en el extranjero. Deja exentas las ganancias con origen tanto en dividendos, como en plusvalías generadas por la venta de acciones en sociedades extranjeras. Estos vehículos remontaron con fuerza en 2023. Atrajeron a España una inversión extranjera neta de 4.356 millones, frente a los cerca de 1.100 millones de 2022, según la Secretaría de Estado de Comercio, que no contabiliza esta cifra como inversión “productiva”. 

Los ETVE son una figura un tanto opaca y polémica, no muy diferentes del famoso “sandwich holandés”, instrumentales en Holanda controladas desde territorios de baja tributación. Las han utilizado durante años gigantes como Pepsi, Walmart, Pemex o Vodafone para ahorrarse cientos de millones en impuestos en otros países (especialmente de Latinoamérica) utilizando como plataforma España, gracias a la extensa red de convenios para evitar la doble imposición firmados con países del subcontinente. 

A este régimen se han acogido multimillonarios como el polémico magnate ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, o Guillermo Bueso. Ambos han sido fijos en los recopilatorios de Bloomberg con las 500 personas más influyentes de América Latina. El hondureño se ha caído de la última edición, publicada en septiembre. 

En noviembre de 2023, una investigación conjunta del proyecto de periodismo de investigación OCCRP, de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, y la Escuela de Periodismo de Columbia (Estados Unidos) reveló que Bueso compró con un fuerte descuento la deuda asociada a Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico en las tierras altas del occidente hondureño al que se opuso la líder indígena lenca Berta Cáceres, asesinada a tiros en su domicilio por tres sicarios el 2 de marzo de 2016.

La investigación del OCCRP mostró cómo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), principal institución de crédito multilateral de Centroamérica, desoyó varias advertencias sobre los riesgos del proyecto al prestar 24,4 millones de dólares a la promotora, la hidroeléctrica DESA, cuyo presidente, el ex oficial de inteligencia David Castillo, fue condenado a 22 años y seis meses de cárcel en 2022 como uno de los autores intelectuales del asesinato. La sentencia la confirmó el pasado martes la Corte Suprema de Honduras. Entre los condenados no están los dueños de DESA, la familia Atala, otra de las más ricas del país.

Tras paralizarse la represa, esa deuda, calificada de “tóxica” por el entonces presidente del BCIE, el polémico economista hondureño Dante Mossi, fue adquirida por apenas 500.000 dólares por una sociedad suiza vinculada al banquero Guillermo Bueso, amigo personal de Mossi. 

Y el BCIE realizó una donación por ese importe, medio millón de dólares, para impulsar un polémico proyecto de ley sobre el trato a las minorías étnicas que, según documentos internos de ese banco multilateral, permitiría reactivar más de un centenar de proyectos de infraestructuras que habían quedado paralizados. Entre ellos, Agua Zarca.

El BCIE lo presidía entonces Mossi, amigo de Bueso desde sus años universitarios. Denunciado en septiembre por el BCIE ante la justicia de EEUU por prácticas corruptas durante su mandato, Mossi fue conocido como “el banquero de los dictadores” por su apoyo a regímenes autoritarios en esa región como los del hondureño Juan Orlando Hernández, Nayib Bukele en El Salvador, y, sobre todo, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Guillermo Bueso, que en su cuenta de X reparte elogios a Bukele, pertenece a una dinastía imbricada en la élite financiera y política de Honduras desde hace más de un siglo. En 2007, el think tank local CEDOH situaba a su familia entre las 11 que dominan desde hace décadas este país, uno de los más pobres y desiguales de América Latina y el Caribe, golpeado por la violencia y el narcotráfico y con una población similar a la de Portugal.

Nacido en octubre de 1966 y educado en Estados Unidos, el banquero es bisnieto de Juan Ángel Arias Boquín, que llegó a presidir Honduras a principios del siglo XX. Su padre, Guillermo Bueso Arias, presidió el Banco Central de Honduras (BCE) y ostentó la presidencia del Banco Atlántida hasta que falleció en 2009. Su tío, Jorge Bueso (fallecido en 2023), fundó en 1951 el Banco Occidente, tercero del país, fue ministro de Economía y Hacienda, fundador y gobernador del BCIE o candidato presidencial en 1971 por el Partido Liberal de Honduras, al que ya estuvo ligado el abuelo de Guillermo Bueso, el banquero Manuel Bueso Pineda. 

Piso en los Jerónimos

Entre las sociedades en España vinculadas a Bueso figura Bueso Sucesores SL, que desde el 31 de enero es propietaria de un inmueble en Madrid al alcance de muy pocos: un piso con 271 metros cuadrados de superficie construida y plaza de garaje en una exclusiva promoción en el barrio de Los Jerónimos. Se alza en un edificio con una vivienda por planta, en una rehabilitación integral financiada con capital mexicano. Su web la promociona como “un verdadero tesoro arquitectónico de la ciudad cuyo porte distinguido atesora en su interior el valor del lujo y la comodidad”.

Sobre la finca, con un valor a efectos de subasta de 3,75 millones, según el Registro de la Propiedad, figura una hipoteca a favor de EBN Banco de Negocios, la entidad española de la que es accionista Guillermo Bueso.

Bueso Sucesores SL fue constituida en 2022 por el español Fernando de Mergelina, presidente en Panamá de Pacific Bank, uno de los bancos de Atlántida. La administra Dulce Osorio, que desde 2016 ejerce como “ejecutivo de Administración Fiduciaria” de Banco Atlántida, según su perfil en LinkedIn.

Domiciliada en las oficinas en la Castellana que administran la mayoría de las empresas de GFA en España, Bueso Sucesores es propietaria de Bodegas de Rubialejos SL, constituida hace menos de dos años y dedicada a “producción, embotellado y comercialización nacional e internacional de vinos”.

El administrador único de Bodegas de Rubialejos SL hasta febrero era Virgilio Paredes, embajador de Honduras en Corea del Sur hasta 2022, durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, el expresidente que en junio fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Otras sociedades de reciente creación vinculadas a los Bueso son Inversiones Atlacatl SL, Inversiones Tres Lagos SL o Pacific Ventures SL, creadas en mayo de 2023. La última de ellas, que hasta septiembre se llamaba Chiriqui Holdings, cerró 2023 con solo 50.000 euros en activos, según las cuentas firmadas en Nueva York el 2 de abril. 

La vivienda a nombre de Bueso Sucesores SL en Los Jerónimos está a pocos metros de la promoción de súperlujo que vendieron en 2021 los Dorado-Pizzorni: venezolanos de origen italo-gallego, afrontan varias reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social. Son exponentes, junto a Bueso, de esa nueva Miami con la que sueña la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El sábado 2 de marzo se cumplieron ocho años del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, en Honduras. El crimen evidencia la organización política, criminal y económica contra una luchadora por los derechos ambientales y de las mujeres. Berta era una lideresa del pueblo Lenca, protectora del río Gualcarque, a la que dispararon para silenciar su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –que Berta presidió– convocó un acto, en La Esperanza, Intibucá, en el octavo aniversario de lo que denominan “la siembra de Berta Cáceres”. Como lema, utilizaron una emblemática frase de la activista asesinada: “¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos!”. El encuentro dio lugar a un momento de espiritualidad, con una ofrenda en el cementerio donde descansa su cuerpo y un concierto en homenaje a su legado. 

Su familia pide justicia

A ocho años del femicidio, la familia y el COPINH exigen la confirmación de las penas que figuran en el expediente. En noviembre de 2018 la Justicia condenó a siete hombres por el asesinato de la activista. Sin embargo, todavía las sentencias no están ratificadas. Sus hijas Bertha Zúniga Cáceres, Laura Zúniga Cáceres, Olivia Zúnica Cáceres y Salvador Zúniga Cáceres piden justicia. “No podemos permitir que la Justicia se demore más. Exigimos a la Corte Suprema, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, que confirme las ocho sentencias ya emitidas”, apunta Salvador.

Bertha Isabel Zúniga Cáceres es la coordinadora del COPINH y en conversación con elDiario.es remarca: “Invitamos a todas las personas del mundo a recordar el legado de mi madre”. Y advierte: “La justicia para Berta Cáceres está peligrando”. El caso es clave, ya que demuestra que la violencia machista se alía con trasnacionales, bancos y empresas para callar las voces de las defensoras de los derechos humanos que los confrontan. La organización reclama a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras que actúe “de manera diligente y justa para poner fin a la prolongada espera”. Y alerta: “Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación”. 

En la causa por el asesinato de Berta se condenó, el 5 de julio de 2021, a David Castillo, ex director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que está señalado como coautor del crimen. La empresa pertenecía a la familia Atala Zablah. La trama económica demuestra que este lobby tenía como modus operandi el uso de agentes militares y paramilitares para vigilar, infiltrar y violentar a la comunidad, además de utilizar la violencia de género extrema para quitarse de en medio a las mujeres que no aceptaban sus negocios.

“La violencia desarrollada por la empresa de la constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico no hubiese sido posible sin el apoyo económico de los bancos que participaron. El COPINH tiene una demanda en Holanda para que se juzgue la responsabilidad en la financiación. También hay participación de fondos de Finlandia y de Centroamérica. Convirtieron al río en un producto de especulación financiera, en algunos casos, con mecanismos de lavado de activos que deben ser investigados”, señala Bertha Isabel Zúniga Cáceres.

La lucha de Berta

Berta era feminista y luchaba contra el patriarcado y la violencia dentro y fuera de las comunidades. Ella denunciaba el acoso sexual y peleaba por derechos sexuales y reproductivos. Pero su lucha era por un feminismo sin extractivismo. “No nos gusta el feminismo de élite, que está muy alejado de la lucha de las mujeres y de la lucha por el agua y los territorios”, contextualizó en una entrevista con Las/12. Para su hija, la lideresa es su “mami” y, también, un símbolo feminista. 

Berta decía, según recuerda su hija, que “el sistema más antiguo y complejo de dominación era el sistema patriarcal”. Por eso, luchó para elevar su participación política y condenó la violencia y el ultraje contra las mujeres que alzan la voz. “Yo la recuerdo muy graciosa, muy alegre, muy vital, moviéndose de un territorio a otro, tratando de colaborar, conectando diálogos, propiciando encuentros... por eso es una ausencia muy sentida para mí y para el movimiento social hondureño, que sufrió un proceso de debilitamiento. Ella llevaba su lucha con alegría y con esperanza”. 

El asesinato de Berta Cáceres se produjo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que gobernó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. En esa fecha asumió la presidencia Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009, en el primer golpe de una nueva ola de embates contra las elecciones populares en América Latina. “Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer”, aclamó Xiomara. Pero el renacimiento todavía es una deuda. “El Gobierno tiene un gran desafío para demostrar su compromiso con la justicia para Berta y con las comunidades indígenas. Todavía hay que desmantelar los intereses privados que tienen las garras puestas en los territorios”, interpela Zúniga Cáceres.

En 2011 Berta viajó a Argentina para denunciar el origen del golpe militar en Honduras y subrayó: “¿Quiénes impulsaron el golpe de Estado? Las familias oligarcas ligadas al Opus Dei y a la élite religiosa”. Su hija analiza el cambio político actual. “La realidad ha cambiado, no tiene nada que ver con el Gobierno de Hernández. El COPINH tiene un canal de interlocución con el Estado, pero los problemas estructurales no logran ser abordados por el Gobierno, como el desmantelamiento del modelo de concesiones que se dio tras el golpe de Estado y que amenaza a las comunidades indígenas con inversiones corruptas, ilegales e irrespetuosas”.

El COPINH, fundado en 1993, hace más de tres décadas, denuncia que ocho bancos –europeos, hondureños e internacionales, como el Banco Mundial– destinaron fondos para la cuestionada represa, a pesar de que había sido calificada como ilegal por Berta Cáceres, y de que esos fondos pudieron usarse para conformar la banda de sicarios que la asesinó. Un ejemplo es que una entidad financiera, propiedad de Jacobo Atala Zablah, ofreció pagar una fianza de cuatro millones de lempiras (aproximadamente 150.000 euros) al Estado de Honduras para mantener a David Castillo en libertad durante el transcurso del proceso penal.

En 2018 un fallo responsabilizó a siete hombres, entre ellos, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, acusado de identificar a Berta como un objetivo a eliminar para terminar con la oposición al proyecto de la represa e infiltrar y generar violencia comunitaria en Río Blanco. Por su parte, Douglas Geovanny Bustillo fue jefe de seguridad de DESA. En el COPINH indican que, entre 2015 y 2016, junto a militares y paramilitares hondureños, siguió a Berta, se infiltró en la organización y preparó su asesinato. 

Los empresarios se conjugaron con un grupo de sicarios coordinados por Mariano Díaz Chávez. El cabecilla del grupo que cometió el feminicidio fue Elvin Heriberto Rápalo Orellana, que era miembro del Ejército hondureño. Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez integraban el grupo de gatilleros. También fue imputado por el crimen Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Sin embargo, todas las condenas están recusadas en casación por las respectivas defensas, que alegan errores de derecho en el proceso. Por eso, el COPINH alerta: “La justicia para Berta está en peligro”.

En la noche previa al aniversario de la muerte de Berta, el 1 de marzo, se exhibió el documental 'La ilusión de la abundancia', que se va a estrenar en Honduras en marzo, y que denuncia las represiones, amenazas y agresiones que sufre el pueblo lenca por oponerse a proyectos extractivistas. El film, que está codirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, ya fue seleccionado en más de cien festivales desde su lanzamiento, en el Parlamento Europeo, en octubre de 2022. “La ilusión de la abundancia” ganó veintiséis premios como el mejor documental One World (Praga, República Checa), Innsbruck Film Fest (Austria), Double Exposure (Washington, Estados Unidos), Miradas Medellín (Colombia), Censurados (Perú), Séptimo Ojo (Bolivia) y DOCA (Buenos Aires, Argentina).

“Berta Cáceres, mi mamá, representaba una lucha efectiva en los territorios del pueblo lenca en contra del interés empresarial. Vemos las relaciones entre el norte y el sur y parece que nosotros debemos pagar por el consumismo brutal de otros países y asumir las consecuencias de la crisis climática a la que nos ha llevado esa explotación económica”, enmarca en la película Bertha Zúniga Cáceres. 

El documental expone su mirada y la de Carolina de Moura, de Brasil, y Máxima Acuña, de Perú, que lideran una lucha contra los que definen como “conquistadores modernos”, que son grandes empresas extractivistas. “Con las historias de nuestras protagonistas queremos por una parte evidenciar hasta dónde es capaz de llegar la irresponsabilidad y criminalidad de las corporaciones y la necesidad de protección efectiva que necesitan las personas defensoras ambientales”, afirman los directores.

El caso de Berta expone una situación que no es excepcional, sino un modus operandi, de extractivismo a punta de gatillo y efectos dictatoriales. En la última década, al menos, 136 personas defensoras de la tierra fueron asesinadas en Honduras, según datos de Global Witness. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 310 agresiones contra ellas, solo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La impunidad arrastra más violencia.

“Ya ha pasado demasiado tiempo”, lamenta su hija sobre la tardanza del fallo definitivo. Y resalta: “Es una situación muy irregular que no se emitan las sentencias. Ya pasaron cinco años desde la primera parte del juicio. Es muy peligroso que un caso tan emblemático esté tardando tanto, por eso exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y cierre este proceso de una vez por todas”.

Este miércoles se han cumplido seis años desde el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. Su lucha por los derechos de la comunidad lenca la llevó a recibir el premio Medioambiental Goldman, el mayor reconocimiento mundial que se otorga a activistas que trabajan para salvaguardar el medioambiente. Durante años denunció amenazas de muerte y, por ello, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, sin embargo, la protección que recibía no fue suficiente y fue asesinada en su casa la noche del 2 de marzo de 2016. El pasado julio, David Castillo, directivo de la empresa DESA, fue declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato.

A la defensora de los derechos humanos, la también hondureña, Yessica Trinidad, le brillan los ojos al hablar de ella. “Berta nos enseñó que las mujeres teníamos derechos y que podíamos liderar organizaciones. Fue muy importante en la vida de muchas hondureñas”, explica a este periódico durante el congreso 'La vida en juego' que organiza Mugarik Gabe y que se ha celebrado esta semana en Bilbao.

Seis años después del asesinato de Berta Cáceres, su caso aún no ha tenido justicia. “La gente, sobre todo a nivel internacional, tiene la idea de que se ha avanzado en la justicia, pero en cualquier momento David Castillo o cualquiera de los que está detenidos por perpetrar el asesinato de Berta, pueden salir. Mientras no haya una sentencia firme, tendremos justicia a medias”, asegura. En Honduras, el año pasado asesinaron a 340 mujeres y solo el 5% de los casos han llegado a ser investigados.

Trinidad es coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, organización desde la que defiende el medioambiente y los derechos de las mujeres, y acompaña a las defensoras que son amenazadas o perseguidas por su trabajo. “Desde 2016 hasta 2019 han agredido a más de 2.400 defensoras, según los datos que hemos podido registrar, porque hay muchas con las que no estamos en contacto. Además, la violencia en Honduras se ha naturalizado y muchas defensoras han dejado de tomarle importancia porque tampoco puedes vivir prestándole atención constantemente a estas cosa, esto te hace dudar de si seguir o no”, lamenta. Según confiesa, la violencia hacia estas mujeres proviene de distintos sectores como el narcotráfico, las empresas extractivas o el Gobierno, pero muchas de ellas, además, son violentadas por miembros de sus propias organizaciones cuando se sienten amenazados por los liderazgos femeninos. Cuando eso ocurre, su consejo más valioso es que las mujeres permanezcan unidas.

¿Cuál es la labor de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras de la que es coordinadora?

Somos una articulación nacional de organizaciones de movimientos sociales o feministas. Surgimos en el año 2010, después del golpe de Estado en Honduras porque con el golpe, se evidenciaron mucho las violencias contra las mujeres que defendíamos los derechos humanos. Tenemos como mandato acompañar a defensoras de los derechos humanos que están en riesgo por defender la tierra y el territorio, la libertad de expresión y la libertad de cuerpos, entre otras luchas.

No podemos vivir en la utopía de que nuestros compañeros son siempre nuestros aliados

¿Quién amenaza o agrede a estas defensoras?

Hay un sinnúmero de agresores, pero generalmente, casi siempre son hombres que están vinculados al narcotráfico, a las empresas extractivas, a partidos políticos o que son funcionarios públicos. También están los agentes represores del Estado como el Ejército, la Policía Nacional, la Policía Militar o las Fuerzas Especiales que están bajo el control del Estado y a favor de los empresarios. Luego, están los terratenientes, que llegan a adueñarse de territorios que son de comunidades indígenas. Y, en menor medida, los propios compañeros de las organizaciones. Eso es importante decirlo, porque no podemos vivir en la utopía de que nuestros compañeros son siempre nuestros aliados. En muchos casos se ven amenazados por los liderazgos de las compañeras y hay agresiones que no sabemos cómo enfrentar porque no es lo mismo que te agreda un militar a que te agreda un compañero.

¿Quién fue Berta Cáceres?

Berta era una luchadora que peleó incansablemente por la recuperación de sus territorios, por la unidad de los pueblos indígenas, para que el pueblo lenca tuviera el respeto que se merecía y para poder permanecer en su territorio en las mejores condiciones. Nos enseñó que las mujeres teníamos derechos y que podíamos liderar organizaciones como bien lo hizo ella en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Creo que Berta fue una mujer muy especial en la vida de muchas en Honduras y nos enseñó que lideresas tan importantes como ella, y como otras que hay en el país, también enfrentaban violencia, pero que en medio de esa situación era muy importante reivindicar la alegría y el deseo por hacer lo que te gustaba. Eso es algo que Berta nos enseñaba constantemente.

La Fiscalía de Honduras condenó al empresario David Castillo como autor intelectual del crimen. ¿Qué supone esto para las hondureñas? ¿Se ha logrado hacer justicia?

Aunque hay ocho personas detenidas por el asesinato de Berta, todavía no hay una sentencia firme contra ellos. La gente, sobre todo a nivel internacional, tiene la idea de que se ha avanzado en la justicia, pero en cualquier momento David Castillo o cualquiera de los que está detenido por perpetrar el asesinato de Berta en cualquier momento puede salir. Mientras no haya una sentencia firme, tendremos justicia a medias. Además, David Castillo fue coautor del asesinato, hay otros y todo el mundo sabe quienes son. Nosotras no vamos a decir que se ha alcanzado justicia hasta que se atrape a estas personas que pagaron y que planificaron el asesinato de Berta.

¿Por qué es tan difícil condenar a esas personas de las que habla?

Porque son familias poderosas que tienen mucho control económico en el país. No es tan fácil llegar a ellas porque no hay voluntad. Berta fue una de las que fue perseguida judicialmente en Honduras. Es muy fácil perseguir al pueblo en Honduras, pero muy difícil perseguir judicialmente a los empresarios que tienen el control económico del país.

En cualquier momento David Castillo o cualquiera de los que está detenido por perpetrar el asesinato de Berta en cualquier momento puede salir; mientras no haya una sentencia firme, tendremos justicia a medias

¿Cuántas defensoras son asesinadas al año en Honduras?

Después del asesinato de Berta y hasta día de hoy, es decir, desde el 2016 hasta el 2022, hay más de 22 defensoras asesinadas, según la información que nosotras tenemos.

¿Y amenazadas y perseguidas?

Muchísimas. Desde 2016 hasta 2019 han agredido a más de 2.400 defensoras, según los datos que hemos podido registrar porque hay muchas con las que no estamos en contacto. Además, la violencia en Honduras se ha naturalizado y muchas defensoras han dejado de tomarle importancia porque tampoco puedes vivir prestándole atención constantemente a estas cosas porque te hace dudar si seguir o no.

¿Qué es lo que hace que pese al peligro que corre siga luchando por sus derechos de esta manera?

Si de algo sabemos las hondureñas es del derecho que tenemos a estar en nuestro país. Siempre salen noticias negativas sobre Honduras, lamentablemente, pero nosotras tenemos mucho amor por la tierra que nos vio nacer y queremos quedarnos ahí de la mejor forma. Por eso seguimos luchando.

¿Usted ha sido amenazada alguna vez?

Sí. Este congreso se llama 'La vida en juego' y así es. Todos los días nos jugamos la vida y el juego no siempre es fácil. Todo depende de quién sea tu contrincante. Para nosotras vivir en Honduras se ha convertido en un juego de terror, pero tenemos la certeza de que queremos seguir viviendo ahí y que queremos vivir bien, sin precariedad ni angustia de lo que pueda pasar. No nos queremos acostumbrar a tener que vivir enterrando a compañeras o despidiéndonos de ellas. Una de las cosas más dolorosas que nos toca vivir es la de despedir a gente que queremos porque se van de Honduras. Son expulsadas por la violencia machista, la violencia de las empresas extractivas, la corrupción, la impunidad... Eso es muy doloroso. También hay muchas que decidimos quedarnos e intentar que las cosas cambien. De ahí viene ese impulso que nos empuja a seguir, pero es duro estar pendiente cada día de si te está siguiendo un carro, si hay alguien que te está vigilando o de lo que dices para que lo que digas no vaya a molestar al narcotráfico. En Honduras, como en algunos otros países ocurre que una ya no sabe quién pertenece al Gobierno, quién a la empresa extractiva y quién al crimen organizado, porque están en los tres ámbitos.

Desde 2016 hasta 2019 han agredido a más de 2.400 defensoras de los derechos humanos en Honduras

Me hablaba de ese 'juego de la vida'. En su caso, ¿contra quién juega usted?

Hay veces que contra mí misma porque en algunos momentos quiero dar más de lo que puedo y me toca jugar todos los días por seguir resistiendo y con vida. Mi lucha más fuerte es contra el propio sistema que te dice que tienes que ser madre, que te tienes que cuidar y quedarte en el estereotipo marcado para las mujeres. Me toca pelear contra el machismo que quiere que siga agachando la cabeza, contra el Gobierno que dice una cosa y hace otra y contra las empresas extractivas en todas sus expresiones, las que represan los ríos y las que sacan minerales de las tierras. Como mi labor se basa en acompañar a defensoras me toca enfrentarme a muchas cosas.

¿Qué tipos de amenazas sufren las mujeres en Honduras?

Hay persecuciones, amenazas de muerte y campañas de desprestigio. Estas últimas funcionan mucho en Honduras porque a la gente les importa mucho el qué dirán. El trabajo de defender los derechos humanos es distinto para un hombre y una mujer. A nosotras nos acosan sexualmente, nos violan y nos amenazan con que van a violar a nuestras hijas o hermanas, mientras que con los hombres eso no pasa. A los hombres ser defensores de los derechos humanos los honra y a nosotras nos desprestigia porque somos las que abandonamos a nuestros hijos o las que salimos de nuestras casas, pero si los hombres salen a la calle y van a una manifestación son personas que se sacrifican por su pueblo.

¿Cómo son las agresiones que sufren dentro de sus propias organizaciones de defensoras?

Se basan principalmente en campañas de desprestigio que sirven para deslegitimar el liderazgo que tenemos. No pueden ver a una mujer definiendo líneas estratégicas, porque eso es para los hombres. A las mujeres que toman decisiones, los hombres las ven como una amenaza para los privilegios que han tenido históricamente. Por ello, empiezan con rumores o campañas de desprestigio que sirven para matar políticamente a las compañeras. Por mucho que no sepas si esos rumores son ciertos o no, generan una atmósfera de mucha desconfianza alrededor de ese liderazgo. Eso lo hacen mucho cuando una compañera empieza a incomodar porque denuncia actos de corrupción dentro de las propias organizaciones o denuncia algún caso de violencia machista por parte de un compañero. Nos han querido acostumbrar a que guardemos silencio por el bien del proyecto político, entonces, cuando hay una compañera que no está dispuesta a seguir haciéndolo empiezan con rumores para desprestigiarla.

Las defensoras de los derechos humanos no nos queremos acostumbrar a tener que vivir enterrando a compañeras o despidiéndonos de ellas

¿Y qué se hace en estos casos?

A nosotras nos funcionan las alianzas entre mujeres. Cuando nos ven juntas tienen cuidado. Saben que no nos vamos a quedar calladas y que tenemos no solo la fuerza, sino la capacidad para sostenernos entre todas. Eso les asusta. Tanto los hombres que forman parte de los movimientos como los que no, tienen miedo a las mujeres porque no saben de dónde sacamos nuestra fuerza ni cómo es posible que a pesar de toda la violencia y los entes opresores podamos continuar alegres y fuertes defendiendo no solo los derechos del medioambiente, sino los derechos que tenemos como mujeres.

¿Por qué sale tan barato atacar a las mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras?

Porque no hay justicia. Los niveles de impunidad son altísimos en Honduras. La violencia contra las mujeres es algo que difícilmente se penaliza. De hecho, cuando agreden a una mujer, es ella quien termina convirtiéndose en responsable de esa agresión porque salió a la calle o porque vestía de tal o tal forma. En Centroamérica asesinar a una mujer es menos perseguido que otros delitos. El año pasado en Honduras asesinaron a 364 mujeres y ni siquiera el 5% de los casos han sido investigados porque no es algo que importe. Siempre nos han visto como un número y no como sujetas de derechos. En el caso de las defensoras es todavía peor, porque no solo nacimos mujeres, sino que además nos atrevimos a romper el estereotipo que la sociedad tenía para nosotras. Salimos a la calle a protestar en lugar de quedarnos en casa. Eso te pone en un riesgo mayor y nadie hace nada para castigar a quien se atreva a agredirte. El caso de Berta es un caso paradigmático porque incluye todo: violencia dentro de su organización, violencia machista, violencia por parte de una empresa extractiva y violencia del Estado, que le perseguía usando el Derecho Penal. Si se atrevieron a matar a Berta que era una defensora tan conocida mundialmente y todavía, después de seis años, no ha habido justicia, imagínate qué puede pasar con otras compañeras que no son tan conocidas.

Cuando Roberto David Castillo se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos de West Point, ya pensaba en su legado. “Será recordado por todos como un líder intrépido comprometido con Dios, con su familia y con el servicio a los demás”, decía el epígrafe en el retrato del cadete hondureño publicado por el anuario de la academia militar estadounidense.

Con toda seguridad, Castillo será recordado. A principios de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Honduras lo declaró culpable como coautor del asesinato en 2016 de la activista indígena Berta Cáceres, en aquel momento una de las defensoras del medio ambiente más conocidas de América Latina.

Un grupo de sicarios asesinó a Cáceres tras años de amenazas de muerte relacionadas con su oposición a Agua Zarca, una represa hidroeléctrica de 22 megavatios que había sido aprobada por el Gobierno sin el permiso de los indígenas locales.

Castillo era presidente de la empresa encargada de construir la represa. Según el tribunal, aprovechó su formación militar para acosar durante años a Cáceres mientras ayudaba en secreto a coordinar el asesinato de la activista.

Castillo había recibido parte de esa educación en West Point, donde estudió entre 2000 y 2004. Según una investigación de The Guardian, el paso por la prestigiosa academia militar estadounidense contribuyó a moldear la carrera de Castillo y abre interrogantes sobre la formación impartida por la institución a generaciones de soldados centroamericanos, con varios casos de posteriores violaciones de los derechos humanos.

La victoria de Xiomara Castro en las recientes elecciones presidenciales de Honduras ha hecho crecer las esperanzas de ponerle fin a la cultura de la impunidad en el país. Pero Castillo aún no ha sido juzgado por su crimen y West Point no ha reconocido públicamente los cargos contra su exalumno.

En su clase de West Point, Castillo era uno de los pocos estudiantes procedentes de otro país. Su excompañero de habitación Travis Dent lo recuerda como un amigo alegre y servicial. “Todavía hago la broma con él de que yo suspendí inglés y él aprobó, porque era un estudiante, muy, muy listo en todo lo que tenía que ver con los libros”, dice Dent. “Lo conocíamos como un cadete más”.

El “derecho a presumir”

Castillo estudió en West Point los fundamentos de la guerra, la estrategia y el armamento. Después se especializó en ingeniería eléctrica y en informática. Pero, cuando los cadetes internacionales regresan al ejército de sus países de origen, se benefician de algo más que de la formación académica. Según Martin Anderson, exprofesor de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, “les da derecho a presumir institucional y socialmente”, y puede ayudar a hacer amigos poderosos.

Tras licenciarse en West Point, Castillo regresó en 2006 a Honduras para incorporarse a las Fuerzas Armadas de su país como subteniente. Su carrera ilustra lo que un soldado con conexiones puede hacer en países como Honduras, conocido por la tasa de asesinatos, los actos de violencia respaldados por el Estado, y la impunidad política.

Castillo se involucró en seguida con la compañía eléctrica del Gobierno. Primero, cuando las Fuerzas Armadas la militarizaron en 2007. Luego, por su trabajo en la compañía a partir de 2008, una vez que fue tomada por el Ejército.

En la empresa eléctrica, se unió a la comisión responsable de negociar los contratos de proyectos hidroeléctricos de Honduras con una filial de Odebrecht, el grupo brasileño que después sería hallado culpable en el mayor caso de soborno en el extranjero de la historia por pagar cientos de millones de dólares a autoridades gubernamentales de todo el mundo. 

En aquella época, Castillo inició una empresa que fue sorprendida vendiendo al Ejército equipamiento a precios inflados (más tarde le ordenaron que devolviera al Gobierno el dinero). Según fiscales anticorrupción de Honduras que investigaban otro caso, en 2009 Castillo creó la empresa de energía Desa y volvió a infringir las normas. Supuestamente, sus testaferros la pusieron en marcha en su nombre mientras Castillo seguía trabajando para la entidad gubernamental que aprobó el contrato de compra de electricidad en la futura represa hidroeléctrica de Agua Zarca.

Según Jackie McVickar, una especialista en derechos humanos que contribuyó en el informe de 2019 sobre corrupción en la industria energética hondureña, Castillo “se vio envuelto en la estructura de poder que es el Ejército en Honduras”.

Castillo se cruzó con Cáceres cuando Desa comenzó a trabajar en la represa. La activista medioambiental y madre de cuatro hijos fue espiada, seguida y amenazada por convocar a los manifestantes y presionar a los grupos internacionales para que dejaran de apoyar al proyecto. 

Según su hija, Bertita Zúñiga Cáceres, Castillo fue una pieza clave en la campaña de acoso, enviando sin cesar mensajes de texto a su madre para recordarle que sabía exactamente dónde estaba. Para el año 2016, Berta Cáceres ya había sido asesinada.

Según la colaboradora de Cáceres y defensora de los derechos humanos Brigitte Gynther, Castillo “empleó sus habilidades militares para ordenar su asesinato, y no solo para matarla, sino para perseguirla”.

West Point: “Destrucción y muerte”

Cuando Castillo fue arrestado dos años después, su antiguo compañero de cuarto en West Point, Travis Dent, movilizó en su defensa al resto de los camaradas de la academia, presionó al embajador estadounidense en Honduras, y acudió a compañeros al servicio de legisladores y agencias federales. “La inmensa mayoría de los compañeros de clase y todos los que hablaron con nosotros estaban dispuestos a ayudar”, dice Dent.

El apoyo proporcionado a Castillo por una influyente red estadounidense no es casualidad. Según un informe de 1997 guardado en el archivo de la academia militar, el Programa Internacional de Cadetes de West Point “se estableció como una herramienta de política exterior para dotar al Gobierno de Estados Unidos de un mecanismo con el que mejorar las relaciones con naciones amigas y fomentar la estabilidad”.

Los cadetes centroamericanos han sido protagonistas del programa desde que comenzó en 1889. Casi una quinta parte de los más de 500 graduados internacionales que han pasado desde entonces por el curso proceden de siete pequeños países centroamericanos.

Los contribuyentes estadounidenses han subsidiado parcial o totalmente la formación de los estudiantes internacionales, un desembolso que según el autor del informe de 1997 debe considerarse como una inversión. Después de conocer de cerca los ideales democráticos de Estados Unidos, escribió, difundirán esos principios en su país.

Son argumentos similares a los esgrimidos en defensa de la “Escuela de las Américas”, un programa creado en 1946 por el Ejército de EEUU para entrenar a soldados de la región, con más de un centenar de exalumnos latinoamericanos acusados de violar los derechos humanos en sus países de origen. Entre ellos, dos de los restantes siete hombres que en 2019 fueron condenados por participar en el asesinato de Cáceres.

Según Brigitte Gynther, que ahora coordina una organización de vigilancia a personas con formación militar en EEUU (School of the Americas Watch), “en las últimas décadas, los militares formados por Estados Unidos han provocado una destrucción y una muerte inconmensurables en Centroamérica y siguen haciéndolo hoy”.

Uno entre muchos

Castillo no es el primer licenciado de West Point que no está a la altura de los elevados ideales de su programa internacional. Tras licenciarse en 1946 en la misma academia militar, Anastasio Somoza Debayle regresó a Nicaragua, donde fue el jefe de la Guardia Nacional y luego el presidente del país, acusado de la muerte de miles de personas y de repetidas violaciones contra los derechos humanos. Su hijo Julio fue admitido en West Point en 1977, justo cuando el régimen libraba su guerra contra los rebeldes sandinistas.

En una presentación de hace poco, el equipo de admisiones de West Point incluyó a Somoza en su lista de “destacados graduados internacionales” sin hacer ninguna mención a su carrera como déspota.

Es posible que otros centroamericanos que pasaron por la academia sí estuvieran a la altura de los altos ideales del programa. Pero su eficacia es difícil de medir: en el listado que el Ejército de EEUU entregó a The Guardian, los nombres de la mayoría de los graduados internacionales aparecen tachados y no han querido decir cuántos excadetes han sido acusados por crímenes.

West Point rechazó una solicitud de entrevista y sugirió a The Guardian que se pusiera en contacto con el Departamento de Estado, con el argumento de que dicho Ministerio estadounidense participa en la elección de países que pueden enviar cadetes a la academia. Pero el Departamento de Estado derivó la solicitud de entrevista al Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa, a su vez, la derivó al Departamento de Estado.

Según Beth Stephens, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Exteriores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, West Point es “una institución pública que debería rendir cuentas públicamente de lo que hace”. En su opinión, la responsabilidad de demostrar que el programa no conduce a abusos de los derechos humanos en el extranjero debería recaer sobre dicha academia militar.

Mientras el Gobierno estadounidense protege del escrutinio al Programa Internacional de West Point, los líderes hondureños siguen siendo vinculados a acciones antidemocráticas y actividades ilícitas. 

El presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó al cargo en 2014, cinco años después de que otro hondureño licenciado en la Escuela de las Américas encabezara el golpe de Estado de 2009. Cientos de miles de ciudadanos han emigrado huyendo de la pobreza, la violencia y la corrupción durante el Gobierno de Hernández, que en 2021 fue identificado por fiscales federales de EEUU como presunto receptor de sobornos de los narcotraficantes y como responsable de poner a las Fuerzas Armadas al servicio de un laboratorio de cocaína.  

Hernández ha negado una y otra vez tener vínculos con los cárteles de la droga. Aunque hasta ahora ha sido protegido por la política estadounidense basada en no acusar a presidentes en ejercicio, podría ser acusado en cuanto Xiomara Castro asuma la presidencia en enero.

Eso sí, los cadetes hondureños siguen formándose en West Point. En la academia hay un ingreso de un hondureño en 2016, el mismo año en que Cáceres fue asesinada.

Traducción de Francisco de Zárate.

Cuando empezó la investigación del asesinato de su madre, Laura Zúñiga nunca imaginó que cinco años después escucharía el veredicto que la Justicia hondureña emitió esta semana. Tras años de denuncias de obstáculos en el proceso judicial sobre el caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el juzgado ha condenado a David Castillo, exmilitar entrenado por Estados Unidos en West Point y ex presidente ejecutivo de la hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la compañía contra la que tanto luchó su madre por los abusos cometidos en comunidades indígenas.

Laura Zúñiga celebra el fallo, pues declara a Castillo como coautor del crimen y señala que el exmilitar funcionó como nexo indispensable entre los autores materiales e intelectuales. Pero el proceso judicial no ha terminado para la familia de Cáceres, que apuntan aún más arriba. Precisamente, buscan alcanzar a quienes idearon y ordenaron acabar con la vida de la reconocida defensora del medioambiente y los derechos humanos.

Como hija de Berta Cáceres e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ¿cómo valora el fallo?

Yo que estuve la mayor parte del tiempo en la audiencia, ya tenía la certeza de que era culpable. Lo sabíamos desde que fue el entierro de mi mami, cuando nos encontramos, hablamos y entendimos la situación. Pero al ver cada prueba, yo estaba muy segura. La cosa era cómo lograr enfrentarse a todo el poder que había para proteger a Castillo, entendiendo que es parte de un sistema criminal. Y se evidenció su rol como un elemento logístico de la estructura intelectual, era el operativo del nivel más alto en la planificación del asesinato.

Sabemos que nos hemos enfrentado a una de las familias más ricas (los Atala Zablah) y que acusar a un empresario era bien difícil. Fue mucho esfuerzo y cuando recibimos el fallo condenatorio, hubo alegría, alivio y fue recordar que hace cinco años no hubiéramos imaginado que íbamos a poder enjuiciarlo. Entonces lo recibimos como una victoria, lo festejamos. Pensando que no termina acá, sino que es un pasito más en el largo proceso de justicia para mi mami. Pero es un precedente muy bueno y responde al trabajo que hicimos.

Que lo condenen por coautor y no por inductor, lo que proponía la fiscalía, es bien importante. Porque era reconocer el trabajo de nuestro equipo legal, la acusación particular, que siempre costó que se nos respetara. Lograr que quede plasmado en el fallo, es también un precedente en cómo trabajar.

Hay que ser rigurosos en lo jurídico, en el acompañamiento que había afuera de la Corte. La gente estuvo tres meses en el campamento [levantado frente al juzgado para pedir justicia], por momentos con lluvia que te empapaba en dos minutos. Y aguantaron. Esa fuerza tiene mucho que ver.

Aparte de menospreciar a la acusación particular, ¿a qué otras complicaciones se enfrentaron en el caso?

Creo que la más grave fue la dilación del proceso. Dos años en los que no podíamos abrir el juicio oral y público. Esa etapa del debate de las pruebas fue súper desgastante, sin saber cuándo iba a ser, cómo prepararse. Fue un pleito también que dejaran introducir las pruebas, sobretodo los peritajes, que yo pudiera estar en la sala. Incluso a veces nos sacaban de las audiencias virtuales. Hasta el último momento, en que yo hablé en la penúltima palabra, me cortaron.

Otra cosa complicada fue la agresividad de la defensa de Castillo, que siempre estaba intentando criminalizar a la víctima, o generar discursos de odio contra una persona ya asesinada. Fue bastante molesto. Fue un tribunal muchas veces muy despectivo, fue enfrentarse a una fiscalía que nos negó información. Pero ya lo vivimos una vez y estábamos preparadas, ahora lo tomamos diferente. Creo que lo supimos enfrentar bien, incluso en momentos de ponerles un alto al tribunal o a los abogados.

La defensa de Castillo pretendía argumentar un vínculo cercano con Berta, cuando era un trabajo de inteligencia militar que terminó en el asesinato de tu madre. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Yo el ejercicio que he hecho es tratar de que no me afecte emocionalmente, sobre todo. Pero es indignante, porque son tácticas que se usan en contra de las mujeres. Lo podemos identificar en otros casos, se usa la inteligencia y la formación militar para buscar acercarse y obtener información. Y esa información luego era pasada a los grupos que tenía funcionando la empresa para intentar desarticular y neutralizar la lucha de mi mami y de la comunidad de Río Blanco.

Pero además, significa una legitimación patriarcal de juzgar a las mujeres y justificar a los hombres en sus actos de violencia. Me molestaba mucho que me preguntaran si eran amigos. Yo respondía: “No, lo niego. Pero si lo hubieran sido, tampoco lo exculpa”, porque la mayoría de femicidios los cometen personas cercanas. En este tema ayudó mucho el peritaje de (la maya k'iché) Gladys Tzul Tzul.

Te quería preguntar por su peritaje y el de Harald Waxenecker, algo nunca visto en un juicio en Honduras. ¿Cuál fue la importancia de que declararan?

El de Gladys sobre todo trataba de las relaciones de género y hablaba de cómo Castillo buscó acercarse a mi mami, sacarle información y atacarla por el hecho de ser mujer. De cómo las empresas buscan atacar a los liderazgos femeninos para romper el tejido social en las comunidades y atentar contra sus luchas. Se hace mucho más vulnerables a las mujeres que a los hombres. Con ataques hacia sus hijos, hacia su entorno, a partir de sus decisiones o vida privada. No quiere decir que no se ataque a hombres defensores, sino que es de otra forma y fue evidente en este caso.

Lo que hace Harald es un análisis de redes de poder a partir de la data telefónica, donde se demuestra que había dos grandes grupos que actuaron para matar a mi mami. Uno era el que hizo el asesinato, el grupo sicarial, y el otro era el grupo de poder, los asesinos intelectuales. Y David Castillo funcionaba como enlace, por eso la importancia de que haya sido declarado culpable. El grupo sicarial funcionaba subordinado a Castillo y llevaba los vínculos, la información y la logística necesaria para el asesinato. Muestra cómo operaron las Fuerzas Armadas de Honduras para atacar a la comunidad de Río Blanco y a mi mami.

Después trataba de cómo logran estos grupos de poder, los asesinos intelectuales, tener ese poder. Y lo hacen a través de corromper las instituciones del Estado, para que los proyectos extractivos se instalen con las fuerzas de seguridad, las leyes, el Ministerio Público (MP). Y cuando hay oposición, de violentar a las comunidades.

Durante la exposición de la perita, la defensa de Castillo buscó desprestigiar la cosmovisión indígena y sus lógicas organizativas.

Quisieron deslegitimar incluso la propia prueba pericial, decían que era algo novelesco, “porque cita libros”. Era negar las formas de pensamiento y de construcción que tienen los pueblos indígenas, las lógicas territoriales comunitarias, de las vidas colectivas, del cuidado de los bienes comunes, queriéndole quitar valor. Y después, era querer negar que mi mami era indígena.

Entonces le preguntaban (a la perito) quién podía serlo y quién no. Ahí fue muy acertada Gladys cuando decía que tiene que ver con la autodeterminación, la autoidentificación y además con la colectividad con su pueblo. Ni siquiera querían decirle Doctora. Fue muy loco, porque el consultor de la defensa es un hombre que salió de la universidad por misógino y niega a las defensoras de la tierra y el territorio. Y es a quien llevan para que le haga preguntas a Gladys, una mujer indígena. Fue bien visible a qué intereses responden estos sectores.

¿Qué queda por hacer?

Primero, profundizar los procesos de justicia en contra de los asesinos intelectuales de mi mami, que es la familia Atala Zablah. Ahí están sus comunicaciones, ha sido evidente, desde que participaron en el asesinato hasta que buscaron impunidad. Cuando capturan a Sergio (Rodriguez, gerente de Comunicaciones de DESA), Castillo llama a Jacobo Atala para informarle y él responde “ahora si nos hundieron del todo” y agrega que va a llamar al Ministro de Seguridad, al Fiscal General y al Fiscal Adjunto.

Pero también en el juicio hubo un momento en que el perito que hizo las extracciones telefónicas proyectó su pantalla y se vio una conversación en la que Daniel Atala le ofrecía sus servicios. Evidenció aún más la injerencia de esta familia, no solo en el asesinato de mi mami, sino también en procurar impunidad. A este punto, va habiendo cada vez más información sobre cómo han participado de este asesinato. Entonces hay que enjuiciarlos.

¿Cuál es el estado del proyecto contra el que lucho su madre?

Ya se ha probado que DESA es una empresa criminal, son asesinos. Aún así, el río sigue concesionado. Hay que cancelar definitivamente la concesión del río Gualcarque. Pero Río Blanco sigue en resistencia y cultivando en las tierras que DESA pretendió apropiar, lo que es muy simbólico y bonito. En las comunidades, sigue la lucha en contra del sistema extractivo, en contra de la impunidad.

Desde mayo, un campamento de compuesto por miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras han solicitado justicia por el asesinato de Berta Cáceres a las puertas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Creo que el campamento fue un momento que nos comprometió aún más y que logró un intercambio entre comunidades, un fortalecimiento de la solidaridad. Y este juicio, con todo el aprendizaje de desafiar a las instituciones de justicia, nos demuestra que más allá de que sean súper fuertes y tengan poder, la lucha, la organización, el no cansarse, es lo que permite que hayamos ganado este fallo y que estemos en la pelea para que empiecen otros. La gente está hoy organizada con más convicción que antes, con la seguridad de que luchando es como se logran las cosas.

La Justicia de Honduras ha declarado culpable este lunes al hondureño Roberto David Castillo como coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019, según ha confirmado una fuente judicial. El condenado es el expresidente de la constructora responsable de la hidroeléctrica contra la que se opuso la activista hondureña.

El fallo ha sido notificado por el Tribunal de Sentencia “por unanimidad de votos” y la pena de prisión a la que será sentenciado Castillo se conocerá el próximo 3 de agosto, según ha anunciado a los periodistas la portavoz del poder Judicial, Lucía Villars. Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado como “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y puede enfrentar una pena de entre 20 y 25 años, agregó.

Berta Cáceres fue asesinada del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, por su lucha contra megaproyectos como el de la hidroeléctrica de DESA.

Según el Tribunal de Sentencia, el condenado tuvo comunicación con Douglas Bustillo, uno de los siete condenados en diciembre de 2019 como coautor del crimen de Berta Cáceres, agregó Villars.

“Supuestamente David Castillo habría trabajado en la organización y logística para darle muerte a Berta Cáceres”, subrayó la portavoz del Supremo hondureño.

La ambientalista, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en 1993, se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen. DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del Copinh y la familia de Berta Cáceres.

La sentencia es, según Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”. Los seres queridos de la defensora del medioambiente han exigido también la cancelación de la concesión de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la defensora.

La condena, ha apuntado, significa que “las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos”, indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en una rueda de prensa posterior al anuncio del fallo.

La causa Berta Cáceres, defiende, “no termina” con la resolución del Tribunal hondureño, pues la familia busca llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, ha añadido.

El Ministerio Público de Honduras ha solicitado este martes la apertura de juicio oral a un ejecutivo de una empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, caso por el que siete personas ya han sido condenadas.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida indicó en un comunicado que en la audiencia preliminar formalizó la acusación contra Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y solicitó el “auto de apertura” del juicio.

DESA impulsaba la construcción en territorio de la etnia Lenca de una represa hidroeléctrica a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medioambiente.

Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Castillo fue el encargado de “proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista”, un caso que conmocionó al mundo, señala el comunicado.

Castillo fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, cuando al parecer pretendía salir del país.

Berta Cáceres, ganadora del premio ambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, cuando Castillo era presidente ejecutivo de DESA.

El crimen se consumó pese a que Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Mariano Díaz, Douglas Bustillo, ambos exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de DESA, fueron condenados en noviembre pasado por el delito de asesinato.

Se suman Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, quienes fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

La sentencia que deberán cumplir los siete condenados se conocerá después de que la Sala Constitucional resuelva dos recursos de amparo presentados por abogados de la familia de la líder indígena, la cual ha denunciado irregularidades en el proceso.

El día del crimen, Berta Cáceres tenía como huésped en su casa al ambientalista y defensor de derechos humanos Gustavo Castro, mexicano, quien resultó con una herida de bala en una oreja.

El inicio del juicio por el asesinato hace más de dos años de la activista hondureña Berta Cáceres fue nuevamente suspendido este lunes hasta nueva fecha, según informó a Efe una fuente oficial. El juicio oral y público, previsto este lunes tras dos aplazamientos, “se suspendió” debido a que “la acusación privada interpuso una apelación”,  Lucía Villars.

“La acusación privada considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia de conocer la causa”, subrayó Villars, quien indicó que la Sala de lo Penal resolverá el recurso y se pronunciará sobre él este miércoles.

Es la segunda vez que la familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, presenta una apelación contra el tribunal de sentencia.

Los ocho imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.

Todos son acusados por el Ministerio Público por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.

La líder indígena hondureña se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

La portavoz del Tribunal Supremo dijo que se espera que la Sala de lo Penal emita su resolución el miércoles. De declarar sin lugar la apelación, el juicio comenzaría ese mismo día.

Tras dos años de varapalos, el caso se encontraba a la espera de celebración del juicio oral entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”, explicó Laura Zúñiga, una de las hijas de la defensora, en una entrevista con eldiario.es.

En estos dos años y medio, el COPINH ha mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por que las autoridades no hayan investigado a ningún alto cargo del Ejecutivo o de la compañía en relación con el asesinato. Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica hondureña en el asesinato de la líder hondureña

Dos años y medio después del asesinato de la activista Berta Cáceres, este lunes dará comienzo el juicio contra ocho acusados en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Se espera que el proceso se prolongue hasta el próximo 19 de octubre y contará con una comisión de expertos en derechos humanos que seguirá el juicio.

En el banquillo se sentarán Mariano Díaz Chávez, oficial del Ejército; Douglas Geovanny Bustillo exmilitar, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso para defender el río Gualcarque, donde la firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por el impacto que podía tener en el territorio de la comunidad indígena lenca. También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas.

Los ocho están acusados por la Fiscalía del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Castro fue el único testigo del crimen y aquel día resultó herido de bala, aunque no de gravedad. El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.

Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a tiros por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, a pesar de que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía por su labor. Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos.

Tras dos años de varapalos, el caso se encontraba a la espera de celebración del juicio oral entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”, explicó Laura Zúñiga, una de las hijas de la defensora, en una entrevista con eldiario.es.

En estos dos años y medio, el COPINH ha mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por que las autoridades no hayan investigado a ningún alto cargo del Ejecutivo o de la compañía en relación con el asesinato. Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica DESA en el asesinato de la líder hondureña.

Durante una entrevista con la Agencia Efe el pasado viernes, otra de las hijas de la líder indígena, Olivia Zúñiga, sostuvo que los ocho imputados “no son los autores intelectuales en el escalón más alto (...) de este asesinato, sin embargo, esperamos que las personas de las se tiene evidencia clara sean condenadas y que haya justicia en este nivel y también en un nivel de autoría intelectual más alto”. Zúñiga enfatizó que el sistema judicial “no está actuando de manera correcta a favor de la justicia y en contra de la impunidad”.

El juicio contará con la presencia de una comisión de expertos integrada por representantes de al menos 17 organizaciones de Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Honduras. También estará, en calidad de observadora, Amnistía Internacional, que ha expresado una “grave preocupación por que la investigación de las autoridades hondureñas adolezca de graves deficiencias y no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber estado implicados en ordenar su homicidio”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó en un comunicado el pasado 3 de marzo, en el segundo aniversario del crimen, “la urgencia de profundizar” en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen. Resaltó además “la responsabilidad” del Estado de Honduras de investigar este caso con la “debida diligencia” a través de una investigación “expedita, independiente, pronta y exhaustiva”.

Por su parte, Greenpeace ha demandado “un juicio justo y ejemplarizante” en un contexto de “persecución” de quienes defienden el medio ambiente. “Reclamamos justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así, no debería repetirse”, sostiene Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, en una nota de prensa.

“En un país donde proliferan las amenazas y los ataques contra las personas que defienden el medio ambiente y el derecho a la tierra, el sistema de justicia de Honduras puede sentar un importante precedente afirmando el derecho de la familia de Berta a verdad, justicia y reparación, y mostrando que el homicidio de defensores y defensoras de los derechos humanos no quedará impune”, sentencia por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Según el último informe de Global Witness, al menos 207 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender los derechos humanos y el medio ambiente. La gran mayoría provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para los defensores.

Activista hondureña por el medio ambiente, líder indígena y feminista. Berta Cáceres se convirtió en una persona incómoda para los poderosos y fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Su espíritu permanece vivo en Huesca, donde se le ha dedicado el Aula Verde que el Ayuntamiento de la capital oscense puso en marcha el año pasado y que se bautizó con la presencia de Laura Zúñiga, hija de la cofundadora del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Además, un grupo de estudiantes de 3º de ESO ha editado una revista dedicada a esta figura centroamericana.

El Aula Verde Berta Cáceres se encuentra en el ala oeste del parque Miguel Servet de Huesca y es un espacio educativo abierto, sobre todo, a alumnos de colegios e institutos de la ciudad y el resto de la provincia. Este espacio cuenta con más de 900 plantas de 15 especies diferentes y un jardín ‘vertical’ de 22 metros cuadrados. La visita de Laura Zúñiga tuvo lugar en febrero y desarrolló una serie de charlas a estudiantes para recordar la figura de su madre.

Zúñiga alabó el papel de Berta Cáceres como madre, compañera de lucha y referente. “Sentía la necesidad urgente de cambiar las cosas. Buscaba construir desde otro lugar y otra forma poniendo sus palabras y su fuerza para cambiar las cosas, espero que el nombre de Berta Cáceres les traiga su espíritu y su forma de luchar”, señaló. La concejala de Medio Ambiente, Carmen García, destacó que “Berta vive en este espacio” y recordó el carácter reivindicativo y feminista de la hondureña.

Tras elogiar la valentía de Berta Cáceres, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, subrayó que una parte de su memoria ya permanece en Huesca gracias al Aula Verde. “Como familia y como pueblo nos sentimos muy alegres y ya conectados con este lugar”, dijo Laura Zúñiga, quien firmó en el libro de honor del Ayuntamiento.

100 ejemplares que volaron

Los alumnos de 3º de la ESO del instituto Ramón y Cajal conocieron la figura de Berta Cáceres a raíz de esta visita y, como explican ellos mismos y su profesor, Juan Mainer, germinó la idea de realizar una revista solidaria con 100 ejemplares que ya se han vendido por un euro. Se trata de un modelo de economía circular y de cooperación y participación.

“En clase hablamos de qué hacer para seguir con la causa y Juan nos dio la idea de hacer una revista para que la gente la conociese”, relata una de las alumnas. Todos ellos han aprendido que “aún defendiendo el medio ambiente hay gente a la que perjudica y llega a asesinar por ese motivo”.

La revista comienza con una introducción, un poema y un dibujo. Se presenta además una comparativa entre España y Honduras y una entrevista con Gustavo Castro, testigo del asesinato de la dirigente hondureña. “Tenía un sentido de la justicia impresionante y la mataron porque no defendía los intereses de las grandes empresas. Aquí también apoyamos la causa”, señala otro de los alumnos autores del proyecto. “Hay que luchar por tus sueños y cualquier cosa pequeña se puede convertir en grande”, concluyen.

Para el profesor Juan Mainer, “ha sido una de las experiencias más interesantes para mí en los últimos años. Se ha realizado de manera totalmente voluntaria y estos chicos se han reunido fuera de clase sabiendo que esto no iba a contar para nota. En estos tiempos en los que nadie hace nada gratis es algo muy de valorar. Es un aprendizaje muy intenso y a nadie se nos olvidará que existe una persona llamada Berta Cáceres que ha marcado nuestra manera de pensar”.

Mejoras en el Miguel Servet

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca ha sacado a licitación el contrato para la atención y dinamización ambiental en el Aula Verde Berta Cáceres por un importe de 22.500 euros. Se trata de una apuesta clara por esta instalación, que se ha convertido “en el eje de la actividad medioambiental en la ciudad”, señalan desde la corporación. Situada en el Parque Miguel Servet, es un espacio que también cobrará protagonismo con la realización de un estudio de todos los árboles de esta zona verde. Además, se acometerá un plan de poda para los árboles en riesgo así como la eliminación de quince unidades que presentan un mayor peligro en el pinar.

El parque Miguel Servet está siendo objeto de un profundo lavado de cara presupuestado en 550.000 euros. Entre otras acciones, se van a llevar a cabo mejoras en el solarium con la implantación de zonas de pradera mixta de césped y flor para fomentar la biodiversidad del pulmón oscense. Por otra parte, en la entrada al parque desde la confluencia de la calle Rioja con Vicente Campo se va a realizar una nueva conexión de la red de saneamiento y una actuación de corrección de asfalto que mejorará este acceso al espacio verde y evitará que se embalse el agua cuando llueva.

A veces sus fuerzas también flaquean. Esos momentos en los que incluso los activistas que dedican su vida a una causa se replantean si de verdad merece la pena dejar tanto por el camino. “Ese instante fue el asesinato de mi madre”, recuerda Laura Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, activista hondureña fallecida a tiros por su labor como defensora del medio ambiente. “Nos preguntamos: ¿cuál es el límite? No solo significó perder a una compañera, a una lideresa espectacular, sino el fracaso de muchos mecanismos de seguridad que considerábamos eficaces para protegernos: las redes, los premios, la repercusión mediática… ¿de qué sirve? ¿cuál es el límite del empresariado?”.

Entonces, las sospechas de los activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se materializaron en un nuevo revés: Nelson García, también miembro del COPINH, fue asesinado dos semanas después. “¿A dónde vamos?, nos preguntamos”, confiesa Zúñiga.

En aquellos días, centenares de mujeres indígenas de la atacada organización caminaron para exigir justicia en una marcha que alcanzó el Ministerio Público hondureño. “Cuando nos vimos juntas, a pesar de los riesgos, algo cambió. Ese es el punto en el que uno rompe con esa indignación y lo convierte en lucha. Cuando ese dolor se transforma en algo simbólico. Es ahí cuando las mujeres asumen: Berta soy yo”.

Ese momento en el que Berta, su causa, “se multiplicó”.

“Es una característica de los pueblos que buscan y necesitan resistir. Tienen el poder de convertir todos esos dolores e indignaciones en lucha”, explica Zúñiga, después de haber sufrido el asesinato de su madre y, como ella insiste en denominarla, “de una compañera de batalla”; tras encontrarse con los obstáculos impuestos por los juzgados y enfrentarse al proyecto hidraeléctrico de la empresa DESA, contra la que tanto luchó la activista asesinada.

“Aún no han sido capturados los autores intelectuales”

Tras dos años en los que los varapalos no han cesado, sus luchas tampoco. Una de ellas se encuentra en los tribunales. El caso del asesinato de Berta Cáceres espera la celebración del juicio oral, entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”.

Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica DESA en el asesinato de Berta Cáceres.

“El juicio inicia con una gran carencia. Hay ocho personas detenidas pero, entre ellas, no están los autores intelectuales. ¿Dónde están?”, se pregunta Zúñiga. “El Ministerio Público tiene el informe desde hace más de un año. Con estas investigaciones que hemos procesado podemos decir que hay suficiente información para que haya nuevas capturas, pero no se producen”, apunta la hija de la activista asesinada. Tienen los nombres, pero de momento no quieren revelarlos: “Estamos a la espera de que lo haga la Fiscalía”.

“Nos preocupa lo mal que se ha procedido en la investigación y que ello afecte a la justicia. Tememos que se pierda el foco. Que alguna condena de las personas detenidas, de los autores materiales, sea leída a nivel internacional como que son suficientes. Como si eso fuese hacer justicia”, señala Zúñiga. “Entonces, seguirían libres quienes planearon el asesinato de mi mami, lo que aumenta el riesgo para las comunidades y las organizaciones sociales que seguimos luchando contra el proyecto hidoreléctrico de Agua Zarca”.

Mientras la justicia no llega, la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, uno de los países más peligrosos para ser activista, continúa siendo una quimera. Este es su segundo frente. La situación de represión gubernamental despertada para acallar las protestas generadas tras las elecciones de noviembre, acusadas de fraude, aumenta los riesgos ligados a la protesta social, según ha denunciado Amnistía Internacional.

Los riesgos y la desprotección, reconoce Zúñiga, son aún mayores que dos años atrás, cuando su madre fue asesinada. “Es muy triste. Toda la visibilidad que hubo tras su muerte pensamos que iba a poner un anticuerpo. Hoy vemos un escenario bien difícil de lucha. Difícil en cuanto a los enemigos, pues la represión es mayor. Pero sí que hay un escenario de creación de redes entre los diferentes pueblos, de acompañamiento para la lucha por la verdad y justicia”, indica Zúñiga.

Las personas integrantes del COPINH, explica, siguen recibiendo constantes amenazas. “La situación es bien difícil, pero se entiende y siempre se asume un riesgo: en las comunidades, a la hora de movilizarse… Siempre”. Una de las últimas en sufrir un ataque, indica, ha sido su propia hermana, Berta Zúñiga Cáceres. “En junio del año pasado, Berta sufrió un atentado mientras conducía, en el que una persona intentó sacarla con otro auto de la carretera. Iba con otra persona de la coordinación del COPINH y se salvaron por muy poco”, relata la activista.

“Ahí se siente el nivel de vulnerabilidad en el que estamos. A ello se suma la criminalización generada desde los medios, que publicaron que mi hermana había atacado a un campesino”, indica la hija de Berta Cáceres. “No solo sufrimos amenazas directas, sino todo el entramado que hay alrededor de los defensores y defensoras. Eso no es extraño en la cotidianidad de Honduras. Por eso, para que haya seguridad, es importante cambiar las bases sobre las que se asienta el Estado”.

La activista insiste en recordar esa “otra cara de la realidad hondurña”: la generada desde dentro de las comunidades indígenas, con el impulso de esa indignación que, indica, se transformó en lucha, organización y unión de diferentes comunidades tras el asesinato de Berta. “El crecimiento de la represión tiene que ver con el crecimiento de los defensores y defensoras. Por el aumento de la denuncia y del acompañamiento. Hay tanta gente protestando que el Estado no sabe cómo pararlas y se produce esta represión”, concluye.

Ejercer el periodismo en Honduras es una actividad que muchas veces lleva a la muerte. La Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuenta 72 personas asesinadas en Honduras desde 2003 por ser periodistas. Extrapoladas las cifras a un país con la población de España, es como si aquí hubiesen matado a 368 periodistas. El Observatorio de la Libertad de Prensa en América Latina recoge otro dato: tres de los últimos cinco asesinatos de periodistas en América Latina ocurrieron en Honduras. Todos entre septiembre y octubre. Cinco periodistas han sido asesinados en Honduras en 2017.

No son cifras, sino muertos. Carlos Oveniel Lara era cámara de televisión y había denunciado amenazas. Lo balearon a la puerta de casa a finales de octubre. Osmín España presentaba el programa de humor El Show del Príncipe. Le dispararon en la cabeza el 4 de octubre. Carlos William Flores dirigía el programa de televisión Sin pelos en la lengua. Le pegaron un tiro cuando estaba con su mujer, el 13 de septiembre. Edy Tábora añade que 40 de esos 72 muertos estaban trabajando en un programa de noticias cuando los mataron.

A Edy Tábora contar esto fuera de su país le produce una sensación extraña. “Cuando cuentas estas cosas con adrenalina es muy cotidiano. Pero cuando llegas a un lugar donde sabes que alrededor no están las personas que pueden atentar contra tu vida te cargas mucho”. En Honduras siempre están con mucha adrenalina, por si les vienen a matar.

Tábora fue fiscal de Derechos Humanos y uno de los abogados de Gustavo Castro, el principal testigo en el asesinato de Berta Cáceres. Ha venido a Málaga a recoger el VIII Premio Internacional Libertad de Prensa que entra la cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad, en nombre del Comité para la Libre Expresión en Honduras. C-Libre es una organización que integran periodistas, abogados, sociólogos y economistas para defender la libertad de expresión en un país tomado por la violencia y la corrupción del poder.

Tiene un discurso pausado y cadencioso, y a la vez riguroso y contundente. Cuenta de dónde viene todo esto: cómo se formaron las maras a partir de los 90 a partir de los deportados desde Estados Unidos, cómo el Estado abordó el problema acometiendo una “limpieza social” que costó la vida a unos 5.000 jóvenes, según algunos informes. Cómo la guerra contra las drogas en México provocó que los cárteles trasladaran sus bases a Centroamérica. Cómo todo aquello era el caldo de cultivo para que las maras se acercaran al narco y a la propia policía corrupta. En definitiva, cómo todo es un desastre.

¿Se investigan suficientemente estos casos de asesinatos de periodistas?

El Estado e incluso el Colegio de Periodistas discuten que no todos los asesinatos son producto necesariamente del trabajo. Nosotros siempre hacemos uso del principio de la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, que dice que cualquier acto de violencia contra un periodista debe presumirse que se debe a su trabajo, hasta que el Estado determine otra cosa. Y eso es lo que sucede: la mayoría de los casos se cierran con el puro levantamiento del cadáver. No hay investigación. Más del 95% de estos casos están en la completa impunidad, y en los que hay personas capturadas y con condena son autores materiales. A la sociedad hondureña no le han mostrado por qué asesinaron a estas personas.

¿Ni siquiera se ha iniciado la investigación?

Cuando analizamos la violencia contra periodistas no es lejano a lo que ocurre con la población en general. Desde 2003 más de 70.000 personas han sido asesinadas, y de esos más del 70% están puramente con un documento que se hace cuando van a recoger el cadáver, donde se describe que una persona fue encontrada asesinada y tenía tantas heridas. Muchos asesinatos sólo cuentan con ese levantamiento de cadáver.

¿Qué ha ocurrido para el agravamiento de la violencia de los últimos años?

Antes de junio de 2009 fueron asesinados cinco periodistas; el resto es desde junio de 2009 a la fecha: 65 personas. [C-Libre recoge 70 asesinatos] ¿Por qué? Porque todos los avances de democracia y fortalecimiento institucional se vinieron abajo. Eso [el golpe de Estado de 2009] implicó un nuevo estado en el que las fuerzas militares asumen el papel preponderante, controlado por un poder político y económico que mercantiliza los bienes naturales, con un proyecto político que implica autoritarismo y control absoluto de la institucionalidad y mucha precarización de la vida de los hondureños y hondureñas. De los 8,5 millones de personas, 1,5 están fuera del país. Mantener las fuerzas represoras no es barato, más con una productividad en descenso. Echan mano de la seguridad social, así que todos los institutos de pensiones prácticamente están colapsados por la corrupción y porque hay que mantener estas fuerzas militares. 

¿Quién es más peligroso en Honduras: la policía o las maras?

La policía. La policía, por supuesto. Yo vengo del sector público, fui fiscal durante cinco años y ahí se da cuenta uno de eso. La policía, pero no por ser policía, sino porque hay una delincuencia con funciones públicas. La policía ha entrado en un proceso de depuración que ha sacado a muchos policías, unos 4.500. Ninguno de ellos está en la cárcel. En los últimos años, algunos casos emblemáticos que desnudaron la situación policial implicaban que la policía en funciones formaba parte de bandas organizadas de sicariato, para cometer robos, del narcotráfico, ya sea como acarreadores o prestadores de servicios u omitiendo sus deberes. La ciudadanía está en total indefensión frente a una policía armada hasta los dientes y en la que se ha invertido mucho dinero pero que no responde a los intereses de la ciudadanía. Es una situación bastante grave.

Te pongo un ejemplo muy importante: varios narcotraficantes que están ahora en Estados Unidos en un proceso de extradición se han entregado a las fuerzas policiales de EEUU y han dicho que Honduras no les garantiza la vida. Al contrario de lo que ocurría en Colombia, en Honduras, narcos que tienen en su haber cantidades de asesinatos y funcionaban con la policía se han entregado a las autoridades estadounidenses, porque Honduras no les garantiza el debido proceso y su vida. La ciudadanía, que no tiene un alfiler, tiene miedo, pero cuando los narcotraficantes dicen que tienen miedo… ¿En qué país estamos?

Un país donde se normaliza la violencia…

Hay mucha manipulación para normalizar esto, porque la violencia también genera dinero. Entre policía nacional y ejército andan por 25.000 efectivos y los guardias de seguridad rondan los 100.000. En una población con el 63% de pobreza, con 42% de pobreza extrema, ¿qué implica pagar la seguridad? En cada colonia, por muy pobre que sea, hay guardias. Esto agudiza la precarización. Esta reforma de mano dura implica muchísimo dinero para la seguridad pública, incluyendo un impuesto especial de seguridad y que se sube el impuesto de venta, del 12 al 15%. Y hay una cosa que no se modificó: el monopolio de venta de armas lo tienen las fuerzas armadas a través de la armería. Cada ciudadano puede comprar cinco armas legalizadas. ¿Por qué no hay veda de venta de armas? ¿Qué implica que la ciudadanía no confíe en la policía porque no responde? Que dice “necesitamos armas”. Hay mucho negocio, y parte lo tiene el Estado. Cuando analizas La Armería, ¿hacia dónde van las ganancias? Hacia el instituto de pensiones de los militares. Pues no estarán tan interesados en deshacerse de ese monopolio...

¿Qué precauciones tiene que tomar para ejercer su trabajo?

La ciudadanía toma muchas precauciones. La primera es que ha desaparecido del espacio público: del trabajo o actividades muy concretas va a la casa. Ese es el gran efecto que no se está analizando sobre la salud pública. Tenemos una grave situación psicológica porque nos han obligado a no estar en el espacio público. Lo segundo es que derogas una parte de dinero en pagar transporte. Ya no caminas. Cuando temes un atentado contra tu vida el poco dinero que te queda lo inviertes en transporte seguro, que es caro. Y siempre andas muy alerta a lo que te rodea. No estás tranquilo en ningún espacio. ¿Cómo lidiar contra estas cosas? Tratas de hacer llamadas mediante sistemas seguros; de no andar solo (y la privacidad se disminuye muchísimo); si viajas, necesariamente estás en contacto con muchas personas. Es un tema de privacidad. Pero hay muchos ejemplos de personas cercanas, o ciudadanos en general, que han sido asesinadas, y los temores son muy concretos. Nosotros como oficina el año pasado tuvimos secuestros de compañeros y amenazas. Normalmente no lo denunciamos públicamente porque te coloca en el centro y cuando dices que estás en riesgo, sufres una avalancha de reclamos de por qué exponer la vida o transferir riesgos a la gente cercana.

Desde hace un par de años trabaja en Honduras una misión de la OEA. ¿Qué valoración hace del trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)?

Llegaron dos oficinas internacionales: la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la MACCIH, de la OEA. Estamos en una situación de crisis de derechos humanos y de la institucionalidad pública por la corrupción. Sabemos que llegan en condiciones de exigencia ciudadana: la misión no surge porque el Gobierno diga que abre las puertas para que vengan a investigar. La corriente de los indignados llegó a Honduras a través de algo muy puntual: una filtración de documentos relacionados con casos graves de corrupción, relacionados con el instituto de la seguridad social. En esos documentos se logra establecer que hubo un desfalco de unos 350 millones de dólares y que mucho de ese dinero fue para financiar la campaña política del actual presidente de la República en 2013. Tocaron uno de los mínimos de una sociedad: el tema de la salud. La seguridad social, que la pagan los trabajadores, tenía avances, y nos dimos cuenta de que la vicepresidenta del Congreso tiene contratos con el Estado y le da a la gente pastillas que llaman “de harina”, que no tienen el componente activo, y que las ambulancias que valían 60.000 dólares resulta que sólo habían gastado 30.000, porque compraban vehículos y los habían armado… No había insumos básicos, como gasas o aspirinas en los hospitales. Eso generó movilizaciones de miles de hondureños en 2015. Fue el movimiento de las antorchas.

Entonces el gobierno para aplacar el descontento, toca y lo más cercano al gobierno es la OEA y se negocia un convenio para esta misión, que lleva instalada desde abril de 2016. Hay un mandato bastante amplio para que no se enfocara sólo en corrupción. Hay dos cosas importantes que ha hecho: posicionarse frente a la ley de secretos oficiales que genera un manto de impunidad desde 2014. Lo segundo es crear una unidad fiscal especializada sobre casos de corrupción emblemáticos y juzgados especiales contra la corrupción.

Una misión así puede ser objeto de manipulación por el propio poder o poner una presión extra sobre la independencia judicial, ya cuestionada por otros actores... La propia MACCIH ha cuestionado que los jueces no hayan detenido a cinco diputados por malversación de caudales. ¿Comparte la crítica de la MACCIH? MACCIH ha cuestionado que los jueces no hayan detenido a cinco diputados

Sí, porque hay un doble estándar. Entre 2015 y 2017 hubo 200 acusaciones contra estudiantes resueltas en menos de ocho horas. Por delitos políticos. Pero en esta acusación que se presenta contra los cinco diputados resulta que los jueces no quieren que les digan nada, porque un caso tan importante hay que analizarlo profundamente para librar orden de captura, cuando le presentan muchos medios de prueba. Este es un caso contra cinco diputados que no son del partido de gobierno, sino diputados cooptados por el partido de gobierno. Cuando la corrupción y la impunidad se vuelven la regla, el cinismo del poder llega a tal grado que no se esconde para generar la corrupción, y este caso es uno de ellos. En un país con poderes públicos que cumpliesen los contrapesos, nosotros tendríamos que decir que no hay que presionar al poder judicial. Pero en Honduras sabemos que es una cuestión política, que no libraron la orden de captura porque son parte del poder político.

¿Está satisfecho con la posición de la MACCIH en este caso?

Creo que la misión de apoyo no tiene la fortaleza necesaria para decir lo que te voy a decir: no se trata de una cuestión de malversación de caudales públicos. La Fiscalía y la MACCIH acusan de malversación a cinco diputados que supuestamente se apropiaron del dinero en diciembre de 2015. ¿Qué pasaba en diciembre de 2015? Elección del actual de la actual Corte Suprema de Justicia. No es malversación, es soborno. El actual presidente de la Corte Suprema fue electo con 86 votos, mayoría cualificada, que exige 86 votos. Lo que a la misión de apoyo le falta decir es lo que ocurre alrededor. Lo denunció el propio partido del que estos diputados formaban parte: estos diputados fueron comprados por el poder político y económico para participar en la elección de magistrados a conveniencia del poder. Si le restaras esos votos, no podría haber sido electo. El presidente de la Corte Suprema es amigo cercano del presidente de la República, fue el magistrado que a más votaciones se sometió porque no salía electo. La misión de apoyo debe llevar la investigación a establecer que de lo que se trata es de que hubo una compra de diputados.

En 2015 se aprobó la Ley de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia. Llama la atención que se necesite una ley específica para proteger derechos fundamentales de un grupo específico, como si no estuviera claro que los tuvieran…

Fue una exigencia de las organizaciones de derechos humanos. La ciudadanía está indefensa pero hay un reducto de personas que dicen y hacen cosas frente a todo esto: periodistas y defensores de derechos humanos. Cuando lees la ley te das cuenta que, claro, se garantizan los derechos fundamentales como deben garantizarse a la ciudadanía en general. Nuestra valoración general es que ha servido al Estado y por eso fue aprobado. Se aprobó en abril de 2015 cuando Honduras iba a ser sometida al examen periódico universal en la ONU, cuando necesitaba decirle al mundo que estaba dispuesto a proteger a los defensores de los derechos humanos. Eso le sirvió para limpiar su imagen tan cuestionada. Durante dos años fue su carta a nivel internacional, hasta el asesinato de Berta.

La última noticia publicada en su web menciona el caso de Jairo López, un periodista que tiene concedida protección y que denuncia que no se la prestan. ¿Suele ocurrir?

Es que las medidas duras le corresponden a la policía nacional, y generalmente los periodistas que hacen análisis sobre la institucionalidad son amenazados. ¿Qué hace la policía? Dos cosas: darle información a quien te quiere matar cuando están ejecutando las medidas de protección, como ocurrió en el caso de Berta. Y la segunda es que sencillamente dicen “no lo cumplo”. ¿Y quién le obliga? El superior de esa institución, Julián Pacheco, está altamente cuestionado en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico. ¿El mecanismo de protección habrá salvado vidas? Sí. Pero no en función de garantizar el derecho al trabajo. Salva vidas porque saben que les toca salvarlas. La ley tiene una finalidad que es que a la persona se le garantice continuar ejecutando su labor de censoría o periodística, no sólo que les salven la vida. Cuando se aborden las amenazas jurídicas a las labores de defensoría y de periodismo podremos estar hablando de un mecanismo de protección efectivo. Cuando la secretaría de seguridad no salga a los dos horas a decir que el atentado contra Johnny Lagos fue por robo.

Berta Cáceres era una persona expuesta a un riesgo evidente. ¿Había solicitado la protección de la ley?

No existía el mecanismo de protección. Hay 60 medidas cautelares a nivel internacional que obligan al Estado hondureño a dar protección a estas personas. Berta Cáceres sabía que la policía nacional, el poder judicial y el ministerio público servían para criminalizarla y que no podía estar en manos de la institucionalidad. El Estado tenía la obligación de prevenir ese asesinato. Y lo que ocurrió según la investigación del GAIPE es que mucha de esa información la policía nacional se la pasaba a personas interesadas en asesinar a Berta y que asesinaron a Berta.

¿Cree que el Estado tiene responsabilidad?

Hay funcionarios y funcionarias, incluyendo algunos del departamento de derechos humanos (que tiene dos personas), que son responsables por omisión. Y altos mandos policiales que sabían que iban a asesinar a Berta no atendieron las 60 denuncias que puso por amenazas contra su vida. Eso creó las condiciones para su asesinato.

¿Se dice en el informe quién ordenó matarla?

Se sugiere quién la mandó asesinar. Hay mucho temor en decir exactamente quién, porque cuando se nombró, el año pasado, una defensora de derechos humanos fue acusada por esa empresa y demandada por 50.000 dólares para que rectificara.

¿Se está investigando lo suficiente?

El caso tiene algunos avances importantes. Hay siete personas acusadas, una de ellas el gerente de desarrollo social y de comunicación de la empresa. Hay un militar activo, el exjefe de seguridad, y otros cuatro supuestamente sicarios. Esos son los avances. De los autores intelectuales el ministerio público tiene la información, porque por primera vez en la historia del nuevo código procesal penal, que entró en vigencia en 2002, fue decretada la secretividad absoluta del caso.

Una de las hijas de Berta Cáceres decía en un reportaje que “en Honduras hay una cultura de resignación por la muerte”. ¿Está de acuerdo?en un reportaje

Hay mucho fatalismo, sí. De la ciudadanía en general, y de los defensores y defensoras. La gente dice “yo puedo ser el siguiente”. Eso es grave. Se ha normalizado esta situación de esperar la muerte violenta. Las cifras, los hechos y el conocimiento de haber visto tanto asesinato lleva a eso. A este fatalismo, incluso a la resignación. Ahora, la ciudadanía el 26 de noviembre salió en un ejercicio hermosamente democrático, y eso te da un indicador diferente. La gente no quiere continuar en el estado de cosas actual. Este fatalismo no implica que queremos que nos maten. Ves condiciones que no te alientan a decir otra cosa pero hay personas en el país, cada vez más, que tampoco queremos que la vida sea un desperdicio. El cambio implica que debe primar la vida, y no la muerte.

¿De dónde viene esa cultura de la resignación?

De la impunidad. De la impunidad. La impunidad absoluta. No viene de que la gente puramente asuma. Es la impunidad y ver tantas armas en la calle. Las armas no están en las manos de la ciudadanía, sino de los militares, de la policía, los guardias de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. La ciudadanía no tiene armas.

Pocas veces se recuerda que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo. Lo reconoció así la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En 2018 se cumplirán 20 años de aquel día y el escenario para quienes los defienden en primera línea continúa siendo sombrío.

Michel Forst es el relator especial de la ONU sobre la situación de estos defensores desde 2014. En sus informes ha alertado de la “preocupante rendición de cuentas” por parte de los gobiernos ante la ola de ataques que buscan silenciar las voces de los activistas de todo tipo.

El experto señala a los Estados, y también a las empresas. Y entre ellas, no solo a sectores como la minería, el petróleo, el gas y el carbón, sino al mundo de las finanzas, la tecnología y el textil. 

Forst ha estado en Madrid en una visita relámpago para reunirse con instituciones y activistas de diferentes colectivos. Es pronto, dice, para evaluar la situación de los defensores en España, pero advierte de la creciente criminalización contra los que denuncian la violación de derechos en las fronteras europeas en un contexto de auge de la xenofobia. Recuerda que las autoridades tienen la obligación de protegerlos e investigar los ataques que sufren.

¿Por qué ha visitado España? ¿Qué aspectos le preocupan más de nuestro país?

Para hacer un asesoramiento de la situación en un país hay que tomarse un tiempo para elaborar una evaluación contundente. Hoy, este no es el objetivo, sino hacer los primeros contactos que luego, en el marco de futuras visitas oficiales, servirán para hacer un asesoramiento. Para realizar una evaluación seria, hay que escuchar a todos los actores, no solo la voz de algunas organizaciones, sino también dar la oportunidad al Gobierno de presentar lo que ha hecho para que el trabajo sea lo más representativo posible.

He escuchado a algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, pero no podemos hacer una declaración oficial porque no hemos recopilado información de todos los actores. Sería demasiado fácil basarse nada más en testimonios. Para mí, lo importante es escuchar a distintas voces y recopilar más información para tener la mejor visión de lo que está pasando.

Los activistas que documentan la realidad en la frontera sur española denuncian las amenazas y presiones que reciben por su labor. En agosto, más de 200 organizaciones secundaron un manifiesto de apoyo a la defensora Helena Maleno, que recibió amenazas de muerte. ¿Existe un patrón de criminalización de estos activistas? más de 200 organizaciones secundaron un manifiesto

Todo lo que puedo decir es que he recibido muchos casos sobre la situación de las personas que defienden los derechos de los migrantes. Esto me ha llevado a decidir que el próximo informe, que presentaremos en marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, sea sobre la situación de quienes promueven los derechos de las personas migrantes. En un par de semanas organizaré una consulta con defensores y defensoras que trabajan en esta temática en todas las regiones del mundo, de Europa también. Me parece importante documentar lo que está pasando con estos defensores.

Lo que he leído sobre ese comunicado que menciona también lo he escuchado en varios países, como Francia o Italia, donde realicé una visita académica el pasado mayo. También en Hungría y en México. Se ve que es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, que son vistas como 'invasoras'. En diferentes países, y lo hemos visto en Europa, se viven varias crisis a nivel social. Algunos políticos han usado como blanco a las personas migrantes para acusarlas de ser responsables de estas crisis. 

¿Qué debe hacer el Gobierno español, y los otros gobiernos, para proteger a estos defensores de los derechos de los migrantes?

Las recomendaciones son claras y son las mismas para estos defensores, y también para defensores de otras temáticas, como el medio ambiente. Y tiene que ver con la obligación de proteger a las personas que defienden a los derechos humanos. Además, la segunda responsabilidad del Estado es investigar de manera imparcial e independiente los ataques perpetrados contra los defensores de derechos humanos y de las personas migrantes.

¿Cómo se materializa en la práctica? Ustedes piden nuevos enfoques para garantizar que se adopten y se apliquen las medidas de prevención. 

A nivel nacional e interno, los Estados deben tomar medidas individuales para proteger a las personas defensoras dentro del país. A nivel internacional, deben proteger a los defensores que vienen de fuera buscando refugio y acogida temporal.

Para muchos, el problema principal es la impunidad, porque no se investiga de manera adecuada los ataques que se perpetran contra ellos. Es importante que se investiguen de forma independiente e imparcial. Que se pueda identificar al responsable, dar el nombre de la persona que cometió la agresión o la amenaza. Que se juzgue y se le sentencie a la pena adecuada. Esto es lo que va a romper el círculo de la impunidad, que es un combate a nivel mundial: está presente en muchos países y es lo que fomenta esta situación de ataques contra los defensores de derechos humanos.

¿Es cada vez más peligroso ser activista?

Sí. Hay cifras que muestran claramente que cada vez es más peligroso defender los derechos humanos. Por eso, es muy importante que haya una toma de conciencia por parte de los Estados de la necesidad de promover esa labor. Muchas veces, la mejor forma de proteger a estas personas es reconocer el papel positivo que desempeñan en la sociedad. Es, justamente, cambiar el discurso de que son 'terroristas', agentes extranjeros o personas opuestas al desarrollo, por el discurso de que son agentes de cambio o que tienen un rol muy positivo en el Estado de derecho y en democracia.

En 2018, se van a celebrar los 20 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos. Y debería ser una oportunidad para los Estados, en particular para el Estado español, de promover su labor y hacer, quizás, campañas para reconocer la contribución positiva de estas personas.

200 activistas fueron asesinados en 2016 por defender el medio ambiente, según Global Witness. Ustedes también han documentado en sus informes el creciente número de ataques contra estos defensores. ¿A qué se debe?

Por un lado, hay causas que son comunes a todos los defensores. Cuando una persona empieza a defender derechos humanos se le presenta como una persona que va en contra del desarrollo, un agente extranjero, se hacen campañas de difamación donde, por ejemplo, se les presenta como personas que se benefician económicamente de la lucha en favor de los derechos humanos.

Por otro lado, en cuanto a los defensores del medio ambiente, hay una tendencia a mercantilizar los bienes naturales: los ríos, los lagos, los bosques, la tierra... Es un lucha feroz en la que las empresas tienen un papel muy importante. En nuestro informe de 2016 ya explicamos la importancia de la actuación de estas empresas.

El último informe, que fue presentado hace dos semanas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, muestra que las empresas internacionales a veces se benefician directamente e indirectamente de estos ataques. Son cómplices o están directamente involucradas en los ataques contra los defensores de derechos humanos. Por eso es importante mencionar este actor.

La mayoría de estas víctimas son indígenas.

Esto se enmarca en un contexto más global, porque las poblaciones indígenas quieren defender sus tierras, que a veces son sus propios medios de vida. Y hay empresas que solo ven de esas tierras el provecho económico que le pueden sacar. Empresas de las cuales los Estados se hacen cómplices, apoyando a las compañías y no a las comunidades locales.

Entonces, obviamente, cada vez se producen más agresiones y ataques contra los defensores. Y el informe de Global Witness solo habla de los asesinatos registrados, pero sabemos que hay un número mayor de asesinatos que, por alguna razón, no nos llegan, porque no se conocen bien los mecanismos y porque son muchos y ocurren en zonas aisladas.

Pero el asesinato es, dicen, la punta del iceberg, el recurso más extremo para silenciar sus voces. También se repiten otras formas de violencia como las amenazas o la criminalización.la punta del iceberg, el recurso más extremo para silenciar sus voces

En efecto, la desaparición forzada o el asesinato es la forma última de violencia contra los defensores de derechos humanos. Siempre conmueve escuchar a las personas que se dedican a la defensa de los derechos ambientales o de las poblaciones indígenas, que incluso hablan sobre su futura muerte, porque ya reciben amenazas, y saben que estas son cada vez más violentas y más recurrentes. Entonces, saben que en algún momento van a morir y lo dicen.

Y también es muy conmovedor escuchar a las familias, que después lloran a esas personas que desaparecieron o fueron asesinadas, y recuerdan que sabían el peligro que corrían, pero no podían dejar de luchar.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, visitó, en su viaje por Centroamérica, la comunidad indígena de Río Blanco, cercana a La Esperanza, en Honduras. Allí departió con la comunidad Lenca, a la que pertenecía la feminista y activista medioambiental Berta Cáceres, premio Goldman al medioambiente, asesinada en 2016 por, como recordó el edil, “defender los recursos naturales frente a los intereses económicos de grandes multinacionales”.

En el acto, organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) –fundado por la activista hondureña–, el alcalde anunció que ya ha trasladado personalmente a la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España los datos y circunstancias del caso de Berta Cáceres y esta se ha comprometido a estudiarlo para que su asesinato no quede impune.

La solicitud del alcalde zaragozano, explicó, busca que el Consejo “efectúe un especial seguimiento de que las garantías procesales sean debidamente observadas, como entidad neutral e independiente”.

El Consejo de la Abogacía, dijo Santisteve, “está realizando un trabajo humanitario muy interesante en toda Centroamérica, y en Ecuador concretamente, en relación a las personas que cumplen condena en estos lugares, y cuya pena ha terminado pero no han conseguido salir de las cárceles”.

Comunicó también el edil que el premio al compromiso medioambiental del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza, Ecozine, pasará a llamarse “Berta Cáceres”.

Miriam Rodríguez Martínez no paró hasta dar con los restos de su hija desaparecida. Los encontró en una fosa común en 2014, dos años después de que fuera secuestrada y asesinada por el cártel de droga de los Zetas, que controlaba por aquel entonces el municipio de San Fernando, al noreste de México. Lejos de abandonar la causa, Rodríguez se convirtió en la representante de más de 600 familias víctimas de la violencia en la zona. La semana pasada fue asesinada a tiros en la puerta de su casa.

La activista sabía que su vida corría peligro. Había solicitado protección a las autoridades cuando, en el mes de marzo, el asesino de su hija se fugó de la cárcel, pero no recibió respuesta. “Un policía me dijo que iba a estar encargado. El viernes le hablé como 30 veces, pero no me contestó. De hecho, mi negocio está cerrado desde la fuga del reo. No estoy contando ni siquiera con una patrulla que me dé la seguridad para ir a trabajar”, denunció Rodríguez unas semanas antes de su asesinato en un vídeo difundido por redes sociales.

El asesinato de defensores de derechos humanos “rara vez se trata de un hecho aislado, sino que suele ser la culminación de una sucesión de advertencias” que, “en muchos países”, no son investigadas por las autoridades, tal y como ha recogido el nuevo informe Amnistía Internacional (AI). En el estado de Chihuahua, también al norte de México, familiares de desaparecidos sufrieron el año pasado “ataques directos, incluidos amenazas y hostigamiento, como represalia por sus demandas de verdad y justicia”, señala la ONG. 

El nombre de Miriam Rodríguez se suma al de las 281 personas que en 2016, perdieron la vida por defender los derechos humanos en todo el mundo, 125 más que el año anterior, según la ONG Front Line Defenders. La “persecución cada vez más letal”, la intimidación y la violencia contra estos activistas han alcanzado “niveles inéditos”, advierte Amnistía Internacional, que ha lanzado la campaña global Valiente para detener esta ola de ataques “sin precedentes” y pedir a los Estados que apoyen el trabajo y protejan a quienes luchan contra la injusticia.

El 75% de los homicidios de activistas contabilizados en 2016 ocurrieron en América, según la ONG. Casi la mitad de las personas se dedicaban a la defensa de la tierra y el medio ambiente, como la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo del año pasado.

“Mi territorio está de luto, porque acaban de asesinar a varios líderes”, resume Pascual Bernabé Velázquez, líder indígena maya q'anjob'all que se ha opuesto a la instalación de hidroeléctricas en Huehuetenango (Guatemala). “Ha habido encarcelamientos, acaban de salir siete presos políticos y hay más órdenes de captura. Pero el Gobierno, con sus propias leyes para las transnacionales, está reprimiendo a la población sin escucharla”, relata el activista, quien ha viajado a España para participar en la presentación de la campaña.

Gobiernos, empresas y grupos armados utilizan, según la ONG, todo tipo de medidas “para silenciar” a los activistas en todo el mundo. A los asesinatos, las desapariciones forzadas, las amenazas y las palizas, se le unen, de acuerdo con el informe, “el uso de la legislación para criminalizar” su labor, los métodos de vigilancia a sus actividades, las restricciones a sus derechos de reunión pacífica, asociación y a su libertad de circulación, así como las “campañas de desprestigio” por parte de las autoridades.

“Se les llama terroristas o antipatriotas, se dice que van en contra del desarrollo y de la economía, a las mujeres se les dice que van en contra de los valores tradicionales”, asegura Maribel Tellado, responsable de la campaña. “Se busca generar un clima de hostilidad en su contra, hasta tal punto que a veces es la propia gente quien los ataca”, apunta en referencia al programa de televisión pakistaní Aisay Nahi Chalay Ga, donde se ha calificado a varios activistas y periodistas de blasfemos o de “anti Pakistán”. Varios de ellos recibieron amenazas de muerte tras la emisión. 

Las mujeres que defienden los derechos humanos están expuestas, según la organización, a una violencia “adicional” que va desde las agresiones sexuales a las amenazas contra sus hijos para disuadirlas de continuar con su labor. También son difamadas públicamente no solo por su activismo, sino por el hecho de ser mujeres. “Las describen como sexualmente promiscuas para inducir a que se les haga el vacío en sus comunidades”, critica la ONG. En El Salvador, por ejemplo, activistas por los derechos sexuales y reproductivos han sido acusadas de ser “capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria”, detalla AI en su investigación.

La organización también ha documentado violaciones del derecho de reunión, ataques y homicidios de activistas LGTBI motivadas por “la discriminación homófoba y transfóbica”. Es el caso de la defensora de los derechos transgénero Hande Kader, que fue asesinada en agosto del año pasado en Turquía. “Su cadáver fue hallado al borde de una carretera en Estambul; había sido violada, mutilada y quemada”, precisa el texto. 

Persecución judicial, censura y ciberacoso

La activista egipcia Azza Soliman fundó un centro para ofrecer asistencia jurídica y clases de alfabetización a mujeres pobres y supervivientes de violencia de género. Según Amnistía Internacional, tras someterla a una campaña de desprestigio, las autoridades del país podrían condenarla a hasta 15 años por cargos como “mancillar la imagen de Egipto por afirmar que las mujeres del país están expuestas a la violación”.

El informe concluye que los defensores son a menudo perseguidos en los tribunales con “cargos infundados” y otras violaciones del derecho a un juicio justo como las “detenciones arbitrarias”. “Meterlos en procesos judiciales muy complejos que desgastan su energía y recursos es otra forma de silenciarlos. Pueden acabar en la cárcel y, si no acaban, van a ser estigmatizadas. Esto está ocurriendo en países como Arabia Saudí, Irán o Emiratos Árabes”, explica Tellado. La ONG recuerda también el caso de Edward Snowden, que “podría ser condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de enorme interés público”.

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que la vigilancia de los activistas, tanto en Internet como fuera de la red, continúa aumentando como forma de disuasión y menciona el caso de Reino Unido, donde la policía “ha sometido a vigilancia a periodistas para identificar sus fuentes”. El documento también profundiza en la censura y las restricciones al uso de Internet y las redes sociales.

El periodista Dessale Berkhet abandonó en 2010 su país, Eritrea, después de que varios de sus colegas fueran encarcelados. Desde Uganda, fundó una web desde donde denunciaba la campaña de represión de las autoridades eritreas. La página fue hackeada varias veces. Ahora vive en Noruega, donde continua su labor.

“Se puede luchar desde cualquier lugar el mundo, el problema es que en mi país no tenemos Internet. La idea de la web no era tanto cambiar el régimen, sino cambiar la mentalidad de las personas, porque no tiene sentido el uno sin el otro”, puntualiza el reportero. “En Eritrea no reina un Estado de derecho, sino un 'Estado de miedo”, sentencia. 

Otra de las grandes preocupaciones de la ONG son los ataques y las amenazas en la red y su consecuencia: la autocensura. Para los defensores, recalca AI, los 'trols' son “mucho más que una molestia online, pues trabajan dentro de sofisticadas redes organizadas y a veces incluso financiadas por gobiernos o empresas privadas para buscar activistas en Internet, desprestigiarlos e intimidarlos, incluso con el envío de amenazas de muerte”.

“Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los 'trols' generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar”, apunta Alberto Escorcia, activista mexicano, en un testimonio que recoge el documento. Escorcia sostiene que ha llegado a ver, en un día cualquiera, “dos o tres trending topics generados” por estas personas. “Puede haber entre 1.000 y 3.000 tuits al día. Muchos operan en 'bandas de trols' organizadas, que cobran por hacer que un tema se vuelva viral o por lanzar campañas de difamación o de ataques contra periodistas”, critica.

“Sin su valentía, nuestro mundo es menos justo”

Amnistía Internacional recalca que las normas internacionales amparan el derecho a defender los derechos humanos, por lo que recuerda que los Estados tienen el “deber” de proteger a los defensores, aunque también insta a las empresas a tomar medidas como fomentar la comunicación con los activistas y adoptar políticas de “tolerancia cero” con los actos de violencia, amenazas o intimidación.

“Desde Frederick Douglass hasta Emily Pankhurst (...) la historia está llena de personas comunes que se negaron a aceptar la situación establecida y dieron la cara por lo que era justo”, asegura Salil Shetty, secretario general de AI en un comunicado. “Hay muchas personas aquí y ahora, como Malala Yousafzai o Chelsea Manning, que están asumiendo muchos riesgos por nosotros. Sin su valentía, nuestro mundo es menos justo y menos igualitario. Por esta razón pedimos a todos y a todas —no solo a los líderes mundiales— que apoyen a quienes defienden los derechos humanos y protejan a los y las valientes”.

“El compromiso desde los pueblos en la defensa del propio territorio, cuando se entiende como parte de la vida, es lo que va moviendo. Esa convicción es la que tenía mi mami”. Así resume Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres cuál era el impulso que le costó la vida a su madre hace un año en Honduras, el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente.

Como Berta, cientos de activistas se enfrentan a la criminalización, el encarcelamiento y la muerte en el mundo. Es “El precio del activismo”, el lema que dio nombre al debate organizado por Greenpeace en colaboración con eldiario.es, celebrado este miércoles en el Palacio de la Prensa en Madrid. 

Tras la emisión del corto documental Esperanza,  el debate, moderado por Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre, abarcó desde diferentes prismas los riesgos y amenazas asumidos por los defensores del medioambiente en el mundo, con dos testimonios destacados de quienes ponen su propia vida por delante de una causa: los jóvenes activistas Laura Zúñiga y Camilo Bermúdez, miembro del COPINH, emocionaron a los asistentes, contagiando su fortaleza a pesar de los duros golpes sufridos durante este último año.

“No hay que dejarse invadir por el pesimismo” porque, recordó Laura con una sonrisa, “hay miles de Bertas”. 

“Cuando asesinan a Berta quieren asesinar el proceso organizativo de los pueblos”, sostuvo Bermúdez. “El mensaje que se quiere mandar con el asesinato de líderes y lideresas es un mensaje de terror: 'Nadie que se oponga al modelo económico y a las decisiones de la clase política va a quedar vivo”. Tras el asesinato de su compañera, dice, se han encontrado con “una profunda indignación” que se ha traducido en el grito de “Berta no murió, se multiplicó”.

“Hay una intención de impunidad”

Victoria García, portavoz de Amnistía Internacional, reflexionó sobre la impunidad de la violencia contra activistas en Latinoamérica, algo que la ONG investigó en 2016. “Las denuncias de las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra quedan impunes. Las investigaciones se inician pero quedan paralizadas. Los juicios son largos y muy costosos emocionalmente”, explicó. “Son personas muy ligadas al campesinado, con una situación económica precaria. No disponen de recursos legales”.

Laura Furones, de Global Witness, arrojó las cifras de la situación a nivel global: 185 defensores de los recursos naturales fueron asesinados en 2015 en todo el mundo, con América Latina a la cabeza. El 40% son indígenas. “Los casos en los que los autores intelectuales acaban en la cárcel son irrisorios”, sentenció.

Que se investigue la autoría no solo material, sino intelectual del asesinato de Berta Cáceres es una de las batallas actuales de su familia. Zúñiga mencionó las irregularidades del proceso judicial. “A pesar de la visibilidad internacional no se ha hecho una buena investigación. Se han seguido mal los protocolos, las pruebas pueden terminar siendo anuladas... Esto implica una intención de impunidad para la autoridad intelectual: que de aquí a dos años, cuando se rebaje la presión internacional, el asesinato quede en la impunidad”, opina.

Sin embargo, el mensaje de fondo fue optimista, de una lucha que continúa sin miedo. “Ellos tienen las armas, el dinero y la impunidad. Nosotros nos tenemos a nosotros, a las organizaciones, los pueblos y nuestra historia. La construcción en colectivo es lo único que nos va a sacar del atolladero. Ahí uno siente alegría.”, añade Bermúdez.

“Algo que recuerdo de Berta es que, a pesar de la mala situación de una organización de base como la nuestra y las amenazas, uno siempre se ríe con los compañeros y crea su propia familia. Esa convivencia hace vivir una alternativa al capitalismo”, asegura el compañero de Cáceres. 

Esta forma de entender el activismo fue alabada desde el público en el turno de preguntas y comentarios: “Cuando nos preguntamos qué podemos hacer desde España, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir vuestro ejemplo, volver a lo común”.

“Lo que lleva a ser activista del medio ambiente y de derechos humanos es el convencimiento de que puedes hacer algo para cambiar una situación que te parece injusta”, afirmó Maite Mompó, activista de Greenpeace y autora del libro 'Rainbow Warriors'.

Laura Zúñiga terminó el acto con un agradecimiento: “Es importante seguir visibilizando la lucha y sentirnos acompañadas”. El recuerdo de su madre llenó de emoción el auditorio, que estalló en aplausos tras escuchar, en boca de Zúñiga, una de sus frases más repetidas: “No nos queda otro camino que luchar”.

Cuando viaja para continuar la batalla que costó la vida a su madre, cuando grita por los derechos de quienes luchan por la tierra o pide presión internacional para evitar la impunidad, Laura Zúñiga no está sola. La hija menor de Berta Cáceres habla con el impulso de su “compañera mami”, de las poblaciones indígenas que comparten su meta y de las hijas e hijos de todos aquellos que, como ella, perdieron a sus familiares mientras defendían el medio ambiente.

“Cuando vivimos en colectividad, cuando participamos de las grandes luchas del mundo, pasas por él dejando tu presencia. Por eso a personas como mi mami no se las asesina. Porque eso es lo que hace que Berta Cáceres siga viviendo y siga multiplicándose”, dice la hija de la mujer asesinada hace un año en Honduras por luchar contra los abusos de las multinacionales. La joven ha viajado a Madrid para recoger el premio Artemio Precioso, otorgado por Greenpeace a la memoria de Berta Cáceres.

Sus palabras no transmiten el dolor de quien ha vivido con impotencia el asesinato de una madre. Su discurso radia la fuerza de quien se ha criado junto a una mujer que se esforzaba en enseñarles a vivir sin miedo en un ambiente de constantes amenazas. A pesar de la violencia que ha empañado este último año, sus palabras contagian alegría, aunque parezca incomprensible.

“Mi madre nos ha enseñado la convicción del derecho que tenemos a vivir y ser felices. Un derecho que logramos en las luchas por la defensa de los bienes comunes, de la naturaleza”, responde la activista. “Seguimos en pie. En Honduras el pueblo continúa luchando, defendiendo su vida. Sigue con alegría. Y seguimos soñando. A pesar del miedo y la violencia, seguimos soñando con una realidad distinta con justicia para todos y para todas”.

Visita España para recoger el premio Artemio Precioso que Greenpeace ha otorgado a su madre. ¿Por qué son importantes estos reconocimientos?

Supone sentir que la figura de mi mami, el símbolo de lucha de resistencia de las mujeres, de los pueblos indígenas, va trascendiendo. Es avanzar en la meta que nos propusimos tras su asesinato: memoria y justicia. Sentirse acompañado, sentir que no estamos solas ni solos en esta lucha.

También es un mensaje para el mismo Estado hondureño y las empresas. Premios como este les recuerdan que el mundo está atento y vigilando lo que pasa con los luchadores y luchadoras. Que interesa la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la tierra.

¿Cómo han vivido este año sin Berta Cáceres, sin su madre?

Ha sido muy difícil convivir con la impunidad. La forma en la que se ha gestionado el caso desde el Ministerio Público ha provocado que estemos siempre en discusión y eso nos quita espacio para pensar el momento que nos ha tocado vivir. Pero si hay algo que hemos sentido, es la fuerza de mi mami. Desde las otras formas de existencia, pero también desde la compañía que nos ha dejado. Esa compañía que hoy mismo estamos viviendo: hoy estamos en otro país lejano y seguimos sintiendo esos contactos y solidaridad que mi mami en su día fue forjando.

Ahora nos planteamos una forma de vivir distinta, que consiste en empezar a pensar cómo se transita en este mundo a partir de la colectividad. Es una de las enseñanzas que nos ha dejado mi mami.

¿En qué consiste esa enseñanza que ahora les da fuerza para continuar su lucha?

La convicción del derecho que tenemos a vivir y ser felices. Un derecho que logramos en las luchas colectivas en la defensa de los bienes comunes, de la naturaleza, en contacto con diversos pueblos. Nos ha dejado un espacio para poder participar en las grandes batallas de la humanidad.

Es una forma de vivir. Cuando aportamos a las grandes luchas del mundo, nosotras pensamos en trascender, es decir, pasar por el mundo dejando nuestra presencia. Eso es lo que hace que Berta Cáceres siga viviendo y siga multiplicándose.

Es una ética y una forma de vida distinta, igual de gratificante y feliz, a pesar de las diversas violencias que el capitalismo, el patriarcado y el racismo nos hace vivir a veces.

El asesinato de Berta Cáceres ha dado una mayor visibilidad a la represión a la lucha de defensoras y defensores por el medio ambiente. ¿Usted y sus hermanas sienten ahora la responsabilidad de ser la voz de tantos luchadores perseguidos?

Mi mami nos dejó la oportunidad como hijas de poder gritar al mundo. Esa indignación hace que tengamos esa posibilidad que muchas personas no tuvieron. Muchos hijos e hijas de personas que, como Berta, han dejado su vida por la defensa del Río Gualcarque. No solo estamos nosotros, hay otros.

Sentimos la responsabilidad de llevar esa necesidad de justicia. Para mi mami, pero también para Tomás García, que murió a manos de los paramilitares, la compañera Paula y para otras compañeras que han sufrido atentados. Yo siento la responsabilidad de luchar para las otras hijas e hijos que no tienen a su mamá y a su papá por la misma razón.

Ha pasado un año y la información que reciben acerca de la investigación del asesinato de su madre es escasa. ¿Cuáles son sus preocupaciones al respecto?

Hay algo con lo que seguimos conviviendo: la marginación de la investigación. Es una de las cosas que nos da intranquilidad. Por un lado, para seguir trabajando necesitamos saber qué es lo que se está investigando. Pero, por otro, por la desconfianza que tenemos hacia el Estado de Honduras, que ha sido el que persiguió a mi mami, que sigue criminalizando a compañeros de mi madre y que blindó la estructura represiva para generar la violencia que hoy se vive en las comunidades.

Sigue siendo inquietante que un Estado, que no es neutral, que no es ajeno al caso y que tiene responsabilidades con este asesinato, sea el mismo que investiga.

Por otro lado, hay siete detenidos, algunos vinculados a la empresa DESA - concesionaria de la represa contra la que luchaba Berta Cáceres- y otros al Ejército, entrenados por EEUU. Pero es muy importante destacar que todas las detenciones están relacionadas con la autoría material del asesinato. Para asegurar la no repetición, necesitamos que haya justicia y castigo hacia los autores materiales pero también intelectuales. Por eso insistimos en investigar a los dueños de la empresa, por las amenazas que ha sufrido mi mami y los miembros del COPINH.

¿A quién interesaba que mi madre no esté? ¿Qué intereses había en crear ese miedo entre las comunidades, asesinando a una lideresa que es símbolo, que generó conexión entre poblaciones? Se beneficia la empresa DESA, pero también diferentes multinacionales que intentan entrar en territorios indígenas y el mismo Gobierno hondureño, que mantiene a las poblaciones hondureñas en un estado de terror.

Ante sus sospechas de la falta de parcialidad, pidieron una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Gobierno hondureño se negó. ¿Temen que tras estas primeras detenciones bajen la presión para llegar a los responsables intelectuales del asesinato?

Lo que nosotros hemos visto y es real es que a partir de las capturas bajó la presión internacional. Y eso le interesa al gobierno.

Las capturas no son símbolo de castigo y juicio. Aún no hemos tenido acceso a todas las pruebas, hay un robo de expediente... Vemos que la actuación del Ministerio Público ha sido dudosa y observamos que estas detenciones pueden formar parte de una estrategia de entregar unos mínimos resultados para bajar la misma presión que, en su momento, empujó a que se investigase a la empresa. Porque, al principio, la Fiscalía quería apuntar al COPINH.

Por todo esto sentimos dudas y un sentimiento constante de que si no nos seguimos manifestándonos, este crimen puede quedar en la impunidad. Lo que se traducirá en una puerta abierta para más asesinatos y persecución a defensores y defensores.

'The Guardian' reveló que algunos de los militares supuestamente involucrados en el asesinato de Berta Cáceres habían sido entrenados por Estados Unidos. ¿Qué piden al Gobierno de EEUU?habían sido entrenados por Estados Unidos

Una de las cosas que hemos marcado con preocupación es la presencia militar de EEUU en Honduras. Por otro lado, el entrenamiento y la cantidad de recursos que EEUU da al Estado de Honduras, que ha demostrado ser violador de derechos humanos, apoyan al aparato represivo de Honduras. Seguir dando fondos ahora, después de un golpe de Estado y con la militarización que vive Honduras, es una irresponsabilidad.

Para luchar contra ello, en EEUU se está impulsando la llamada 'Ley Berta Cáceres', que pide la retirada de los fondos a Honduras hasta que no se investigue el asesinato de mi madre y de 100 campesinos más. Seguimos advirtiendo que incluso los proyectos de cooperación al desarrollo pueden aumentar las vulneraciones de derechos humanos si no se hace un seguimiento eficaz. Por ejemplo: la agencia de cooperación estadounidense apoyaba a la empresa DESA. Eso es jugar con la miseria de la gente.

El Gobierno de España también aporta dinero a programas europeos de cooperación, como Eurojusticia, del que varias ONG denuncian la falta de control para demostrar que vela por los derechos humanos.

Hemos ido denunciando que España es socio de uno de los bancos financiadores de la empresa DESA, el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Nos sigue generando preocupación que España siga invirtiendo en proyectos extractivos sin hacerse cargo de todo lo que significa. Lo mismo con la cooperación internacional: sigue habiendo proyectos aprobados sin garantizar que estos se lleven a cabo con los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos.

Hay algo claro. Está demostrado el aumento de violaciones de derechos humanos y persecución hacia luchadores, periodistas y cualquier persona que hace algún tipo de oposición. Por ello, el resultado de fondos internacionales para, supuestamente, bajar la criminalidad, ha sido nulo. De esta forma, creemos que seguir apoyando al Estado de Honduras sin exigir avances, garantías de vida hacia las personas, es apoyar un Estado que por ahora solo ha demostrado generar terror sobre la población.

¿Cuál es el mensaje que querría lanzar a la sociedad española durante este viaje?

La responsabilidad también llega a la población. Es necesario entender que en Latinoamérica hay altos niveles de extracción que generan mucha violencia hacia la población, hacia la tierra, para sostener los niveles de consumo de los países ricos.

Todos nos tenemos que hacer cargo de esas responsabilidades. Hay que pensar que cada vez que se mata, que se asesina a un luchador por la tierra en cualquier lugar del mundo, nos afecta igualmente a toda la humanidad.

Entonces, creo que en ese sentido es importante ver, sensibilizarse y entender que toda la realidad de Honduras no es ajena ni distante. Y que el movimiento indígena, allá en Honduras, está luchando por nuestro territorio pero también por toda la humanidad.

Están luchando contra gigantes. ¿No tienen miedo? ¿Han recibido amenazas?

Ha habido amenazas para nosotros como hijos de Berta Cáceres. Pero las mayores preocupaciones que tenemos vienen de la persecución, intimidación y violencia sufridas por la organización de mi mami, el COPINH. Porque seguimos pensando que ese es su legado y sigue siendo un símbolo para seguir soñando, seguir pensando en que la realidad se puede cambiar. A pesar de la violencia, nos sigue dando victorias. Es un atentado hacia la esperanza misma, hacia las organizaciones.

En relación al miedo, mi mami también nos enseñó a no tener miedo, a vivir sin miedo. Obviamente uno tiene siempre preocupaciones y algunas veces será difícil, pero yo creo que ni nos merecemos vivir con miedo, ni lo queremos ni nos sirve para seguir luchando.

Estamos acompañadas. No estamos solas y, a pesar de la violencia, a pesar de que son grandes gigantes, yo creo que nosotras tenemos una gran ventaja: nosotras luchamos por nuestra vida y por nuestra felicidad. Por la convicción de vivir.

Sorprende escucharles, sorprende la entereza con la que hablan del asesinato de su madre y la fuerza que transmiten, tanto usted como sus hermanas. ¿Cómo se convive con el dolor de la muerte de una madre mientras continúan la lucha que ella lideraba?

Cuando supe del asesinato de mi mami, empecé a estar habitada por dos sentimientos. Primero, el dolor inmenso por la pérdida de la madre, de la compañera mami, como digo yo [sonríe recordando la forma en la que la llamaba]. Pero, por otro, un sentimiento de tremenda indignación, de sentir que no puede ser posible que sucedan estas cosas. Yo creo que cuando en la vida nos sentimos habitados por esas dos emociones, la única herramienta que tenemos para seguir en pie es la convicción de que tenemos que seguir trabajando por esos regalos que mi mami nos deja.

Es entonces cuando uno empieza a templar el carácter. Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, vemos esos aprendizajes que ella nos transmitió. Nos convenció de que merecíamos ser felices. Nos dejó el legado de la lucha y ahí empezamos a sentir que, por ella y por nosotros, nos merecemos otra realidad. En ese compromiso vamos planteando, descubriendo, formas de vivir distintas.

Eso nos gratifica y nos da mucha alegría. A pesar de todo, me encuentro parte de mi mami en el COPINH, en las comunidades. Eso me da mucha felicidad: que las personas como mi mami no se asesinan. Si bien, ha sido doloroso todo el proceso.

¿Nos podría decir alguna frase con la que su madre trató de transmitirle esa fuerza para continuar su causa?

[Sonríe]. Me ha marcado la última frase que me dijo. Cuando nos despedimos, que yo me iba de viaje un día antes de que pasara todo, me aconsejó: 'Mire mamita, si usted sabe que nos pasa algo, no tenga miedo. Usted sabe que en este país nos puede pasar cualquier cosa, pero usted no tenga miedo. Y eso lo que a mí en lo largo del camino me ha ido quedando.

Otra que repetía: “Un pueblo que no lucha por su supervivencia muere”. Entonces. siempre hay que luchar.

También recuerdo que yo muchas veces mostraba incertidumbre sobre el futuro. Le decía: “Mami, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar?”, ella decía: “No se preocupe. Algo se nos va a ocurrir”. Siempre lo decía... [risas]. “Algo se nos va a ocurrir. Tiene que confiar”.

La noche del pasado 2 de marzo de 2016 [aunque hay versiones enfrentadas sobre si era ya en la madrugada del día 3], unos hombres armados asesinaron en su casa a Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y los bienes naturales y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH– organización que, entre 2012 y 2016, ha enfrentado el asesinato de al menos diez de sus integrantes*. La compañera Berta fue asesinada tras años de amenazas y procesos de criminalización, pero también tras años de enfrentar un contexto de violencia y discriminación de género en un país donde cada 16 horas una mujer es asesinada.

El Relator Especial para los defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, ha denunciado que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos”. Esta situación, agravada tras el Golpe de Estado de 2009, afecta de manera particular a las personas que defienden el territorio y los bienes naturales. Un reciente informe de Global Witness documentó que “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en Honduras”, según dicho informe: “No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras”.

Las mujeres defensoras son doblemente amenazadas pues, además de oponerse a la violación de los derechos humanos de sus pueblos y comunidades, cuestionan los estereotipos de género que sancionan la participación política de las mujeres. Según datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, de las 1.688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos documentadas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México entre 2012 y 2014, el 37% respondían a patrones de violencia de género.

El asesinato de Berta Cáceres desató un clamor mundial contra el aumento de la violencia que enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos humanos y alertó de las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en el contexto de trabajo de empresas privadas, a menudo acompañada de la complicidad o aquiescencia de los Estados e instituciones financieras internacionales.

En el Estado español, se movilizaron numerosas organizaciones de la sociedad civil y se logró una denuncia unánime de las instituciones y parlamentos, que incluyeron al Congreso de los Diputados, parlamentos y gobiernos autonómicos de diferentes territorios, así como autoridades municipales (Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Donostia, Durango, Ermua, etc.). Estas instituciones se comprometieron a exigir justicia para Berta Cáceres y promover la protección de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras.

Las Proposiciones No de Ley presentadas ante algunas de estas instancias fueron particularmente importantes. Establecieron una serie de compromisos para la protección de las personas defensoras y la urgente atención a las violaciones de derechos humanos que empresas privadas están ocasionando en territorios donde el Estado español tienen una importante agenda de inversiones y cooperación.

En la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad de los diferentes grupos parlamentarios el 13 abril de 2016, se instó al Gobierno a:

El llamado que esta PNL hizo a las autoridades del Estado español se multiplicó en diferentes territorios autonómicos. El Parlamento del País Vasco, Galicia, Catalunya, Navarra, Murcia, Islas Canarias e Illes Balears se sumaron a la denuncia del asesinato, la exigencia de justicia y el impulso de los derechos humanos en Honduras.

En la PNL del parlamento balear, por ejemplo, además de denunciar lo ocurrido en Honduras, se expresó la preocupación por la situación específica de las defensoras de derechos humanos en toda la región al afirmar que: “…Ser defensora de derechos humanos y del medio ambiente en Mesoamérica se ha convertido en un riesgo permanente que amenaza la vida, la seguridad y el bienestar tanto de las defensoras de derechos humanos como de sus compañeros, familiares y poblaciones con las que trabajan…”.

Honduras es un país prioritario del más reciente Plan Director de la Cooperación Española. Entre otros programas, ha establecido objetivos para “combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social” a través del programa “Eurojusticia- Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras”, en el que el Estado español ha invertido la suma de 550.000 euros a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.

Pero, además, el Estado español es parte de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual aportaba recursos para el desarrollo del proyecto de Agua Zarca de la Empresa DESA, principal corporación señalada en el asesinato de la defensora Berta Cáceres y otros integrantes del COPINH.

Por todo lo anterior, el Estado español debe, de manera contundente, instar al Gobierno de Honduras a llevar a cabo investigaciones rigurosas, prontas y efectivas que generen sentencias firmes contra todas aquellas personas personas involucradas (autores materiales, intelectuales, cómplices...) en el asesinato de Berta Cáceres, y en los asesinatos y otras formas de la violencia ejercidas contra defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras.

Además, debe vigilar que las empresas españolas que invierten en Honduras y todo América Latina respeten plenamente los derechos humanos y asegurar que todo apoyo otorgado por el BCIE cumpla con el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada y toda normativa proteja el medio ambiente y los derechos de las comunidades. En materia de cooperación, debe asegurar la coherencia de políticas, entre las comerciales y de inversión y las de cooperación y derechos humanos, asegurando que dichas políticas no contribuyan a generar ni profundizar situaciones de desigualdad y violaciones a los derechos humanos., como es el caso de las cuestionadas reformas al Código Penal, en proceso de aprobación, que tienen el riesgo de fomentar la criminalización de la protesta social y atentan contra los derechos de las mujeres.

A un año del asesinato de Berta Cáceres, la sociedad civil del Estado español se sumará al llamado del COPINH y la sociedad hondureña y volverá a alzar la voz a través de diferentes actos para exigir que los compromisos del Gobierno con los derechos humanos en Honduras sean asumidos y se erradique de una vez por todas la violencia que está arrebatando la vida de cientos de defensoras y defensores de derechos humanos y alejando la posibilidad de una vida digna y justa en el país centroamericano.

El análisis expuesto en el presente artículo es resultado de un esfuerzo colaborativo entre Brigadas Internacionales de Paz Estado español, Calala Fondo de Mujeres, Front Line Defenders y JASS -Asociadas por lo Justo-, y contó con la contribución de Entrepueblos y Mundubat.

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* Berta Cáceres, Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodriguez, Irene Meza.

“Si nos matan, continuemos, compañeros y compañeras”, decía Berta Cáceres a Tomás Gómez Membreño. Hoy, a un año de su asesinato, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras sale a la calle bajo el lema unánime de “Berta vive, el COPINH sigue”. Y sigue, pero sin Berta, golpeado aunque firme y fortalecido en su lucha, en el que ha sido probablemente el año más difícil desde su fundación, en marzo de 1993.

Tomás Gómez asumió la coordinación general del COPINH después del 2 de marzo de 2016, el día en que dos hombres armados irrumpieron en casa de Berta Cáceres, en el municipio de La Esperanza, disparándole y acabando así con la vida de una de las voces más destacadas de la lucha por el territorio de los pueblos indígenas de Honduras.

Era una muerte anunciada. Ella misma había hablado de ello meses antes a este diario. “Sabíamos que nos iban a asesinar, a ella, a mí, antes o después, estábamos en eso, viendo de qué manera evitarlo, pero no estábamos preparados”, reconoce Gómez en conversación con eldiario.es. “Fue una pérdida muy grande para el COPINH y para el pueblo lenca, algo como convertirse de repente en un televisor que no sirve, por el que no corre la señal, qué íbamos a hacer”, se preguntaban.

Berta era una gran tejedora de relaciones, coinciden quienes la conocieron. Incansable. La lucha era su casa, dicen. A su muerte, tocaba comprobar que todo lo que había construido se sustentaba sobre cimientos firmes. Tomás explica que decidieron visitar a las comunidades para saber qué significaba el COPINH para ellas, cuál era su posición, y descubrieron que tenían claro quién había detrás del asesinato de Cáceres.

“Ahí vimos que es real ese poder popular que estamos construyendo, que estamos bien forjados, si no hubiera sido así, el COPINH habría desaparecido, 2016 ha sido nuestra gran prueba de fuego”, destaca Gómez, y vuelve a recordar las palabras de Berta: “A más represión, a más asesinatos, más lucha y organización”.

El lugar más peligroso para defender el medio ambiente

Un año después de aquel 2 de marzo, al tiempo que se celebran homenajes que recuerdan la vida de Berta Cáceres en todo el mundo, la persecución y el hostigamiento persisten. “La criminalización y las amenazas a muerte han crecido. Continúan los intentos de asesinato porque quieren callar las voces del COPINH, quieren que nos sometamos a las decisiones de la empresa privada, del poder económico y político, pero cuanto más nos intenten asesinar, más vamos a seguir luchando y defendiendo los territorios”, denuncia el actual coordinador general de la organización.

A Tomás Gómez lo han intentado matar seis veces. Él acusa al Ejército hondureño y a las empresas privadas vinculadas a los grandes proyectos. La última vez fue hace una semana. “Vinieron a buscarme a las tres de la madrugada a mi casa, asustaron a mi familia, mi esposa y mis hijos se levantaron y empezaron a hacer bulla, un perro empezó a ladrar, hubo escándalo… si no, no sé qué escenario estaría viviendo en estos momentos”, dice.

El pasado 9 de octubre dispararon contra la camioneta que conducía cuando iba camino a su casa tras una reunión. “Lo que pasa es que yo casi no denuncio mis atentados porque genero una crisis tremenda en mi familia. Eso es lo que más me preocupa”, confiesa.

Después de Berta, en el COPINH han tenido que despedir a más compañeros. Nelson García, de 35 años, líder de la comunidad de Río Chiquito, fue asesinado de cuatro disparos en el rostro el 15 de marzo cuando regresaba a su casa tras el desalojo forzoso de más de un centenar de familias lencas. Cuatro meses después, el 6 de julio de 2016, aparecía en un vertedero el cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía, activista contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el departamento de La Paz.

Hace un mes, la organización Global Witness publicaba un informe en el que señalaba que Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el territorio y el medio ambiente. Desde el golpe de Estado de 2009, señalan, han sido asesinados 123 activistas. La cifra sigue aumentando.

El 17 de febrero, unos desconocidos mataron a José de los Santos Sevilla, maestro y líder indígena tolupán de la comunidad de La Ceiba, en el municipio de Orica. Así lo ha denunciado la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), en un comunicado en el que asegura que los pueblos indígenas de Honduras se enfrentan a “una guerra de exterminio”.

Un año sin #JusticiaparaBerta

Y todo ello en medio de la más clamorosa impunidad. Según Global Witness, más del 90% de estos crímenes queda impune. Es otra de las luchas: la justicia. A principios de febrero de este año fue detenida la octava persona en relación con el asesinato de Berta Cáceres.

Se trata de Óscar Aroldo Torres Velázquez, de 22 años. De los otros siete detenidos, dos mantienen relación con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la propietaria del proyecto hidrológico de Agua Zarca: Sergio Ramón Rodríguez, ingeniero ambiental y Douglas Geovanny Bustillo, antiguo jefe de seguridad de DESA; mientras que otros tres tienen vínculos con el ejército hondureño, Edison Duarte y Henry Javier Hernández Rodríguez, oficiales militares retirados; y Mariano Díaz Chávez, veterano de las fuerzas especiales e instructor de la policía militar.

La investigación del asesinato y el proceso judicial también están siendo fuertemente cuestionados. Amnistía Internacional la califica de “vergonzosamente insuficiente” porque “no ha identificado a quienes ordenaron su muerte” y por la ausencia de mecanismos eficaces de protección a los defensores y defensoras. Ello demuestra, según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, “la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia”.

Para el COPINH, sostiene Tomás Gómez, no habrá justicia mientras no se cumplan estas cinco premisas: “La creación de una comisión de investigación independiente, la salida del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y la cancelación de la licencia ambiental a la empresa DESA, la desmilitarización del pueblo lenca, la cancelación de las 52 concesiones a proyectos en el territorio lenca, y la cancelación de la ley de minería estatal”.

Honduras parece avanzar en la dirección contraria. En pleno año electoral (en noviembre habrá elecciones presidenciales), el Congreso aprobó la pasada semana una reforma del Código Penal que ha sido comparada con la “ley mordaza” española. En ella se tipifica el delito de terrorismo y podría utilizarse para llevar un paso más allá la criminalización de las protestas y la persecución que padecen los defensores de derechos humanos. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han alertado de los riesgos que supone para la libertad de expresión.

“Al Estado no le gusta que nosotros denunciemos”, resume Gómez. “Lo que les interesa es perpetuarse en el poder, que el poder económico esté feliz y detener las movilizaciones y las denuncias en contra del gobierno para favorecer a las empresas. Lo que interesa en este país es el derecho a despojar el territorio”.

El legado de Berta

“A Berta la asesinaron porque representaba una amenaza, una oposición fuerte para la empresa privada no solo en los medios de comunicación sino también en los territorios. Uno de los propósitos era acabar con el COPINH y eso solo podían conseguirlo matando a Berta y metiéndonos presos a nosotros”, afirma Tomás Gómez, quien denuncia el acoso y persecución que sufrió por parte de la policía en los días posteriores, en los que se le trató de acusar del crimen junto a otros compañeros de la organización.

Un año después Berta sigue presente y todavía hay a quien le cuesta “recomponerse del luto”, como a su amiga personal, la cantante y activista Karla Lara. Karla conoció a Cáceres en los años en que fue coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en particular desde el año 2013, cuando se intensificaron las amenazas contra ella y tuvo que encargarse de organizar su acompañamiento.

“Berta era una caminante incansable, su pensamiento político era muy abarcador y vanguardista, era una de esas figuras que no nacen todos los días, estaba hecha de otra madera”, cuenta a eldiario.es. Tanto Karla como Tomás recuerdan su gran capacidad pero, sobre todo, la alegría. Cuenta Tomás que no olvidará estas palabras que solía decirle: “Puede que estemos jodidos pero con alegría, jamás nos van a quitar la alegría, aunque nos estén amenazando, aunque nos estén matando, la alegría hay que mantenerla”

“Berta siempre andaba contenta, era muy buena compa, muy leal y tenía una forma muy especial de demostrártelo”, rememora la autora de la canción “Que corra el río Gualcarque”, en la que homenajea a la guardiana de los ríos.

“De dónde tantas Bertas” se preguntaba Karla en la canción, que compuso cuando ella aún vivía. “Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos”, prosigue. Y de algún modo la letra parece cumplirse. El “Berta volverá y será millones”, el “Berta no murió, se multiplicó” que llena hoy pancartas, murales y gargantas.

“Eso es real -concluye Tomás- Berta no ha muerto. Berta se ha multiplicado. Berta nos está acompañando, nos guía, nos forma, porque Berta pasó a ser la mayor de los abuelos y abuelas lencas. Berta nos acompaña”.

La filtración de los documentos judiciales demuestra que la ecologista hondureña Berta Cáceres fue asesinada por expertos en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales del país, formadas por Estados Unidos. Así se desprende de una investigación que ha llevado a cabo the Guardian.

Cáceres, que se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica, recibió un disparo mortal un año atrás. Supuestamente se encontraba bajo protección del Estado, ya que había recibido amenazas de muerte.

El asesinato de Cáceres, que en 2015 había sido distinguida con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman, provocó el clamor de la comunidad internacional y se hizo un llamamiento para que Estados Unidos dejara de proporcionar apoyo militar a Honduras, un aliado clave en la guerra contra las drogas.

Ocho hombres fueron detenidos por este crimen, entre ellos un militar en activo y dos militares retirados.

Las autoridades militares negaron cualquier implicación en el asesinato de la activista y restaron importancia al hecho de que se hubiera detenido a un militar en activo, Mariano Díaz, que fue expulsado del ejército.

Sin embargo, tanto el expediente militar de los detenidos como los documentos judiciales a los que ha tenido acceso the Guardian revelan que:

Los documentos judiciales también incluyen el registro de mensajes de teléfonos móviles. La acusación cree que algunos mensajes en código hacen referencia al asesinato.

El registro de llamadas y la declaración de Hernández confirman que en las semanas anteriores al asesinato, Bustillo y Hernández se desplazaron en varias ocasiones hasta la localidad de La Esperanza, donde vivía Cáceres. “El asesinato de Berta Cáceres tiene todos los elementos de una operación bien planeada y diseñada por los servicios de inteligencia del ejército, donde es absolutamente normal contratar a civiles para que asesinen a alguien”, explica a the Guardian una fuente legal que conoce bien la investigación.

“Es inimaginable que alguien del perfil de Cáceres, cuyo activismo se había convertido en un problema para el gobierno, pueda ser asesinada sin la autorización, aunque sea implícita, de los altos mandos del ejército”.

El Ministro de Defensa de Honduras no ha querido hablar con the Guardian, pero el responsable de las fuerzas armadas ha negado recientemente que en el país operen escuadrones de la muerte.

La conexión Agua Zarca

También han sido detenidos cinco civiles sin antecedentes militares. Uno de ellos es Sergio Rodríguez, uno de los responsables de Agua Zarca, el proyecto financiado con capital extranjero para la construcción de una presa hidroeléctrica que Cáceres quería frenar.

Dirige este proyecto Desarrollos Energéticos SA, (Desa), una empresa vinculada al gobierno y al ejército. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de los servicios de inteligencia del ejército y el secretario,  Roberto Pacheco Reyes, es un exministro de justicia. De 2013 a 2015 el exteniente Bustillo trabajó como responsable de los servicios de seguridad de la empresa.

En relación a su campaña contra la presa, Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte; en algunos casos habían sido los mismos trabajadores de Desa los que la habían amenazado. Desa niega tener nada que ver con su asesinato.

Cáceres fue asesinada sobre las 23.30 del 2 de marzo, cuando un grupo formado por al menos cuatro sicarios entraron en la comunidad cerrada situada en las afueras de La Esperanza donde se había mudado recientemente. Varios testigos han explicado a the Guardian que, si bien el puesto de control situado en la entrada de la comunidad normalmente estaba custodiado por soldados o policías, esa noche estaba vacío.

En un inicio, los investigadores sugirieron la hipótesis de que Cáceres había sido asesinada por un examante o por un compañero de trabajo descontento. Sin embargo, tras el clamor de la comunidad internacional, las autoridades detuvieron a Díaz, Bustillo y dos sospechosos más en mayo de 2016.

Hernández, que semanas más tarde fue detenido en México, es el único sospechoso que ha declarado ante un juez. Ha reconocido su participación, si bien ha asegurado que lo hizo bajo coacción.

Los ocho detenidos han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete detenidos han negado su implicación con el crimen o no han declarado ante el juez. La acusación asegura que el historial telefónico presentado ante el juez demuestra que la comunicación entre los tres militares era constante. Este historial incluye un mensaje de texto en el que se mandan mensajes claves sobre el pago a un sicario.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirma que varios expertos estadounidenses han participado en la investigación desde el principio.

El senador Ben Cardin, uno de los miembros de más alto rango de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha indicado que Estados Unidos no debe dar un apoyo incondicional a Honduras. “Es fundamental que no solo reforcemos nuestros compromiso con el Estado de Derecho de Honduras sino que exijamos una mayor rendición de cuentas cuando se cometen abusos contra los derechos humanos y ataques contra la población civil”.

La lista negra

El año pasado, the Guardian publicó las declaraciones de un soldado hondureño que aseguró que había visto el nombre de Cáceres en una lista negra que circulaba entre las unidades del ejército formadas por Estados Unidos.

El sargento primero Rodrigo Cruz afirmó que las dos unidades de élite recibieron una lista con los nombres y las fotografías de activistas, y también recibieron la orden de matarlos. El comandante de la unidad de Cruz optó por desertar. Al resto de la unidad se les concedió un permiso.

En otra entrevista posterior con the Guardian, Cruz explicó que los jefes del Estado Mayor del Ejército entregaron esta lista al comandante del equipo interinstitucional especial Xatruch, de la que forma parte su unidad.

Cruz, que no quiso que the Guardian utilizara su nombre real por miedo a represalias, desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece oculto desde entonces.

Después de que the Guardian publicara el reportaje, James Nealon, el embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a investigar lo sucedido. En una entrevista que concedió la semana pasada afirmó que han removido cielo y tierra. “Creo que tanto yo como mi equipo hemos hablado con todas las personas con las que podíamos hablar y nadie ha elaborado esta lista”, indicó Nealon.

Sin embargo, Nealon reconoció que la embajada no ha hablado con el comandante de Xatruch. Además, ni la embajada ni las autoridades hondureñas han hablado con activistas que tienen información sobre la supuesta lista negra.

Lauren Carasik, profesora de Derecho en la Western New England University afirma que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Honduras y permitirá que los autores intelectuales del asesinato de Cáceres y de otros destacados activistas sigan en libertad.

“Washington no puede dar la espalda a las pruebas cada vez más sólidas de la participación del ejército hondureño en el asesinato extrajudicial de Cáceres”, concluye.

Apoyo militar

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, así como la impunidad de los autores, son algunas de las violaciones de los derechos humanos más graves que se cometen en Honduras.

A pesar de ello, Estados Unidos es el país que brinda un mayor apoyo militar y policial a Honduras. El año pasado la ayuda fue de 18 millones de dólares.

En los últimos años, la ayuda estadounidense se ha centrado en la formación de las fuerzas especiales, que nacieron en la década de los ochenta, en el contexto de la “guerra sucia”. Estas unidades de élite luchan contra el terrorismo, el crimen organizado y las bandas de criminales. Sin embargo, los activistas afirman que en la actualidad estas unidades también sirven para atacar a todos los líderes de la sociedad civil que cuestionan la gestión del gobierno.

Los ataques contra los activistas no han hecho más que aumentar desde un golpe de Estado respaldado por militares en 2009, que derrotó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces, han sido asesinados más de 124 ecologistas y defensores del derecho a la tierra.

Una investigación impulsada recientemente por la organización Global Witness, que lucha contra la corrupción, mostró que las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos que son muy nocivos para el medio ambiente. Este tipo de proyectos no han hecho más que crecer desde el golpe de Estado.

Una de las regiones más conflictivas del país es la de Bajo Aguán, situada en el norte de Honduras. Allí, los campesinos y las compañías productoras de aceite de palma libran un conflicto por el uso y tenencia de tierras que ya ha causado más de 130 muertes en los últimos seis años.

En el Bajo Aguán está desplegado el 15º batallón; una de las dos unidades especiales del ejército hondureño, así como el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales.

Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón. La unidad de élite de Cruz también estuvo desplegada en el Bajo Aguán.

El embajador Nealon afirma que no tiene constancia de que Díaz, Hernández o Bustillo hayan participado en los cursos de formación ofrecidos por Estados Unidos en Honduras.

“Nuestros programas de formación para policías o soldados no están pensados para enseñarles a cometer violaciones de derechos humanos o crear una atmósfera que les haga creer que pueden hacerlo, de hecho, más bien todo lo contrario”, explica.

Los expedientes militares hondureños muestran que Díaz participó en varios cursos de contrainsurgencia en las bases de las fuerzas especiales de Tegucigalpa y en el Bajo Aguán.

También participó en un taller de mando para cadetes en Fort Benning, en el estado de Georgia, en 1997, y un curso de contraterrorismo en la Academia de Fuerzas Aéreas Interamericanas en 2005.

Los documentos del juzgado también muestran que cuando fue detenido, Díaz, de 44 años, estaba siendo investigado por tráfico de droga y secuestro, y al mismo tiempo seguía estudiando para tener opción a un ascenso.

Los expedientes militares muestran que en 1997 Bustillo participó en cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, donde se entrenaron cientos de soldados de América Latina que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.

Traducción de Emma Reverter