Arranca en Honduras el juicio por el asesinato de la activista Berta Cáceres
Dos años y medio después del asesinato de la activista Berta Cáceres, este lunes dará comienzo el juicio contra ocho acusados en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Se espera que el proceso se prolongue hasta el próximo 19 de octubre y contará con una comisión de expertos en derechos humanos que seguirá el juicio.
En el banquillo se sentarán Mariano Díaz Chávez, oficial del Ejército; Douglas Geovanny Bustillo exmilitar, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso para defender el río Gualcarque, donde la firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por el impacto que podía tener en el territorio de la comunidad indígena lenca. También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas.
Los ocho están acusados por la Fiscalía del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Castro fue el único testigo del crimen y aquel día resultó herido de bala, aunque no de gravedad. El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a tiros por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, a pesar de que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía por su labor. Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos.
Tras dos años de varapalos, el caso se encontraba a la espera de celebración del juicio oral entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”, explicó Laura Zúñiga, una de las hijas de la defensora, en una entrevista con eldiario.es.
En estos dos años y medio, el COPINH ha mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por que las autoridades no hayan investigado a ningún alto cargo del Ejecutivo o de la compañía en relación con el asesinato. Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica DESA en el asesinato de la líder hondureña.
Durante una entrevista con la Agencia Efe el pasado viernes, otra de las hijas de la líder indígena, Olivia Zúñiga, sostuvo que los ocho imputados “no son los autores intelectuales en el escalón más alto (...) de este asesinato, sin embargo, esperamos que las personas de las se tiene evidencia clara sean condenadas y que haya justicia en este nivel y también en un nivel de autoría intelectual más alto”. Zúñiga enfatizó que el sistema judicial “no está actuando de manera correcta a favor de la justicia y en contra de la impunidad”.
El juicio contará con la presencia de una comisión de expertos integrada por representantes de al menos 17 organizaciones de Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Honduras. También estará, en calidad de observadora, Amnistía Internacional, que ha expresado una “grave preocupación por que la investigación de las autoridades hondureñas adolezca de graves deficiencias y no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber estado implicados en ordenar su homicidio”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó en un comunicado el pasado 3 de marzo, en el segundo aniversario del crimen, “la urgencia de profundizar” en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen. Resaltó además “la responsabilidad” del Estado de Honduras de investigar este caso con la “debida diligencia” a través de una investigación “expedita, independiente, pronta y exhaustiva”.
Por su parte, Greenpeace ha demandado “un juicio justo y ejemplarizante” en un contexto de “persecución” de quienes defienden el medio ambiente. “Reclamamos justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así, no debería repetirse”, sostiene Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, en una nota de prensa.
“En un país donde proliferan las amenazas y los ataques contra las personas que defienden el medio ambiente y el derecho a la tierra, el sistema de justicia de Honduras puede sentar un importante precedente afirmando el derecho de la familia de Berta a verdad, justicia y reparación, y mostrando que el homicidio de defensores y defensoras de los derechos humanos no quedará impune”, sentencia por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Según el último informe de Global Witness, al menos 207 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender los derechos humanos y el medio ambiente. La gran mayoría provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para los defensores.
