Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ha presentado su Memoria Institucional 2025. El documento atestigua un contexto de “cronificación” de la exclusión social en la comunidad autónoma y pone el acento en la relevancia de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, esta entidad lanza una invitación a toda la sociedad para sumar fuerzas y estrategias orientadas a “proteger la dignidad de las personas más vulnerables”.

Durante el año 2025, la acción de Cáritas benefició directamente a un total de 52.252 personas en Castilla-La Mancha. Asimismo, su labor en cooperación internacional llegó a 15.204 personas en 14 países, en un escenario global “complejo” marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

Los datos los han presentado Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de la entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. Todos han coincidido en que las cifras desvelan “una radiografía social preocupante”, que coincide con las “alarmantes” conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional.

El informe subraya que el sistema actual presenta “fallas estructurales”, dado que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan de forma autónoma estrategias de inclusión “sin lograr salir de ella”, confirmando que “disponer de un empleo ya no es garantía para evitar la vulnerabilidad”.

Vivienda, migraciones y empleo

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el “epicentro de la desigualdad”, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres “inasumibles o infravivienda”. “El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes y a la población migrante”, agrega.

De hecho, el perfil de atención de la Memoria 2025 muestra que el 58% de las personas beneficiadas fueron extranjeras frente al 42% de nacionalidad española.

Rosa García ha destacado que un tiempo “marcado por discursos de odio”, es necesario “reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza” porque “la transformación social es una tarea colectiva”.

Toda esta labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El modelo de financiación de Cáritas en Castilla-La Mancha regional mantiene su “independencia y fuerte arraigo social”: el 58% de los fondos fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible gracias al “motor humano” de la organización, que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte, el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es “la propia Iglesia en acción” y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: “La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción”.

Por su parte, Amador Casquero ha puesto el acento en que “detrás de cada estadística hay una historia única” y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

Ante esta realidad “multidimensional”, la entidad urge a las administraciones y al tejido social a afrontar “de manera prioritaria” retos como el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos y la regularización e integración de las personas migrantes.

También urgen a la mejora de los cuidados a mayores, el combate contra la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

El debate político actual sufre de un grave déficit de rigor. La proliferación de discursos que asocian la inmigración con el colapso económico o la delincuencia exige una respuesta basada estrictamente en datos oficiales. Analizar los indicadores públicos no es una opción ideológica; es una responsabilidad democrática frente a la desinformación.

Inmigración irregular: un porcentaje mínimo

La asimilación de la inmigración con una “invasión” descontrolada es rotundamente falsa. La inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros en España reside de forma legal tras acceder por vías aeroportuarias ordinarias. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, las entradas irregulares por costas representan una fracción mínima del saldo migratorio anual.

El motor de la economía y las pensiones

Los trabajadores extranjeros representan ya entre el 12% y el 13% de la afiliación total a la Seguridad Social. Tanto el Banco de España como la AIReF insisten en que la llegada de mano de obra joven es indispensable. Su cotización ayuda a corregir el envejecimiento demográfico y a garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones.

El bulo de las “pagas” a menores tutelados

Ningún menor extranjero recibe subvenciones o dinero en efectivo por el hecho de estar tutelado por una Comunidad Autónoma. Las partidas presupuestarias se destinan íntegramente a mantener los centros, abonar salarios de educadores, alimentación y escolarización. De hecho, el Observatorio Permanente de la Inmigración confirma que más de la mitad de estos jóvenes trabaja y cotiza al alcanzar la mayoría de edad.

Criminalidad y exclusión social

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior constata que la abrumadora mayoría de los delitos en España son cometidos por ciudadanos nacionales. Los expertos explican que las variaciones proporcionales en ciertos colectivos extranjeros se diluyen al controlar factores socioeconómicos. La delincuencia se vincula a la pobreza, el desempleo y la falta de arraigo, nunca al origen o la nacionalidad.

El fantasma de la ocupación ilegal

El Código Penal castiga el allanamiento de morada (casas habitadas) con el desalojo policial inmediato y sin necesidad de orden judicial. Por su parte, las denuncias de usurpación (pisos vacíos de bancos o fondos de inversión) son residuales según la Fiscalía General del Estado. El problema real de la vivienda en España no es la ocupación, sino la falta de un parque público de alquiler.

Por todo ello, cabe decir aquí para finalizar que el discurso ultra busca canalizar el malestar social hacia el eslabón más débil para desviar el foco de los problemas estructurales. La viabilidad de la sanidad, la educación y demás servicios públicos no se decide en las fronteras, sino en el terreno de la justicia fiscal. Exigir que las grandes corporaciones, los terratenientes y los patrimonios más altos aporten justamente al erario público es, sencillamente, defender la justicia social.

Cáritas La Rioja atendió en el año 2025 a un total de 2.356 personas, registró 5.662 beneficiarios y ofreció 19.352 respuestas a través de sus programas de acogida, acompañamiento e inclusión social con la vivienda como principal preocupación de la entidad al considerarla “el epicentro de la pobreza”. Para responder a estas situaciones, Cáritas destinó 226.875,90 euros a ayudas directas de los que 144.196,37 euros, el 63 por ciento, se dedicaron a los gastos vinculados a la vivienda.

La entidad ha presentado este viernes su Memoria Anual con los datos registrados en 2025. Una presentación que realizan, tal y como ha indicado el director, David García, “para tratar de hacer ver a la sociedad que detrás de los números hay personas, hay familias y hay niños con situaciones muy complicadas. Si se conoce lo que hacemos, podemos valorar y se puede apoyar”.

Tener trabajo no quiere decir que una persona no viva en la pobreza

David García — Director de Cáritas en La Rioja

Acompañado por el obispo de la Diócesis Calahorra La Calzalda- Logroño, Santos Montoya, y por el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja, José Andrés Pérez, García ha querido dejar claro que “tener trabajo no quiere decir que una persona no viva en la pobreza”.

El director de Cáritas ha querido poner nombre a los cuatro problemas fundamentales de los beneficiarios de Cáritas. En concreto, de los 226.875,90 euros, 9 de cada 10 euros se concentran en cuatro ámbitos fundamentales: Vivienda (63 por ciento), alimentación (18 por ciento), apoyo en gastos relacionados con la educación (7 por ciento) y gastos de salud e higiene (un 5 por ciento). Es decir, el 94 por ciento de las ayudas de Cáritas van a dar respuesta “a los derechos fundamentales de las personas”.

En cuanto al perfil de las personas atendidas se mantiene la misma tendencia que en años anteriores; El 52 por ciento son mujeres, el 70 por ciento personas extracomunitarias y el 36 por ciento están en situación administrativa irregular. Además, el 30 por ciento de las personas acompañadas acudió por primera vez a Cáritas.

Desde la entidad quieren poner el foco en un dato, los hogares riojanos con hijos a cargo representan prácticamente la mitad de las atenciones. El 26 por ciento correspondió a familias formadas por una pareja con uno o varios hijos y el 17 por ciento a hogares monoparentales“. Además, casi un tercio de los beneficiarios eran menores de edad (30 por ciento) y, en concreto, 18,5 por ciento eran menores de 11 años.

La vivienda, el problema “más urgente y más difícil”

Con respecto al problema fundamental de acceso a la vivienda, desde Cáritas advierten de que es el problema “más urgente y el más difícil de solucionar”. El mercado de alquiler “impone barreras muy duras a las personas más vulnerables con precios elevados, exigencias de garantías económicas, escasez de oferta y estigmatización de familias migrantes, monoparentales, con menores o con ingresos irregulares”, han advertido de Cáritas.

En datos, Cáritas proporcionó en 2024 ayudas a 449 personas cuyo hogar era una habitación, 170 de ellas eran menores de edad. En 2025, por su parte, esta cifra ha crecido hasta las 802 personas, un 78,6 por ciento más que el año anterior, 187 de ellas menores. Por ello la entidad “urge a avanzar en la creación de un parque público de vivienda de alquiler social,a adecuar las ayudas públicas a los costes reales del mercado y a reforzar la coordinación entre las políticas de vivienda y los servicios sociales”.

“No basta con atender la emergencia. Necesitamos políticas estructurales y sostenidas”, ha afirmado. Con ello, insiste, la vivienda “no puede seguir siendo el factor que expulsa a las personas de sus procesos de inclusión. Hace falta una apuesta pública decidida, con recursos suficientes y con una mirada coordinada entre administraciones”.

Alojamientos temporales

Para intentar paliar esta situación, Cáritas cuenta con el Proyecto de Alojamientos Temporales que, en 2025 acompañó a 21 familias, con un total de 74 personas beneficiarias, de las que 39 eran menores. El programa dispone de 21 viviendas distribuidas en dos fases, una de acompañamiento integral, con 15 viviendas en régimen de cesión de uso y otra de autonomía y alquiler, con seis viviendas en las que las familias acceden a un alquiler adaptado a sus ingresos.

Además en 2025 se incorporaron cuatro viviendas en zonas rurales, cedidas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, que han permitido acompañar a cuatro familias, con 12 beneficiarias. “Queremos dar las gracias al obispo por impulsar esta iniciativa. Estas viviendas nos permiten responder a una necesidad habitacional y, al mismo tiempo, favorecen oportunidades de empleo, arraigo y vida en el entorno rural”, añade.

Desde Cáritas también han puesto el foco en aquellas personas que se encuentran en una situación administrativa irregular y proceso de regularización. En 2025, 856 personas, el 36 por ciento de las personas atendidas, se encontraban en situación administrativa irregular, lo que supone un aumento de más de cinco puntos respecto al año anterior. También ha querido valorar de forma positiva el proceso de regularización extraordinaria.

Con respecto a las familias con hijos y menores, la memoria de 2025 muestra que el 45 por ciento de los casos atendidos por Cáritas La Rioja correspondió a este tipo de familias. “Cuando hay niños y niñas o adolescentes a cargo, las dificultades económicas tienen un impacto más profundo y duradero”, ha reflexionado. Finalmente, y entre otros datos, el director ha destacado que el 30 por ciento de las personas beneficiarias de Cáritas en 2025 eran menores de 18 años y el 18,5 por ciento de ellos, niños menores de 11 años.

Con una crisis habitacional que se ha convertido en una de las preocupaciones y exasperaciones más acuciantes de la población de todo el país, el acceso a una vivienda se antoja una carrera de obstáculos para las rentas medias y bajas ante la escalada de precios tanto para la compra de inmuebles como para el acceso a un alquiler. Entre los afectados están las personas sin hogar, que sufren un agravante más: la Junta de Andalucía exige para las ayudas al alquiler a las personas especialmente vulnerables que exista un preacuerdo de arrendamiento. Un apartado que despierta la crítica entre las asociaciones del tercer sector porque impone una doble barrera para el colectivo. Ante el mantenimiento de la norma, han elevado al Defensor del Pueblo Andaluz una queja formal para que se revise y anule esta orden.

“Intenta acercarte a una inmobiliaria y pedir que reserven una vivienda durante seis meses, a la espera de que te concedan la ayuda”, ejemplifica Rafael Díaz, miembro de Elige la Vida. A ello habría que añadir que las personas sin hogar pertenecen a un grupo con unas carencias graves, ya sea a la hora de medios físicos como competencias digitales para acceder al trámite o su propia situación vital, donde la falta de ingresos o el deterioro físico y de salud mental que sobrellevan al vivir en la calle hacen que se les descarte rápidamente por parte de los caseros. “No vamos a darle ilusiones a nadie en estas circunstancias, así que hemos decidido movernos para que modifiquen el modelo”, afirma desde Sevilla, a sabiendas de que hay hasta 8.000 personas viviendo en la calle en toda Andalucía.

En colaboración con Proyecto Emaús - Parroquia Santas Justa y Rufina, se presentó el documento al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el pasado 22 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, señala la orden presentada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en octubre de 2025, en la que se recoge que los colectivos vulnerables para los que está destinada la subvención deben ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual para acceder a la subvención. La subvención se ideó en el año 2020 y publicada en el BOJA en 2022. Fue entonces cuando los entes protestaron para que se modificaran las bases de la convocatoria y la Junta accedió a incluir un subapartado con el que se pretendía arreglar el entuerto. Pero, en la actualidad, el punto 6 de los formularios exige: “En el caso de personas sin hogar, preacuerdo de contrato de arrendamiento, debiendo presentar el contrato de arrendamiento una vez se formalice el mismo, a fin de poder recibir la ayuda solicitada”.

“Discriminación indirecta”

A pesar de que se incluyera una modificación para intentar “solventar la incoherencia absoluta” que supone exigir a una persona sin hogar un contrato de alquiler previo, “la realidad del mercado del alquiler de vivienda lo hace imposible”, observan. En cualquier anuncio de Idealista o Fotocasa se leen las obligaciones previas para obtener una visita: contrato de trabajo, avales, hasta dos meses de fianza, un mínimo de renta anual... Un largo listado que, como señalan en la carta remitida al Defensor, hace inviable el acceso para quien carece de apoyo económico: “Es una tarea imposible para las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa, es decir, exclusión residencial, incluso cuando pueden contar con un acompañamiento social y con la previsión de una posible ayuda pública”.

Por tanto, califican las peticiones de la Junta como una “discriminación indirecta” hacia las personas sin hogar al imponer un principio que vulnera el principio de igualdad para obtener una ayuda pública y que va en contra de los propios planes de la Junta dirigidos a aliviar las circunstancias de estas personas, como el Plan Vive en Andalucía o la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía (2023 - 2026), donde hay contemplada una de 400.000 euros en ese periodo con el fin de “aumentar el número de personas sin hogar que acceden a una solución habitacional” y “prevenir el fenómeno del sinhogarismo”. Con esta petición al Defensor, pretenden que se inste a la Junta de Andalucía a eliminar este apartado y se convengan otras cláusulas acordes a las condiciones del colectivo.

María del Carmen Jiménez, portavoz de Emaús y firmante de la petición, explica las obras de caridad que realizan con el apoyo de Cáritas. Desde la distribución de mantas hasta la compra de medicamentos o reparto de caldo a pie de calle, buscan la manera de acompañar a los que viven en las calles del barrio de Los Remedios. “Hay quienes no tienen nada o que logran una pequeña pensión no contributiva o el cobro del Ingreso Mínimo Vital, y es una realidad que afecta tanto a los nacionales o a los extranjeros”, comenta en declaraciones a esta cabecera.

Alquilar habitaciones

Ya no habla de la posibilidad de alquilar un piso con esta ayuda, sino de una habitación, que en Andalucía ronda los 400 euros, según los datos recopilados por Fotocasa, en un momento en el que los anuncios han crecido un 17% en 2025 frente a 2024. “Nadie alquila sin que haya una garantía, entonces, ¿quién les va a hacer un contrato previo a esa ayuda?”, cuestiona. Sin respuesta por parte de la administración, ha hecho piña con Elige la Vida para forzar el cambio y sugiere que sean las propias entidades las que acompañen al particular: “Con los datos del arrendatario, nos podríamos comprometer a ayudar en el pago de la habitación y que, una vez recibida la ayuda, se dé el dinero a posteriori”.

Las asociaciones son las que vehiculan las ayudas en la mayoría de las ocasiones, como recogen las bases de la Consejería y la I Estrategia de atención a personas sin hogar en Andalucía, para lo que también se recoge una línea de 400.000 euros repartidos en cuatro años. En estos casos, reciben directamente el importe y promocionan planes de acceso a la vivienda, como indica Juan Luis Delcán, presidente de EAPN en la delegación andaluza. “Las ayudas al alquiler de la Consejería tienen ese hándicap y, además, hay que tener en cuenta que resuelven la línea en cuatro o cinco meses, ¿qué propietaria te va a aguantar la vivienda?”, apunta. En la Fundación Atenea, de la cual es miembro, también se topan con las dificultades para facilitar inmuebles a las personas más vulnerables, ya sea por miedo a posibles destrozos o por aporofobia. En todo caso, adelantan el montante económico a los propietarios gracias a que tienen esa capacidad como organización del tercer sector.

“Habría que darle una vuelta porque las ayudas se idean y se destinan para una población que no llega”, lamenta, “en todo esto, las entidades tenemos un papel fundamental a la hora de trabajar con las personas en situación de calle en tiempos tan complicados”. El caso de las subvenciones particulares difiere de las que gestionan las organizaciones, ya que, como apunta, programas como el de Atenea contemplan un proceso de reinserción laboral y una rotación de las seis plazas que tienen disponibles una vez y que la persona sea autosuficiente en un proceso complejo en el que hay cuestiones relacionadas con la salud mental, la drogodependencia o la falta crónica de empleo.

Con casi dos millones viviendo en exclusión social, como estimaba el IX Informe Foessa, la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate en la esfera pública. Una de las entidades que han estado asesorando y gestionando este tipo de ayudas ha sido la Asociación Provivienda. Pepa Muñoz Cañuelo, delegada territorial en Andalucía, comenta que a partir de un análisis realizado en colaboración con otras asociaciones comprobaron que estas líneas públicas “no llegan a las personas sin hogar y deberían tener otras ayudas con otros requisitos más directos, porque estos no se están aprovechando”. Desde la entidad, brindan apoyo directamente en la gestión de los trámites y preparan con antelación a las personas que están en sus programas, ya que son por concurrencia no competitiva, mientras que facilitan el asesoramiento a nivel grupal o individual en los casos que estén fuera de su red.

Sin el número de las personas sin hogar beneficiadas

En respuesta a este periódico, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justifica con motivo del requisito de preacuerdo que “como toda convocatoria de ayudas, es necesario una justificación documentada, porque hay que preservar el fin de los recursos públicos”. “Esa fiscalización previa es necesaria porque, de lo contrario, no se podría conocer si verdaderamente cumplen su cometido”, añaden. “No es un obstáculo, sino una garantía de que llega a las personas que lo necesitan, y los números de solicitantes y beneficiados cada año corrobora que la ayuda llega”, argumentan las fuentes oficiales. En este caso, apuntan que se han canalizado 96,5 millones de euros para 28.689 viviendas y un total de 86.000 personas beneficiarias en Andalucía. Pese a la insistencia de este medio, la Junta no ha proporcionado el dato desagregado sobre las personas sin hogar.

Asimismo, la Consejería traslada que la ayuda, impulsada en 2020, “supone una oportunidad para muchas familias que, de otra manera, no dispondrían de la posibilidad de acceder a una vivienda”, refiriéndose a que la subvención está contemplada para todo un espectro en el que están contempladas las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, al igual que las personas sin hogar y otros individuos especialmente vulnerables. El importante máximo que se contempla por persona es de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes. “Consideramos que el modelo actual funciona, pero estamos abiertos al diálogo con todas las asociaciones y entidades para que nos trasladen sus casuísticas y circunstancias”, concluyen.

Vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza en Catalunya. El 34,4% quienes alquilan están en peligro de sufrir carencias básicas, cifra que se desploma hasta el 11,3% de entre los que tienen una vivienda en propiedad. Es una de las principales conclusiones de la Radiografía Insocat, elaborada por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La vivienda se sitúa así como el principal factor de empobrecimiento, lo que deriva en otras problemáticas materiales también dentro del hogar: en 568.000 hogares (que alojan a unos dos millones de personas, casi un 27% de la población catalana) sufre de pobreza energética. Por otro lado, el 14% de la población declara retrasos en los pagos vinculados al hogar.

Según ECAS, gran parte de la culpa de la crisis la tiene la “fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente”. Y destacan que un 1,2% de los grandes tenedores poseen casi una cuarta parte del mercado inmobiliario libre y sólo un 2% del público -frente al 15% de la media europea. Lo que contrasta con los 400.000 pisos vacíos que hay en Catalunya. “Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en un factor de desigualdad estructural”, remachan los autores del informe.

Con todo, recuerdan que la tasa AROPE sitúa el índice de pobreza en un 24,8% en Catalunya, 0,8 puntos más que hace un año. Esta cifra “subralla la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa a buena parte de la población”, destacan. Así, contrastan la subid adel 2,7% del PIB y unas tasas de paro que bajan al 8,4%, con el hecho de que el 47% de la población declara problemas para llegar a final de mes.

Y es que tener un empleo no es un salvavidas contra la pobreza: más del 42% de los trabajadores sufren precariedad laboral y casi el 12% están en situación de pobreza. “El encarecimiento del coste de vida, que absorbe el 95% de la renda media disponible, es lo que explica estos datos”, explica Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.

Desde la federación aseguran que estos datos, si bien son graves, deben ser mirados con lupa para obtener la radiografía completa y destacan que hay que observar a los colectivos más vulnerables, que son la infancia, las mujeres y las personas migradas.

En esta línea, recuerdan que la pobreza infantil ha escalado hasta el 36%, que el riesgo para las mujeres es mayor que el de los hombres y que casi el 50% de la población sin nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Con todo, insisten en que “las desigualdades se transmiten y se cronifican”. Destacan que hasta el 35% las desigualdades de ingresos son heredadas y están determinadas por “circunstancias no escogidas” como el género, el lugar de nacimiento de los padres y el origen socioeconómico. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a final de mes con tranquilidad”.

Desde ECAS destacan la capacidad de las prestaciones sociales y las ayudas públicas para revertir la pobreza, pero no pierden la oportunidad de recordar que estas funcionan mucho mejor en la vejez que en la infancia. Mientras que las pensiones reducen la tasa de pobreza del 77% al 14%, en el caso de la infancia sólo consiguen bajarla del 40% al 30%.

Por todo ello, reclaman “fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales”. En este sentido, ECAS recuerda que Catalunya sigue a la cola de España en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año, lejos de los 3.277 de media. Igualmente, recuerdan que prestaciones como la Renta Garantizada o el IMV sólo llegan al 15,9% y al 11% de los hogares que las necesitan-

Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.

Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.

Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.

Derecho 'fake'

Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.

Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.

Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.

Migración y nuevo pacto social

La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.

En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.

Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.

Cáritas y Fundación Foessa han presentado el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha, un estudio que determina que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región y que fija la “brecha generacional” como una de las claves de la construcción de una “sociedad desigual”, con la vivienda y el empleo como “ejes articuladores” de la exclusión.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Marina Sánchez.

Según ha explicado Marina Sánchez, la exclusión social ha aumentado y ya afecta a 428.000 personas en la región, poniendo de manifiesto la “gran paradoja castellanomanchega” por la que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social.

De esta manera, aunque entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en un 11,7% en la región, el “estancamiento de los salarios en términos reales”, así como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, hacen que “trabajar ya no garantice la inclusión social”. Según Sánchez, esto se refleja en otro dato del informe de Foessa, ya que aunque entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 14%, los salarios en euros reales se han reducido en un 3,6%.

Todo esto hace que en Castilla-La Mancha se observe “un retroceso de las situaciones más favorables”, las de “integración plena” y que, aunque mejore la dimensión laboral y la del consumo se mantenga “prácticamente estable”, empeoren el resto, como son la vivienda, la educación, la salud, el conflicto y el aislamiento social “y especialmente la dimensión política”.

“No fallan las personas, falla el sistema”

La técnico de Fundación Foessa ha puesto el foco en que, además, “no fallan las personas, falla el sistema”, desterrando “el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión”. “Esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia”, ha manifestado.

En este sentido, Marina Sánchez ha apuntado que “la mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión” pero “chocan con barreras estructurales”.

Así, apunta que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión “pero se topan con dispositivos fragmentados” y con recursos “escasos y muy poco personalizados”.

La vivienda, epicentro de la exclusión

Sánchez ha vuelto a insistir en la vivienda como un “epicentro” de la desigualdad, aseverando que el 22% de la población castellanomanchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

En este punto, ha hecho hincapié en que los precios de compra y alquiler crecen “mucho más rápido que los salarios”, apuntando que entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23%, “una cifra muy lejana al incremento de los salarios”.

Unas cifras de riesgo que aumentan aún más en el caso del alquiler, donde según el informe el 47% de las personas que viven en este régimen están en riesgo de pobreza.

Todo esto se refleja en que 89.000 hogares de la región destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que “una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa”.

La reducción de las rentas mínimas

Por otra parte, Marina Sánchez ha afirmado que el sistema de garantía de ingresos en la región “no está a la altura de las necesidades” ya que, aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ampliado su cobertura, solo llega al 51% de las personas en pobreza severa de la Comunidad Autónomo.

Una brecha que se justifica en que el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar de este ingreso. “La brecha no es solo administrativa, es informativa”, ha puntualizado.

En todo caso, ha criticado que Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades autónomas que “han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas”.

Leticia Landa (Austin, 1984) lleva dos décadas en La Cocina, un proyecto de inclusión de personas en exclusión social en San Francisco. Hija de migrantes mexicanos, conoce la realidad de la migración en Estados Unidos y, a pesar de haber estudiado Antropología en Harvard, ha desarrollado su carrera profesional ayudando a otras personas a emprender negocios relacionados con la gastronomía. Su trayectoria ha sido galardonada con el Basque Culinary World Prize 2025, un premio de 100.000 euros otorgado por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.

'La Cocina' ha conseguido impulsar más de 40 restaurantes, cafés y kioscos en operación en la zona de la Bahía de San Francisco. Entre sus mayores logros, Landa destaca que el 70% de participantes cuenta con negocios activos después de 10 años de graduarse, incluyendo a personas como Veronica Salazar (fundadora de El Huarache Loco, un legado culinario de 20 años), Reem Assil (de Reem's California, autora del libro Arabiyya: Recipes from the Life of an Arab in Diaspora); Fernay McPherson (de Minnie Bell's Soul Movement, “Rising Star Chefs” en San Francisco), Nite Yun (refugiada de Camboya hoy dueña del restaurante Lunette; destacada en series como Chef’s Table (Netflix); o Koji Kanematsu, a la cabeza de Onigilly, con 6 establecimientos de comida japonesa en la zona de la Bahía de San Francisco. Además, destaca que el 94% de las personas que han pasado por el programa son mujeres.

¿Qué supone para usted haber ganado el Basque Culinary World Prize 2025 por su trabajo en 'La Cocina'?

Ha sido algo increíble, una experiencia muy especial. Hemos venido a la entrega de premios los ganadores de los últimos diez años y ha sido una inspiración hablar con ellos y aprender de sus proyectos.

¿Qué es 'La Cocina' y cómo surgió?

'La Cocina' es una organización sin fines de lucro en San Francisco, California, que empezó hace 20 años en un vecindario de personas migrantes y que estaba empezando negocios como vender libros, otros productos, cuidar niños y había mucha gente que quería poner negocios de comida, pero para poder hacerlo con permisos se necesita cocinar en cocinas comerciales en vez de en casas. Y todas las cocinas comerciales en San Francisco son muy caras. Entonces, a modo de solución, varias organizaciones se unieron para construir 'La Cocina', que originariamente iba a ser una cocina comercial comunitaria, pero pronto se dieron cuenta de que además de un lugar para cocinar, hacía falta explicar a los dueños de los negocios otras cuestiones como la contabilidad y los aspectos legales.

¿De qué manera ayudan a las personas que han pasado por el programa?

Es un programa largo, tenemos dos cocinas comerciales y las rentamos a bajo costo, pero también ofrecemos los servicios que requieran. Además de los aspectos técnicos y legales también ofrecemos un servicio de diseño gráfico, de logotipo y marca, marketing y fotografías profesionales. El único requisito es que sean personas con bajos recursos. Trabajamos con gente que necesita ayuda financiera y damos prioridad a mujeres, personas migrantes o personas en exclusión social.

Sus padres fueron migrantes provenientes de México que llegaron a Estados Unidos, donde usted nació. ¿Cómo es la situación de los migrantes en Estados Unidos en estos momentos?¿Considera que las políticas del Presidente Donald Trump pueden suponer un retroceso en cuanto a derechos?

Sí. Mis padres llegaron en los años 80. Mi padre estudió matemática e informática y empezó un negocio de tecnología. Obviamente, cuando llegas a un nuevo país te encuentras con muchas barreras, sobre todo si no hablas inglés, porque la gente te ve como si tuvieras menos educación aunque no sea cierto. También tienes problemas para obtener un préstamo porque no tienes historia de crédito. A todo eso se le suman las barreras de una política súper antiimigrante. En Estados Unidos llevamos muchísimo tiempo sin tener una reforma en inmigración y sin tener buenas políticas hacia los inmigrantes, pero ahora está mucho peor. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en California, que es un estado con algunas protecciones y de que muchos de los estadounidenses que viven ahí no están de acuerdo con el presidente ni con lo que están pasando y están apoyando a organizaciones como 'La Cocina'. Tenemos la suerte de que los ciudadanos están contentos con que haya restaurantes mexicanos, japoneses y que haya sitios con comida de todo el mundo. Siento que la comida nos une y que puedes entender por lo que están pasando las personas a través de su comida y su cultura. Aunque las voces contrarias a la inmigración sean fuertes, nuestras voces también lo son.

El 94% de las personas que han pasado por 'La Cocina' son mujeres. ¿La situación es más complicada para ellas a la hora de abrir sus propios negocios?

Sí, al igual que en el resto del mundo, por diferentes razones, como la crianza, que ya sabemos que el trabajo casero es muy importante, pero no está pagado, las oportunidades profesionales para los hombres no son iguales. En Estados Unidos por el mismo trabajo un hombre sigue ganando más que una mujer en 2025. Queríamos enfocarnos en que ellas tuvieran más oportunidades para lograr un balance.

Usted estudió Antropología en Harvard. ¿Cómo pasa de eso a dedicarse a 'La Cocina'?

La cocina siempre me ha gustado, desde muy pequeña. Antes de ir a la universidad me tomé un año para estudiar cocina y, ahí me di cuenta de que me apasionaba, en realidad estudié Antropología porque siempre me ha gustado entender otras culturas, otros idiomas y poder estudiar en el extranjero. Después de la universidad comencé una beca en una organización llamada Hispanic Philanthropy que trabaja para que haya más latinos trabajando en el mundo de la filantropía, para que el dinero de la filantropía americana fuera también para las comunidades latinas. A través de esa organización encontré 'La Cocina' y me encanta porque trabajo con gente de todo el mundo que hablan diferentes idiomas y traen recetas de sus abuelas. Es una bonita manera de combinar lo que me apasiona.

Se une la Antropología y la Gastronomía.

Sí, totalmente. Veo la antropología en directo en las culturas que aquí están y siguen.

Unos beneficios de 116 millones de euros durante el año pasado y un crecimiento del 14,85% no es precisamente un mal dato para una entidad financiera hoy en día. Pero resulta aún más significativo cuando hablamos de una caja de ahorros que desde hace 60 años sigue funcionando como cooperativa de crédito y que apuesta por tener cajeros en el mundo rural y en los barrios periféricos de las grandes ciudades.

Frente a la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, los numerosos trámites por internet, la atención telefónica robotizada y el cierre masivo de oficinas, Eurocaja Rural lleva años marcando perfil propio al asegurar que su apuesta pasa por la “inclusión financiera”, o lo que es lo mismo, por promover que todas las personas tengan acceso fácilmente y de forma personalizada a sus trámites bancarios. Un gesto tan sencillo como meter una cartilla de ahorros en un cajero para que se actualice es posible todavía en muchos pueblos y barrios de grandes ciudades en los que opera la entidad.

Suena extraterrestre hoy en día, pero su “revolución de los máquinas” (como reconocimiento y apoyo a las personas) frente a “las máquinas”, su último slogan publicitario, está surtiendo efecto y les ha permitido llegar ya a las 500 oficinas en nueve comunidades autónomas y 23 provincias.

Esta entidad financiera no es perfecta. Ejecuta desahucios y no resuelve problemas actuales acuciantes para la gente como el acceso a la vivienda o la subida de precios, pero trata de compensarlo con la “cercanía”. Mientras otras entidades han abandonado muchas oficinas en la España vaciada o en barrios periféricos de las grandes ciudades, ellos han recorrido el camino inverso. Dicen que quieren ser una referencia financiera para el mundo rural y de, hecho, actualmente, es la única para 71 municipios.

Más del 41% de su red de oficinas está implantada en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes. El 30% se ubican en pueblos de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en localidades con menos de 4.500.

En total, está presente en nueve comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía) y 23 provincias.

La entidad considera que también existe exclusión financiera en barrios de grandes o medianas ciudades, de ahí la apertura de nuevas oficinas en Madrid capital (distrito Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, en calle Princesa y también en barrio de Chamartín) y otra más en Albacete y Valencia capital los últimos años.

La entidad ha constatado que en un momento en que el sector financiero se encuentra cuestionado por una parte de la sociedad tras el cierre masivo de oficinas y la imposición de hacer operaciones en el canal digital o en el cajero, también es rentable apostar por el servicio tradicional, en el que no existen horarios de caja y no se envía a los clientes al cajero

El actual director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, argumenta que la cercanía es un “valor diferencial” y que la tecnología, lejos de reemplazar la interacción humana, debe ser una herramienta complementaria.

"Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos"

Víctor Manuel Martín López — Director general de Eurocaja Rural

“Nosotros decidimos que nuestra revolución la hacen personas. La cercanía es, para nosotros, una ventaja competitiva. Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos. En un momento en el que muchos bancos han priorizado la digitalización en detrimento de la atención personal, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con quienes valoran el trato directo y la cercanía”, añade.

Y frente a la actualidad de las OPA, las fusiones y los cierres de oficinas, el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, subraya el compromiso con el modelo cooperativo, el arraigo territorial y la lucha contra la exclusión financiera, resaltando la atención cercana como seña de identidad frente a las fusiones y cierres bancarios.

En realidad, Eurocaja Rural no ha descubierto nada nuevo, pero ha sabido implantar un modelo híbrido que “no deje a miles de personas sin atender”. Es una forma de luchar también contra la despoblación , sirviendo de soporte financiero al medio rural, contribuyendo a su desarrollo mediante soluciones de ahorro, inversión y financiación, ayudando así a fijar población.

Una cooperativa de crédito que nace en una década convulsa

También la historia de la entidad resulta muy particular. Aunque sus orígenes se remontan a 1963, celebró su primera Asamblea General el 30 de marzo de 1965 con un ADN cien por cien cooperativo y bajo el nombre de Caja Rural Provincial de Toledo. Su primer presidente fue Antonio Marañón de Mora y su primer director general, Jose María de Pablos Fernández.

Se creó para “aportar soluciones financieras y contribuir a la dinamización de su entorno, con atención prioritaria al sector agrícola”, explica. Por entonces, la foto española de las entidades financieras era principalmente la de bancos comerciales y cajas de ahorros, que se caracterizaban por ser entidades tradicionales y con un fuerte arraigo local.

Las cajas de ahorros, en particular, en plena dictadura franquista se habían concebido como entes con “misión social”, mientras que la banca estaba dominada por un grupo de 'grandes' corporaciones. El sistema en general operaba con un modelo más conservador y menos diversificado que en la actualidad. 

La entonces Caja Rural Provincial de Toledo inició su actividad en unos locales situados en la subida de la calle Carlos V de Toledo, en el Casco Histórico, para posteriormente situar su sede social en la calle Alférez Provisional de la capital.

En 1980 se incorporó a RGA y RSI. Junto al D.G. Bank alemán y otras 24 cajas rurales, constituyó el Banco Cooperativo Español, formando un grupo de cajas rurales españolas.

El 18 de junio de 1985 fue inaugurada la actual sede central de la cooperativa de crédito, situada en el centro de Toledo, en un moderno edificio de cinco plantas con 13.200 metros cuadrados de construcción.

Con la adquisición por absorción de Caja Rural de Guadalajara, la entidad inició su primera fase de expansión supraprovincial, abriendo además sus primeras oficinas en la Comunidad de Madrid y en Ávila.

En 1994, a propuesta del Consejo Rector, se nombró a Rafael Martín Molero como director general. En 1999, la caja puso en marcha su Centro de Bolsa, Valores, Fondos y Patrimonios y en el año 2000, adaptándose a los avances del siglo XXI, comienza a forjar su Grupo Económico, creando Rural Patrimonios Agrupados SICAV, S.A.

CCM versus Caja Rural de Castilla-La Mancha

Entre los años 2000 y 2005, amplió su ámbito pasando a ser un grupo de entidades que complementan las acciones realizadas por la empresa matriz y presentan un balance consolidado. Como añadido, en 2003 nace la Fundación Caja Rural y en 2005 la empresa Castilla-La Mancha Servicios Tecnológicos, S.L.

La supervivencia de esta cooperativa de crédito fue, por entonces, puesta en tela de juicio por la entonces 'todopoderosa' Caja Castilla-La Mancha (CCM). En un encuentro con periodistas, su entonces presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, llegó a calificarla como el “tercer mundo financiero”. No parecía prever que el Banco de España intervendría a CCM en 2009 debido a problemas de liquidez causados por su inversión en el sector de la construcción durante la crisis inmobiliaria.

Caja Rural siguió su camino y no fue hasta 2011 cuando la Asamblea General Ordinaria aprobó por aclamación y unanimidad de los socios el cambio de denominación social de la entidad, que pasó a llamarse Caja Rural de Castilla-La Mancha. En octubre de 2013 se oficializó el acuerdo para la integración de 14 oficinas de Barclays en la entidad, lo que permitió a la cooperativa de crédito extender su área de influencia a otras zonas limítrofes a esta región.

Precisamente, su expansión por otros territorios propició que en 2018, los socios aprobaran por unanimidad el cambio de marca de la cooperativa de crédito, para pasar a denominarse desde entonces Eurocaja Rural.

Su labor social está actualmente muy extendida gracias a su Fundación: la Carrera Solidaria contra la ELA, que cada año bate récords de participantes; las ayudas 'Working' para proyectos de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad; la convocatoria de ayudas sociales para personas en riesgo de vulnerabilidad; el proyecto 'Talento artístico' junto a la Asociación Plena Inclusión; o el evento “Empuéblate: historias de éxito para emprender y fijar población en núcleos rurales”, cuya cuarta edición se celebró el pasado mes de febrero, son algunos de los ejemplos de la acción social que les mantiene, además, vinculados al medio rural.

Hace un año, la cooperativa de crédito se solidarizó con los afectados de la dana y activó su protocolo especial de actuación de ayuda a las víctimas, en Castilla-La Mancha, pero especialmente en la Comunitat Valenciana. Los clientes recibieron un SMS informativo con el contacto directo de sus aseguradoras para la cobertura y solución de los daños ocasionados.

Igualmente, informó del espacio concreto habilitado en la web de 'Ayuda Urgente' para asesorar a los damnificados sobre cómo proceder ante esta situación tan excepcional. Desde el área de medios de pago se procedió también a proporcionar soporte a los comercios afectados para agilizar la respuesta y resolver las incidencias acaecidas con motivo del temporal.

Los últimos datos

En Eurocaja Rural presumen de ser “conservadores” en sus decisiones estratégicas. Siempre muy medidas, durante décadas. “Nadamos a contracorriente”, presumía el director general de la entidad esta semana durante un acto para celebrar la apertura de su oficina número 500 en Madrid, en el barrio de San Blas.

El activo de la entidad asciende a 9.888 millones de euros. La cifra del volumen de negocio con clientes alcanzó en 2024 una cifra de 14.449 millones de euros, con un crecimiento anual de más de 1.731 millones y cerró el año con 783 millones de euros de fondos propios.

En cuanto la inversión crediticia, el pasado ejercicio se concedieron un total de 21.429 operaciones de financiación por importe total de 1.752 millones de euros, un 16,26% más que en el ejercicio 2023, de forma que la entidad finalizó el año con un stock vivo total de 5.708 millones de euros en crédito concedido a socios y clientes.

Precisamente, su ratio de morosidad - de la que año tras año sacan pecho- se situó en el 1,62% al cierre de ejercicio, frente al 3,38% de media sectorial. La tasa de cobertura de dichos saldos dudosos se situó en el 140,65%, en contraposición al 69,59% del sector financiero, según el último dato disponible a fecha 30 de septiembre de 2024.

Eurocaja Rural superó los 545.000 clientes al terminar 2024. Sus directivos ya no ven lejos la oficina número 1.000.

A lo largo de 2024 los 281 centros para personas sin hogar activos en Euskadi alojaron cada día a 4.230 personas de media y se ofrecieron más de 6.500 servicios diarios de comida según la 'Estadística de Recursos para Personas Sin Hogar' del Eustat correspondiente a 2024 y publicada el pasado septiembre. Más de la mitad de las personas atendidas, un 64,5% tenían procedencia extranjera. Al igual que Ibrahima Balde, quien nació en Guinea, donde residía hasta que una llamada de su madre le hizo tomar una decisión: debía abandonar su casa para viajar a Europa y encontrar a su hermano pequeño.

Así, Ibrahima atravesó el desierto y durante su travesía se cruzó con infinidad de situaciones extremas. En la ruta de África a Europa, al igual que los miles de migrantes que la recorren cada año, descubrió el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre. 'Miñan', que significa “hermanito”, es una crónica de la vida de Ibrahima Balde, relatada en primera persona, contada por Amets Arzallus, y adaptada al teatro por Artedrama y también es una de las obras que colocan a las personas sin hogar como protagonistas en Homeless Film Festival, que cumple este 2025 una década desde que llegó a Euskadi. El festival, que tiene su origen en Manchester en el año 2011, busca poner el foco en la situación de las personas que carecen de un hogar por diferentes circunstancias e invita a una reflexión sobre ello a través del cine y el teatro.

La historia de Ibrahima hace, según la organización del festival, “una crítica social clara que pone de manifiesto las políticas migratorias, los procesos de expulsión y las tendencias en la deshumanización de las personas migrantes” y es una de las muchas que se podrán ver de forma gratuita desde el 16 de octubre hasta el 20 de noviembre en Homeless Film Festival que tendrá lugar en cines y salas como Golem Alhóndiga, la Sala BBK o Bizkaia Aretoa de Bilbao y el Cine Club Santurtzi Serantes. Algunas de estas historias se verán en la gran pantalla, mientras que otras en teatro, según han explicado en la presentación del evento este jueves en Bilbao.

El documental 'Hijos de Dios', de Ekain Irigoien estará disponible el primer día del festival, el 16 de octubre, en la sala Golem Alhóndiga a las 19.00 horas. En él, se narra la vida de Javier y Romerales, dos veteranos sin hogar que duermen bajo una de las cornisas que rodean la turística Plaza de la Ópera de Madrid. Junto a ellos comienza un largo viaje por las concurridas calles de la capital, donde sobrevivir sin caer en la locura se convierte en todo un arte. La amistad de estos dos personajes y sus rocambolescas vidas hacen de esta película un canto a la vida, la muerte y la dignidad.

El segundo día, 25 de octubre, será el turno del teatro con la obra 'Callejones sin estrellas' de Carmen Tamayo de la compañía Mujereando, que trabaja con mujeres en exclusión social y tendrá lugar en la Sala BBK de Bilbao a las 19.00 horas. La obra cuenta la historia de un grupo de mujeres que por diferentes circunstancias acaban en la calle y trasladan al público sus relatos de resistencia. “Un 22 de mayo llegué a la calle Becas número 6. De pequeña soñaba, soñaba... Duérmete mi niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Paralizada, sin voz, llorando para tus adentros y rezando para que todo esto acabe. El ruido de la ciudad que no cesa y martillea tus sesos. ¿Qué te queda? ¿Desaparecer? Una de mis mayores pérdidas fueron mis fotografías, la foto de mi madre. De repente, te das cuenta de que llevas 7 años durmiendo en la calle y que continúas en la casilla de salida sin ilusiones ni esperanza. Nadie sabe lo que es no tener donde resguardarse del mundo, si no ha vivido en la calle”, relata una de las protagonistas.

El tercer y cuarto día del festival serán los puntos fuertes. La jornada del 12 de noviembre estará dedicada íntegramente al teatro, tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana, la compañía de teatro Kuskurrum será la encargada de dar comienzo a la jornada, que representará la obra 'Son las 45 y 10'. A continuación, el grupo de teatro Zenbatu, bajo la dirección de Iván Iparraguirre, representará la obra 'Dime la verdad'. Como cada año, el alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas del IES Ibarrekolanda BHI hará su aparición para ofrecer un baile y el pase matinal finalizará con la obra 'Gure Arima' de la mano de la compañía Auzo Arima. Por la tarde, a las 19.00 horas en Bizkaia Aretoa de Bilbao se mostrará la obra de teatro 'Miñan', bajo la dirección de Ander Lipus y que narra la historia de Ibrahima Balde.

Por su parte, el cuarto día, el 13 de noviembre, estará dedicado al cine. A las 19.00 horas también en Bizkaia Aretoa se proyectarán tres cortometrajes. 'Lo que nadie quiere ver' de Alejandra Gere y Richard Gere, 'Au dessus des rails', de Tom Vallejo y 'El Camino Arriba', bajo la dirección de Iñigo Cobo y producido por la asociación Bizitegi, organizadora del festival. Este pase de la tarde estará presentado por el periodista Xabier Madariaga, donde se otorgará el premio Besarkada Saria de la Sección Oficial del Homeless Film Festival a 'Au dessus des rails', dirigido por Tom Vallejo.

Por último, el quinto día tendrá lugar la proyección del largometraje 'La furia' de Gemma Blasco, que tendrá dos pases el primero a las 18.00 horas y el segundo a las 20.30 horas en el Cine Club Santurtzi Serantes Aretoa. 'La furia' cuenta la historia de Alex, una joven actriz que es violada en una fiesta en Nochevieja y no reconoce a su agresor. Cuando acude a su hermano Adrián en busca de abrigo y compresión, este reacciona cuestionándola y presionándola. Así, Alex se distancia de su hermano y de todo lo conocido. A lo largo de un año vive sola el asco, la vergüenza y la culpa mientras que su hermano Adrián, consumido por la rabia, toma sus propias decisiones en un camino cada vez más oscuro.

“En su décimo aniversario, Homeless Film Festival, festival de cine y teatro social organizado por Bizitegi, vuelve a poner el acento en la visibilidad e inclusión de las personas en situación de sin hogar y exclusión social. El objetivo del festival es fomentar la inclusión social a través de las artes escénicas. Homeless Film Festival cuenta con el patrocinio de EITB, la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco”, han explicado sus organizadores, quienes han recordado que se podrá disfrutar de la exposición que recopila la trayectoria del festival en las estaciones de Metro Bilbao.

Hoy tomamos prestado de Radio Ambulante un episodio que cuenta la historia de Frida y su madre, Linda. Cuando Frida tenía unos ocho años, Linda le contó cuál era su verdadero trabajo y le pidió que no se lo dijera a nadie. Ese sería su gran secreto. Pero un tiempo después alguien en su escuela empezaría a fijarse en los detalles. Y serían todos esos rumores los que cambiarían la vida de las dos.

Radio Ambulante es un podcast narrativo en español pionero, que cuenta historias de América Latina y comunidades latinas alrededor del mundo.

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Eurocaja Rural ha celebrado este viernes la IV edición de 'Empuéblate', cita en la que ha hecho gala de la posición de la entidad como motor para evitar la exclusión financiera, un mensaje que ha abanderado el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ensalzando valores como la escucha al cliente y el asesoramiento cercano, aspectos que no puede aportar “ninguna máquina”.

Así ha abierto Martín la IV edición de este evento, considerando que la solución no reside “en poner un cajero, unos hierros”, sino en abrir oficinas para fomentar esa relación de cercanía con el cliente.

“No le damos tique como en la pescadería ni restringimos servicios con restricciones de horario”, ha afirmado el director de la entidad, quien ha hecho gala de un servicio experto financiero tradicional profesional apoyado en las nuevas tecnologías.

Precisando que desde 2011 Eurocaja Rural ha pasado de tener de 193 oficinas a 484 en la actualidad, también ha reseñado que el 25 por ciento de su red comercial está en poblaciones de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en poblaciones de menos de 4.500 habitantes, y en el pueblo más pequeño en el que tienen oficina no alcanzan los 200 habitantes.

“Y nos va bien”, ha puesto en valor, al tiempo que ha afirmado que “el secreto” radica en querer ayudar a estas personas “con honestidad, en tratarlas de manera humana”.

“En un mundo en el que la tecnología avanza no debemos olvidar las raíces”, ha apelado Martín, que ha remarcado que su entidad se centra en los pueblos para que todos sus habitantes tengan la oportunidad de prosperar. “Si alguien quiere abrir una oficina en su pueblo, llámennos, queremos seguir creciendo donde sea”.

Despoblación

Por su lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a trabajar a lo largo de este año en una metodología más precisa para evaluar las medidas puestas en marcha bajo el paraguas de la Ley contra la Despoblación, con ayuda de expertos internacionales, entre ellos procedecentes de las tierras altas de Escocia.

En el plano nacional, ha demandado al Gobierno central la puesta en marcha del Estatuto del Pequeño Municipio para flexibilizar la normativa en materia de vivienda y ha señalado que trabajan en realizar sugerencias al nuevo Plan de Vivienda a nivel estatal.

Respecto a la financiación, “la otra cara de la moneda de la lucha frente a la despoblación”, Martínez Guijarro ha señalado que “si no resuelve, las costuras de las comunidades van a reventar”.

Haciendo balance de la ley regional frente a la despoblación, que en este 2025 cumple cuatro años, ha recordado las 89.000 personas beneficiarias de los incentivos fiscales por vivir en estas zonas cuando la legislación comenzó beneficiando a 70 personas.

Estas degravaciones corresponden a un coste total de 40 millones de euros y el saldo migratorio en estas zonas ya es positivo, con 15.000 personas más que han llegado a estos municipios despoblados. “Van más a vivir a esta zona de las que las han abandonado. Este es el primer paso para doblar la curva”, ha afirmado.

Un “desafío crítico”

De su lado, el director global de Innovación y Estrategia de Servicios Financieros de Minsait, Álvaro de Salas, ha puesto de manifiesto que la despoblación es un “desafío crítico” en España porque muchas poblaciones del país han visto reducir su calidad de vida debido a esta problemática. “Como compañía tecnológica pensamos que la tecnología puede ser una de las claves para revertir esta tendencia”.

En este sentido, ha citado tecnologías como el 5G, que permite que las zonas más remotas estén conectadas al mundo digital mejorando la calidad del vida del habitante; los satélites de órbita baja que procuran cobertura para áreas rurales, juegan “un papel importante” en el mundo agrario y alertan de catástrofes naturales; o los centros de datos que posibilitan la creación de empleo cualificado en zonas rurales con un efecto multiplicador en su inversión.

Para ello, ha proseguido el representante de Minsait, son necesarios tanto fondos del sector público como del privado, por lo que ha señalado que los fondos de la Unión Europea “son esenciales” pero también la participación de las empresas que garantizan un desarrollo “sostenible y a largo plazo”.

“Mal momento” para la globalización

También ha intervenido el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, quien ha destacado que la misión que se plantea con actos como 'Empuéblate' es “fundamental” y “clave” hoy más que nunca, en un momento actual en el que la globalización está “tocada”.

Bajo su punto de vista, tras el acceso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, Europa “está en una situación muy compleja”. “En ese escenario todos tenemos que hacer los deberes: Europa, España y cada uno de nosotros”, ha dicho, para agregar que “para ser relevante en el mundo” la seguridad es “un aspecto clave”.

“Hay que pasar de las palabras a la acción y hay que actuar”, ha insistido, para manifestar que con Donald Trump en la Casa Blanca y lo que ha supuesto para las relaciones internacionales en la actualidad hay que reinventarse y en ello hay que “jugar, ceder y ganar”.

Durante 'Empuéblate' han tomado la palabra el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo; el alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano; la alcaldesa de Pradoluengo, Susana María Diez; y el alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor; quienes han puesto de manifiesto las estrategias que están poniendo en marcha para luchar contra la despoblación y han coincidido en que para ser atractivos tienen que aprender a vender las bondades que tienen sus municipios.

El relevo generacional

También ha participado el diputado de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca, Antonio Labrador, quien ha explicado el programa de relevo generacional que la institución lleva a cabo, con el que ponen en contacto a los empresarios que han cerrado o van a cerrar y a aquellos emprendedores que quieren quedarse con ese negocio. Así, en 2024 se traspasaron 57 negocios, cinco al mes y uno cada semana, alcanzando a fecha de hoy los 68, según ha detallado.

Asimismo, en sus intervenciones, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación de La Rioja, Daniel Osés; la vicepresidenta de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallares; y el diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cuenca, Francisco Javier Cebrián, han destacado la necesidad de invertir en el mundo rural para que tenga futuro y han mostrado su orgullo por ser de pueblo.

De su lado, la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ana María Martín, ha abogado por una simbiosis entre lo urbano y lo rural, garantizando al ciudadano el derecho al lugar de residencia, recordando la nueva estrategia nacional para la equidad territorial frente al reto demográfico, que ya ha recibido 150 aportaciones.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha cerrado el acto para dar las gracias a todos los participantes y resumir que ha quedado claro que hay casos de éxito y generación de empleo en el mundo rural y que el desarrollo económico y social de los pueblos va ligado al compromiso de las administraciones pero también al del sector privado, por lo que ha dejado claro que Eurocaja Rural cree en los pueblos como así lo atesora el hecho de llevar 60 años trabajando en este sentido.

El porcentaje de población cántabra en riesgo de pobreza o exclusión social --la denominada tasa AROPE-- ha crecido dos décimas en el último año hasta situarse en el 22,2%, mientras que la población con “carencia material y social severa” se redujo en 3,3 puntos, hasta el 6%.

En este sentido, Cantabria ha pasado de ser la cuarta comunidad con mayor carencia material severa en 2023 a la séptima con menor tasa.

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, Cantabria es la séptima comunidad con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más baja, cuando el año pasado era la octava, y se sitúa por debajo de la media nacional del 25,8%.

Sin embargo, el 17,3% de los cántabros está en riesgo de pobreza, 2,1 puntos porcentuales más que hace un año, aunque 2,4 puntos por debajo de la media (19,7%).

La renta anual neta media por hogar se situó en Cantabria en 35.149 euros frente a los 33.373 euros de 2023, dando continuidad a la tendencia ascendente registrada desde 2019.

Comparando estos datos con los del total nacional, la renta media de los hogares de Cantabria es inferior a la del total de España, situada en 36.996 euros.

La encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2024, se enmarca en un periodo de moderación de los precios, tras la crisis por la guerra de Ucrania, con una inflación que se situó entre el 2,8% y el 3,6% entre esos meses, y unos tipos de interés que aún seguían elevados --el BCE bajó los tipos en junio de 2024 por primera vez desde 2019--.

Dificultades económicas

Según el INE, el 42% de los hogares cántabros --dos décimas menos que en 2023-- presenta algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes.

El mayor aumento se da en el número de hogares 'Con mucha dificultad', que pasa al 7,8%, un incremento del 8,3% respecto al 7,2% de 2023. Los hogares 'Con dificultad' crecen un 5,8%, hasta el 12,6% del total cuando eran el 5,8% el año anterior. Sin embargo, caen un 8,8% los hogares 'Con cierta dificultad', del 23,7% de 2023 al 21,6% de 2024.

En el lado opuesto, el de la facilidad, baja en la categoría de 'Cierta facilidad', del 29,1% de 2023 al 27,7% de 2024, es decir, 4,8 puntos porcentuales.

Sin embargo, han aumentado los hogares con facilidad para llegar a fin de mes un 5,2%, al pasar de representar el 23,2% del total al 24,4%; así como los que llegan a fin de mes con mucha facilidad, que son el 5,6%, 3,8 puntos más que el año anterior (4,7%).

Entre otros datos del INE, el 32,6% de los cántabros no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (seis décimas más que en 2023), por debajo de la media del 33,4%.

Además, ha crecido al 26,1% los habitantes de Cantabria que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos --25,8% en 2023-- el tercer porcentaje más bajo de las comunidades e inferior al medio del 35,8%.

Por su parte, el 8,5% de los cántabros reconoce tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, el tercer porcentaje más bajo --el año anterior era el primero--, que en España alcanza el 14,2%.

Y Cantabria asciende un puesto, hasta la sexta comunidad con menor porcentaje de población que tiene “mucha dificultad” para llegar a fin de mes, con el 6,8%, cuando en 2023 era del 6,5%, en todo caso nuevamente por debajo de la media del 9,1%.

Atendiendo a la carencia de estos cuatro conceptos, en la encuesta de 2024 el 27,2% de los hogares de Cantabria no puede permitirse al menos dos (era el 28,3% en 2023), frente a la media nacional del 32,7%.

El porcentaje de hogares de Cantabria con carencia de al menos tres conceptos también ha disminuido con respecto al año anterior, hasta situarse en el 14,2%, dos puntos menos que hace un año. En España también aumenta, pero solo una décima, al 18,4%.

La carencia material severa, es decir, aquellos hogares que no pueden permitirse al menos cuatro de los conceptos estudiados, también se ha reducido, en 1,7 puntos, del 9,3% de 2023 al 7,6% de 2024. En todo el país ha disminuido una décima, al 8,4%.

El 35,8% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el año 2024, lo que supone una reducción frente al 37,1% que no pudo en el año 2023. Además, el 9,1% de la población española llegó a fin de mes con “mucha dificultad”, frente al 9,3% de 2023.

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla - La Mancha (13%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2024.

La Xunta de Galicia ha confirmado este jueves que procederá al vallado de las instalaciones de la antigua estación de autobuses de Vigo, en la Avenida de Madrid, “a la mayor brevedad posible”, lo que abocará a una docena de personas sin hogar, que actualmente pernoctan en la zona, a buscar alguna alternativa.

El gobierno gallego ya anunció hace semanas su intención de vallar el recinto, y este jueves ha confirmado que por fin podrá hacerlo, después de que el Ayuntamiento de Vigo haya concedido la alineación de la parcela, “requisito previo a poder tomar cualquier medida al respecto”.

Fuentes autonómicas han informado a Europa Press de que, además de entregar ya el plano topográfico del inmueble, se han pedido ofertas a empresas para llevar a cabo ese cierre lo antes posible, “para garantizar la seguridad vial para la ciudadanía y prevenir la ocupación del inmueble”.

El gobierno gallego, han añadido las mismas fuentes, “está analizando las posibilidades de uso de la antigua estación”, aunque ya en 2020 había anunciado su intención de construir en ese espacio un centro intergeneracional, que incluyese un centro de día para mayores y una escuela infantil.

Esos planes chocaron con la posición del Ayuntamiento, que ha reclamado la reversión del inmueble y ha subrayado que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) prevé una zona verde en ese parcela. Además, el gobierno local vigués ha culpado a la Xunta del deterioro de las instalaciones.

La antigua terminal cerró sus puertas a finales de 2022, cuando se puso en marcha la nueva estación de buses en el complejo de Vialia, en Urzáiz. Meses después comenzaron a instalarse varias personas sin hogar en la zona exterior, bajo la cubierta de la estación.

Por ese asentamiento han pasado diversas personas, algunas de ellas extranjeras, y actualmente alrededor de una docena de hombres y mujeres sin hogar pernoctan en construcciones precarias, con colchones rodeados de cartón, plástico y palés de madera.

Buscar otro lugar

Es el caso de un hombre que lleva vivienda en la estación un año y medio y que, ante la noticia de que el recinto será vallado, ha admitido con resignación que buscará otro lugar en la calle para dormir. “Aquí cerca controlo varios sitios, por la zona de Gregorio Espino”, ha explicado a Europa Press, y ha señalado que, a día de hoy, no cuenta con ningún ingreso.

Según ha explicado, las antiguas instalaciones de la terminal de buses “son perfectas” porque la gente que vive ahí “es tranquila”. “Dormimos aquí, por las mañanas unos vamos a las instalaciones de Érguete a desayunar, asearnos o lavar la ropa; a mediodía la gente se desplaza a los comedores sociales y por la noche viene a dormir”, ha indicado, antes de advertir de que, al menos la mitad de las personas sin hogar en este lugar no disponen de ingresos.

Este hombre, natural de Pontevedra pero con familia en la ciudad olívica, ha apuntado que, ya antes de que cerraran las instalaciones, muchas personas sin hogar se refugiaban en la estación huyendo del frío y la lluvia hasta la hora de cierre. Un año después de que dejara de estar operativa, “empezó a llegar la gente, primero un chico caboverdiano y luego más, que antes pernoctaban en galerías por la zona de O Calvario”, según ha relatado.

Además de las personas instaladas tanto en la parte delantera como trasera de la estación, también se ha afincado en la zona un matrimonio de unos 60 años que vive en un coche, “de forma temporal”, según se han apresurado a aclarar. Según han explicado llevan allí “unos meses” y, si se valla el recinto, buscarán otro sitio, aunque insisten: “Tenemos una vivienda en propiedad, aquí cerca, estamos esperando a resolver un problema legal, de herencias, para poder ir”.

Sin alternativa

Otro de los espacios está ocupado por una madre, su hija y la pareja de ésta, además de otra joven, que avisan de que no tienen alternativa si tienen que abandonar las instalaciones de la antigua estación. La mujer mayor, afectada por un grave brote de soriasis y con el cuerpo lleno de llagas, ha lamentado el “sufrimiento” que le causa su enfermedad, agravado por las circunstancias en las que vive.

Mientras se afana en barrer el entorno, donde se acumulan colchones, sillas, mantas y otros enseres, ha criticado que, con sus problemas de salud, “nadie” se ha preocupado por ella. “Nos tienen abandonados, todos, todas las administraciones”, ha clamado.

Por ello, ha advertido de que seguirán donde se han instalado, aunque vallen el recinto. “De aquí no nos vamos, ¿qué problema hay por quedarnos mientras no se hace nada en el edificio? Si ponen vallas, las quitaremos”, ha asegurado, antes de explicar que hay “buena relación” con los vecinos, que les llevan ropa y comida.

La otra mujer que vive con ellas, ha explicado que lleva en la calle siete meses, después de haber perdido su trabajo y, aunque ha reconocido que ha pedido ayudas y que su caso está en manos de los servicios sociales, ha incidido en que, si tienen que abandonar la antigua estación no tienen otro lugar al que ir.

Servicios sociales a su disposición

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que los Servicios Sociales municipales han ofrecido a las personas que pernoctan en ese recinto “todos los recursos” de los que disponen. “La unidad de calle ha estado en varias ocasiones allí, se les ha ofrecido el albergue y lo han rechazado”, han añadido dichas fuentes.

Por su parte, desde la administración autonómica atribuyen la competencia de tomar medidas sobre esta situación al Ayuntamiento.

Estas personas reciben también semanalmente la visita de miembros del Foro Socioeducativo Os Ninguéns, un colectivo que reclama desde hace años medidas tanto al Ayuntamiento como a la Xunta para dotar a la ciudad de un parque público de vivienda con precios de alquiler accesibles para las personas más vulnerables.

Críticas del BNG y Amnistía Internacional

Por su parte, el grupo municipal del BNG ha urgido este jueves alternativas habitacionales para estas personas, que “malviven en situación de vulnerabilidad social”, tras conocerse que la Xunta va a cerrar el recinto y a impedir el acceso a personas sin hogar.

“Es indecente que la única medida que adopte el gobierno de Rueda sea la de cerrar la estación sin atender antes a las personas en situación de exclusión social”, ha censurado del portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, que también ha criticado al gobierno local por la “falta de verdaderas políticas de integración e inclusión social”.

Tras recordar que “la pobreza no se combate con vallados”, ha pedido a ambas administraciones que cooperen para solucionar esta situación. En el caso de Vigo, ha recordado que el Ayuntamiento maneja un presupuesto de más de 300 millones de euros y no ofrece alternativas a las casi 200 personas que viven en las calles de la ciudad, ya que el albergue municipal tiene “menos de 40 plazas” y unas “condiciones muy limitadas y precarias”.

Para la coordinadora de Amnistía Internacional Vigo, Isabel Flores, la solución no pasa por “estigmatizar a personas en situación de vulnerabilidad”, sino porque Ayuntamiento, Xunta y Ministerio de Vivienda unan fuerzas ante esta “emergencia” y elaboren un plan para “conseguir que el 15% del parque de viviendas de Vigo se dedique a alquiler social asequible”, lo que permitiría contar con unos 22.000 pisos.

“Hay mucho que hacer”. Flores considera “insuficientes” los recursos de una ciudad que sólo tiene un albergue con 38 plazas para “estancias limitadas”. Recuerda que el Gobierno local anunció “para después del verano pasado” un estudio sobre qué medidas aplicar para controlar los precios del alquiler en zonas tensionadas, “pero no contestó a nuestras cartas”. La Xunta, por su parte, “apuesta por la edificación” pero eso “no atiende a las emergencias”. Amnistía Internacional reclama respuestas “ya, no a dos o tres años vista”.

Trece comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas de inserción, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellas, se encuentra Castilla-La Mancha, que es la tercera que más ha reducido el gasto, en un 82,2%, solo por detrás de Aragón -96,2%- y Madrid, -91,1%. De hecho, la asociación señala que hay cinco comunidades, entre las que también se encuentra la castellanomanchega, en la que las rentas mínimas no llegan al “2%” de las personas bajo el umbral de la pobreza.

“En los últimos tres años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital, se ha perdido casi uno de cada tres beneficiarios”, resaltan desde la asociación, según el informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2023.

La asociación recuerda que “pobreza y exclusión social son conceptos diferentes”, aunque estén relacionados. “La aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las Comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas”, advierten. Pero “muchas comunidades destinaron su 'ahorro' en el presupuesto de sus rentas a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”, lamentan.

Desde el año 2020 se han reducido un 28,6% los perceptores de Rentas Mínimas. En esta reducción destaca Madrid donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios y Andalucía donde la reducción alcanza el 84,4%, explican.

Sólo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España, aseguran, se ha beneficiado de las rentas mínimas de inserción que ofrecen las Comunidades Autónomas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, “salvo en el año de la pandemia” (2020), cuando alcnazaron su nivel más alto, un 8,7%. tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%.

“La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja, aunque haya aumentado dos puntos este último año”, concluyen.

Hace tan sólo unos días conmemorábamos con orgullo el aniversario de nuestra Constitución. Huelga decir que con ella se cimentaron los principios y las bases sólidas que marcaron nuestro presente y nuestro futuro como nación. Tras décadas de atraso social mediante la dictadura que asoló el país, la Constitución española se convirtió en el germen del progreso, del trabajo y de la convicción de aquellos y aquellas demócratas que, antes que nosotros, situaron al Estado español en un nuevo horizonte.

Debemos, por tanto, quienes sucedimos a esos hombres y mujeres que firmaron la Constitución, entre ellos nuestro siempre admirado tío Juan de Dios Ramírez Heredia, recoger su testigo y continuar mejorando lo que aún nos falta. Somos inconformistas, por supuesto, pero conscientes de que necesitamos también altura de miras. Y entre ellas, las instituciones públicas, como garantes de nuestra democracia, deben ser las primeras que ejerzan, por imperativo legal, ese trabajo de mejora continua. Asegurando además que nadie se quede atrás. El tiempo apremia. Más aún cuando las sociedades avanzan a un ritmo vertiginoso y, con ellas, un sistema democrático que debe –como decimos, por imperativo categórico– contar con representantes políticos a la altura de las circunstancias.

Pedimos, como no podía ser de otra manera, altura de miras en la defensa de un Estado del Bienestar inclusivo y sólido en sociedades democráticas modernas. Y es que, más allá de garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo, deben proporcionar un marco de protección especialmente necesario para grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, como las personas migrantes, romaníes y otras comunidades afectadas por la exclusión estructural. Este artículo busca abordar la relevancia de estas políticas desde una perspectiva académica y pedagógica, sustentada en datos empíricos y con una firme apelación a los Derechos Humanos como principio rector.

Quienes habitan en los barrios más pobres de la ciudad tienen una esperanza de vida hasta nueve años menor que la media. Este indicador no sólo ilustra una desigualdad inadmisible, sino que conecta factores estructurales

Diversos estudios han evidenciado que las personas que residen en contextos de vulnerabilidad enfrentan barreras sistémicas que impactan de manera directa en su calidad de vida. Dicho de otra manera, ningún ser humano tiene como aspiración vivir en la exclusión, la pobreza y la desidia económica y/o psicológica. Ese principio debería conocerse sobradamente por toda la sociedad. Sin embargo, todavía solemos como sociedad comprar discursos vacíos que tratan de poner en jaque las condiciones de los grupos más debilitados. Para ello, traemos a colación el reciente informe de la Universidad de Sevilla por ser particularmente revelador: quienes habitan en los barrios más pobres de la ciudad tienen una esperanza de vida hasta nueve años menor que la media. Este indicador no sólo ilustra una desigualdad inadmisible, sino que conecta factores estructurales como la falta de acceso a servicios sanitarios de calidad, la precariedad laboral, el hacinamiento habitacional o las deficientes condiciones educativas.

Al hilo de los datos que nos proporciona el estudio de tan prestigiosa universidad, también debemos añadir los que, en el ámbito específico de las personas romaníes, tratamos en los distintos foros y simposios en los que participa Fakali como entidad experta: las personas romaníes tienen en España hasta diez años menos de esperanza de vida, tal como nos alertaba la OMS antes de la pandemia. Es decir, encontramos una explicación a esta conexión entre ambos estudios: los ordenamientos y planteamientos urbanísticos de las grandes ciudades, los equipamientos, las condiciones de vida… Nada es casual, sino consecuencia de prácticas, represiones y hostigamientos históricos que, de nuevo, ponen en el disparadero del progreso social a una población constituida por un millón de personas.

Además, estudios de investigadoras de sobrada solvencia científica, como María Magdalena Jiménez Ramírez, profesora titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, han constatado que la exclusión no se limita al ámbito económico, sino que también en esta misma conceptualización encontraríamos factores sociales, políticos y culturales. Así, personas migrantes y comunidades romaníes, por ejemplo, se enfrentan a una triple discriminación: social, cultural y administrativa. Lo que exacerba su marginación. Este fenómeno, conocido como “círculo de la pobreza”, perpetúa la desventaja intergeneracional y debilita la cohesión social. Así pues, hablaríamos de los determinantes sociales, estructurales y sistémicos que vuelven a golpearnos día tras día.

Aquellos mensajes populistas que demandan "mano dura" o atribuyen los problemas de barrios desfavorecidos exclusivamente a la "droga" no sólo simplifican una realidad compleja, sino que alimentan la "industria del odio"

Para hablar de políticas de bienestar, debemos también citar a Ana Arriba González de Durana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que explica que los inicios de las mismas se encuentran tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tras una época tan dura como fue la década de los 40, los estados tuvieron la necesidad imperiosa de recuperar la maltrecha economía y la fractura social por medio de unas políticas que, en los últimos años, “han recibido menor atención”, tal y como refiere la citada autora.

La lógica de la activación fue institucionalizada en Europa por el Tratado de Ámsterdam (1997), que consolidó el fomento de la empleabilidad y el concepto de “inclusión activa”. Ante la definición en la UE de un modelo basado en el crecimiento por parte de las Estrategias de Lisboa 2000-2010 y Europa 2010-2020, se fomenta la idea de que para alcanzar la cohesión social es necesaria la inserción laboral, y esta máxima impregna la mayoría de los instrumentos de protección social, como es el caso de las RMI.

Frente a esta realidad, en nuestro país han ido apareciendo desde hace décadas (y reforzándose tras la pandemia) ciertas políticas recuperadoras de esos colectivos vulnerabilizados, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción, que han demostrado ser herramientas clave para mitigar los efectos socioeconómicos de la exclusión.

Diversos estudios muestran los beneficios de estas ayudas sociales, sin las cuales un nutrido grupo de personas quedarían desprotegidas ante el avance de un capitalismo voraz que no entiende de vulnerabilidades. Sin embargo, el éxito de estas políticas depende en gran medida de un discurso institucional que refuerce su legitimidad. Aquellos mensajes populistas que demandan “mano dura” o atribuyen los problemas de barrios desfavorecidos exclusivamente a la “droga” no sólo simplifican una realidad compleja, sino que alimentan la “industria del odio”. Esto perpetúa prejuicios y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Es por ello por lo que no podemos permitirnos el lujo de comprar discursos manidos que erosionan incluso el trabajo de las instituciones autonómicas, estatales y europeas por el antojo de quienes continúan con las luces cortas y a demasiada velocidad. Y aún menos si estos discursos provienen de quienes imparten justicia social y representan a un sector poblacional.

El posicionamiento de las administraciones públicas debe ser inequívoco: la defensa de los Derechos Humanos ha de prevalecer sobre cualquier narrativa que fomente la exclusión o el odio

Hablamos de Derechos Humanos como eje rector. Y de ahí proviene la necesidad de que el posicionamiento de las administraciones públicas debe ser inequívoco: la defensa de los Derechos Humanos ha de prevalecer sobre cualquier narrativa que fomente la exclusión o el odio. Esto implica no sólo garantizar la inclusión social mediante programas de apoyo, sino también combatir de forma activa las prácticas y discursos que criminalizan a grupos vulnerables. De lo contrario, en un corto espacio de tiempo podríamos hablar de consecuencias devastadoras en diversas áreas de la vida de un porcentaje de personas que, recordemos, va en aumento. La exclusión misma alcanza datos demoledores.

Desde Berlusconi a Salvini, pasando por Meloni, Sarkozy (hablando de migrantes como subhumanos) y hasta llegar a los alcaldes de Íllora (hablaba de destierro de familias gitanas cuando el pogromo), sin olvidar al delegado del PP de Granada al que no han echado después de hablar de las “paguitas” de los gitanos durante las elecciones.... Todos tienen en común el mensaje de odio implícito. Y, con ello, habría que estudiar cuánto incrementa el odio cada vez que un representante político, del color que sea, lanza un mensaje de este tipo en nuestras sociedades.

Nuestra Constitución, en su artículo número 1, dice literalmente que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Por eso es tarea de todos, y aún más de las administraciones públicas, hacer del Estado del Bienestar un árbol robusto con frutos, y no con palabras vacías y hasta propagadoras de racismo. Esta es la principal herramienta para garantizar la justicia social y la cohesión en sociedades democráticas. La evidencia científica respalda la necesidad de priorizar políticas inclusivas y de luchar contra discursos que fomentan la división y el odio. Las administraciones deben asumir la responsabilidad de proteger a los grupos vulnerables, no sólo por imperativos éticos, sino por compromiso con los Derechos Humanos y el progreso social. La inversión en bienestar no es un gasto. Es una apuesta por el futuro colectivo de este país.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha celebrado este miércoles su 30 aniversario en Toledo, una ocasión en la que su presidenta, Mar González, aprovechó para reivindicar un “trabajo constante” contra la pobreza y la exclusión social, en el que “tenemos que huir de liderazgos” y estar “todos unidos”. “Las alianzas son impepinables”, recalcó González, entre las administraciones, las entidades, las empresas y la ciudadanía. “Tenemos que estar todos unidos”, aseveró.

Y así ha sido durante los últimos treinta años, recalcó, acompañada del vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el presidente de EAPN España, Carlos Susías. González advirtió de que hablar de un tema como la pobreza “siempre es difícil”, pero que hay datos que demuestran “todo lo que se ha hecho” en la región para reducir las cifras.

Por eso, destacó el impulso de las administraciones, por ejemplo, en las últimas situaciones de catástrofe tras la DANA en localidades como Letur y Mira, donde se ha llevado ayuda de forma “articulada y organizada” junto a las entidades. “Los hitos en Castilla-La Mancha son numerosos”, aseveró González, en relación a la lucha contra la pobreza. Entre ellos, la primera estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha, que fue “pionera”; actualmente se prepara la segunda estrategia, para el año 2025.

Reconocimientos

EAPN-CLM otorgó diversos reconocimientos para poner en valor el trabajo de personas e instituciones clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre otros, a Juan Carlos Llano, pionero en la investigación científica y social aplicada a la pobreza en Castilla-La Mancha y España, cuya labor ha sido fundamental para comprender y abordar de forma rigurosa la exclusión social; al Comisionado del Reto Demográfico, representado por José Luis Martínez Guijarro, por su compromiso con el desarrollo e inclusión social, y su papel en la creación de la Ley de Despoblación, una herramienta esencial para garantizar la equidad territorial en la región; y a la Consejería de Bienestar Social, por su impulso a la I Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social, consolidando un marco estratégico para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Igualmente, ha premiado al Grupo de Participación de EAPN-CLM, compuesto por personas con experiencia en pobreza, quienes han contribuido de manera decisiva a mejorar las políticas sociales y dar voz a quienes más lo necesitan. La jornada también puso en valor el papel de instituciones como el Ayuntamiento de Toledo, por su apoyo al Parque de la Integración en Toledo y las Cortes Regionales, por acoger las Audiencias Públicas de personas en situación de vulnerabilidad social.

“La celebración del 30 aniversario de EAPN-CLM no solo marca un hito en la trayectoria de la red, sino que invita a reflexionar sobre el poder transformador de la unión entre ciudadanía, organizaciones y administración pública para combatir la pobreza y la exclusión social”, han aseverado desde la entidad.

EAPN ha defendido igualmente que su trayectoria de tres décadas demuestra que “el trabajo colectivo, la participación activa y la incidencia política son fundamentales para generar cambios estructurales que beneficien a las personas más vulnerables”. “Mirando hacia el futuro, el reto sigue siendo construir una sociedad más equitativa, donde ninguna persona quede atrás, consolidando alianzas y fortaleciendo la voz de quienes experimentan la pobreza en primera persona”, han concluido.

El Gobierno de Cantabria cofinanciará por primera vez el coste de mantenimiento de la actividad del centro de acogida Princesa Letizia del Ayuntamiento de Santander, en concreto con una aportación de 375.000 euros.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han firmado el convenio de colaboración por el que el Ejecutivo autonómico entra, por primera vez, en la financiación del centro de acogida Princesa Letizia.

Los 375.000 euros suponen el 50% de la inversión destinada a mantener la actividad de este centro, de titularidad municipal, puesto en marcha para proporcionar alojamiento y atención adecuada y urgente a las personas en situación o riesgo de exclusión.

Se trata del único espacio de estas características en Cantabria y, con este acuerdo, del que ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria, se formaliza el compromiso que la presidenta asumió con Santander para fortalecer la posición del Gobierno como “aliado” del Ayuntamiento en la mejora de los servicios públicos de la capital.

Buruaga ha valorado este acuerdo como “un paso más” en la “sólida cooperación” entre Gobierno y Ayuntamiento, en beneficio de los santanderinos y, en este caso, de aquellos que necesitan con más urgencia el respaldo de las instituciones para poder salir adelante.

Ha considerado que esta colaboración “es una cuestión de justicia”, y que rompe, además, “muchos años de abandono y negación de colaboración desde los anteriores gobiernos autonómicos”.

“Anticipé que íbamos a hacer el mayor esfuerzo posible para empezar a participar en la financiación del centro y así lo cumplimos, con estos 375.000 euros, a la vez que entramos en el patronato que gestiona el centro”, ha explicado la presidenta, que ha recordado que “siempre ha respaldado esta demanda histórica” del Consistorio.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la “buena disposición” y el “compromiso” de la presidenta “para dar un paso importante en la mejora de los servicios sociales de la ciudad”. En su opinión, “esta colaboración, más allá del aporte económico, es un respaldo al esfuerzo que, desde el Ayuntamiento de Santander, llevamos a cabo para garantizar que nadie se quede atrás y un claro ejemplo de colaboración entre administraciones en beneficio de quienes más lo necesitan”.

El Ejecutivo a través de este convenio participará en la financiación del programa de preparación para la vida independiente, así como los talleres de alfabetización, el del ocio y actividad física, el programa de huertos y semilleros ecológicos, el de voluntariado social en el centro y en las actividades de difusión de todas estas intervenciones.

El centro Princesa Letizia acogió en 2023 a 1.281 personas, una cifra superior a la de 2022, y 283 personas participaron en el programa integral de intervención social de media estancia, un 20% más que en el año anterior.

El presidente de Correos, Pedro Saura, anunció esta semana en una entrevista en el diario económico Expansión que dentro del plan estratégico de la empresa pública postal está “crear una entidad de dinero electrónico” en 2025 para “recuperar los antiguos valores de la Caja Postal y atender a una parte de la población española en riesgo de exclusión financiera”. Rápidamente se encendieron las alarmas de la España neoliberal y de los ardientes defensores de la colaboración público-privada al vislumbrar la enésima intención intervencionista del Gobierno de coalición a través de la recuperación de un banco público, aunque no fuera así.

Hay que empezar aclarando que una entidad de dinero electrónico no es un banco. La principal diferencia es que una entidad de dinero electrónico solo puede ofrecer servicios básicos como la apertura de cuentas y gestión de pagos y recibos, pero no tiene permisos legales para remunerar depósitos ni vender hipotecas, que son los elementos fundamentales del negocio bancario.

También habría que recordar que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ya tiene la potestad para emitir dinero electrónico como recoge la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico y el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. El Banco de España es el organismo que autoriza a este tipo de entidades que están bajo su supervisión y control.

Por otro lado, una entidad financiera bajo el paraguas de Correos no sería una novedad en España. Solo hay que hacer un poco de memoria con la Caja Postal, una caja de ahorros creada en 1909 y que tuvo vida independiente hasta 1991, cuando bajo el Gobierno de Felipe González se integró con otros bancos públicos españoles (Banco Exterior de España, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco de Crédito Industrial) en la conocida como Corporación Bancaria de España, que después devino en Argentaria. Las pulsiones privatizadoras de Felipe González, primero, y José María Aznar, posteriormente, llevaron a la privatización de Argentaria mediante la fusión con el entonces BBV en 1999. Aznar colocó a Francisco González al frente de Argentaria y de aquellos polvos, estos lodos, pero eso es otra historia.

Entonces, si Correos ya es una entidad de dinero electrónico, a qué viene tanta polémica. Primero, a que Pedro Saura llamó la atención a la banca por no cumplir la legislación que obliga a que “todo el mundo tiene derecho a tener una cuenta bancaria básica. No parece que eso en la práctica sea así. Correos garantiza que eso se cumpla, que la ley se cumple”, recalcó en la entrevista en Expansión. Segundo, porque recordó que “Correos ya tuvo una Caja Postal”, que funcionaba como una entidad financiera. Y tercero, porque sacó a la palestra el ejemplo de Francia, donde opera Groupe Le Poste, que incluye a la entidad financiera La Banque Postale, que funciona como un banco normal, con especial atención a los mayores.

La realidad es que si Correos funciona como entidad de dinero electrónico no ayudaría a solventar del todo el problema de exclusión financiera porque la peticiones de los que han sido excluidos de la banca tradicional no responden solo a tener una cuenta, sino también al acceso a otros servicios financieros como es el crédito o que se les trate como personas y por personas. Es necesario que Correos sea un banco público por cinco razones: evitar la exclusión financiera, luchar contra la España vaciada, generar más competencia en el sector financiero, ayudar a solventar el problema de acceso a la vivienda y equipararnos con otros países europeos que cuentan con banca pública.

Evitar la exclusión financiera

A principios de 2022, cuando las grandes entidades financieras empezaron a dar ruedas de prensa para presentar sus resultados, una nueva pregunta se hizo omnipresente: ¿qué medidas iban a poner en marcha las entidades financieras para luchar contra la exclusión financiera? Protestas ciudadanas por parte de los más mayores, las críticas por parte del Gobierno de coalición y la llamada de atención del Banco de España hicieron que los bancos pasaran de sacudirse la responsabilidad de la exclusión financiera a dar tímidos pasos: un decálogo con buenas intenciones y acuerdos de las entidades con Correos para la presencia de cajeros en sus oficinas. Totalmente insuficiente. Esta es la situación: menos de dos oficinas por cada 1.000 personas mayores de 60 años en España. Entre otras cosas porque la exclusión financiera no se evita solo con cajeros que, por ejemplo, a las personas mayores les cuesta manejar. Además, no hay que olvidar que los bancos no han parado de desmantelar cajeros como se puede observar en este gráfico:

Exclusión financiera, según Funcas, se define como la incapacidad para acceder a los servicios financieros necesarios de una forma apropiada, ya sea por razones de precio, requisitos de acceso, escasez de oferta, discriminación social o autoexclusión. No es solo cuestión de cajeros o del servicio para facilitar ingresos y retiradas de dinero (Correos Cash) que las entidades acordaron con el servicio postal. Correos puede jugar en este sentido un papel relevante ofreciendo servicios financieros (desde microcréditos a hipotecas) atendido por su personal en los 8.267 puntos de atención que tiene: 2.388 oficinas y 5.879 de servicios rurales. Ya hay un ejemplo a seguir la francesa Banque Postale tiene un servicio específico para personas mayores.

Luchar contra la España vaciada

Una de las principales razones del abandono de los pueblos y la España interior es la falta de servicios, también de servicios financieros. Desde la crisis financiera de 2008 en España han desaparecido más de la mitad de las oficinas bancarias, lo que ha acelerado el proceso de exclusión en las zonas rurales y menos pobladas. Han desaparecido casi 30.000 oficinas de las 46.000 que llegó a haber abiertas. La última gran oleada de cierres fue en 2022 cuando los grandes bancos cerraron echaron la persiana de cuatro sucursales al día. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), publicado en 2021, señalaba que en 2020 más de la mitad de los municipios españoles (4.287 de 8,131) no contaban con una sucursal bancaria. Hay municipios en determinadas provincias donde la sucursal más cercana se encuentra a 12 kilómetros. La situación es especialmente grave en Castilla y León, donde el 80% de los municipios no tienen acceso a una oficina de ninguna entidad.

Con los 8.267 puntos de atención de Correos repartidos por todo el territorio español no solo se garantiza el acceso al servicio público, también se contribuye con su capilaridad a la cohesión territorial y facilita el desarrollo económico de las zonas rurales. Si una buena parte de esos puntos de atención, especialmente las oficinas en las zonas rurales, se dedican a ofrecer servicios financieros como un banco se podría reducir la exclusión financiera del campo y se fortalecería la lucha contra el vaciamiento de la España interior y el abandono de los pueblos.

Más competencia en el sector financiero

Desde la crisis financiera de 2008 han desaparecido decenas de bancos y cajas: se pasó de tener cerca de 40 entidades a menos de una decena. La concentración bancaria en España es un hecho que se puede agravar si se consuma la fusión del BBVA con Banco Sabadell. Si sale adelante la operación, el banco resultante más Santander y Caixabank concentrarán dos de cada tres depósitos mientras que por activos sumarían más del 60% del sector, según la firma de calificación Moody's con datos de febrero de 2024. Hay un problema de falta de competencia en el sistema financiero español que es patente si se tiene en cuenta que ninguno de los grandes bancos ha remunerado en condiciones los depósitos con la subida de los tipos de interés y han ensanchado sus márgenes de una manera abismal con las hipotecas y el crédito empresaria. En 2023, los seis grandes bancos ganaron 26.000 millones de euros.

La llegada del banco público de Correos podría aumentar la competitividad en el sector financiero con una oferta de servicios más pensada para el ciudadano, con depósitos remunerados siguiendo la estela de los tipos de interés, una oferta de hipotecas menos especulativa o la concesión de microcréditos a empresas y autónomos, siempre teniendo en cuenta criterios de riesgo. No tendría que ofrecer servicios de banca de inversión, que para eso ya está, aunque de manera muy tímida, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero podría entrar en el accionariado de empresas cotizadas que generen un dividendo para fortalecer su solvencia. Para evitar malinterpretaciones: la entidad financiera de Correos tiene que ganar dinero, es un banco, entre otras cosas para acabar con las pérdidas (120,3 millones de euros en 2023) de un grupo empresarial que tiene que dar el servicio postal universal.

Poner en marcha este servicio financiero no va a ser fácil. Aunque el discurso empresarial está lleno de alusiones a la importancia de la competencia y la necesidad de un sector competitivo para las compañías, la realidad es muy diferente. A principio del verano de 2024, la patronal CEOE envió una carta al anterior comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en la que acusaba al Gobierno de “distorsionar, restringir y socavar la libre competencia y la contratación pública en general” por los contratos que adjudicaba a las empresas publicas de construcción y servicio, Tragsa, y de ingeniería, Ineco. Ya saben: nos gusta la competencia pero poquito. Eso sí, cuando la intervención del Gobierno es mediante subvenciones o ayudas públicas no hay tanta queja.

Ayuda a solventar el problema de acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad en España. Siete de cada diez jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres. La edad media para dejar el hogar familiar supera los 30 años, cuatro más que la media europea, según el último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Más de la mitad de los jóvenes viven de alquiler y casi el 35% de quienes tienen menos de 44 años porque no tienen capacidad de ahorro para contratar una hipoteca porque los precios del alquiler se han disparado. El bucle es no poder salir del alquiler porque no tienen ahorros para dar la entrada de un inmueble; al mismo tiempo que no pueden ahorrar, porque el alquiler se come el sueldo y, además, sigue subiendo.

La banca pública de Correos podría acabar con esta pescadilla que se muerde la cola con una oferta de hipotecas competitiva a tipo fijo (sin los abusos de la banca tradicional) para evitar incertidumbre ni sobresaltos con los vaivenes de los tipos de interés y apoyarse en la línea de avales que ha puesto en marcha el Gobierno, a través del ICO, para la compra de vivienda para anular el efecto entrada y facilitar la compra de vivienda.

Equipararnos con otros países europeos

Aunque parezca mentira, España es una excepción entre los grandes países europeos al no tener banca pública. Por un lado están las oficinas postales de Estados que cuentan con bancos entre sus servicios: el francés Groupe Le Poste (ganó 514 millones de euros en 2023), que incluye a la entidad financiera La Banque Postale; en Italia, Poste Italiane (beneficios de 1.933 millones de euros en 2023) ofrece servicios financieros de todo tipo a través de Banca Posta; mientras que en el país bancario por excelencia, Suiza, el servicio postal también tiene un banco, Post Finance, que ganó el año pasado 164 millones de francos suizos (174 millones de euros).

Pero además, hay más entidades públicas financieras en el resto de Europa. Desde la holandesa NWB Bank, una entidad que está controlada mayoritariamente por las autoridades regionales del agua y participan el Estado y las provincias, a la Caixa Geral de Depositos, propiedad del Estado portugués; Belfius, cuyo propietario es el Estado belga; o el alemán NRW.Bank, propiedad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, entre muchos otros. Aquí tienes un listado de la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB). 

Hay motivos suficientes para que Correos recupere a la antigua Caja Postal y empiece a dar servicios financieros. España necesita un banco público.