Castilla-La Mancha, tercera autonomía que más ha reducido su gasto en rentas mínimas desde la pandemia

En los tres últimos años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es estatal, se han reducido más de 170.000 beneficiarios en todo el país y trece comunidades autónomas han disminuido su gasto en rentas mínimas de inserción. Entre ellas se encuentra Castilla-La Mancha, que ocupa la tercera posición en disminución de esa partida.

Concretamente, el Gobierno castellanomanchego ha reducido más de un 88% su presupuesto rentas mínimas. Este porcentaje de recorte solo lo superan la Comunidad de Madrid, con un 95% menos, y la de Aragón, con un 92,6% de reducción. En el otro extremo, sólo cuatro comunidades aumentan su presupuesto: Canarias (un 139,1% más), Baleares (58,4%), Comunitat Valenciana (8,7%) y País Vasco (4,7%).

Los datos los ha hecho públicos la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con el último Informe de Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio de Derechos Sociales.

Este documento desvela asimismo que en tres autonomías, las rentas mínimas de inserción ni siquiera alcanzan el 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza. En este caso, Castilla-La Mancha encabeza la lista: su presupuesto en este sentido respecto apenas llega al 0,1% de esa población diana.

La asociación explica que la reducción de estas partidas en la mayor parte de las comunidades autónomas supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se “quiebre” la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros.

Además, contrasta con otro dato, y es que únicamente el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las autonomías. Este porcentaje, añade, se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020).

“Pobreza y exclusión social son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores personales que dificultan la integración. Por eso la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de inserción de las regiones a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas”, explica.

En Castilla-La Mancha se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios

Pero los datos dicen otra cosa. Desde el año 2020 se han reducido un 33,1% las personas perceptoras de rentas mínimas. En esta reducción destaca Madrid con una reducción del 95,3%, Castilla-La Mancha donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios, Andalucía (con un 87,2% menos) y Castilla y León (con un 81,7% menos). De hecho, solo tres comunidades han aumentado el número de perceptores en este período: Comunitat Valencicana, País Vasco, Catalunya, Navarra y Canarias.

La cuantía media por persona perceptora de las rentas mínimas de insercion en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en el país. También en este aspecto, el documento apunta que las diferencias entre autonomías son extremas.

Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%), Catalunya (18,8%) y Canarias (18,1%). Las que menos, Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y, el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus rentas mínimas sólo representa el 1,4% de la renta media de los hogares de su territorio.