Roberto Cid encontró en Sevilla su segundo hogar. Descendiente de gallegos, el joven mexicano espera a que la administración general certifique su nacionalidad española después de haber jurado y obtenido el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática. Así, recupera el legado de su abuela, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero, y reivindica su árbol genealógico frente a las trabas burocráticas en las que ha estado inmerso en los últimos cuatro años. “Denunciamos el limbo jurídico de tantas personas que han estado en situación irregular y que son nietos o bisnietos de españoles, para lo que tendría que haber un fortalecimiento desde la administración: hay que saber cómo responder la promesa”, llama la atención.

En las últimas semanas, el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para regular las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes a causa de su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición, lo que supuso el reconocimiento y la reparación para el joven malagueño Manuel José García Caparrós y sus tres hermanas. El texto original de la norma recoge en su disposición adicional octava que pueden adquirir la nacionalidad los descendientes de españoles que renunciaron a ella y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Entre los requisitos, también se concede la nacionalidad a los hijos e hijas mayores de edad de los españoles a quien les fue reconocida su nacionalidad en virtud de la norma y, de la misma forma, a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de promulgación de la Constitución de 1978.

Este último supuesto fue el que afectó a la abuela de Roberto: Dolores Riobó. A los 13 años, embarcó rumbo hacia México junto a sus hermanos y padres, quienes decidieron emprender una nueva vida al otro lado del Atlántico. En aquel entonces, el bisabuelo decidió darse a conocer como Guillermo Riobó, en vez de utilizar su apellido original, que era Gómez de Rioboó. Esta es la razón por la que no dieron con su partida en el Registro Civil, pese a que se les dieran las fechas de su nacimiento y los detalles relativos a su pueblo de origen o nombres. “En este caso, no atendieron el principio de realidad material, que significa que hay que darse a lo escrito y a lo que se ve”, indica Leal, es decir, haber inspeccionado las bases de datos con mayor profundidad teniendo las principales claves en su haber.

“Política migratoria de apertura y de reparación”

Las fotografías de boda permanecen intactas. Dolores se casó con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano, y fue entonces cuando perdió la nacionalidad española. La ley franquista establecía que una mujer perdía tal derecho al casarse con un extranjero, impidiendo así que lo heredase en un futuro su progenie. De esta forma, se desprotegía a los exiliados y se discriminaba doblemente a las mujeres, quienes perdían el vínculo con su país de origen. Con su vestido blanco y rodeada por sus damas de honor, Dolores sonríe desde el pasado.

“Los descendientes son el vínculo más reciente que tiene España con Latinoamérica”, reflexiona Leal, “estamos en un momento de política migratoria de apertura y de reparación, porque más allá de la ideología de los abuelos y bisabuelos o de los propios descendientes, somos beneficiarios de la ley”. A pesar de este reconocimiento, los trámites burocráticos impiden que muchas de estas personas se vean beneficiadas a causa de los retrasos o la inoperancia de los registros civiles, motivo por el que los colectivos afectados, tanto en México como en países como Argentina, tienen que acudir a abogados especializados que les ayuden en el procedimiento.

“La queja es generalizada, ya que, aunque el Gobierno de España tuvo el buen hacer de reconocernos el derecho, muchos registros no colaboraron de forma debida y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o ni se llegaron a encontrar”, critica. El 21 de octubre de 2022, momento en el que entra en vigor la disposición octava, se dio un plazo de tres años para tramitar la declaración y otro extensible de prórroga, por lo que el pasado 22 de octubre de 2025 fue el último día para realizar el trámite. Durante ese periodo, Leal tuvo que contratar los servicios de una genealogista en vista de que la solicitud en el Registro Civil de la ciudad de Ferrol daba una respuesta negativa, solo porque el apellido no cuadraba.

De 1890 a 2026

Al otro lado del teléfono se encuentra Helena González. En el año 2016 fundó Bisagras de Papel, dedicada a la investigación genealógica que trata de poner luz sobre el pasado de tantas personas. Desde Galicia, ha atendido a casi 300 personas de países destinos clásicos de la emigración gallega, como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, así como México, Puerto Rico y Uruguay, al igual que otros no tan usuales, como Chile, Costa Rica, Honduras, Perú y Filipinas. Después de que los interesados presenten la documentación en sus respectivos consulados, la labor de la investigadora se centra en encontrar los documentos certificados de nacimiento o las partidas bautismales que prueben que el antepasado nació en la comunidad, logrando así su amparo bajo la ley de memoria democrática.

Acerca del caso de Roberto Cid, no deja de recordarlo con un sabor agridulce, ya que, como explica, el Registro Civil de Ferrol solo daba respuestas negativas. “Partimos de la información del certificado de matrimonio y del de defunción de su bisabuelo, con los que hicimos una búsqueda exhaustiva en padrones, registros civiles e, incluso, testamento del padre”, detalla. El nacimiento de Guillermo lo ubicaron en los primeros meses de 1890, en Ferrol, y, tras mucho insistir, lograron que por fin dieran con él tras percatarse del intercambio de apellidos que realizó el exiliado al comenzar una nueva vida en México.

La genealogista gallega explica que las primeras pistas son confusas. Tal vez los migrantes partieron del Puerto de Vigo, pero, ¿de qué localidad eran, dónde estaban registrados? Hay cientos de parroquias y ayuntamientos que consultar uno a uno. Muchos de los descendientes optaban por enviar una petición masiva, provocando así un colapso en los registros, hasta que daban con su ayuda especializada. “El registro civil solo está digitalizado e indexado a partir de 1950 y en las localidades un poco más grandes, pero en los archivos diocesanos hay que buscar a mano y habría que tener en cuenta la pérdida de material por incendios, inundaciones o mal estado”, detalla.

Más recursos

En el blog de su página web, González recoge las anécdotas de vidas que toma en sus manos. Por ejemplo, recuerda con cariño la historia de una mujer gallega que emigró a Estados Unidos y trabajó como institutriz en una familia acodada. En los viajes que compartió con ellos, conoció en Turquía a un hombre del que se enamoró y con el que compartió su vida. Décadas más tardes, fue su nieta quien le escribió para recobrar las raíces españolas que le habían sido extirpadas por la ley. “Es muy emocionante entrar en contacto con el mundo del que proceden”, reitera, por lo que pide un esfuerzo a la administración para dotar de recursos y medios digitales a los archivos.

En la actualidad, el lío burocrático persiste. El joven espera una respuesta por parte de Madrid tras jurar la nacionalidad y su padre, Roberto Cid Riobó y de 69 años, prevé que en dos años llegue su certificado. Frente a las declaraciones políticas que atacaban esta regularización, Leal manifiesta que “no somos ni más ni menos que otros migrantes, es más, merecemos ser acogidos como nuestros abuelos lo fueron en otros países”. Además, reclama que muchas de las personas que podrían haberse beneficiado de esta medida finalmente optarán por la regularización extraordinaria que comienza este mes de abril, aunque la diferencia sustancial entre ambas vías radica en que una concede la nacionalidad mientras que la segunda concede la residencia española.

Roberto aterrizó en Sevilla en 2020 para cursar el máster público de abogacía y, desde entonces, ha hecho de la ciudad su nuevo hogar. “El migrante viene abierto a conocer y la sociedad también debe abrirse a él porque, al final, las conductas son amoldables”, ya sea por el idioma o las costumbres que comparten estas latitudes, unidas por siglos de flujos migratorios, ha encontrado su hueco. Desearía que el principio de la ley de Memoria Democrática se extendiese en el tiempo, como la normativa italiana, en la que la obtención de la nacionalidad por descendencia es un derecho permanente, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni ha introducido importantes restricciones en la legislación.

Hasta el 19 de septiembre de 2025, el Gobierno central ha concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos de las 876.321 solicitudes realizadas. Dentro del entramado político internacional, poseer la nacionalidad española supone la diferencia. El abogado mexicano, que tiene a su hermano Fernando viviendo en Estados Unidos, hace la comparación con las posibilidades del visado en comparación con sus compatriotas latinos en un contexto en el que la persecución del ICE y de las autoridades norteamericanas produce detenciones indiscriminadas: “La nacionalidad española uno de los mejores calificados para accesos y, al final, abre un mundo”.

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

El apellido, sobre todo el primer apellido, hereda una historia y una identidad construida casi siempre a partir del apellido del padre, siempre en primer lugar por defecto. Pero desde 2017, una reforma legal deroga la existencia de “un orden oficial de los apellidos: padre primero, madre después”. Ya antes, desde el año 2000, se podía anteponer el apellido materno si había acuerdo entre padre y madre. Y sin embargo, tantos años después del final de esta discriminación legal y administrativa, el índice de bebés inscritos con el apellido de la madre en primer lugar es tan solo del 6,5%. ¿Por qué?

Hablamos con Sofía, Cristina y Cova, tres madres que pusieron a sus hijos e hijas su primer apellido, para conocer cómo se dio este debate en su familia y el simbolismo que transmite esta decisión. Con la abogada de familia Rosa Pérez Villar, analizamos las implicaciones de este reconocimiento explícito, fuera del ámbito puramente doméstico, del papel de la madre en una familia. Y con la genealogista Mireia Nieto hablamos de la evolución del orden de los apellidos y su impacto en la investigación histórica. 

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El Ministerio de Justicia ha aprobado una instrucción que “clarifica” el derecho de las parejas de lesbianas a inscribir a sus hijos recién nacidos en los hospitales aunque ellas no estén casadas. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es y que será publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende acabar con las “dudas de interpretación” surgidas tras la entrada en vigor de la ley trans, que desde 2023 permite la filiación de hijos de parejas de mujeres sin que exista matrimonio.

A pesar de que esa norma eliminó el requisito que se exigía anteriormente —la existencia de matrimonio—, se habían detectado disfunciones a la hora de inscribir a esos menores en algunos hospitales. Esas disfunciones tienen que ver con el hecho de que no se ha derogado ni modificado de forma expresa la ley de reproducción asistida, de 2006, que era la que establecía que las parejas de mujeres debían casarse para que la progenitora no gestante pudiera filiar al bebé y que dejaba la adopción como única alternativa.

La instrucción reconoce la existencia de “alguna duda de interpretación” acerca de la “convivencia” de ambas normas. Pero reitera que no cabe “un conflicto de normas”, dado que lo que hizo la ley trans fue “ampliar” un derecho que ya existía para las parejas de mujeres casadas entre sí. Esto es, la aclaración destaca que la ley de reproducción asistida de 2006 es anterior y no prohíbe expresamente la filiación no matrimonial en estos casos. Y lo que hace la ley posterior es ampliar este derecho.

Así, el nuevo texto recoge que “para una mayor claridad y seguridad jurídica” procede modificar la instrucción sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios, en la que pasará a figurar de forma expresa que “la firma del formulario por el progenitor no gestante implica reconocimiento de la filiación” conforme a lo reflejado en el artículo 120.1 del Código Civil. El nuevo texto también dice que “queda sin efecto cualquier mención de la Instrucción de 9 de octubre de 2015 sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios que resulte contraria a la legislación vigente”.

Discriminación frente a las parejas heterosexuales

Hasta 2023 las parejas de mujeres estaban sometidas al requisito de casarse para poder inscribir en el Registro Civil a las criaturas como hijos e hijas de ambas. Eso suponía una discriminación respecto a las parejas heterosexuales, pues con la declaración del hombre ya hay presunción de paternidad aunque no hubiera vínculo matrimonial.

En el caso de las parejas de lesbianas que no estuvieran casadas, la única alternativa era que la progenitora no gestante iniciara un proceso de adopción. Es un proceso complejo en el que ambas tienen que acudir a prestar declaración, pasar por la Fiscalía y ser evaluadas por un equipo psicosocial.

Los problemas que tradicionalmente han enfrentado las parejas lesbianas que quieren ser madres no son nuevos, tal y como demuestra lo que ocurrió con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. La reforma del Código Civil que permitió a las parejas del mismo sexo casarse vio la luz entonces, pero pasó por alto la filiación de las lesbianas y no modificó los artículos de la norma relacionados con ello.

La consecuencia, hasta que dos años más tarde se cambió la ley, fue que las madres lesbianas casadas obtenían dos libros de familia, uno para el matrimonio y el otro para la madre gestante y el bebé. Y la pareja necesitaba adoptar al niño o niña para ser considerada legalmente su madre también.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a optar por el cambio de nombre y apellidos según la Ley 20/2011 del Registro Civil. Precisamente, un trámite de este organismo permite cambiar el nombre de aquellas personas que lo solicitan al no sentirse identificadas con él por diferentes motivos o simplemente por un error en el acta de nacimiento. Sin embargo, para poder optar a este cambio es obligatorio cumplir una serie de condiciones. Aquí te explicamos todo lo necesario para realizar este trámite como la documentación que debes aportar o los requisitos que debes cumplir.

Cuánto se alargue el proceso de cambio de nombre dependerá de la comunidad autónoma en la que lo solicitemos y la carga de trabajo de la misma. Aproximadamente el tiempo estimado oscila entre uno y tres meses. Aunque hay veces que este tiempo puede prolongarse hasta los seis meses. Este período de tiempo incluye desde la presentación de la solicitud hasta la emisión de la nueva partida de nacimiento con el nombre ya modificado.

Cómo y dónde solicitar el cambio de nombre

La solicitud para cambiar de nombre se gestiona a través del Registro Civil ya sea presencialmente o por correo, y es completamente gratuita. Si quieres acudir de manera presencial, la solicitud deberá presentarse en la oficina del Registro Civil de nacimiento o domicilio donde la persona interesada esté registrada. Es altamente recomendable que solicites cita previa. Para conseguir tu cita previa en el Registro Civil, puedes hacerlo en este enlace. Por otro lado, en el caso de preferir realizar el trámite telemáticamente, siempre puedes enviar un correo certificado a la dirección postal del Registro Civil correspondiente.

Según la plataforma de Servicios Electrónicos de Confianza habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, una vez presentada la solicitud a través de cualquiera de estos dos canales, se procederá a la creación de un expediente que deberá ser aprobado por un juez. Este deberá asegurarse de que el cambio presenta todos los requisitos legales en orden.

Si el juez aprueba el cambio de nombre o apellidos, posteriormente se publicará un edicto en el Boletín Oficial del Estado para notificar la modificación. Este proceso puede suponer algunas semanas de espera, puesto que hay un plazo por si terceras presentan posibles objeciones al cambio de nombre. No obstante, cuando se cumpla este plazo, se procederá a la inscripción del nuevo nombre en el Registro Civil siempre y cuando no haya objeciones.

Limitaciones y requisitos a tener en cuenta

La persona interesada, si es mayor de 16 años, o su representante legal si es menor, deben tener en cuenta que existen algunas limitaciones a la hora de solicitar el cambio de nombre. Según la página web del Registro Civil, las siguientes modificaciones no están permitidas:

En cuanto a los requisitos, se debe cumplir con las siguientes características para poder optar a este trámite:

Qué documentación se necesita

Dentro de la documentación que debes presentar ante el Registro Civil, estos son los documentos que son obligatorios para el cambio de nombre según el portal del Ministerio de Justicia:

Cambio del orden de los apellidos

Si en lugar de una modificación del nombre y los apellidos, solo buscas cambiar el nombre de estos últimos también puedes hacerlo. A la mayoría de personas que nacen en España se les asignan los apellidos de sus progenitores. En el caso de las familias heteroparentales, primero aparecerá el nombre paterno y en segundo lugar el materno. No obstante, por diferentes motivos siempre se puede alternar el orden de los mismos.

Dependiendo de las causas por las que se quiera solicitar el cambio de orden de los apellidos, el procedimiento de este trámite será diferente. Si el cambio es mediante expediente registral, es necesaria la tramitación de un expediente y la correspondiente autorización gubernativa. Por otro lado, el cambio de apellidos a través de una declaración de voluntad del interesado se hará ante el Encargado del Registro. En este caso, la persona interesada deberá seguir el mismo procedimiento que anteriormente ha sido explicado para el cambio de nombre.

La digitalización del Registro Civil en Cantabria avanza con la implantación del sistema DICIREG en los partidos judiciales de Laredo, Castro Urdiales y Santoña.

Esta plataforma innovadora permitirá la gestión electrónica de eventos como nacimientos, matrimonios y defunciones, facilitando a los ciudadanos el acceso a certificados y trámites de manera remota y segura.

A partir del 1 de julio en Laredo y Castro Urdiales, y del 8 de julio en Santoña, los ciudadanos de estas localidades podrán beneficiarse de las ventajas de esta aplicación informática que permite la tramitación electrónica de expedientes, la inscripción de hechos relativos al estado civil de las personas, la organización de la información registral en formato digital y el acceso telemático a la misma.

Del mismo modo, este nuevo Registro Civil permite la interoperabilidad entre administraciones públicas, simplificando así los procedimientos, agilizando los trámites y contribuyendo a la eliminación de desplazamientos y la disminución de tiempos de espera para los usuarios.

Así lo ha destacado este martes la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que fija la inminente entrada en vigor de este nuevo sistema.

La implantación de DICIREG en Cantabria se enmarca en el proceso de modernización de la justicia que está llevando a cabo el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en colaboración con las comunidades autónomas. Además, este proyecto, que conlleva una inversión del Gobierno de España de 15 millones de euros, cuenta con la financiación de la Unión Europea (UE), a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). DICIREG promete mejorar la eficiencia administrativa, reducir el uso de papel y asegurar la integridad de la información mediante avanzadas medidas de seguridad.

Partidos Judiciales

Según recoge la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública publicada en el BOE, el 1 de julio será efectiva la entrada en servicio de DICIREG en las Oficinas Generales del Registro Civil de Laredo y en las oficinas colaboradoras del Registro Civil pertenecientes a su partido judicial: Ampuero, Arredondo, Colindres, Liendo, Limpias, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba y Voto.

De igual manera, ese mismo día entrará en vigor en Castro Urdiales y en las oficinas colaboradoras de Guriezo y Valle de Villaverde.

El 8 de julio será efectiva la entrada en servicio en la Oficina General del Registro Civil de Santoña y en las oficinas colaboradoras de Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Escalante, Hazas de Cesto, Meruelo, Noja, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte y Solórzano.

Virginia del Río (Cádiz, 1977) es periodista, divulgadora y escritora. También es madre de Uriel del Río García, un bebé que murió a las 39 semanas de gestación y, como ella misma explica, “nació al día siguiente”. Cuando todo eso pasó, en 2018, Virginia creyó que era la única mujer en el mundo a la que se le moría un bebé dentro del útero. Esa sensación de soledad y de falta de información la llevó a compartir su experiencia con el duelo perinatal. Primero se abrió un blog, “Tengo una estrella” y empezó a divulgar en redes sociales. Ahora publica La habitación de Uriel (Carambuco, 2024), un libro escrito en primera persona en el que explica cómo es la vida después de perder un hijo.

El libro parte de una sensación de desamparo, de creer ser la única mujer en el mundo a la que se le murió un bebé poco antes de nacer. ¿Por qué es importante compartir relatos sobre situaciones tan trágicas como la muerte perinatal?

Desde el mismo instante en que me dijeron las palabras “no hay latido”, yo creí que era la única mujer a la que le pasaba eso, no conocía a nadie que lo hubiera atravesado. Soy periodista, hablo habitualmente con mucha gente y estoy informada, así que si no conocía a nadie a quien le hubiese ocurrido creía que era porque no pasaba. Que los bebés no se morían. Esa idea fue el germen de todo lo que vino después, tanto el blog como el libro que ahora se publica.

¿Sigue siendo un tabú la muerte perinatal?

Sin duda sigue siendo tabú. Existe un silencio en torno a la muerte de los bebés, más aún si mueren dentro del vientre de sus madres. Pero es necesario romperlo, porque de lo que no se habla, no existe. Las teorías del duelo aseguran que perder un hijo es un hecho tan traumático e inconcebible, que genera tanto dolor, que tiende a ocultarse. Pero cuando lo silenciamos contribuimos a que siga siendo un tabú. Así que yo decidí que tenía que hablar de mi experiencia, de nuestra experiencia, sobre todo en la medida en que puede acompañar a otras personas que estén pasando por una situación así.

Es necesario romper el tabú en torno a la muerte de los bebés porque de lo que no se habla, no existe. Perder un hijo es un hecho que genera tanto dolor que tiende a ocultarse, pero así contribuimos a que siga siendo tabú

Virginia del Río — autora de 'La habitación de Uriel'

¿Cómo fue el proceso de escritura de este libro? ¿Fue sanador compartir la experiencia?

Desde que Uriel murió y yo empecé a hablar públicamente del tema, muchas personas me preguntaban por qué no escribía un libro. En mis intenciones no estaba hacerlo, creo que porque no era el momento, porque yo no estaba preparada aún para dar esperanza a nadie. Coincidiendo con el final del duelo, al llegar a la sanación, empecé a valorarlo, porque siempre me ha gustado escribir y tengo facilidad para ello. Así que decidí utilizarlo como una herramienta para que las personas que atraviesan el duelo perinatal se sientan un poco más acompañadas. Es mi libro más importante, porque cuenta mi gran historia de amor, de dolor, de supervivencia y de sanación.

Compartir ese dolor, hacerlo público, ¿puede ayudar a otras personas a atravesar el duelo, y a de alguna manera ponerlo en común, sacarlo de la esfera privada?

Yo he escrito este libro en homenaje a mi hijo y todos los bebés y niños que mueren. Revivir algunas escenas todavía me produce mucho dolor, pero adquirí voluntariamente ese compromiso. Soy consciente de que tengo la posibilidad de darle más visibilidad a la muerte perinatal, por mi condición de periodista, así que quiero hacerlo por todos, no solo por mí. He colaborado activamente en darle visibilidad al duelo perinatal. Mis compañeros y compañeras periodistas, y los medios de comunicación, también me han ayudado tratándome con muchísimo respeto.

El título del libro hace referencia a la habitación de Uriel. ¿Es importante darles a los bebés que fallecen su lugar en el mundo?

Lo primero para reconocer que algo existe es darle un nombre. Hablar de lo que ha sucedido, no intentar obviarlo ni olvidarlo. Esto para mí fue un aprendizaje, cuando pasó no lo veía así. Por ejemplo, al principio yo no era capaz de decir que había muerto, decía que había nacido sin vida, que no deja de ser un eufemismo. Parte de mi camino de duelo fue aprender a ponerle nombre a las cosas. Porque si no lo nombramos, si no lo contamos, parece que no ha existido y se olvida. Esto no quiere decir que necesite hablar de él todo el rato; que yo lo tenga presente no quiere decir que le ponga un plato de comida todos los días. Pero Uriel está presente en mi familia, en mis sobrinos, en la foto que tengo en su habitación o que sus abuelos tienen junto a las del resto de sus nietos. La única manera que tenemos de mantenerlos vivos es en el recuerdo y en el amor.

Muchas familias que han sufrido la muerte de un bebé reclaman poder inscribirlos en el Registro Civil o en el Libro de Familia. Ha habido cambios importantes en este sentido, pero ¿queda todavía trabajo por hacer?

Nuestro Código Civil es del año 1889. Ha tenido modificaciones pero está obsoleto, obviamente. En esos años, la mortalidad infantil era altísima, y entonces todos los niños que nacían muertos iban al mismo saco, un registro de “legajos de aborto”. Es un nombre muy feo que añade mucho dolor a las familias. Quienes hemos pasado por esto hemos empezado a movernos, y hemos conseguido por ejemplo darle a ese archivo un nombre más amable: ahora es el “Archivo de nacidos sin vida”. Yo fui la semana pasada a hacer el trámite, quise esperar un tiempo para que los funcionarios conociesen la ley para no llevarme un disgusto. No lo esperaba, pero fue un proceso muy emotivo para mí. Parece que es solo rellenar una hoja, pero me emocionó mucho ver por primera vez el nombre completo de mi hijo escrito en un documento oficial, al lado del mío.

¿Y cuáles serían los siguientes pasos en estas mejoras burocráticas?

Los cambios en el registro para mí tienen que ser el paso anterior a incluir a nuestros bebés en los Libros de Familia. Ahora que el libro es un documento digital, ¿qué cuesta que se incluya el nombre del bebé fallecido al lado del nombre de sus familiares? Lo que nosotros proponemos es que la inscripción se pueda hacer con carácter retroactivo, pero sin efectos legales –esos bebés no podrían, por ejemplo, heredar–. Yo no tengo ningún documento oficial que diga que he tenido un hijo que se llamaba Uriel del Río García, porque en el papel del hospital pone “feto varón”. Eso es ofensivo, y no es justo para la persona que ha fallecido. Es simplemente un tema emocional, de reconocimiento de su existencia de cara a la familia y a nivel social. Y pongo un ejemplo: yo tengo una perra, Mika, que además me ha ayudado muchísimo en mi proceso de duelo. En su chip y en su cartilla veterinaria vienen su nombre y el mío, mis datos personales, mi teléfono, toda mi información. Está claro que ella es mi perra, pero en cambio tengo un hijo que no figura en ningún documento.

En el libro se dedica mucho espacio al acompañamiento por parte del entorno, señalando aquellas frases que pueden ahondar en el dolor. “Bueno, ya tendrás más hijos” o “Al menos no te dio tiempo a cogerle cariño”. ¿Qué debemos decir y qué no cuando una persona de nuestro entorno atraviesa una situación así?

Nuestra cultura no está preparada para aceptar el dolor, sea propio o ajeno. Es una reacción natural del ser humano. Entonces ante una situación de dolor, y como decíamos el dolor de perder un hijo es inconcebible e insuperable, pues nos aventuramos a decir cosas que a veces no tienen sentido. Algunas personas no saben manejarse, y dicen cosas como “Bueno, mejor que haya pasado ahora y no después”, o “Eres joven, tendrás más hijos”. Eso es algo que no se le ocurriría decir a nadie si por ejemplo acaba de fallecer tu marido o tu hijo de cinco años. Ese tipo de comentarios no aportan nada y solo añaden dolor. Si uno no sabe qué decir, es mejor acompañar en silencio, validando las emociones de la persona que está sufriendo. Decir algo como “no sé qué decirte, pero aquí estoy”, o dar un abrazo si a esa persona le apetece.

Los protocolos sobre muerte perinatal han avanzado mucho en los últimos años, incluyendo recomendaciones como despedirse del bebé, ubicar a las familias en plantas diferentes a la de maternidad o incluir acompañamiento psicológico desde el principio. ¿Se siente partícipe, de alguna manera, en esos avances?

Sí, y me siento muy orgullosa de haber participado en ese proceso. Un año después de fallecer Uriel me fui a un congreso médico donde se empezaba a hablar de los protocolos sobre muerte perinatal. Hablé ante muchísimos sanitarios, médicas, ginecólogas, enfermeras, matronas… Conté mi experiencia y en ese discurso estuve especialmente lúcida, noté que los asistentes me escuchaban con mucha atención. Recibí muchos comentarios de sanitarios que, después de escucharme, empezaron a acompañar el duelo perinatal de una manera diferente. Yo tuve la suerte de que en el hospital que me tocó había ya un pequeño protocolo y me acompañaron de forma muy respetuosa, pero fue a partir de ese congreso que se empezó a crear un protocolo más universal que se ha distribuido por todos los hospitales de España.

Poco después de morir Uriel, yo pensaba que mi misión era olvidar, pero es tan traumático que no se puede 'pasar página'. Lo que sí se puede es aprender a vivir con lo que ha pasado. Darle un lugar a mi hijo, ponerle nombre a las emociones y hablar de él es lo que me sanó

Virginia del Río — autora de 'La habitación de Uriel'

Defiende la necesidad de un acompañamiento psicológico en momentos de duelo. ¿En su caso, tuvo ese acompañamiento?

Yo tuve la suerte de que mi psicóloga vino al hospital la misma noche en que pasó todo, pero no todas las mujeres tienen esa posibilidad y deberían tenerla. Después de pasarme todo esto, como me escriben muchas mujeres que han perdido bebés, he decidido formarme en duelo, para tener herramientas profesionales. Una de las cosas que nos enseñan es que la terapia sería necesaria en los casos en que el duelo se hace más traumático o patológico. Pero yo no estoy de acuerdo: creo que hace falta acompañamiento psicológico en todo momento. Yo sentía emociones que no había vivido nunca, y sabía que podía perder la cabeza en esa situación. En esos momentos, dar con un especialista que te ayuda te puede cambiar la vida.

¿Ha cumplido este libro su objetivo de acompañar a las mujeres y familias que atraviesan el duelo perinatal?

Espero que sí, para eso lo he escrito. Al principio, poco después de morir Uriel, yo pensaba que mi misión era olvidarme de lo que había pasado, ir quemando etapas y olvidar. Pero eso es imposible, es algo tan traumático que no se puede “pasar página”. Lo que sí se puede es aprender a vivir con lo que ha pasado. Darle un lugar a mi hijo, ponerle nombre a las emociones y hablar de él es lo que me sanó. Porque el duelo es amor que se queda huérfano, que no sabe adónde ir. Yo no he pasado página, ojalá hubiéramos hecho esta entrevista sobre otro tema con Uriel sentado a mi lado. Pero eso no lo puedo cambiar. La vida es ahora, y esto es lo que tengo. 

El Decanato Territorial de Registradores de La Rioja ha presentado este lunes el Registro Electrónico y la total digitalización de los Registros, que facilitará todos los trámites a los usuarios y supone el paso de los libros físicos a los folios electrónicos en toda España. El avance en transformación digital que conlleva el nuevo Registro Electrónico se complementará con la asistencia presencial que seguirá en vigor en todos los Registros de España. Así, la decana de los Registradores de La Rioja, Pilar Oliva, ha señalado que, “desde hoy, los Registradores disponen de una sede electrónica única a nivel nacional, que se convierte en la casa de todos los ciudadanos”. Oliva ha subrayado que “el lanzamiento del Registro Electrónico es un paso más en el proceso de simplificación y agilización de los trámites, lo que facilita una mayor cercanía y satisfacción de la población”.

La sede electrónica única garantiza los siguientes servicios de gran utilidad para la ciudadanía:

Funcionamiento digital de los Registros

“Los Registradores llevamos años impulsando un continuo proceso de modernización de sistemas y procedimientos, lo que ha supuesto hitos destacados desde hace años como la publicidad registral online desde cualquier lugar del mundo, la presentación telemática de documentos o el sistema de alertas de titularidad registral, gratuito para el ciudadano, y que permite obtener información instantánea de la presentación y despacho de documentos sobre fincas registrales”, ha indicado la decana de los Registradores riojanos. En concreto, los Registros de La Rioja tramitaron en 2023 la constitución de 844 empresas (sociedades anónimas, limitadas y otras), y la compraventa de 4.028 viviendas (nuevas y usadas), entre otros servicios.

Con la entrada en vigor del Registro Electrónico, se impulsa el funcionamiento plenamente digital de los Registros. Esta apuesta por la transformación digital supone que la fe pública registral pase de los libros físicos a los folios firmados electrónicamente; se consolide la firma electrónica cualificada, la de más alto nivel que existe en Europa y que acredita identidad y cargo del Registrador electrónico; se garantice la publicidad dinámica online, que promoverá la transparencia ya que permitirá saber en tiempo real el estado de titularidad y cargas de las fincas y la situación de las sociedades mercantiles; y se facilitará que todos los documentos que salen de los Registros reflejen electrónicamente su historial de incidencias, lo que supone un firme compromiso de Registradores con la transparencia y la eficiencia en el trabajo.

La reforma mantiene y fortalece la seguridad jurídica que los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles aportan a nuestro país y a La Rioja, fortaleciendo y facilitando el tráfico jurídico y económico, y dota de instrumentos adecuados para adaptarse a la modernización y digitalización de la sociedad.

Ley pionera: mayor seguridad jurídica

La digitalización total de los Registros se inició el pasado jueves, 9 de mayo, día en el que entró en vigor la Ley 11/2023 de 8 de mayo, de digitalización de las actuaciones registrales en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. La norma ha supuesto la modificación de diversos artículos de la Ley Hipotecaria, que establecen la digitalización de las actuaciones registrales y regula el paso de los libros físicos a los folios electrónicos en todos los registros del país. Se trata de una ley pionera que emana de Europa y con la que España se sitúa a la vanguardia de conceptos clave como mayor seguridad jurídica y control de la legalidad, entre otros. 

La reforma garantiza un nivel de seguridad homogéneo en todos los Registros de España con independencia de su volumen, tamaño y ubicación física y territorial, en línea con una prestación del servicio registral homogénea en todo el país, como siempre se ha dado. Para ello, se adopta el nivel homogéneo de seguridad basado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), bajo el que se sustenta la Administración pública y gran parte de las empresas de nuestro país para acreditar un nivel de solvencia, exigencia y responsabilidad adecuado al estado de la ciberseguridad que existe en España.

El acto de lanzamiento del Registro Electrónico y la total digitalización de los Registros se realiza hoy lunes, 13 de mayo, de manera simultánea en todos los Registros de España.

Registradores en La Rioja

El Decanato Territorial de Registradores de La Rioja presentó sus renovadas instalaciones -Avenida de Portugal, 2, séptima planta (Logroño)-, el pasado mes de enero. La reapertura de la sede de Logroño se suma al plan de modernización de las once sedes de Registradores en La Rioja (cinco en Logroño; Arnedo; Calahorra; Alfaro y Cervera; Nájera; Santo Domingo de la Calzada; y Haro), a las que se añade la progresiva transformación digital de los servicios que se ofrecen, como es el caso del Registro Electrónico en mayo de 2024. El Decanato Territorial de Registradores de La Rioja está compuesto por 11 registradores. 

Los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles son funcionarios públicos del Estado, licenciados o graduados en Derecho, que acceden al cargo mediante oposición y cuya función es gestionar los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantil existentes en un territorio. A su vez, en La Rioja, Registradores cuenta con seis oficinas liquidadoras en las que se gestionan los tributos cedidos según convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR).

La bebé Iris Santiso Pueyo nació sin vida a las 39 semanas de gestación en el Hospital de Zaragoza. Era el año 2015. Félix Melendo Cobo nació en Córdoba el 24 de abril de 2019, también sin vida. En noviembre de 2021, en Catalunya, nacieron dos mellizos: uno vivo y otro muerto. El que falleció se llamaba Guim Desembre Càlix. Sus respectivas madres, Laura Pueyo, Antonia Cobo y Aida Càlix, entonces no se conocían, pero sin saberlo acabarían encontrándose en una lucha común: conseguir que sus bebés, que fallecieron poco antes de nacer, constasen en el Registro Civil con sus nombres y apellidos.

Inscribir a los bebés que nacen sin vida es una reivindicación que las familias que han sufrido un caso de muerte perinatal y las asociaciones que las agrupan llevan años reclamando. Para muchas de ellas, darles nombre y apellidos a sus bebés supone darles su lugar en el mundo. Reconocer su existencia de forma simbólica, darles su espacio en la familia y también normalizar a nivel social la muerte perinatal, la que se refiere a los bebés que mueren durante la gestación o en los primeros días de vida. Un cambio legislativo que llegó en el año 2023 pero cuyos resultados no están siendo todo lo positivos que podrían.

Antonia Cobo se llevó una alegría cuando supo que la ley cambiaba. Así lo recuerda ella: “Nosotros perdimos a nuestro hijo Félix Melendo Cobo el 24 de abril de 2019. Para nuestra familia la herida está completamente abierta, y eso que hace cinco años ya. Cuando sucedió no se podía inscribir todavía en el Registro Civil, constaba en el libro de legajos abortivos. Ahí pone ‘Félix fue un feto de Antonia Cobo’, es doloroso verlo así. Cuando vimos los cambios en la ley fue un alegrón pensar en poder cambiarlo, porque las familias a las que por desgracia nos ha sucedido algo así llevábamos reclamando esto mucho tiempo”, asegura.

Problemas administrativos

En agosto de 2023 se introdujo un cambio en la Ley del Registro Civil para que los bebés con más de seis meses de gestación pudiesen ser inscritos con su nombre, el de su madre y el de su padre u otro progenitor. Se creó un nuevo Archivo de Nacidos Sin Vida, que sustituía al anterior Legajo de Criaturas Abortivas. Además, a partir de agosto de 2023 la inscripción pasó a poder hacerse con carácter retroactivo, por lo que las familias que no pudieron hacerlo en su momento recuperaron la posibilidad de ejercer ese derecho años después de recibir a un bebé sin vida.

Lo que en un principio podían parecer buenas noticias, pronto se convirtió en un problema administrativo para muchas familias que acudieron al Registro Civil. Tras recibir varias quejas, la asociación Umamanita, que agrupa a familias que han pasado por situaciones de muerte y duelo perinatal, empezó a estudiar esos casos. Paul Cassidy, sociólogo e investigador en la asociación, explica así el motivo de la investigación: “Nos habían llegado una serie de quejas importantes sobre la falta de preparación y conocimiento del proceso en los Registros Civiles, además de algunas historias de interacciones dolorosas con funcionarios. Por lo tanto, decidimos examinar el problema más a fondo con una encuesta que lanzamos en octubre de 2023. Respondieron 75 madres o padres que ya habían iniciado o completado el proceso”, comienza.

El resultado es un informe que acaban de publicar bajo el título “Cuando la legislación restaurativa duele”. El estudio incluye una parte cuantitativa, que agrupa las respuestas por casuística, y una cualitativa, donde se recogen los testimonios de madres y padres. “Para la mayoría de las personas encuestadas, fue una experiencia bastante negativa, llegando en muchos casos a ser dolorosa”, explica el informe. Entre las situaciones más repetidas, figuran la falta de conocimiento de los funcionarios de la nueva ley, la desorganización y falta de preparación, los fallos en el procedimiento de la inscripción, la lentitud del proceso o la falta de empatía en la interacción con las familias.

La alegría inicial de Antonia se ha convertido en desilusión. Desde que inició los trámites para inscribir a su hijo Félix ha visitado el Registro cuatro veces, y todavía no ha logrado completar el proceso. Después de muchas idas y venidas, y de escuchar del personal encargado que ese trámite “en el fondo no servía para nada”, se hartó y decidió publicar un mensaje en sus redes sociales denunciando la situación. Para su sorpresa, recibió muchas respuestas contando experiencias de todo tipo, tanto positivas como negativas. A raíz de eso se puso en contacto con la asociación Umamanita y empezó a participar en su estudio. El trámite burocrático se paralizó, pero pretende retomarlo: “Se quedó en un cajón, pero es un tema que tenemos que retomar. Por Félix y por nosotros”, asegura.

Dar un lugar a los bebés

Aida Càlix, la madre de Guim, cuenta su experiencia con la administración: “Cuando nuestro hijo nació, en 2021, solamente pudimos inscribirle en una hoja rosa donde ponía ‘feto masculino’. Con el cambio en la ley, pedí cita en el registro de Esplugues de Llobregat. La funcionaria que me atendió por teléfono me trató muy mal. Consideraba que era una cosa que no se tenía que hacer, que era un tema que ya teníamos que tener cerrado. Acabé llorando, y se me quedó la rabia de no preguntarle cómo podía no empatizar con las familias”. Luego, las veces que fueron presencialmente al registro, sí se encontraron con personas más sensibilizadas que les trataron bien.

Para Aida y para su familia, inscribir a su primer bebé es importante: “Nuestros hijos son invisibles, nadie los ve, cuesta mucho que la sociedad les dé un lugar. Es nuestro objetivo como familia ponerle nombre y honrarlo, darle un lugar. De hecho, lo hicimos en casa, cuando acababa de pasar: escribimos su nombre a mano en el Libro de Familia”, recuerda.

Ocho años después de fallecer su hija Iris, Laura Pueyo ha tenido que recurrir a abogadas y tiene una demanda en curso. Cuenta que, dentro del dolor por la muerte de su bebé, consiguió iniciar un proceso de duelo “bastante amoroso y saludable”, gracias al acompañamiento del personal sanitario que atendió el parto. Pero al momento “desgarrador” de salir del hospital sin su hija, se sumaron después los problemas con la administración.

“Los trámites burocráticos son muy dolorosos. Es como si tuvieras que pelear todo el tiempo por demostrar lo evidente: que estuve gestando y cuidando nueve meses la vida de mi bebé”, explica. Su empeño no es solo individual o familiar, sino que tiene que ver con un cambio social: “Seguimos intentándolo porque, además de que es importante para nosotros como familia, también lo es a nivel social. Por desgracia van a seguir muriendo bebés, y es importante mejorar la atención en estas situaciones, para que las familias transiten el duelo de la mejor manera posible, y toda vida sea reconocida con su identidad y su individualidad”, asegura Laura.

Las familias de Laura Pueyo, Antonia Cobo y Aida Càlix son algunas de las que han participado en el informe de Umamanita. Las conclusiones del estudio son pesimistas: “La implementación de la nueva ley ha sido un fracaso, caracterizado por una falta de organización administrativa básica”, asegura el estudio. Para intentar mejorar la situación, la asociación recomienda tomar una serie de medidas urgentes, como mejorar la comunicación previa al inicio de la solicitud para evitar visitas presenciales repetitivas, agilizar el procedimiento, aceptar solicitudes electrónicas, formar al personal del Registro Civil sobre la nueva ley y sobre la importancia de ser sensible en las interacciones con las familias, asegurar el envío de información posterior para el cierre del caso o unificar directrices a nivel estatal. Mientras esto no ocurra, desde Umamanita invitan a las familias que lo necesiten a buscar apoyo en su asociación. 

En noviembre hará dos años que Matías Martínez, de 33 años y natural de la localidad cántabra de Laredo, obtuvo su primer destino como juez en el Juzgado de Primera Instancia 5 de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla de Gran Canaria, con funciones compartidas de registro civil. Hasta la fecha ha dictado 16 autos resolviendo solicitudes de cambio de sexo en aplicación de la denominada ley trans, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en febrero de este año. En diez casos las ha autorizado y en seis las ha denegado.

En julio dictó dos resoluciones pioneras en este ámbito, al advertir las intenciones espurias y, por tanto, el fraude de ley de dos hombres que pretendían registrarse como mujeres para beneficiarse de medidas de discriminación positiva.

En una entrevista concedida a este periódico, Martínez señala que la ley era necesaria para “flexibilizar los requisitos” para el cambio de sexo de personas trans. Tal y como explica, la anterior norma, de 2007, exigía a la persona un informe médico de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal. Unos requisitos que son “contrarios a la ya consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” sobre la imposibilidad de supeditar esa decisión a “tratamientos médicos, quirúrgicos o de otra índole”. La ley trans elimina estos requisitos, condicionando el cambio de sexo a la mera voluntad de la persona, en el sentido de que “no se siente con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento”, señala.

La nueva norma establece que la persona solicitante comparecerá dos veces ante el juez encargado del Registro Civil manifestando su disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que, en consecuencia, se rectifique. 

Sin embargo, verificar que ese sentimiento de “disconformidad” es real y que no se trata de una simulación “es muy complicado”, admite Martínez. En su opinión, los jueces disponen en la actualidad de “muy pocos mecanismos” para velar, como dice la Ley de Registro Civil, por la concordancia entre el registro y la realidad en este tipo de supuestos. Máxime cuando no disponen de “pautas sobre cómo hacerlo”.

Sostiene que los límites a ese derecho de autodeterminación de género no quedan claros y que esa “falta de concreción” es la que puede propiciar el fraude de personas que intentan beneficiarse de medidas de discriminación positiva, que son aquellas que “tratan de garantizar una igualdad plena entre hombres y mujeres”.

Por ello, reclama a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que dé pautas “claras” para saber analizar si concurre o no el fraude, que indique “qué circunstancias hay que valorar”. Pone de ejemplo los matrimonios de conveniencia. Para resolver estos casos, ese órgano directivo del Ministerio de Justicia dictó una instrucción que precisaba “una serie de criterios a seguir” para acreditar si los futuros cónyuges “conocían sus datos familiares y si habían tenido relación previa”.

Una señal del posible fraude

“Para valorar si el sentimiento es o no real tengo en cuenta todos los elementos que puedo obtener a través de la comparecencia, a través de las preguntas que le hago al solicitante. Normalmente ha de valorarse todo en conjunto para concluir que la petición es fraudulenta, aunque hay casos en los que la persona me manifiesta directamente que no se siente mujer”, relata. El juez apunta que cada caso “es diferente” y que él tiene “muy en cuenta” el hecho de que la persona quiera mantener su nombre masculino cuando “supuestamente se siente mujer”. “Es cierto que la ley autoriza que la persona se siga llamando por su nombre masculino, pero esto es una señal del posible fraude. Ahora bien, el hecho de que quiera mantener su nombre no es por sí motivo suficiente para apreciar el fraude”, dice. En sus autos no hace mención alguna al físico de las personas: “El aspecto no puede condicionar el cambio de sexo”.

Para Martínez, se debe analizar “caso por caso, respetando siempre la dignidad de la persona”. El juez admite que, “como en otros aspectos del derecho”, habrá quien intente “perfeccionar su discurso para tratar de beneficiarse fraudulentamente de un derecho reconocido a otros”. Sin embargo, esto “no tiene por qué devenir en una traba para la autodeterminación”. “Si una persona es trans, no tiene por qué preocuparse, dado que obtendrá sin problema el cambio de sexo en ejercicio de su derecho”, asevera.

Por otra parte, el juez valora que esta norma haya reconocido la posibilidad de que un menor de doce años trans cambie su nombre o del cambio de sexo para menores de entre 12 y 18 años “sin necesidad de informes médicos, intervenciones quirúrgicas ni procesos de hormonación”. “En mi opinión”, comenta el juez, “esto es una muy buena noticia, dado que cada uno tiene que ser libre para decidir si se hormona o no o si procede a realizar intervenciones quirúrgicas sobre su propio cuerpo, más siendo menores, cuando estos tratamientos pueden tener carácter irreversible”. Martínez ve positivo que un menor “pueda rectificarlo sin necesidad de un requisito adicional, pudiendo decidir en el futuro si se somete a un tratamiento o no, para lo cual debe gozar de total libertad”.

A raíz de los autos pioneros dictados en julio y de su repercusión mediática en septiembre, Martínez dice que ha recibido respuestas “en general bastante favorables” del foro judicial. “Son muchos los compañeros que han contactado conmigo pidiéndome las resoluciones y se han apoyado en ellas para denegar los casos fraudulentos que se les han planteado. Me ha llamado la atención que he recibido comunicaciones desde el extranjero pidiéndome acceso a los autos. Es gratificante saber que tanto estudio y esfuerzo invertido está sirviendo de ayuda a otros. No puede perderse de vista que los cambios de sexo fraudulentos son un problema que nos afecta a todos y, muy en particular, a las mujeres y a las personas trans”, concluye.

Euskadi ha informado de que se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en culminar la implantación de un nuevo sistema informático de registro y organización en todos los servicios prestados por los registros civiles vasco. Según ha indicado este miércoles el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Nerea Melgosa y ha recogido Europa Press, el cambio supone el adiós definitivo a las inscripciones manuscritas de nacimientos, fallecimientos y matrimonios de la población en favor de un sistema telemático “más moderno y ágil,” que facilitará el trabajo de las plantillas de las diferentes oficinas, pero también las gestiones que realice la ciudadanía.

La nueva aplicación informática se llama DICIREG (Digital Civil Registry) y ya está totalmente implantada en las 14 oficinas generales (coincidentes con las cabeceras de los partidos judiciales) y las 237 oficinas colaboradoras, actuales juzgados de paz, ubicadas en el resto de municipios de la comunidad autónoma. El proceso se inició el 28 de noviembre de 2022 en Bilbao y ha finalizado el 3 de julio en Balmaseda, después de haberse implantado de manera sucesiva y por este orden en los de Vitoria, Donostia, Barakaldo, Azpeitia, Bergara, Eibar, Irún, Tolosa, Amurrio, Durango, Getxo y Gernika.

En concreto, se trata de una plataforma adaptada al nuevo modelo de registro civil, de manera que utilizando medios electrónicos se puedan tramitar expedientes y nuevas inscripciones, así como organizar la publicidad de la información registral y posibilitar a la ciudadanía el acceso telemático mediante su identificación electrónica. El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco “se ha implicado y colaborado” con el Ministerio de Justicia en esta transformación, según se ha señalado. Se ha impartido la formación procedimental necesaria a la plantilla de los registros civiles y ha programado un pilotaje con ejercicios prácticos, que ha contado en todo momento con el asesoramiento de una persona tutora.

Por otra parte, el Igualdad, Justicia y Políticas Sociales espera cerrar este mes la contratación del proceso de digitalización de la documentación de los Registros Civiles vascos. La resolución del concurso de adjudicación se hará pública a finales de este mes por un montante que supera los cuatro millones de euros y que será financiado en su totalidad con fondos europeos. El trabajo consistirá en digitalizar toda la documentación oficial de los citados registros desde 1870, lo que supone trasladar a soporte digital toda la información que contienen los alrededor de 20.000 libros registrales archivados en la actualidad.

Los bebés fallecidos antes de nacer pero que hubieran alcanzado más de seis meses de gestación deberán ser inscritos y podrán tener nombre en el archivo del Registro Civil a partir de este miércoles, 9 de agosto. Así consta en una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes y que entra en vigor hoy.

La instrucción, firmada el 31 de julio, pone en marcha la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que establece la obligatoriedad de que figure en un archivo del Registro Civil el fallecimiento ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento. La inscripción no tendrá efectos jurídicos y los progenitores podrán, si así lo desean, otorgar un nombre al bebé.

También podrán ser registradas todas aquellas defunciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor siempre que así lo soliciten los progenitores en el plazo de dos años desde su publicación en el BOE. La nueva ley de Registro Civil fue aprobada en 2011, pero según consta en la instrucción, no entró en vigor hasta 2021. Y no ha sido hasta hace un par de semanas cuando el Ministerio de Justicia elaboró esta nueva normativa.

Con esta orden, que modifica la anterior que regulaba esta materia, de 1988, se aprueba la llamada “Declaración de nacidos sin vida tras los seis meses de gestación”. El Registro Civil dispondrá de un archivo en el que se conservarán debidamente numeradas y ordenadas las declaraciones, firmadas por el declarante y al menos por dos facultativos, relativas a los fallecimientos ocurridos con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, con indicación en su caso del nombre a imponer al nacido sin vida. 

El registro tendrá un índice en el que constará el nombre y apellidos de la madre y, en su caso, el del hijo, y se enumerará correlativamente para facilitar la búsqueda. A solicitud de cualquiera de los progenitores se expedirá una certificación en la que constarán los datos del alumbramiento y el nombre del hijo o hija no nacidos. 

Para los fallecimientos producidos después de seis meses de gestación pero antes de este miércoles 9 de agosto de 2023, los progenitores tendrán dos años para solicitar su inscripción en el Registro Civil.

“Te amaremos y protegeremos siempre Laia Pedroche Muñoz”. Con este mensaje en las redes sociales anunciaban la presentadora Cristina Pedroche y el cocinero Dabid Muñoz el nacimiento de su hija hace algo más de diez días, pero también dejaban claro que el primer apellido que le han puesto ha sido el de su madre. Una fórmula que en España sigue siendo minoritaria y que eligen una ínfima parte de las parejas heterosexuales que tienen hijos o hijas, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia a elDiario.es.

El apellido del padre primero y el de la madre después sigue siendo la principal decisión a pesar de que actualmente los progenitores deben elegir en el momento de inscribir al bebé en el Registro Civil cuál poner delante. De los 2.006.859 nacimientos registrados por Justicia desde 2017 (el Instituto Nacional de Estadística registra una cifra ligeramente superior), solo 13.647 llevan el apellido de la mujer en primer lugar. No llega ni al 1% del total.

Hasta el año 2000 la norma obligaba a poner el apellido paterno primero. Solo era posible no hacerlo por sentencia judicial o recurso a través del Registro Civil, que tenía que estar justificado por causa de interés, explica el profesor de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona (UB) Carlos Villagrasa. Aquel año se cambió la ley y se permitió hacerlo por libre voluntad, pero el paterno seguía teniendo preferencia y cambiarlo requería de más conficiones. No fue hasta enero de 2017 cuando se acabó con esta discriminación. Aquel año, según los datos de Justicia se inscribieron 2.669 niños con el apellido de la madre en primer lugar de un total de 380.026 nacimientos, en los que se incluyen también los de parejas homosexuales o monoparentales pero no afectan a este análisis.

Las cifras aportadas por el ministerio se han mantenido más o menos estables desde entonces: en 2020 fueron 2.041 anteposiciones de 330.710 nacimientos, en 2021 2.423 de 314.207 y el año pasado 2.511 de 272.301 inscripciones. Hay que tener en cuenta, explica el Ministerio de Justicia, que en estos dos últimos años faltan nacimientos al total (8.333 en 2021 y 48.310 en 2022) de los que no sabemos en cuántos se ha puesto primero el apellido de la mujer debido a que son inscripciones en el sistema DICIREG, una plataforma informática que “se encuentra en proceso de implantación” y que no registra la información sobre anteposiciones de apellido.

Aún así los datos desde 2017 atestiguan lo excepcional de la decisión. “Yo creo que hay poca información, a pesar de que la ley y toda la normativa reglamentaria del Registro Civil ha ido en la dirección de la igualdad, falta mucha pedagogía e información en cuanto a la posibilidad. Nadie les pregunta así que se sigue imponiendo la tendencia de la tradición”, cree el profesor Villagrasa.

“Sigue despertando sorpresa”

El experto explica la evolución legislativa de esta cuestión: siempre fue obligatorio el apellido del hombre primero hasta el año 2000. Poner el de la madre se convirtió entonces en una posibilidad, pero hacerlo implicaba una declaración de ambos progenitores porque se seguía dando por hecho la preeminencia del apellido masculino, plasmada en la ley: “El primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo apellido es el primero de la madre”. La norma cambió en 2017 y ahora el Registro Civil no da por hecho ningún orden, sino que se decide. Si no hay acuerdo entre los progenitores, lo estipula el encargado de la oficina “en base al interés superior del menor”.

A día de hoy sigue explicando que Amenedo es su madre y no su padre porque todo el mundo lo da por hecho al revés

Pilar Amenedo — madre de Mar Amenedo Álvarez

Zinnia Quirós y Cristian Rodríguez decidieron poner el apellido de ella en primer lugar a su primer hijo, Ciro, en 2015. El motivo era “la práctica política feminista” vinculada a desafiar la norma que prepondera al hombre por encima de la mujer, sostiene Zinnia. Sus siguientes dos hijos, Ava y Huma, que la pareja tuvo en 2018 y 2022 respectivamente, repiten el orden. “Es algo que sigue despertando sorpresa. Y de hecho mucha gente da por hecho que yo me apellido Rodríguez. Cuando digo que no, hay gente que se queda con el pie cambiado”, afirma.

De las primeras parejas en acogerse al cambio inaugurado en el año 2000 fueron Pilar Amenedo y Ángel Álvarez Moro, que en 2001 pusieron el orden Amenedo Álvarez a su hija Mar. “Habíamos escuchado la noticia cuando se aprobó y desde el primer instante lo tuvimos claro. Yo bromeaba de pequeña con mi madre y le decía que quería ser madre soltera para que no se perdiera el apellido y mi chico también quería primero Amenedo porque si no a la pequeña le iba a pasar lo mismo que a él en la escuela, que le llamaban Ángel Moro, obviando el Álvarez”, explica la mujer.

Al Registro Civil tuvieron que acudir los dos a inscribir a la niña porque la norma así lo exigía y el encargado de la oficina les advirtió de que “no era un capricho” poner primero el apellido materno y que “todos los hijos que tuviéramos los llevarían así”, cuenta Pilar, que recuerda cómo solían responder cuando lo comentaban las madres de otros compañeros de colegio que tenían “apellidos chulos” detrás de otros más comunes como Álvarez. “Que no tenían ni idea de que podían invertir el orden y que los padres no hubieran querido”. A día de hoy, su hija, con 21 años, “sigue explicando que Amenedo es su madre y no su padre porque todo el mundo lo da por hecho al revés y ella lo explica orgullosa”.

Hay desinformación y otra parte de mujeres que seguramente no lo hagan para evitar posibles conflictos en la pareja

Carlos Villagrasa — Profesor de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona

La autoridad del páter familias

La socióloga de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Beatriz Ranea cree que las cifras “tienen mucho que ver con la inercia cultural y social” que sigue pesando, en la que “la figura del padre sigue siendo fundamental para el propio sistema patriarcal y para los propios hombres”. No es esta probablemente la reflexión que literalmente hagan la inmensa mayoría de las parejas a la hora de decidir los apellidos de su descendencia, pero “de forma consciente o inconsciente” sigue emergiendo “la autoridad del páter familias”, que es “la piedra angular del sistema”, opina Ranea, quien también piensa que para los propios hombres es importante “reafirmar su derecho paterno” de esta forma.

La experta apunta a que mucha gente no le da importancia y acaba imponiéndose la tradición porque “que el apellido paterno sea el primero está absolutamente normalizado”. “También hay desinformación y otra parte de mujeres que seguramente lo hagan para evitar conflictos. Consideran que quizá pueda anticipar o generar un conflicto en la pareja y que si se desvían de la norma se pueda pensar que quieren dejar fuera el apellido paterno”, añade Villagrasa.

La realidad es que el que ha quedado siempre en segundo lugar es el apellido materno. De ahí que la importancia del cambio sea “simbólica”, para Ranea. “Al final es dotar de importancia a las mujeres frente a que el hombre ocupe siempre el primer plano y reconocer prácticas que han sido devaluadas porque al final el ideal de madre en individual, abnegada y sacrificada, se exalta mucho, pero las madres en plural son muy discriminadas en muchos ámbitos. En el trabajo, en la falta de corresponsabilidad, en la falta de reconocimiento a nivel social del trabajo de cuidados...”, afirma la experta.

“Quería sentirme desvinculada de ese apellido y lo que significaba”. Después de varios años peleando en el laberinto de la burocracia, María ha conseguido lo que sabía que necesitaba desde muy joven: quitarse el apellido de su padre maltratador. El Registro Civil y el Ministerio de Justicia han certificado que su madre fue víctima de violencia machista a manos de su padre y que eso, especialmente tras la última reforma legal, es suficiente para que pueda cambiar su primer apellido por otro que no simbolice al hombre que ya no significa nada en su vida.

La batalla de esta joven empezó, según explica a elDiario.es, cuando cumplió la mayoría de edad. “En el momento en que cumplí los 18 años decidí que quería desvincularme de cualquier manera de mi padre y todo lo que tuviera que ver con él”, afirma. “Yo no me hablaba con él, no lo veía, lo único que quedaba era su apellido y quería quitarlo”, cuenta.

El deseo estaba claro pero el camino no era fácil. Desde hace casi dos décadas, la normativa que regula los registros civiles permite que una mujer pueda cambiar sus apellidos si, aunque no cumpla con el resto de requisitos pueda demostrar que es víctima de violencia de género. Eso hacía posible que se hiciera por Orden del Ministerio de Justicia. La normativa se cambió de nuevo en 2021 con el objetivo de facilitar los trámites y ampliar este derecho a los hijos de las víctimas: “Cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, podrá autorizarse el cambio de apellidos sin necesidad de cumplir con los requisitos”.

La ley es clara, pero el tránsito por la burocracia no es tan sencillo. María tuvo que pasar por el Registro Civil, por el Ministerio de Justicia y su caso llegó hasta el Consejo de Estado. “He tenido que ir un montón de veces al Registro Civil y como era más pequeña la gente me trataba mal, con desprecio, y ha sido difícil”, relata. “Me han rechazado un montón de cosas y me lo han puesto todo súper complicado”, cuenta.

Por ejemplo, pidiendo que aportara papeles que no existían, como documentos médicos o académicos con los que quería que fueran sus nuevos apellidos. “Si no tengo el apellido cambiado, no puedo tener ese papel”, explica.

“Ha merecido la pena”

Después de años de pelea administrativa, el Ministerio de Justicia ha dado la razón a María. “Resulta acreditado que la madre de la solicitante sufrió violencia de género y que ella misma estaba integrada, como descendiente, en el núcleo familiar de convivencia, por lo que, asimismo, tiene la condición de víctima”, sostiene la subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil del departamento que dirige Pilar Llop en una Orden Ministerial de Justicia.

“Ha merecido la pena”, cuenta esta joven a elDiario.es. “Estoy muy contenta y muy orgullosa después de haberme dado cuenta de que todo lo que había hecho ha dado sus frutos. Al final se ha llegado al fin que yo quería, que era sentirme desvinculada de ese apellido y lo que significaba”, afirma.

La decisión viene cimentada por la aportación de una sentencia penal condenatoria contra su padre por violencia de género contra su madre. Pero, a lo largo del proceso, los organismos implicados han rechazado la posibilidad de que la violencia económica –no pagar una pensión o desentenderse de un hijo desde el punto de vista económico– pueda cumplir también el requisito de ser considerada una víctima y poder acceder a este cambio de apellidos.

Algunas leyes autonómicas lo reconocen así. Por ejemplo, la norma andaluza que, recuerda esta Orden Ministerial, “reconoce expresamente que la violencia económica es una forma de violencia de género”, por ejemplo cuando un hombre es condenado por no pagar la pensión y por no cumplir con sus obligaciones como progenitor. El Tribunal Supremo ha reconocido este tipo de actitudes como integrantes de la violencia de género y distintos tribunales, como por ejemplo la Audiencia de Madrid, han establecido que haberla sufrido debe ser suficiente para obtener una pensión de víctima de violencia machista.

Aunque ha pasado desapercibido, las parejas de mujeres llevan cinco meses pudiendo inscribir a sus hijos en el Registro Civil a nombre de ambas sin tener que casarse obligatoriamente. Es uno de los requisitos discriminatorios al que seguían sometidas las lesbianas y bisexuales al formar una familia con el que ha acabado la Ley Trans desde su entrada en vigor en febrero. Sin embargo, la amenaza de que un gobierno del Partido Popular y Vox salga de las urnas este 23 de julio hace aflorar el miedo entre las parejas de mujeres y hay quienes, aunque la norma ya no se lo imponga, están decidiendo casarse ante el riesgo al retroceso.

Es el caso de Roma de las Heras y Pau García, una pareja que está actualmente inmersa en el proceso de reproducción asistida en la sanidad pública de Madrid. Aún no han tenido a su bebé, pero ya han tomado la decisión de que contraerán matrimonio. Roma asegura que lo harán empujadas por el “clima político” que tiene en la diana a los derechos LGTBI, una ola reaccionaria a nivel global que ha escalado en la Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni hasta empezar a borrar a la mujer no gestante de los registros de hijos de dos madres, como ya está ocurriendo en la ciudad de Padua.

Pero más allá de Italia, tanto PP como Vox llevan en sus programas electorales la derogación de la Ley Trans, la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y ante ello, hay familias de dos madres que prefieren prevenir y no esperar a ver qué pasaría en ese caso con la filiación conjunta de sus hijos sin ellas estar casadas. “La decisión final de casarnos llega por apoyarnos ante este contexto político en todos los resquicios que nos pueden dar una mínima protección. Si tumban la ley y nos quedamos como antes sabemos que estar casadas hace la diferencia”, explica Roma.

La decisión final de casarnos llega por apoyarnos en todos los resquicios que nos pueden dar una mínima protección

Roma de las Heras

Hasta febrero la única opción que tenían las madres no gestantes para aparecer en el Registro Civil si la pareja no contraía matrimonio era iniciar un proceso de adopción de su hijos. Y si no lo hacían, las criaturas se inscribían solo con una madre. Esto era así porque el Código Civil solo reconocía la posibilidad de filiación sin matrimonio a las parejas heterosexuales, a las que solo bastaba con que el hombre declarara ante el Registro Civil que era al padre, independientemente de que lo fuera o no en términos biológicos o hubieran usado técnicas de reproducción asistida. La Ley Trans lo que ha hecho es ampliar esta posibilidad a las madres no gestantes.

Sin embargo, para Roma no solo no ha dado tiempo a que la legislación se consolide plenamente “y confiarnos”, sino que además duda de que “socialmente vaya a haber una defensa fuerte de la ley si la derecha la quiere tirar”, afirma haciendo referencia al calado que ha tenido “la campaña contra ella” desplegada tanto por la derecha como un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género. Lo que tiene claro esta mujer de 33 años es que contraer matrimonio es una decisión “que no hubiera tomado si no tuviera una pareja que no es un chico” y apunta a cómo la boda es en su caso también “una forma de visibilidad”.

El desconocimiento de la ley

Que muchas parejas de mujeres están optando por casarse para filiar a sus hijos e hijas es una realidad que constatan en la asociación estatal de familias homoparentales Galehi. “Por un lado hay miedo a que deroguen la ley y que en ese caso cuando quieran ir a registrar a los peques no puedan y por otro, la ley es muy reciente y todavía estamos encontrándonos casos de registros que no tienen constancia de ella, así que para evitarse problemas acaban casándose”, sostiene Sara del Olmo, presidenta de la organización.

Es algo que ha vivido en su propia piel Sofía, que prefiere usar un nombre ficticio “por motivos laborales” y vive en un pequeño pueblo de Lugo junto a su pareja y su bebé de apenas un mes de vida. Ellas han sido de las primeras parejas en hacer uso de la nueva norma y filiar a su hijo sin casarse previamente, pero el periplo que han vivido no se lo ha puesto fácil. Y es que el secretario del Juzgado de Paz de su pueblo se negó a hacerlo a pesar de que con la Ley Trans tenían todo el derecho. “Nos hizo sentir muy mal, nos denominó familia anormal en toda la cara”, denuncia Sofía.

Incluso a pesar de la intermediación de la alcaldesa del municipio, la pareja no logró que el secretario del juzgado diera su brazo a torcer, según cuentan, y se vieron obligadas a inscribir a la criatura en el Registro Civil de Vigo acompañadas por la asociación LGTBI gallega Nós Mesmas. Esta vez sin ningún problema. “No tenemos nada en contra del matrimonio, pero que nos obliguen y sea una imposición nos parece discriminatorio cuando a las parejas 'hetero' no se lo exigen”, sostiene Sofía, que puede entender que “la ley sea desconocida” pero no que el secretario del juzgado “se negara” incluso tras haberse puesto en contacto con él una asesora jurídica a la que pidieron ayuda.

La pareja consiguió el pasado mes de junio finalmente su objetivo, pero ahora planean casarse debido al “miedo a retroceder en los derechos conseguidos”. Ya no les da tiempo a hacerlo antes de las elecciones del próximo domingo, pero sí se lo plantean antes de que se conforme el futuro Gobierno. “El objetivo es prevenir la posible pérdida de derechos y el retroceso. Sobre todo para proteger a nuestro hijo y no tenga ningún tipo de problema”, afirma Sofía, que nombra lo ocurrido en Italia.

Un PP que las excluyó de la reproducción asistida

La sombra italiana se erige como una amenaza para las familias homoparentales, que ven en la conexión Meloni-Santiago Abascal una posibilidad real de que este tipo de políticas acaben llegando a España y más aún cuando el presidente popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha respaldado que la presidenta italiana forme parte del PP europeo. El eliminar de los registros a las madres no gestantes “puede parecer algo de casi ciencia-ficción, pero nos tiene a las familias muy preocupadas y es una amenaza clara y directa”, cree la socióloga de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carmen Romero Bachiller, que forma parte del colectivo Familias Heterodisidentes.

Aún así, la situación “no es la misma” en ambos países, sostiene la experta. En Italia ni siquiera están permitidas las técnicas de reproducción asistida para mujeres lesbianas o solteras y en España “ya somos muchas las familias que tenemos hijes”, afirma Romero. Estos registros llevan siendo posibles desde 2007 y se trata de una ley estatal, por lo que no está muy claro que jurídica y legalmente pudiera hacerse lo mismo que en Italia de forma retroactiva. Además, piensa la socióloga que en ese caso “habría una gran contestación social” en España, un país con un alto nivel de aceptación de las personas LGTBI.

De todos modos, no desdeña Romero los efectos “de la normalización de discursos LGTBIfóbicos” ni Del Olmo, de Galehi, que también opina que sería difícil calcar el modelo italiano, minusvalora la posibilidad de que “otras medidas similares” sí puedan ponerse en marcha.

Y es que la familia es una de las grandes disputas de la batalla ideológica que da la extrema derecha en todo el mundo. “Todo lo que tiene que ver con diversidad familiar les escama. Su ideario está marcado por la protección de la familia, pero no es cualquiera, es la nuclear, 'hetero', de un padre y una madre con sus hijos a cargo y todas sus medidas van encaminadas a reproducir ese modelo y restringir los demás”, cree la socióloga.

Esta “imposición moral” no es nueva y ya cristalizó en 2014 en la decisión que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de restringir la reproducción asistida en la sanidad pública a mujeres lesbianas, bisexuales con pareja mujer solteras. “La falta de varón no es un problema médico”, argumentó la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato. Aunque las comunidades fueron revirtiendo desde entonces esta exclusión, no fue hasta noviembre de 2021 cuando el Gobierno de coalición aprobó una orden ministerial con la que recuperó el derecho e incluyó también a las personas trans con capacidad de gestar.

Las políticas directamente discriminatorias con las parejas de mujeres han convivido con la invisibilidad que ha atravesado históricamente el colectivo. Es paradigmático en este sentido lo que ocurrió con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. La norma, que puso a España a la vanguardia del mundo en derechos LGTBI, reguló la adopción, a la que empezaban a poder acceder los hombres gays, pero pasó por alto la posibilidad de que las parejas de mujeres pudieran tener hijos biológicos que filiar conjuntamente. Así que la madre no gestante, incluso aunque estuviera casada con la gestante, debía adoptar al niño para ser considerada legalmente su madre. Así fue hasta dos años más tarde, cuando en 2007, aprovechando la Ley de Identidad de Género, se incluyó esta previsión.

“Aún así las trabas para acceder al registro continuaron”, aclara Romero, que pone como ejemplo su caso: en 2014, ella y su pareja quisieron filiar a su criatura y “aquello fue un periplo” en el Registro Civil “donde nos hicieron dar vueltas por todos los departamentos porque nadie sabía cuál era el proceso para dos madres lesbianas”, recuerda.

Todos sabíamos que iba a ocurrir. Era solo cuestión de tiempo. La exuberancia irracional de frivolidad que vive el debate político en España ya ha generado otra nueva subespecie para un hábitat ya superpoblado por especies fruto de la involución: los padres que no quieren ser progenitores. 

Acompañados por sus primos con problemas de compresión lectora —los editores de agencias y medios ignorantes de que la disyuntiva de “padres o progenitores no gestantes” y “madres o progenitores gestantes” no elimina a ninguno, sino que añade ambos al concepto jurídico—, liderados por Núñez Feijóo, un grupo indeterminado de padres se niegan “como hombres” a ser progenitores; planteando así serias dudas sobre sus conocimientos de biología, lengua española y ciencia jurídica.

A la frivolidad de criticar a la ley trans por poco menos que volver más fácil que te den hormonas que ibuprofeno de seiscientos en la farmacia, le sucede ahora la fruslería de oponer dialécticamente a los padres y a los progenitores o convertirlo en un conflicto de clase al mejor estilo Santiago Abascal; donde los poderosos serían esos progenitores multimillonarios privilegiados y pervertidos, mientras los desposeídos serían esos padres españoles de toda la vida suprimidos e ignorados. 

Confrontados a la realidad de que la ley se limita a introducir en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud los tratamientos que administran con competencia exclusiva y desde hace años las autonomías —las suyas también—, la reacción ha sido tirar hacia adelante y declararse padres que no quieren ser progenitores. Si la realidad me desmiente, que se joda la realidad. Nunca falla.

Confrontados a la evidencia de que la ley regula, en realidad, el cambio en el Registro Civil, España se ha empapado de ese olor a calzoncillo mojado que dejan tantos opinadores y opinantes al pronosticar que hordas de hombres con su miembro tieso correrán a registrarse como mujeres para poder entrar en sus vestuarios o disfrutar de los incontables privilegios que las mujeres aprovechan en España desde hace décadas. Porque, como es bien sabido, en España, quienes realmente lo pasan mal, apenas tienen acceso a recursos, becas y oportunidades laborales o profesionales, son los hombres. 

Al parecer la lógica es que compensa registrarse mujer porque es un chollo y, además, ahora resultará mucho más fácil. Ante tanta diarrea mental a uno siempre le queda la duda de si tienen el cerebro en la bragueta o el cerebro es la bragueta y cuál de las dos respuestas puede explicar mejor tanta descomposición.

Los hijos comienzan amando a sus padres; al volverse mayores los juzgan; a veces los perdonan.

Oscar Wilde

Una jueza francesa ha prohibido a unos padres inscribir a su hijo con el muy común nombre de Pierre (Pedro) con toda la razón del mundo. Los buenos señores se apellidan Tombale y en francés, pierre tombale es lápida. Unos padres con dos dedos de frente no deberían ni en broma querer eso para uno de sus retoños, pero parece que sí, que o no repararon o les daba exactamente igual lo que el futuro le fuera a deparar a su hijo con tal nombre y no sólo en la noche de Halloween.

Esa misma circunstancia se ha reproducido estos días en el País Vasco con la magistrada que ha denegado la inscripción de una niña con el nombre de Hazia, con base a la norma de la ley, que impide inscribir a los niños con nombres que tengan connotaciones negativas o que atenten contra la dignidad de los menores. En el Labayru Hiztegia aparece la siguiente entrada: “Hazia isuri edo Hazia bota: adj. lok. ad. dau. Eyacular”. Me imagino a los crueles compañeritos, dentro de unos años, gritándole en el patio de la ikastola a la niña, en un imaginativo cruce del euskera y el castellano: ¡Hazia, bota!, ¡Hazia, bota! El mero hecho de que exista esa posibilidad, de que a mí o a cualquiera se le ocurra con cierta facilidad, refrenda la aplicación de la legalidad realizado por la magistrada vitoriana. El superior interés del menor no es una frase hecha sino un concepto legal de prioritaria aplicación.

No es mi intención comentar mucho más una resolución que, o bien sería prevaricadora -gratuita, injusta, sin motivación en la ley-, que desde luego no lo parece, o bien es legal y lo que queda es recurrirla ante la Dirección General de Registros y Notariado. No, lo que a mi me llama la atención de esta movida en la que se han visto implicados diarios de solera, la Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) y múltiples políticos y particulares en redes, son las cuestiones sociales que pueden extraerse, ninguna demasiado halagüeña.

La primera de ellas es la convicción que parece generalizada de que la voluntad es fuente de legalidad. Esta destructiva idea es centro ahora mismo hasta en el Congreso de grandes polémicas. De lo leído sobre la pretendida niña Lefa -llamémosla así para entender el alcance de lo que piden- me parece extraer la generalización de una idea patrimonial de los hijos que pretendidamente coloca la mera volición de los progenitores por encima de cualquier otra disposición. Esto no afecta sólo a la elección del nombre, como en este caso, sino a la voluntad de que a tus hijos no les enseñen en la escuela lo que a ti no te interesa; lo que estamos viendo con los terraplanistas, creacionistas estadounidenses y con la ultraderecha respecto a la educación sexual en España. Esto es tan antiguo como los romanos, ya saben, el esclavo era patrimonio del paterfamilias. El Estado de derecho nos impide tratar a los hijos peor que a esclavos y protege a ciudadanos aún indefensos de las veleidades de quienes biológicamente les han traído al mundo sin que por ello devengan propiedad de los mismos, como si fueran mascotas. Un nombre puede destrozarte la infancia y, con la infancia, la psique. No hace falta ser un lince para saberlo. El Estado de derecho nos protege de nuestros propios padres y hasta de nosotros mismos, impidiéndonos aceptar la esclavitud, la mutilación y otras tantas cuestiones que afectan a nuestra dignidad.

Esto nos lleva a la segunda cuestión, a la pregunta obligada: ¿qué buscan estos padres eligiendo nombres imposibles paras sus vástagos? Hemos pasado de imponer los incómodos nombres del santoral, incluido el martirologio romano, -Cristóforo, Cojoncio- o los castellanos nombres godos de los padrinos -Eduvigis, Gertrudis- a ponerles a los críos nombres de artistas o de personajes de series televisivas. Hasta para eso es permisiva la norma de inscripción española, pero tiene límites. La antroponimia de los tiempos modernos es muy poco inspiradora. ¿Por qué quiere un padre ponerle a su hijo Messi o Khaleesi, Arya o Daenerys? Todos se han aceptado. La ramplona épica de la época parece no entender que esos nombres acompañarán a una persona toda su vida o hasta que hartos de ellos decidan cambiárselos en el Registro alegando, cómo no, los inconvenientes derivados de tales caprichos. Habría que explorar esas ansias de pretendida exclusividad para ellos o para sus retoños que parecen acompañar a estas insensatas decisiones. Ha habido intentos de registrar a un niño como Satán u O’Donnell y a niñas como Luba (guante, en gallego), Mandarina, Autonomía y Río. ¿Por qué no Tortilla, que es tan patriótico? A lo mejor la existencia de cientos de páginas dedicadas a proponer 'nombres originales' nos den una pista antropológica de los devenires del narcisismo social. Pero ¿y los hijos?

La tercera cuestión que llama la atención es lo fácil que es convertir en agravio identitario cualquier cosa. La Academia de la Lengua Vasca ha ofrecido un informe a los familiares de la espero que imposible Hazia para su recurso. En medios bien tradicionales se ha presentado el caso como una imposición de odio a lo vasco, como si en euskera no existieran, como en todas las lenguas, nombres propios y nombres comunes y como si por ser una lengua difícil pudiera predicarse que es posible usar para las personas cualquiera que suene exótico. He mostrado muchas veces el cariño que le tengo a esa lengua de mis antepasados, pero precisamente por ello soy consciente de la larga lista de nombres de persona que ya tiene el euskera. Nadie ataca ni a la lengua ni a sus hablantes, pero hasta los catalanes han hecho del asunto de Lefa (perdón, de Hazia) un tema identitario.

No se puede olvidar tampoco la campaña emprendida contra la magistrada del Registro Civil de Vitoria que, hasta donde se ha publicado, ha cumplido con la norma y que no “se impone a la voluntad de los padres y decide que Hazia se llame finalmente Zia”, como se ha titulado en Vitoria, sino que dio los días preceptivos a los progenitores para elegir otro nombre y ante la negativa de estos hizo lo que la ley le exige. Recursos y no linchamientos es lo que necesitamos. La libertad en una democracia no consiste en la preeminencia absoluta de la voluntad de cada uno de los ciudadanos, sino en la elección soberana de estos dentro de los márgenes establecidos por la ley. Y esas líneas rojas, también la de la prohibición de inscripción de ciertos nombres, siempre tienen detrás razones fundadas, aunque cada vez más ignaros las desconozcan o las atropellen.

Los hijos perdonan a los padres, pero sólo a veces.  

Una magistrada de Vitoria, Cristina Rodríguez Ruiz, ha vetado el nombre Hazia para una niña recién nacida, que era la opción que querían registrar oficialmente sus padres, y ha ordenado recortarlo a Zia, un supuesto equivalente en latín. Se escuda en que en euskera puede significar también 'semen', si bien su acepción y uso principal es la de 'semilla' e incluso hay un organismo del Gobierno vasco que se llama Hazi sin ninguna connotación peyorativa. “Se va a llamar Hazia y vamos a hacer todo lo posible”, ha clamado la familia tras conocer la resolución judicial, difundida inicialmente por 'El Correo'.

La niña nació el 22 de octubre, su padre presentó la documentación en el registro 48 horas después y a los cuatro días de vida el registro avisó de que el nombre elegido “no se correspondía con ninguno de los nombres consignados en los archivos de Euskaltzaindia”, la Real Academia Vasca de la Lengua. Los padres se negaron a recoger y firmar dicha providencia, según consta en la documentación judicial.

La magistrada, que se hizo conocida en Vitoria por una resolución en la que determinó que revisar los exámenes de las oposiciones médicas de Osakidetza no aportaba nada a la causa cuando lo investigado eran precisamente los exámenes y las notas, argumenta que la ley le faculta a “imponer” un nombre “cuando los obligados a su fijación no lo señalaren”, algo que se estima que rechazaron cuando no firmaron la primera denegación. “Euskaltzaindia no reconoce Hazia como nombre propio. Únicamente certifica que la palabra es un derivado de un verbo con un determinado significado. Ni siquiera se atreve a aventurar el significado de la palabra en sí”, estima la magistrada obviando que es una derivada con artículo del sustantivo 'hazi', de uso muy extendido y con numerosas entradas en el diccionario académico. Abunda la juez que “el nombre propuesto tampoco aparece en ningún registro civil español, ni se ha articulado prueba sobre su admisión en otras lenguas diferentes del euskera”.

Así, estima que la normativa obliga a impedir nombres “que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación”. “La palabra propuesta significa en el euskera usual 'semen' y la connotación sexual es la más habitual, siendo un sustantivo que acostumbra a ir unido al verbo 'bota', de forma que 'hazia bota' viene a significar 'eyacular'”, argumenta. Sin embargo, consta un musical titulado 'Hazia' sobre el cooperativismo, hay una sala de pintura con el nombre y hasta una asociación de pensionistas con EPSV en una conocida entidad bancaria. Y en la hemeroteca del diario en euskera 'Berria' hay decenas de reportajes con la palabra en el titular.

La juez añade que la ley le obliga a poner otro nombre tras vetar el inicial y ha optado por Zia, porque “resulta fonética y semánticamente equivalente al inicialmente solicitado” pero “sin connotaciones negativas y constando registrado en otras ocasiones como nombre propio”. Añade que la norma impone a los jueces que han de elegir “un nombre de uso corriente” en estos casos pero entiende Rodríguez Ruiz que esa previsión normativa “indeterminada”, por lo que asegura que vale cualquiera “legalmente admisible”. La magistrada concluye su resolución recordando que cabe interponer recurso en el plazo de un mes ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

“En ningún momento pensamos que esto pueda ser peyorativo para la niña. El nombre de Hazia se ha elegido con muchísimo cuidado y para los padres es su semilla. A nosotros no nos importa y pensamos que nadie que se llama Zigor -”castigo“ o ”condena“ en euskera- se va flagelando por ahí”, explica la abuela. Sobre el nuevo término elegido, afirma: “Fonética y semánticamente es muy parecido, pero la niña no se llama Zia. Se va a llamar Hazia y vamos a hacer todo lo posible”. Además, muestra su incredulidad de que sea admisible una forma en latín y no en euskera si el significado es esencialmente el mismo.

Euskaltzaindia no ve “impedimentos”

En un comunicado a la luz de la “controversia” suscitada por este caso, Euskaltzaindia se ha ofrecido a preparar un informe sobre el término Hazia para “poner a disposición de la familia”. La academia, en todo caso, recuerda que ya recibió una consulta por parte de los progenitores y que les manifestó que “no veía impedimento” alguno con la palabra, ya que hay “otros nombres derivados de un sustantivo común” como Amets, Haizea, Lizar, Nahia, Zeru o Zuhaitz. Diagnostica Euskaltzaindia que “este tipo de controversias son frecuentes en los registros civiles, especialmente por cuestiones del género asociado al nombre”. Recuerdan que en 2018 ya solicitaron al Ministerio de Justicia de España que “actuara con flexibilidad en los casos de género”.

No habrá recurso y la pequeña será española. Aunque la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia y que históricamente había sido conocido como Dirección General de Registros, había dado la orden por escrito a la Abogacía del Estado de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de revocar la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que concedía la nacionalidad española a una niña de madre camerunesa que nació en su trayecto migratorio, en concreto en la ciudad marroquí de Agadir, el Gobierno ha tomado la decisión política de no recurrir, según recalcan fuentes oficiales.

Antes, fuentes conocedoras de este procedimiento habían indicado que el recurso ante el alto tribunal sería presentado la semana que viene. La sentencia de segunda instancia se ha conocido esta semana pero fue emitida a mediados de mayo, por lo que el plazo para la presentación de recursos ante el Supremo expiraba en breve. El Gobierno subraya ahora que ni la ministra, Pilar Llop, ni el secretario de Estado ni otros altos cargos habían dado tal orden de presentar un recurso a la Abogacía del Estado.

La niña entró en España por Tarifa en patera como apátrida con su familia el 8 de mayo de 2018 y la madre se instaló inicialmente en la localidad cordobesa de Montilla y, fruto de la mediación de Cáritas, luego se trasladó a Donostia. Ni Camerún ni Marruecos ni España habían accedido a registrar el nacimiento de la niña. En el caso español, el Registro Civil rechazó la demanda y, después, el Estado se ha opuesto cuando el caso saltó a un juzgado de primera instancia de Donostia y después ante la Audiencia Provincial. Ahora se ha conocido que no seguirá pleiteando ante el Supremo a pesar de la posición técnica favorable a hacerlo.

La resolución judicial, firmada por los magistrados Luis Blánquez, Felipe Peñalba y Ane Garay, remarca que la “apatridia” había hecho que el Ayuntamiento donostiarra denegase también el empadronamiento y, con ello, no ha sido posible “cambiar de centro escolar, [...] cursar actividades extraescolares y [obtener] tarjeta sanitaria” de Osakidetza“. Desde ámbitos sociales se había considerado este fallo como ”pionero“ al dar contenido a los tratados internacionales que se refieren a los derechos de la infancia y al dar resolución a un laberinto administrativo entre tres países. Se había utilizado el derecho ”para solucionar problemas sociales“, en palabras de Cristina Manzanedo, coordinadora del Proyecto Odös, que ha dado apoyo a la madre en el proceso.

Según las fuentes consultadas, inicialmente se esgrimía formalmente que existen acuerdos bilaterales con Camerún que establecen con claridad que los descendientes de cameruneses tienen esa nacionalidad y se remarcaba que la niña no nació en territorio español, lo que sí supondría automáticamente la concesión de la nacionalidad. Sin embargo, había también como argumento de fondo un posible “efecto-llamada” de madres migrantes que lleguen a las costas españolas con hijos pequeños y que esgriman este precedente “dudoso” por el papel de Marruecos para obtener la nacionalidad.

Asimismo, a lo largo del proceso, el Ministerio de Justicia explicaba también que “no se ha producido vulneración de ninguno de los derechos fundamentales” ya que “los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza” la Constitución “en los términos establecidos por los tratados y la ley”. El “mero hecho de ser apátrida” no da derecho a la nacionalidad, argumentaban, e insistían en que “la menor no ha nacido en España, sino en Marruecos”.

En el proceso, en todo caso, ya había quedado patente la dificultad para acceder a la nacionalidad de Camerún. La embajada de este país africano en España propone que la familia o acuda a la embajada en Marruecos o bien a la propia Camerún para hacer el papeleo. Pero se alegaba que una menor sin documentación tiene imposible cruzar fronteras o embarcar en un avión, por ejemplo. La sentencia de primera instancia indicaba, además, que se estaba empujando “de facto” a que la madre “abandone” a la niña en España para “iniciar un proceso judicial” en África “que tampoco garantizaría la adjudicación de la nacionalidad”, a lo que se añade que esta familia no dispone de recursos económicos para poderlo afrontar.

El apellido del padre primero y el de la madre después. Es el esquema tradicional, una obligación hasta hace dos décadas y la fórmula que siguen eligiendo la abrumadora mayoría de las parejas heterosexuales en España cuando tienen un hijo o hija. Con la entrada en los años 2000, nuestro país permitió que el de la mujer pudiera ir en primer lugar, pero hacerlo estaba sujeto a más requisitos porque el paterno seguía teniendo preferencia. Sin embargo, 17 años más tarde la ley dio un paso más y eliminó esta prevalencia: los progenitores deben decidir desde entonces el orden de los apellidos de su descendencia, pero esto no se ha traducido en un incremento de las familias que escogen que sus hijos lleven primero el materno.

Esta opción es ínfima, casi testimonial, según revelan los datos facilitados por el Ministerio de Justicia a elDiario.es: los bebés con el apellido de la madre en primer lugar ni siquiera llegan al 1% del total de nacidos desde hace cinco años. Son 9.839 de 1.950.000, el 0,5%. Por años, la incidencia de esta opción se ha mantenido más o menos estable. En 2017, el año en que entró en vigor la reforma, los registros civiles registraron una mayor proporción que los años siguientes, pero en ningún caso ha superado los 3.000 bebés.

Los datos, apunta Justicia, hacen referencia al total de inscripciones, en las que están incluidos los hijos de parejas homosexuales también, a los que no afecta este análisis. El ministerio aclara que las cifras son las inscripciones incluidas “al minuto” en el sistema informático Inforeg, al que se han ido incorporando progresivamente los registros civiles -por eso, la cifra de nacimientos se ve incrementada año tras año en la tabla siguiente-.

Así que parejas como la de Rafael Merino y Sara Saavedra o la de Cova Díaz y Nico Ordozgoiti son un auténtica excepción. Ambas tienen dos hijos que llevan en primer lugar el apellido de ellas, una decisión que tenían clara “desde el principio”, antes del nacimiento del primero, cuenta Rafael, que en su caso fue en abril de 2017. Creen que “es un pequeño gesto, pero con un gran trasfondo” porque la prevalencia del masculino “siempre nos pareció una discriminación propia de la sociedad patriarcal”. Y ese, dice, es el principal motivo que les movió: “Era una acción simbólica e incluso un acto reivindicativo para visibilizar que ambos tienen el mismo valor y enseñarles a nuestros hijos que las mujeres no tienen por qué ir en segundo lugar”, explica Rafael, que vive con su familia en Manzanares el Real (Madrid).

Algo similar manifiesta Cova. Ella y su pareja, Nico, tomaron la decisión “por una cuestión totalmente feminista: nos planteamos que nos parecía importante transmitirle a nuestro hijo que no simplemente por ser hombre tiene que ir su apellido primero”. Y en su caso incluso lo han hecho a pesar de que el de Nico es un apellido menos común que el de Cova, algo que suele influir en la elección. “Díaz no tiene mucha enjundia y es muy común, es algo que piensas, pero aunque partió de mí la idea al final es algo que compartimos los dos. Entre nosotros no ha supuesto ningún problema, aunque sí nos ha pasado en nuestro entorno que mucha gente nos ha dicho las típicas cosas de por qué hacéis eso, qué necesidad...”, reflexiona Cova. Rafael es consciente de que “para la mayoría de las personas no tiene relevancia”, pero “para nosotros sí, es una forma de visibilizar la igualdad”.

“Pesa la costumbre”

Ambos comparten la importancia de hacer uso de una opción que hasta hace no mucho estaba vetada: hasta el año 2000 era obligatorio que el apellido del hombre fuera primero, y desde entonces se permitió, pero hacerlo implicaba una declaración de ambos progenitores porque se seguía dando por hecho la preeminencia del masculino. Si no se ejercitaba esta opción, regía lo dispuesto en la ley. Y esto era que “el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo apellido es el primero de los personales de la madre”. La norma cambió a mediados de 2017, y a partir de entonces el Registro Civil no da por hecho ningún orden, sino que lo deciden los progenitores. En caso de que no haya acuerdo, el encargado lo acuerda “en base al interés superior del menor”.

Carlos Villagrasa, profesor de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona (UB) explica que la reforma “ha sido seguida por otros países como Chile o México” y que la idea es fomentar “un mayor equilibrio” en el uso de los apellidos, algo que, al menos de momento, no se ha logrado. “Lo que ocurre es que no es un tema del que se suela hablar, creo que en esto ha faltado información y mucha gente no lo ve como una decisión trascendental”, cree el experto, salvo en entornos feministas, de personas “muy informadas” o en casos particulares “cuando no quieren que se pierda por algún motivo el apellido de la madre, es menos conocido o queda mejor en combinación con el nombre”. Así que la regla general que acaba primando, añade Villagrasa, es “la tradición” porque “pesa mucho la costumbre”.

A lo mismo se refiere Teresa San Segundo, profesora de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y directora de su Centro de Estudios de Género, para la que “a pesar de que a mucha gente le pueda parecer que no, es algo importante, porque lo simbólico es también clave en la igualdad”. Los motivos del pequeño porcentaje de familias que decide poner el apellido de la mujer primero se reducen “a la imposición de la línea masculina”, opina la experta, pero en la práctica puede darse de diferentes maneras: “Habrá quienes quieran claramente seguir la tradición y otro grupo que no se lo plantea ni se lo cuestiona, pero también creo que hay mujeres que igual lo han pensado y no lo ponen sobre la mesa para huir de un posible conflicto porque sería como ir contra el hombre o su familia”.

En el caso de Rafael y Sara o Cova y Nico “no hubo ningún problema” en este sentido, explica esta última, aunque los primeros sí sintieron algo parecido respecto a la familia del padre: “No dudamos del motivo por el que tomábamos la decisión, pero antes del nacimiento de nuestro primer hijo sí surgió un sentimiento de culpa por cómo podía sentirse la familia paterna y respecto a cómo trasladárselo para que comprendieran lo importante que era”, cuenta Rafael. San Segundo cree que “el miedo a plantearlo” puede también pesar en muchos casos, lo que es “una muestra de que estamos en una sociedad patriarcal y sigue costando, incluso en este tipo de cosas, ir contra la superioridad del hombre en la sociedad”, zanja.