“Yo veo mi trayectoria y me aplaudo a mí misma. Todo lo que he pasado… Miro hacia atrás y pienso que esto podría ser una película”. Quien habla es Laura Vilar, una mujer de 67 años, una “pionera” de la lucha trans en España, vecina del barrio de Gràcia de Barcelona y trabajadora sexual.

Vilar empezó a alternar en un cabaret que se creó para que las mujeres trans y las travestis no tuvieran que andar solas y desprotegidas por la calle y dejó el oficio para cuidar de su madre cuando todavía era joven. Después de su muerte, se encontró con una casa vacía, sin ingresos y sin “motivaciones”.

Así que se propuso volver a trabajar, a pesar de la duda de si una mujer con sus años seguiría resultando atractiva. “No pongas mi edad. Pon que soy madura y ya está. Porque si digo cuánto tengo, no vendrá nadie”, vaticinaba Vilar mientras creaba su perfil en una web de contactos. Pero se equivocaba.

El teléfono no le para de sonar y está contenta. Por haber vuelto a trabajar, pero también por sentirse deseada, verse atractiva. “Sin esta coquetería, se me hace difícil vivir”, confiesa mientras se arregla ante el espejo. “Esta vieja no está muerta”, dice, pícara, levantándose el vestido y enseñando pierna.

En lo que sí tenía razón Vilar es en que su vida tanto parece una película que se ha convertido en un documental. Siemprevivas es un film que toma el retorno al ruedo de esta mujer como hilo conductor que va zurciendo la historia de otras cinco trabajadoras sexuales de Barcelona. Algunas son migradas, otras nacidas en la ciudad. Las hay que siguen trabajando y las hay que se han retirado. Lesbianas o heteros, cis o trans, lo que comparten todas es que tienen más de 60 años.

Siemprevivas, que se estrena el sábado 21 en el Festival D'A, es un documental protagonizado por trabajadoras sexuales, pero que no va de la prostitución. Va de la amistad entre ellas, de la libertad y de la sexualidad a todas las edades. Porque rompe tópicos y no muestra imágenes a contraluz de un neón rojo ni escenas en callejuelas nocturnas.

El film acompaña a seis señoras a la playa, a esparcir las cenizas de una madre fallecida o a tomar un vermut. Seis señoras que, mientras aprueban la pinta de las croquetas, hablan sin tapujos sobre el fist-fucking (aunque sin saber que se le llama así) que les pidieron o del striptease que le hicieron a un cliente de 95 años hace pocos días.

Una vida para la emancipación

“Cuenta la historia que han querido contar ellas. Y de la manera en que han querido”, explica a elDiario.es Mar López Zapata, directora del documental. Siemprevivas es capaz de adentrarse tanto en la vida de estas mujeres porque, de hecho, la relación entre la cineasta y sus protagonistas empezó hace años, cuando ella era, a penas, una niña. “Eran como mis tías. He hecho hasta de canguro de alguna de sus hijas”, explica López Zapata.

Todo viene de su madre, Diana, quien emigró desde Colombia y, una vez en Barcelona, empezó a ejercer de psicóloga con trabajadoras sexuales de la mano de un grupo de investigación que quería indagar sobre su vida y motivación. “Era algo que iba más allá de la academia. Queríamos entenderlas”, resume la terapeuta.

El film está lleno de declaraciones que pueden resultar incómodas y complicadas de comprender para alguien ajeno al trabajo sexual. “A mí me llamó el puterío porque yo lo que quería era estar con señores”, confiesa Vilar. Como mujer trans nacida en pleno franquismo, la prostitución fue la única manera que encontró de descubrir su sexualidad.

En un caso parecido se encuentra Vicenta. Nació en Venezuela hace 66 años y llegó a Barcelona para escapar de una familia que la repudió cuando salió del armario como mujer trans. “Mi padre me decía que me iba a lanzar al mar con una soga al cuello atada a una piedra muy, muy pesada para que en el fondo del mar se me comieran los tiburones”, dice.

Recuerda su juventud como un lugar oscuro, durante el cual, a pesar de ser maltratada por su familia, se dejaba la piel para cuidar de su madre. Pero un día se hartó y migró. La única salida que encontró fue recorrer las calles en busca de clientes. Las mismas calles que recorre junto a elDiario.es para esta entrevista. “Me hace venir recuerdos. Yo trabajaba aquí. Fueron buenos años”.

Vicenta no romantiza el trabajo sexual, que le valió diversas multas y alguna agresión física, pero sí reconoce que fue algo que le permitió “romper las cadenas de la sumisión. Las que me ataban a mi familia y a la sociedad y que me hacían estar escondida”. Hoy, muchos años después de aquello, asegura que es feliz. “De verdad que sí. Aquí tengo amigas y una familia”.

De la calle a Los Goya

Vicenta dejó la calle hace algunos años. Se hartó de recibir violencia, no sólo por parte de los clientes, sino también de las instituciones. “Cuando cambiaron la ordenanza de civismo y empezaron a prohibir los mueblés, me joden entera. No podía trabajar en bares, pero tampoco en la calle”, resume esta mujer. Los cambios normativos coincidieron con el momento en que conoció a su pareja, lo que le dio estabilidad suficiente como para “reinventarse” en otro trabajo.

Para Marga también ha sido difícil convivir con las normativas. Cuenta que acumula 3.000 euros en multas por “uso indebido e intensivo” del espacio público, el mismo concepto que sanciona los coches mal aparcados. “Es un gran ejemplo: dicen que las normas abolicionistas son para proteger a las mujeres, pero en realidad nos acaban tratando como objetos”.

Esta mujer, nacida y criada en Barcelona, se dedica al trabajo sexual desde que tiene 19 años y lo compagina con otros empleos. Ha sido camarera de piso, ahora limpia casas de “gente de mucha pasta” y, asegura, la manera en cómo se gana la vida no la define. “Yo soy Margarita Carrera Roy y trabajo de, dónde, cuándo y cómo me da la gana”.

Ella es una trabajadora sexual orgullosa, pero matiza y apunta que no se prostituye cuando hace la calle. “Los prostituidos son los que están explotados por sus jefes, los que no alzan la voz y no reivindican mejores condiciones”. E insiste: “El trabajo no me dignifica, yo dignifico al trabajo”.

Marga es, por encima de muchas cosas, una activista. Lleva años participando de entidades en las que se trabaja por la regularización del trabajo sexual, pero a la vez, ayuda a las prostitutas que han sido víctimas de trata. Porque, igual que sus compañeras, no romantiza su oficio y sabe que, al contrario de su caso, hay mucha gente que no lo ejerce en libertad.

“Yo he salvado a mucha gente, a muchas mujeres”, asegura. Ha alertado a la policía de pisos donde había mujeres retenidas y ejerciendo contra su voluntad. Y todo, exponiéndose y poniéndose a ella misma en peligro. “Después de eso, yo tengo que volver a la calle. Ese es el compromiso con el feminismo, el ayudar a las compañeras y mancharse las manos. Nunca se ha salvado a nadie desde un despacho en el que se niega nuestra realidad”, remacha.

Esta mujer no se esconde y no miente sobre la fuente de sus ingresos. Se significó ante España entera desde el escenario de los Goya. Fue en la gala de 2006, año en que Manu Chao ganó el premio a mejor canción original por ‘Me llaman calle’, de la película ‘Princesas’. Marga fue a recoger el premio en su nombre y la intrahistoria de esos minutos de gloria todavía la llenan de orgullo.

Marga no tenía nada en su armario digno para la ocasión, pero acudió con un vestido de gala. “Tenía una vecina trans, la Reina, que se llevaba bien con otra vecina, la Consuelo, que acababa de ir a una boda y se había comprado un vestidaco”, recuerda. Su amiga se ofreció a pedir la prenda prestada. “¿Qué le vas a decir?‘¿Oye, es que mi amiga puta necesita un vestido para ir a los Goya?”. Pues fue exactamente eso lo que le dijo.

A las pocas horas, Marga lucía ese vestido y mandaba un abrazo y un mensaje de dignidad para todas sus compañeras desde la televisión. Todo el barrio lo vio. Todas sus vecinas, que no sabían a lo que se dedicaba. Hasta las monjas del colegio de su hija. Pero ella no tuvo vergüenza. “Soy quien soy, y a mucha honra”, se limitó a decir.

Me sorprende, entre todo lo que estuve leyendo sobre los Oscar, no haber encontrado ningún artículo que pusiera en relación a Queer de Luca Guadagnino con Anora de Sean Baker. Es verdad que la película de Guadagnino no recibió ninguna nominación, pero ese ninguneo fue noticia en sí mismo y, de todos modos, más allá de la competencia por los premios, es llamativo que dos de las películas más comentadas de los últimos meses tuvieran en el centro de sus narrativas la relación entre el sexo, el dinero y el amor.

El tema es, por supuesto, más explícito en Anora, en la que una prostituta de veintitrés años (que lleva el nombre de la película, pero se hace llamar Ani) se ve envuelta en una relación con un heredero ruso que le pinta todo color de rosa, por un tiempo, hasta que las cosas se complican con sus padres y la pobre Anora es devuelta a la realidad de un golpe seco. Queer, en cambio, es una adaptación de una novela homónima de William S. Burroughs, protagonizada por un gay cincuentón norteamericano en la década del cincuenta que se la pasa girando (se lee yirando, como se pronuncia en la acepción específica del término en la comunidad homosexual) por Ciudad de México hasta que se enamora de un joven soldado. El trabajo sexual no se lee necesariamente de manera tan explícita, pero sí aparece la cuestión del enredo entre cuerpos y recursos: William Lee, este protagonista encarnado de manera magistral por el ex Bond Daniel Craig, es el arquetipo del gay adinerado de cierta edad que utiliza el dinero que tiene a disposición (por razones que jamás se explican) para garantizarse la compañía de jovencitos que, de otro modo, parece suponer él mismo, no le regalarían su tiempo, o lo harían de manera mucho menos generosa (hay, para hablar de un arquetipo que va más allá del personaje, un gag recurrente sobre un amigo de Lee al que los bellos efebos con los que se acuesta siempre lo terminan robando).

Lo que me interesó del link entre ambas películas es que pienso que, justamente, las dos se ocupan de las líneas borrosas entre el trabajo sexual y el sexo a secas, o peor, entre el trabajo sexual y el afecto, el reconocimiento o incluso el amor. Tanto en Queer como en Anora lo interesante sucede cuando las interacciones entre las personas se corren de los extremos, de los casos paradigmáticos de relación económica o relación libre de intercambio. No hay conflicto ni drama en las primeras escenas de Anora, en las que la protagonista (la revelación Mikey Madison) ofrece un servicio con una tarifa precisa y términos claros, que el casi adolescente Vanya Zakharov contrata. La cuestión se vuelve compleja una vez que él la contrata por una semana entera, la lleva a fiestas y a viajes y a conocer a sus amigos; y más todavía cuando le propone matrimonio y la relación económica pasa de ser explícita y medida a ser más abstracta, cuando Anora puede ilusionarse con graduarse de prostituta a esposa mantenida. De manera similar, pero en un recorrido inverso, la relación entre Lee y Allerton, el muchacho del que Lee está perdidamente enamorado, se pone rara cuando Lee propone irse juntos a Sudamérica a cambio de pagarle todos los gastos.

Otra vez, la frontera porosa: si esta propuesta fuera tan clara como yo acabo de hacerla parecer no habría película, pero tanto el guion como la actuación de Craig hacen que esa escena sea una cruza indistinguible entre una oferta económica y una demanda de amor. Estos límites borrosos son el centro del atractivo sensual tanto de Anora como de Queer: le dan dimensión a sus tramas, capas a sus personajes y a las relaciones entre ellos, y tiñen la atmósfera de una suerte de sospecha sempiterna, una duda insoportable sobre lo que es cierto y lo que es negocio.

Creo, también, que en ese terreno límite los espectadores nos identificamos con estos protagonistas tan improbables de maneras muy incómodas. Tanto Anora como Queer (aunque la segunda mucho más que la primera) son explícitamente fantasías, cuentos de hadas, con mucha más aspiración de belleza que de realismo; pero eso no les impide (quizás, de hecho, todo lo contrario) acercarse a verdades fundamentales, sobre todo a partir de las grandes actuaciones de sus protagonistas.

La verdad fundamental que construyen Mikey Madison y Daniel Craig es la de la vulnerabilidad: podemos vernos en ellos porque incluso en la más calculadora de nuestras facetas, incluso si nos sentimos capaces de decirle a un heredero ruso que para pasar una semana con él necesitamos quince mil dólares y no diez mil, sabemos que nunca podríamos disociarnos del todo. Eso es lo que, justamente, no pueden hacer estos protagonistas: si pudieran, como los personajes de la serie Severance, volverse robots en ciertas instancias de la vida, todo sería más sencillo: pero todo el punto es que no pueden, que sus sensibilidades están prendidas hasta en los momentos en que menos les conviene.

Pienso que no es raro que en esta época queramos ver estas historias: incluso quienes no tenemos pensado abrirnos un Only Fans podemos sentir que ya es imposible que la conversión de todo en economía y consumo no empape nuestros vínculos; quizás, de hecho, sobre todo quienes no tenemos Only Fans nos sentimos más confundidos con el asunto. Porque es interesante lo que pasa: por un lado, la economización de los vínculos genera la expansión de nuevas modalidades del trabajo sexual que pueden ser mucho menos vinculantes. Una puede vender contenido sexual sin jamás verle la cara a un cliente; una puede, también, armarse listas de regalos en distintas apps, o exigirle a un hombre de maneras más o menos sutiles que le vaya comprando o pagando cada vez más cosas, sin jamás tener que ensuciarte las manos con dinero. Por otro lado, esa misma ampliación genera una incertidumbre tremenda: se va haciendo cada vez más difícil distinguir qué es trabajo sexual y qué no lo es. O quizás siempre fue difícil, y ahora solamente lo estamos empezando a aceptar; al fin y al cabo, Queer es una adaptación de una novela de los años cincuenta, y Anora ilumina con una claridad simple y diáfana esa tesis de Virginie Despentes según la cual una esposa puede no ser mucho más que una prostituta de un solo cliente.

La pregunta que me quedó dando vueltas es por qué Anora me pareció tanto más triste y menos luminosa que Queer. Quizás es tan sencillo como que en Queer seguimos a un tipo rico, y en Anora a una chica pobre. Pero mi sensación es que hay algo más. Queer, en una tradición, efectivamente, queer, parece tener fe en la posibilidad de que en relaciones mediadas por la precariedad, la clandestinidad, el estigma, la violencia y el cálculo aparezca también el amor verdadero; en Anora, en cambio, esa ilusión parece una fantasía infantil. De hecho, en Anora, es una confusión que solo puede aparecer por la belleza del cine; no aparece en los personajes, que nunca se dan un beso demasiado verdadero, nunca se conocen en profundidad ni se miran a los ojos. Más allá de qué película le guste a cada quien, creo que se juega algo importante sobre este tiempo en la pregunta de cuál de ellas tiene más razón sobre el mundo. 

Amelia Tiganus se describe a sí misma como una activista, escritora feminista, divulgadora y formadora. Eso es lo primero que dice al contar su historia para alejarse de la revictimización. También explica que es la directora de Emargi, asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas desde su dimensión local, nacional e internacional y presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas. Amelia es una de las caras más visibles de la lucha contra lo que ella llama el “sistema prostitucional” y el proxenestismo. “Hablo del sistema prostitucional porque mayoritariamente la gente cuando hablamos de prostitución tiende a creer que prostitución es sinónimo de prostituta y las más señaladas, cuestionadas y analizadas suelen ser las mujeres. Que si quieren, que si no quieren, que si ellas lo han elegido, que si son libres, que si no sé qué. Y de esta forma se invisibiliza a todos los demás actores del sistema prostitucional”, explica en una entrevista con este periódico.

Según detalla, para que la prostitución exista, hacen falta muchos más actores que las mujeres. “Hace falta que los estados tengan una legislación que facilite la exportación e importación de materia prima, que somos las mujeres y niñas principalmente de países del sur global, de países empobrecidos, de América Latina, África y países de Europa del Este. Después, bajo ese paraguas, están los proxenetas que se hacen pasar por respetables empresarios de la noche. Los grandes proxenetas de este país no son rumanos, colombianos o nigerianos, son autóctonos, son vascos, madrileños, andaluces, catalanes. Son ellos los que han creado a lo largo y ancho de este país un sistema para las mujeres empobrecidas. Y, por último, están los eternos invisibilizados, los puteros”, indica.

Amelia habla en calidad de experta, como ella misma sostiene, por los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria como activista, pero también por su experiencia vivida como superiviviente del sistema prostitucional. “El origen de mi historia se remonta a 1984 en Rumanía, en el seno de una familia obrera. Esto es relevante porque estábamos resistiendo los últimos años de la Guerra Fría y había mucha pobreza, desesperación y hambre. Cinco años más tarde cae el muro de Berlín y, con la revolución rumana entra el siempre violento capitalismo. En ese momento, para poder incorporarse al mercado global, Rumanía convierte a sus mujeres y niñas en mercancía, en materia prima para la industria global de la explotación sexual. Ese es el contexto en el que yo nazco”, reconoce.

La única diferencia entre un violador y un putero es un billete

Amelia era una niña brillante que aspiraba a ser médico o profesora. Un sueño que se truncó cuando a los 13 años sufrió cinco violaciones simultáneas. Y ahí empezó el infierno. “No tanto por las violaciones en sí, que también, sino porque las personas adultas de mi alrededor no supieron ver indicadores de que algo grave me estaba pasando. No vieron el giro que dio mi forma de ser y dentro de ese mundo patriarcal los violadores salieron como ganadores, totalmente iimpunes y mi propio entorno se dedicó a estigmatizarme, a maltratarme, a no creerme, a poner en duda mi palabra, a considerarme una irresponsable. Me quedé en una situación de absoluta vulnerabilidad”, confiesa.

Cinco años después de la violación multiple, las mafias que se dedican a la explotación sexual en Rumanía la captaron a base de engaños. “Me prometen que en un par de años puedo conseguir solucionar mi vida. Juegan con mis ilusiones, con mis sueños. Me ponen como ejemplo a otras mujeres que supuestamente ganan mucho dinero. Es el mismo mensaje que a día de hoy reciben muchas niñas y adolescentes, el de 'no seas idiota, capitaliza tu sexualidad y tu intimidad'. Es algo que se ve de manera mucho más salvaje a través de Internet. A través de las aplicaciones estamos viendo el capitalismo más salvaje, el neoliberalismo más atroz”, describe.

Preguntada por cómo afectan las aplicaciones como OnlyFans o Instagram a la hora de favorecer la prostitución, Amelia sostiene que son “la herramienta estrella de los proxenetas”. “Ahora el proxetena no tiene que viajar a países lejanos ni invertir una gran cantidad de dinero en captar, traer o trasladar a mujeres vulnerables. Las encuentra en OnlyFans. La explotación sexual se está trasladando al mundo virtual. Nuestras hijas, las adolescentes, caen engañadas porque hay toda una cultura que banaliza la explotación sexual, la cosificación y la mercantilización de la sexualidad de las mujeres. Y esto sirve muchísimo a los proxenetas”, reconoce.

Necesitamos una ley abolicionista del sistema prostitucional que reconozca los derechos de las mujeres

Tras ser explotada sexualmente en Rumanía, las mafias la vendieron por 300 euros a un proxeneta español y, durante cinco años la obligaron a ejercer la prostición en más de 40 prostíbulos por toda España, lugares que ella considera “campos de concentración” en los que fue víctima de “torturas”. Finalmente, consiguió liberarse e irse a vivir a Euskadi donde desde hace más de diez años trabaja como activista contra el sistema prostitucional y abolicionista. Un término, que en su opinión, no se entiende del todo bien en la sociedad. “Las abolicionistas queremos abolir la prostitución, pero hay que entender que abolir no es sinónimo de erradicar. Abolir es el camino para llegar al fin. Necesitamos una ley abolicionista del sistema prostitucional que reconozca los derechos de las mujeres y por derecho no nos referimos a pagar impuestos por ejercer la prostitución. Nos referimos a una ayuda económica, a un acceso a la vivienda dígna, a formación, a terapia, a asesoramiento jurídico, papeles y trabajo. Y también que se persigan y castiguen todas las formas de proxenetismo y de consumo de la prostitución porque entendemos a los puteros como agresores sexuales. La única diferencia entre un violador y un putero es un billete”, señala.

Para Amelia, parte del problema se encuentra en que no hay un discurso feminista contundente contra esta situación. “Las mujeres no existimos para que ellos sientan placer sexual o para servirles en lo privado y lo público. Hay un discurso que se hace pasar por feminista y que es totalmente reaccionario que dice que las mujeres somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y ese querer resulta que es justamente lo que le va muy bien al sistema patriarcal y al sistema capitalista. Por supuesto no podemos dejar la responsabilidad sobre los hombros de las mujeres, pero tampoco hay que dejarlo en el crimen organizado. La sociedad tiene mucha responsabilidad en esto”, concluye.

Que una película pase a la cultura popular no es tan fácil. Pocas lo consiguen. Pretty Woman es una de ellas. El filme de Garry Marshall de 1990, titulado como la canción de Roy Orbison que la propia película pondría de nuevo de moda, no era más que una reformulación del cuento de Cenicienta con un toque que en los 90 se consideró hasta moderno. Aquí, la pobre hermanastra condenada a hacer las tareas domésticas hasta que encuentra un príncipe azul se sustituía por una prostituta con el carisma de Julia Roberts, y el príncipe putero tenía los rasgos de Richard Gere.

Como en el cuento, el filme era una idealización de las relaciones románticas y, principalmente, de cómo una mujer pobre solo tenía una posibilidad para salir adelante: encontrar una pareja rica. Había algo pernicioso en Cenicienta que en Pretty Woman se multiplicaba. Nadie le puede pedir a un cuento conciencia de clase, pero es que en el filme no es que no la hubiera, sino que se establecía el paralelismo entre el príncipe salvador con el empresario rico que sacaba a su enamorada de ejercer la prostitución.

Han pasado 34 años, y ha tenido que llegar el cineasta Sean Baker, cuya carrera se ha cimentado en mirar a los márgenes de la sociedad de EEUU, para darle la vuelta. El director de películas como Red Rocket, The Florida project o Tangerine ha seguido coherente a su carrera y ha ofrecido el reverso de Pretty Woman en Anora, una frenética anticomedia romántica que le da la vuelta al cuento. Pero como siempre en él, sin miserabilismo, con humor y dándole dignidad a todos sus personajes. 

Baker nunca usará la palabra prostituta para referirse a su personaje cuando hable de él, sino que la Anora que da nombre al filme es una trabajadora sexual como todas las que habitan su cine. A ellas les dedicó la Palma de Oro que ganó con este filme que tras vencer en el festival más prestigioso del mundo llega a la primera etapa de la carrera de premios como una de las favoritas para triunfar. Al menos en las nominaciones a los Oscar, donde Baker puede lograr su primera nominación y donde su protagonista, una imponente Mikey Madison deberían estar sin problema.

Para un director curtido y criado en el indie, este éxito supone “un cambio de vida”, y el propio Sean Baker lo reconoce. Ganar la Palma de Oro fue “un sueño hecho realidad”. “Es como si ahora empezara la segunda parte de mi vida. Es una especie de crisis existencial. Creo que esto me va a permitir seguir haciendo este tipo de películas de la forma en que quiero hacerlas pero con menos restricciones y menos resistencia. Así que es algo genial, especialmente ahora que las películas independientes son cada vez más difíciles de hacer”, explica y deja claro que no tiene miedo de ser tentado para la industria: “Ya he estado en ese punto, y ahora esto me ha consolidado. Ahora tengo que asegurarme de poder perseguir mi visión”.

Anora ha tenido el presupuesto más grande de su carrera, pero sigue siendo pequeño comparado con lo que cuesta una película de Hollywood. Ese margen ha hecho que la película “se sienta un poco más grande”. Pero cree que el éxito del filme radica en que “juega con los tropos clásicos de una comedia romántica, y ese es un género muy convencional”. “La gente reconoce los códigos de esta película, y eso les está enganchando. La primera hora es la historia de Cenicienta, ya la hemos visto, pero la hago con un giro”, dice del éxito de su octava película. Por ello se muestra feliz de que sea ahora y no antes cuando ha llegado el éxito, porque no sabe si antes hubiera sido capaz de gestionarlo de la misma manera: “Tengo una edad en la que estoy más seguro, tengo más confianza y no me voy a dejar seducir. La industria me podía haber seducido fácilmente en el pasado, ahora no”. 

Tengo una edad en la que estoy más seguro, tengo más confianza y no me voy dejar seducir. La industria me podía haber seducido fácilmente en el pasado, ahora no

Sean Baker — Cineasta

De nuevo las trabajadoras sexuales son las protagonistas del filme, en este caso Anora, que vivirá una relación fugaz con el hijo de un oligarca ruso. Y como siempre en su cine la clave es no juzgarlas y dignificarías. “Obviamente, podría haber hecho esto mucho más oscuro y miserable”, confiesa, pero argumenta que uno de los motivos por los que no optó por ese tono era para enganchar a la gente y que se entretenga antes de darle el golpe -y ahí esa escena final descorazonadora-. Pero el giro de Anora es que son la diferencia de clase y las relaciones de poder entre los personajes los que marcan todo.

Hay, de nuevo en Sean Baker, una radiografía brutal de EEUU, y aunque la cuestión de clase es importante, también subraya que cree que la forma en la que tratan a Anora también tiene que ver “con la falta de respeto que hay por el trabajo sexual por todo el mundo”. “La actitud de los padres de Ivan es la que tendrían casi todos los padres normales. Intento no juzgar a mis personajes, y sé que es difícil no juzgar a Ivan por lo que le hace a Anora, por su falta de empatía. Ese, que es mi mayor juicio como narrador, es en términos de lucha de clases. En la película abordo las dinámicas de poder y las jerarquías en EEUU y en todo el mundo, y eso siempre tiene que ver con la clase y fue intencionado”, dice Baker que reconoce que le cuesta decir que sus películas son políticas aunque lo sean porque vio como los conservadores intentaron apropiarse del discurso de The Florida Project. “Obviamente son políticas porque todos tenemos una ideología. Digamos que mis ideas políticas están en mis películas, solo hay que desenterrarlas”, añade.

En su paso por el Festival de San Sebastián, Baker reivindicó a Almodóvar como “influencia directa en su cine”, pero también demostró su conocimiento de otros nombres más desconocidos como los de Eloy de la Iglesia y Jess Franco, del que subrayó su “sensibilidad independiente”, su “entrañable realización descuidada” y “cómo fotografió a sus musas, especialmente a Soledad Miranda, cuya imagen con un pañuelo rojo tiene un vínculo directo con Anora”.

La Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX), junto con el Colegio de Administradores de Fincas y de la Asociación de Apartamentos Turísticos han puesto en marcha una campaña para alertar del aumento de la prostitución en pisos y animar al vecindario a denunciar posibles casos de explotación sexual.

¡Según ADHEX, esta campaña está motivada por los cambios que se han producido en los últimos años en la prostitución y explotación sexual de las mujeres, que ha pasado de clubes a pisos, antes y después de la pandemia. En este sentido, recuerda las redada que ha habido recientemente en Cáceres, en la que se ha desmantelado una red y liberado a seis mujeres.

El objetivo de esta campaña es sensibilizar al vecindario y hacerles ver que estas mujeres son víctimas, que se les intente ayudar pero sin poner en riesgo ni a ellas, ni a nadie, para lo que insta a contar con las entidades especializadas para abordar el tema y sobre todo con la Policía.

En lo que respecta a los alojamientos turísticos, reconoce que no se tiene constancia de que esté sucediendo, pero ADHEX cree conveniente “alertar para prevenir”.

La campaña se va a desarrollar principalmente en Cáceres, Plasencia y Badajoz y se anima a las asociaciones vecinales para que unan también, sobre todo por las zonas residenciales de viviendas unifamiliares.

Por su parte, las comunidades de vecinos denuncian la dificultad de actuación y que estas situaciones provocan cierta sensación de inseguridad, por mayor afluencia de hombres que no son del vecindario, ruidos, suciedad y molestias en horas de descanso. 

Laureano Debat era nuevo en la ciudad. Con 29 años, le estaba “robando algunos años a la juventud” y vivía una segunda adolescencia en Barcelona, donde aterrizó gracias a una beca que la Generalitat le concedió por haber estado estudiando catalán en su Argentina natal. Se matriculó en el máster de Creación literaria de la Universitat Pompeu Fabra, donde compartiría muchas noches con jóvenes veinteañeros. Auguraba un curso movido, pero su primer año en Barcelona fue mucho más ajetreado de lo que esperaba.

Antes que nada, debía encontrar piso. No es tarea fácil encontrar alquiler en una ciudad imposible, donde las rentas asequibles son una quimera. Por eso, Debat se fue directo a la dirección que le dio un compatriota suyo, a quien a penas acababa de conocer, entre copas de cerveza vacías, mientras coreaban goles de Messi en un bar. Aquel piso estaba bien. Muy grande y luminoso, y contaba con una salida al exterior desde la que se veía el patio de un convento de monjas de clausura. Una vista que avanzaba al argentino todas las ironías que le aguardaban.

Le recibió Sonia, una joven chilena de 34 años, que vivía con su madre, Jimena. Ambas buscaban un compañero, sin masculinos genéricos. Querían alquilar una de las habitaciones que tenían libres a un hombre. “Las mujeres dan muchos problemas”, le dijo la siempre críptica Sonia. El piso era acogedor, aunque un poco aséptico, tal como recuerda Laureano. “Las paredes blancas, sin cuadros colgados”. Ningún detalle que diera pistas sobre sus inquilinas. Nada que llamara la atención, excepto una decena de toallas secándose al sol del balcón de una casa en que vivían solo dos personas.

Ese piso, en su pulcritud y falta de detalles, era realmente una 'Casa de Nadie', título que Laureano Debat ha dado a su primera novela (Editorial Candaya, 2022), en la que cuenta sus meses de convivencia con Sonia y Jimena en lo que no era un piso normal. De hecho, más que una casa de nadie, era una casa de todos. Al menos, de todos quienes pudieran pagar la compañía de las chilenas, que ejercían de prostitutas.

Un 'voyeur' entre camerinos

Cuando Debat supo de la profesión de sus compañeras de piso se quedó ''en blanco'', pero no por puritanismo, sino porque ''no sabia qué pensar''. La manera en cómo se desveló el secreto –guardado sin demasiado celo– evidenciaba la naturalidad y franqueza que marcaría la relación de Debat con Sonia y Jimena: el escritor, que había ido recopilando algunas pistas, tales como el número desproporcionado de toallas o una gran cantidad de lencería sugerente en la lavadora, se encontró una buena mañana a la más joven de las chilenas vestida de encaje, despidiendo a uno de sus clientes.

''Sí, cielito, soy puta. Y mi madre también'', le espetó Sonia, sin preámbulos ni anestesias. Y con eso, se dio por finiquitado cualquier debate sobre la profesión de ambas. Y empezó una convivencia corta –duraría sólo nueve meses–, pero intensa, en la que Debat se convirtió en un cronista de camerino, tal como se describe él. La suya es una historia que se desarrolla fuera de la cama: no muestra el sexo ni las relaciones, ya sean de intimidad o de violencia, que las chicas establecen con sus clientes.

Debat se torna un '''voyeur' de una historia única'' y cuenta lo que sucede entre bambalinas: el cuerpo desnudo de Sonia que, sin pudores, se acerca a la cocina a ''zamparse'' alguna pasta después de un servicio, las negociaciones telefónicas de Jimena para cazar clientes o la turbulenta relación entre una madre y una hija que comparten pasado, profesión y hogar.

Una reflexión sobre la prostitución

Peleas, fiestas, excesos, drogas, amistades, recuerdos, migraciones y algún que otro orgasmo son algunos de los ingredientes que aderezaron la convivencia de Debat con las dos mujeres. ''No fue fácil, pero aun así fue más sencillo que vivir en algunos pisos que he habitado después'', cuenta el escritor, que todavía se muestra agradecido por haber coincidido con esa gran historia en sus primeros años de periodista. Sus compañeros de universidad envidiaban al argentino por, como se dice coloquialmente, ''llegar y besar el santo''. Fue aterrizar en Barcelona y encontrarse de lleno con la que podría ser una de las historias de su vida. Y sin buscarla.

Pero Debat tardó 10 años en escribirla. ''Necesitaba tomar distancia con lo que pasó, porque cuento cosas íntimas. Tuve que esperar a tener valor, voluntad y valentía para exponer mi cuerpo y mi intimidad, así como el de otras personas'', confiesa. El escritor es testigo de los entresijos de la prostitución: de los químicos que les pide el cuerpo a las chicas para aguantar los embates de sus clientes; también del dinero que ganan y del poder que les da haber podido abandonar una vida en Chile que estaba acabando con ellas. Conoce a amigos, amantes y 'dealers' de las prostitutas. Incluso a algún cliente VIP, con quien comparte mesa para cenar.

El escritor presencia toda esta cotidianidad simplemente aceptando la realidad como viene, pero sin plantearse demasiados debates éticos ni políticos. Eso vendría después. ''Aquella fue mi primera experiencia con la prostitución. Como mucho, siendo chico, lo típico que vas con los amigos a curiosear en los ambientes oscuros, a tomar una copa'', explica Debat, quien reconoce que nunca se había planteado qué le parecía esta profesión.

''El sujeto revolucionario de nuestra era es el feminismo, que lo abarca transversalmente todo y nos lleva a reflexiones que no habíamos tenido antes''. El escritor llevó a cabo una tarea de investigación sobre publicaciones feministas antes de redactar su novela, para entender todas las posturas sobre la prostitución, un ''debate muy complejo'' sobre el que asegura que todavía no tiene una opinión clara. ''Aunque sí tengo más empatía sobre el trabajo con el cuerpo'', cuenta.

''¿Por qué yo?''

Sonia y Jimena vivían su profesión con mucha ''naturalidad'', algo que para Debat tiene mucho que ver con el hecho de que fueran migrantes. Ambas venían de tener relaciones tóxicas y violentas con hombres, que afectaron a la calidad de sus vidas. ''El motivo de su migración no es económico, no vienen de la miseria. Simplemente migran persiguiendo el deseo de ser libres. De poder caminar y ser. Y ejercer la prostitución es una decisión que toman ellas libremente, una manera de poder tener un nivel de vida que anhelan'', cuenta el escritor.

Todo lo que cuenta Debat en el libro sucedió, pero como en toda crónica, hay licencias. Sobre todo en lo que se refiere a la visión que el escritor transmite sobre sus protagonistas, que no han llegado a leer el libro. La relación de Debat con Sonia y Jimena hace años que acabó, de la misma manera abrupta como empezó. Ellas han regresado a Chile y, aunque saben que hay una novela que cuenta su vida, no han pedido un ejemplar a su antiguo compañero de piso. Y Debat no les ha enviado ninguno. ''No tengo que ser yo quien decida si lo van a leer. Es una decisión suya y no sé si quieren enfrentarse a esa parte de su historia'', explica.

Hace años que no hablan y esa confianza que convirtió a Debat en amigo y confesor se ha esfumado. Ni tan siquiera respondieron a un correo en que el escritor planteaba algunas preguntas a las chicas. Hay dudas que quedan sin responder y una de las más importantes es ¿por qué él? ¿Por qué Sonia y Jimena escogen a Laureano Debat como compañero de piso? ''Es algo que me encantaría saber y, en parte, por eso escribo el libro'', cuenta.

Definitivamente, no fue por dinero, puesto que ambas eran muy solventes. De hecho, Sonia le compra a Debat sin que lo pida una de las primeras televisiones de plasma del mercado y el paquete de fútbol para el mundial de 2010. Tampoco fue por protección: ''No es que yo sea el Nobel de la paz, pero sólo me he peleado una vez en mi vida y no salió muy bien'', responde el escritor.

El por qué es algo que quedará sin saberse. Algo que Debat y el lector deberán intuir o imaginarse. Igual que todo aquello que pasa tras las bambalinas de las zonas comunes de la casa. Secretos que sólo Sonia, Jimena y sus clientes conocen.  

La crisis del coronavirus ha sacado a la luz las desigualdades, las ha espoleado y, si no ponemos en marcha políticas más contundentes para impedirlo, las hará mucho más profundas. En medio de la incertidumbre que ha traído esta pandemia hay algunas cosas que se ven muy claras: quiénes tenían antes de ella derechos precarios y quiénes, incluso, simplemente no los tenían. Como de costumbre, vamos a tener que hablar de mujeres. Las trabajadoras del hogar han denunciado estos días la paradoja de que, habiendo sido declarado el suyo un trabajo esencial, sigan sin tener sus derechos laborales garantizados. Muchas de las cuidadoras que en nuestro país no tienen contrato han seguido trabajando y exponiéndose estos días. Todas ellas, invisibles para las instituciones, se pueden quedar de un día para el otro literalmente sin nada. Pero sin duda, las otras grandes olvidadas por nuestras leyes son las trabajadoras sexuales.

Un macroburdel de la Junquera, perfectamente reconocido por las instituciones que permiten su negocio, se ha acogido a la posibilidad habilitada por el Gobierno para hacer un ERTE a sus trabajadores. Son sesenta y nueve empleados que recibirán durante estos meses un subsidio del Estado. Entre ellos, ninguna mujer. Resulta paradójico: mientras el dueño sí es un “empresario” para la administración, noventa prostitutas, que no son “trabajadoras”, se han quedado en la calle sin absolutamente nada. Muchas de ellas son migrantes, pensaban pasar solo unos meses trabajando para volver a su país, ahora no pueden viajar y no tienen aquí amigos o redes familiares. No es solo que no tengan posibilidad de acogerse a un subsidio en un momento excepcional como el actual, es todo lo que implica no tener derechos antes del estado de alarma. Las prostitutas no tienen paro ni baja por enfermedad y no cotizan para sus pensiones. Si no pueden demostrar que trabajan e ingresan, tampoco es fácil conseguir alquilar una vivienda y para algunas es imposible empadronarse, lo cual es una vía de entrada para acceder a las ayudas más básicas y tener acceso a los recursos sociales. Son mujeres invisibles para las instituciones y que están abandonadas por ellas.

La crisis del COVID-19 ha puesto también una lupa sobre ellas. Estos casos nos muestran muy claramente que tenemos un problema y tenemos que abordarlo. Durante los últimos años la manera que han tenido los gobiernos de “abordar” el problema ha sido desastrosa para las mujeres. Algunas abolicionistas lo llaman penalizar a los clientes, otros incluso pueden reconocer que se trata de expulsar a las prostitutas de los espacios públicos respetables. No importa cómo nos lo contemos, los efectos de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza han sido los mismos: volver la actividad de estas mujeres más insegura, más clandestina, con negociaciones rápidas en las que ellas salen perdiendo y con una policía convertida –más aún si cabe– en una amenaza en vez de en una posible ayuda. En definitiva, una política contra los clientes que ha acabado criminalizaNdo y acosando a las prostitutas independientes y que ha conseguido –vaya paradoja– que para algunas sea más seguro estar en un club como el de la Junquera que estar solas en la calle. Los efectos contraproducentes de las políticas abolicionistas son siempre más pobreza y más inseguridad para las mujeres. Un informe de Médicos del Mundo denuncia cómo, desde la aprobación en 2016 de la penalización de los clientes en Francia, las prostitutas se han desplazado a zonas boscosas más peligrosas y han aumentado los asesinatos de mujeres.

Podríamos esperar que el feminismo se hubiera puesto de acuerdo para defender a estas mujeres. Defenderlas de los que quieren explotarlas. Y a la vez, defenderlas de una sociedad que lleva siglos estigmatizándolas y de unas leyes que llevan siglos olvidándolas cuando no poniéndoles aún más obstáculos. Es precisamente la estigmatización social y la falta de derechos lo que permite al patriarcado campar a sus anchas, lo que hace a los empresarios del sexo y a los proxenetas más poderosos, lo que deja a las mujeres más desarmadas frente a la policía, más vulnerables antes las leyes de extranjería, lo que limita la autonomía y el poder de las mujeres frente a clientes y terceros y lo que impide combatir eficazmente la trata. La alegalidad en la que viven las prostitutas es la permisividad ante un estado de naturaleza en el que se imponen los fuertes.

Cabría esperar que esta situación en la que se encuentran muchas mujeres en nuestro país nos convocara a todas las feministas para reunirnos, escuchar, dar voz a las prostitutas organizadas y buscar juntas soluciones urgentes. Sin embargo, una parte del feminismo español lleva años en una cruzada moral autoritaria y dogmática que hace rato que se les ha ido de las manos. Censura de debates, censura de jornadas, censura de cursos de teoría del porno, censura de organizaciones de trabajadoras sexuales y campañas de acoso y derribo a cualquiera que discrepe con sus posturas, especialmente violentas en las redes sociales.

Más allá del matonismo pandillero que vemos cada día practicar en las redes, las prostitutas se han organizado. Las organizaciones AFEMTRAS, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Putas Libertarias del Raval, Putas Indignadas, Sindicato OTRAS, APROSEX, (N)OMADAS y la sección sindical de trabajadoras sexuals de la IAC abrieron hace menos de un mes un Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales que recaudó unos catorce mil euros para repartirlos entre todas y hacer frente a las dificultades juntas llegando a 100 mujeres. Ante esta iniciativa, ninguna de las voces del abolicionismo de la prostitución las ha ayudado aunque ese apoyo sea clave para que puedan subsistir estos meses siendo más independientes y autónomas. Es decir que aquellas que en vez de “trabajadoras” las llaman “esclavas” terminan por dejarlas más expuestas frente a la voluntad de otros y más esclavas ante los enormes poderes que tienen en contra.

La buena noticia es que muchísima gente anónima se ha volcado en hacer donativos, en pocas horas llegaron al objetivo de la campaña. Es más, se han abierto nuevas campañas de donaciones para seguir ayudando. Y sin duda, eso refuerza la idea de que más allá de la beligerancia que en nombre del feminismo hacen algunas contra estas mujeres, muchísima gente común está por la labor de echar una mano y de aportar lo que se pueda. Hay también muchas feministas dispuestas a escuchar y a dialogar, entre ellas compañeras que defienden que es necesario acabar con la prostitución pero que entienden que la falta de derechos de las mujeres no es el camino. Si algo ha desvelado esta crisis es que aquellas que carecían de derechos antes están más expuestas ahora. Ojalá cuando volvamos a la calle nos tomemos con mayor urgencia la flagrante necesidad de derechos de las trabajadoras sexuales.

La prostitución lleva ya casi dos décadas siendo legal en Alemania. La ley que lo permitió fue aprobada por el Ejecutivo germano que lideraba el entonces canciller Gerhard Schröder en 2001, cuando el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) gobernaba en coalición con Los Verdes. La norma estaba destinada a facilitar que quienes la ejercen, en su mayoría mujeres, puedan pagar un seguro médico y cotizar para su jubilación, entre otras cosas. Sin embargo, aunque la posición oficial del partido sigue alineada con ello, cada vez son más las voces que, desde dentro, reclaman un cambio de modelo encaminado a la abolición de la prostitución.

“A través de la liberalización de principios de siglo asumimos que el trabajo sexual era como cualquier otra profesión”, dice a eldiario.es la diputada del SPD en el Bundestag Leni Breymaier. Para ella, sin embargo, la prostitución no lo es. Ella forma parte del grupo de mujeres del SPD que hace campaña para la aplicación del 'modelo nórdico', una solución abolicionista implementada en Suecia desde hace 20 años y puesta en marcha en países como Noruega, Islandia o Francia según la cual se puede castigar con multas y hasta con penas de prisión a quien consume sexo a cambio de dinero.

En último término, la idea que subyace a esta perspectiva es que la prostitución es una forma de violencia sobre la mujer en sí misma. Por el contrario, el modelo legalizador distingue entre la prostitución forzada y voluntaria y apuesta por el establecimiento de un marco legal que mejore las condiciones laborales de las mujeres que ejercen.

A este debate se refería el pasado 2 de junio, en el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, la eurodiputada germana Maria Noichl, otra mujer socialdemócrata que, como Breymaier, quiere que Alemania adopte este modelo. “El trabajo sexual ni es sexo ni es trabajo. El trabajo sexual es una violación de los derechos humanos”, según la también presidenta del grupo de trabajo de las mujeres socialdemócratas. Entre otras figuras del SPD favorables al 'modelo nórdico' destaca Herta Däubler-Gmelin, ex ministra de Justicia de la era Schröder.

Pese a las buenas intenciones que Breymaier ve en la liberalización de la prostitución de principios de siglo, a su entender, han aflorado problemas relacionados con que el trabajo sexual sea legal en Alemania. “Casi al mismo tiempo [que la legalización], la Unión Europea fue ampliada al este, lo que ha creado la posibilidad de que cientos de miles de mujeres jóvenes del este europeo hayan sido traídas a Alemania y a otros países para trabajar por poco dinero en burdeles y en las calles”, expone Breymaier.

Entre las condiciones laborales que esta política denuncia figuran casos de mujeres trabajando “16 horas al día”, en jornadas en las que “la penetración en todas las aperturas del cuerpo cuestan 30 euros”. Peor aún es que “a menudo trabajen en ambientes de criminalidad, con sus propias leyes, jueces y ejecutores”, abunda.

La postura oficial del partido

Sin embargo, su posición sobre la prostitución no es la mayoritaria en el SPD, partido que gobierna en Alemania en coalición con la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU), la formación de la canciller Angela Merkel. “No todas las mujeres en el SPD tienen esta posición”, pero “hay comités individuales en el SPD, como por ejemplo en Karlsruhe o en Baden-Wurtemberg” donde la postura abolicionista se está integrando, según Breymaier.

Desde el Bundestag, el grupo parlamentario de los socialdemócratas –el segundo más grande de la Cámara Baja alemana–, sin embargo, desestiman la idea de que el 'modelo nórdico' sea conveniente. La de Breymaier y compañía son sólo “opiniones individuales de socialdemócratas” que no han hecho que el partido cambie, según indican a eldiario.es fuentes parlamentarias del SPD.

“Para nosotros, el derecho de la autodeterminación de las mujeres y de los hombres es el objetivo más importante. Hay gente que lleva a cabo esta actividad conscientemente y con la intención de hacerlo. Acusar a todas las prostitutas de no haber elegido por ellas mismas esa actividad va en contra del derecho de autodeterminación de mujeres y hombres”, argumentan oficialmente en el SPD.

Breymaier y sus compañeras díscolas del SPD se esfuerzan en poner de relieve las zonas grises que aún existen en la prostitución pese a la legislación implementada en 2002. Por ejemplo, se desconoce el número exacto de personas que la ejercen. En la prensa germana pueden leerse datos que van desde las 200.000 personas hasta las 400.000, pero no hay exactitud pese a que en 2017 se implementó una reforma que implicaba la necesidad de registrarse a las personas que se prostituyen en Alemania. “El mundo es mejor lugar con esa reforma que sin ella, pero esta ley no es suficiente. El legislador asume que el caso normal de prostitución es el de la prostituta libre y que la excepción es la prostitución forzada”, apunta la diputada del SPD, que apunta a que hubiera deseado una mayor protección para casos de “mujeres demasiado jóvenes” o “de mujeres embarazadas”.

“Una batalla a costa de las trabajadoras del sexo”

Sin embargo, este convencimiento se enfrenta a la idea opuesta de parte de las fuerzas progresistas y, más notablemente, de las organizaciones de trabajadoras sexuales, como Hydra o la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD, por sus siglas alemanas). Stephanie Klee, trabajadora sexual, habla en nombre de la BSD. No oculta su enfado cuando responde a eldiario.es. “Yo les reprocho a la Sra. Breymaier y a todos los que se oponen a la prostitución lo siguiente: están llevando una batalla a costa de las trabajadoras del sexo. Ellas creen que saben lo que es bueno para nosotras, es muy arrogante”, dice Klee.

Para ella, soluciones como el 'modelo nórdico' “cambian la tolerancia en la sociedad, cambian el cómo la gente se relaciona y lleva a las trabajadoras del sexo a la clandestinidad y a situaciones más peligrosas porque no permite que haya abiertamente encuentros con los clientes. Esto es algo que sabemos por la experiencia sueca”.

Organizaciones como la de Klee defienden la liberalización de la prostitución y la mejora de la situación legal y social de las prostitutas, al igual que Amnistía Internacional, organización que en el debate alemán aparece del lado de quienes siguen apostando por que el trabajo sexual sea legal. En la BSD reconocen que puede haber abusos en ámbito del trabajo sexual, pero apuntan a que no por ello se debería prohibir la actividad. En esta lógica, la solución ante esto es legislar más y mejor.

Klee no parece pensar que, de momento, que las ideas abolicionistas vayan a imponerse en Alemania. Recientemente, su organización protagonizó una acción de información sobre el trabajo sexual en el que participaron prostitutas y artistas frente a la Estación Central de trenes de Berlín. Duró dos semanas. “Hubo mucha interacción con la gente que pasaba por allí. Debatimos mucho y logramos, en la mayoría de los casos, el respeto de nuestros interlocutores”, recuerda Klee.

“No se puede practicar de modo seguro”

Frente a ello, en su lucha por implementar el 'modelo nórdico' en Alemania, las voces abolicionistas del SPD cuenta con el apoyo de organizaciones feministas como Terre des Femmes o Sisters. La propia Breymaier es, antes que diputada en el Bundestag, co-fundadora de Sisters. En Terre des Femmes ven con buenos ojos los esfuerzos de Breymaier. Esta organización “está pidiendo la aplicación del modelo abolicionista y la prohibición de la compra de sexo desde 2014”, recuerda a eldiario.es Andrea Tivig, responsable para temas de tráfico de mujeres y prostitución.

“Nos alegramos de que en el SPD haya una evolución y que haya políticas o personas que se hayan dado cuenta de que no puede ir bien el modo con que Alemania ha lidiado con la prostitución”, sostiene Tivig. En Terre des Femmes también ven el “sistema de la prostitución como una violencia contra las mujeres”. En su día, en esta organización pensaron que la legalización traería mejoras para quienes trabajan en este ámbito. “Siempre pensamos que un mundo sin prostitución sería lo mejor, pero pensamos que a las mujeres se las tenía que ayudar. Sin embargo, la legalización ha puesto de manifiesto que la prostitución no se puede practicar de un modo seguro”, apunta.

No obstante, voces como las de la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD) echan de menos que representantes de la postura contraria no se hayan acercado al artístico punto de información montado por la organización y lamentan la falta de diálogo con los sectores opositores a que la prostitución sea legal. “¿Por qué tienen miedo a hablar con nosotras?”, se pregunta Klee. Ella y compañía parecen contar, eso sí, con buena parte del apoyo del progresismo germano. “En Alemania, al contrario que en otros países, Los Verdes y en otros partidos de la izquierda también se suele ser muy crítico con el modelo abolicionista”, señala Tivig.

“Me han colado un gol”, dijo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Y el “gol” era la inscripción del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS en el registro del Ministerio. El propio Gobierno puso los estatutos de la organización en manos de la Abogacía del Estado y el pasado noviembre la Audiencia Nacional los tumbó, aunque posteriormente fueron recurridos al Tribunal Supremo. Conxa Borrell, su secretaria general, dice que no pararán hasta llegar “a Europa”. Borrell, junto con Ariadna Riley, participó la semana pasada en Murcia en la charla 'Ni víctimas ni traidoras al feminismo: hablan las trabajadoras sexuaes' en el edificio Moneo.

He visto en vuestra página web que el sindicato OTRAS convoca la huelga del 8 de marzo de 24 horas, ¿por qué os sumáis a la convocatoria?

Convocamos la huelga de 24 horas porque, evidentemente, las mujeres trabajadoras del sexo no tienen ningún derecho laboral, de modo que es una manera de visibilizar esa falta de derechos en este sector.

Hay mujeres que sí tienen contratos, como las trabajadoras de centros de masajes que en algunos casos están haciendo sexo explícito o quienes trabajan en el sector del cine porno. Nos parece ridículo hacer un paro de dos horas por cómo está el sector, no solamente el de sexo de pago, sino en todos donde las mujeres estamos tan discriminadas, tan mal pagadas y con el techo de cristal.

La sentencia de la Audiencia Nacional, por su parte, ha anulado sus estatutos.

Eso no significa que no existamos. Hemos hecho un recurso al Tribunal Supremo y esta sentencia no es firme. Si no se aprueban en el Tribunal Supremo, esto lo llevaremos a Europa. Este sindicato no va a parar porque es una demanda de las propias trabajadoras del sector. Abusos laborales existen en todos los sectores y en el sector del sexo de pago, también.

¿Cuales son los mayores abusos a los que os enfrentáis?

El hecho de que el trabajo sexual no haya sido considerado un trabajo hace que las mujeres tengan que trabajar sin un contrato y tienen que convertirse en falsas autónomas.

Nosotras lo que queremos es que si las mujeres están trabajando para un empresario y para una patronal que sí existe con el beneplácito de la justicia y del Gobierno que les dio luz verde más de diez años, como los empresarios de clubes de alterne Anela y Mesalina, es por lo menos los mismos derechos que la patronal. Lo que no puede ser es que la patronal esté reconocida y los derechos de las trabajadoras, no y que les obliguen a convertirse en falsas autónomas.

¿Te consideras feminista?

Claro, estoy trabajando para un colectivo desfavorecido y precario de la sociedad. El feminismo no es trabajar para las mujeres burguesas blancas que están en el Gobierno sentaditas, cómodas, esperando su nómina todos los meses y haciendo las políticas que a ellas les parecen bien.

No se acuerdan nunca de las gitanas, de las mujeres racializadas, no hacen políticas migratorias correctas. La Ley de Extranjería ahí está, a pesar de que el PSOE dijo que la iba a echar para atrás cuando estaba en la oposición; la reforma laboral ni se la han mirado. Que nos dejen a nosotras decidir si el Gobierno de Pedro Sánchez es feminista o es antifeminista.

Desde la postura abolicionista dentro del feminismo se ve el ejercicio de la prostitución como algo indigno para la mujer. 

Qué harta estoy de la palabra dignidad, ya no significa nada. Cuando se hacen políticas desde el privilegio, se equivocan. Y eso es lo que han hecho las políticas del PSOE, que se les ha olvidado que son socialistas y que vienen del movimiento obrero.

¿Cómo ve la regulación de la prostitución que se ha llevado a cabo en países como Alemania u Holanda?

No nos interesan nada los modelos alemán ni holandés, miramos más un modelo neozelandés que es más aperturista. Aunque también tiene el problema de que no se preocupa para nada de las mujeres en situación de migración.

Es que en esta Europa fascista, lo siento, pero se están haciendo políticas muy conservadoras y las personas precarias no necesitamos políticas conservadoras. Necesitan políticas innovadoras e ilusionantes, que realmente hagan cosas para que ellas puedan vivir, ahí sí, con dignidad. Dignidad no significa no tener que chupar una polla por dinero porque eso lo elijo yo; dignidad significa poder pagar mis facturas a final de mes, que pueda tener mi tarjeta sanitaria, que nadie me mire por encima del hombro porque tengo un color de piel diferente.

Alemania y Holanda lo que han hecho ha sido proteger al empresario, que es lo que se está haciendo en España, en realidad. Es verdad que los hombres trabajan más en la calle o por internet, pero las mujeres son básicamente las que están trabajando para terceros. Son ellas las que están trabajando mucho más para la patronal.

¿Qué diría ante el argumento de que la prostitución es un trabajo machista porque la mayor parte de las personas que lo ejercen son mujeres?

A mí que alguien me cuente algún trabajo que no sea machista. ¿Por qué las trabajadoras domésticas no pueden luchar para que les haga un contrato? Solo puede hacerse en régimen de interna.

Creo que las políticas en general están muy alejadas de la calle y es hora de que la calle entre en las instituciones políticas y les pongamos la realidad encima de la mesa. Este no es un trabajo más machista que cualquier otro y que las personas que lo ejercen, dentro de las posibilidades que tienen, han considerado que esta es la mejor opción en ese momento. Punto. Y eso hay que respetarlo y hay que proteger con todos los derechos laborales, sociales y civiles a esas personas, básicamente mujeres. Eso es feminismo.

Tanto en la asociación Aprosex como en OTRAS dais clases sobre el trabajo sexual. Eso ha sido muy polémico, ¿por qué crees que ha sido así?

Está mal que las trabajadoras sexuales aprendan su trabajo. Vamos a ver, yo estudié para ejercer contabilidad, he hecho estudios de marketing porque he trabajado diez años ahí y la formación es básica. No solamente porque aprendes cosas que te son útiles para tu trabajo, sino porque además tejes una red con otras compañeras. Todas nosotras somos trabajadoras sexuales en activo, tanto en Aprosex como en el sindicato OTRAS, y podemos resolver una duda en el momento.

Pensar que el trabajo sexual es algo tan simple como abrirse de piernas me parece que es colocarnos en un espacio inhumano. Somos personas, somos mujeres y hacemos un trabajo y, para poder ejercerlo en las mejores condiciones posibles, hace falta una formación.

Contrató los servicios de una prostituta en Madrid a través de una página web y se encontraron en un piso en el que la mujer ejercía la prostitución junto a otras. En un despiste, el hombre aprovechó para depositar un fármaco en su bebida y, una vez inconsciente, la violó. Los hechos, ocurridos el pasado mes de enero, son constitutivos de un delito de abuso sexual –el Código Penal entiende que el uso de medicamentos implica la ausencia de violencia e intimidación– según la Audiencia Provincial de Madrid que, en una sentencia avanzada por Cadena Ser, condena al hombre a cinco años de cárcel. 

Las agresiones a prostitutas son una realidad pocas veces nombrada que la ley sigue sin concebir como violencia machista. Aunque no se conoce su dimensión exacta, ello a pesar de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace más de un año, incluyó la obligación de hacer un análisis estadístico al respecto, se trata de un tipo de violencia con características específicas: por un lado, apenas se denuncia y, cuando las mujeres deciden dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se enfrentan a diversos obstáculos que dificultan su acceso  a la justicia. 

“Están expuestas a agresiones desde diversos focos: clientes, proxenetas y los agentes de Policía... Son vulnerables porque recae sobre ellas un estigma social muy fuerte. El de las malas mujeres que llevan un estilo de vida considerado negativo que hace que se piense que cualquiera puede disponer de ellas de la manera que se quiera. Este estigma hace que socialmente se legitime la libertad de disponer de cualquier prostituta, mucho más que de cualquier mujer. Son concebidas como cuerpos para todos”, explica Martina Kaplún, experta en intervención social con prostitutas.

Esa concepción social da lugar a casos como el de la llamada la manada de Murcia, por el que el Tribunal Superior de Justicia investiga actualmente a tres hombres acusados de violar a una prostituta el pasado mes de abril. Los acusados, puestos en libertad provisional con orden de alejamiento, aseguraron como estrategia de defensa en su declaración ante el juez que no se había producido una agresión sexual porque la mujer es prostituta. 

Desde su experiencia en los juzgados, la abogada penalista y miembro de Dones Juristes Carla Vall lamenta que el tratamiento en el ámbito judicial de este tipo de casos siga esa estela: “Este tipo de casos cuestan muchísimo en tanto en cuanto parece que una prostituta no puede ser violada o agredida porque no puede disponer de su propio cuerpo”. En este sentido, apunta a que en muchas ocasiones “o son tratadas de manera infantil y paternalista o son cuestionadas y puestas en duda como si su trabajo implicara una barra libre de violencia sexual”.

La penalista recuerda en este sentido el varapalo que en 2012 emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España, a la que condenó por no investigar “con seriedad y efectividad” los hechos denunciados por Beauty Solomon, una trabajadora sexual que denunció a dos agentes de la Policía Nacional por insultos y agresiones que probó con un parte médico. En 2007, el Juzgado de Instrucción nº 9 de Palma de Mallorca dictó una sentencia en la que argumentó que la Policía estaba ejerciendo sus funciones “que no tienen otro objeto que impedir el bochornoso espectáculo de la prostitución en la vía pública”.

Sigue sin ser violencia machista

Marisa Fernández, también abogada penalista, coincide en que las prostitutas “se encuentran con muchas menos garantías judiciales que el resto de mujeres” y apela a que las agresiones y asesinatos de trabajadoras sexuales sean considerados violencia machista. Estos casos están actualmente excluidos de esta concepción porque la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 considera como tal la violencia que se da en el seno de la pareja o la expareja. “Yo entiendo las dificultades del legislativo para llevar esto a cabo en el sentido de cómo colocar este tipo de violencia en la ley penal, pero debe hacerlo”, argumenta Fernández.

En línea con esta interpretación se ha posicionado ya el Consejo General del Poder Judicial, que el pasado mes de mayo incluyó por primera vez en su informe anual de sentencias por violencia machista, el estudio de varios asesinatos fuera del ámbito de la pareja, pero en los que el género fue el móvil principal, es decir, los llamados feminicidios. De hecho, entre las víctimas el organismo incorporó a una mujer que ejercía la prostitución asesinada en 2016 por un cliente en Melilla. 

Este fue uno de los asesinatos de prostitutas ocurridos en 2016 contabilizados, a falta de datos oficiales, por el portal Feminicidio.net, que ha registrado 43 crímenes de este tipo desde 2010. El último, el asesinato de una mujer en marzo que ejercía la prostitución en Roquetas de Mar (Almería) y que fue asesinada por un hombre “en condiciones extremadamente violentas” detenido tras varios meses. Unos días después se produjo la detención en Madrid de otro hombre acusado de asesinar a una mujer de la que era pareja y proxeneta. Este caso no ha sido incluido por Feminicidio en la lista de asesinatos “por prostitución”.

“Los casos de agresiones y asesinatos de prostitutas deberían ser considerados violencia machista porque sufren estas agresiones por el hecho de ser mujeres y esto las coloca en una situación de vulnerabilidad”, asegura Kaplún, que hace hincapié en que la prostitución “bebe directamente del patriarcado”. Por su parte, Vall coincide con la experta en que son agredidas por esta condición “y por una consideración jerárquica y machista de que son mujeres públicas a disposición de todos y ellas no pueden disponer de su propio cuerpo”. Por ello, todas las expertas apelan al “pacto” que ha consentido la mujer y a que dicho acuerdo “puede romperse en cualquier momento”.

La Policía, como “fuente de abusos”

Por otro lado, influye en la vulnerabilidad de las prostitutas la naturaleza de los espacios y las condiciones en las que ejercen: de noche, en lugares apartados o en pisos y clubes a los que las organizaciones sociales no llegan. Y es que varios estudios han constatado cómo las ordenanzas municipales aprobadas por varios Ayuntamientos para perseguir la prostitución han provocado el traslado del trabajo a espacios privados o más aislados con el objetivo de evitar las multas.

De hecho, una de las críticas más armadas por las organizaciones sociales que trabajan con prostitutas es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son concebidas por las propias mujeres como “fuente de presión y abusos en vez de  como órganos que se encarguen de protegerlas”, asume Kaplún. Este es uno de los motivos que, en su opinión, llevan a las trabajadoras sexuales a denunciar muy poco las agresiones que sufren: “No denuncian porque no confían en el sistema, en primer lugar porque es tremendamente revictimizador. Es muy complicado que confíen en los agentes de Policía si continuamente les están pidiendo los papeles”. En este sentido, nombra la Ley de Extranjería y la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes en situación irregular como otra de las razones de la infradenuncia.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, la Policía usa la Ley Mordaza para tramitar una denuncia diaria contra prostitutas, una criminalización ante la que Kaplún demanda agentes policiales especializados que “se encarguen de proteger a las prostitutas” y equipos multidisciplinares del campo de lo social para paliar la dificultad de que estas mujeres entren en contacto con recursos sociales. “Desde un enfoque de Derechos Humanos es el sistema el que debe adaptarse a las personas vulnerables y no al revés”.

Un centenar de personas, entre ellas significadas activistas feministas, han lanzado un manifiesto para exigir al Gobierno que acabe con la prostitución, que penalice a los clientes y que de salida a las víctimas de trata, bien sea con programas sociales o de formación. Entre las firmantes están la periodista Laura Freixas, la filósofa Victoria Camps, la escritora y exdiputada de los comuns Gemma Lienas, la actual diputada del PSC Beatriz Silva o la cineasta Icíar Bollaín.

En el texto, piden al Gobierno que asuma cambios legislativos para intensificar el “combate” contra el proxenetismo y la trata, “poniendo por delante la protección de sus víctimas”. Sobre la abolición del trabajo sexual, piden que España se sume al grupo de países europeos “que apuestan por una sociedad libre de trata y prostitución”, al considerar no solo que muchas la ejercen de forma forzada, sino que la sola actividad supone una mercantilización del cuerpo femenino.

Presentado por la Plataforma catalana por el derecho a no ser prostituidas, el manifiesto lleva el nombre de Paz para las mujeres, cogiendo el nombre del decreto sueco de 1998 que sentó las bases de la lucha contra la prostitución en el país. Para las firmantes, regularizar el trabajo sexual, algo que piden varios colectivos de prostitutas, supondría “aceptar el privilegio ancestral” según el cual debe haber una reserva de mujeres a disposición de los caprichos sexuales de los hombres.

Esta plataforma contraria a la prostitución ha salido así al paso del debate generado con la creación del sindicato Otras, con el que varias trabajadoras sexuales aspiran a organizarse y conseguir para si condiciones laborales más favorables. El Gobierno validó en un trámite administrativo la creación del sindicato, pero luego manifestó su rechazo y anunció que lo impugnaría, algo que se plantea hacer acudiendo a la Audiencia Nacional.

Al acto de presentación del manifiesto se han presentado varias trabajadoras sexuales, algunas de ellas pertenecientes a Otras, que han querido preguntar al final pero no se les ha dejado. La pregunta que quería hacer la trabajadora sexual Mari Carmen era si los programas que prevén para dar salida a las mujeres de la prostitución les garantizarán que los demás empleos no estén sometidos también a lógicas patriarcales. Si han irrumpido en el acto, han explicado, es porque iba sobre prostitución sin tener en cuenta a sus protagonistas.

Preguntadas sobre si han contactado con colectivos de trabajadoras sexuales, desde la plataforma han asegurado que han recogido la visión de prostitutas “supervivientes” de situaciones de trata. “La inmensa mayoría son víctimas de trata”, ha expresado Gemma Lienas, una de las que ha tomado la palabra en el acto, que ha querido matizar que el manifiesto “no va contra nadie”.

Connivencia entre capitalismo y crimen

“La prostitución es la institución patriarcal más antigua, vector de racismo y clasismo, y un paradigma de la connivencia entre el capitalismo y el crimen organizado”, proclama en documento difundido este lunes. Sus impulsoras insisten que el “derecho al propio cuerpo”, un concepto salido de la lucha feminista, se pervierte en el caso de la prostitución para ceder a la “mercantilización”.

“La legitimación del comercio sexual convierte a las mujeres en prostituibles: si admitimos que una mujer puede ser comprada, todas somos susceptibles de serlo”, resume el texto. Es según el escrito una cuestión clave para el combate por la igualdad de género, “el combate que marcará el destino del nuevo siglo”.

El registro del sindicato de trabajadoras sexuales y la decisión del Gobierno de impugnar sus estatutos ha generado numerosas reacciones contrapuestas. Mientras que UGT comparte la actuación del Ejecutivo, CGT Catalunya la lamenta. Comisiones Obreras ha emitido un comunicado en el que manifiestan su “respeto” al derecho a sindicarse como un derecho fundamental y pide “acabar con la explotación, inseguridad y maltrato que se esconde en la actualidad tras la denominación de trabajadores sexuales”. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía asegura que, más allá de la cuestión de fondo sobre regular o abolir, “estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo”.

En un comunicado, CGT Catalunya “condena las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio” que dijo que le habían “metido un gol” con la publicación en el BOE del registro de la creación del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y anunció que ya se habían iniciado los trámites para impugnar este sindicato por problemas “de fondo”. “Ministra: No le han colado un gol por la escuadra, porque se ha constituido legalmente, siguiendo los procedimientos y tiempos previstos” alega el sindicato.

“Ministra”, continúa el escrito de apoyo a OTRAS, “pese a no te guste no puedes utilizar la Abogacía del Estado para ilegalizar un sindicato (...) Ministra: los sindicatos no vamos a aceptar la ilegalización de un sindicato constituido que busca defender los derechos de las trabajadoras, independientemente del trabajo que realicen”, señala el sindicato.

Comisiones Obreras , por su parte, ha expresado su “respeto” al derecho fundamental a sindicarse y ha pedido “acabar con la explotación, la inseguridad, la vejación, el acoso y el maltrato que se esconde en la actualidad tras esa denominación de trabajadores sexuales”. “Desde esta organización sindical, política y de clase, debemos promover la reflexión y el debate en la sociedad sobre todas estas cuestiones, teniendo claro que nuestro objetivo ha sido, es y será la mejora de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores, así como la defensa de los derechos humanos y específicamente de los derechos de las mujeres”, argumenta CCOO. El sindicato también pide alternativas laborales para quienes deseen abandonar la prostitución.

La Unión General de Trabajadores, también mediante un comunicado, valora que “el Gobierno adopte medidas para evitar que se otorgue legalidad de cualquier forma a la prostitución, una actividad tras la que se encuentran la explotación sexual, la vulneración de derechos humanos y conductas delictivas basadas el comercio con seres humanos”.

La Asociación Internacional L'Escola anunció además que había recurrido la creación del sindicato en defensa de “las actividades relacionadas con el trabajo sexual” porque “lo único que pretende legalizar es un negocio criminal como es el proxenetismo y la trata de personas que no puede existir, es nulo” ha afirmado este viernes su presidenta, Nuria González en La Sexta.

Al contrario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) “lamenta el debate generado” y los discursos institucionales como el de la presidenta de la Junta, Susana Díaz que, en su opinión, “no hacen más que confundir los términos”. “No se trata de debatir si prostitución sí o no, estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo” y “que se limite el derecho a organizarse en un sindicato a las trabajadoras sexuales” supone impedirles “defender sus derechos”, explican.

Enviar la multa de los “puteros” a casa

UGT expone que “el problema es que en España aún se admita la prostitución, que no es más que la explotación de personas” e “insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas contra los proxenetas”.

Por su parte, L'Escola pone como ejemplo la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Gavà, en Barcelona, donde los clientes sancionados por prostitución reciben las multas en su domicilio. González ha criticado que Barcelona se haya convertido en “destino sexual” promocionado así en “foros de puteros”.

APDHA rechaza estos argumentos que “identifican la prostitución con la explotación y la trata de personas” y aboga por “caminar hacia la sindicación del trabajo sexual” que “no es más que avanzar en la unión de las trabajadoras sexuales para defender sus intereses como lo que son, trabajadoras”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha aplaudido hoy en un comunicado la creación del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS y de una sección sindical propia dentro de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y lo califica como “un movimiento imparable y de justicia por el que las propias trabajadoras sexuales reivindican sus derechos básicos y mejoran así sus condiciones de vida”.

La organización lamenta el debate generado y los discursos institucionales que se han originado tras la noticia de la constitución del sindicato, que no hacen más que confundir los términos. “No se trata de debatir si prostitución sí o no, estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo o condenarlo al abuso laboral, la exclusión y la clandestinidad”.

En este sentido, denuncia que la patronal del trabajo sexual, los empresarios de clubes de alterne, estén organizados y reconocidos legalmente para preservar sus intereses y que se limite el derecho a organizarse en un sindicato a las trabajadoras sexuales, impidiéndoles así defender sus derechos.

Además, ha criticado las palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que “recurre a la falacia que identifica prostitución con explotación, y aún más grave, con la trata de personas” cuando afirma que el sindicato supone “una forma encubierta de legalizar la prostitución, y por tanto la explotación de mujeres y la trata de personas”. Muy al contrario, señala la APDHA, caminar hacia la sindicación del trabajo sexual no es más que avanzar en la unión de las trabajadoras sexuales para defender sus intereses “como lo que son, trabajadoras”.

La asociación lleva años exigiendo la necesidad de desvincular la prostitución de aspectos delictivos o penales en el abordaje intelectual, político y del imaginario social, dejar de hablar de la prostitución como una actividad ilícita o relacionarla directamente con la trata de personas. Para la APDHA, todos ellos son aspectos que pueden darse en el contexto de la prostitución, pero que “no son de ningún modo intrínsecos a esta”. Asimismo, explica que existen herramientas para combatirlos. “Lo que es necesario es que estas herramientas se apliquen y mejoren para de garantizar la protección de las víctimas de los delitos”, apunta la organización.

Por otro lado, la organización ha criticado las declaraciones del Gobierno del PSOE en las que criminaliza aspectos relacionados con el trabajo sexual, lo que “supone un atentado contra los derechos constitucionales básicos de un colectivo como el de las personas que la ejercen”.

Para la APDHA, la creación del sindicato es avanzar en una sociedad más igualitaria y respetuosa con los derechos humanos. Es importante reconocer, afirma, “en lugar de concentrar las energías en abolir”, que la prostitución existe en España y que para miles de mujeres es una fuente de ingresos y medio de vida. “Un sindicato de trabajadoras del sexo no inventará ni dará cabida a nada nuevo, sólo apoyo y visibilidad a quienes vienen reivindicando desde hace mucho tiempo derechos”. Por ello, afirma la asociación, “un gobierno feminista puede y debe dar espacios de participación y representación a aquellas mujeres que vienen pidiéndolo desde hace tiempo y, por supuesto, el reconocimiento de derechos y herramientas para poder combatir las injusticias y vulneraciones que vienen sufriendo”.

La Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), constituida el pasado 4 de agosto, ha salido al paso de la amenaza de impugnación por parte del Gobierno para denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende dejar a las prostitutas como el único colectivo de trabajadoras en España sin capacidad sindical. “Para nosotras los derechos laborales son pura utopía”, ha lamentado Conxa Borrell, secretaria general de la organización, que ha recordado que en su profesión no existen contratos, bajas por maternidad, vacaciones o jubilación.

“Ahora mismo no nos podemos defender, ni dentro ni fuera de los clubs, no existe ningún otro sector en el que se permita tener a trabajadores sin que estos se puedan sindicalizar”, han denunciado desde el colectivo durante la lectura de un comunicado este viernes en Barcelona. Aunque no lo han anunciado explícitamente, en la comparecencia han dado a entender que pese a la voluntad de anular el sindicato por parte del Gobierno ellas seguirán avanzando en la organización laboral de las trabajadoras sexuales bajo estas siglas.

Además de Borrell, en el acto han participado otros dos miembros del sindicato, Sabrina Sánchez y Mari Carmen. No han aceptado preguntas de los periodistas, alegando que el anuncio de impugnación les ha cogido por sorpresa y que tienen previsto presentar la organización en las próximas semanas.

La constitución del sindicato se formalizó con una publicación en el BOE el pasado 4 de agosto, aunque el proceso para llegar hasta este punto arrancó años atrás, con la creación en Barcelona de asambleas de activistas en defensa de los derechos de las prostitutas. Pocos días antes del nacimiento de OTRAS, sin ir más lejos, otro grupo de trabajadoras sexuales de la ciudad se unió al sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), alumbrando así la primera sección sindical de esta profesión en toda España. Parte de los miembros de OTRAS pertenecen además a la asociación de profesionales del sexo Aprosex.

Con todo, el Ministerio de Trabajo está dispuesto a ir hasta el final para declarar la “nula de pleno derecho” la resolución con que la propia Administración aprobó la constitución del sindicato, impugnando sus estatutos “por cuestiones de fondo”. Así lo anunció este jueves la ministra Magdalena Valerio, que defendió que un Ejecutivo “feminista” como el suyo no puede validar una organización que quiere “dar cabida a la prostitución”, y reconoció que si lo había hecho en primera instancia, con la publicación en el BOE, fue porque le metieron “un gol”.

Acusan al PSOE de tenerles “odio visceral”

Ante esto, desde OTRAS han recordado que pese a no estar reconocida como relación laboral, la prostitución tampoco es ilegal. “El Gobierno debería dimitir en bloque, es increíble que no sepan qué es legal y qué ilegal en este país”, ha resumido Borrell.

La secretaria general se ha mostrado muy dura con el PSOE, a quien ha acusado de tener “odio visceral” hacia las trabajadoras sexuales y de defender un feminismo “blanco, heterosexual y burgués” que menosprecia sectores “empobrecidos” y “estigmatizados” como el de la prostitución. “Guste o no nuestro trabajo, merecemos todo el reconocimiento y respeto: no somos sujetos pasivos, sino mujeres adultas que luchamos dentro de la legalidad establecida”, han concluido Borrell.

La situación de la prostitución en España es incongruente porque nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal pero que a la hora de elaborar el PIB del país se contabiliza para así aumentarlo. Esta falta de reconocimiento lleva a que la ya, de por sí, complicada realidad de las personas que ejercen la prostitución se vea empeorada por algunas de las normas que se han desarrollado en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un endurecimiento de las leyes y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general, y de las personas que ejercen la prostitución en particular.

Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución, lo que se traduce en normas legales y campañas que tienden a aumentar la controversia social sobre este tema y que, además, empeoran las graves vulneraciones que las trabajadoras sexuales sufren. La visibilidad que se ha dado a esta realidad es prácticamente escasa, llamando la atención que normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que ha levantado controversias y numerosas críticas por la vulneración de derechos que su aplicación conlleva, no haya sido criticada por el ataque que perpetra sobre las trabajadoras sexuales.

La mencionada ley prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución en la calle: por un lado, pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 euros si realizan actos que puedan ser considerados obscenos en la vía pública. Y por otro, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros si, tras ser notificadas por las autoridades para que no ofrezcan sus servicios en sitios públicos, estas continúan haciéndolo.

Debido a la forma en la que se recogen estas infracciones, la simple identificación como trabajadora sexual es suficiente para que puedan ser sancionadas, sin necesidad de que sean “pilladas” ofreciendo o prestando sus servicios. Al igual que ocurre con otras infracciones recogidas en dicha Ley, la redacción de la norma queda sujeta a la interpretación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen, lo cual se traduce en una vulneración total de derechos, al poder contemplarse casos de arbitrariedad y abuso de poder por parte de estos.

Si estamos hablando de una norma que protege la seguridad de la ciudadanía de nuestro país, ¿cómo es posible que se lleven a cabo prácticas que vulneran los derechos de este colectivo? El Gobierno negó en su momento que la intención fuese la de perseguir a las personas que ejercen la prostitución o entrar en el debate de su regulación o prohibición. Sin embargo, la experiencia nos dice que no, que desde la entrada en vigor de la ley se ha producido una caza de brujas hacia las trabajadoras sexuales. Una caza que las posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección y que, según datos de junio de 2017, se ha saldado con su expulsión de las calles y una recaudación de 54.000 euros con las multas que les han sido impuestas.

Debido a ello, consideramos que la aplicación de la ley conlleva la práctica de una violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Dicha violencia se manifiesta con la imposición de multas a las que, en ocasiones, sólo pueden hacer frente con el ofrecimiento de sus servicios, lo cual hace que se expongan a ser multadas de nuevo para poder afrontar el pago. Pero esta violencia también se manifiesta al quedar excluidas de la zona pública, pues deben reubicarse en lugares alejados y con menor tránsito de personas, quedando expuestas y faltas de protección.

A pesar de que en los últimos meses hemos atendido a diferentes manifestaciones, por parte de los principales partidos políticos de la oposición, para derogar parte del articulado de esta ley, lo cierto es que seguimos en la incertidumbre de saber qué pasará. Además, desde los movimientos sociales, encontramos una falta de visibilidad y denuncia de las consecuencias que la aplicación de esta ley tiene sobre los derechos de este colectivo en concreto. Mientras tanto, las más perjudicadas por toda esta situación seguirán siendo las trabajadoras sexuales, las cuales, por el bien de la “seguridad ciudadana”, se ven amordazadas y expuestas a una mayor represión por parte de ese Estado que, si bien aprovecha las consecuencias económicas de esta actividad, no es capaz de reconocerles sus derechos.

Hay a quien le cuestionan por lo que defiende y a quien, por el contrario, se le rechaza por lo que se cree que defiende. Que reconozcamos y respetemos que existe capacidad de decisión en prostitución no significa que este sea el argumento fundamental para abrazar la postura pro-derechos. Ciertamente, en el sistema capitalista solo las personas privilegiadas eligen en qué trabajar, el resto decidimos entre opciones restringidas a nuestros ejes de opresión. Nadie cobra de un matriarcado socialista, ni siquiera las lesbianas políticas. Todas naufragamos entre mecanismos de colaboración y resistencia y tratamos de que el engranaje neoliberal no se cebe con los sectores más vulnerables. Pese a esto, tanto la criminalización de la prostitución callejera como la explotación laboral a terceros se encuentran, de hecho, legitimadas. Las razones de peso que nos llevan a apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales son las violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro contexto.

Hacemos referencia a la violencia institucional, los abusos de poder de los cuerpos de policía, las detenciones arbitrarias amparadas por la Ley de Extranjería, el acoso policial, las multas, las fallas en la tutela judicial efectiva, la precarización y la exposición a una mayor violencia que acontecen en la calle gracias a la suma entre ordenanzas municipales, la ley mordaza y el vacío legal en el que se desenvuelve. De otro lado, aquellas que trabajan a terceros sufren la violencia anexa a la explotación laboral en la que caen por encontrarse en un limbo legal que propicia todo tipo de abusos. No disponen de ningún tipo de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio, puede imponer las prácticas, la clientela, el no uso del condón y jornadas de hasta 14 horas seguidas, sin descansos estipulados ni semanales, vacaciones, horas extraordinarias reconocidas o plus de nocturnidad. No tienen ninguna protección frente al despido, la salud o la higiene, que queda al arbitrio del empresario. No disponen de ninguna legitimación para exigir el uso de preservativos y se puede vulnerar el derecho a la libertad y a la salud obligándolas a consumir alcohol para que lo hagan los clientes. Tampoco obviamente tienen derecho a huelga, negociación colectiva o a sindicarse y, en caso de que conformen organizaciones que se presenten públicamente como sindicatos, ya se encargará un sector de tildarlas a ellas de proxenetas.

Se producen toda una ausencia de derechos sociales tales como el acceso a la vivienda. Habitualmente se ven abocadas a vivir y trabajar en un club, alquilar una habitación con suerte o al sistema de camas calientes. También se vulnera el derecho a la salud, sufren discriminación y padecen indefensión para acceder a servicios sanitarios siendo las ONG las que les facilitamos información sobre los recursos disponibles; quedan a expensas de que se produzca el contacto. A su vez, sufren indefensión en caso de violencia física y sexual y también la violencia psicológica y simbólica del estigma que reproducen ciertos discursos que las prostitutas interiorizan y que conducen a costes psicológicos múltiples. El estigma se traduce en una cadena de discriminaciones y exclusión social. Y el estigma, a la larga, mata.

Este es el escenario estructural de la prostitución en España. La situación de alegalidad en la que se encuentran se convierte en prohibicionismo en la calle, avalado por tesis abolicionistas. A su vez, la persecución que sufren en la calle favorece la zonificación del ejercicio reacoplándolo a terceros; alterne que está reglamentado en beneficio exclusivo del empresariado. Un matrimonio bien avenido que limpia las calles, reubica a las prostitutas a terceros desentendiéndose de las asalariadas y luego nos dice que, si quieren derechos, se hagan autónomas. Curiosamente, la mayoría que tanto preocupa al abolicionismo no puede darse de alta como autónoma, bien porque no dispone de ingresos suficientes y la estabilidad laboral para hacer frente a la cuota, bien porque trabajan en relación de dependencia o se encuentran en situación administrativa irregular. Y hay quien puede y no quiere, por legítima desobediencia civil -no taxation without representation-. Con todo, habría que recordar que aunque exista la posibilidad continúa en un vacío legal porque el objeto que se vende, el sexo, no es lícito.

Por mucho que se busque a la puta representativa -aquella que case con nuestros presupuestos- no existe una experiencia universal de prostitución. La diversidad es clave y la justicia social se consigna en dar respuesta a cada situación. Por una parte, debe asegurarse la protección efectiva de las víctimas de trata, cifrada en un 14% según la ONU, pues actualmente, lejos de garantizarse, lo habitual es que la trata se utilice como excusa para perseguir y controlar la migración, tal como se denuncia desde el informe Greta del Consejo de Europa. Habría que recordar que existe trata en multitud de sectores y su causa no es la prostitución, sino el cierre de fronteras europeo, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrollan los proyectos migratorios. En síntesis: el racismo institucionalizado del que se benefician las mafias. En segundo lugar, hacen falta alternativas laborales realistas para quienes quieran abandonar el ejercicio. Resulta paradójico que se inviertan más esfuerzos en desacreditarnos que en generar opciones laborales no feminizadas ni precarizadas, para que la prostitución no tenga que ser en ningún caso un destino. Por último, para aquellas que quieran seguir ejerciendo y reivindican la mejora de sus condiciones, el reconocimiento de su condición de trabajadoras, con titularidad de derechos laborales y, por tanto, civiles plenos. Son demandas que no están en conflicto.

Llevamos 23 años insistiendo en que no, no somos regulacionistas. Los modelos de este tipo regulan la prostitución como un problema de sanidad y orden público y se desarrollan a través de medidas administrativas y policiales como los controles médicos obligatorios, la inscripción en registros policiales y la zonificación del ejercicio considerando en qué espacios es legal ejercer. Recrean la división entre prostitución legal e ilegal para las migrantes en situación irregular, prohíben la prostitución callejera, favorecen el ejercicio a terceros y estigmatizan como grupo de riesgo y en la vida laboral. Frente a este modelo también nació el movimiento de prostitutas, es un marco que ninguna asociación pro-derechos defiende y que los sindicatos de prostitutas de los países con modelo reglamentarista critican abiertamente.

Si nos denominamos pro-derechos es porque nuestra prioridad se encuentra en el reconocimiento de estos desde una perspectiva de derechos humanos, cuyo ejemplo más próximo sería el neozelandés. Se trata de poner límites a los empresarios, de evitar las relaciones de explotación laboral que ya existen, de descriminalizar la prostitución callejera, incentivar el trabajo autónomo y, por encima de todo, que el modelo de prostitución que se quiera desarrollar cuente en su elaboración con la participación de las protagonistas. Un modelo revisable por un comité de evaluación en el que participen las trabajadoras, que vaya fortaleciéndose de sus fallas para garantizar la protección frente a la violencia, la explotación, la coerción y el machismo a las más vulnerables. Ahora, si se quiere llamar regulación a cualquier interjección legal en prostitución, hablemos claro, porque esta ya existe con el alterne, el uso del espacio público y la penalización de aspectos concomitantes al trabajo asalariado e independiente.

La frecuente asimilación entre regulación y enfoque pro-derechos, el desequilibrio de información sobre las cuatro posturas del que dispone la población, no es inocente y sí un síntoma de que el debate nunca ha sido tal cosa. Mientras nos meten en el mismo saco, se obvia quién tiene el monopolio del poder institucional, académico y los recursos asistenciales. Quienes defendemos esta postura no somos un todo monolítico. Hay quienes apoyan una visión pro-sexo y se concentran en reconocer la capacidad de decisión. Hay quienes desean la abolición a largo plazo, pero conscientes de la gravedad de la situación abrazan el principio de reducción del daño. Hay quienes, incluso, veníamos del abolicionismo y el trabajo de campo en las zonas de ejercicio nos hizo ir deconstruyendo una serie de supuestos. Cuántas instituciones son patriarcales, como el matrimonio, refugio indiscutible de la violencia machista y, sin embargo, no existe un movimiento organizado por su abolición. Cuántos trabajos están igualmente atravesados por el patriarcado y el capitalismo, como el servicio doméstico, y sin embargo nos solidarizamos con sus proclamas de alcanzar condiciones dignas de ejercicio.

Nos quedan muchas cuestiones en el tintero, como los clientes, por supuesto. Asunto, por cierto, sobre el que las trabajadoras sexuales han escrito ríos de tinta, pero no podemos convencer a quienes se niegan a revisar su sesgo de confirmación, la tendencia a valorar solo aquella información que confirme sus creencias. Cierto es que las que se autodenominan trabajadoras sexuales no son todas. Romper con el estigma, politizarse, organizarse y tener el valor de visibilizarse no es fácil, pero son un movimiento internacional y creciente desde los años 80. Es una maniobra perversa reducir a las que dan la cara al rótulo de privilegiadas cuando lo que están exigiendo es disfrutar de los mismos ‘privilegios’ que el resto de la clase trabajadora. En la misma operación, se borra intencionalmente el hecho de que los reclamos de las escorts son exactamente los mismos que los de las asalariadas y de calle como Prostitutas Indignadas del Raval, AFEMTRAS de Villaverde o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

Pareciera que la preocupación central no son las putas, sino los efectos simbólicos de normalizar la prostitución. Si de verdad preocupara el machismo en la prostitución, con mayor razón buscaríamos que estuviesen protegidas frente a este. En Nueva Zelanda una trabajadora puede rechazar a un cliente sin dar ningún tipo de explicación, incluso después de habérsele pagado. Con todo, para que la ansiada revolución que erradique de base las instituciones patriarcales pueda llegar a buen puerto, no podemos olvidar dirigirnos primero hacia la feminización de la pobreza. Condenar a la clandestinidad y a la vulneración de derechos humanos no nos parece la mejor opción; multar a las que ejercen en la calle, desentenderse de las asalariadas y decirles a las que quieren trabajar que ahí tienen la cuota de autónomos sí es neoliberal. Pervertir la justicia social en sistema carcelario y exclusión como en Suecia, también. Si no se quiere dar el brazo a torcer al menos que no se les exija a quienes nunca se ha considerado como sujetos políticos la misión de erradicar el patriarcado, el capitalismo, la alienación y el trabajo asalariado. Y sí, es trabajo.

El gobierno de Barcelona no multará a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Al contrario, defenderemos los derechos de todas las mujeres, también de las trabajadoras sexuales.

La Ordenanza del Civismo de la ciudad de Barcelona ha sido una norma altamente punitiva. En sus artículos 39 y 40 establece multas por el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual en la vía pública, aunque en este último caso sólo si es de manera retribuida. Así, en base a la Ordenanza que establece nuestra conducta “deseable” en el espacio público, si queremos practicar sexo en la vía pública, no hay ningún problema, ni de noche ni de día, incluso en medio de la plaza Cataluña, siempre y cuando no haya intercambio económico.

Lo que se ha perseguido con esta normativa, aprobada en su momento con el voto a favor del PSC, CIU, ERC y el PP es eliminar de las calles la cara visible de la prostitución en la ciudad de Barcelona. En cambio, la prostitución que se ejerce en locales y clubes de la ciudad está permitida y así se reglamentó en Cataluña por parte de CiU bajo el Decreto 217/2002 y por el tripartito bajo la ley 11/2009 por la que quedan regulados los locales de alterne, las barras americanas o sex-shops. Esta doble vara de medir no es más que una muestra de las incongruencias políticas de partidos que regulan a favor del empresariado, al tiempo que persiguen a las trabajadoras sexuales. La ordenanza ha impuesto un castigo a una forma de ejercer la prostitución, no a la prostitución en sí misma.

A menudo se ha argumentado de manera inconsistente que estas acciones de imponer correctivos buscaban salvaguardar la integridad de las mujeres en su conjunto, o incluso estaban dirigidas a luchar contra las situaciones de tráfico en que estas mujeres pueden estar sometidas. Una forma cuando menos perversa de salvaguardar la integridad de todas las mujeres a través de criminalizar y estigmatizar a un grupo de mujeres en concreto o de luchar contra el tráfico multando a las mismas mujeres traficadas. Además incumple con la Directiva 2011/36 / UE, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico y explicita la obligación de no imponer penas a las víctimas.

Más allá de todas las incoherencias mencionadas, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con varios informes y documentos que nos señalan la poca efectividad de la norma y la vulneración de derechos que provoca. Después de 10 años de vigencia de la Ordenanza los datos nos dicen que la ordenanza no ha conseguido reducir el número de mujeres que ejercen en el espacio público, a pesar de la promesa hecha en el vecindario de la zona de Robadors por el gobierno de Trias (desde del 2009 hasta el día de hoy se está atendiendo entre 390 y 450 mujeres aproximadamente).

Asimismo se ha situado a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad: muchas de estas mujeres han contraído, a través de las multas, una deuda con la administración, ya que menos de un 10% de las multas impuestas a las mujeres se podían hacer efectivas. Esto ha tenido consecuencias negativas para las mujeres, como por ejemplo el no poder acceder a ningún tipo de ayuda y prestaciones sociales. De manera añadida la vigilancia policial constante conduce a las mujeres a negociar más rápido, los clientes tienen más margen en la negociación y pueden hacer uso de la amenaza de avisar a la policía, según explican ellas mismas en diferentes informes. Además, se ha reforzado el estigma que las hace sentir desprotegidas y avergonzadas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de multar a las mujeres por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad ciudadana. La conocida como Ley mordaza, a diferencia de la ordenanza del civismo, no prevé como infracción el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Por ello, desde finales de 2015, aquellos artículos de la Ordenanza que prevén la sanción del ofrecimiento de servicios sexuales se han dejado de aplicar. Este hecho, que ha pasado desapercibido por los grupos de la oposición que hacen bandera del abordaje punitivo de la prostitución, no ha tenido ninguna incidencia en el día a día de la gestión del espacio público en Barcelona. Por tanto, ni las sanciones no han tenido el efecto disuasorio esperado, ni dejar de sancionar ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales en las calles de la ciudad.

Con la experiencia de estos 10 años de Ordenanza del Civismo podemos asegurar que el abordaje punitivo de la prostitución ha fracasado. Más allá de constatar que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para replantear las políticas y normas fallidas, de involucrar a la ciudadanía, a todos los grupos municipales y a las mujeres que ejercen la prostitución en una reflexión más amplia que nos permita avanzar en la mejora de la convivencia, que nos lleve a nuevos consensos sobre el uso del espacio público. En definitiva, tenemos que encontrar una solución bajo un marco de garantía de derechos para todos, para las mujeres en su conjunto, por todas, y por los vecinos y vecinas que conviven con el ejercicio de la prostitución en la calle.