Los trabajadores de las diferentes empresas de Mediapro encargados de las retransmisiones de LaLiga están llamados a una huelga desde el 14 al 27 de mayo, lo que coincidirá con las tres últimas jornadas de la competición. La plantilla exige “soluciones urgentes” y garantías de continuidad laboral después de que la entidad que preside Javier Tebas anunciara que prescindirá de Mediapro para televisar los partidos de la competición a partir de la temporada que viene y durante, al menos, cinco años.

Los diferentes sindicatos han llamado al paro en diversas de las empresas que conforman el grupo mediático, lo que afectaría a la retransimisión de partidos como el Barça-Espanyol, el Real Madrid-Sevilla, el Girona-Atlético o el Valencia-Athletic, así como a otros encuentros de Segunda Divisón y la liga Hypermotion.

Los representantes de la plantilla demandan “claridad” sobre lo que sucederá los próximos meses y exigen una reunión conjunta que cuente con la participación de LaLiga, Mediapro y de las dos empresas que han conseguido los derechos de producción: HBS y Telefónica.

La suiza Host Broadcast Services se ha adjudicado tres de los cinco bloques ofertados, mientras que el cuarto irá para Telefónica y el quinto lo gestionará la propia Liga. Los trabajadores denuncian que las nuevas adjudicatarias no garantizan la subrogación de los trabajadores, cosa que genera “gran inestabilidad laboral en toda la plantilla”.

Desde la CGT exigen un documento firmado y vinculante antes de que acabe la competición, en el que se asegure que no perderan condiciones ni derechos y se garantice que no se hará un ERE de quienes no estén subrogados. “No podemos aceptar que HBS, que moverá una gran cantidad de dinero con LaLiga, sea incapaz de asegurar el trabajo a las personas”, denuncian desde el sindicato.

Alrededor de 800 trabajadores llamados a la movilización

La CGT ha registrado la convocatoria en la empresa Sociedad Europea de Unidades Móviles, SLU, más conocida como Eumovil, que aglutina a 450 de los cerca de 800 trabajadores dedicados a las retransmisiones deportivas. También se ha sumado a la convocatoria la CNT, que la ha registrado para las tres empresas con base en Barcelona y también afectadas por el cambio de adjudicación.

La Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), sindicatos mayoritarios en el ámbito de la producción audiovisual, han anunciado la convocatoria de huelga en las seis empresas del Grupo Mediapro que prestan el servicio de producción audiovisual a LaLiga, que emplean a “entre 800 y 900 personas”: Sociedad Europea de Unidades Móviles SLU, Grup Mediapro SLU, Mediatem Canales Temáticos SLU, Globo Media SLU, K2000 SAU y Servicios Audiovisuales Overon SLU.

“Ambos sindicatos exigen que se asuman responsabilidades y se garanticen el mantenimiento del empleo y los derechos laborales de todas las personas trabajadoras afectadas por este cambio de adjudicación, respetando el orden normativo vigente”, indican UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

La decisión de prescindir de los servicios de Mediapro, según LaLiga, se ha basado en un análisis comparativo riguroso de todas las ofertas presentadas, con “el objetivo de seleccionar la opción más adecuada para cada bloque y asegurar una adjudicación alineada con los objetivos y necesidades específicas de LaLiga”.

El grupo Mediapro discrepa por completo del resultado de esta adjudicación. La productora ve “inaudito” que La Liga “se haya decantado por una oferta más cara y por un proveedor suizo que no dispone ni de un solo medio técnico en España ni tiene ninguna experiencia en la producción televisiva de una competición como LaLiga, que se despliega a lo largo de toda una temporada”.

LaLiga cambiará por primera vez desde 2015 de proveedor de producción audiovisual para LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y los contenidos relacionados con estas competiciones. Según ha comunicado la entidad presidida por Javier Tebas, dejará de contar con Mediapro, su socio estratégico desde hace diez años, y ha elegido para las próximas cinco temporadas a HBS, “empresa líder en Europa en producción audiovisual”, y Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA).

La suiza Host Broadcast Services se ha adjudicado tres de los cinco bloques ofertados, mientras que el cuarto irá para Telefónica y el quinto lo gestionará la propia Liga. El organismo alega que su “decisión se ha basado en un análisis comparativo riguroso de todas las ofertas presentadas, con el objetivo de seleccionar la opción más adecuada para cada bloque y asegurar una adjudicación alineada con los objetivos y necesidades específicas de LaLiga”.

El Grupo Mediapro discrepa por completo y este lunes expresó mediante un comunicado su queja por lo que considera una adjudicación “sorprendente”, aseguró que su oferta era la mejor de las presentadas y que “someterá a estudio la posible impugnación de la decisión”.

“Económicamente, es la oferta más barata para LaLiga y para los clubes, y técnicamente mejora ostensiblemente los propios requerimientos establecidos por LaLiga”, apuntó la compañía. La productora fundada por Jaume Roures ve “inaudito” que el organismo que preside Javier Tebas “se haya decantado por una oferta más cara y por un proveedor suizo que no dispone ni de un solo medio técnico en España ni tiene ninguna experiencia en la producción televisiva de una competición como LaLiga que se despliega a lo largo de toda una temporada”.

Mediapro critica la “falta de transparencia” y el incumplimiento de las bases

Para Mediapro, “todo el proceso de adjudicación ha estado caracterizado por el secretismo, la falta de transparencia y los continuos cambios y atrasos en los plazos que se iban produciendo”, sin que además el grupo “recibiese nunca ninguna explicación al respecto”. “Ahora tenemos todo el derecho a sospechar que sólo obedecían a una voluntad expresa de beneficiar a otros participantes en contra de Grup Mediapro”, lamenta.

“En el comunicado de LaLiga se exageran groseramente las virtudes de los adjudicatarios, llegando a difundir información manifiestamente falsa sobre sus credenciales y atribuyéndoles errónea o falsamente producciones de la Champions, Eurocopa o la Copa África, producciones en su mayoría realizadas por Grup Mediapro”, prosigue la compañía catalana.

Además, recalca que “tampoco los adjudicatarios disponen en España de equipos técnicos ni humanos, ni de un 'HUB' de producción, tal como se exigía en las bases del concurso”. “En realidad, no los disponen en ninguna parte del mundo, ya que operan como asesores y productores ejecutivos, subcontratando a continuación los medios técnicos necesarios, muchas veces los de Grup Mediapro, quien finalmente se encargaba de la producción televisiva”, subraya.

En su caso, insisten desde Mediapro, “es el 'partner' de producción audiovisual de fútbol más reputado y reconocido internacionalmente”. “Actualmente, produce 13 ligas nacionales de fútbol en todo el mundo y es capaz de producir 9.000 partidos por temporada y más de 25.000 eventos deportivos en directo durante el 2024. Todo ello con medios y profesionales propios”, explica la compañía, que recuerda que cuenta con “105 Unidades móviles en todo el mundo” y “más 4.200 profesionales solo en España” para poder prestar “habitualmente” servicios de producción en competiciones “reputadas” de todo el mundo.

La compañía recuerda que “a lo largo de todos estos años en que ha proporcionado servicios técnicos de producción”, LaLiga ha sido reconocida “como la competición de fútbol más innovadora y tecnológicamente más avanzada”. “Resulta paradójico que la capacidad técnica, la fiabilidad y el talento de sus profesionales sean más reconocidos internacionalmente que por la propia liga española. Y es todavía más paradójico que quien dice querer defender la industria española contrate a una empresa suiza cuando una española es la líder mundial en la producción de fútbol en directo”, critica.

“Grup Mediapro considera sin base objetiva el cambio de operador audiovisual, que realizado con tanta urgencia puede poner en peligro la producción de los partidos del inicio de temporada”, por lo que “someterá a estudio la posible impugnación de la decisión”, concluye el comunicado.

El portal de streaming Roja Directa ha sido condenada a indemnizar a la productora Mediapro con 31,6 millones de euros por haber pirateado contenidos de fútbol.

El Juzgado Mercantil nº 2 de A Coruña ha fijado la indemnización que Puerto 80 y su administrador, Igor Seoane, deben resarcir a Mediapro por los daños y perjuicios ocasionados por la emisión de partidos de La Liga cuyos derechos afines de propiedad intelectual pertenecían al grupo audiovisual durante la temporada 2014-2015, según una nota de prensa difundida por Mediapro.

Previamente, en 2022 el Tribunal Supremo declaró a Puerto 80 Projects y a su administrador, Igor Seoane, responsables de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la web Roja Directa distribuyendo ilegalmente partidos de La Liga y obteniendo grandes beneficios económicos por ello. Ahora, el Juzgado de A Coruña ha establecido una indemnización por los daños y perjuicios causados de 31,6 millones de euros, de los que 15,8 millones es responsable solidario su administrador, Igor Seoane.

El cálculo de la indemnización se ha hecho en base a la contraprestación económica que Puerto 80 Projects debería haber abonado a Grup Mediapro para tener acceso a la señal. “Casi 10 años después del inicio de las actuaciones judiciales, Grup Mediapro ha conseguido cerrar la web en España y fijar una indemnización por la infracción de derechos afines de Propiedad Intelectual”, afirma la nota de prensa.

La web Roja Directa daba acceso en España a contenidos ilegales vulnerando los derechos de propiedad intelectual a través de enlaces que permitían ver en directo los partidos de la liga española y otros contenidos deportivos que se emitían en televisión de pago. Si bien para el usuario el acceso era gratuito, Puerto 80 Projects obtenía ingresos millonarios a través de la publicidad y del cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas. Informes periciales judiciales de 2022 evidenciaron ingresos de más de 11 millones de euros en una sola de las cuentas de la sociedad. 

Paralelamente, el responsable y administrador único de Puerto 80 Projects está haciendo frente a un proceso penal, impulsado por Grup Mediapro y La Liga, por un delito continuado contra la propiedad intelectual a través de Roja Directa y por los beneficios obtenidos con esta actividad ilegal.

El fiscal del proceso, que se encuentra en fase de juicio oral, solicita cuatro años de cárcel para el administrador de Puerto 80. Grup Mediapro y La Liga solicitan seis años de prisión. Puerto 80 Projects y su administrador debían haber depositado una fianza de 4 millones de euros para hacer frente a futuras responsabilidades dada la “especial transcendencia económica” de las ganancias obtenidas y los perjuicios causados, según las conclusiones del fiscal. “Puerto 80 Projects continua con sus actividades ilegales fuera de España”, indica la nota de prensa.

El Plató 300 es un pozo sin fondo. El estudio central de la TVG no deja de acumular gastos. Al más de un millón de euros destinado a su larga y accidentada reforma –duró 9 meses más de lo previsto, debido a las dificultades para hacer funcionar la gran pantalla led–, se suma ahora la contratación de un servicio de “creación artística de fondos” para esa misma pantalla, con un año de duración –prorrogable a dos– y un presupuesto para el primer ejercicio de 350.000 euros, IVA incluido. Este contrato da continuidad al que se firmó en octubre de 2023 para poner en marcha el dispositivo. Entonces, la corporación pagó 160.000 euros por siete meses de ejecución de una labor que, según el comité de empresa, realiza en un 80% el personal propio. Esa externalización, aseguran, sólo sirve para “ralentizar” el trabajo.

“¿Por qué regalarle medio millón de euros a Overon cuando hacemos nosotros la mayor parte del trabajo? ¿A cambio de qué? ¿Esto cómo se llama? ¿Qué paga la CRTVG en realidad?”, se pregunta la Central Unitaria de Traballadores (CUT), sindicato mayoritario en la corporación, en un post en la red social X (antes Twitter), en el que comparte el comunicado del comité.

En ese escrito, el órgano de representación laboral recuerda que ya había advertido a la CRTVG de que la externalización del servicio “no era necesaria” porque existen profesionales “e incluso posibilidades de nuevas contrataciones internas” para llevarlo a cabo, algo que además facilitaría los “flujos de desarrollo” del trabajo.

Aun así, la corporación siguió adelante con la licitación, adjudicada entonces a la empresa Overon, perteneciente al grupo Mediapro, que fue quien instaló la nueva pantalla. Overon es ya concesionaria de otros servicios del canal autonómico “como las conexiones en directo de los informativos”, un contrato que ha comenzado a fiscalizar el Consello de Contas tras la denuncia presentada por el sindicato CIG.

Según los representantes laborales, durante este primer contrato de seis meses, el “trabajo efectivo” de Overon en la creación de contenidos para el nuevo plató supuso “un porcentaje estimado de un 20%, mientras que el 80% restante se hace con recursos propios de la CRTVG”. No sólo eso: la necesidad de combinar los dos factores “dificulta la agilidad del trabajo”, ya que obliga a buscar las imágenes en San Marcos –la sede de la televisión– “y tener definidos los temas a las horas estipuladas para que luego la empresa externa envíe a tiempo para el informativo el trabajo encomendado”. Como consecuencia de este procedimiento, “los temas principales, relevantes y de última hora se elaboran con recursos propios de la CRTVG para evitar la demora”.

Por todo ello, el comité considera “injustificada” la decisión de licitar un nuevo contrato –algo que ya trasladó a la empresa, a la que también instó a mantener una reunión para solicitar la internalización de este servicio–, ya que insisten en que el trabajo “se viene desarrollando prácticamente de forma interna y hay capacidad para seguir haciéndolo”.

Así, consideran que gastar entre 300.000 y 600.000 euros más, si se prorroga otro año, en externalizar un servicio “que sólo ralentiza el trabajo es un malgasto de fondos públicos y un descuido en la misión de servicio público que encomienda la CRTVG”.

El plató de los líos

El Plató 300 es, y así lo admite el comité, “una de las grandes apuestas recientes” de la corporación de medios públicos de Galicia. TVG pretendía inaugurar la reforma de este histórico estudio en la noche electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo del año pasado, pero los problemas en la instalación y la puesta en marcha de la pantalla de 97 metros cuadrados retrasaron su debut hasta el debate de los comicios gallegos, el 5 de febrero de 2024. Durante ese tiempo, el plató desde el que se emiten los informativos, el tiempo o los deportes, permaneció inutilizado.

Tal y como contó entonces elDiario.es, las tribulaciones para hacer funcionar el videowall se multiplicaron: una medición incorrecta del tamaño del plató impidió colocar en horizontal la última fila de módulos led. Hubo un intento de ponerlos en vertical y se encontraron una imagen que evocaba un puzzle con una fila de piezas mal ordenadas. Aunque el plató tiene dos zonas curvas, la pantalla sólo preveía una. La diferencia de orientación entre los píxeles no permitía ofrecer una imagen uniforme y, cuando eso se solucionó, los colores no se ajustaban...

Los sindicatos recuerdan que la renovación del plató “lleva aparejado un historial de licitaciones externas que, en conjunto, supondrían un gasto de más de millón y medio de euros” con episodios como la “inadecuación” de los módulos de la pantalla que obligaron a devolverlas para traer otras “adecuadas” y, mientras, pagar “más de 30 mil euros” para alquilar otra provisional para la programación especial de la campaña del 28M. Todo esto “hace cuestionar la profesionalidad y el rigor de las decisiones tomadas con cargo a fondos públicos”.

En total, según la suma realizada por los representantes laborales, la puesta en marcha del estudio necesitó la licitación de la pantalla por más de 600.000 euros; la obra de remodelación del plató para adaptarlo al dispositivo (260.000); la renovación de cámaras para ése y otro estudio (300.000) y el cambio en los controles de los tres estudios de la casa por un importe superior a 600.000 euros más. “Una renovación tecnológica necesaria pero no exenta de errores que provocaron gastos innecesarios”.

Para finalizar, el comité insta a la CRTVG a “poner coto de una vez al proceso privatizador que la actual dirección lleva desarrollando desde su llegada, con decisiones poco atinadas e injustificadas” algo que “incide de forma muy negativa tanto en la imagen como en el servicio” del canal autonómico y supone “la destrucción de puestos de empleo público”.

La CRTVG, por su parte, no ha querido contestar a los comentarios del comité, “quien manifiesta una vez más su oposición a que la Corporación contrate servicios con el sector audiovisual bien sea para informativos, programas o entretenimiento”. Desde su departamento de comunicación aseguran que el motivo de licitar de nuevo el concurso es “porque así se estimó oportuno tras el análisis de las necesidades del servicio y la especificidad del mismo en este período de puesta en marcha del nuevo sistema”, algo que, señalan, “queda perfectamente definido en la memoria justificativa y en la documentación pública de la contratación del mismo”.

El hasta ahora gestor de Mediapro, Jaume Roures, ha confirmado que el consejo de administración del grupo de comunicación decidió apartarlo como consejero delegado ya que consideran que su gestión “no es adecuada”.

En una entrevista en Rac1, Roures ha lamentado que el comunicado oficial de la empresa dijera que se había “desvinculado”, en lugar de hablar abiertamente de despido. “Me han quitado responsabilidades”, ha apuntado.

El fundador de Mediapro ha explicado que Tatxo Benet, presidente y consejero delegado, le comunicó que esperaba que se quedara como socio un tiempo, “a la espera de operaciones corporativas” para hacer dinero con la venta de sus acciones. “Yo no sirvo para estas cosas. Si no tengo capacidad de gestión, prefiero ir a casa”, ha asegurado.

Roures ha confirmado que actualmente mantiene un 5% de las acciones, pero que tiene la intención de venderlas y salir definitivamente de la compañía.

El empresario ha asegurado que se tomó la noticia “pacíficamente” y que pensó en comunicar la situación a sus empleados a través de un correo. Pero Roures denuncia que Tatxo Benet le impidió enviar este comunicado a los más de 7.000 empleados en el que aseguraba que le habían “censurado”.

El fundador de la compañía asegura que cuando entregó el texto del correo para que fuera enviado por la plataforma interna, le “pusieron pegas”. Cuando Roures se quejó a Benet de que le estuviera “censurando el comunicado”, la respuesta fue que no se pueden “usar los canales internos para cosas que no sean convenientes”.

Roures ha apuntado que ya veía venir la situación actual y que intuía que le serían retiradas las responsabilidades. Pero se ha mostrado convencido de que con su salida la empresa “no se irá al garete”. Por su parte, no ha descartado crear una nueva empresa audiovisual.

Los sucesivos ágapes del excomisario José Manuel Villarejo y el magnate Jaume Roures en Madrid parecen confirmar lo que desde hace meses viene apuntando la periodista Patricia López, exreferente de Público y ahora directora de Crónica Libre: que existe algún tipo de pacto entre el empresario que dice ser trotskista y el mayor símbolo de las cloacas policiales surgidas en los estertores del franquismo.

La fotografía de la última cena entre ambos, divulgada por The Objective, podría tener entre algunos izquierdistas que aún se creen las soflamas trotskistas del magnate un efecto similar al que causó en la familia comunista el pacto Ribbentrop-Molotov (1939), por el que Stalin y Hitler sellaron su colaboración contranatura ante la incredulidad y desesperación de tantos comunistas que arriesgaban su vida para frenar al fascismo.

Sin embargo, ayuda mejor a entender la situación otra referencia marxista, también de 1939, año en que Leon Trotsky publicó Su moral y la nuestra, quizá el libro más controvertido del dirigente bolchevique y, sin embargo, una referencia para Roures, cuya lectura sigue recomendando, como hizo en su última charla en La Tuerka. Fue sobre todo a partir de este “gran libro” –Roures dixit– cuando los trotskistas quedaron estigmatizados como supuestos defensores de que “el fin justifica los medios”.

Leído en el siglo XXI, alejados del contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, Su moral y la nuestra incomoda también a muchos trotskistas. Tuve ocasión de debatirlo con Miguel Romero, Moro, referente político y moral de esta tradición en España, histórico editor de Viento Sur, fallecido prematuramente en 2014. Romero lo consideraba un libro menor y el que menos definía el pensamiento de Trotsky. En su opinión, se explicaba solo por la situación de desesperación y aislamiento en que se encontraba el dirigente bolchevique en el punto álgido del nazismo, mientras sus camaradas eran masacrados por Stalin y a las puertas de una guerra mundial que sabía inminente.

Un libro brutal para tiempos brutales, del que una determinada lectura podría efectivamente extraer un método de análisis implacable basado en que “el fin justifica los medios”. Un método que, sacado del contexto en que fue escrito, también es aplicable más allá de la política, incluso cuando el fin deja de ser la Revolución y pasa a ser el negocio. Quizá es en este sentido en el que Roures puede seguir alardeando de “trotskista”.

Con semejante cobertura intelectual es más digerible que el conglomerado capitalista creado por el magnate tenga desde hace más de tres décadas un complejo entramado societario en Holanda, país que el propio diario Público –administrado por Roures– suele calificar de paraíso fiscal. O utilizar el soborno para adquirir derechos deportivos, una práctica reconocida por el conglomerado ante la fiscalía de EEUU en 2018 en un procedimiento por el que el cofundador de Mediapro Gerard Romy –también ávido lector de Su moral y la nuestra– se encuentra a la espera de juicio en Nueva York tras aplicársele la ley antimafia por las prácticas continuadas de Mediapro en América.

De hecho, buena parte de la trayectoria empresarial del magnate se ha basado en asociaciones supuestamente contranatura. A pesar de haber moldeado su imagen pública a partir de una retórica de militante izquierdista, la realidad es que Mediapro se ha ido construyendo también gracias a la asociación con la derecha.

La acumulación primitiva de capital que dio origen a Mediapro procede básicamente de TV3 durante los años de hegemonía de Jordi Pujol, donde Roures y sus socios tenían simultáneamente un pie dentro –en la sala de mandos de Deportes y de su presupuesto– y otro fuera, a través de vehículos empresariales contratados por la cadena pública. Esta trabazón llevó a que Roures y sus socios llegaran a convertirse en empresarios de la máxima confianza del pujolismo y del sector de los negocios de Convergència.

Las huellas de la trotskovergencia son muy visibles en múltiples operaciones durante más de tres décadas, que llegan hasta hoy: desde la absorción de los restos de Mediapark –uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del pujolismo, en la década de 1990– o de Mercuri, productora del exdirector de TV3 que impulsó las externalizaciones en la cadena y que después se convirtió en director general de Difusión de Pujol, hasta el caso Triacom, que ahora mismo se está investigando en la Audiencia Nacional en una pieza separada del 3% de financiación irregular de Convergència.

Según la investigación conjunta de Mossos y Guardia Civil, Triacom, que vivía básicamente de adjudicaciones hinchadas de TV3, era un instrumento para abonar gastos de Convergència –incluida la campaña de Artur Mas en 2010– y pagos a dirigentes del partido o a su entorno. La productora del 3% tiene múltiples vínculos con Mediapro: el propietario era un alto ejecutivo de la multinacional, los servicios jurídicos se contrataban al despacho del jefe jurídico de Mediapro, compañía que a su vez participaba del accionariado de Triacom (10%) y era además su principal proveedor.

Tras los pactos del Majestic, que en 1996 sellaron Jordi Pujol y José María Aznar, las asociaciones supuestamente contranatura se extendieron a la derecha española más dura. No solo por la gran sintonía con Javier Tebas, factótum de La Liga y, como recuerda Fonsi Loaiza en Florentino Pérez. El poder del palco (Akal, 2022), exjefe regional de Fuerza Nueva en Aragón y hoy entusiasta de Le Pen; sino también por algunas figuras clave del aznarismo.

Una de las más significativas es Juan Ruiz de Gauna, el hombre que pilotó la operación mediática más ambiciosa del aznarismo: el lanzamiento de Vía Digital, con la inmensa caja de Telefónica y toda la potencia del BOE, para intentar acabar con el Grupo Prisa. Tras el fracaso de la operación, Ruiz de Gauna aterrizó en Mediapro como integrante de su núcleo duro, y ahí sigue. O Miguel Cardenal, hijo del fiscal general nombrado por Aznar que tanto empeño puso en evitar la extradición de Augusto Pinochet, e integrante de una saga muy próxima al Opus Dei y a la derecha, que saltó a Mediapro desde la secretaría general del Deporte con Mariano Rajoy en un ejemplo de libro de puerta giratoria.

La idea de que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ayudó mucho a las empresas de Roures está muy instalada, pero la realidad es que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que más contribuyó a su prosperidad, una vez confirmado el cierre de la edición en papel de Público: aprobó la fusión entre Antena 3 y La Sexta pese a las reticencias expresadas por el organismo de la competencia en un momento de crisis aguda de solvencia de La Sexta; forzó la venta concentrada de los derechos televisivos de la Liga –Cardenal mediante–, atendiendo así a la reivindicación histórica de Tebas y Roures; y hasta adjudicó a una filial de la multinacional la señal televisiva de La Moncloa apenas unas semanas después de que Mediapro hubiera ejercido de centro internacional de prensa del referéndum independentista en Cataluña, con lo que blindó su perfil profesional en momentos de extrema tensión política.

Y todo esto con el puño siempre levantado, no vaya a ser que alguien le confunda con un revisionista o un renegado social-traidor.

Una jueza de Barcelona ha descartado que el periodista Pere Rusiñol injuriase al empresario Jaume Roures al llamarle “otro estafador” en una entrevista. La magistrada María Antonia Coscollola concluye que el periodista no atribuyó con su calificativo ningún delito a Roures sino que lo empleó “como palabra común en el sentido de sentirse engañado” por el empresario en la crisis que llevó al cierre de la edición en papel del periódico Público.

En un auto, la magistrada archiva la querella por injurias y calumnias que Roures había interpuesto contra Rusiñol. El empresario había activado la vía penal contra el periodista por una frase de una entrevista que Rusiñol concedió al diario Regió 7 por su trayectoria como periodista en El País y Público y su papel como fundador de las revistas Mongolia o Alternativas Económicas.

En esa conversación, Rusiñol se refería al proceso de cierre del periódico Público en papel, relataba el ERE acometido por la empresa editora, participada por Roures, y calificaba de “estafador” al propietario de Público, del que explicaba que les dejó de pagar dos meses. “Controlaba la sociedad desde una empresa en Holanda, un paraíso fiscal, y eso que nosotros criticábamos los paraísos fiscales. Cuando lo descubrimos ya había cerrado”, manifestó Rusiñol en la entrevista.

La magistrada da plena credibilidad a lo que explicó el periodista en fase de instrucción. “Ha quedado claro que las manifestaciones [en la entrevista] las hizo en referencia al momento de crisis laboral que afectó a los trabajadores” de Público, recalca la jueza.

Recuerda además la jueza que la empresa realizó un ERE y dejó de pagar “las cantidades debidas” a sus empleados, quienes aceptaron un expediente de empleo en octubre de 2011 que provocó 40 despidos y una “importante reducción salarial”. La editora, no obstante, presentó el 3 de enero del 2012 concurso de acreedores y el 24 de febrero se procedió a su liquidación.

Ese es el contexto, remarca la magistrada, que explica las palabras de Rusiñol sobre Roures en la entrevista. “El periodista se refirió al Sr. Roures como 'estafador' porque se sentía engañado por la dirección de la empresa”, resuelve la jueza.

La jueza considera que el calificativo de “estafador” fue empleado por Rusiñol “en el sentido de sentirse engañado, porque a pesar del esfuerzo que hicieron los trabajadores, finalmente la empresa se liquidó y no se percibieron las cantidades que se les debía o se les había prometido”, y que pueden enmarcarse como “un acto de protesta con el fin de denunciar o solucionar una situación que a su entender era a todas luces injusta”.

En consecuencia, abunda la instructora, “no puede defenderse la existencia” de un delito de injurias o calumnias, tal y como defendía Roures, que no obstante puede recurrir el archivo del caso ante la Audiencia de Barcelona.

A través de un vídeo publicado en la revista Mongolia, para agradecer el apoyo recibido, Rusiñol ha explicado que la campaña de crowdfunding que emprendió continúa para sufragar los eventuales gastos del proceso si Roures recurre, así como para alimentar la caja de resistencia ante hipotéticas acciones futuras “que se propongan amedrentar la libertad de información”.

El periodista también ha indicado que con la campaña busca “involucrar al mayor número de personas y mostrar que, a diferencia del personaje despedido de la película El buen patrón, se trata de una causa colectiva en defensa de la libertad de expresión y del periodismo incómodo con el poder, que cuenta con una extensa red de apoyo”.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y 14.400 euros de multa para el exresponsable de informática y sistemas de Mediapro, y un directivo de Bonus Sports Marketing (BSM), por presuntamente espiar los correos electrónicos del propietario de la productora audiovisual, Jaume Roures. El Ministerio Público les atribuye un delito continuado de descubrimiento de secretos de empresa. La acusación particular ejercida por Roures reclama la misma multa, pero cinco años de cárcel para el informático, y una indemnización de 100.000 euros que destinaría al Casal d'Infants del Raval. La denuncia se dirigió también contra el expresidente del Barça Sandro Rosell, que fue fundador de BSM y que finalmente fue exculpado.

El informático trabajaba en Mediapro desde el 2001 y fue despedido en 2011 a raíz de estos hechos ahora juzgados. Junto con su esposa administraba una empresa informática que, al mismo tiempo, facturaba servicios profesionales en el FC Barcelona y en BSM. Cuando fue despedido de Mediapro fue contratado como director de informática y tecnología del Barça, en la época en la que Rosell era el presidente. El otro acusado fue el gerente de Mediapro de 2000 a 2006 y luego pasó a dirigir BSM, competencia de Mediapro, y también dirigió el área de secciones deportivas del Barça.

Según el escrito de la Fiscalía avanzado por 'El Periódico' y el de la acusación particular, a los que ha tenido acceso la ACN, al menos entre el 10 de julio de 2009 y el 13 de julio del 2011, el informático, “actuando a petición y de común acuerdo” con el exdirectivo de BSM accedió, “de manera sistemática” y sin consentimiento, el correo electrónico profesional de Roures y copió los mensajes que el ejecutivo de Mediapro enviaba o recibía de entidades y personas “relacionadas con su ámbito profesional”. Estos e-mails iban a parar, según las acusaciones, a la bandeja de entrada del correo del exdirectivo, a quien le interesaban las comunicaciones sobre la actividad de Mediapro porque su empresa se dedicaba, al menos en parte, al mismo sector de marketing deportivo.

Los correos interceptados se referían a trabajos publicitarios, a aspectos relacionados con el negocio televisivo de Gol TV –canal de Mediapro–, a las relaciones del grupo con entidades financieras, a litigios con Sogecable y Audiovisual Sport sobre los derechos de la Liga española, al concurso de acreedores de Mediapro y a asuntos vinculados con contratos de derechos audiovisuales como los del Barça. Además, según los peritos, se han encontrado al menos 118 correos interceptados con información relativa a la vida privada de Roures como comidas con amigos, asistencia a entregas de premios, conversaciones privadas con sus socios o comunicaciones personales con terceras personas.

En una de las frases más emblemáticas del Manifiesto Comunista, Karl Marx escribió que “todo lo sólido se desvanece en el aire” y miles de lectores de todo el mundo la han subrayado hipnotizados al leerla. Es muy probable que también lo hiciera Jaume Roures, exmilitante trotskista y fundador de Mediapro, multinacional con domicilio en Barcelona que está viviendo en sus propias carnes una versión propia de la lapidaria sentencia de Marx: la irrupción, en 2018, de la corporación en el mercado francés de los derechos televisivos del fútbol, que se suponía iba a convertirla en el gran actor europeo del sector, se ha saldado en apenas dos años en un fracaso estrepitoso que ahora le deja en un estado económico y reputacional extremadamente crítico: el ascenso fue tan fulgurante, desafiando incluso las leyes de la física, que ahora corre el riesgo de que todo se desvanezca en el aire.

La historia del fiasco es muy conocida, sobre todo en Francia, donde toda la prensa -de derechas y de izquierda; generalista y especializada- lleva tiempo dedicándole mucha atención, un extraño contraste con lo sucedido en España, a pesar de que se trata no solo de una importante corporación con sede central en Barcelona, que facturó 1.800 millones de euros en 2019 -casi el doble que el Grupo Prisa-, sino que es también el socio estratégico de la Liga de Fútbol Profesional, la segunda más importante del mundo, e histórico gestor de los derechos televisivos internacionales de los clubes españoles.

Mediapro irrumpió en el fútbol francés a lo grande, arrebatando los derechos televisivos al operador histórico -Canal Plus- con una oferta de esas que no se pueden rechazar: prometía elevar el caché internacional de la Liga francesa, que se encuentra un peldaño por debajo de la española y la inglesa, crear un canal temático y ultramoderno, Telefoot, para la difusión de los partidos y, sobre todo, repartir un auténtico maná a los clubes: 780 millones de euros al año durante cuatro temporadas.

Las mareantes cifras, que suponían un aumento del 60% sobre el precio de referencia de la subasta anterior, causaron escepticismo en algunos analistas, que ya advirtieron entonces de los riesgos de la operación, acentuados por la negativa de Mediapro a presentar avales. Esta negativa a avalar ha sido en realidad una constante en la historia de la multinacional desde que logró el primer gran contrato de derechos televisivos del fútbol, cedido por el FC Barcelona de Joan Laporta y Ferran Soriano sin exigencia de aval, un controvertido empujón que precisamente sirvió de base para que la empresa retara al Grupo Prisa a una guerra del fútbol que Mediapro logró ganar ante un imperio en decadencia, ya muy condicionado por la enfermedad de Jesús Polanco.

Pese a estas voces críticas aisladas, Mediapro fue recibido en 2018 en Francia como el gran salvador del fútbol francés, con un despliegue mediático que en general combinaba el entusiasmo con la curiosidad por este personaje atípico que iba a llevarles a otro nivel y a enriquecerles a todos, el peculiar “trotskista catalán” Jaume Roures. Nada que ver con la brutal sucesión de informaciones negativas desde el pasado octubre, cuando Mediapro incumplió por primera vez su compromiso de pago, de 172 millones de euros. Tras incumplir el segundo, este diciembre, de otros 152 millones, la Liga francesa, que ahora ve amenazada su propia supervivencia ante el roto financiero causado, ha pactado con Mediapro la salida del operador, que se ha comprometido a abonar 100 millones de euros en compensación por el estropicio, de forma que la Liga recupera los derechos con la esperanza de volver a contar con Canal Plus, aunque tenga que pedírselo de rodillas.

El vodevil supone un mazazo económico extraordinario para Mediapro, que atraviesa una situación económica muy delicada, según ha subrayado la agencia de calificación Moody’s, pero el daño reputacional es incluso mayor: se suma a la fallida operación de Italia, donde un contrato análogo no se llegó a firmar precisamente por la negativa de Mediapro a presentar avales y ahora los clubes le reclaman en los tribunales una indemnización millonaria, y a la imagen que ha dado unánimemente la prensa francesa de la corporación con sede en España: de muy poco fiable en el mejor de los casos, y directamente de “atracadores” en el peor. Las acusaciones se centran además en Roures, que es quien en 2018 personificó el supuesto milagro, como si de un rey mago se tratara, y que ahora ha sido satirizado con saña en los más prestigiosos medios de Francia, como 'Le Monde' y el deportivo 'L’Equipe'.

Mediapro justificó su impago del pasado octubre por el devastador impacto que ha tenido el coronavirus en el negocio del deporte y en base a ello aspiraba a renegociar a la baja los compromisos de pago adquiridos. Pero el modelo prometido por Mediapro, que arrancaba esta temporada 20-21, ya se había comprobado inviable desde su inicio mismo, ante las visibles dificultades de la compañía por revender partidos a otros operadores y el fracaso de Telefoot, el nuevo canal temático ahora condenado al cierre, que necesitaba en torno a cuatro millones de abonados para alcanzar el umbral de rentabilidad y se ha quedado en apenas 600.000, y según datos de la compañía.

El impacto del coronavirus ha sido ciertamente muy importante, pero sobre todo para la viabilidad misma de Mediapro, como señalan sucesivos informes de Moody’s, que ya ha situado a la matriz, Joye Media, en calificaciones equivalentes al bono basura. Para hacer frente a la pandemia, la compañía se acogió inmediatamente al ERTE y ante las tensiones de tesorería tuvo que solicitar un crédito de 60 millones de euros, que solo pudo cerrar tras el compromiso de los socios de inyectar otros 60 millones adicionales y de lograr entrar en el nuevo esquema de avales del ICO para cubrir el 70% del préstamo solicitado, según detalla Moody’s en una nota del pasado julio. En octubre, consumado ya el primer impago en Francia, la agencia subrayaba “la dificultad de Mediapro por monetizar los derechos del fútbol de forma rentable” y advertía del explosivo combinado que supone tener “tesorería débil y alto endeudamiento”: según sus cálculos, la caja contaba solo con 143 millones tras las nuevas inyecciones, una cantidad muy alejada de los 324 millones comprometidos para antes de final de año solo a los clubes franceses, y con una deuda de la compañía que ronda ya los 1.000 millones, con escasísimo margen pues para acceder a nuevo crédito.

Por duras que puedan parecer estas cifras, el impacto más importante del coronavirus en Mediapro es todavía más profundo porque trunca el gran objetivo estratégico de la salida a Bolsa, una operación prevista para 2021 o 2022 y ya encargada a Rothschild para el parqué de Londres. Es el proyecto de esta operación, que ahora deviene absolutamente inviable y con la que sus promotores esperaban movilizar entre 3.000 y 4.000 millones de euros, lo que en buena medida explica los arriesgados movimientos impulsados por Mediapro en los últimos años, incluyendo el de Francia.

La irrupción de Mediapro en Francia coincidió precisamente con la entrada en la compañía del fondo chino Orient Hontai, que tras invertir 1.000 millones de euros se convirtió en 2018 en el accionista mayoritario, con el 53,5%, pese a lo cual no se ha involucrado en la gestión, que ha seguido en manos de sus socios históricos, Jaume Roures y Tatxo Benet. Ello revela bien la naturaleza y objetivos del fondo, motivado básicamente por conseguir una rápida rentabilidad con la salida a Bolsa en el horizonte. Según los planes previstos, y de acuerdo con la valoración estimada de la operación bursátil, Orient Hontai aspiraba a una rentabilidad de entre el 50% y el 100% de su inversión antes de cuatro años, mientras que en este marco Roures y Benet se habrían podido embolsar hasta 500 millones de euros cada uno.

De ahí que el objetivo de salida a Bolsa condicionó toda la estrategia de la compañía. Para aumentar su valoración era aconsejable esconder en lo posible la gran dependencia de los derechos del fútbol español -señalada claramente por Moody’s en sus sucesivos informes-, unos activos que además pertenecen a los clubes y no a la multinacional, y por ello emprendió el arriesgado Gran Salto Adelante con operaciones como la compra de la productora El Terrat, la creación de Mediapro Studio y la pretendida (y fracasada) irrupción como gran player europeo de los derechos televisivos del fútbol reventando el mercado en Italia y Francia.

Este Gran Salto Adelante tampoco acabó bien. Todas estas operaciones pueden considerarse de muy alto riesgo económico y financiero si se piensa en el largo plazo, pero tienen sentido si lo que está en marcha es una operación para aparentar solidez en el corto plazo con vistas a salir a Bolsa, según los esquemas clásicos del capitalismo especulativo. Pero puede ser una auténtica temeridad si aparece algún imprevisto, ya sea el coronavirus o cualquiera de las sacudidas cíclicas que afectan al capitalismo, una posibilidad que los lectores atentos de Marx conocen perfectamente. Y tanto los capitalistas que han sido trotskistas como los fondos que operan con la aquiescencia del Partido Comunista de China (PCCh) necesariamente lo son: hasta suelen tener subrayado que “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

El grupo Mediapro ha admitido el “pago de sobornos” a altos cargos de la FIFA para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe en los Mundiales de fútbol de los años 2014, 2018 y 2022, según ha reconocido la propia empresa en un comunicado.

En 2018, la empresa Imagina, filial de Mediapro firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cambio de reconocer los mencionados sobornos y el pago de una multa de casi 20 millones de euros. Durante los años posteriores, sin embargo, la empresa trató de desmarcarse de esas conductas y responsabilizó de los sobornos a dos de sus altos cargos que trabajaban en la delegación de Miami de la empresa.

Con el comunicado publicado esta semana, Mediapro rechaza “todas y cada una de las declaraciones” hechas por su filial o sus representantes desde la firma del acuerdo de no enjuiciamiento en las que se negaba que fuera responsable o participara en la conducta delictiva de tres de sus entonces empleados. Es decir, se retracta de las declaraciones de los últimos años en las que ha tratado de desmarcarse de los sobornos y atribuirlos a una conducta personal de algunos empleados.

“Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes; que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCACAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022 vulnerando la legislación de los Estados Unidos”, afirma el comunicado.

“En dicha conducta delictiva estuvieron implicados tres empleados, dos de los cuales se declararon culpables del pago de numerosos sobornos, y el tercero, un ex co-Director General de Imagina, aceptó el pago de un soborno de 1,5 millones de dólares (1,26 millones de euros) a fin de adquirir los Derechos de los Clasificatorios y autorizó, dirigió y facilitó el pago de medio millón de dólares (420.000 euros) de dicha cantidad total. Los tres fueron despedidos y apartados de la gestión del Grupo Imagina o cualquiera de sus filiales desde diciembre de 2015”, prosigue la misiva.

La empresa añade que “a la vista de ciertas acusaciones hechas durante los últimos meses”, quiere “aclarar” que ninguna de las actividades que desarrollan sus otras líneas de negocio estuvieron implicadas en la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. También asegura en el mismo comunicado que, desde la firma del acuerdo en 2018, ha “venido implementando” un “amplio abanico de políticas y procedimientos” para asegurar que se cumplen todas las legislaciones y “buena prácticas” en el “ámbito de la anti-corrupción” en todos los territorios en los que desarrolla sus negocios.

Un juzgado de Nueva York (Estados Unidos) acusa al empresario catalán Gerard Romy, fundador y hasta hace dos años accionista de referencia de Mediapro, de supuestos delitos de fraude, blanqueo de capitales y organización criminal para lograr adjudicaciones de derechos televisivos de los partidos de clasificación en América para la Copa del Mundo de fútbol de 2018 y 2022 en beneficio del grupo de comunicación que encabeza el multimillonario Jaume Roures. 

La Fiscalía de EEUU acusa a Romy, de 65 años, de participar en una trama “para pagar millones de dólares a altos responsables de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF)”, ambas dependientes de la Concacaf, para lograr los derechos televisivos de los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia de 2018 y la que prevé organizar Qatar en 2022.

“Romy y sus cómplices acordaron pagar a Jeffrey Webb, un antiguo responsable de la CFU y presidente de Concafaf, un soborno de 3 millones de dólares [2,7 millones de euros, al cambio actual] a cambio de la adjudicación de un contrato para lograr los derechos de retransmisión y de marketing de los miembros de la CFU en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2018 y 2022”, señala la Fiscalía.

El escándalo bautizado como ‘FIFA Gate’ toca así de lleno a uno de los fundadores del grupo, que en el momento de los hechos era propietario de un 12,2% de Mediapro, la misma participación que entonces tenían Roures y su socio, Tatxo Benet.

En 2018, Romy aprovechó la oferta lanzada por el grupo chino Orient Hontai Capital para vender su participación, en una operación en la que ese grupo asiático se hizo con el 53,5% de Mediapro tras comprar por 1.106 millones de euros las participaciones de Romy, el multimillonario Juan Abelló (que tenía un 22,5% a través de Torreal) y la mexicana Televisa (19%). 

Mediapro ya reconoció su implicación en estos hechos en julio de 2018, cuando pagó una multa de 20 millones de euros tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para salir del procedimiento judicial abierto por los pagos irregulares en los derechos de partidos de clasificación para el Mundial.

Para lograrlo, Mediapro aceptó pagar una multa y devolver dinero a los afectados en el 'FIFA Gate', además de aceptar que una de sus filiales se declare culpable de dos delitos de conspiración de fraude electrónico. 

Una filial de Mediapro ha sido condenada por esquirolaje en el Congreso de los Diputados durante la huelga feminista del 8 de marzo de 2018. En una sentencia dictada el pasado 30 de abril, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza Natalia Velilla Antolín considera probado que Mediatem Canales Telemáticos incurrió en una “vulneración del derecho fundamental a la huelga” al trasladar a trabajadores del Senado a la Cámara Baja para cubrir a quienes habían ejercido su derecho de huelga. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, ordena a la empresa a pagar 12.000 euros a los demandantes y absuelve al Congreso de los Diputados al no existir relación laboral.

Los trabajadores del servicio audiovisual del Congreso de los Diputados demandaron a Mediatem por esquirolaje durante la huelga feminista del 8M de 2018, tal y como adelantó eldiario.es. Aquel día, varios empleados suscribieron la convocatoria de huelga de 24 horas, por lo que diversos actos institucionales que protagonizaba precisamente con motivo del 8M la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quedarían sin cobertura por parte del Canal Parlamentario.

La empresa propiedad de Mediapro que gestiona el servicio audiovisual en las Cortes Generales trasladó a personal del Senado al Congreso para cubrir los huecos. Algo que es ilegal, según los demandantes. Y, ahora, según los tribunales.

“El 8 de marzo de 2018, 10 trabajadores de la plantilla secundaron la huelga de

24 horas [8 operadores, 1 mezclador y 1 editor de vídeo] [hecho no discutido]. Entre ellos estaban los dos trabajadores demandantes“, recoge la sentencia. ”Ese día“, continúa el fallo, ”la jefa de proyecto de Mediatem llamó“ a tres trabajadores ”destinados en el Senado“, para que cubrieran determinados huecos, algo que hicieron.

Ese día, tal y como recoge el fallo, “el Congreso de los Diputados programó una serie de actos institucionales con motivo del día de la mujer trabajadora (hecho no discutido)” sin que Mediatem, pese a ser plenamente conocedora de la convocatoria, dictara servicios mínimos. Es más, la jueza recuerda que la propia filial de Mediapro ofreció a los trabajadores un paro de 30 minutos auspiciado por la empresa y sin coste alguno para quienes lo secundaran.

En un mensaje remitido a los trabajadores, señalaba la empresa que “compartiendo los valores que se reivindican en esta jornada” quería “facilitar su éxito (...) y apoyar su seguimiento facilitando que todos los trabajadores que así lo deseen durante la jornada puedan interrumpir su trabajo durante 30 minutos en los espacios temporales fijados por la empresa, para sumarse a la jornada reivindicativa durante dicho periodo temporal sin pérdida alguna de retribución, facilitándose de este modo el éxito de la jornada reivindicativa sin perjuicio económico de los trabajadores”.

“La empresa no puede sustituir a huelguistas”

“El empresario no está facultado para utilizar sus facultades de movilidad

funcional y geográfica (artículos 20, 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores) de los empleados con el objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga, no pudiendo sustituir, en base a dichas facultades, a los huelguistas por trabajadores pertenecientes a su plantilla con anterioridad a la huelga, que no secunden la misma“, señala la sentencia.

La empresa alegó en su defensa que los trabajadores utilizados son “polivalentes” y “flotantes”. Pero la jueza insiste, para contrarrestar los argumentos de Mediatem, que “lo relevante, en realidad, es que la empresa no puede sustituir, con carácter general, a los trabajadores huelguistas, ni con empleados de la propia empresa (esquirolaje interno) ni con nuevos empleados (esquirolaje externo)”. Y deja por escrito que las pruebas de que los trabajadores usados para sustituir a sus compañeros huelguistas también hacían turnos en el Congreso fueron todas producidas con posterioridad a la jornada del 8M.

“Esta juzgadora”, concluye la sentencia, “al igual que manifiesta el Ministerio Público (...) considera que la conducta desplegada por Mediatem atenta contra el derecho de huelga de los trabajadores (...) al haber sustituido por trabajadores internos el trabajo designado a otros trabajadores que habían secundado la huelga legal del 8 de marzo de 2018”.

Sobre el papel del Congreso, la jueza asegura que “parece que el Congreso se ha mantenido al margen” de los hechos.

Contra la sentencia cabe recurso por parte de Mediapro. eldiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que señala que ha recibido esta misma semana el escrito de la jueza y que sus servicios jurídicos están estudiando si recurrir o no.

En cualquier caso, la propia jueza recuerda que en 2015, ante un hecho muy similar, el Tribunal Superior de Madrid “desestimaba el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo social nº 25, declarando que Telefónica Servicios Audiovisuales SA –anterior contrata del Congreso de los Diputados en materia audiovisual– había vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores huelguistas del 14 de noviembre de 2012, condenándole a pagar la cantidad de 7.000 euros en concepto de indemnización al Comité de Huelga”.

Mediapro ha contraofertado este martes con 40 millones a la banca para hacerse con el Grupo Zeta, según fuentes conocedoras de la operación. La propuesta de la compañía de Jaume Roures se ha conocido pocas horas después de que Prensa Ibérica haya cerrado una oferta vinculante de opción de compra para hacerse con la mayor parte de la deuda bancaria del grupo de comunicación editor de El periódico de Catalunya, el diario deportivo Sporty un grupo de diarios regionales, según adelantó Crónica Global.

Los bancos habrían cerrado el acuerdo con Prensa Ibérica con una quita del 70% de los más de 90 millones de euros que adeuda Zeta a un pool financiero encabezado por el Santander y Caixabank. A este acuerdo no se habría sumado el Institut Català de Finances al que el grupo de medios catalán adeuda algo más de siete millones de euros.

Fuentes conocedoras de la operación señalan que la oferta de la compañía de Jaume Roures es 10 millones superior a la propuesta que le ha hecho Prensa Ibérica al sindicato bancario que tiene el pasivo del Grupo Zeta, además de una cantidad sin confirmar a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta. La empresa de Javier Moll habría ofrecido 30 millones a la banca y 10 millones a Asensio.

No es la primera vez que Mediapro puja por el grupo de medios catalanes. Justo antes de las pasadas Navidades frustró la operación a la compañía de Javier Moll cuando prácticamente estaban cerrando la compra del Grupo Zeta. En esta ocasión, sin embargo, fuentes conocedoras de la operación apuntan que Asensio habría dado su brazo a torcer a favor de Prensa Ibérica ante le pésima situación financiera de la compañía. “Otra cosa es cómo los bancos explican a sus accionistas que han aceptado una oferta menor”, apuntan fuentes relacionadas con las negociación.

La pugna podría acabar en los tribunales o en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). De hecho, fuentes de Prensa Ibérica han recalcado que la operación está supeditada a que los acuerdos tengan la autorización del organismo regulador.

La quita de la deuda es un elemento fundamental para que la operación pueda tener éxito. La banca no era renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades. Con esta quita, las entidades podrían cobrar una parte de la deuda que de otra manera sería difícil recuperar. Asensio ya vendió una de las joyas de la compañía con la que suavizó la presión financiera: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017.

Tras la operación frustrada de Navidad, Prensa Ibérica se volvió a colocar como uno de los candidatos a comprar el Grupo Zeta a mediados de enero. Fuentes conocedoras de la operación explicaron entonces a eldiario.es que directivos de la compañía que preside Javier Moll, tras sendas reuniones en Madrid y Barcelona, pidieron que se les dieran “quince días para acabar de estudiar las cuentas y poder hacer una oferta vinculante” por la compañía de Asensio que se ha conocido hoy.

Hasta que Prensa Ibérica retomó la operación, hubo un intento por parte de directivos de Henneo, empresa editora del Heraldo de Aragón, de abordar una posible operación en connivencia con Vocento para tratar comprar Zeta, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones admiten la falta de músculo financiero para que el grupo aragonés consiguiera finalizar con éxito la compra.

Operación en terreno político

La operación se ha jugado también en el terreno político. Moll se reunió en Moncloa con varios dirigentes del más alto nivel, que se interesaron por la negociación. El objetivo de la reunión era mostrar la preocupación que mostraron varios miembros del Gobierno porque uno de los principales grupos de medios en Catalunya pudiera pasar a manos de empresarios del ámbito independentista.

Roures y su socio Tatxo Benet sí cuentan con el beneplácito de los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente con el apoyo de dirigentes de ERC. Fuentes conocedoras de la operación apuntan que estos empresarios catalanes buscan crear un grupo mediático que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

Además del interés político por controlar un medio con la influencia del El Periódico de Catalunya, en la jugada entraría la posibilidad de que Benet se presente como candidato a la presidencia del FC Barcelona, por lo que contaría con el respaldo mediático del periódico deportivo, aunque fuentes de Mediapro aseguran que “es un bulo sin fundamento”.

La venta del Grupo Zeta, editora de El Periódico de Catalunya, Sport y una serie de diarios regionales, entra en la recta final con otro protagonista: el grupo Henneo. Directivos de la empresa editora del Heraldo de Aragón se reúnen este viernes con representantes de Caixabank, entidad financiera que lidera el pool de bancos a los que Zeta adeuda más de 100 millones de euros, para abordar la operación. Enrique Goñi, adjunto a la presidencia de CriteriaCaixa, el holding empresarial de Caixabank, dirige una negociación donde los bancos están dispuestos a realizar una quita de más del 50% de la deuda para una venta que tiene como principal obstáculo los 20 millones que exige el presidente de Zeta, Antonio Asensio.

La reunión responde al fallido intento de Prensa Ibérica por hacerse con el Grupo Zeta. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, se reunió esta semana en Moncloa con varios dirigentes del más alto nivel, que se interesaron por la negociación. Pese a la preocupación que mostraron varios miembros del Gobierno porque uno de los principales grupos de medios en Catalunya pudiera pasar a manos de empresarios del ámbito independentista, Moll rechazó la posibilidad de subir su oferta por Zeta ante la entrada en la puja de Mediapro.

Esta negativa ha acelerado la aparición de Henneo como figura protagonista de la operación. Fuentes conocedoras de la operación apuntan a que el grupo aragonés se quedaría con El Periódico de Catalunya y Sport mientras que el editor de ABC y El Correo adquiriría los diarios regionales de Zeta: El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Mediterráneo, Córdoba y La Crónica de Badajoz. La participación de Vocento está pendiente de la aprobación por un consejo de administración que tendrá lugar en un par de semanas.

Henneo, compañía de la familia Yarza, lleva unos años en plena expansión. En 2016 la empresa adquirió el gratuito 20minutos y el digital La Información, y posteriormente estuvo negociando sin éxito con Prisa la compra del diario económico Cinco Días.

La venta de Zeta ha tenido varios vaivenes y saltos en los últimos meses. Aunque parecía que iba a ser Prensa Ibérica la compañía que iba a absorber al grupo de medios catalán la negociación se trabó tras la contraoferta que presentaron Jaume Roures y Tatxo Benet, a través de Mediapro.

Tras meses de negociaciones, una profunda due dilligence y el cierre de un acuerdo con la banca para cerrar la quita de la deuda que estrangula a Zeta, Javier Moll puso sobre la mesa 35 millones de euros. Sin embargo, la entrada en juego de Roures y Benet desestabilizó el tablero con una propuesta de 65 millones de euros por el Grupo Zeta.

Fuentes conocedoras de la operación apuntan que Asensio solo se moverá ante la mejor oferta para él, pero la quita de la deuda es un elemento fundamental para que la venta del grupo pueda tener éxito. La banca no era renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades. Ahora Henneo y Vocento pasan a ser los actores preferentes para la banca.

Para paliar la presión de la deuda Asensio ya vendió una de las joyas de Zeta: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017. Estos ingresos solventaron temporalmente la situación del grupo pero la realidad es que la falta de liquidez está dejando sin oxígeno a la empresa catalana. Pese al cierre de revistas como Interviú y Tiempo, ajustes de personal y medidas laborales como un ERTE, un directivo conocedor de las cuentas internas de Zeta asegura que en la actualidad la compañía debe seis millones de euros a proveedores, que no ha conseguido abonar una deuda con la banca de nueve millones que tenía que solventar antes del 31 de diciembre de 2018 así como otros pagos con Hacienda.

El mismo directivo asegura que si no hay una solución que termine con la venta de Zeta este año el grupo empresarial entrará en concurso de acreedores a finales de 2019. Los movimientos se han acelerado. Prueba de ello es la oferta que le ha hecho Rosa María Mateo, la administradora única de RTVE, a Enric Hernàndez, hasta ahora máximo responsable de El Periódico de Catalunya, para que se ocupe de la dirección de Televisión Española.

El grupo mediático de Roures

Roures y Benet sí cuentan con el beneplácito de los partidos independentistas en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, especialmente con el apoyo de dirigentes de ERC. Fuentes conocedoras de la operación apuntan que estos empresarios catalanes buscan crear un grupo mediático que haría la competencia al diario Ara y a las cabeceras digitales aparecidas al albur del independentismo.

Benet está conduciendo la operación para la compra de Zeta. Además del interés político por controlar un medio con la influencia del El Periódico de Catalunya, en la jugada entraría la posibilidad de que Benet se presente como candidato a la presidencia del FC Barcelona, por lo que contaría con el respaldo mediático del periódico deportivo Sport.

Los planes de Roures para la creación de un grupo mediático catalán pasan además por la puesta en marcha de una radio en Catalunya, que también contaría con la bendición administrativa de la actual Generalitat.

El empresario Jaume Roures ha frenado la última operación corporativa del año en el sector de los medios de comunicación: la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica. Tras meses de negociaciones y una profunda due dilligence para conocer la situación del grupo editorial de El Periódico de Catalunya, una oferta de última hora del empresario catalán ha paralizado temporalmente una operación anhelada por el presidente del grupo de medios regionales Javier Moll.

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica se iba a anunciar antes de Navidad una vez que se habían solventado algunos de los principales obstáculos. La compañía de Moll ya había hecho un sólido análisis de los libros contables de la empresa que preside Antonio Asensio Mosbah y puesto un precio sobre la mesa. Ni Prensa Ibérica ni Mediapro, empresa de Roures, han querido hacer declaraciones al respecto.

Una fuente del Grupo Zeta que prefiere no ser identificada explica que Roures no iba a dedicarse a hacer números ni a escudriñar las cuentas de la empresa en venta, solo ha esperado a conocer la oferta de Prensa Ibérica para presentar su contraoferta. Las negociaciones para adquirir el Grupo las está llevando, según la misma fuente, el socio de Roures, Tatxo Benet.

Roures ha lanzado su oferta una vez que Moll había hecho el trabajo duro de negociar una quita de la deuda que estrangula al Grupo Zeta con una decena de bancos. Aunque este grupo de bancos, liderado por Caixabank y Santander, acordaron con Zeta el verano de 2017 una refinanciación de los casi 100 millones de deuda, en esta etapa las entidades financieras han cerrado el grifo a Asensio, según fuentes conocedoras de la operación, como medida de presión para que se mueva y cierre la operación con la oferta de Moll. El cierre de revistas como Interviú y Tiempo, ajustes de personal y medidas laborales como un ERTE han sido el día a día del Grupo Zeta los últimos años.

La quita de la deuda es un elemento fundamental para que la operación pueda tener éxito. La banca no es renuente a una quita para Moll, el preferido para la operación, porque Roures no es del agrado de algunas entidades, ya que podría cobrar una parte de la deuda que de otra manera sería difícil recuperar, una vez que Asensio ya vendió una de las joyas de la compañía con la que suavizó la presión financiera: Ediciones B por 40 millones a Penguin Random House, en 2017.

Se está barajando una quita del 50% con lo que la operación podría ascender a el pago de 50 millones destinados a amortizar la deuda más unos 20 millones por los activos del grupo: El Periódico de Catalunya, Sport, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Mediterráneo, Córdoba y La Crónica de Badajoz, además de un grupo de revistas.

Moll también había desactivado los intentos de Asensio por asegurarse el mantenimiento de un puesto en la compañía absorbida por Prensa Ibérica con su correspondiente salario de alto ejecutivo, por lo que la contraoferta de Roures le ha llegado al presidente de Zeta en el momento justo. Un directivo conocedor de la operación concluye que a Asensio solo lo moverá la mejor oferta para él, solo venderá al mejor postor.

La querella que presentó Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, contra la empresa Mediapro por exhibir su número de móvil en un documental sobre la policía política ha entrado en un terreno pantanoso. A pesar de que el representante legal de la compañía, Íñigo de Cisneros, admite ante el juez que incluyeron el teléfono del pequeño Nicolás “por un error humano” y que “a la persona que lo revisó, se le pasó” en el visionado previo a la emisión, el titular del juzgado número 11 de Barcelona Francisco González Maillo asegura que es “discutible” dicho reconocimiento de los hechos. 

eldiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración del responsable global de la Asesoría Jurídica de Mediapro en la que a las preguntas de la abogada de Gómez Iglesias sobre por qué no se tapó el teléfono móvil con una franja negra antes de la emisión responde: “Por un error humano. Como he dicho los segundos que salía [el móvil] y salía como fondo cuando una persona estaba hablando. No es un tema de compliance sino del departamento legal, tenemos un visionado previo a cualquier producto que emitimos y en ese visionado si no te fijas es muy difícil verlo. A la persona que lo revisó, se le pasó”.

Tras la declaración de abogado de Mediapro los letrados del pequeño Nicolás argumentaron que se debía aplicar el artículo 779 punto 5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Si, en cualquier momento anterior, el investigado asistido de su abogado hubiere reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 801”.  

Sin embargo, el juez rechaza la aplicación de ese precepto legal y pone en duda que en su declaración el representante legal de la compañía de Jaume Roures haya admitido los hechos. El pequeño Nicolás acusa a la empresa audiovisual de un delito de descubrimiento y revelación de secretos recogido en los artículos 197 y 199 del Código Penal.

En un momento de su declaración el abogado de Mediapro llega incluso a explicar, a preguntas de la letrada del pequeño Nicolás, que el reportaje que aparece ahora en el portal Youtube “no es el mismo documental porque a raíz de la llamada que nos hizo su cliente lo reeditamos para quitar todos los datos de carácter personal que salían en el documental”.

El directivo de Mediapro también se refiere en diferentes momentos ante el juez sobre la aparición de los datos personales de Francisco Nicolás Gómez Iglesias en el documental que realizó su empresa. “En el reportaje, creo que sale una vez, unos tres segundos, y otra vez, unos cuatro o cinco segundos, y siempre en movimiento y de fondo. Sale una copia de un atestado policial en el que sale el teléfono de este señor”.  Posteriormente vuelve a apuntar que “en el fondo de la pantalla sale una copia del atestado y en el atestado aparece el nombre del demandante y su número de teléfono” en referencia al móvil del pequeño Nicolás.  

La aparición del número de teléfono de Francisco Nicolás Gómez Iglesias en el documental sobre la policía política provocó que recibiera docenas de llamadas y mensajes durante varios días ya que el documental se emitió en TV3, ETB, Gol TV y se colgó en Youtube. Fuentes cercanas a Gómez Iglesias apuntan que el “acoso continuado durante días” le obligó a cambiar de móvil.   

Ante estas circunstancias, el pequeño Nicolás decidió querellarse contra la compañía de Jaume Roures, como adelantó El Confidencial. Aunque la denuncia fue admitida por el Juzgado de Instrucción 1 de Madrid, ya que el demandante reside en la capital de España y la sociedad mercantil demandada tiene su sede en la Ciudad de la Imagen de Madrid,  la querella recayó sorprendentemente en los juzgados barceloneses.

En su querella se reclama un euro por visionado a Mediapro, lo que puede hacer que el pequeño Nicolás reciba una indemnización millonaria si la Justicia falla a su favor. Fuentes del entorno de Gómez Iglesias apuntan la posibilidad de que el documental haya sido visto por 10 millones de personas. Ante la duda han solicitado a Mediapro a través de un escrito al juzgado que la compañía audiovisual aporte los beneficios obtenidos tanto por la emisión como por la venta o cesión del documental a ETB, TV3 y GOL TV y que facilite datos certificados del número de usuarios que pudieron descargar el documental en Youtube mientras estuvo visible el teléfono móvil del pequeño Nicolás.

Mediapro tira de un fichaje estrella para dirigir su expansión internacional. La productora catalana ha anunciado este miércoles la incorporación de Miguel Cardenal “para contribuir al desarrollo del área internacional del grupo”, según ha informado en un comunicado.

Cardenal fue secretario de Estado para el Deporte en los primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2016. Fue además, presidente del Consejo Superior de Deportes, o responsable de la Agencia Estatal Antidopaje, durante este periodo. Fue sustituido en 2016 por José Ramón Lete.

De este modo, una de las mayores productoras internacionales de eventos deportivos refuerza su apuesta por su expansión fuera de las fronteras españolas. Mediapro fue adquirida por el fondo chino Orient Hontai Capital, pero se mantiene dirigida por Jaume Roures y Tatxo Benet.

Miguel Cardenal se incorpora a Mediapro después de haber sido el mediador, desde el CSD, en la conocida como “guerra del fútbol” que enfrentó a la propia productora catalana con Prisa por los derechos televisivos de emisión de las competiciones futbolísticas. Al haber ocupado un cargo público, Cardenal contaba con dos años de régimen de incompatibilidad, que se cumplían en noviembre. La compañía asegura que la incorporación se producirá “cuando se le acabe, no antes”.

Este y otros asuntos enfrentaron a Cardenal con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, quien le acusó de dirigir una “persecución pública” contra su persona. Tampoco tuvo buena relación con la Asociación de Futbolistas Españoles, presidida entonces por Luis Rubiales, hoy responsable de la Federación.

En su periodo al frente de la Secretaría de Estado, Cardenal impulsó una nueva ley que modificaba la venta de los derechos deportivos. En concreto, permitía a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), presidida por Javier Tebas, vender de manera conjunta los derechos de manera conjunta para todos los clubes. En un tuit desde su cuenta oficial, la Federación ha ligado la contratación de Cardenal con dicha reforma con la que Mediapro “ingresa cientos de millones”.

No fue en el mundo del fútbol donde Cardenal cosechó sus momentos más tensos. El dirigente llegó a estar imputado por malversación o prevaricación, entre otros delitos mientras ocupaba el cargo de secretario de Estado. Se produjo tras una querella presentada por José Luis Escañuela, expresidente de la Federación Española de Tenis, que había sido suspendido por diversas irregularidades. Éste le acusaba de usar fondos del CSD para el despido de Gala León, entrenadora del equipo de la Copa Davis. El caso fue finalmente archivado.

Mediapro se libra de seguir siendo investigada por una de las ramas de la corrupción de la FIFA a cambio de casi 20 millones de euros. La empresa audiovisual ha anunciado en un comunicado que su matriz, Grupo Imagina, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para salir del procedimiento judicial abierto por los pagos irregulares en los derechos de partidos de clasificación para el Mundial. Para lograrlo, ha aceptado pagar una multa y devolver dinero a los afectados en el 'FIFA Gate', además de aceptar que una de sus filiales se declare culpable de dos delitos de conspiración de fraude electrónico.

La compañía que lidera Jaume Roures se vio envuelta en este escándalo después de que dos de sus directivos fueran acusados de sobornar a la FIFA para hacerse con los derechos de partidos de clasificación para el Mundial en Centroamérica y Caribe. Los principales implicados, Fabio Tordin y Roger Hughet, se declararon culpables en 2015 de delitos de soborno. Desde Mediapro insisten en que “la responsabilidad por conducta inadecuada” se limitó a Tordin y Hughet, además de a otro ex alto cargo del que no desvelan su nombre.

En concreto, Imagina pagará 10 millones de euros en concepto de multa a la justicia estadounidense. Además, devolverá 5,4 millones a las federaciones de fútbol afectadas por los sobornos, además de otros 4,3 millones que reembolsará por los beneficios que logró a través de los pagos irregulares. En total, 19,7 millones de euros que le valen para dejar atrás esta causa.

Según la compañía que lidera Jaume Roures, este acuerdo permitirá que la Fiscalía no presente cargos contra Imagina, de la que destaca que ninguna de sus actividades “se han visto implicadas en la investigación”, ya sea en los países en los que opera o en concreto en Estados Unidos. Una fórmula de evitar un proceso judicial que ya han utilizado otros implicados, como Fox Sport y Televisa, que también pagaron al departamento de Justicia de EEUU.

El pasado noviembre se conoció que el FBI había acusado a Mediapro de sobornar a la FIFA para los derechos del fútbol. Las investigaciones determinaron que el accionista de Imagina Gerard Romy “aceptaba y/o facilitaba sobornos, comisiones ilegales y otros tipos de pagos ilícitos efectuados a funcionarios de la FIFA, y el blanqueo de los pagos y productos de los sobornos”, como desveló El Confidencial.

“Como parte del acuerdo, la Fiscalía no presenta cargos contra la empresa matriz Imagina Media Audiovisual SL, con sede en España, de quien la Fiscalía destaca y valora su relevante y continua colaboración a lo largo de la investigación gubernamental”, recalca Mediapro en su comunicado.

Semana intensa para los derechos televisivos del fútbol. Telefónica se ha hecho con todo el fútbol hasta 2022, previo pago de algo más de 4.000 millones de euros. Mediapro, la gran gestora de derechos audiovisuales futbolísticos de los últimos años, verá cómo en los hogares españoles desaparecerá su canal propio, beIN, y todo estará bajo la marca Movistar. Desde 2016, tanto la competición liguera como las continentales, se emitían en canales de la compañía catalana.

La productora perdió el pasado lunes el grueso de los derechos de La Liga entre 2019 y 2022, que finalmente fueron adjudicados por la patronal de los clubes a Telefónica. Igualmente, el jueves revendió, también a la teleco española, los derechos de la Champions League en un acuerdo que incluye que su marca, beIN no esté presente en los canales de fútbol.

Los analistas han comenzado a dudar del futuro del negocio de intermediario de derechos deportivos de Mediapro. En concreto, la compañía catalana, que no tiene clientes propios al no contar con una plataforma de televisión, compra los derechos y posteriormente vende un canal que ella controla a un operador que sí tenga televisión. “El modelo no tiene valor económico, Telefónica lo puede hacer igualmente por ellos mismos”, señala François Godard, analista de la firma londinense Enders Analysis.

En esta idea han coincidido analistas de Deutsche Bank o de Exane (BNP Paribas), que tras conocerse el resultado de la subasta, celebraron que Telefónica accediera a estos derechos de manera directa, puesto que eliminaba a Mediapro de la ecuación, que suele elevar los precios, según apuntaban en sus informes. La firma francesa defendía además que este modelo de venta directa sin intermediación produce un mayor valor tanto para Telefónica como para la propia Liga.

La compañía ha recibido desde hace meses fuertes críticas por parte de los principales operadores de telecomunicaciones, que acusaban a la productora de provocar una fuerte inflación en los derechos televisivos. Las telecos entendían que los precios que pagaba Mediapro hacían difícilmente rentable el negocio del fútbol televisado.

La pérdida de los principales derechos de La Liga ha sido el segundo revés de la compañía este mes. A comienzos de junio, un tribunal de Milán suspendía definitivamente la concesión de los derechos de la Serie A, la competición transalpina. Sus competidores, Sky y Mediaset, habían recurrido la adjudicación ante la justicia, que finalmente dictaminó que no cumplía con todos los requisitos legales. El grupo pretendía implantar en Italia el modelo con el que ha protagonizado los derechos audiovisuales en los últimos tres años en España.

Las cuentas en el Registro Mercantil de Imagina, el holding propietario de Mediapro, no concretan el porcentaje de sus ingresos que dependen de los derechos deportivos. Sin embargo, fuentes de la empresa estiman que son en torno al 30% del total. La compañía defiende que la pérdida de los derechos de la liga se ven compensadas con la comercialización internacional del campeonato de fútbol en otros países, con la retransmisión en bares y con la reciente adjudicación de la liga francesa, por lo que no teme un impacto en sus cuentas de los próximos ejercicios.

Series y películas

Godard, de Enders, no duda del futuro de la compañía. “Es una gran productora de series y películas y la demanda está creciendo en España con la la política de Telefónica de ampliar contenidos propios”, y añade que “su futuro es éste, no como operador de un canal premium de fútbol”. Dentro de los derechos futbolísticos, el analista sí destaca el recorrido que tiene el grupo en cuanto a la comercialización internacional de este producto por su “experiencia”.

En ello coincidía un reciente informe de la firma de rating Moody's, aunque situaba la posible pérdida de algunos de sus contratos de derechos como uno de los principales riesgos que podrían suponer una rebaja de nota de su deuda. El informe señalaba que sus buenas perspectivas para la compañía se basaban en una presumible renovación de derechos, algo que en el caso de los partidos en hogares no se ha producido.

El analista de Enders señala que el principal riesgo que tenía abierto la compañía era no lograr que Telefónica pagara los altos precios que se comprometió a abonar la productora catalana el pasado año. También añade que su apuesta por Francia es “especulativa” y que solo funcionará si Orange o Canal + pagan por la emisión de la Ligue 1. “No excluyo que ocurra un escenario como el de Italia”, apunta. Godard asegura que la compañía puede ajustarse a la nueva realidad en España, Francia e Italia cerrando o vendiendo su canal beIN, creado en 2015 junto con Al Jazeera.

Pero la catalana ya empieza a trazar su estrategia más allá de la intermediación. La productora centrará sus esfuerzos hasta 2022 la distribución del fútbol español y europeo en bares, restaurantes y lugares públicos. La empresa no incluyó este canal en la reventa a Telefónica, por la que recibirá 1.080 millones de euros en tres años, y se adjudicó este paquete en la subasta realizada por La Liga. 

La compañía tiene una fuerte confianza en este producto, al entender que tiene un importante potencial de crecimiento en los próximos años. La empresa pone de ejemplo las diferencias entre España e Italia. En el primer país hay 50.000 locales abonados, en el segundo, 350.000, según un comunicado publicado el sábado.

Telefónica pagará finalmente 1.080 millones de euros por las próximas tres temporadas de Champions League, propiedad de la productora catalana Mediapro. La compañía se ha hecho en una semana con todos los derechos televisivos del fútbol hasta 2022, tras adjudicarse también los de La Liga por casi 3.000 millones de euros.

De este modo, la compañía española ha movilizado esta semana algo más de 4.000 millones de euros para poder aglutinar bajo su paraguas toda la oferta de fútbol televisado. La compañía ha especificado en un comunicado que prevé compensarlo “con ahorros derivados de los programas de eficiencia de la compañía, así como la generación de ingresos adicionales”.

Finalmente, Telefónica será el dueño de los derechos audiovisuales de todo el fútbol que se televise en España. El grupo, que llegó a tildar de “irracionales” los precios de estas competiciones, reconoce que el coste neto del conjunto de la inversión es un 5% superior a lo abonado en las anteriores subastas. “Está muy por debajo de los incrementos superiores al 50% registrados en los principales países europeos”, ha apuntado en el comunicado.

Telefónica se asegura que, a partir de la próxima temporada, los canales de fútbol de pago lleven su marca, y no la de Mediapro. Además, esta nueva adjudicación lleva consigo un cambio respecto a los años anteriores ya que, por primera vez, no habrá partidos de la Champions League en abierto. Hasta la fecha, Atresmedia tenía estos derechos. Mediapro se reserva la emisión de un partido en abierto de la Europa Legue, el segundo torneo continental.

Al igual que pasara con los ingresos por La Liga, Telefónica cuenta con revender los contenidos a sus competidores Orange y Vodafone. La compañía está obligada por Competencia a ofrecer en el mercado mayorista parte de sus productos premium, desde que adquiriera Digital +. Además, compartirá con Mediapro los ingresos publicitarios.

La empresa que preside José María Álvarez Pallete asegura que el hecho de contar con este control le permitirá “mejorar la experiencia y satisfacción” del usuario, así como lograr nuevas oportunidades de monetización.

Por su lado, Mediapro ha declarado que mantendrá Bein Connect y que se queda con los derechos para la retransmisión de los partidos en bares y restaurantes. La compañía será de este modo la encargada de la plataforma a la que se conecten los establecimientos de hostelería tanto en la Champions League como con La Liga, tal y como se evidenció en la subasta del campeonato nacional de este lunes.

Cuando el pasado año la UEFA subastó los derechos de la Champions League, se cifró en torno a los 1.100 millones la oferta presentada por Mediapro, que resultó vencedor frente a las telecos y otras empresas audiovisuales, por las tres próximas temporadas de la competición.

Los altos precios abonados por la productora catalana levantaron suspicacias entre las empresas de telecomunicaciones. El fútbol es uno de los principales activos de la televisión de pago, a su vez una vía de incremento de ingresos para las operadoras. Sin embargo, las tres grandes pusieron en duda la rentabilidad del producto con estas cifras. De hecho, Vodafone decidió no presentarse a la subasta que se celebró en abril.