Casi 200 personas que venían atendiendo llamadas de la Seguridad Social en los últimos años, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, están a días de quedarse en la calle. Este lunes, 2 de octubre, van a la huelga para evitar que esto ocurra o, al menos, para intentar que les despidan con garantías. De momento, no tienen garantizado ni eso. “Nadie quiere hacerse cargo de la plantilla, ni Konecta ni la Seguridad Social”, denuncian desde CGT, el sindicato que preside el comité de empresa.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha comunicado a Konecta que rescinde el contrato por el que 197 trabajadores vienen atendiendo llamadas con petición de información al organismo público desde 2020. Como ocurre en el sector del contact center, la gran mayoría son mujeres, muchas de edad avanzada y. “con antigüedad de más de 10 años en muchos casos”, indican los sindicatos.

Algunas trabajadoras venían subrogadas de otras empresas, con las que la Seguridad Social había licitado este servicio de manera previa. Otras personas fueron asignadas a esta campaña desde otros departamentos de Konecta, así como gente contratada por la compañía en este servicio, explica Álvaro García, portavoz de UGT en la compañía.

Ahora, estas 200 personas ven que el próximo día 6 de octubre se pueden quedar sin empleo, en la calle y “sin ningún tipo de ingreso”, denuncia el sindicalista.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de Konecta sobre este conflicto laboral, pero la empresa se limita a responder que “está trabajando para buscar una solución”. La compañía, la mayor del sector de call centers en España, fue noticia hace unos meses por el fallecimiento de una teleoperadora en su puesto de trabajo sin que se parara la actividad durante un rato en la oficina. También por varios conflictos laborales, como la falta de medidas preventivas durante la pandemia y por conductas antisindicales, entre otros.

Sin subrogación, recolocación, ni despido

El servicio de llamadas de la Seguridad Social no va a ser adjudicado a ninguna otra compañía, sino que las funciones se asumirán de manera interna por el organismo público, según ha comunicado Konecta a la plantilla afectada. “La Seguridad Social no nos ha comunicado nada oficialmente, pero según nos han dicho en la empresa parece que alegan cambios organizativos para justificar que ya no hace falta el servicio”, sostiene un delegado del sindicato USO.

Frente a las situaciones de traspaso de un determinado servicio a otras empresas o a un organismo público, en esta ocasión no hay subrogación de la plantilla por parte de la Seguridad Social. “Todo este proceso se ha realizado de acuerdo con la legalidad vigente en este ámbito: no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, responden en la Seguridad Social a este medio.

“Esta empresa ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”, prosiguen en el Ministerio que lidera en funciones José Luis Escrivá. “La contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”, añaden.

Sin embargo, Konecta ha comunicado a los trabajadores que procede la subrogación, una medida prevista en el convenio colectivo cuando se internaliza un servicio. Por lo tanto, el call center ha informado de que a partir del fin del contrato, el próximo 6 de octubre, la Seguridad Social debe hacerse cargo de la plantilla.

El resultado deja en una situación muy compleja a los trabajadores afectados. Para Konecta dejan de ser sus empleados, pero estas personas no van a ser despedidas, sino derivadas a una subrogación que no tendrá lugar. Por lo tanto, se quedarán sin empleo, pero también sin indemnización por despido, ni cese formal con el que poder pedir la prestación por desempleo.

“Pueden quedarse sin paro”, alerta Álvaro García. En USO y CGT confían en que, si los trabajadores demandan por despido a la empresa, esa documentación les permita acceder a la protección por desempleo en el SEPE. En UGT no están tan seguros de esta posibilidad y temen la desprotección total de las personas afectadas.

Juan Rubiño, laboralista de Red Jurídica, coincide y considera que la situación es “un problema” porque los trabajadores no estarían “en situación legal de desempleo”, algo que se reconocería una vez haya resolución de un juzgado. “Tendrán su sentencia posteriormente, que deberán ejecutar y hacer valer, pero de momento no podrían cobrar el desempleo en mi opinión. O el SEPE les puede poner problemas”, valora el abogado.

Un limbo sin ingresos: “Es dramático, deben dar una solución”

A pocos días del fin del contrato, hay muchos nervios en la plantilla. El miedo a quedarse sin ingresos alcanza a todos, pero en algunos casos este vacío provocaría situaciones límite, advierten en UGT. Desde mujeres con hijos con discapacidad que temen “no poder seguir llevándolos a terapia” hasta los trabajadores cuyo sueldo es esencial para pagar el alquiler mensual en sus casas. “Hay gente que no sabe cómo va a poder mantener sus casas. Es dramático, deben dar una solución a esto”, exige García.

Rocío Camacho, responsable de CGT del sector de contact center, detalla la hoja de ruta de la parte trabajadora para evitar “el limbo” que dejaría al personal desamparado. El comité de empresa, presidido por el sindicato y con miembros también de CCOO, UGT, USO,  VALORIAN y Solidaridad Obrera, ha convocado este lunes 2 de octubre 24 horas de huelga y una concentración de protesta a las 12h frente al Ministerio de la Seguridad Social.

Los sindicatos defienden como primera opción la subrogación de la plantilla, algo que reconocen que ven poco probable por la actitud de la Seguridad Social. “Estamos intentando hablar con ellos y ni nos responden. Les citamos a la mediación este viernes, antes de la huelga, como parte interesada, pero no se han presentado”, explica Rocío Camacho.

La siguiente solución pasaría por la recolocación del personal en otros puestos de Konecta, que “está contratando a personal continuamente”, advierte el comité de empresa. Ya sea con recolocación directa en huecos vacantes a día de hoy o a través de un ERTE, que dé salida poco a poco a estos trabajadores en puestos que vayan surgiendo.

En CGT explican que en la mediación de este viernes, Konecta se ha abierto a un ERTE inmediato, sin apenas negociación, para evitar pagar salarios a la plantilla más allá del 5 de octubre. Los sindicatos han rechazado la propuesta y han reclamado un proceso con garantías, que respete los plazos de negociación. “Vamos a la huelga”, dicen en CGT.

En el peor de los casos, si la compañía se niega a mantener a los trabajadores, los sindicatos exigen al menos un despido a través de un ERE, por el que la plantilla se marche con su derecho a indemnización y a paro. “No pueden dejar a la plantilla indefensa”, insisten en el comité de empresa.

Un juzgado de Sevilla ha condenado a Konecta, la mayor empresa de contact center en España, a indemnizar en 12.000 euros a dos teleoperadoras por vulnerar sus derecho fundamental a la libertad sindical en el centro que la compañía tiene en la localidad de Bollullos de la Mitación y donde trabajan más de 2.000 personas. Se trata de la empresa que, según varios sindicatos, “no detuvo el servicio” ante la muerte de una trabajadora de Madrid hace un mes, si bien Konecta mantiene que “se despejó rápidamente la zona más próxima”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso sevillaelDiario.es y contra la que la empresa ha anunciado recurso ante el TSJA, señala entre los hechos probados que las dos empleadas, con categoría profesional de teleoperadoras especialistas, vienen prestando servicios en Konecta desde 2004 y 2009, respectivamente, con un salario mensual de 1.166 euros. Ambas, desde 2017, eran miembros del comité de empresa por el sindicato CGT. Tras la constitución en 2019 del Sindicato Local de Varios Oficios de Bollullos de la Mitación, fueron nombradas delegadas sindicales del mismo, representando a los trabajadores como delegadas de prevención de riesgos laborales.

Konecta, dice la sentencia, desde diciembre de 2022 había procedido el descuento en las hojas de salarios de las dos empleadas de parte de las horas que habían justificado como “horas de empresa” o como “horas de prevención de riesgos”, utilizando para ello el concepto de “ausencia horaria”, reclamándoles la empresa 8.267 euros a una y 7.128 euros a otra por horas no justificadas en 2022.

“Infracción muy grave” en materia de relaciones laborales

Después de consultar a la empresa los motivos para efectuar ese descuento salarial, Konecta les respondió por correo electrónico el pasado mes de febrero que las “horas de empresa” debían ser expresamente autorizadas por escrito por los miembros de los correspondientes departamentos. La firma, según recoge la sentencia, quería determinar si las empleadas disponían de un crédito de hora ilimitada para acciones de prevención de riesgos laborales. El Ministerio Fiscal apoyó la demanda de las trabajadoras, pidiendo que se reconociera como vulnerado su derecho a la libertad sindical como así ha determinado el juzgado.

La sentencia, que recoge doctrina jurisprudencial al respecto y alude al Estatuto de los Trabajadores en ese sentido, señala que “el uso del crédito horario no está sometido a autorización del empresario, siendo el propio delegado quien determina el momento en que debe utilizarlo”, zanja citando un fallo del Tribunal Supremo, y donde “siempre” ha de prevalecer el interés colectivo de la representación, teniendo en cuenta que la garantía de crédito horario “no es ilimitada ni incondicional”.

En ese sentido, la sentencia concluye que la conducta de Konecta consistente en exigir autorización empresarial previa para el uso de las horas de prevención de riesgos laborales constituye una “indudable” vulneración del derecho a la libertad sindical de las dos empleadas y una “infracción muy grave en materia de relaciones laborales”. La resolución judicial no entra a valorar un supuesto fraude o abuso de las trabajadoras en esas horas, como sostuvo la empresa, ni si los descuentos salariales son ajustados a derecho o no, sino que hace regir la presunción del uso correcto de las funciones representativas.

Este periódico ha contactado con la agencia de comunicación que trabaja para Konecta para tratar de conocer si la empresa recurrirá la sentencia o si tienen algo que comentar respecto a la resolución. En ese sentido informan de que, como consecuencia de la sentencia, “Konecta ha anunciado recurso” aunque “lógicamente” no pueden hacer declaraciones ya que “el caso está todavía abierto”.

¡Buenos días!

En plena vorágine de la campaña electoral, aunque el PP sigue sin clarificar cuál va a ser su proyecto económico, ya se van apuntando algunas líneas preocupantes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho: “que no crece el empleo básicamente porque crece el empleo público”. La realidad es que el mercado laboral sumó 582.676 trabajadores en el último año, según los últimos datos de afiliación de mayo, de los que solo 96.546 son empleados públicos.

En los dos últimos años, con la recuperación del mercado laboral tras el shock de la pandemia, el sector privado añade un 7% más de trabajadores desde el primer trimestre de 2021 (1,1 millones de puestos de trabajos más) mientras que el sector público sumo un 3,7% de trabajadores en (126.500 personas más). A cierre de 2021, España recuperó el nivel de empleo privado destruido durante la crisis por la pandemia. 

Pero lo peor no es la mentira, lo grave es que el Partido Popular ha puesto el empleo público como objetivo de sus críticas con el argumento de que provoca “desequilibrios” en las cuentas públicas. Es tremendo tener que escuchar de los dirigentes del PP que sobran médicos, enfermeros o profesores, más aún con las graves carencias de personal que se vivieron durante la pandemia de la COVID. La amenaza de recortes ya está sobre la mesa. “Matan dos pájaros de un tiro. Sus mensajes relacionan el aumento de empleados públicos con un gasto desmesurado y luego eso lo llevan a recortes. Lo hicieron en la pasada crisis”, avisan desde un sindicato. Aquí tienes más información de la ofensiva electoral del PP contra el empleo público.  

Mientras, diferentes instituciones se empeñan en negar la visión negativa que tanto las derechas como sus medios afines tratan de presentar sobre la economía española. Por un lado, el Banco de España elevó el crecimiento de la economía de nuestro país al 2,3% en 2023, desde el 1,6% que preveía en marzo. Los argumentos para el cambio de pronóstico son el despliegue de la inversiones del Plan de Recuperación, la fortaleza del sector exterior (turismo y exportaciones), la caída de la inflación, mientras que aportan menos el debilitado consumo de las familias por el impacto de las subidas de los tipos de interés y el frenazo económico de Alemania. En esta información te damos más detalles. 

Por otro lado, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el organismo creado para vehicular los rescates durante la crisis de deuda, lanzó un claro mensaje para el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio: que la economía española “siga así”. El MEDE señala que no observa “riesgos” para nuestro país a corto plazo y destaca que el crecimiento será mayor frente a la media de la eurozona en 2023. Más información en este enlace. 

Ahora bien, esta buena situación tiene su reverso con los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores...

El Gráfico

Aunque las cosas vayan mejor de lo que nos tratan de contar algunos, es cierto que varios sectores de la población viven ahogados porque los sueldos siguen siendo bajos. Es una de las respuestas a la desaparición de 32.000 camareros en España  ¿Por qué? Porque el sueldo medio de la hostelería no llega a 15.000 euros, el más bajo de nuestro país, como se puede observar en el gráfico. Aquí te lo explicamos.

No solo es un problema solo de la hostelería. Los bajos sueldos es el causante de los continuos conflictos laborales que afectan a las grandes compañías de distribución de moda: H&M, Inditex o Primark. Para entender lo que está pasando solo basta con escuchar a una trabajadora: “Llevo trabajando en H&M desde hace 19 años y ahora gano menos que cuando empecé; y tengo mucho más trabajo. Hicieron un ERE, echaron a parte de la plantilla y ahora somos menos personal en tienda. No cubren las bajas y tenemos mucho más trabajo, porque, además, hacemos los pedidos online”. Aquí tienes más información sobre los conflictos laborales en los gigantes de las cadenas de moda. 

La carrera alocada de subida de tipos de interés también está provocando un ahogo en las familias que observan como se disparan sus hipotecas...

Donde siguen empeñados en que la economía no remonte es en el Banco Central Europeo (BCE). El organismo monetario subió los tipos de interés al 4%, niveles que no se veían desde 2008. El BCE sigue empeñado en ahogar el consumo y el crédito como vía para reducir la inflación. Como prueba, el euríbor ha superado el 4% por primera vez desde hace 15 años. La subida de este índice supone el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable que se revisan en junio cerca de 300 euros cada mes, unos 3.600 euros al año, según el promedio que recoge el INE de un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de un un punto sobre este índice de referencia. 

No es solo un problema para las familias y las empresas. La subida de los tipos de interés también erosiona las finanzas de la Unión Europea. Tras gastar 30.000 millones en ayudas a Ucrania por la invasión de Rusia, las arcas europeas empiezan a estar exhaustas. El incremento de los tipos de interés ha provocado que se hayan fulminado casi 15.000 millones de euros para pagar la deuda de los fondos europeos. Alemania, en recesión, ya ha avisado que no hay más dinero que aportar y que habrá que recortar lo presupuestado.  En esta información te contamos la amenaza de la vuelta a la austeridad en la UE.

El Dato

183 millones más

De recaudación es lo que ha conseguido la Agencia Tributaria en 2021 y 2022 tras adoptar la medida de ampliar la lista pública de deudores, que se publica cada año, a morosos que deban más de 600.000 euros a Hacienda, frente al millón de euros con que se hacía con anterioridad. También hay que añadir que ahora se incluyen a los responsables solidarios de las deudas con el fisco. Hacienda somos todos y el que no pague lo que debe que salga a la palestra. En esta información te lo contamos.

Entre otras cosas para que no ocurran situaciones como esta: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que vela por el buen funcionamiento de la contratación pública en España, tiene sin cubrir la mitad de los puestos de la plantilla de 50 personas, según su informe anual de actuaciones. Si como sociedad no tenemos un buen sistema de control de las licitaciones públicas se abrirá la puerta a los abusos y a la corrupción. Tenemos experiencia. Lo puedes leer aquí.

Cada vez que habla sube el pan

Creo que tenemos que ser conscientes de que el dar pábulo a que cada país pueda regular el sector eléctrico a su manera nos perjudica

Íñigo Fernández de Mesa — Presidente del Instituto de Estudios Económicos

¿A quién perjudica? Veamos. El Instituto de Estudios Económicos es el think tank de la patronal CEOE, es decir, aunque traten de dar un pátina de independencia a sus análisis, la realidad es que sus 'informes' son claramente parciales a favor de los intereses empresariales. Pero aún hay más. El presidente de este lobby es Íñigo Fernández de Mesa que, entre otros puestos directivos, es consejero de Scottish Power, la filial en Reino Unido de Iberdrola. Es decir, atacar a España por tener una legislación propia en materia energética le va en el sueldo a Fernández de Mesa. Sin complejos.

Por cierto, entre otras ideas peregrinas, Fernández de Mesa propuso la eliminación de la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada que es más beneficiosa para los consumidores. A Fernández de Mesa no le bastaba el cambio en la regulación de este sistema que acaba de aprobar el Gobierno para hacerla menos volátil a partir de 2024. Su reforma era una exigencia de la Comisión Europea a cambio de aprobar la excepción ibérica en mayo de 2022 y era una vieja reivindicación de las compañías eléctricas. El cambio en el PVPC se aprueba ahora pero, en línea con lo que recomendó en diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no va a afectar a los consumidores hasta que deje de estar en vigor el tope al gas en 2024. En esta información te damos detalles de cómo será la futura tarifa PVPC.

Entrepreneur

¿Qué tienen en común el fallido proyecto de Eurovegas, el musical Malinche y el Museo Hispanojudío? Una persona, David Hatchwell, empresario, fue presidente del Excem Grupo, cementera fundada en 1971 por su padre, ahora con intereses en negocios inmobiliarios y tecnología. Hatchwell se convirtió en el hombre en España de Sheldon Adelson, magnate que trató de montar un complejo de casinos en Madrid o Barcelona, Eurovegas, sin respetar las leyes laborales españolas. Aunque Hatchwell figura al frente de 17 sociedades, tras en fracaso de los casinos, decidió centrarse en la cultura. Montó la Fundación Hispanojudía, pero se cruzó con el músico Nacho Cano, con el que puso en marcha el musical Malinche. Hace poco consiguió la cesión de un edificio de la Comunidad de Madrid para levantar el Museo Hispanojudío. Ya sea por esto o por otros motivos, nuestro 'entrepreneur' de la semana apareció en una televisión argentina como “empresario y mentor de Isabel Díaz Ayuso”, a la que definió como la lideresa que acabó con la hidra del “chavismo iraní”. Más detalles de David Hatchwell en esta información.

Bien público

¿Hasta qué nivel de deshumanización tiene que llegar una empresa? ¿Cuál es el límite al que hay que exponer a los trabajadores para conseguir los objetivos empresariales? Pueden ser preguntas de fácil respuesta pero hay compañías que llevan a sus empleados hasta situaciones inhumanas. Esta semana en 'Bien Público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos un reportaje sobre el fallecimiento de Inmaculada, trabajadora de la compañía de contact center Konecta. La empleada murió en el tajo y ocurrió lo que nunca tendría que haber pasado. Los sindicatos CGT y USO denunciaron que “se siguió trabajando, el servicio siguió funcionando en presencia del cuerpo de la compañera”.  “Como si de robots en vez de personas se tratara”, criticaba UGT, que señalaba a Konecta por falta de “humanidad”. Necesitamos empresas más humanas. Aquí puedes leer el reportaje de Laura Olías.

Nos gusta la competencia

En esta sección os traemos artículos y reportajes de otros medios que nos han parecido interesantes: 

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Inmaculada, Inma para sus compañeras, falleció el pasado martes en su trabajo. Era teleoperadora en Konecta, la mayor empresa de contact center en España, y murió durante su jornada en unas oficinas de la multinacional en Madrid. Según relatan los sindicatos, la multinacional carece de un protocolo para esta situación y la reacción inmediata no fue parar la actividad. Durante un rato, “se siguió trabajando, el servicio siguió funcionando en presencia del cuerpo de la compañera”, denuncian en CGT y USO, que llaman la atención sobre las lógicas de “deshumanización” en el sector. Fuentes de Konecta dicen que “se despejó rápidamente la zona más próxima” a la fallecida.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de junio, cuando Inmaculada se desvaneció durante su jornada de trabajo. Según varias fuentes, fue atendida por dos personas –entre ellas una jefa de la compañía– que intentaron reanimar a la trabajadora con técnicas de primeros auxilios. Después, llegaron los servicios de Emergencias, pero no pudieron hacer nada por su vida.

La fallecida rondaba los 60 años, trabajaba en la campaña que presta servicios a Iberdrola y llevaba desde 2008 en Konecta. “Era una persona muy querida”, dicen tanto fuentes sindicales como desde la multinacional.

Críticas a Konecta: “Se siguió trabajando un rato”

La muerte de Inmaculada, además de los mensajes de condolencias a sus seres queridos, desató las críticas de la representación de la plantilla hacia la multinacional, por no detener de inmediato la actividad ante el trágico suceso.

UGT fue el primer sindicato en mostrar su “malestar e indignación por la lamentable actuación” de Konecta con los compañeros de la fallecida, “obligándoles a seguir atendiendo llamadas” con “el cuerpo presente” de Inmaculada, denunció el sindicato con un comunicado al día siguiente de la muerte. “Como si de robots en vez de personas se tratara”, criticaba la nota de UGT del pasado miércoles, que señalaba a Konecta por falta de “humanidad”.

CGT y USO también denunciaron públicamente el proceder de la compañía. Ambos sindicatos lamentaron la primera reacción de Konecta ante la muerte de la trabajadora, que “no fue parar la actividad y desalojar la oficina de inmediato”, insisten este lunes a elDiario.es desde ambas organizaciones. “Hubo unos 40 minutos que los compañeros estuvieron trabajando con Inma de cuerpo presente”, lamenta David Sánchez, responsable de Contact Center de USO.

Rocío Camacho, responsable del sector en CGT, amplía este periodo a “unos 50 minutos”, hasta que la responsable de prevención de riesgos laborales acudió al lugar de los hechos y “mandó a la gente a teletrabajar”. Antes, “una responsable había dicho a la gente que se siguiera trabajando, que eran un servicio esencial”, sostiene la representante de CGT. El cuerpo de Inmaculada yacía en el suelo, “a la espera de la llegada del juez”, explica Camacho.

Tras dispararse el interés de varios medios sobre la muerte, el lunes el responsable de UGT del sector de contact center, Carlos Prieto, ha corregido el primer comunicado de su sindicato: “La gente no trabajó al lado del cuerpo” de la trabajadora. “Lo que se ha descubierto a raíz de este triste suceso es que no hay un protocolo a estos efectos, que es necesario”, reclama Carlos Prieto en conversación con este medio. “Ante la falta de este protocolo, se hizo lo que se pudo, pero fue improvisado”, afirma hoy el representante de UGT.

Fuentes de Konecta responden a elDiario.es que, ante la muerte de la trabajadora, “se habilitó inmediatamente la posibilidad de trabajar en remoto”, todavía disponible este lunes, y aseguran que “se despejó rápidamente la zona más próxima” a la fallecida. “Es una situación complicada, pedimos respeto a la familia”, añaden en la multinacional.

Una trabajadora de estas oficinas de Konecta –que pide guardar su anonimato– precisa que “no se obligó a la gente a trabajar”, ni hubo “coacciones”, como han apuntado algunas voces, aunque de partida tampoco se mandó al personal a casa. “Hubo gente que se desconectó de inmediato, quien no supo lo que realmente pasaba (pensaban que los sanitarios se iban a llevar a la compañera al hospital) y se desconectó más tarde, gente que se fue a la cafetería a tomar una tila, otras personas que prefirieron seguir atendiendo llamadas para no pensar, gente que siguió por inercia porque no sabía cómo actuar hasta que llegaron los representantes de los sindicatos. ...”, relata la empleada.

Todo vale “por atender a las llamadas”

“Lo que ha pasado es un síntoma de la deshumanización del sector”, considera el responsable de contact center de USO. El telemarketing o contact center, un sector feminizado y con una gran presencia de jornadas a tiempo parcial, es “muy precario” y con “un gran estrés”, coincide la responsable de CGT. “Hay una gran presión por la productividad, es fundamental tener tiempo entre llamada y llamada, para cambiar el chip y poder adaptarte al siguiente cliente, pero no siempre lo tenemos. Muchas veces es un continuo: llamada, llamada, llamada... Hasta 300 al día”, sostiene Rocío Camacho.

Desde la representación de la plantilla creen que esa inercia de no poder parar, de tener que atender las llamadas “por encima de todo”, ha jugado un papel muy relevante en este caso. “Entendemos que da la sensación de que lo importante es el servicio más que las personas. Esta es la situación más extrema que nos podemos imaginar y no sabemos si ha sido por desconocimiento, por el shock, por otras circunstancias o porque lo importante es el servicio ante todo”, sostiene David Sánchez.

El responsable de USO advierte de que esta sensación del “todo vale por atender las llamadas” se impregna en el día a día de las trabajadoras y trabajadores. “Es un sector en el te llaman la atención si has tardado mucho al ir al baño, porque te has retrasado uno o dos minutos. Eso no pasa en todos sitios”, pone como ejemplo.

La teleoperadora contactada, de la misma oficina que Inmaculada, coincide en su crítica a las pautas que rigen el contact center. “Es un sector terrible. absolutamente terrible. El estrés es inaguantable”, apunta. “Nos tratan como a números, intentan centralizar todo (como los horarios y libranzas) para despersonalizar al máximo las campañas. Les da igual el servicio que le demos al cliente mientras sus numeritos y estadísticas queden bonitos”, lamenta.

Mañana martes, Konecta y los sindicatos tienen prevista una reunión del comité de seguridad y salud para elaborar un protocolo de actuación ante una muerte de una persona de la plantilla. “Esperamos que no se tenga que utilizar, pero esto no puede volver a pasar”, considera la representante de CGT.

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Los representantes de la plantilla aseguran que la multinacional de telemarketing no garantiza la seguridad frente al virus: "La situación es de pánico, el comedor está petado, nos prometieron guantes y mascarillas que no han llegado"

Airbus, Correos, Ryanair... Trabajadores de toda España denuncian que sus empresas no cumplen medidas de prevención

“Esto es un sálvese quien pueda”. Los representantes de los trabajadores de los centros en Madrid de la multinacional del telemarketing Konecta BTO se plantan. CGT, sindicato mayoritario en la región, ha informado este martes de que el comité de empresa ha solicitado a la autoridad laboral que paralice la actividad de los centros de la empresa en la Comunidad de Madrid, con unas 5.000 personas empleadas, porque aseguran que la multinacional no está garantizando la seguridad y la protección de los trabajadores frente a la epidemia de coronavirus.

El comité de empresa de Konecta BTO por mayoría, con el respaldo de “todos los delegados de prevención de riesgos laborales”, espera la respuesta de la autoridad laboral, que tiene 24 horas para pronunciarse. “El cierre de la actividad será a partir del 18 de marzo de 2020”, apuntan los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos han decidido esperar a que se pronuncien las autoridades al respecto, pero si este miércoles 18 no han obtenido ninguna comunicación de la Inspección de Trabajo, su decisión es parar.

“Entendemos que una pandemia es algo nuevo y no lo habíamos sufrido nunca, pero hemos tomado esta medida porque en la empresa no nos están escuchando y nos han metido”, afirma Rocío Camacho, representante de CGT en Konecta en Madrid. La trabajadora afirma que la empresa comunicó que daría guantes y mascarillas al personal, “pero aún no hay nada de eso, algunas trabajadores se traen el material por sí mismas por miedo, para protegerse”.

Camacho asegura además que no se garantizan las distancias de seguridad en muchas situaciones, con aglomeraciones de las empleadas (en su mayoría mujeres) en muchas circunstancias. “Los comedores están petados, las entradas y salidas están llenas, no se abren las puertas de los centros, los office están super llenos... Tenemos cinco minutos para descansar la vista y las trabajadoras se apelotonan. Los baños son compartidos y no hay turnos para que no se acumulen la gente”, explica la representante sindical.

Desde CGT subrayan además que la multinacional “ha mentido” a la representación de los trabajadores respecto al número de trabajadores contagiados por el virus. “Hay gente que ha acudido a trabajar estando en la cuarentena”, aseguran, “por lo que han podido contagiar a sus compañeras”.

eldiario.es ha consultado a Konecta BTO acerca de esta situación, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Paralizar la actividad a través de la Inspección

La inspectora de trabajo y portavoz de UPIT Mercedes Martínez explica que el comité de empresa ha acudido al artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores en este caso, que permite acudir a la autoridad laboral a “los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia” de prevención.

En opinión de la inspectora, tal vez sea complejo que el riesgo de contagio por el coronavirus sea considerado por la autoridad laboral como un “riesgo de accidente grave e inminente”, exigido para paralizar la actividad de un centro de trabajo, pero habrá que esperar a la resolución de la autoridad laboral.

Movilización también en Barcelona

En Konecta BTO en Barcelona se han registrado plantes de trabajadores en sus dos oficinas, en la calle Marquès de Sentmenat y Llacuna, aunque con un seguimiento desigual en función de los turnos. “Una parte importante está sin trabajar y otros lo hacen con miedo”, explica Antonio García, presidente del Comité de Empresa y sindicalista de UGT, que añade que en la reunión del lunes por la tarde la empresa les informó de la preparación de un ERTE y de que se estaban habilitando algunos puestos para el teletrabajo.

“Lo que pasa es que no nos dan medidas de higiene”, añade García en referencia a que la mayoría de trabajadores comparte auriculares, ordenadores y sillas con los de otros turnos. Si nada cambia en este sentido, augura que muchos empleados (hay 1.700 en la ciudad) seguirán negándose a ocupar sus puestos.

Desde CGT en el sector del telemarketing a nivel estatal, Santiago Alonso explica que el sindicato ha decidido tomar esta decisión en Madrid “porque es donde hay más contagios y donde existe más riesgo”, pero están atentos a las condiciones de seguridad y salud de todos los centros de España para valorar si toman esta misma medida en más territorios.

El sector del telemarketing, que en su mayoría emplea a mujeres, es uno de los que se está movilizando estos días denunciando una falta de seguridad en sus puestos de trabajo. Empleados de Airbus, Correos y Ryanair, entre otras compañías, denuncian que sus empresas no cumplen medidas de prevención.

Lo tomaron como una broma. Nadie creyó a Luis, el empleado modélico de Konecta, cuando el pasado martes una compañera anunció en la sala donde trabajaba que se había hallado una cámara oculta en el baño de mujeres. “He sido yo”, dijo antes de marcharse. Sus compañeros pensaron que era una broma y que se había ausentado para cenar, su turno acababa a las 23:00 horas. Pero Luis no volvió, ni ese martes, ni el resto de los días que debía haber trabajado.

Tampoco ese absentismo despertó sospechas. El hombre, de 51 años, tenía a su cuidado a una madre enferma que recaía de vez en cuando. Llevaba más de 20 años en su puesto, estaba muy bien considerado y sus permisos eran relativamente frecuentes por la mala salud de su progenitora. Lo detuvieron el pasado viernes, 48 horas después de que la empresa formalizase la denuncia. Sus compañeras, en Konecta el número de mujeres ronda el 90%, estaban deshechas este lunes, cuando supieron quien era el hombre que las había grabado mientras usaban uno de los aseos. Era discreto, educado, correcto y muy trabajador. El compañero perfecto con el que incluso tomaban alguna caña al salir de trabajar. “Es que incluso acompañaba a algunas hasta el aparcamiento”, relatan a eldiario.es. En las últimas semanas, las teleoperadoras de Konecta se enfrentan a las idas y venidas de un exhibicionista que las espera en el parking privado.

Luis, residente en una cabecera de comarca de Valladolid, tenía un arsenal informático en su poder: desde la cámara que una empleada encontró oculta en el dispensador de papel higiénico, a una tipo botón, pasando por la videocámara de uso 'casero' y varias tablets. Además, la Policía se incautó de varios discos duros, microtarjetas de memoria SD, pendrives...todo ello pendiente de un análisis más extenso. Las primeras inspecciones apuntan a una actividad prolongada en el tiempo. Hay imágenes tomadas debajo de las faldas de mujeres y grabaciones en otras zonas de la empresa, no sólo en el baño donde se encontró el dispositivo. La cámara que usaba cambiaba de sitio. Era imprescindible porque sobre las diez de la noche, el personal de limpieza higieniza los baños y repone el papel. El hallazgo de la webcam fue cuestión de suerte: el papel se había acabado, la joven que estaba usando metió la mano, y la cámara, anclada con un imán cayó.

Aunque pidieron silencio a la afectada, no lo guardó, y en cuestión de minutos, todas las trabajadoras sabían lo ocurrido. Una de ellas entró en la sala donde trabajaba Luis y lo anunció: “Acaban de encontrar una cámara oculta en un baño”. “He sido yo”, dijo. Y se marchó. Nadie prestó atención hasta el lunes, cuando el rumor de la detención y de su despido alcanzaron la categoría de hecho. El golpe emocional fue tan devastador que algunas de sus compañeras más cercanas presentaron una baja médica horas después.

¿Cómo pudo acceder al baño de mujeres sin despertar sospechas? las fuentes consultadas por eldiario.es apuntan a dos circunstancias: la primera tiene que ver con la dureza de los turnos y sus breves pausas. “Alguna vez usamos los baños de chicos si el nuestro está lleno, porque tenemos unos minutos y los perderíamos yendo al otro edificio o a otra ala. No nos hubiese extrañado mucho encontrarnos a un compañero en el nuestro”, explican. Pero, además, la seguridad en Konecta es prácticamente inexistente. “No hay seguridad privada, del acceso se encargan los de mantenimiento que están en la puerta, pero por lo demás, cualquiera puede moverse libremente por los edificios, desde la gente que viene a formación hasta los invitados que alguien quiera meter”, relatan. No siempre fue así. Los ahora trabajadores de Konecta, ubicada en el Polígono de Argales, antes pertenecían a Golden Line. Esta primera empresa estaba en el Parque Tecnológico, en Boecillo. “Para acceder pasabas por una garita de seguridad a la entrada, y llevábamos una tarjeta con foto y nombre. Después en el edificio de la empresa cada puerta se abría con control de iris. Pero aquí no hay nada de eso”, lamentan.

Tras la detención del trabajador, el juzgado decretó para él libertad con fianza y prohibición de acercarse a la empresa. Se le imputa un numero indeterminado aún de delitos contra la intimidad que lleva aparejadas penas de hasta cuatro años de prisión. Si las imágenes se hubiesen compartido de algún modo, sería delito agravado. La Policía trata ahora de identificar a las mujeres que aparecen en las grabaciones.

Desde Konecta, aseguran a este diario que hubo un contacto inmediato con la Policía desde que se conocieron los hechos aunque reconocen que el protocolo “puede ser mejorable”, y que se ha colaborado activamente para dar con el autor de los hechos.

Alguien ha estado grabando a las trabajadoras de Konecta Valladolid cuando utilizaban los baños, pero la reacción de la empresa no ha sido la esperada. Lejos de denunciar de inmediato, pidieron silencio. Los hechos, que han causado indignación entre las empleadas, el 90% son mujeres, se descubrieron el pasado martes. 

Según pudo saber eldiario.es, una de las trabajadoras estaba utilizando el aseo y metió la mano dentro del dispensador de papel higiénico. Algo le cayó en la mano: una pequeña cámara que estaba en el interior, enganchada gracias a un imán. Fuentes cercanas han asegurado que la mujer se dirigió rápidamente a un coordinador, y este a un mando de la empresa que a su vez mostró la cámara a uno de los responsables de mantenimiento de sistemas informáticos. En lugar de llamar a la Policía, este último abrió la cámara y comprobó que “estaba funcionando” y que llegaron a extraer la tarjeta de su interior. “Es una tarjeta de memoria, no telefónica”, concluyeron. La persona al mando preguntó a la mujer si no le importaba comprobar si había más cámaras en el resto de los baños pero también le indicó que no dijese “nada” para “no crear alarma” y poder dar “ellos mismos” con la persona que había colocado el dispositivo.

El baño en cuestión es uno de los más utilizados y en poco tiempo todas las trabajadoras del call center supieron del hallazgo. Ante el silencio de la empresa, contactaron con las secciones sindicales. Al día siguiente, UGT hizo circular un cartel en el que se decía textualmente: “te hacen mobbing...son relaciones personales”, “tenemos a un exhibicionista a la salida de nuestro trabajo... está en la calle ¡búscate la vida!”, “te ponen una cámara en el baño...cállate la boca porque creas alarma”. Poco después, desde la central de Konecta se habló tanto con los representantes de este sindicato como con los responsables de la empresa en Valladolid. A media mañana, se interpuso una denuncia en la comisaría de Policía Nacional, que investiga los hechos.

Pero entre las afectadas, el desarrollo de los acontecimientos no ha acabado, ni mucho menos con la sensación de inseguridad. Para empezar, consideran que se debería haber dado aviso a la Policía de inmediato, en lugar de manipular una tarjeta. Desde UGT apuntan a un claro fallo de “cadena de custodia” ya que ahora no tienen ninguna garantía de que la tarjeta no haya sido alterada de algún modo.

Por su parte, el sindicato CSIF también emitió este miércoles un comunicado en el que informaban del hallazgo de la webcam en un baño del edificio sur de la primera planta. “Hemos preguntado por las medidas que se han tomado y la empresa nos indica que ha puesto la correspondiente denuncia en comisaría”, dice la nota. La sección sindical ha solicitado una “reunión urgente con la empresa”, la “revisión de todos los baños” y el establecimiento de un protocolo de actuación.

CGT también ha enviado un comunicado en el que precisa  la trabajadora que encontró la cámara “entregó inmediatamente a un coordinador y éste a su vez al puesto de control que depositaron la cámara en un lugar seguro, evitando su manipulación hasta proceder a su entrega en dependencias policiales”, una versión que no coincide por la obtenida por eldiario.es.

El incidente de la cámara no es el único que mantiene en alerta a las trabajadoras de Konecta. En las últimas semanas sufren el acoso de un exhibicionista que las espera en la zona donde aparcan, cuando salen entre las 20:00 y las 23:00 horas. La sección sindical de UGT, ha contactado ya con el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Otero, para pedirle mayor seguridad en la zona, en el polígono de San Cristobal, con la presencia de al menos una patrulla de la Policía Local, a última hora de la noche.

eldiario.es ha intentado obtener una versión de los hechos por parte de la central de Konecta, pero su responsable de comunicación no respondió ni a la llamada ni al correo que se le remitió. Tampoco fue posible contactar con algún directivo en Valladolid. “No puedo pasar la llamada, no puede ser, me dicen que no, lo siento”, respondieron antes de interrumpir la comunicación.

Una vez publicada la noticia, Konecta ha remitido un comunicado a eldiario.es, aclarando que “activó todos los protocolos” cuando conoció la existencia de la cámara oculta y lo puso “en conocimiento de la Policía denunciando los hechos”. Además, afirma la compañía, comunicó lo ocurrido al comité de empresa a través de un correo, remitido en la mañana del miércoles (la cámara se encontró el martes) en el que se informaba de que se habían denunciado los hechos conocidos el día antes.

“Sobre las 21.00 horas de la noche del día de ayer -martes-, una trabajadora, encontrándose en una cabina de los baños de señora de la primera planta del edificio sur, manipulando el rollo del papel higiénico observa como en el soporte de dicho papel existe lo que parece una mini cámara. Dicha trabajadora la entrega inmediatamente a su coordinador y este a su vez al puesto de control y en último lugar al responsable de la plataforma, que depositan la cámara en un lugar evitando su manipulación hasta proceder a su entrega en las dependencias policiales esta misma mañana a primera hora para que el equipo pericial realice las averiguaciones policiales correspondientes”, afirma la compañía.

La versión de la empresa difiere de la obtenida por eldiario.es a través de otras fuentes de Konecta Valladolid que insisten en que la cámara fue manipulada y se llegó a extraer la tarjeta, así como que los jefes pidieron a la trabajadora que la halló que guardase silencio. En lo que ambas fuentes coinciden es en que la denuncia no se puso en el momento de los hechos sino al día siguiente.

Revés del Tribunal Supremo a un mecanismo de las empresas del sector de telemarketing que ha permitido hasta ahora echar a empleados temporales con menos indemnización. El sindicato CGT presentó una demanda por despido colectivo contra la finalización de 47 contratos por obra y servicio en verano de 2017 por parte de la empresa Konecta BTO. La compañía extinguió de manera individual los contratos debido a una disminución del volumen de una campaña contratada, gracias a un artículo del convenio colectivo del sector que así lo contempla. El Supremo ha estimado el recurso del sindicato e invalida en sus argumentaciones esta práctica.

El sector del telemarketing (llamado también contact center) emplea a alrededor de unas 90.000 personas en España y está caracterizado por los salarios bajos y una gran participación de mujeres. “Las condiciones son muy precarias y el convenio colectivo permite precarizarlo aún más”, critica Santiago Alonso, responsable del sector federal de Telemarketing de CGT.

El convenio colectivo sectorial recoge en su artículo 17 la posibilidad de extinguir los contratos por obra o servicio cuando exista una “disminución real del volumen de la obra o servicio contratado”, de tal manera que “resulte innecesario el número de personas contratadas para la ejecución”. El artículo establece una serie de normas para aplicar estas extinciones, con las que los empleados se van a la calle con una indemnización de 12 días por año trabajado.

Eso ocurrió en el caso denunciado. Konecta BTO, controlada mayoritariamente por Banco Santander y el fondo capital de riesgo PAI Partners hasta el pasado febrero (fue vendida al equipo directivo y al fondo de capital riesgo Intermediate Capital Group), es una de las mayores empresas de telemarketing del panorama nacional. La compañía suscribió una serie de contratos por obra o servicio de teleoperadores en mayo de 2016 ligados a un servicio subcontratado por Securitas Direct.

En junio de 2017, Konecta BTO comunicó a los sindicatos la extinción de varios contratos debido a la reducción del volumen de la contrata inicialmente prevista. Primero los de once personas y, unos días después, los contratos de otras 36. En menos de un mes la empresa extinguió los puestos de 47 trabajadores debido a un menor volumen de trabajo de la campaña de Securitas, que se fueron con 12 días de indemnización.

Varapalo al convenio colectivo

CGT se ha posicionado durante años en contra de ese mecanismo de extinción de contratos temporales como un abuso para despedir a menor coste. El sindicato demandó ante la justicia la existencia de un despido colectivo (al afectar a más de 30 personas). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia marzo de 2018, rechazó su competencia a valorar el asunto porque entendió que no existía un despido colectivo, sino extinciones individuales de los contratos afectados.

La sentencia del TSJ madrileño –que contó con el voto particular de la magistrada María José Hernández Vitoria– fue recurrida por la organización anarcosincalista y ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón. El Supremo devuelve el caso al TSJ de Madrid porque concluye que sí que existe ese despido colectivo y deja en sus manos que analice la demanda de CGT, que pidió que se declararan nulas las extinciones.

“¿Qué ocurre cuando hay un contrato por obra o servicio y el volumen de la contrata disminuye? ¿Es un motivo de extinción del contrato? El Tribunal Supremo dice que sí, pero que tiene que ser canalizado por las causas de empresa. No es como si la contrata hubiera acabado, no es lo mismo. En caso de reducción de volumen es un despido objetivo”, explica Ignasi Beltrán, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). En ese caso, la indemnización para el trabajador es de 20 días por año trabajado.

El Alto Tribunal concluye que, aunque las rescisiones de los contratos se hicieran siguiendo lo marcado en el convenio sectorial (artículo 17), “no puede negarse que el convenio colectivo no puede regular la extinción de los contratos por obra o servicio determinado por causa de disminución o reducción del volumen de la contrata, al margen de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores”.

Beltrán explica que el Supremo ha reflejado que el convenio colectivo “se ha extralimitado, ha asumido una competencia que no le corresponde. No está facultado para regular las causas de extinción del contrato”. La referencia para aplicar las extinciones es el Estatuto de los Trabajadores y, según este, el Alto Tribunal estima que estos trabajadores estuvieron afectados por un despido colectivo, que tiene garantías particulares que lo convierten en una figura más protegida para los empleados.

CGT impugnará el convenio

“Es una victoria muy importante para nosotros, que hemos ido con este tema hasta la Comisión Europea y llevamos 20 años denunciándolo”, explica Santiago Alonso. El responsable del sector federal de Telemarketing de CGT lamenta que esta posibilidad de despido encubierto haya estado reflejada en “seis convenios colectivos, firmados por la patronal y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT”.

Santiago Alonso explica que CGT va a impugnar el convenio colectivo ante los tribunales, ya que en este caso el Supremo solo falla sobre el caso concreto denunciado –que era el asunto demandado– y no invalida el marco sectorial.

El sindicalista confía en que esta acción prospere a la vista de las argumentaciones del Supremo y espera que el resto de tribunales tome nota de este criterio. “Hace muy poco perdimos una demanda por despido colectivo casi igual de otra empresa, Teleperformance España, en la Audiencia Nacional que también había aplicado este artículo 17”, afirma Alonso.

Carlos Prieto, responsable de Contact Center de UGT, considera que el Supremo “parece anticipar un posible cambio de criterio, pero no lo dice todavía”. El sindicalista destaca que “a UGT no le gustan estos contratos por obra o servicio, muchos cubren de facto necesidades permanentes de las empresas”, pero sostiene que hasta ahora los tribunales habían respaldado estas extinciones por el descenso del volumen de la contrata.

“El artículo 17 del convenio se creó para que estas extinciones que avalaba la justicia no fueran a dedo, que se estableciera cierto orden y que la empresa acreditara ese descenso en la producción”, explica Prieto, que defiende que “ojalá el Supremo cambie de doctrina” e impida estas rescisiones.

Desde CCOO, Montse Sánchez explica que en los primeros momentos en los que despegaba el sector, con mayor incertidumbre, “este artículo tenía sentido, permitía que volvieran a sus puestos las personas que habían salido y habían recibido ya una formación”, pero ya no. “En el último convenio intentamos eliminarlo, pero la patronal no quiso y no podíamos tener a la gente sin convenio, tras 29 meses de negociación”. En su opinión, gracias a esta sentencia, en el próximo convenio que se comenzará a negociar próximamente “ese artículo va a tener que desaparecer”.

En CGT consideran que los argumentos del Alto Tribunal pueden afectar incluso a otros sectores, “como el de la seguridad y la construcción, que tienen cláusulas parecidas para que, cuando un trabajador sale de la empresa por un menor volumen de la contrata, pero esta obra permanece, en lugar de los 20 días por año de indemnización y cumplir con los cauces del despido objetivo, la empresa hace una extinción de este tipo”, explica Alonso. El profesor Ignasi Beltrán precisa que, en cualquier caso, habría que analizar la literalidad de cada convenio sectorial y estudiar si se ajusta al criterio del tribunal.

Alonso destaca la relevancia de invalidar esta fórmula de rescisión de contratos: “En estos años se ha despedido a miles de personas de esta manera, que es irregular”.

“Te invitamos a unirte a un proyecto en constante crecimiento, donde las personas son el activo más valioso”. Eso asegura la empresa Konecta BTO en su página web, dentro del apartado de empleo. Nada que ver con lo sucedido en El Puerto de Santa María, donde casi 200 personas se han quedado sin empleo tras la decisión de cerrar la sede de la empresa de telemarketing.

Desde mediados de enero sus trabajadores han estado intentando frenar la medida adoptada por la empresa, que a través de un email informó a la plantilla de su decisión decisión de cerrar en la localidad portuense en base al Art. 40 del Estatuto de los Trabajadores, donde se contempla una movilidad geográfica colectiva. El ofrecimiento fue trasladarse a Bollulos de la Mitación (Sevilla) y el resto a Valladolid, pero sólo seis trabajadores han aceptado la propuesta.

“Despidos low cost”

El resto se queda sin empleo porque sus salarios no les permitían asumir el gasto de irse a otra provincia. Y lo peor de todo es que el comité de empresa ha llegado a la conclusión de que Konecta ha encontrado muchas facilidades en el sistema para llevar a cabo su plan: “En estos momentos cualquier empresa tras la reforma laboral puede plantear, con los traslados, despidos low cost o despidos encubiertos. 200 familias que se van a la calle en la provincia de Cádiz”, afirma Toñi Ortiz, presidenta del comité de empresa.

A finales de enero comenzaron las negociaciones con la empresa, que según el comité en ningún momento valoró la petición de los trabajadores de reconsiderar su decisión. Varias semanas de desencuentros desembocaron en un juicio y en la vista celebrada en el juzgado de lo Social número 1 de Jerez, el juez ha dictaminado una indemnización de 25 días por año trabajado, cinco más de lo que ofrecía Konecta en un primer momento.

“No ha habido predisposición para negociar y la empresa se ha salido con la suya. Ya sólo estamos esperando que nos hagan el ingreso de los finiquitos. El juez, en lugar de tomar medidas cautelares, decidió resolver. Ya judicialmente no podemos reclamar nada más porque a la empresa la ampara la ley”, lamenta Cecilia Medialdea, trabajadora de la empresa.

De nada sirvió que diferentes alcaldes de la provincia ofrecieran terrenos para una nueva ubicación de la sede para así abaratar los costes. Empieza ahora la nueva vida para 200 familias que creían haber encontrado en Konecta un medio de vida.

Ninguno de los trabajadores de la empresa Konecta BTO, ubicada en El Puerto de Santa María, se lo veía venir. Por eso cuando el 14 de enero llegó a la bandeja de entrada de los trabajadores un correo anunciando el cierre de la empresa, fue un mazazo. 

Esta empresa se encarga de la atención al cliente de Vodafone y toma la decisión del cierre de estas instalaciones en base al Art. 40 del Estatuto de los Trabajadores, donde se contempla una movilidad geográfica colectiva. El ofrecimiento inicial es trasladarse a Bollulos de la Mitación (Sevilla) y el resto a Valladolid. De no aceptar estos traslados, sólo queda la alternativa del despido.

El comité de empresa se ha puesto a trabajar para tomar posiciones ante unas negociaciones que comenzarán oficialmente este viernes día 25 de enero. Y lo primero que ha hecho ha sido alertar de la precariedad de la contratación que se vive en este centro, donde gran parte de la plantilla tiene contratos que van desde las 18 a las 25 horas, que pueden ser ampliadas mes a mes. El salario con este número de horas no alcanza los 700€, según denuncia el comité.

Los trabajadores se han encontrado con el respaldo tanto de la Diputación de Cádiz como de los ayuntamientos de Cádiz, El Puerto y Puerto Real. “En modo alguno podemos renunciar a ninguna alternativa que no signifique el mantenimiento de los puestos de trabajo en las mismas condiciones actuales”, señala Irene García, presidenta de la Diputación.

El alcalde de Puerto Real, localidad de la que son originarios 60 de los 200 trabajadores de Konecta, ha ofrecido la posibilidad de que la empresa se ubique gratuitamente en su término municipal para garantizar el empleo.

Posibles explicaciones a la decisión

Una de las posibles explicaciones, sin confirmar, de esta decisión de Konecta puede estar el hecho de que Vodafone perdiera hace unos meses la red corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio otorgó a Movistar los grandes lotes de las telecomunicaciones de la Administración autonómica, que tiene unas 90.000 líneas móviles en su red corporativa. Y todo ello dentro de un marco de un posible ERE de Vodafone que podría llegar a afectar al 22% de su actual plantilla.

Pero hay algo que no cuadra en Konecta porque, según explica la trabajadora Cecilia Medialdea, “hasta octubre se estaban haciendo cursos de formación para nuevas incorporaciones. Trabajamos con Vodafone para diferentes proyectos y siempre iban entrando encargos nuevos, por eso el cierre es algo que no imaginábamos”.

Este periódico se ha puesto en contacto con Konecta, que ha rechazado la posibilidad de hacer declaraciones al respecto. El departamento de comunicación de Vodafone se limita a comentar que “es una decisión de Konecta, a la que nosotros le subcontratamos los servicios. La decisión es sólo suya”.

“Los trabajadores damos los niveles que se nos piden, pero la gente está muy desanimada porque esto es un sinvivir. Es una plataforma atípica porque normalmente se suele contar con chavales jóvenes que lo compaginan con sus estudios, pero ésta lleva tanto tiempo abierta que la media de edad supera con creces los 30 ó 35 años. Yo tengo 47 años y llevo aquí ocho años, mientras que mi marido lleva ocho años en el paro. El único sueldo que entra en mi casa es el mío y tengo un contrato de 25 horas, 5 horas al día, que son 640 euros al mes. Estoy ampliada mes a mes. Cada mes se firma una ampliación pero el contrato base es el mismo. Yo no sé si me tendría que ir a otra ciudad con ese contrato. Hay compañeros que ganan 500 euros de sueldo. No puede ser porque tenemos familias monoparentales o matrimonios a los que, por estar en diferentes departamentos, a uno le correspondería irse a Valladolid y al otro a Sevilla”, explica Cecilia, perteneciente al comité de empresa.

Konecta cuenta en El Puerto con dos grandes departamentos: atención al cliente y televenta. Según explica Cecilia, “ningún trabajador ve viable el traslado con los sueldos que tenemos”. Espera al inicio de las negociaciones con la empresa para anunciar algunas medidas de protestas y destaca que “al menos nos sentimos arropados por los ayuntamientos de la zona”. Lo que es seguro es que la batalla por empleo acaba de comenzar.

La Sección 3 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) y ha condenado a Konecta BTO SL, la multinacional española de call centers controlada por Banco Santander y el fondo capital de riesgo PAI Partners (dueños del 80% del capital), por el despido, el pasado 31 de julio, de 92 teleoperadores con discapacidad que hasta entonces prestaban el servicio de cita previa telefónica para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y que Konecta se negó a subrogar al adjudicarse este servicio.

La sentencia, dictada el pasado 21 de diciembre y notificada a las partes este jueves, considera que Konecta “debió proceder a subrogar de forma inmediata a todos los trabajadores afectados sin realizar proceso de selección alguno” y califica como nulo el despido colectivo, por lo que condena a Konecta a readmitir a los trabajadores despedidos “en las mismas condiciones anteriores al despido con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar”.

La resolución, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, absuelve a la anterior subcontrata, el Grupo Sifu SL, y a Servinform, adjudicataria del servicio antes que Konecta. En su demanda, CGT exigía que se reconociera el derecho de los trabajadores de Sifu a ser subrogados por Konecta en virtud del artículo 27 del convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad o que, en caso de reconocerse la nulidad de los despidos, Sifu readmitiera a los despedidos o las tres empresas fueran condenadas subsidiariamente a la readmisión.

Como consecuencia de su despido, los afectados protagonizaron una huelga y, una vez en la calle, convocaron movilizaciones en Madrid para exigir la subrogación a Konecta, remitieron cartas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y realizaron varias concentraciones ante la sede central de la AEAT.

Sifu había informado por escrito a los afectados el 16 de julio de que el servicio que habían venido prestando desde 2015 en régimen de subcontrata para diferentes empresas del sector del telemarketing pasaría a manos de Konecta a partir del 1 de agosto y que quedarían subrogados con ella “de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales que resultan de imperativa aplicación”.

Sin embargo, Konecta se limitó a ofrecer a los afectados incorporarse a un proceso de selección abierto y se negó a acatar la subrogación, amparándose en el artículo 18 del convenio del sector de Call Center. Además, se llevó el servicio a Sevilla y durante las primeras semanas, dejó de atender llamadas en catalán, valenciano y gallego, en contra de lo que estipulaban los pliegos del contrato.

Con sede central en Madrid, Konecta acumula un largo historial de condenas en la jurisdicción social. En 2014, cuando ya prestaba el servicio de call center para la Campaña de la Renta,  fue multada por realizar un ERE encubierto.

Antes que a Konecta, el servicio de cita previa telefónica de la campaña de la Renta de la AEAT había sido adjudicado por vía urgente (procedimiento negociado sin publicidad “por responder a una necesidad inaplazable”) tras la suspensión del procedimiento ordinario por la presentación de un recurso durante el proceso de licitación del servicio.

En mayo, trabajadores de Sifu denunciaron a esta empresa, a Servinform y a la propia Agencia ante la Inspección laboral por entender que su call center en Madrid no guardaba “las mínimas medidas de seguridad”, tenía “instalaciones claramente deficientes” con “riesgo para la integridad y salud de los trabajadores” e incumplía la ley de riesgos laborales. Después, se quedaron en la calle. Ahora Konecta deberá readmitirles, junto a cerca de 90 compañeros, aunque está por ver dónde y en qué condiciones.

La nueva adjudicataria del servicio de cita previa telefónica de la Agencia Tributaria, Konecta BTO, no está atendiendo llamadas en catalán, valenciano ni gallego, incumpliendo el pliego de condiciones del contrato que se adjudicó el pasado 4 de julio por 3.682.200 euros, más impuestos. También se niega a subrogar a los cien empleados de la anterior subcontrata, Sifu, lo que según los afectados vulnera la nueva Ley de Contratos Públicos al tratarse de trabajadores con una discapacidad reconocida y adscritos a un centro especial de empleo, especialmente protegidos por esa norma. El conflicto está ya en los tribunales.

Un menú automático permitía a los contribuyentes que utilizaban este servicio elegir hasta ahora ser atendidos en esas lenguas cooficiales. Esta semana esa opción ha dejado de ser posible, pese a que el pliego del contrato que se adjudicó Konecta establecía que “las llamadas procedentes de Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia e Illes Balears deberán atenderse, a voluntad del contribuyente, en castellano o en la lengua cooficial propia de cada Comunidad Autónoma”.

El viernes, las excusas para no atender en esas lenguas eran variopintas. En Catalunya, tras una segunda llamada (“Llame en cinco minutos”, dijeron en el primer intento), un teleoperador de Konecta indicaba pasadas las 14 horas que la persona que atendía en catalán ya se había marchado (el servicio se presta hasta las 15:00). La atención en esa lengua, decía, estaría disponible ya el lunes. Una explicación similar dieron en Galicia, mientras que en Valencia, la respuesta fue: “No tenemos esa posibilidad”. Este diario remitió el viernes un correo electrónico a Konecta para conocer su versión sobre este asunto, sin obtener respuesta.

Fuentes próximas a la Administración reconocen que la empresa no está cumpliendo ese requisito del pliego y confían en que esta situación se solucione próximamente, al igual que la del centenar de trabajadores de la anterior subcontrata (Sifu) que se han quedado sin empleo.

Por lo pronto, el pasado jueves el sindicato CGT presentó demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Konecta, Sifu y la anterior contrata, Servinform, solicitando que se reconozca el derecho de los trabajadores de Sifu a ser subrogados por Konecta en virtud del artículo 27 del convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad o que, en caso de no reconocerse la nulidad de los despidos, Sifu readmita a los despedidos o las tres empresas sean condenadas subsidiariamente a la readmisión.

Carta a la ministra

Los afectados han protagonizado movilizaciones esta semana en Madrid para exigir la subrogación. Tras remitir una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el miércoles intentaron sin éxito ser recibidos por algún responsable de Konecta. Sí pudieron reunirse el jueves con el nuevo director de Gestión Tributaria de la Agencia, Gonzalo García De Castro.

Le expusieron que Konecta, además de incumplir el pliego, no está respetando las disposiciones sobre condiciones de subrogación en contratos de trabajo de la Ley de Contratos Públicos. Su artículo 130 establece que “cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo”, como en este caso, la “adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato”.

Fuentes cercanas a la Administración indican que la adjudicación se rige por la antigua ley de contratos, al ser la licitación previa a la entrada en vigor de la actual normativa, “pero la ejecución se rige por la nueva”, lo que daría más margen para exigir cesiones a la prestadora del servicio.

Sifu informó por escrito a sus trabajadores el 16 de julio de que el servicio que han venido prestando desde 2015 para varias contratas pasaría a manos de Konecta a partir del 1 de agosto y quedarían subrogados con ella “de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales que resultan de imperativa aplicación”.

Pero Konecta solo ha ofrecido a los afectados “incorporarse al proceso de selección actualmente abierto”. Se niega a subrogarse y se ampara en el artículo 18 del convenio del sector de Call Center. Además, se ha llevado el servicio a Sevilla, por lo que los empleados de Sifu que superasen ese proceso de selección tendrían que trasladarse allí desde Madrid y perderían la antigüedad acumulada hasta ahora.

Konecta, con sede central en Madrid, acumula un largo historial de condenas en la jurisdicción social. En 2014, cuando ya prestaba el servicio de call center para la Campaña de la Renta, fue multada por realizar un ERE encubierto.

Sifu prestaba hasta ahora el servicio como subcontrata de la anterior contrata, Servinform, que en abril se adjudicó por la vía urgente (procedimiento negociado sin publicidad “por responder a una necesidad inaplazable”) el servicio de cita previa de la campaña de la Renta tras la suspensión del procedimiento ordinario por la presentación de un recurso.

En mayo, trabajadores de Sifu denunciaron a esta empresa, a Servinform y a la propia Agencia ante la Inspección laboral por entender que su call center en Madrid no guardaba “las mínimas medidas de seguridad”, tenía “instalaciones claramente deficientes” con “riesgo para la integridad y salud de los trabajadores” e incumplía la ley de riesgos laborales. 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acudió este miércoles al décimo aniversario de la Fundación Konecta y presidió la entrega de sus “Premios al Compromiso Social”. Un acto que podría pasar como una cita más en su agenda si no fuera porque la empresa de telemarketing de la que depende esa fundación, Konecta, acumula al menos siete informes de la Inspección de Trabajo entre octubre de 2013 y mayo de este año, uno de ellos por hacer un ERE encubierto. La empresa suma, además, decenas de condenas en la jurisdicción laboral. Se trata de la misma compañía que a finales de 2013 despidió a una trabajadora por faltar a su puesto el día de su desahucio.

En enero de 2014, la Inspección de Trabajo impuso una sanción grave a Konecta BTO por tramitar como despidos individuales lo que debería haber sido un expediente de regulación de empleo. CGT y UGT denunciaron que se trataba de un ERE encubierto, algo que la inspección ratificó. Hasta ese momento, la empresa acumulaba 189 sentencias en los juzgados de los social, muchas de ellas condenatorias, incluso por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores.

El expediente más reciente de la Inspección de Trabajo sobre Konecta data de mayo de este año. En él la Inspección comprueba que la empresa ha llevado a cabo una evaluación de riesgos psicosociales de los trabajadores adscritos al servicio de información tributaria básica, que la Agencia Tributaria adjudicó a Konecta BTO. La evaluación se llevó a cabo después de que un inspector así lo requiriera. El examen dio como resultado que el 71% de los trabajadores consideraba que los riesgos emocionales derivados de la exigencia en su trabajo eran elevados o muy elevados.

A pesar de estos resultados, la empresa no tomó la medida que tanto la plantilla como los representantes de los trabajadores recomendaron: que existiera un tiempo mínimo entre las llamadas que atienden los empleados. En su informe, la Inspección requiere a Konecta a que adopte las medidas necesarias para aliviar la carga, y que garantice un tiempo mínimo de 23 segundos entre llamada y llamada.

Otra de las sanciones recientes es la que la Dirección General de Trabajo de Madrid confirmó en febrero de este año: una “infracción grave en grado medio” por no comunicar a los representantes de los trabajadores en los plazos legales los contratos firmados con las ETT para la puesta a disposición de personal. “Dicho plazo es de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que en la mayoría de ocasiones se tratará de contratos de corta duración, de manera que es fundamental el conocimiento inmediato de la contratación por los representantes de los trabajadores”, dice el expediente sancionador, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Aunque la empresa recurrió la primera resolución del inspector, la Dirección General de Trabajo de Madrid asegura que sus alegaciones no están acreditadas y que ni siquiera cuestionan los hechos. Otro expediente sancionador fechado en enero de 2014 multaba a la empresa por no facilitar toda la información legal a los representantes de los trabajadores durante un proceso de extinción de puestos de trabajo. Esa falta de información, decía el inspector encargado del caso en su informe, “dificultó o impidió” las funciones del comité de empresa.

Durante la entrega de los premios de este miércoles, Báñez ignoró esta situación y destacó “el fuerte compromiso” de Konecta y su fundación “por la creación de una comunidad basada en la solidaridad con el objetivo de que las oportunidades lleguen a todos”. “Esta noche se premian diez años de iniciativas que iluminan la realidad, diez años de una visión empresarial responsable, diez años de trabajo para dar trabajo a los demás. No hay mayor responsabilidad que el empleo”, dijo la ministra.

El ministerio asegura que desconocen estos expedientes y que, en cualquier caso, la ministra acudió a un acto de su Fundación al que también asistió, por ejemplo, la infanta Elena.

Un modelo para Báñez

No es la primera vez que la ministra de Empleo visita Konecta, una empresa que emplea a 6.000 personas sólo en sus delegaciones de Madrid y Sevilla y que está presente en toda España. En marzo, junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, visitó su sede en Sevilla y allí hablaron de la reforma del sistema de formación que el Ejecutivo aprobó esos días. Báñez afirmó entonces que el modelo de formación de Konecta “tiene mucho que ver con el que quiere el Gobierno para que España compita en los mercados internacionales, apostando por la innovación, el talento y por el capital humano”.

Curiosamente, el año pasado, los trabajadores de Konecta destinados al servicio de información permanente de la Agencia Tributaria denunciaron que la empresa estaba eliminando la especialización de los operadores y les negaba formación. “Quieren que haya polivalencia, que ya está comenzando a funcionar. Para eso haría falta una formación a los trabajadores que no están dando”, decían desde la sección sindical de UGT en Konecta. “Siempre hemos tenido formación periódica para dar una atención de calidad. Ahora no, cualquier novedad la tenemos que estudiar nosotros por nuestra cuenta, mirarnos el BOE, no nos dan ni manuales”, aseguraba otro trabajador.

El coordinador estatal de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, asegura que Konecta “está continuamente precarizando el empleo”. “Crea mucho empleo y al mismo tiempo lo destruye. Crean mucho empleo basura, cuando podría ser de calidad porque muchas de sus campañas son estables. Hay, además, una gran presión sobre los trabajadores, la política es quemar a la gente.. Si no aguantas, te despiden y contratan a otro. Si hace falta pagan la improcedencia, al fin y al cabo la indemnización por un trabajador con dos o tres años de antiguedad es ridícula. Hay también muchos despidos por absentismo. Y si hacen todo esto es porque ganan dinero así”, denuncia Alonso.

Despidos

Hace solo unos días, el Grupo Konecta, una filial del Banco Santander que da servicio a muchas grandes empresas (se encarga de atender el teléfono de atención al cliente de Iberdrola, por ejemplo), anunció 157 despidos de su servicio de activación de tarjetas. La dirección comunicó que había decidido implantar un sistema automático de activación que hacía innecesaria la presencia de trabajadores: si un cliente del banco llamaba para activar su tarjeta sería atendido en la mayoría de los casos por una máquina. CGT convocó una huelga indefinida y, finalmente, la empresa retiró este jueves todos los despidos. Mantiene, eso sí, otros 25 despidos en el servicio de retención de tarjetas de Madrid.

“Estamos contentos por la retirada de los despidos, pero la reflexión de fondo no puede ser buena. Si los retiran de repente y sin que prácticamente hubiéramos iniciado la huelga es porque la política de la empresa es esta, plantear despidos porque sí, porque les vienen bien”, subraya Santiago Alonso, de CGT. El ministerio de Empleo sí conocía que Konecta había anunciado estos 157 despidos.

En octubre de 2013, el nombre de Konecta se hizo conocido después de que despidiera a Amaya Muñoz, una trabajadora que faltó a su puesto el día de su desahucio. Aunque sus ausencias estaban justificadas, la empresa, en la que llevaba contratada cuatro meses, la despidió igualmente con el aval de la última reforma laboral, que considera un “despido objetivo” el que se produce porque el empleado acumula nueve faltas justificadas en dos meses.

“El servicio funcionaba muy bien hasta hace unos años, ahora se lo están cargando”. Lo dice una trabajadora del servicio permanente de información de la Agencia Tributaria, en manos de Konecta BTO desde 2010. Los empleados denuncian falta de formación adecuada para ejercer su trabajo y prácticas abusivas por parte la empresa, que les debe la actualización salarial de dos años y está eliminando la especialización de los operadores. Critican también la actitud de la Agencia Tributaria de la que, dicen, mira para otro lado, a pesar de que han enviado cartas a varios de sus cargos. Konecta BTO es precisamente la misma empresa a la que el Ministerio de Hacienda adjudicó hace unas semanas el servicio de atención telefónica de la campaña de la renta 2014 y que acumula decenas de condenas laborales.

El servicio de información permanente de la Agencia Tributaria funciona desde hace cerca de veinte años y está formado por 170 personas repartidas entre los centros de trabajo de Madrid y Barcelona. La concesión pasó por varias empresas hasta que en 2010 el servicio se adjudicó a Konecta BTO, una adjudicación que se ha prorrogado hasta la actualidad. Durante al menos dos años, la empresa no ha actualizado los salarios de los trabajadores adscritos al servicio conforme al IPC, tal y como marca el convenio, un incumplimiento que han llevado ante los tribunales.

Los trabajadores denuncian que la empresa está acabando con la especialización que existía en el servicio: si hasta ahora había departamentos especializados para cada impuesto, la empresa está tratando de que todos los trabajadores atiendan cualquier llamada. “Quieren que haya polivalencia, que ya está comenzando a funcionar. Para eso haría falta una formación a los trabajadores que no están dando”, dicen desde la sección sindical de UGT en Konecta.

“Siempre hemos tenido formación periódica para dar una atención de calidad. Ahora no, cualquier novedad la tenemos que estudiar nosotros por nuestra cuenta, mirarnos el BOE, no nos dan ni manuales”, dice un trabajador, que asegura que la única respuesta que ha dado la empresa ha sido la creación de un archivo 'wiki' que recoge las preguntas más frecuentes de los contribuyentes. “Está solo lo básico, es insuficiente, ya existía un programa en internet donde cualquiera podía entrar a resolver dudas”, dicen.

Más presión

La plantilla subraya que la presión bajo la que trabajan se ha hecho insoportable. “Hay más preocupación por que atendamos muchas llamadas y con cumplir los ratios que por que el servicio sea de calidad y se atienda bien al ciudadano”, dice un empleado, que señala que los mensajes que reciben en sus ordenadores para apremiarles en su trabajo son constantes. “La presión es brutal, los pantallazos son continuos, apenas podemos parar entre llamada y llamada o ir al baño con tranquilidad”, dice otra trabajadora.

En uno de esos mensajes que llegó a los trabajadores en forma de aviso en las pantallas de sus ordenadores se puede leer: “Tenemos que hacer un gran esfuerzo por incrementar la productividad en este mes de enero. Para ello NO se van a realizar consultas a los apoyos. Lo que se sabe con los conocimientos adquiridos hasta el momento se contesta y lo que no se sabe se transfiere. Se consulta solo aquellas cuestiones que sean reiteradas por el contribuyente y de fácil solución”.

Como respuesta a esta situación, la plantilla organizó paros durante varios días en febrero que fueron apoyados por las secciones sindicales de USOC, UGT y CGT. Varios trabajadores han remitido además cartas a algunos altos cargos de la Agencia Tributaria. Es el caso de una misiva dirigida al subdirector general de Información y Asistencia tributaria, José Luis Ruiz Mingo, y al director del Departamento de Gestión Tributaria, Rufino De la Rosa Cordón.

Los trabajadores también han acudido a la Inspección de Trabajo, que acaba de enviar un requerimiento a la empresa para que en los próximos meses revise su política laboral.

Un portavoz de la Agencia Tributaria asegura que la formación se está impartiendo “a los monitores de la empresa” que, a su vez, deben formar a los trabajadores. Sobre si el organismo tiene constancia de que esa formación llega efectivamente a la plantilla, asegura que se hace un seguimiento de cómo se presta el servicio. La Agencia, no obstante, se desentiende de cuáles son las circunstancias laborales de los trabajadores: “Quien presta el servicio es la empresa, cualquier requerimiento debe hacerse a la empresa. En cualquier caso, no hemos recibido más quejas de las habituales, si efectivamente hubiera empeorado, habría más quejas”. Eldiario.es ha contactado con Konecta BTO, pero la empresa se ha negado a responder ninguna pregunta.

Una trabajadora, sin embargo, asegura que los contribuyentes sí se quejan: “Muchas veces tenemos que transferirles a otros departamentos o tienen que esperar. Claro que se quejan, pero a nosotros, la mayoría no llega a interponer una queja oficial, como sucede en tantos servicios”. “Queremos que nos dejen trabajar bien, que podamos explicarle a la gente las cosas y que si una llamada tiene que durar diez minutos pues que dure diez minutos, al fin y al cabo es un servicio público”, sentencia otro trabajador.

La Inspección de Trabajo impuso en enero una sanción grave a Konecta BTO, la empresa a la que la Agencia Tributaria ha adjudicado el servicio telefónico de la campaña de la renta, por tramitar como despidos individuales lo que debería haber sido un expediente de regulación de empleo (ERE). La empresa trabaja sobre todo para la banca y el sector seguros, pero también se ha adjudicado algunos números de administraciones públicas, como en el caso de la Agencia Tributaria o la atención telefónica de Correos.

La compañía, que acumula 189 sentencias en los juzgados de lo social (muchas condenatorias, incluso por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores), llevó a cabo entre el 19 de abril y el 17 de julio 38 despidos por causas organizativas y de la producción con 20 días de indemnización por año trabajado. Tanto CGT como UGT denunciaron ante la inspección que se trataba de un ERE encubierto, algo que ratificó la inspección de trabajo a comienzos de este año.

En un informe de actuaciones fechado el 28 de enero de 2014 al que ha tenido acceso eldiario.es, la inspección constata que la empresa “debería haber tramitado un despido colectivo”, por lo que considera que Konecta BTO ha incurrido en una “infracción grave”. Varios representantes sindicales han tenido conocimiento de que la empresa ha recurrido la sanción, mientras que las centrales han ampliado la denuncia porque, aseguran, Konecta siguió ejecutando despidos objetivos hasta septiembre de 2013.

Muchos de esos despidos individuales están llegando ahora a los tribunales. Esta misma semana, al menos tres empleadas que fueron despedidas tenían cita para su juicio en los juzgados de lo social de Madrid. Una vez en los juzgados, la empresa ofrece a los trabajadores la máxima indemnización para conciliar el caso y evitar el juicio. “De esta forma reconocen que son despidos improcedentes. Juegan a despedir y esperar a ver si los trabajadores demandan o no. Se aprovechan de que muchos no lo hacen por desconocimiento, por miedo, porque no están afiliados...”, dice un miembro de la sección sindical de CGT.

Esta sanción, e incluso la sentencia que condena a Konecta por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, no inhabilitan a la empresa para formalizar contratos con la administración pública, al menos hasta que estas no sean firmes. La Ley de Contratos del Sector Público fija qué circunstancias impiden a una empresa o persona contratar con la administración pública, entre ellas, haber sido sancionada con carácter firme por infracción grave en materia social.

Según fuentes consultadas, una vez que la empresa recurre la sanción impuesta por la inspección, es la autoridad laboral competente la que debe ratificar o no la infracción. Aunque los inspectores tienen presunción de veracidad, sí puede darse el caso de que finalmente la autoridad laboral rebaje la infracción, por ejemplo, porque compute los despidos de forma diferente en el caso de que haya incluidos trabajadores temporales que apenas pasaron tiempo en la empresa.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la Agencia Tributaria, que prefiere no hacer declaraciones al respecto.

La campaña de la declaración de la renta 2013 acaba de comenzar. Y el Ministerio de Hacienda ha adjudicado el servicio telefónico a Konecta BTO.S.L, un grupo empresarial cuyo trato a los trabajadores deja mucho que desear: la compañía acumula 189 sentencias en la jurisdicción social, muchas de ellas en contra. Konecta saltó a la palestra el pasado octubre, cuando despidió a una trabajadora, Amaya Muñoz, por absentismo laboral después de que faltara al trabajo el día de su desahucio. Se trata de una práctica que, dadas las resoluciones judiciales, la empresa ha aplicado con frecuencia. Hacienda le adjudica ahora un contrato por valor de 2.109.914 euros.

Solo en el último año, la empresa, cuyo socio mayoritario es el banco Santander, acumula 28 sentencias en los juzgados de lo social. En una de las más recientes (del 14 de noviembre de 2013), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la decisión de un juzgado de lo social de Barcelona que condenó a Konecta por vulnerar los derechos fundamentales a la no discriminación por razón de origen y a la integridad moral de cuatro trabajadoras. Konecta había sometido a las empleadas a cambios sustanciales de sus condiciones de trabajo. La sentencia instaba a la empresa a restablecer a las empleadas en sus funciones y “al cese de toda conducta de acoso, menosprecio o discriminación” y a abonarles la suma de 6.590 euros.

“Se desprende que, sin que se encuentre justificada la adscripción a distinta función o centro de trabajo, las actoras, tras dilatado y grosero periodo en el que no se les ofrece trabajo efectivo y son confinadas en minúsculo habitáculo, les es impuesto traslado de centro de trabajo, desde Barcelona a El Puerto de Santa María-Cádiz. Y, también, que son todas de origen no español y nacidas en países sudamericanos, frente a terceros trabajadores a los que no adorna tal cualidad (...) y que, a pesar de estar adscritos a la misma obra o servicio que las actores siguen prestando servicios en el mismo centro de trabajo”, afirmaba la sentencia del TSJ catalán.

En otra sentencia de 2012, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulo el despido de una trabajadora de Konecta que en ese momento tenía una reducción de jornada por cuidado de hijo menor. En otros casos, los tribunales han considerado improcedentes despidos que la empresa había hecho por causas organizativas o de la producción.

El Grupo Konecta es un conglomerado de empresas con centros de trabajo repartidos por toda España. El servicio de atención telefónica de la renta se lleva a cabo en un centro de Madrid.

Despidos por absentismo

Muchas de las sentencias que acumula el grupo empresarial están relacionadas con despidos objetivos por absentismo (con 20 días por año de indemnización) que, finalmente, los tribunales declararon improcedentes. Las dos últimas reformas laborales han abierto la puerta a que las empresas puedan despedir por causas objetivas cuando el trabajador acumule varias faltas, aunque sean justificadas.

Ese fue el caso de Amaya Muñoz, a la que despidieron por acumular nueve faltas en dos meses, aunque estas eran justificadas. Pero también de muchos otros casos que llegaron a los tribunales, que los consideraron improcedentes. Por ejemplo, el pasado noviembre el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de una trabajadora de Konecta a la que se le aplicaron los criterios de absentismo de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy a pesar de que sus faltas tuvieron lugar antes de su aprobación. La sentencia recuerda la irretroactividad de las normas que restringen derechos.

Un representante de los trabajadores confirma a eldiario.es que el grupo Konecta ha usado en muchas ocasiones el despido por absentismo: “Lo hacen como aviso al resto de trabajadores, para que no cojan bajas. Además, hay incentivos que no te dan si tienes una baja aunque hayas cumplido tus objetivos”. Asegura, además, que muchos contratos se formalizan a través de ETT y que el índice de temporalidad es muy elevado.

En su página web, la empresa se define como líder en servicios integrales de outsourcing y contact center desde 1999. En 2012, según sus datos, facturó 307 millones de euros (295 más que en 2000), y tenía el año pasado 15.286 trabajadores.

Konecta, la empresa de telemárketing que despidió a una trabajadora por faltar el día de su desahucio, se niega a reconsiderar su decisión y no readmitirá a Amaya Muñoz. CGT se reunió con representantes de la empresa para tratar de que la trabajadora recuperara su puesto, pero Konecta ha obviado sus argumentos. Amaya Muñoz demandará a la empresa por despido nulo.

Varios representantes sindicales se reunieron con responsablse de Konecta, que despidió a la trabajadora por absentismo, aunque sus faltas estaban correctamente justificadas. Esta es una posibilidad que han abierto las últimas reformas laborales. Tras su desahucio, que tuvo lugar en septiembre, Amaya Muñoz estuvo de baja diez días por ansiedad y, posteriormente, por enfermedad común.

CGT argumenta que la empresa no ha cumplido con la ley puesto que dos de las faltas que contabilizan son en realidad permisos retribuidos contemplados en el convenio del sector. “El convenio contempla hasta 35 horas anuales para ir al médico. Los dos días de octubre que la empresa usa para echar a Amaya son en realidad permisos retribuidos, puesto que el día que vas al médico se considera como tal, aunque te den la baja y el alta ese mismo día, salvo que superes esas 35 horas al año, algo que no sucedía en este caso”, señala Santiago Alonso, secretario de Organización, coordinador estatal de Telemárketing de CGT.

Sin embargo, Konecta no ha reconsiderado el despido, por lo que Amaya Muñoz recurrirá a los tribunales. “Estamos preparando una demanda por despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales”, explica Alonso. CGT denuncia que la empresa ya ha llevado a cabo muchos despidos procedentes basados en bajas, incluso justificadas. El año pasado, una empleada de la empresa que padecía una grave neumonía, murió tras darse de alta voluntariamente por miedo al despido.

“El cinismo y desprecio de esta empresa por los trabajadores y trabajadoras, queda fielmente retratado” en otro despido ocurrido también hace poco tiempo. Una trabajadora del centro especial de empleo fue utilizada para poner de manifiesto el esfuerzo de la empresa por integrar a personas con discapacidades publicando su foto en la revista de la fundación Konecta. A los dos meses fue despedida por causas objetivas, que no han sido acreditadas, estando su despido impugnado y pendiente de sentencia“, dice el sindicato, que señala que la empresa cuenta con más de 11.000 trabajadores en toda España y tuvo unos beneficios de casi 5 millones de euros en 2011.

CGT ha convocado una concentración el próximo jueves frente a la oficina principal del Banco Santander en Madrid (principal accionista de Konecta) para protestar por el despido y la actitud de la empresa.