Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

El anticomunismo le ha ganado la batalla al 'antifujimorismo' en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, de la que ha salido victoriosa, por un margen muy estrecho, la candidata de derecha Keiko Fujimori (Lima, 1975), que el 28 de julio se convertirá en nueva mandataria de la nación sudamericana.

Tras varias semanas de recuento, Keiko (Fuerza Popular), como se la conoce popularmente, se ha impuesto en el recuento del 7 de junio al postulante de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por alrededor del 0,27 puntos (en votos, una diferencia de 49.641 papeletas), según el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La paradoja electoral es que mientras Sánchez ganó dentro del Perú, la presidencia se la arrebató Fujimori con el apoyo de los peruanos residentes en otros países.

Hija mayor del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko ha conquistado la primera magistratura peruana en su cuarto intento: en 2011 perdió con Ollanta Humala, en 2016 le ganó Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 cayó ante Pedro Castillo. La saga de derrotas se extendió en estas elecciones de 2026, pero por solo durante unos días en los que Sánchez remontó la ventaja inicial de la otrora primera dama con una diferencia mínima que, sin embargo, no pudo sostenerse una vez procesados los votos en el extranjero.

El triunfo de la administradora de empresas de ascendencia japonesa revela que el anticomunismo de la sociedad peruana, posicionado en contra de Sánchez, exministro y heredero político del exmandatario Pedro Castillo (hoy encarcelado por un fallido golpe de Estado en 2022), tuvo un peso ligeramente mayor que el “antifujimorismo” en torno al cual se organiza la vida política peruana desde hace más de dos décadas.

Continuidad del fujimorismo

Alberto Fujimori (1938-2024) abandonó el poder en el año 2000, pocos meses después de ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo. El escándalo de los “vladivideos”, una serie de grabaciones que revelaban sobornos de su asesor Vladimiro Montesinos a figuras políticas, empresariales y mediáticas del Perú, desató una presión interna que lo llevó a escapar del país y refugiarse en Japón. Sin embargo, su caída no supuso la muerte definitiva del fujimorismo. Sus hijos Keiko y Kenji tomaron la posta y fueron ganando presencia política, en especial a partir de la segunda década de los años 2000.

La politóloga y analista Eliana Carlín dice que la corriente política abierta por Alberto Fujimori solo se debilitó por unos años tras la fuga del “dictador”. “Las figuras emblemáticas del fujimorismo siguieron siendo parte del ecosistema político del país, y especialmente Keiko Fujimori desde el año 2011”, recuerda. “En las cuatro campañas electorales en las que ha pasado a segunda vuelta ha habido un despliegue enorme de recursos económicos que vienen de los empresarios y de los poderes fácticos, aliados tradicionales de su padre”.

Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori ha dirigido una bancada que ha tomado medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera

Eliana Carlin — politóloga

Esta interpretación es compartida por el periodista de investigación Gustavo Gorriti, responsable de destapar más de un escándalo de corrupción vinculado a los Fujimori y a otras figuras políticas del Perú. Entrevistado en días pasados por el programa Hildebrandt en sus trece, Gorriti planteó que el de Keiko no puede considerarse un “próximo gobierno”, sino uno que continúa, “porque es un gobierno que ha sido básicamente dominado por la coalición mafiosa cuyo buque insignia ha sido el fujimorismo”.

Formada en administración de empresas en universidades de Estados Unidos (Boston, Columbia), Keiko ingresó a temprana edad a la política peruana, al convertirse en 1994 en la primera dama más joven del país y de la región. Con solo 19 años, retornó del extranjero para reemplazar en el cargo a su madre, Susana Higuchi, quien se había separado de Alberto por discrepancias políticas, al punto de ser despojada de su condición de primera dama.

La carrera de la presidenta electa dio un salto definitivo en 2006, cuando se convirtió en congresista nacional en representación de Lima con una votación entonces histórica. Tres años después fundó Fuerza Popular, el partido que aún lidera y que la ha llevado a la presidencia tras tres intentos frustrados.

La popularidad de Keiko entre los fujimoristas no la libró de escándalos de corrupción que la condujeron a prisión por más de 16 meses entre 2018 y 2020, acusada de lavado de activos aportados por la firma Odebrecht para su campaña electoral. El caso, que manchó y condenó a más de un expresidente peruano, fue archivado por una sentencia del Tribunal Constitucional peruano y liberó de culpa a Fujimori.

A las sombras propias de su trayectoria política se suman las heredadas por su padre, un mandatario que, si bien llegó a la presidencia por la vía electoral, se ganó con los años, dentro y fuera del Perú, el calificativo de “dictador” por su inclinación a la acumulación desmedida de poder y los probados delitos de lesa humanidad cometidos durante sus años de gobierno.

Fujimori padre llegó a disolver el Congreso para evitar la fiscalización legislativa, un hecho calificado como “autogolpe” de Estado, y mandó a ejecutar torturas, esterilizaciones forzadas y asesinatos en nombre de su lucha contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA. Por algunas de estas violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un comando paramilitar mató a 25 personas sospechosas de colaborar con Sendero Luminoso, fue condenado a la cárcel. Tras ser detenido y extraditado desde Chile en 2005, la justicia peruana le fijó una pena de 25 años de prisión que, sin embargo, no cumplió efectivamente. En 2017, recibió un indulto humanitario.

Lejos de tomar distancia del oscuro “legado” de su padre, Keiko siempre lo ha reivindicado, más aún tras la muerte del expresidente en 2024, a los 86 años y producto de las consecuencias de un cáncer.

Lejos de la reconciliación social

Keiko ha reconquistado el gobierno para el fujimorismo con una agenda liberal y conservadora. Los pilares de su plan, denominado “Perú con Orden”, son la seguridad, el crecimiento económico y el desarrollo social. Para luchar contra la inseguridad prometió en la campaña crear centros de comando y videovigilancia altamente tecnologizados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). También propone construir cuatro megacárceles de máxima seguridad y cortar el acceso a telefonía móvil en los recintos penitenciarios, una estrategia que involucraría el papel activo de las Fuerzas Armadas.

En materia económica anunció bajar el déficit fiscal del PIB en un 1% hasta el fin de su mandato, en 2031. En lo tocante a desarrollo social, ofreció reducir la pobreza en un 15%, construir 3.000 colegios y aplicar la telemedicina para una mejor cobertura de salud. Un asunto al que su plan le presta especial atención es la corrupción estatal, a la que prevé desterrar mediante un “shock digital” que apele a la IA, la publicación en tiempo real de las licitaciones y la creación de un observatorio ciudadano de compras públicas.

Más allá del contenido concreto de su programa de gestión, en el discurso con el que Keiko llega al gobierno los sectores críticos perciben un incontestable tufo autoritario, como el que destilaba su padre. Eliana Carlín cree que, más allá de la estrecha diferencia del balotaje que ha dejado al Perú profundamente dividido, políticamente se ha impuesto el “autoritarismo”. La analista duda que la asunción de Fujimori contribuya a cerrar las heridas que abrió el decenio de Alberto: “Lamentablemente, no auguro un tiempo de reconciliación nacional. Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori ha dirigido una bancada que ha tomado medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera”. Carlín entiende que el modus operandi del fujimorismo en el Congreso peruano es el de “Alberto Fujimori: minando el Estado de derecho, debilitando las instituciones y estigmatizando a todo aquel que se presente con una perspectiva crítica. Eso no va a cambiar en un régimen de Keiko”.

El periodista Gorriti, por cuyo secuestro fue también juzgado Alberto Fujimori, desliza un matiz respecto a la interpretación de la politóloga. “Dudo que ella (Keiko) vaya a buscar iniciar su gobierno con las acciones de mano dura que una parte de su gente debe haberle aconsejado”, declaró en la citada entrevista a Hildebrandt. “Lo más probable es que, inicialmente, para tratar de bajar la oposición con concesiones y tal y como lo hizo eventualmente su padre, va a tratar de dar la imagen de una gobernante más moderada”.

Gorriti presume que esta estrategia obedecería a la necesidad de enfrentar a una oposición “mucho más sólida de la que hay ahora, que no hay oposición”. El gobierno peruano está bajo la presidencia interina de José María Balcazar, el octavo mandatario de los últimos 10 años durante los cuales el Congreso peruano ha impedido a los mandatarios electos y a los interinos cumplir los periodos previstos por ley.

Controlado en el último tiempo por el fujimorismo y otras fuerzas afines de derecha, el Congreso que le espera a Keiko volverá a ser bicameral tras 26 años. Carlín entrevé que esta reforma podría depararle una mayor estabilidad a la presidenta electa, “no solo por su fortaleza dentro del Legislativo, sino porque los poderes fácticos como la empresa, las Fuerzas Armadas y la gran prensa apoyan de manera abierta y notoria al fujimorismo, como lo hicieron en la década del noventa”.

Otro factor que se perfila favorable para la administradora de 51 años es el mapa geopolítico de la región, hegemonizado por gobernantes de derecha cercanos a la administración de Donald Trump. Carlín lo describe sin ambages: “Ahora mismo, Sudamérica está en un momento de giro ultraconservador para el cual Fujimori no solo va a ser funcional, sino que imagino que será el reflejo de su padre, entreguista de los recursos y soberanía”.

Aun teniendo estas perspectivas alentadoras, lo peor que podría hacer Fujimori es pecar de exceso de confianza, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de la política peruana y eventuales giros en el contexto internacional. Mientras Gorriti alerta sobre las elecciones de medio mandato de EEUU previstas para noviembre de este año, y cuyos resultados podrían alterar el comportamiento de los mandatarios de derecha, Carlín cree que la correlación de fuerzas parlamentaria en Perú también “puede variar, y Fujimori tiene que estar muy atenta a eso”.

La candidata derechista Keiko Fujimori ha conseguido finalmente una ventaja insalvable para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú ante el rechazo de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, que alega irregularidades en el cómputo de los votos en el extranjero, claves para la victoria final de Fujimori. Está previsto que la victoria definitiva se declare a mediados del mes que viene, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente encargado del escrutinio.

Con el 99,86 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50,1% de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 43.713 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan menos de 26.000 votos por contabilizarse.

Sánchez, líder del partido Juntos por el Perú, anunció esta semana que no reconocerá al gobierno de Fujimori por supuestos defectos en la votación en el extranjero, marcadamente favorable a Fujimori, que supera el 63% de las papeletas entre los electores de la diáspora. Si se descontasen los sufragios del extranjero, sería Sánchez quien ganase con el mismo exiguo 50,1%.

Sánchez sostiene que la votación en el exterior resultó “gravemente” afectada porque se exoneró a los consulados de remitir digitalmente los resultados y se optó por enviar físicamente las actas a Lima sin las garantías debidas para que fuesen escrutadas. Juntos por Perú achaca la decisión al ministro de Exteriores, Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que el JNE debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, alegó.

“En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, añadió el candidato, que llamó a movilizarse en las calles “para defender la democracia y no tener cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones”.

Impugnación fuera de plazo

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó el recurso de Juntos por Perú para impugnar las mesas en el extranjero por extemporáneo y por no incluir el pago de una tasa obligatoria, según argumenta en una nota de prensa.

El escrito alude a una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que se refiere a las mesas de votación a cargo de las oficinas consulares de África, América del norte, Centromérica y el Caribe, América del sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía.

Otra solicitud de anulación de mesas de sufragio en varias ciudades de EEUU, Francia y España, presentado por una ciudadana, también fue declarado improcedente por extemporáneo, falta de legitimidad de la solicitante y la falta de pago de la tasa, indicó el órgano electoral.

El partido de Fujimori acusa de “antidemocrático” al rival

El candidato a primer vicepresidente por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que su rival es “antidemocrático” por cuestionar el resultado. La propia candidata puso en cuestión los resultados de las elecciones de 2021, en la que fue ella la que cayó derrotada por un estrecho margen.

Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en los escuadrones de la muerte de la inteligencia militar en los 90. Esta era la cuarta vez que la candidata derechista superaba la primera fase, pero nunca había logrado ganar.

Sánchez, por su parte, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el mandato de Pedro Castillo, presidente encarcelado por una maniobra autoritaria para puentear al Congreso —en permanente parálisis— y a quien había prometido indultar en caso de resultar vencedor.

La candidata derechista Keiko Fujimori ha vuelto a situarse la noche del miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez por un margen mínimo al haberse alcanzado ya el 98,2% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

Con menos del 2% de los votos por contar, Fujimori obtiene el 50,001 % de los votos válidos al recibir 9.032.189 sufragios, frente al 49,999 % de Sánchez, que suma votos 9.031.723, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial.

Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.

El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori y ha prometido gobernar como él, que asentó las bases económicas que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, y derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento

Lo que el Papa León XIV ha dicho estos días en Madrid, eso de que nadie puede arrodillarse ante el Señor y al mismo tiempo despreciar al prójimo, no es ninguna novedad teológica. Durante décadas habría sido considerado simplemente doctrina social básica de la Iglesia, pero la deriva actual es tal que en determinados ambientes se está interpretando como una provocación ideológica, generando incomodidad precisamente en los sectores que llevan décadas reclamando para sí el monopolio de los valores cristianos en la política.  

Hemos llegado a un punto en el que conceptos como la compasión, la solidaridad, el multilateralismo, el respeto al derecho internacional o la defensa de los derechos humanos se presentan como posiciones sospechosamente “de izquierdas”, poco menos que un desliz hacia el comunismo. Ya casi resulta verosímil imaginarse a Abogados Cristianos estudiando una querella contra el Papa por desviacionismo ideológico.  

El pasado mes de noviembre, en su primera reunión con la cúpula de los obispos españoles, el Papa ya había dicho que su principal preocupación era el riesgo de manipulación del mensaje cristiano desde los extremismos, una postura que le ha llevado a criticar en varias ocasiones al gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense llegó a decir que el papa León es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, una afirmación tan ridícula que uno podría pensar que es una publicación de ‘El Mundo Today’. Pero es que Santiago Abascal no anda muy lejos de ese marco mental. Ya cuestionó públicamente al obispo de Canarias después de que este recordara algo tan revolucionario como que atender a los migrantes constituye un deber cristiano y una obligación moral elemental. El obispo añadió que cualquiera que pensara lo contrario debería pasar cinco días sin comer dentro de una pequeña embarcación en alta mar. La respuesta de Abascal fue invitarle a abandonar “su palacio episcopal” y comprobar los efectos de la inmigración irregular sobre la sanidad, la seguridad o los salarios de los españoles.  

El conflicto ya es casi más teológico que político, pero la visita del Papa ha venido a reforzar la política proinmigración de Sánchez en un momento en el que necesita —y mucho— tirar de política exterior para tapar la inestabilidad y la crisis interna, y ha situado al PP, con la sombra de VOX, en un fabuloso encaje de bolillos para no verse retratado en el espejo que el Papa sostiene.  

Un PP que, por cierto, eligió precisamente el fin de semana de la visita papal para posicionarse públicamente a favor de Keiko Fujimori en las elecciones peruanas; es decir, a favor de la hija del dictador condenado por crímenes de lesa humanidad. Feijóo publicó el vídeo de apoyo y luego lo borró en redes sociales, pero asistimos al divertido malabarismo de ver esa publicación junto al retuit de un mensaje del Papa diciendo que la historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, si no la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad.  

Qué tiempos estos, cómo para perdérselos. Parafraseando —aunque probablemente de manera apócrifa— a Groucho: Estos son los valores cristianos. Si no te gustan, tranquilo, que tengo otros perfectamente compatibles con mi xenofobia.  

20 horas después de que arrancara el recuento en Perú, el candidato progresista, Roberto Sánchez, ha tomado la delantera, por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori. Con el 94% de voto escrutado, el candidato de Juntos por el Perú supera a la de Fuerza Popular –50,04% frente a 49,95%– y acaricia una ajustada victoria que augura un largo proceso de impugnaciones por parte de Fujimori. Eso sí, también están pendientes mesas del exterior que suelen ser más conservadoras.

De esta manera, Sánchez está haciendo buenos los dos llamados conteos rápidos de las encuestadoras publicados este domingo a las nueve de la noche, que le concedían la victoria con una ventaja muy estrecha. Así, el candidato de Juntos por el Perú estaría dando la vuelta a las encuestas a pie de urna, que habían puesto en cabeza a la candidata de las derechas y ex primera dama Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recuento rápido de Ipsos, Sánchez ganaría con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori –con un margen de error del 1,9%–. Asimismo, el recuento rápido de actas oficiales de la encuestadora Datum, también con un margen de error del 1,9%, sitúa a Sánchez con un 50,14% y a Fujimori con un 49,86%.

¿Y a qué se debe este cambio cuando apenas quedan seis puntos por contar? “Los votos provenientes de zonas rurales y del sur del país suelen ser contabilizados y transmitidos más tarde. Dado que estas regiones han mostrado un respaldo mayoritario a Sánchez, la diferencia entre los candidatos podría variar significativamente a medida que se incorporen más votos al conteo oficial”, explica Francesca Emanuele, Asociada Senior de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y jefa de la misión de observación electoral del think tank estadounidense en Perú.

Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones de la coalición que le apoya, Sánchez afirmó este domingo por la noche ante sus seguidores: “Este es el día de la recuperación de la democracia. Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano”.

Sánchez, que ha prometido el indulto al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha señalado: “Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia”.

Fujimori, por su parte, ha dicho: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

Las declaraciones de Fujimori anuncian unas largas semanas de impugnaciones y una proclamación oficial dentro de un mes cuando esté contado el 100% de los votos. El escenario reproduciría lo ocurrido en 2021 entre Fujimori y Castillo, pero también lo ocurrido en la primera vuelta para impedir que Sánchez la pasara.

“Los problemas logísticos que marcaron la primera vuelta, sumados a las acusaciones infundadas de fraude y a las posteriores impugnaciones de actas, retrasaron durante más de un mes la confirmación oficial del candidato que obtuvo el segundo lugar, generando condiciones desiguales para la competencia entre los dos aspirantes que disputan la segunda vuelta”, explica la analista de CEPR Francesca Emanuele: “Es fundamental que Perú evite una repetición de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, cuando las acusaciones infundadas de fraude de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori provocaron una demora sin precedentes en la certificación de los resultados y en el reconocimiento oficial de la victoria de Pedro Castillo”.

Dadas sus declaraciones en campaña, es previsible que Fujimori alegue fraude si resulta derrotada, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando solicitó la anulación de alrededor de 200.000 votos después de que su rival, Pedro Castillo, ganara en la segunda vuelta con una estrecha ventaja. La victoria de Castillo fue posteriormente ratificada y asumió la presidencia al mes siguiente. 

“Los días posteriores a la votación del domingo serán tan importantes como la propia jornada electoral”, afirma Emanuele. “Las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio y la comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra”.

Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Entre 1994 y 2000, Keiko Fujimori ejerció como una de las principales representantes públicas del gobierno autoritario de su padre, y se ha postulado sin éxito a la presidencia peruana en tres ocasiones anteriores.

Fujimori se impuso en la primera vuelta con un 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con un 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Los profundos antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

La segunda vuelta ha reconfigurado los bloques políticos en torno a Fujimori y Fuerza Popular, y Sánchez y Juntos por el Perú (JPP).

El candidato ultra que quedó tercero, López Aliaga, de Renovación Popular, respaldó a Fujimori, sumándose al bloque de derechas que también incluye a los candidatos de la primera vuelta Carlos Espá (SíCreo), Roberto Chiabra (Unidad Nacional/PPC/Unidad y Paz), José Williams (Avanza País), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Fujimori también cuenta con apoyos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y José Jerí, y de la extrema derecha europea, como Vox.

Por otro lado, Sánchez ha formado una coalición antifujimorista y de centroizquierda que incluye a Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Ronald Atencio (Venceremos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Armando Massé (Partido Democrático Federal), así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Todo con el Pueblo, Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido, Resurgimiento Unido Nacional y los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

En un esfuerzo por demostrar que está preparado para gobernar Perú con esta coalición de partidos y movimientos, Sánchez ha presentado un programa de segunda vuelta titulado 'Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo Equitativo de la Nación Peruana: 2026-2031', y un equipo técnico ampliado de 124 personas que incluye profesionales de otros partidos y movimientos políticos.

Mientras tanto, Fujimori ha estado promocionando el respaldo de políticos de extrema derecha de la región, incluso a través de videollamadas con la política venezolana María Corina Machado, actualmente radicada en Estados Unidos, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

También ha recibido el apoyo de última hora de los representantes republicanos estadounidenses de Florida, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes respaldaron a de la Espriella antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de enero y que anteriormente han sido acusados de “acciones intervencionistas” en ese país.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

Antes de ser Papa, León XIV era Robert Prevost. Nacido en Chicago, el ahora pontífice llegó a Perú como misionero agustino en 1985. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana. Este domingo, en el segundo día de su visita a España, se celebran las elecciones en su tierra de acogida. Y, en medio de este clima, el PP ha decidido posicionarse por la hija del dictador Alberto Fujimori.

De nada sirvió que en su primer discurso en Madrid el Papa alertase contra los “enfoques indentitarios”, pidiese “abandonar las narrativas divisivas y polarizantes” y agradeciese a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”. El Partido Popular ha preferido apoyar públicamente a Keiko Fujimori, hija y sucesora del expresidente peruano condenado por crímenes de lesa humanidad por las graves violaciones de derechos humanos durante su mandato. En este tiempo, además, se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana.

El apoyo de los populares a la candidata peruana llegó por medio de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que borró la publicación tiempo después. A esta hora, su último tuit es una republicación de León XIV en la que pide “reconciliación” y “cooperación”. El vídeo, no obstante, fue compartido más tarde por la cuenta oficial del PP.

En él, Feijóo, que había recibido al Papa en el saludo oficial, se dirige a los peruanos y pide su voto para Fujimori en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo. “El domingo vuestra voz cuenta, vuestra decisión importa. Os pido que participéis y que respaldéis con vuestro voto a Keiko”, dijo el líder del PP sobre la que considera “la mejor opción” para el país.

El jefe de la oposición española señaló que la candidata de Fuerza Popular “posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos”, en una jornada que ha descrito como “decisiva” para el futuro de un país que, a su juicio, “necesita estabilidad y un proyecto sólido”.

En su etapa como obispo de Chiclayo, en 2017, Prevost pidió a Alberto Fujimori que se disculpase “expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado”. “Hay que pedir perdón. Hay que reconocer, por medio de un auténtico diálogo con la verdad, que el dolor de muchas familias pastoras sigue vigente muy fuerte. No es tan fácil. Sé que parte del problema que el país está viviendo es por este dolor que muchas personas todavía sienten”, añadió.

El apoyo de Feijóo a Fujimori no pasó desapercibido en redes sociales. Tampoco que borrase la publicación inicial en su cuenta personal para pasar únicamente a la del PP.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado este domingo las palabras del presidente popular: “Aquí tenéis a Albertito, el que viene a limpiar desde la lancha del narco, pidiendo el voto para Keiko Fujimori. No desperdicia ninguna oportunidad para demostrar quién es y qué es lo que defiende”.

Perú celebra este domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en la que Fujimori, candidata de Fuerza Popular en su cuarto intento por llegar a la presidencia, se enfrenta al candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La última encuesta de Ipsos otorgaba a Fujimori el 38% de los votos frente al 35% de su rival, en una contienda marcada por el hastío institucional de un país que ha tenido diez presidentes en diez años.

Más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir este domingo entre la candidata conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y el progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP), en una segunda vuelta a la que el país sudamericano llega tras casi dos meses de incertidumbre debido a la accidentada primera votación del 12 de abril, cuyos resultados fueron oficializados tras unos largos y tensos 35 días.

Los más recientes estudios de opinión difundidos a principios de la semana mostraron una ligera ventaja de Fujimori, hija del desaparecido expresidente y dictador condenado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori (1990-2000), quien busca la presidencia por cuarta vez. Mientras en una encuesta elaborada oralmente alcanzó un 38% frente a un 35% de Sánchez, en un simulacro de votación de la empresa Ipsos se impuso con el 51,4% de los votos válidos frente al 48,6%, dentro del margen de error.

“En el simulacro, el 10,5% dejaron la cédula en blanco y el 10,8% viciaron [anularon] su voto. Es probable que parte de los que votaron en blanco sean en realidad indecisos. A su vez, el 74% de los votantes de cada candidato declara tener su voto ya decidido, pero el 26% restante podría cambiar su opinión”, precisó el informe de la encuestadora.

La precisión sobre los porcentajes correspondientes a indecisos y votos nulos no es gratuita, teniendo en cuenta que las encuestas previas a la primera vuelta no advirtieron el ascenso de Sánchez, afín al expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), quien en algunos sondeos no aparecía ni siquiera entre los cinco primeros y acabó conquistando el segundo lugar por encima de favoritos como el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dudas y desconfianza electoral

La primera vuelta de abril en Perú alcanzó ribetes extraordinarios por más de una razón. En primer término, por el número récord de candidatos: 35. Una cifra que vaticinaba la dispersión del voto. A esa complejidad se sumó la de la reposición del sistema legislativo bicameral, que también se metió en la votación. Por si fuera poco, la jornada de sufragio registró irregularidades que fueron ampliamente denunciadas: desde la demora en la apertura de recintos de votación hasta la no apertura de mesas electorales, que llevaron a prolongar las horas de voto hasta el día siguiente.

Para más inri, la lentitud en el cómputo de votos sembró una creciente desconfianza ciudadana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad organizadora de las elecciones, y llevó a que el candidato López Aliaga denunciara abiertamente un fraude, sin pruebas, y demandara la anulación de los comicios. La presión se saldó con la renuncia del director de la ONPE, Piero Corvetto. Los resultados no se proclamaron hasta el 17 de mayo, 35 días después de la primera vuelta. La lentitud fue atribuida a la revisión de más de 68.000 actas observadas y a la transmisión en directo de más de 2.300 audiencias públicas.

Fujimori resultó primera con el 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con el 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con el 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Se anticipa un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo si pierde Fujimori

Eliana Carlín — Politóloga y analista

Para la politóloga y analista Eliana Carlín, el impacto de la primera vuelta sobre el proceso electoral aún en curso ha sido enorme. Recuerda que solo Fujimori tenía la certeza de estar en el balotaje, mientras que Juntos por el Perú “pasó varias semanas atendiendo impugnaciones y defendiendo la votación para que se confirme el pase a segunda vuelta”. Ni siquiera la renuncia de la cabeza de la ONPE liberó suficientemente la presión ante la nueva votación, para la que se anticipa “un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo, si pierde Keiko Fujimori”, pronostica Carlín.

El investigador Hernán Chaparro no descarta que el cómputo vuelva a demorarse más de lo recomendable, más aún a sabiendas de la experiencia de la primera vuelta: “Puede que demore mucho porque es probable que se impugnen muchas mesas”. Ante esa eventualidad, el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica espera una mejor respuesta de la ONPE. Recomienda puntualmente que habilite “una sala de prensa abierta permanente para informar de los avances”, algo que “hizo siempre salvo en esta primera vuelta”. De no hacerlo, advierte, “la gente comienza a tomar datos y hacer cálculos sin soporte alguno”.

Incertidumbre ante resultados

Más allá de las estimaciones de las encuestas, las predicciones sobre el eventual ganador se han tornado complejas. El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo.

Chaparro cree que las elecciones las decidirán los que “aún lo están pensando”. “Muchos de centro o centroizquierda estaban pensando votar viciado [nulo] porque no confían en ninguno de los dos, pero JP ha girado al centro y el fujimorismo no ha mostrado intención de cambiar con relación a lo que ha hecho su bancada del 2021 al 2026. Eso son puntos a favor de JP y en contra de FP”, apunta el investigador.

En la misma línea, Carlín observa que la resurrección del antifujimorismo podría ser determinante para volcar la balanza en favor de Sánchez. La analista se remite a la última ola de protestas en el país andino, cuando la represión posterior a la salida de Castillo asesinó a casi 50 personas. “Eso, naturalmente, debilitó mucho el tejido social”, dice.

La politóloga también valora la apuesta de Sánchez por convocar a otras fuerzas políticas progresistas y conformar un frente por la gobernabilidad. “Yo creo que esto puede terminar por definir las elecciones. Sin embargo, es importante mencionar que Fujimori se ubica arriba en las encuestas, y tiene el apoyo cerrado de la prensa y el gran empresariado”, matiza.

El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo

Una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta, quien resulte electo deberá enfrentar un problema más complejo en el Perú contemporáneo: durar en el gobierno. En un país que ha registrado ocho presidentes en los últimos 10 años, la estabilidad se ha vuelto un ideal político casi inalcanzable, sobre todo por el papel del Congreso para destituir mandatarios y reemplazarlos con una facilidad pasmosa.

En este contexto, Chaparro afirma que la estabilidad del gobernante que salga de las elecciones dependerá en última instancia de algo tan elemental como inusual en la cultura política sudamericana: que las autoridades “piensen en el país, casi un contrafáctico”. El catedrático recuerda que el Estado se ha vuelto un botín para diferentes corruptelas, por lo que frenar la corrupción y gestionar bien el Estado son tareas de primer orden. “Lo otro, lograr acuerdos para revertir una serie de leyes dadas por el Congreso con nombre propio. La luna de miel de los últimos gobiernos ha sido muy corta porque quien llegó al gobierno tenía una primera minoría y a la prensa en contra”, señala.

Con la vista puesta en la gobernabilidad, Carlín vaticina un Parlamento fragmentado “con dinámicas nuevas porque se ha cambiado a un Congreso bicameral”, pero en el que los partidos de derecha Fuerza Popular (Fujimori) y Renovación Popular (López Aliaga) tendrían casi la mitad del Senado, lo que les otorgaría un poder dominante. “En el caso de Roberto Sánchez, tendría que hacer alianzas con más grupos y no siempre tan afines para poder gobernar y que no lo vaquen [destituyan] como ocurre en los últimos años”, predice.

“Que no haya segunda vuelta y podamos ver el Mundial tranquilos. A ver si nos cruzamos Colombia y España”. Kevin y Salvatore saben de la importancia de las elecciones que su país afronta este domingo 31 de mayo, pero eso no es impedimento para que se las tomen con cierto humor. Son tan conscientes de su trascendencia que ambos participan más activamente que con su voto. Kevin acude acreditado como prensa y Salvatore como testigo (una especie de apoderado) de uno de los partidos que se presenta a esta primera vuelta de los comicios en el país lationamericano.

Pese a los 8.000 kilómetros que separan Colombia de Madrid, la mayoría de estos migrantes mantienen unos fuertes lazos familiares y sociales con su país de origen. Tanto es así que este 2026 la participación se ha disparado entre los casi 308.000 colombianos llamados a votar en España, en torno a la mitad de ellos en la capital. A fecha del jueves 28 de mayo, el crecimiento de la participación en esta primera vuelta es de un 89% respecto a las presidenciales de 2022, según datos aportados por el consulado y recogidos por EFE.

La afluencia es patente en el punto habilitado en Madrid del 25 al 29 de mayo, la Casa de Cantabria (en el número 10 de la calle de Pío Baroja, en el distrito de Retiro). Los ciudadanos censados pueden votar hasta este domingo 31 de mayo, jornada de los comicios en territorio colombiano, aunque desde el sábado las urnas se trasladan al pabellón satélite de la Casa de Campo (en el número 9 de la avenida Principal). Varios llegan con las camisetas de la selección de fútbol cafetera, en una mezcla de dos de los acontecimientos que más van a agitar el país las próximas semanas.

El fuerte calor no impide que la asistencia sea constante cuando Somos Madrid acude a los puestos de emisión de sufragios. Una caseta en el exterior de la Casa de Cantabria sirve como punto de información, mientras que otra en la puerta comprueba los datos de los votantes y les invita a acceder a su interior indicándoles la mesa concreta en la que pueden ejercer su derecho. El proceso es rápido, pero las altas temperaturas aprietan tanto y llegan tantas personas que un vendedor de empanadas y refrescos hace su agosto en mayo. Hasta el punto de que emprende una astuta campaña promocional: dos jóvenes que trabajan o colaboran con él se pasean por la acera para comentar cerca de grupos de gente, como quien no quiere la cosa, lo rica que está la comida.

Si los datos arrojan una gran alza de la movilización, conversar con los votantes refuerza esta idea. Beatriz lleva 20 años en Madrid y admite que es la primera vez que participa en unas elecciones de su país de origen en estas dos décadas. “Esto me pone muy nerviosa, pero ha coincidido que estaba aquí mi marido y me he animado”, explica. “Esta vez me he dicho que debía votar para que mi país avance y cambie. Tenía que poner mi granito de arena”. Cuenta que toda su familia sigue en Colombia, por lo que el porvenir del país le preocupa enormemente. Sobre el proceso, dice que es “muy sencillo, parecido a las elecciones de aquí”. Tiene claro que si hay segunda vuelta, como prevén todas las encuestas, repetirá.

Gloria pasa de los cinco años en Madrid y también son las primeras elecciones desde que llegó a España en las que se ha animado. Su razón es específica: “Hay un candidato que sé que no va a llegar a la segunda vuelta, pero está impulsando la educación y creó un programa que permitió a mi hijo acceder a una beca profesional”. Prefiere no revelar la identidad de su elección, ni si ella volverá a ejercer su voto en ese caso. Añade que su hijo sigue en Colombia, que “está por graduarse”, por lo que da gran importancia a las políticas del futuro Gobierno colombiano.

Gladys, con 19 años de residencia en la ciudad, es otra de las novatas: “Anteriormente no me había preocupado”. Toda la familia que permanece en Colombia ha sido un impulso para romper esa abstención, pero también su propio futuro: “Quiero lo mejor para mi familia en Colombia y para mí cuando regrese, porque tengo pensado volver en algún momento”. A su lado, Araceli apunta que “después de lavarse las manos luego mucha gente se pasa quejándose cuatro años”. Ella, con más de dos décadas en Madrid, sí había votado en varias ocasiones.

Votar, una cuestión de fe

Como principal asunto para decidir su voto, Araceli aboga por la defensa de mayor igualdad y un mejor reparto de la riqueza: “Colombia es un país muy rico y próspero. El problema es que todos los beneficios se los quedan unas pocas entidades y no se ve en el resto de las personas”. Gladys apostilla que quien acabe investido presidente tendrá el beneplácito divino: “Lo que tenemos que hacer es confiar en el único Dios. Él es el que pone y quita reyes”.

La igualdad, la sanidad y la educación son tres de las preocupaciones más habituales en los votantes. Pero sobre todas ellas, entre las personas que dialogan con este medio, sobresale la seguridad. Así lo relata Gabriela, natural de Bogotá y en Madrid desde principios de este 2026, que a sus 20 años vota en sus primeros comicios con la mayoría de edad: “Si fuera más segura, viviría en mi ciudad”. Ha llegado a España con sus padres y uno de sus hermanos, pero el resto de su familia permanece al otro lado del Atlántico.

Gabriela incide en que el proceso es “superfácil, solo tienes que enseñar la cédula de identidad y dentro te llevan al punto exacto de votación”. Pese a ello, la burocracia a veces juega malas pasadas. Ana María vota por primera vez porque en la anterior ocasión se le olvidó “inscribir la cédula” en el portal habilitado por el consulado para registrar los datos. Completado ese paso, al venir a votar “solo te piden la cédula física y el número de identidad que aparece en ella”. Dice que en total “se tardan dos minutos”.

Para Ana María, natural de Pereira (la ciudad más poblada del eje cafetero) y en España desde 2017, es difícil quedarse con una única motivación por la que votar y decantarse por una opción u otra. “La idea es que el país mejore un poquito. La gente dice que por qué voto si estoy en el exterior. Pero yo quiero volver algún día y que el país tenga buena salud o los beneficios que nos merecemos. Creo que los jóvenes estamos teniendo cada vez más en cuenta este tipo de cosas”, concluye. Sobre la segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio si ninguna candidatura alcanza la mitad más uno de los votos válidos, es tajante: “Si toca venir, vengo”.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas en la historia del país. El dirigente no puede volver a presentarse, ya que la Constitución colombiana prohíbe dos mandatos consecutivos, aunque podría hacerlo en el futuro. La línea continuista después de cuatro años de reducción de la pobreza y crecimiento económico (al tiempo que la delincuencia sigue sacudiendo Colombia) la representa Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (PH). Los otros favoritos a pasar a la segunda vuelta son el mediático abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella por la formación Defensores de la Patria y la senadora Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD), impulsado por el polémico expresidente Álvaro Uribe.

La fiesta de la democracia a distancia

La incertidumbre que dibujan los sondeos conviven con la ilusión en la Casa de Cantabria. Son muchas las personas que se toman alguna fotografía con su cédula en la mano junto al cartel del punto electoral. “Fotito de derecho ejercido”, lo describe Liliana después de depositar la papeleta junto a su marido. Ambos, defensores de “un cambio”, están convencidos de que les tocará regresar el 21 de junio para la segunda vuelta. Aunque sea en pleno Mundial.

En paralelo, el domingo 7 de junio se celebran otros comicios en Madrid: la segunda vuelta de las presidenciales peruanas. En este caso son casi 100.000 los votantes convocados a elegir entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y la formación ultra Fuerte Popular de Keiko Fujimori (hija del expresidente Alberto Fujimori, que llegó a instaurar una dictadura cívico-militar repleta de casos de corrupción y por la que acabó condenado por violación de derechos humanos). Después de unos años muy convulsos para la política de Perú, Fujimori parte como favorita. El punto habilitado para emitir los votos para los ciudadanos peruanos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura es Ifema.

Así, durante estas semanas los rostros en carteles que pueblan paredes o farolas de Madrid no son los de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz, José Luis Martínez-Almeida o Rita Maestre. Son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Los candidatos entre quienes deben elegir las personas que llevan su país dentro por mucha distancia que les separe.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú oficializó este domingo que la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, disputarán la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral el 7 de junio.

Las fórmulas que buscarán la jefatura de Estado para el período 2026-2031 fueron proclamadas en una ceremonia presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien certificó los resultados de los comicios generales del pasado 12 de abril.

El conteo determinó que Fujimori fue la candidata más votada, con el 17,19%, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03%, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91%, al sumar 1.993.905 votos.

El máximo organismo electoral peruano confirmó, de esa manera, los resultados del escrutinio del 100% del sufragio, que concluyó el pasado viernes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 33 días después de la votación.

Los resultados fueron proclamados en una ceremonia que comenzó a las 07:30 horas (12:30 GMT) de este domingo, con la asistencia de los miembros del pleno del JNE, autoridades nacionales, integrantes de misiones de observación electoral internacional y personeros (representantes legales) de los partidos políticos participantes.

Las elecciones en Perú sufrieron demoras en el inicio de la votación en muchas mesas, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias, sin presentar pruebas contundentes, de López Aliaga de que se había cometido un fraude en su contra, por lo que reclamó sin éxito que se convoquen comicios complementarios y se realice una auditoría antes de la proclamación de los resultados finales.

La segunda vuelta será una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que ha perdido las tres últimas elecciones, y Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien venció a la candidata hace cinco años.

Estas elecciones fueron las más multitudinarias de la historia de Perú al congregar a 35 candidatos presidenciales, en medio de un amplio rechazo de la población peruana por su clase política.

Esto ha llevado a que los votos blancos y nulos supongan el 16,84 % de votos emitidos, al sumar 3.418.321, una cifra superior a la obtenida por cualquier otro aspirante en la contienda.

Durante las últimas semanas, los 60 jurados electorales especiales establecidos en todo el país tuvieron que revisar más de 5.000 actas impugnadas por distintas inconsistencias, lo que obligó a recontar votos en algunos casos, en extensas audiencias públicas para dirimir las observaciones presentadas por los partidos.

En ese sentido, el JNE informó de que se revisaron más de 60.000 actas con observaciones y que la fecha de proclamación ha sido similar a la de anteriores procesos, ya que en 2011 se hizo el 13 de mayo, en 2016 el 10 de mayo, y en 2021 el 18 de mayo.

La segunda vuelta determinará al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho mandatarios.

El candidato presidencial de izquierdas Roberto Sánchez ha afirmado este sábado que está “convencido” de que disputará la segunda vuelta del próximo 7 de junio en Perú con la ultraderechista Keiko Fujimori. Sánchez ha anunciado que su bancada parlamentaria presentará este lunes una demanda contra las máximas autoridades electorales y de la Judicatura por las irregularidades durante los comicios del pasado 12 de abril y de los que aún no se han publicado los resultados completos.

“Nosotros, como ciudadanos, estamos totalmente convencidos, tranquilos, de que estamos ya en la segunda vuelta, y viene ahora ese gran llamado a refundar a nuestra patria con las fuerzas populares”, sostuvo Sánchez en una rueda de prensa.

El candidato del partido Juntos por el Perú (JP), que participa en estos comicios en representación del presidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), remarcó que las autoridades electorales tienen ahora “la inmensa responsabilidad” de terminar con el conteo final de los votos, que lo ubican en la segunda posición, tras Fujimori, cuando se ha revisado algo más del 95% del sufragio.

“Nosotros pedimos celeridad y respeto sagrado a la voluntad popular”, indicó antes de enfatizar que en este recuento “siempre tiene que haber un control social” y destacar que “todos los observadores internacionales están convalidando este proceso”. Aún faltan un 5% de los votos por ser contados cuando quedan apenas dos semanas para la fecha de la segunda vuelta presidencial.

Sánchez también ha denunciado ser víctima de una “arremetida mediática” de sus opositores políticos, principalmente del ultraderechista Rafael López Aliaga, quien afirma que se ha producido un fraude sin presentar pruebas contundentes, y ha dicho que también “hay un núcleo de comunicadores sociales” y de medios que “acompañan esa versión”.

Denuncia contra las autoridades electorales

El candidato Roberto Sánchez ha anunciado que su grupo parlamentario presentará denuncias constitucionales en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones y ha ratificado que, de llegar a la Presidencia, indultará al expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

“Hay razones más que suficientes para una demanda constitucional”, sostuvo antes mencionar la renuncia y aceptación de la salida del cargo del funcionario Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuando la ley prohíbe expresamente que eso suceda en medio de unos comicios en marcha.

Sánchez también enfatizó una “negligencia en la organización” en las elecciones y dijo que los problemas que llevaron a la falta y demora en la entrega de material electoral, sobre todo en Lima, “tienen que investigarse” y que debe haber una “sanción”. “En esta segunda vuelta tienen que tomarse todas las acciones para no haya un solo incidente”, sostuvo antes de reiterar que cree que los organismos electorales “no han cumplido sus decisiones en base al derecho y sus competencias”.

Tras volver a agradecer el amplio apoyo que ha recibido en regiones como la norteña Cajamarca y la sureña Huancavelica, Sánchez reiteró que su ofrecimiento de “otorgar la gracia, la libertad, al presidente Pedro Castillo”.

Con el recuento, a fecha de 25 de abril, del 95,55% de los votos, Fujimori recibe el 17,06%, seguida por Sánchez, con el 12,05%. El ultraderechista López Aliaga se quedaría con el 11,9% de los votos, con una diferencia de poco más de 24.000 votos a favor del candidato de izquierdas.

El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, se perfila como segundo clasificado en la primera vuelta electoral y previsiblemente disputará el cargo a la derechista Keiko Fujimori tras superar conforme ha ido avanzando el escrutinio al ultraderechista Rafael López Aliaga, que ha llamado a sus seguidores a la “insurrección civil” tras los problemas logísticos en la votación. La oficina electoral decidió ampliar el plazo de voto al lunes en varios distritos de la capital, Lima. Aliaga asegura, sin pruebas, que ha habido fraude.

Los resultados todavía no son definitivos, pero con el 92% escrutado, la vencedora es Fujimori, con 2,65 millones de votos (el 17,1%), seguida de Sánchez, con 1,88 millones de sufragios (el 12,1%) y Aliaga, con 1,85 millones (el 11,9%). Desde que el escrutinio iba al 70%, Sánchez fue logrando reducir una desventaja de 500.000 votos respecto a López Aliaga y superarle, justo en el momento en que comenzó a computarse el voto de zonas rurales, donde el izquierdista es el candidato más votado.

Los comicios del domingo estuvieron protagonizados por largos retrasos en la apertura de locales de votación debido a la demora en la llegada del material electoral, lo que provocó que 13 centros de Lima y dos mesas en el extranjero no pudieran abrir y más de 52.000 personas tuvieron que votar un día más tarde.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció los problemas y pidió disculpas, pero la medida no evitó la airada respuesta de López Aliaga —miembro del Opus Dei y aficionado al cilicio—, que reclamó que no se proclamen los resultados, y de sectores de la patronal peruana, que piden la destitución del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La fiscalía e incluso Fujimori señalan que no hay pruebas de fraude. Corvetto lleva en el cargo desde 2020 y durante su mandato se han organizado más de 12 procesos electorales. Fujimori también se quejó sin pruebas de un supuesto fraude cuando fue derrotada en segunda vuelta en 2021 por Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar formar un Gobierno de excepción a finales de 2022.

El protagonista de la remontada, Roberto Sánchez, fue precisamente ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el mandato de Castillo y uno de sus más fieles, aunque acabó dimitiendo tras la maniobra autoritaria de Castillo. Hoy, tras agradecer la remontada a “Dios, la Pachamama y el Pueblo Milenario” asegura que, de resultar elegido, lo primero que hará será indultarlo.

La segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, determinará ahora si Keiko Fujimori —hija de Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en los escuadrones de la muerte de la inteligencia militar en los 90— concentra el voto de la derecha y ratifica su victoria en primera vuelta o si la izquierda protagoniza un sorpresivo vuelco. Es la cuarta vez que la candidata derechista supera la primera fase, pero nunca ha logrado ganar, condicionada por un sentir “antifujimorista” sobre cuya prevalencia se muestran divididos los analistas consultados por elDiario.es.

El país arrastra una larga etapa de inestabilidad institucional. En los últimos 10 años ha tenido ocho presidentes, con mandatos lastrados en varios casos por acusaciones y condenas por corrupción.

La candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el primer lugar en las elecciones generales del Perú, con un 16,9% de votos válidos, tras el escrutinio de más del 50% de las actas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A la hija del fallecido gobernante Alberto Fujimori solo le alcanzó para asegurar su lugar en la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentará al postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, que obtuvo el 14,7% de los votos. En tercer lugar se situó el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 12,9% de los votos.

Más de 27 millones de peruanos estaban habilitados para votar el domingo 12 en unos comicios que se desarrollaron con severas sombras, debido al retraso en la apertura de recintos de sufragio y a contratiempos logísticos que impidieron que más de 52.000 personas eligieran entre los 35 candidatos a presidente. Los inconvenientes llevaron a que la votación se amplíe hasta este lunes 13 en puntos de Lima y de Estados Unidos donde los electores no llegaron a sufragar.

Debido a la lentitud del cómputo oficial de ONPE, los únicos resultados que se conocieron al finalizar las votaciones el domingo fueron los de las encuestas a pie de urna realizadas por las empresas Ipsos y Datum. Este lunes, la ONPE ha confirmado que Fujimori recibió 1.605.510 votos, tras el escrutinio del 51,6% de las actas. Esta es la cuarta ocasión en que la administradora de 50 años participa en un balotaje, habiendo perdido los tres anteriores. 

A su vez, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, obtuvo 1.398.667 de votos, lo que lo habilita para una segunda ronda en la que se decidirá quien será el gobernante del periodo 2026-2031.

La segunda vuelta electoral está prevista para el 7 de junio. La norma peruana prevé una segunda votación siempre que en la primera el ganador no se imponga con más del 50% de los votos.

Algunas sorpresas

Más allá de la controversia en torno a los contratiempos del ONPE, que entorpecieron la difusión de resultados más definitivos de la votación, las elecciones peruanas dejaron más de una sorpresa. La primera fue la resurrección de la izquierda, con el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que obtuvo el 7,7% de los sufragios.

Para el investigador Hernán Chaparro, el repunte de Sánchez revela la existencia de un importante sector de la población peruana que se siente excluido de la política y que aún cree en Castillo como su representante.

Otra sorpresa fue el desplome del comediante de derecha Carlos Álvarez (País para Todos), con el 8,4% de los votos. Al no integrar en el pelotón que sigue a Fujimori, Álvarez cedió su lugar al exalcalde limeño López Aliaga, quien recuperó terreno en los últimos días. 

De cara a la segunda vuelta, el también catedrático del Departamento de Comunicaciones la Universidad Católica del Perú anticipa que Fujimori tendría mejores condiciones de alcanzar una victoria ante López Aliaga.

López Aliaga se había mostrado abiertamente escéptico de los resultados de las encuestas a pie de urna difundidos por Ipsos y Datum, pese a que en la última aparecía en segundo lugar. El candidato de Renovación Popular había ido más allá al hablar a la posibilidad de un fraude electoral, antes de que se conocieran los resultados oficiales.

Demora y votación pendiente

52.251 electores no pudieron votar el domingo 12 debido a la falta de material electoral, admitió el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. “A nivel nacional, de las 92.012 mesas de sufragio se lograron instalar 99.8% de mesas, solo 211 mesas no se lograron instalar”, aclaró en una conferencia al final de la jornada electoral.

La cabeza del ONPE atribuyó la ausencia de material electoral a problemas logísticos de la empresa responsable de esa tarea, una explicación que fue puesta en duda por distintos frentes políticos y analistas.

Horas después de las declaraciones de Corvetto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación de la votación hasta este lunes 13 de abril en los 13 recintos de Lima donde no sufragaron las más de 52.000 personas. Lo propio dispusieron para dos circunscripciones del extranjero, Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey), ambas en Estados Unidos, donde no se votó con normalidad. La disposición prevé habilitar los puntos de sufragio desde las 7.00 hasta las 18.00, de acuerdo a sus husos horarios, precisó la secretaria del JNE, Yessica Clavijo. La resolución de extender la votación fue ratificada por Corvetto.

Composición del Congreso

En las elecciones generales de este domingo, los peruanos también votaron por diputados, senadores y representantes para el Parlamento Andino. Las empresas encuestadoras ofrecieron datos a pie de urna de la probable composición del Congreso, que desde este 2026 vuelve a ser bicameral tras la reposición del Senado.

Según la encuesta de Ipsos publicada por el medio Perú21, Fuerza Popular obtuvo el 14.6% de los votos para el Senado Nacional, seguido por Juntos por el Perú con 11.5% y el Partido del Buen Gobierno con 10.6%. Poco más atrás se encuentran el Partido Cívico Obras y Renovación Popular, empatados con un 10.5%. Otros frentes con porcentajes representativos son Ahora Nación con 7.8% y País para Todos con 6.0%.

En términos numéricos, la Cámara de Senadores estaría conformada por 22 escaños para Fuerza Popular, seguido de 11 de Juntos por el Perú, y 8 para Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, respectivamente, de acuerdo a la estimación del Diario Gestión. La lista la terminarían conformando 6 senadores por el Partido Cívico Obras y 5 para Ahora Nación.

Por su lado, la Cámara de Diputados estaría integrada por 44 escaños para Fuerza Popular, 22 de Juntos por el Perú, 20 de Renovación Popular y 19 del Partido del Buen Gobierno. La lista se completaría con 18 diputados del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación, siguiendo el cálculo de Diario Gestión basado en los resultados en boca de urna.

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se ha vuelto sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones. Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú ha sido gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien ha cumplido arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que han convertido la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 han convocado la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El portavoz del Grupo Socialista en Santander, Daniel Fernández, ha pedido que el Ayuntamiento (PP) no financie eventos en los que participen personas que “no comparten valores democráticos”. En concreto, el concejal del PSOE ha acusado a la alcaldesa, Gema Igual, de financiar la IX edición del Global Youth Leadership Forum, el foro de jóvenes líderes mundiales, en la que participa Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular de Perú y que “representa la peor historia” de ese país.

Para Fernández, el Consistorio “no puede financiar eventos y actos en los que se puedan pronunciar argumentos contrarios a los valores de igualdad, libertad, justicia y solidaridad, valores superiores de nuestra Constitución”. En un comunicado, el edil socialista ha indicado que Fujimori “procede de una familia que ha masacrado a la población indígena” y “hace manifestaciones contrarias a derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Por eso, a su juicio, “no es referente de nada bueno para participar en ningún evento que pretenda formar a jóvenes líderes” y, en cualquier caso, cree que “ante participantes de estas características, el Ayuntamiento no debería financiarlo”. “Santander es una ciudad diversa, plural, tolerante y respetuosa”, ha destacado Fernández, que no quiere que la capital cántabra sea “punto de encuentro de intolerantes y propagadores de odio”. Por eso, ha pedido a Igual que “trabaje por preservar el buen nombre de Santander”.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026, anunció este domingo su hija Keiko Fujimori. “Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, afirmó la líder del partido Fuerza Popular en un breve mensaje publicado en la red social X.

Keiko Fujimori hizo el anuncio después de que el diario El Comercio publicara este domingo una entrevista en la que afirma que está segura de que si su padre participa en unas nuevas elecciones pasaría a una segunda vuelta presidencial.

Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En sus declaraciones a El Comercio, Keiko Fujimori aseguró que su padre le dijo “que quería participar en política, que él sabía a los riesgos que se exponía” y añadió que “tiene muchísima experiencia” y apoyaría su decisión final.

“Consciente de la edad”

La líder de Fuerza Popular señaló que es “consciente de la edad” y de los problemas de salud que afronta su padre, entre los que recordó que padece un cáncer en la lengua y ha sido sometido a una operación de cadera, de la que está en proceso de recuperación.

Keiko aseguró, además, que “varios abogados” le han dicho “que sí podría ser candidato”, a pesar de que juristas y políticos señalan que está impedido por su condición de condenado por un delito doloso, tal como establece el artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones. En la entrevista, Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre.

El pasado 4 de julio, el Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y los ex altos mandos militares Nicoláás de Bari Hermoza y Luis Péérez Documet.

La decisión fue tomada en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992.

Mientras que la Fiscalía ha pedido condenas a un mínimo de 25 años de prisión, el pasado 31 de enero Montesinos recibió una sentencia a 19 años y 8 meses de cárcel tras haberse acogido a la figura jurídica de la conclusión anticipada, al aceptar su responsabilidad.

Al ser consultado en una anterior audiencia, el expresidente anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que en enero se analizó una petición de la Fiscalía para que se le impongan 18 meses de arresto domiciliario, que finalmente fue rechazada.

En medio del caos político generado por la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, varios diputados del Congreso del país están intentando aprobar discretamente un proyecto de ley que privaría de protección a los pueblos indígenas “no contactados” y desmantelaría las actuales reservas creadas para ellos.

El proyecto propone modificar una ley de 2006 que protege a los pueblos indígenas en “aislamiento” y “contacto inicial” –aquellos que viven con poco o ningún contacto con el mundo exterior– con el fin de impedir la creación de nuevas reservas y eliminar las existentes, que son siete en la Amazonia peruana.

La propuesta, presentada por Jorge Morante, un congresista fujimorista poco conocido, va en contra de las abundantes pruebas documentales de la existencia de hasta 25 grupos aislados que viven en la selva amazónica del país, que solo es superada en extensión por la de Brasil.

“Provocaría un genocidio”

“En 30 años de trabajo por la protección de los pueblos indígenas aislados, nunca había visto un proyecto de ley tan nefasto”, dice Beatriz Huertas, antropóloga que trabaja con Orpio, la federación indígena de Loreto, la mayor región amazónica de Perú.

La organización indígena peruana Aidesep indica que la aprobación del proyecto de ley “provocaría un genocidio”, y que sus “hermanos y hermanas” son “ muy vulnerables y están amenazados por las crecientes presiones que sufren sus territorios” a causa de los proyectos de infraestructuras, la tala de árboles, la minería ilegal y el narcotráfico. Las personas aisladas son poco o nada inmunes a enfermedades comunes como la gripe o el resfriado.

En plena crisis política

La medida llega en un momento en que el país sigue sumido en la crisis provocada por el intento del presidente Castillo a principios de mes de disolver el Congreso y gobernar por decreto, una decisión que propició su propia caída. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han muerto en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, seis han fallecido a causa de los bloqueos y cientos más han resultado heridas en los crecientes disturbios que han azotado el país.

La semana pasada, el Congreso votó a favor de adelantar las elecciones generales dos años, a abril de 2024, pero es necesaria una segunda votación para que la decisión sea definitiva. La cámara –sin duda, el órgano más denostado de una élite política profundamente desacreditada– será vigilada de cerca por los manifestantes que exigen su disolución.

Pero mientras la atención se centra en la crisis política, a los activistas indígenas les preocupa que la cámara pueda impulsar el proyecto de ley para anular las protecciones consagradas en acuerdos nacionales e internacionales.

Respaldado por seis legisladores de Fuerza Popular, el partido de la tres veces derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori, el proyecto de ley propone transferir la facultad de establecer reservas para “pueblos aislados” del Ministerio de Cultura de Perú a las administraciones regionales de la Amazonia.

Apoyo empresarial

La propuesta parece tener el apoyo de un grupo de poderosos empresarios de la región de Loreto, en el norte de Perú, que han financiado una campaña en la televisión local, las redes sociales y actos públicos para negar la existencia de “los pueblos aislados”.

El grupo, que se autodenomina Coordinadora de Desarrollo Sostenible de Loreto y cuenta con el respaldo del Gobierno regional saliente y de grupos madereros, petroleros y de construcción de infraestructuras, afirma que las reservas indígenas son una farsa y un obstáculo para el desarrollo de esta vasta región, que es más grande que Alemania.

“[Las personas aisladas] son nuestras hermanas, estamos protegiendo la vida”, dice Pablo Chota, secretario general de Orpio, que lleva 19 años luchando por la creación de la reserva indígena de Napo-Tigre, en la frontera norte de Perú con Ecuador.

La petrolera anglo-francesa Perenco, que ha estado perforando en busca de petróleo en la región de Napo-Tigre, se opuso a la creación de la reserva, y presentó un requerimiento a principios de este año que posteriormente retiró. Actualmente, hay cuatro reservas en proceso de creación, tres de ellas también en Loreto.

Julia Urrunaga, directora para Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, explica que cientos de grupos de la sociedad civil de Perú están profundamente preocupados por el proyecto de ley.

“Perú no puede soportar más conflictos”, sostiene. “En un mundo en el que cada día tenemos más pruebas del papel que desempeñan los pueblos indígenas en la protección de los últimos bosques naturales que quedan en el mundo, es suicida que se intente acabar con la protección de los pueblos indígenas y sus bosques”, concluye.

Traducción de Emma Reverter.

Mientras Pedro Castillo avanzaba por el césped amarillo de Pampa de la Quinua en su investidura simbólica como presidente, la atención de los peruanos seguía puesta en Keiko Fujimori. El nuevo mandatario había superado a la candidata de Fuerza Popular en una apretada segunda vuelta electoral en un país donde los presidentes duran poco. En un Perú como el de estos últimos cinco años, un triunfo sin una marcada diferencia de votos deja a cualquier presidente en una situación precaria.

La pregunta sobre las posibilidades de gobernar en un país con un Congreso fragmentado no le permitía a ningún dirigente del nuevo Gobierno estar en calma. Lo que pocos imaginaban era que el primer reto vendría no ya de la oposición ni de sus aliados circunstanciales sino de Perú Libre, el sello político que lo postuló como presidente.

A dos meses de su llegada al poder, Pedro Castillo se enfrenta a la primera rebelión interna, la del ala más radical de su partido, Perú Libre, liderada por Vlamir Cerrón. Pero también la de una oposición de derecha, encabezada por el alicaído pero todavía vivo espacio político de Keiko Fujimori.

La nueva primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, se presentará este lunes en el Congreso para pedir un voto de confianza al nuevo Gabinete. Un sector de Perú Libre dijo que no respaldará al presidente. Castillo depende ahora de una delgada red de apoyos en el hiperfragmentado Congreso peruano. Vásquez llega a esta instancia después de una semana de rondas de conversaciones con las diferentes bancadas del Congreso. El principal desafío no son los otros sino los propios. 

El momento del quiebre

La renuncia de Guido Bellido al cargo de primer ministro, así como la salida de otros seis ministros, confirmó la división política que existe dentro del Gobierno. El paso al costado de Bellido, representante del ala más radical del partido junto a Vladimir Cerrón, no pudo haber sido leída más que un paso al centro del presidente que molestó a ese sector. 

Después de la renuncia en bloque, el 14 de octubre, el partido difundió un comunicado en el que anunció que no prestaría su apoyo al nuevo Gabinete de Castillo porque “existe un inocultable giro del Gobierno y su Gabinete hacia el centro derechismo”. La denuncia estaba puesta en los “representantes caviares”  o como se conoce a la moderada izquierda limeña.

Una cuestión de confianza

El martes por la mañana, el Gobierno de Pedro Castillo presentó en el Congreso un proyecto que tenía como intención limitar la posibilidad de destitución de un presidente. El Gobierno buscaba que solo sea posible en el caso de probada incapacidad mental o física y que la censura al gabinete procediera por temas vinculados a sus funciones.

Pero unas horas más tarde, el heterogéneo arco opositor no solo no incluyó el tema sino que profundizó las diferencias al aprobar una nueva ley que limita el poder del presidente de presentar una “cuestión de confianza”. La decisión de una mayoría opositora en el Congreso acorrala a Castillo para impedirle disolver el Congreso, como sí hizo Vizcarra, de modo que así los congresistas que buscan correrlo de su cargo puedan sostener sus escaños al hacerlo y no deban llamar a una nueva elección.

“Han roto el equilibrio de poderes del Legislativo y Ejecutivo. Es anticonstitucional pero a la vez el Congreso está eligiendo nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lo que estamos viviendo es una orquesta de vacancia a Castillo en varios movimientos”, dice a elDiario.es Laura Arroyo, analista política peruana.

Hasta el momento, el Ejecutivo tenía poder de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso por cualquier tema que considerase necesario. Pero el martes pasado, cambió el escenario. Ahora el Congreso solo puede hacerlo sobre materias de su competencia y deja afuera, por ejemplo, a las reformas constitucionales.

El Gobierno la consideró “lamentable” y confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que “lo que ha hecho el Congreso es limitar la cuestión de confianza, sin limitar la vacancia presidencial (destitución) y se crea un tremendo desequilibrio”. La  “vacancia presidencial ” es lo que ha venido generando tanta desestabilidad, en los últimos años, en Perú. 

A todo esto se suma una nueva amenaza de Vladimir Cerrón quien ha vuelto a decir que el espacio de derecha está a ocho votos de lograr vacarlo. “Esto no es falso. Pero lo que le está diciendo en realidad es que él podría darle esos ocho votos si Castillo no se mueve como Cerrón quiere”, dice Arroyo.

Las divisiones dentro del Congreso 

Existen dos grupos de parlamentarios diferenciados entre quienes votaron a favor de modificar la cuestión de confianza. De un lado, grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País que están en la oposición de derecha más dura y consideran que esto ayuda a ir allanando el camino hacia un posible vacío presidencial. Del otro lado, partidos como Acción Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Somos Perú están pensando más en la posibilidad que su periodo como parlamentarios sí dure cinco años y por ello votaron a favor de la llamada ley de vacancia, que regula el procedimiento para destituir al presidente.

“No hay mucha comprensión entre los parlamentarios en general sobre la necesidad de hacer reformas integrales al sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de precisar una causal tan poco clara como la de 'vacancia presidencial por incapacidad moral permanente'”, dice a este medio el politólogo peruano, José Alejandro Godoy.

En las últimas elecciones, diez partidos se repartieron los escaños del Parlamento. A diferencia de 2016, ni el Gobierno ni el fujimorismo cuentan con mayoría absoluta y, por primera vez después de mucho tiempo, Fuerza Popular de Keiko Fujimori no resultó el partido más votado. En primer lugar quedó Perú Libre, con 37 diputados, lo que representa una debil mayoría. 

Escenario posible

La semana pasada, la nueva primera ministra, Mirtha Vásquez, tuvo la difícil tarea de conseguir los apoyos suficientes para que el nuevo gabinete supere el trámite parlamentario. El escenario para el Gobierno no está fácil.

A pesar de la división de Perú Libre, Castillo podría tener los votos suficientes para aprobar el nuevo Gabinete. A cambio, el ala más radical del partido le pedirá una serie de cosas con las que deberá negociar.

Lo que no está claro es que, una vez aprobado el nuevo Gabinete, Castillo pueda finalmente comenzar a gestionar. El pedido de destitución, que puede ser vuelto a activar por la oposición conservadora, pasó a ser lo que más preocupa en este momento al Gobierno. “Mirtha Vásquez y su Gabinete conseguirán la confianza pero conseguirla no significa realmente nada en términos políticos. Eso será un trámite. La orquesta de la vacancia es lo que preocupa ahora y eso ya ha empezado a sonar”, dice Arroyo.

Aún hay mucha gente que no acepta que una coalición de izquierda ganó las elecciones en Perú. Fuerzas de izquierda, izquierdas así en plural, por cierto, y muy diversas, que están representadas en el flamante nuevo gabinete del polémico premier Guido Bellido. A la nueva izquierda feminista la votamos en primera vuelta; en la segunda votamos contra el fujimorismo y por la única izquierda que quedó en carrera, la que había entusiasmado al pueblo, la que votaron las peruanas y peruanos largo tiempo oprimidos. Ahora gobiernan juntas.

Sabemos que al centro le hubiera gustado ganar, que a la derecha liberal le hubiera gustado ganar, que al fujimorismo ladrón le hubiera gustado ganar, que a la ultraderecha le hubiera gustado ganar. A mí me hubiera encantado una premier chola, lesbiana, feminista y marxista. Pero no pudo ser, a seguir participando. 

Sin embargo, algunos se comportan como si esto hubiera ocurrido: Políticos lanzan tuits y envían comunicados para advertir al Gobierno de que no van a sentarse con él a trabajar por el país hasta que ponga el gabinete de su gusto. Medios y sus operarios políticos anuncian con inocultable deseo que se viene la vacancia, la gran herramienta “constitucional” ideada por el fujimorismo para que gobiernen siempre ellos. Politólogo estrella, es más, anuncia con estilo literario que la vacancia ya se dio. Técnicos, empresa privada y sus beneficiarios acostumbrados a operar codo a codo con los gobiernos liberales de turno acusan al nuevo Gobierno de incompetente un día antes y un día después de la juramentación, con un tufillo racista y de clase también inocultables. Y sobre todo con miedo a perder sus privilegios. Una de las mayores empresas de bienes de consumo, por su parte, ejerce terrorismo económico subiendo los precios de los alimentos para sumar al escenario de caos y vacancia que proyectan.

No es que estos sectores estén siendo críticos con algunas decisiones del Gobierno, que sería lo responsable o lo que corresponde a la actitud vigilante que muchos ofrecimos al votar por una opción que en inicio no era la nuestra y que mantenemos ante un Gobierno que no lleva ni una semana en el poder. No es que pidan solo que haya un cambio de primer ministro o de algunos más. No, lo que están haciendo de manera orquestada los grupos de poder, desde el más facha al más progre, es estrenar la nueva temporada de la serie Golpe de Estado de la derecha en Perú, que empezó hace meses cuando se supo que la izquierda podía gobernar. Su sensatez democrática acaba cuando empieza el Gobierno que no es de derechas. Su vocación inclusiva acaba cuando los va a gobernar un hombre del campo, profesor rural y de izquierdas. 

Los y las que votamos por Castillo sabíamos que votábamos también por cosas que no nos gustaban para evitar otras, por ejemplo que estaríamos lejos de la paridad de género en los cargos pero que menos mal también estaríamos muy lejos de Keiko Fujimori, Carmen Lozada, Martha Chávez y otras negacionistas de las esterilizaciones forzadas que en sus gobiernos o en el Congreso siempre han estado de espaldas a los derechos de las mujeres y disidencias. 

En resumen: tenemos un gabinete con un premier misógino y homofóbico que no llama terroristas a los terroristas; y a la vez una ministra de la mujer feminista y antirracista que quiere pelear con valentía por las mujeres y disidencias desde dentro. Tenemos un ministro de economía, el primero progresista de nuestra historia, que ha jurado por la no discriminación por orientación sexual; y a un exguerrillero como ministro de relaciones exteriores que ha sido enfático al garantizar que se respetarán los derechos humanos. Hay un líder indígena y un par de líderes sindicales. Hay otros tantos con perfil técnico, con experiencia política institucional o en movimientos sociales. Hay otros bastante desastrosos, como en todos los gabinetes, que habrá que seguir señalando. ¿Pero echarlos, invalidarlos? Por supuesto, los han terruqueado a todos. Lo más grotesco ha sido ver a gente que lleva años bloqueando iniciativas legislativas por las mujeres y gays arañándose por la homofobia del premier. 

Qué paradoja que se autodenominen “fuerzas democráticas” queriendo vacar al Gobierno entrante solo porque el gabinete no es de su gusto. A ningún Gobierno de derecha previo se le cuestionó tanto un gabinete pese a tener cuadros conservadores, incompetentes, acusados de actos de lesa humanidad e imputados por corrupción. ¿¡Y con qué autoridad moral lo demandan si pusieron a Toledo, a PPK, a Alan, imputados todos, en el sillón presidencial, y querían lo mismo para la señora K, la requisitoriada!?

El proyecto político que está en el Gobierno intentará arrancar un proceso constituyente hacia un posible cambio de modelo económico que es lo que una parte de la población está empujando. Lo ha anunciado como proyecto, pero no lo ha impuesto, ha dicho que va a intentarlo, no ha dado un golpe de Estado, no ha cerrado el Congreso, no ha hecho lo que hizo el fujimorismo. ¿No es la presencia de la ministra de la mujer Anahí Durand, por ejemplo, una muestra del compromiso de este Gobierno con los derechos de las mujeres mucho más fuerte que un tuit de odio de Bellido? ¿No son los últimos comunicados del Gobierno por la no discriminación la prueba de que se está intentando internamente un equilibrio de fuerzas y empujar para que horribles posiciones personales no sean posiciones de Estado?  ¿No están justamente ahí, después de todo, el ministro de economía Pedro Frankle, el de relaciones exteriores Héctor Béjar y el de justicia Anibal Torres, porque la izquierda va a intentar gobernar unida y a ver qué sale, porque el país necesita un cambio, porque hay una crisis de salud reciente y una larga crisis económica que dura siglos para los más pobres en las regiones?

El discurso presidencial en boca de Castillo, de ese niño que estudió en una escuelita rural y se volvió profe de otros niños como él, esa primera persona que encarna el dolor y el olvido de muchos llegó como un mensaje potente y estremecedor. Nos colocó ante la proyección de un escenario de inclusividad radical, el fin de un ciclo y el comienzo de otro en que ya no son las élites, ni las económicas, ni las culturales e ilustradas, las que imponen la agenda y las que dicen cómo y con quiénes se hacen las cosas. Según un estudio de Ojo Público sobre la conformación de este gabinete respecto a los de gobiernos anteriores, el 70% de los ministros de Pedro Castillo nacieron en regiones diferentes a Lima. El primer gabinete de cada uno de los siete presidentes anteriores estaba compuesto, en su mayoría, por funcionarios limeños. La mayoría no han estudiado en la Universidad Católica sino en universidades públicas. Estamos ante un cambio estructural necesario e inminente que no vendrá sin dolor pero que tiene también mucho de luminoso y esperanzador.  

Leer algunos post de Bellido ha sido repugnante. Tampoco me gusta oír a Castillo manifestarse contra el matrimonio igualitario y el aborto legal o a favor del servicio militar o el anuncio xenófobo de la expulsión de delincuentes “extranjeros”. Y me preocupan las investigaciones abiertas contra Vladimir Cerrón, jefe de Perú Libre, y varios asuntos turbios por dilucidar en el partido de gobierno. Son temas por los que hay que fajarse desde nuestras trincheras a partir de ahora. Pero no son motivos suficientes para patear el tablero. 

Sabemos lo que Castillo prometió y lo que no. Felizmente Castillo no es Keiko Fujimori, y ya probó en estos días, por lo menos, que no es Humala: no va a darnos el gabinete de los sueños de la derecha liberal ilustrada, pero por suerte aún no ha traicionado los compromisos electorales de cambio y revolución social que lo han traído hasta aquí.

Ganar las elecciones no es sinónimo de poder gobernar en Perú. Mucho menos si la derrotada es Keiko Fujimori y si su espacio político, Fuerza Popular, mantiene el segundo lugar en cantidad de bancas en el Congreso. El miércoles que viene, Pedro Castillo, de Perú Libre, asumirá el cargo como presidente. La difícil situación económica e institucional en la que está metido el país exige al nuevo presidente moverse con cintura política para resolver los desafíos a tiempo.

Terminar con el mito de la ilegitimidad

“La clase alta limeña, esa que tiene el poder en Perú, compró completamente el cuento de fraude y de la ilegitimidad del presidente”, explica el periodista peruano y conductor del podcast La Encerrona, Marco Sifuentes, a elDiario.es.

Si bien Keiko Fujimori reconoció los resultados electorales “porque es lo que manda la ley y la Constitución” que dijo haber “jurado defender”, también definió la proclamación de Pedro Castillo como “ilegítima” y señaló en forma de amenaza: “Me toca a mí, como candidata, plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen”. Fujimori aún hoy sostiene la denuncia que le “robaron miles de votos el día de la elección”.

Para Laura Grados, editora del medio digital peruano Útero, “lo peligroso es que su discurso es reproducido por los medios de alcance masivo. Castillo tendrá que seguir enfrentándose a una acusación de ilegitimidad que, pase lo que pase, va a seguir estando”, explica desde Lima. 

Pero además, esta posición política implica una oposición más dura y poco democrática que va mucho más allá de la figura de Keiko. Existen actores de extrema derecha como el excandidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que consiguió calar con un discurso político incluso más beligerante que el de Fujimori. “En este caso, la pregunta es si estos sectores más radicalizados van a seguir hablando de un presidente que no es legítimo, si van a obstaculizar las medidas concretas que plantee el Gobierno o si irán con la narrativa de viene el comunismo”, explica Grados.

Ninguno de los escenarios parece sencillo para Castillo.

Evitar las tensiones con los aliados

Para ganar las elecciones, Castillo necesitó del apoyo de varios espacios políticos con los que compitió en abril como Nuevo Perú, de la excandidata Veronika Mendoza, y Juntos por el Perú. Pero los respaldos no son gratuitos. La pregunta es ahora de qué manera acompañarán a Castillo y hasta dónde aguantan las contradicciones.

“No sabemos, por el momento, de qué tipo de coalición estamos hablando”, explica a elDiario.es José Alejandro Godoy, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Pero son aliados con posiciones más moderadas que Perú Libre, por lo tanto es posible que empujen a Castillo a moverse hacia el centro. La pregunta es cómo logrará un delicado equilibrio entre sus banderas originales de cambio y la necesidad de poder gobernar un país complicado”. 

Marco Sifuentes cree que el escenario en materia de alianzas sigue demasiado abierto. Según él, el acercamiento a partidos como Juntos por el Perú, “le sirve a Castillo para moderarse ante la mirada de Lima”. “Pero no me animo a predecir nada, puede pasar cualquier cosa”, dice en conversación con este medio.

Además de esto, no existe una única voz dentro de Perú Libre. La gran diversificación de interlocutores, todos ellos oficiales y de confianza del próximo presidente, hace que las negociaciones con las otras fuerzas sea complicado. Si bien, el hecho de que el fujimorismo retrasó la proclamación podría haber sido un tiempo empleado para ordenar las cosas para un futuro gabinete, lo cierto es que ha profundizado el caos.

Frenar las peticiones de destitución

“El pedido de vacancia siempre ha sido una espada de Damocles encima de los presidentes, pero con Pedro Pablo Kuczynski se apretó el botón nuclear cuando empezó a ser votado en el Congreso. Pedro Castillo, seguramente tenga que enfrentarse a esto en el primer año”, explica Sifuentes.

Para Laura Grados, la voluntad de mantener viva la denuncia de fraude puede estar atada a los posibles intentos por sacarlo del poder. “Castillo va a tener que enfrentarse a múltiples intentos de vacancia apoyado en el clima de ilegitimidad”.

Si bien los resultados no fueron los mejores para Fuerza Popular en las Legislativas de este año comparado con los resultado de 2015, el partido de Fujimori es la segunda fuerza y cuenta con otros espacios políticos menores en dimensión, pero mucho más radicalizados. Jorge Montoya, militar retirado y congresista de Renovación Popular, ha hecho pública su intención en los últimos días de presidir el Congreso.

Marcar las diferencias dentro su propio espacio político

Vladimir Cerrón es la cara más conocida de Perú Libre. Existe un caso, llamado Los Dinámicos del Centro, que investiga una supuesta red criminal relacionada con la entrega de licencias de conducir de manera ilegal por el Gobierno del departamento de Junín, cuando Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, era gobernador. Esta causa apunta a que el dinero pudo destinarse a financiar la campaña de Castillo. Si esto avanza, “tienes a un presidente ilegítimo que llegó al poder gracias al dinero sucio. Todas las fichas para pedir la destitución”, sostiene Grados.

Dar respuesta al impacto de la pandemia

Dinamizar la recuperación económica y avanzar en el plan de vacunación contra el coronavirus será otro de los desafíos inminentes que deberá superar el nuevo Gobierno. “La responsabilidad de comprar las vacunas no la tiene Castillo. El actual Gobierno de transición ha asegurado vacunas para todos lo peruanos. Sin embargo, deberá administrarlas y asegurar que lleguen a todos los puntos del país, teniendo en cuenta que Perú es el país con más muertos per cápita del mundo”, explica Marco Sifuentes.

Por último, tener una estrategia para la crisis económica marcada por la caída del crecimiento es también un desafío inminente. Sifuentes cree que la posición política de Castillo en materia económica “genera muy pocas expectativas de que pueda corregir el rumbo de la crisis que atraviesa Perú”.

Para el profesor Godoy, este tema sigue siendo un campo minado de preguntas, si bien circulan algunos rumores, “hasta ahora no sabemos cuáles son los nombres del nuevo gabinete en temas económicos, Castillo no ha mostrado cuál va a ser su baraja”.

Pedro Pablo Kuczynski fue el último presidente que tuvo Perú votado por una mayoría para ocupar ese cargo, pero en lugar de cinco, solo duró dos años. Tres presidentes más, además de Kuczynski, hicieron falta para llegar al final de su mandato. En el medio, la excavadora de Fuerza Popular avanzó contra toda credibilidad en la democracia y confianza en el sistema electoral. “El escenario de polarización es para Castillo incluso peor que lo que pasó con Kuczynski porque a la denuncia de fraude absolutamente infundada de Keiko ahora hay que sumarle que Castillo ni siquiera está en su misma orilla ideológica. Por lo tanto, este enfrentamiento tiene para Castillo tintes más cargados”, analiza Sifuentes.