El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, se perfila como segundo clasificado en la primera vuelta electoral y previsiblemente disputará el cargo a la derechista Keiko Fujimori tras superar conforme ha ido avanzando el escrutinio al ultraderechista Rafael López Aliaga, que ha llamado a sus seguidores a la “insurrección civil” tras los problemas logísticos en la votación. La oficina electoral decidió ampliar el plazo de voto al lunes en varios distritos de la capital, Lima. Aliaga asegura, sin pruebas, que ha habido fraude.

Los resultados todavía no son definitivos, pero con el 92% escrutado, la vencedora es Fujimori, con 2,65 millones de votos (el 17,1%), seguida de Sánchez, con 1,88 millones de sufragios (el 12,1%) y Aliaga, con 1,85 millones (el 11,9%). Desde que el escrutinio iba al 70%, Sánchez fue logrando reducir una desventaja de 500.000 votos respecto a López Aliaga y superarle, justo en el momento en que comenzó a computarse el voto de zonas rurales, donde el izquierdista es el candidato más votado.

Los comicios del domingo estuvieron protagonizados por largos retrasos en la apertura de locales de votación debido a la demora en la llegada del material electoral, lo que provocó que 13 centros de Lima y dos mesas en el extranjero no pudieran abrir y más de 52.000 personas tuvieron que votar un día más tarde.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció los problemas y pidió disculpas, pero la medida no evitó la airada respuesta de López Aliaga —miembro del Opus Dei y aficionado al cilicio—, que reclamó que no se proclamen los resultados, y de sectores de la patronal peruana, que piden la destitución del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La fiscalía e incluso Fujimori señalan que no hay pruebas de fraude. Corvetto lleva en el cargo desde 2020 y durante su mandato se han organizado más de 12 procesos electorales. Fujimori también se quejó sin pruebas de un supuesto fraude cuando fue derrotada en segunda vuelta en 2021 por Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar formar un Gobierno de excepción a finales de 2022.

El protagonista de la remontada, Roberto Sánchez, fue precisamente ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el mandato de Castillo y uno de sus más fieles, aunque acabó dimitiendo tras la maniobra autoritaria de Castillo. Hoy, tras agradecer la remontada a “Dios, la Pachamama y el Pueblo Milenario” asegura que, de resultar elegido, lo primero que hará será indultarlo.

La segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, determinará ahora si Keiko Fujimori —hija de Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en los escuadrones de la muerte de la inteligencia militar en los 90— concentra el voto de la derecha y ratifica su victoria en primera vuelta o si la izquierda protagoniza un sorpresivo vuelco. Es la cuarta vez que la candidata derechista supera la primera fase, pero nunca ha logrado ganar, condicionada por un sentir “antifujimorista” sobre cuya prevalencia se muestran divididos los analistas consultados por elDiario.es.

El país arrastra una larga etapa de inestabilidad institucional. En los últimos 10 años ha tenido ocho presidentes, con mandatos lastrados en varios casos por acusaciones y condenas por corrupción.

La candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el primer lugar en las elecciones generales del Perú, con un 16,9% de votos válidos, tras el escrutinio de más del 50% de las actas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A la hija del fallecido gobernante Alberto Fujimori solo le alcanzó para asegurar su lugar en la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentará al postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, que obtuvo el 14,7% de los votos. En tercer lugar se situó el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 12,9% de los votos.

Más de 27 millones de peruanos estaban habilitados para votar el domingo 12 en unos comicios que se desarrollaron con severas sombras, debido al retraso en la apertura de recintos de sufragio y a contratiempos logísticos que impidieron que más de 52.000 personas eligieran entre los 35 candidatos a presidente. Los inconvenientes llevaron a que la votación se amplíe hasta este lunes 13 en puntos de Lima y de Estados Unidos donde los electores no llegaron a sufragar.

Debido a la lentitud del cómputo oficial de ONPE, los únicos resultados que se conocieron al finalizar las votaciones el domingo fueron los de las encuestas a pie de urna realizadas por las empresas Ipsos y Datum. Este lunes, la ONPE ha confirmado que Fujimori recibió 1.605.510 votos, tras el escrutinio del 51,6% de las actas. Esta es la cuarta ocasión en que la administradora de 50 años participa en un balotaje, habiendo perdido los tres anteriores. 

A su vez, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, obtuvo 1.398.667 de votos, lo que lo habilita para una segunda ronda en la que se decidirá quien será el gobernante del periodo 2026-2031.

La segunda vuelta electoral está prevista para el 7 de junio. La norma peruana prevé una segunda votación siempre que en la primera el ganador no se imponga con más del 50% de los votos.

Algunas sorpresas

Más allá de la controversia en torno a los contratiempos del ONPE, que entorpecieron la difusión de resultados más definitivos de la votación, las elecciones peruanas dejaron más de una sorpresa. La primera fue la resurrección de la izquierda, con el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que obtuvo el 7,7% de los sufragios.

Para el investigador Hernán Chaparro, el repunte de Sánchez revela la existencia de un importante sector de la población peruana que se siente excluido de la política y que aún cree en Castillo como su representante.

Otra sorpresa fue el desplome del comediante de derecha Carlos Álvarez (País para Todos), con el 8,4% de los votos. Al no integrar en el pelotón que sigue a Fujimori, Álvarez cedió su lugar al exalcalde limeño López Aliaga, quien recuperó terreno en los últimos días. 

De cara a la segunda vuelta, el también catedrático del Departamento de Comunicaciones la Universidad Católica del Perú anticipa que Fujimori tendría mejores condiciones de alcanzar una victoria ante López Aliaga.

López Aliaga se había mostrado abiertamente escéptico de los resultados de las encuestas a pie de urna difundidos por Ipsos y Datum, pese a que en la última aparecía en segundo lugar. El candidato de Renovación Popular había ido más allá al hablar a la posibilidad de un fraude electoral, antes de que se conocieran los resultados oficiales.

Demora y votación pendiente

52.251 electores no pudieron votar el domingo 12 debido a la falta de material electoral, admitió el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. “A nivel nacional, de las 92.012 mesas de sufragio se lograron instalar 99.8% de mesas, solo 211 mesas no se lograron instalar”, aclaró en una conferencia al final de la jornada electoral.

La cabeza del ONPE atribuyó la ausencia de material electoral a problemas logísticos de la empresa responsable de esa tarea, una explicación que fue puesta en duda por distintos frentes políticos y analistas.

Horas después de las declaraciones de Corvetto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación de la votación hasta este lunes 13 de abril en los 13 recintos de Lima donde no sufragaron las más de 52.000 personas. Lo propio dispusieron para dos circunscripciones del extranjero, Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey), ambas en Estados Unidos, donde no se votó con normalidad. La disposición prevé habilitar los puntos de sufragio desde las 7.00 hasta las 18.00, de acuerdo a sus husos horarios, precisó la secretaria del JNE, Yessica Clavijo. La resolución de extender la votación fue ratificada por Corvetto.

Composición del Congreso

En las elecciones generales de este domingo, los peruanos también votaron por diputados, senadores y representantes para el Parlamento Andino. Las empresas encuestadoras ofrecieron datos a pie de urna de la probable composición del Congreso, que desde este 2026 vuelve a ser bicameral tras la reposición del Senado.

Según la encuesta de Ipsos publicada por el medio Perú21, Fuerza Popular obtuvo el 14.6% de los votos para el Senado Nacional, seguido por Juntos por el Perú con 11.5% y el Partido del Buen Gobierno con 10.6%. Poco más atrás se encuentran el Partido Cívico Obras y Renovación Popular, empatados con un 10.5%. Otros frentes con porcentajes representativos son Ahora Nación con 7.8% y País para Todos con 6.0%.

En términos numéricos, la Cámara de Senadores estaría conformada por 22 escaños para Fuerza Popular, seguido de 11 de Juntos por el Perú, y 8 para Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, respectivamente, de acuerdo a la estimación del Diario Gestión. La lista la terminarían conformando 6 senadores por el Partido Cívico Obras y 5 para Ahora Nación.

Por su lado, la Cámara de Diputados estaría integrada por 44 escaños para Fuerza Popular, 22 de Juntos por el Perú, 20 de Renovación Popular y 19 del Partido del Buen Gobierno. La lista se completaría con 18 diputados del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación, siguiendo el cálculo de Diario Gestión basado en los resultados en boca de urna.

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se ha vuelto sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones. Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú ha sido gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien ha cumplido arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que han convertido la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 han convocado la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El portavoz del Grupo Socialista en Santander, Daniel Fernández, ha pedido que el Ayuntamiento (PP) no financie eventos en los que participen personas que “no comparten valores democráticos”. En concreto, el concejal del PSOE ha acusado a la alcaldesa, Gema Igual, de financiar la IX edición del Global Youth Leadership Forum, el foro de jóvenes líderes mundiales, en la que participa Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular de Perú y que “representa la peor historia” de ese país.

Para Fernández, el Consistorio “no puede financiar eventos y actos en los que se puedan pronunciar argumentos contrarios a los valores de igualdad, libertad, justicia y solidaridad, valores superiores de nuestra Constitución”. En un comunicado, el edil socialista ha indicado que Fujimori “procede de una familia que ha masacrado a la población indígena” y “hace manifestaciones contrarias a derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Por eso, a su juicio, “no es referente de nada bueno para participar en ningún evento que pretenda formar a jóvenes líderes” y, en cualquier caso, cree que “ante participantes de estas características, el Ayuntamiento no debería financiarlo”. “Santander es una ciudad diversa, plural, tolerante y respetuosa”, ha destacado Fernández, que no quiere que la capital cántabra sea “punto de encuentro de intolerantes y propagadores de odio”. Por eso, ha pedido a Igual que “trabaje por preservar el buen nombre de Santander”.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026, anunció este domingo su hija Keiko Fujimori. “Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, afirmó la líder del partido Fuerza Popular en un breve mensaje publicado en la red social X.

Keiko Fujimori hizo el anuncio después de que el diario El Comercio publicara este domingo una entrevista en la que afirma que está segura de que si su padre participa en unas nuevas elecciones pasaría a una segunda vuelta presidencial.

Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En sus declaraciones a El Comercio, Keiko Fujimori aseguró que su padre le dijo “que quería participar en política, que él sabía a los riesgos que se exponía” y añadió que “tiene muchísima experiencia” y apoyaría su decisión final.

“Consciente de la edad”

La líder de Fuerza Popular señaló que es “consciente de la edad” y de los problemas de salud que afronta su padre, entre los que recordó que padece un cáncer en la lengua y ha sido sometido a una operación de cadera, de la que está en proceso de recuperación.

Keiko aseguró, además, que “varios abogados” le han dicho “que sí podría ser candidato”, a pesar de que juristas y políticos señalan que está impedido por su condición de condenado por un delito doloso, tal como establece el artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones. En la entrevista, Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre.

El pasado 4 de julio, el Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y los ex altos mandos militares Nicoláás de Bari Hermoza y Luis Péérez Documet.

La decisión fue tomada en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992.

Mientras que la Fiscalía ha pedido condenas a un mínimo de 25 años de prisión, el pasado 31 de enero Montesinos recibió una sentencia a 19 años y 8 meses de cárcel tras haberse acogido a la figura jurídica de la conclusión anticipada, al aceptar su responsabilidad.

Al ser consultado en una anterior audiencia, el expresidente anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que en enero se analizó una petición de la Fiscalía para que se le impongan 18 meses de arresto domiciliario, que finalmente fue rechazada.

En medio del caos político generado por la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, varios diputados del Congreso del país están intentando aprobar discretamente un proyecto de ley que privaría de protección a los pueblos indígenas “no contactados” y desmantelaría las actuales reservas creadas para ellos.

El proyecto propone modificar una ley de 2006 que protege a los pueblos indígenas en “aislamiento” y “contacto inicial” –aquellos que viven con poco o ningún contacto con el mundo exterior– con el fin de impedir la creación de nuevas reservas y eliminar las existentes, que son siete en la Amazonia peruana.

La propuesta, presentada por Jorge Morante, un congresista fujimorista poco conocido, va en contra de las abundantes pruebas documentales de la existencia de hasta 25 grupos aislados que viven en la selva amazónica del país, que solo es superada en extensión por la de Brasil.

“Provocaría un genocidio”

“En 30 años de trabajo por la protección de los pueblos indígenas aislados, nunca había visto un proyecto de ley tan nefasto”, dice Beatriz Huertas, antropóloga que trabaja con Orpio, la federación indígena de Loreto, la mayor región amazónica de Perú.

La organización indígena peruana Aidesep indica que la aprobación del proyecto de ley “provocaría un genocidio”, y que sus “hermanos y hermanas” son “ muy vulnerables y están amenazados por las crecientes presiones que sufren sus territorios” a causa de los proyectos de infraestructuras, la tala de árboles, la minería ilegal y el narcotráfico. Las personas aisladas son poco o nada inmunes a enfermedades comunes como la gripe o el resfriado.

En plena crisis política

La medida llega en un momento en que el país sigue sumido en la crisis provocada por el intento del presidente Castillo a principios de mes de disolver el Congreso y gobernar por decreto, una decisión que propició su propia caída. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han muerto en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, seis han fallecido a causa de los bloqueos y cientos más han resultado heridas en los crecientes disturbios que han azotado el país.

La semana pasada, el Congreso votó a favor de adelantar las elecciones generales dos años, a abril de 2024, pero es necesaria una segunda votación para que la decisión sea definitiva. La cámara –sin duda, el órgano más denostado de una élite política profundamente desacreditada– será vigilada de cerca por los manifestantes que exigen su disolución.

Pero mientras la atención se centra en la crisis política, a los activistas indígenas les preocupa que la cámara pueda impulsar el proyecto de ley para anular las protecciones consagradas en acuerdos nacionales e internacionales.

Respaldado por seis legisladores de Fuerza Popular, el partido de la tres veces derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori, el proyecto de ley propone transferir la facultad de establecer reservas para “pueblos aislados” del Ministerio de Cultura de Perú a las administraciones regionales de la Amazonia.

Apoyo empresarial

La propuesta parece tener el apoyo de un grupo de poderosos empresarios de la región de Loreto, en el norte de Perú, que han financiado una campaña en la televisión local, las redes sociales y actos públicos para negar la existencia de “los pueblos aislados”.

El grupo, que se autodenomina Coordinadora de Desarrollo Sostenible de Loreto y cuenta con el respaldo del Gobierno regional saliente y de grupos madereros, petroleros y de construcción de infraestructuras, afirma que las reservas indígenas son una farsa y un obstáculo para el desarrollo de esta vasta región, que es más grande que Alemania.

“[Las personas aisladas] son nuestras hermanas, estamos protegiendo la vida”, dice Pablo Chota, secretario general de Orpio, que lleva 19 años luchando por la creación de la reserva indígena de Napo-Tigre, en la frontera norte de Perú con Ecuador.

La petrolera anglo-francesa Perenco, que ha estado perforando en busca de petróleo en la región de Napo-Tigre, se opuso a la creación de la reserva, y presentó un requerimiento a principios de este año que posteriormente retiró. Actualmente, hay cuatro reservas en proceso de creación, tres de ellas también en Loreto.

Julia Urrunaga, directora para Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, explica que cientos de grupos de la sociedad civil de Perú están profundamente preocupados por el proyecto de ley.

“Perú no puede soportar más conflictos”, sostiene. “En un mundo en el que cada día tenemos más pruebas del papel que desempeñan los pueblos indígenas en la protección de los últimos bosques naturales que quedan en el mundo, es suicida que se intente acabar con la protección de los pueblos indígenas y sus bosques”, concluye.

Traducción de Emma Reverter.

Mientras Pedro Castillo avanzaba por el césped amarillo de Pampa de la Quinua en su investidura simbólica como presidente, la atención de los peruanos seguía puesta en Keiko Fujimori. El nuevo mandatario había superado a la candidata de Fuerza Popular en una apretada segunda vuelta electoral en un país donde los presidentes duran poco. En un Perú como el de estos últimos cinco años, un triunfo sin una marcada diferencia de votos deja a cualquier presidente en una situación precaria.

La pregunta sobre las posibilidades de gobernar en un país con un Congreso fragmentado no le permitía a ningún dirigente del nuevo Gobierno estar en calma. Lo que pocos imaginaban era que el primer reto vendría no ya de la oposición ni de sus aliados circunstanciales sino de Perú Libre, el sello político que lo postuló como presidente.

A dos meses de su llegada al poder, Pedro Castillo se enfrenta a la primera rebelión interna, la del ala más radical de su partido, Perú Libre, liderada por Vlamir Cerrón. Pero también la de una oposición de derecha, encabezada por el alicaído pero todavía vivo espacio político de Keiko Fujimori.

La nueva primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, se presentará este lunes en el Congreso para pedir un voto de confianza al nuevo Gabinete. Un sector de Perú Libre dijo que no respaldará al presidente. Castillo depende ahora de una delgada red de apoyos en el hiperfragmentado Congreso peruano. Vásquez llega a esta instancia después de una semana de rondas de conversaciones con las diferentes bancadas del Congreso. El principal desafío no son los otros sino los propios. 

El momento del quiebre

La renuncia de Guido Bellido al cargo de primer ministro, así como la salida de otros seis ministros, confirmó la división política que existe dentro del Gobierno. El paso al costado de Bellido, representante del ala más radical del partido junto a Vladimir Cerrón, no pudo haber sido leída más que un paso al centro del presidente que molestó a ese sector. 

Después de la renuncia en bloque, el 14 de octubre, el partido difundió un comunicado en el que anunció que no prestaría su apoyo al nuevo Gabinete de Castillo porque “existe un inocultable giro del Gobierno y su Gabinete hacia el centro derechismo”. La denuncia estaba puesta en los “representantes caviares”  o como se conoce a la moderada izquierda limeña.

Una cuestión de confianza

El martes por la mañana, el Gobierno de Pedro Castillo presentó en el Congreso un proyecto que tenía como intención limitar la posibilidad de destitución de un presidente. El Gobierno buscaba que solo sea posible en el caso de probada incapacidad mental o física y que la censura al gabinete procediera por temas vinculados a sus funciones.

Pero unas horas más tarde, el heterogéneo arco opositor no solo no incluyó el tema sino que profundizó las diferencias al aprobar una nueva ley que limita el poder del presidente de presentar una “cuestión de confianza”. La decisión de una mayoría opositora en el Congreso acorrala a Castillo para impedirle disolver el Congreso, como sí hizo Vizcarra, de modo que así los congresistas que buscan correrlo de su cargo puedan sostener sus escaños al hacerlo y no deban llamar a una nueva elección.

“Han roto el equilibrio de poderes del Legislativo y Ejecutivo. Es anticonstitucional pero a la vez el Congreso está eligiendo nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lo que estamos viviendo es una orquesta de vacancia a Castillo en varios movimientos”, dice a elDiario.es Laura Arroyo, analista política peruana.

Hasta el momento, el Ejecutivo tenía poder de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso por cualquier tema que considerase necesario. Pero el martes pasado, cambió el escenario. Ahora el Congreso solo puede hacerlo sobre materias de su competencia y deja afuera, por ejemplo, a las reformas constitucionales.

El Gobierno la consideró “lamentable” y confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que “lo que ha hecho el Congreso es limitar la cuestión de confianza, sin limitar la vacancia presidencial (destitución) y se crea un tremendo desequilibrio”. La  “vacancia presidencial ” es lo que ha venido generando tanta desestabilidad, en los últimos años, en Perú. 

A todo esto se suma una nueva amenaza de Vladimir Cerrón quien ha vuelto a decir que el espacio de derecha está a ocho votos de lograr vacarlo. “Esto no es falso. Pero lo que le está diciendo en realidad es que él podría darle esos ocho votos si Castillo no se mueve como Cerrón quiere”, dice Arroyo.

Las divisiones dentro del Congreso 

Existen dos grupos de parlamentarios diferenciados entre quienes votaron a favor de modificar la cuestión de confianza. De un lado, grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País que están en la oposición de derecha más dura y consideran que esto ayuda a ir allanando el camino hacia un posible vacío presidencial. Del otro lado, partidos como Acción Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Somos Perú están pensando más en la posibilidad que su periodo como parlamentarios sí dure cinco años y por ello votaron a favor de la llamada ley de vacancia, que regula el procedimiento para destituir al presidente.

“No hay mucha comprensión entre los parlamentarios en general sobre la necesidad de hacer reformas integrales al sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de precisar una causal tan poco clara como la de 'vacancia presidencial por incapacidad moral permanente'”, dice a este medio el politólogo peruano, José Alejandro Godoy.

En las últimas elecciones, diez partidos se repartieron los escaños del Parlamento. A diferencia de 2016, ni el Gobierno ni el fujimorismo cuentan con mayoría absoluta y, por primera vez después de mucho tiempo, Fuerza Popular de Keiko Fujimori no resultó el partido más votado. En primer lugar quedó Perú Libre, con 37 diputados, lo que representa una debil mayoría. 

Escenario posible

La semana pasada, la nueva primera ministra, Mirtha Vásquez, tuvo la difícil tarea de conseguir los apoyos suficientes para que el nuevo gabinete supere el trámite parlamentario. El escenario para el Gobierno no está fácil.

A pesar de la división de Perú Libre, Castillo podría tener los votos suficientes para aprobar el nuevo Gabinete. A cambio, el ala más radical del partido le pedirá una serie de cosas con las que deberá negociar.

Lo que no está claro es que, una vez aprobado el nuevo Gabinete, Castillo pueda finalmente comenzar a gestionar. El pedido de destitución, que puede ser vuelto a activar por la oposición conservadora, pasó a ser lo que más preocupa en este momento al Gobierno. “Mirtha Vásquez y su Gabinete conseguirán la confianza pero conseguirla no significa realmente nada en términos políticos. Eso será un trámite. La orquesta de la vacancia es lo que preocupa ahora y eso ya ha empezado a sonar”, dice Arroyo.

Aún hay mucha gente que no acepta que una coalición de izquierda ganó las elecciones en Perú. Fuerzas de izquierda, izquierdas así en plural, por cierto, y muy diversas, que están representadas en el flamante nuevo gabinete del polémico premier Guido Bellido. A la nueva izquierda feminista la votamos en primera vuelta; en la segunda votamos contra el fujimorismo y por la única izquierda que quedó en carrera, la que había entusiasmado al pueblo, la que votaron las peruanas y peruanos largo tiempo oprimidos. Ahora gobiernan juntas.

Sabemos que al centro le hubiera gustado ganar, que a la derecha liberal le hubiera gustado ganar, que al fujimorismo ladrón le hubiera gustado ganar, que a la ultraderecha le hubiera gustado ganar. A mí me hubiera encantado una premier chola, lesbiana, feminista y marxista. Pero no pudo ser, a seguir participando. 

Sin embargo, algunos se comportan como si esto hubiera ocurrido: Políticos lanzan tuits y envían comunicados para advertir al Gobierno de que no van a sentarse con él a trabajar por el país hasta que ponga el gabinete de su gusto. Medios y sus operarios políticos anuncian con inocultable deseo que se viene la vacancia, la gran herramienta “constitucional” ideada por el fujimorismo para que gobiernen siempre ellos. Politólogo estrella, es más, anuncia con estilo literario que la vacancia ya se dio. Técnicos, empresa privada y sus beneficiarios acostumbrados a operar codo a codo con los gobiernos liberales de turno acusan al nuevo Gobierno de incompetente un día antes y un día después de la juramentación, con un tufillo racista y de clase también inocultables. Y sobre todo con miedo a perder sus privilegios. Una de las mayores empresas de bienes de consumo, por su parte, ejerce terrorismo económico subiendo los precios de los alimentos para sumar al escenario de caos y vacancia que proyectan.

No es que estos sectores estén siendo críticos con algunas decisiones del Gobierno, que sería lo responsable o lo que corresponde a la actitud vigilante que muchos ofrecimos al votar por una opción que en inicio no era la nuestra y que mantenemos ante un Gobierno que no lleva ni una semana en el poder. No es que pidan solo que haya un cambio de primer ministro o de algunos más. No, lo que están haciendo de manera orquestada los grupos de poder, desde el más facha al más progre, es estrenar la nueva temporada de la serie Golpe de Estado de la derecha en Perú, que empezó hace meses cuando se supo que la izquierda podía gobernar. Su sensatez democrática acaba cuando empieza el Gobierno que no es de derechas. Su vocación inclusiva acaba cuando los va a gobernar un hombre del campo, profesor rural y de izquierdas. 

Los y las que votamos por Castillo sabíamos que votábamos también por cosas que no nos gustaban para evitar otras, por ejemplo que estaríamos lejos de la paridad de género en los cargos pero que menos mal también estaríamos muy lejos de Keiko Fujimori, Carmen Lozada, Martha Chávez y otras negacionistas de las esterilizaciones forzadas que en sus gobiernos o en el Congreso siempre han estado de espaldas a los derechos de las mujeres y disidencias. 

En resumen: tenemos un gabinete con un premier misógino y homofóbico que no llama terroristas a los terroristas; y a la vez una ministra de la mujer feminista y antirracista que quiere pelear con valentía por las mujeres y disidencias desde dentro. Tenemos un ministro de economía, el primero progresista de nuestra historia, que ha jurado por la no discriminación por orientación sexual; y a un exguerrillero como ministro de relaciones exteriores que ha sido enfático al garantizar que se respetarán los derechos humanos. Hay un líder indígena y un par de líderes sindicales. Hay otros tantos con perfil técnico, con experiencia política institucional o en movimientos sociales. Hay otros bastante desastrosos, como en todos los gabinetes, que habrá que seguir señalando. ¿Pero echarlos, invalidarlos? Por supuesto, los han terruqueado a todos. Lo más grotesco ha sido ver a gente que lleva años bloqueando iniciativas legislativas por las mujeres y gays arañándose por la homofobia del premier. 

Qué paradoja que se autodenominen “fuerzas democráticas” queriendo vacar al Gobierno entrante solo porque el gabinete no es de su gusto. A ningún Gobierno de derecha previo se le cuestionó tanto un gabinete pese a tener cuadros conservadores, incompetentes, acusados de actos de lesa humanidad e imputados por corrupción. ¿¡Y con qué autoridad moral lo demandan si pusieron a Toledo, a PPK, a Alan, imputados todos, en el sillón presidencial, y querían lo mismo para la señora K, la requisitoriada!?

El proyecto político que está en el Gobierno intentará arrancar un proceso constituyente hacia un posible cambio de modelo económico que es lo que una parte de la población está empujando. Lo ha anunciado como proyecto, pero no lo ha impuesto, ha dicho que va a intentarlo, no ha dado un golpe de Estado, no ha cerrado el Congreso, no ha hecho lo que hizo el fujimorismo. ¿No es la presencia de la ministra de la mujer Anahí Durand, por ejemplo, una muestra del compromiso de este Gobierno con los derechos de las mujeres mucho más fuerte que un tuit de odio de Bellido? ¿No son los últimos comunicados del Gobierno por la no discriminación la prueba de que se está intentando internamente un equilibrio de fuerzas y empujar para que horribles posiciones personales no sean posiciones de Estado?  ¿No están justamente ahí, después de todo, el ministro de economía Pedro Frankle, el de relaciones exteriores Héctor Béjar y el de justicia Anibal Torres, porque la izquierda va a intentar gobernar unida y a ver qué sale, porque el país necesita un cambio, porque hay una crisis de salud reciente y una larga crisis económica que dura siglos para los más pobres en las regiones?

El discurso presidencial en boca de Castillo, de ese niño que estudió en una escuelita rural y se volvió profe de otros niños como él, esa primera persona que encarna el dolor y el olvido de muchos llegó como un mensaje potente y estremecedor. Nos colocó ante la proyección de un escenario de inclusividad radical, el fin de un ciclo y el comienzo de otro en que ya no son las élites, ni las económicas, ni las culturales e ilustradas, las que imponen la agenda y las que dicen cómo y con quiénes se hacen las cosas. Según un estudio de Ojo Público sobre la conformación de este gabinete respecto a los de gobiernos anteriores, el 70% de los ministros de Pedro Castillo nacieron en regiones diferentes a Lima. El primer gabinete de cada uno de los siete presidentes anteriores estaba compuesto, en su mayoría, por funcionarios limeños. La mayoría no han estudiado en la Universidad Católica sino en universidades públicas. Estamos ante un cambio estructural necesario e inminente que no vendrá sin dolor pero que tiene también mucho de luminoso y esperanzador.  

Leer algunos post de Bellido ha sido repugnante. Tampoco me gusta oír a Castillo manifestarse contra el matrimonio igualitario y el aborto legal o a favor del servicio militar o el anuncio xenófobo de la expulsión de delincuentes “extranjeros”. Y me preocupan las investigaciones abiertas contra Vladimir Cerrón, jefe de Perú Libre, y varios asuntos turbios por dilucidar en el partido de gobierno. Son temas por los que hay que fajarse desde nuestras trincheras a partir de ahora. Pero no son motivos suficientes para patear el tablero. 

Sabemos lo que Castillo prometió y lo que no. Felizmente Castillo no es Keiko Fujimori, y ya probó en estos días, por lo menos, que no es Humala: no va a darnos el gabinete de los sueños de la derecha liberal ilustrada, pero por suerte aún no ha traicionado los compromisos electorales de cambio y revolución social que lo han traído hasta aquí.

Ganar las elecciones no es sinónimo de poder gobernar en Perú. Mucho menos si la derrotada es Keiko Fujimori y si su espacio político, Fuerza Popular, mantiene el segundo lugar en cantidad de bancas en el Congreso. El miércoles que viene, Pedro Castillo, de Perú Libre, asumirá el cargo como presidente. La difícil situación económica e institucional en la que está metido el país exige al nuevo presidente moverse con cintura política para resolver los desafíos a tiempo.

Terminar con el mito de la ilegitimidad

“La clase alta limeña, esa que tiene el poder en Perú, compró completamente el cuento de fraude y de la ilegitimidad del presidente”, explica el periodista peruano y conductor del podcast La Encerrona, Marco Sifuentes, a elDiario.es.

Si bien Keiko Fujimori reconoció los resultados electorales “porque es lo que manda la ley y la Constitución” que dijo haber “jurado defender”, también definió la proclamación de Pedro Castillo como “ilegítima” y señaló en forma de amenaza: “Me toca a mí, como candidata, plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen”. Fujimori aún hoy sostiene la denuncia que le “robaron miles de votos el día de la elección”.

Para Laura Grados, editora del medio digital peruano Útero, “lo peligroso es que su discurso es reproducido por los medios de alcance masivo. Castillo tendrá que seguir enfrentándose a una acusación de ilegitimidad que, pase lo que pase, va a seguir estando”, explica desde Lima. 

Pero además, esta posición política implica una oposición más dura y poco democrática que va mucho más allá de la figura de Keiko. Existen actores de extrema derecha como el excandidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que consiguió calar con un discurso político incluso más beligerante que el de Fujimori. “En este caso, la pregunta es si estos sectores más radicalizados van a seguir hablando de un presidente que no es legítimo, si van a obstaculizar las medidas concretas que plantee el Gobierno o si irán con la narrativa de viene el comunismo”, explica Grados.

Ninguno de los escenarios parece sencillo para Castillo.

Evitar las tensiones con los aliados

Para ganar las elecciones, Castillo necesitó del apoyo de varios espacios políticos con los que compitió en abril como Nuevo Perú, de la excandidata Veronika Mendoza, y Juntos por el Perú. Pero los respaldos no son gratuitos. La pregunta es ahora de qué manera acompañarán a Castillo y hasta dónde aguantan las contradicciones.

“No sabemos, por el momento, de qué tipo de coalición estamos hablando”, explica a elDiario.es José Alejandro Godoy, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Pero son aliados con posiciones más moderadas que Perú Libre, por lo tanto es posible que empujen a Castillo a moverse hacia el centro. La pregunta es cómo logrará un delicado equilibrio entre sus banderas originales de cambio y la necesidad de poder gobernar un país complicado”. 

Marco Sifuentes cree que el escenario en materia de alianzas sigue demasiado abierto. Según él, el acercamiento a partidos como Juntos por el Perú, “le sirve a Castillo para moderarse ante la mirada de Lima”. “Pero no me animo a predecir nada, puede pasar cualquier cosa”, dice en conversación con este medio.

Además de esto, no existe una única voz dentro de Perú Libre. La gran diversificación de interlocutores, todos ellos oficiales y de confianza del próximo presidente, hace que las negociaciones con las otras fuerzas sea complicado. Si bien, el hecho de que el fujimorismo retrasó la proclamación podría haber sido un tiempo empleado para ordenar las cosas para un futuro gabinete, lo cierto es que ha profundizado el caos.

Frenar las peticiones de destitución

“El pedido de vacancia siempre ha sido una espada de Damocles encima de los presidentes, pero con Pedro Pablo Kuczynski se apretó el botón nuclear cuando empezó a ser votado en el Congreso. Pedro Castillo, seguramente tenga que enfrentarse a esto en el primer año”, explica Sifuentes.

Para Laura Grados, la voluntad de mantener viva la denuncia de fraude puede estar atada a los posibles intentos por sacarlo del poder. “Castillo va a tener que enfrentarse a múltiples intentos de vacancia apoyado en el clima de ilegitimidad”.

Si bien los resultados no fueron los mejores para Fuerza Popular en las Legislativas de este año comparado con los resultado de 2015, el partido de Fujimori es la segunda fuerza y cuenta con otros espacios políticos menores en dimensión, pero mucho más radicalizados. Jorge Montoya, militar retirado y congresista de Renovación Popular, ha hecho pública su intención en los últimos días de presidir el Congreso.

Marcar las diferencias dentro su propio espacio político

Vladimir Cerrón es la cara más conocida de Perú Libre. Existe un caso, llamado Los Dinámicos del Centro, que investiga una supuesta red criminal relacionada con la entrega de licencias de conducir de manera ilegal por el Gobierno del departamento de Junín, cuando Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, era gobernador. Esta causa apunta a que el dinero pudo destinarse a financiar la campaña de Castillo. Si esto avanza, “tienes a un presidente ilegítimo que llegó al poder gracias al dinero sucio. Todas las fichas para pedir la destitución”, sostiene Grados.

Dar respuesta al impacto de la pandemia

Dinamizar la recuperación económica y avanzar en el plan de vacunación contra el coronavirus será otro de los desafíos inminentes que deberá superar el nuevo Gobierno. “La responsabilidad de comprar las vacunas no la tiene Castillo. El actual Gobierno de transición ha asegurado vacunas para todos lo peruanos. Sin embargo, deberá administrarlas y asegurar que lleguen a todos los puntos del país, teniendo en cuenta que Perú es el país con más muertos per cápita del mundo”, explica Marco Sifuentes.

Por último, tener una estrategia para la crisis económica marcada por la caída del crecimiento es también un desafío inminente. Sifuentes cree que la posición política de Castillo en materia económica “genera muy pocas expectativas de que pueda corregir el rumbo de la crisis que atraviesa Perú”.

Para el profesor Godoy, este tema sigue siendo un campo minado de preguntas, si bien circulan algunos rumores, “hasta ahora no sabemos cuáles son los nombres del nuevo gabinete en temas económicos, Castillo no ha mostrado cuál va a ser su baraja”.

Pedro Pablo Kuczynski fue el último presidente que tuvo Perú votado por una mayoría para ocupar ese cargo, pero en lugar de cinco, solo duró dos años. Tres presidentes más, además de Kuczynski, hicieron falta para llegar al final de su mandato. En el medio, la excavadora de Fuerza Popular avanzó contra toda credibilidad en la democracia y confianza en el sistema electoral. “El escenario de polarización es para Castillo incluso peor que lo que pasó con Kuczynski porque a la denuncia de fraude absolutamente infundada de Keiko ahora hay que sumarle que Castillo ni siquiera está en su misma orilla ideológica. Por lo tanto, este enfrentamiento tiene para Castillo tintes más cargados”, analiza Sifuentes.

Se le conocía como el 'Rasputín peruano'. Estaba a cargo del servicio de inteligencia de uno de los regímenes más corruptos y brutales del país.

Vladimiro Montesinos era la mente maestra detrás de una red de espionaje político mediante la cual controlaba la cúpula militar, la corte y los medios de comunicación, mientras vaciaba las arcas públicas para lograr su cometido, hasta que una de sus propias grabaciones, en las que se lo veía sobornando políticos, acabó con su carrera.

Ahora Montesinos, exasesor y mano derecha del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, ha reaparecido tras casi dos décadas en relativa oscuridad, debido a su supuesto intento por ayudar a la hija de Fujimori, Keiko, cuyas denuncias infundadas de fraude electoral han llevado a Perú a atravesar las semanas más convulsas de su historia reciente.

Con todos los votos de las elecciones del 6 de junio ya contados, el candidato izquierdista Pedro Castillo cuenta con una pequeña ventaja de alrededor de 44.000 votos, sobre un total de más de 19 millones.

Pero Fujimori –con el apoyo de los medios de comunicación, en su mayoría partidistas, y de un torrente de desinformación– ha exigido que decenas de miles de votos fueran recontados o anulados, en especial en las áreas rurales, donde Castillo cuenta con un apoyo abrumador.

Montesinos está cumpliendo con múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad, corrupción y tráfico de armas y drogas en una prisión naval de máxima seguridad, pero aun así pudo usar un teléfono fijo, desde el que realizó 17 llamadas a Pedro Rejas, exmilitar y miembro fiel del séquito de Alberto Fujimori, quien dio a conocer las grabaciones.

El ministro de Defensa de Perú confirmó esta violación a la seguridad en la cárcel controlada por la Armada y dijo que tres guardias y un oficial fueron apartados de sus cargos.

La conversación

En una conversación, días después de las elecciones, Montesinos pareciera sugerir que se paguen sobornos a través de un intermediario a tres de los cuatros miembros del tribunal electoral, para así favorecer a Fujimori en el recuento.

“Si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado ya no estaríamos en este problema de mierda”, dice Montesinos, de 76 años, en una de las llamadas.

Las grabaciones son el último giro de guion en el tortuoso panorama postelectoral, pero también un recordatorio desagradable de algunos de los momentos más oscuros de la historia reciente del país.

Jo Marie Burt, asesora principal de la Washington Office on Latin America (WOLA), dice: “Keiko Fujimori hace tiempo que intenta separar a su padre y a sí misma de Montesinos”.

“No sabemos si está siguiendo sus consejos o no”, añade Burt, que fue observadora internacional del juicio contra Alberto Fujimori, que terminó en 2009 con una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Burt dice que Keiko Fujimori representa la continuación del proyecto político de su padre, del cual Montesinos era una parte integral. “Ellos eran uña y carne. Ninguno podía existir sin el otro”.

Fujimori considera a las grabaciones de Montesinos como un intento por distraer la atención sobre el proceso electoral. Pero hay indicios de que los seguidores de Fujimori están distanciándose de ella. “Ya estuvo bueno” dijo en su editorial de este domingo el periódico El Comercio, parte del grupo de medios más grande de Perú, que anteriormente apoyaba a la candidata en su tercera campaña presidencial.

“Hoy queda claro que lo que empezó con el empleo de recursos legales legítimos para cuestionar la idoneidad de algunas actas (…) ha empezado a transformarse en un intento de diferentes sectores políticos por dilatar el proceso lo más posible”, dice el texto.

El partido de Castillo, Perú Libre, ha negado las acusaciones de fraude. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos describió el proceso como un “modelo para la democracia” y la Unión Europea ha llamado a las elecciones “libres y democráticas”.

La aparición de las grabaciones de Montesinos fue el último episodio de una semana inquietante: tras discrepancias con los otros magistrados respecto a las peticiones de anular votos, uno de los cuatro fiscales encargados de evaluar las denuncias de fraude renunció a su cargo, dejando al tribunal electoral sin quórum. Fue reemplazado el sábado por otro juez, aunque ambos se enfrentan a sendas investigaciones por supuesta corrupción.

El tribunal electoral tiene hasta el 28 de julio, día de la Independencia de Perú, para declarar un ganador. Si no lo hace, la constitución indica que se debe llamar nuevamente a elecciones.

Mientras tanto, la corte busca condenar a exmilitares –entre ellos, el exdictador Francisco Morales Bérmudez, procesado por el asesinato de civiles italianos en la Operación Cóndor– por sedición y conspiración, debido a tres cartas abiertas en las que pedían a las Fuerzas Armadas que rechazaran la victoria de Castillo.

“Lo que estamos presenciando es una conspiración a cámara lenta que busca evitar que Castillo sea presidente”, dice Burt.

Traducido por Julián Cnochaert.

EEUU apoya que las autoridades electorales de Perú se estén tomando su tiempo para procesar y publicar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que aún no se ha proclamado un ganador, ha dicho este martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

“Felicitamos a las autoridades peruanas por haber organizado de forma segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19”, dice Price en un comunicado. “Estas recientes elecciones son un modelo de democracia en la región. Apoyamos que se dé tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana”.

El portavoz, además, dijo que EEUU está deseando continuar su “importante” relación con Perú una vez que las autoridades hayan confirmado al candidato ganador de los comicios. “Nuestras dos naciones comparten una profunda amistad arraigada en los mismos valores fundamentales. La cooperación entre Estados Unidos y Perú a lo largo de los años ha servido para mejorar la salud, el nivel de vida, la seguridad y las protecciones ambientales en todo el país”.

Todavía no se ha proclamado un vencedor porque los jurados electorales están resolviendo los pedidos de nulidad y apelaciones presentadas principalmente por el partido de la candidata Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que ha denunciado sin pruebas un fraude electoral.

Con el escrutinio completo, el candidato de izquierda Pedro Castillo es el virtual presidente electo al haber superado a Fujimori por apenas 44.000 votos, con el 50,12% de las preferencias frente al 49,87% de la candidata derechista.

Sin embargo, Fujimori ha solicitado anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde Castillo ha ganado de manera abrumadora, porque, según su percepción, hay indicios de un fraude sistemático cometido por su rival en las mesas de votación, con firmas falsas entre otras supuestas irregularidades.

Hasta ahora ningún reclamo ha sido declarado fundado por los jurados electorales, mientras que las misiones de observación electoral han descartado la posibilidad de un fraude al no detectar graves irregularidades, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Esto ha sido corroborado por un análisis de las actas electorales realizado por la encuestadora Ipsos donde ha determinado que no hay evidencias de un “fraude sistemático” en las mesas de sufragio, como sugiere Fujimori. 

La posibilidad de que un hijo de campesinos analfabetos de los Andes se convierta en presidente mientras su rival denuncia fraude electoral ha sacudido el arraigado sistema de clases de Perú y su frágil democracia, desatando un torrente de racismo en la fecha del bicentenario del país.

Con el 100% de los votos oficiales contados, el izquierdista Pedro Castillo obtuvo el 50,12% –una ventaja de 44.000 votos sobre su rival de extrema derecha Keiko Fujimori–. Pero Fujimori ha denunciado fraude y ha cuestionado más de 500.000 votos, solicitando la anulación de la mitad de ellos y obligando a los miembros del tribunal electoral a revaluarlos –a pesar de la falta de pruebas sobre las supuestas irregularidades–.

Dos semanas después de la elección, cuya transparencia fue confirmada por observadores nacionales e internacionales, la hija de Alberto Fujimori –autócrata de los 90 ahora encarcerlado– ha animado a la extrema derecha, que ha prometido no aceptar los resultados.

En un movimiento que ilustra la desigualdad de condiciones, Fujimori ha contratado a los bufetes de abogados más caros de Lima para suprimir 200.000 votos, la mayoría de ellos de regiones andinas pobres que votaron de forma abrumadora por Castillo.

“La tensión ha alcanzado el punto de quiebre”, dice José Ragas, historiador peruano de la Universidad Católica de Chile. “La élite limeña no solamente intenta conservar el poder –no quiere reconocer la victoria de Pedro Castillo–, sino que intenta anular por completo el voto rural”.

Las elecciones han desatado expresiones de racismo que van más allá de la discriminación que ya sufrieron Alberto Fujimor, elegido presidente en 1990 y descendiente de japoneses, y Alejandro Toledo, andino educado en EEUU que gobernó Perú entre 2001 y 2006.

Mensajes de odio

En un caso feo pero no inusual, la página de noticias Sudaca publicó mensajes de texto privados entre hombres blancos de clase media de Lima en los que se afirmaba que había que “dejar morir de hambre” a la población andina y pedían el regreso de las supuestas esterilizaciones forzadas promovidas por Alberto Fujimori y las cuales atacaron principalmente a las mujeres indígenas.

Otros memes de las redes sociales caricaturizaban a Castillo como un burro o decían que la población andina era demasiado ignorante para gobernar. Estas afirmaciones recuerdan a las antiguas “actitudes racistas y clasistas engranadas en el debate social nacional”, dice Ragas. Pero las redes sociales han ampliado la audiencia de esos comentarios.

Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha denunciado semejantes expresiones de odio racial. “Repudio el lenguaje de odio y discriminación en todas sus formas, ya que es inaceptable en cualquier sociedad democrática”, dijo en una declaración la semana pasada, donde pidió a los peruanos aceptar el resultado electoral.

Mientras los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones peruano trabajan horas extra para revisar los votos cuestionados, las redes sociales y medios de comunicación partidistas han ayudado a difundir desinformación que invoca el fantasma de gobiernos totalitarios, violencia e incluso expropiaciones masivas si Castillo es declarado ganador. También se difunden rumores de intentos de golpe de Estado entre la extrema derecha.

Inspirada aparentemente por el rechazo de Donald Trump a aceptar su derrota en las elecciones estadounidenses, Fujimori ha liderado una serie de marchas en contra del “fraude”, diciendo a sus seguidores en una concentración: “Se dará la vuelta a las elecciones, queridos amigos”.

El caso judicial

La tres veces candidata a presidente ya ha pasado más de un año en prisión preventiva, acusada de haber recibido más de 17 millones de dólares en fondos ilegales para su campaña y de encabezar una organización criminal, y podría enfrentarse a una condena efectiva de 30 años si es declarada culpable. Ella niega todas las acusaciones. El juez rechazó este lunes la petición de la Fiscalía de decretar prisión provisional contra Keiko Fujimori.

El viernes, el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, calificó de “inaceptable” la carta firmada por cerca de cien oficiales militares retirados que instaban a las fuerzas armadas a no reconocer a Castillo si asumía la presidencia. “Pretenden incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho”, dijo en un mensaje a la nación.

Con la creciente tensión –abanicada por la desinformación– José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en Human Rights Watch, exhortó a “todos los peruanos –y en especial los candidatos, los funcionarios públicos y los miembros de las fuerzas de seguridad” a “respetar los resultados electorales que anuncien las autoridades”.

Traducción de Ignacio Rial-Schies

Una carta firmada presuntamente por cientos de militares peruanos retirados pide a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que desconozcan la validez de la victoria de Pedro Castillo en los comicios presidenciales. Los autores de la carta esgrimen que si la Justicia desestima las reclamaciones por fraude que ha presentado la candidata derechista Keiko Fujimori, el Ejército debería levantarse contra “un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado”.

Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a Efe que los jefes del Comando Conjunto de las FF.AA. recibieron una misiva en la que se argumenta que las autoridades militares “no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude” o fruto de “irregularidades”.

Keiko Fujimori, que salió perdedora tras el recuento de votos en las pasadas elecciones presidenciales, es, junto a sus aliados políticos, la única que sostiene la existencia de un fraude electoral, sin haber aportado pruebas fehacientes. Por ello, solicitó a los tribunales electorales anular centenares de miles de sufragios en los bastiones electorales de Castillo.

La misiva fue recibida por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo; el Comandante General de la Marina de Guerra, almirante Ricardo Menéndez; el Comandante General del Ejército, general Manuel Gómez de la Torre, y el Comandante General de la Fuerza Aérea, general del aire Rodolfo Pereyra.

El presidente peruano en funciones, Francisco Sagasti, ha asegurado este viernes que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son “neutrales y no deliberantes” y que la carta ha sido remitida al Ministerio Público para que valore si incurre en “conductas lesivas al orden constitucional”.

La carta suscribe los argumentos de Fujimori

En el documento, los exoficiales expresan su “profunda preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática” del país, a raíz de la forma en que se ha realizado la segunda vuelta electoral, en la que Castillo obtuvo un 50,12% de los votos.

Los militares retirados recogen la versión de Fujimori de que el partido de Castillo, Perú Libre, habría cometido “fraude sistemático” con firmas falsas y adulteraciones en la votación.

En ese sentido, sostienen que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ignora o desestima las denuncias de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y proclama a un ganador “obviando sus funciones y responsabilidades, tendríamos un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado, por ser consecuencia de un delito cometido por parte de los actores electorales”.

El JNE ya está analizando las reclamaciones presentadas por Fuerza Popular, la inmensa mayoría presentadas fuera del plazo legal establecido.

De momento, ningún caso de los analizados ha dado la razón a Fujimori, que no aportó ninguna prueba fehaciente de sus acusaciones.

Según estos militares retirados, la Constitución reconoce el derecho a la no obediencia y a desconocer como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional “a una persona que haya sido nombrada violando la Constitución y las Leyes de nuestro país, pudiendo recurrir al Congreso de la República para dar una solución democrática y de acuerdo a Ley”.

Asimismo, afirman que la población civil “tiene el derecho de insurgencia en defensa del Orden Constitucional” y que “son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

La carta de los exoficiales se suma a otras difundidas en redes sociales en los últimos días por parte de otros militares en la reserva, que han alimentado el clima de tensión e incertidumbre sobre los resultados electorales.

El JNE ha señalado que solo proclamará los resultados de la segunda vuelta presidencial cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad, que se pudieron presentar legalmente hasta las 20:00 horas del pasado 9 de junio.

Dudas sobre la autenticidad de la misiva

Sin embargo, la carta, avalada al parecer por un extenso listado de nombres, no tiene firmas, y se observa que en ella hay por lo menos cuatro o cinco fallecidos entre quienes supuestamente la suscriben, han indicado las fuentes oficiales.

Por ese motivo, el Ministerio someterá el escrito a una investigación para verificar su autenticidad y luego “determinar si procede una denuncia” sobre su contenido, que podría incurrir en graves delitos por incitar a quebrantar la Constitución y las leyes peruanas.

El sábado 12 de junio, seis días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, la candidata Keiko Fujimori se plantó ante un grupo de periodistas extranjeros –la convocatoria, a puerta cerrada, dejó de lado a la prensa peruana– para insistir sin pruebas sólidas, como lleva haciendo desde el lunes siguiente a la votación, que existe un fraude en su contra y para señalar que existe un “intento de la izquierda internacional de como dé lugar [sic] y con todas estas manipulaciones que hemos visto, en mesa, quieren tratar de torcer la voluntad popular” .

En esa misma conferencia la candidata comunicó que asistiría esa tarde a una marcha bajo el lema #respetamivoto. Entre los organizadores de la marcha, que también dieron una conferencia de prensa para anunciar la convocatoria, se encontraba una teórica de la conspiración ultraconservadora con cierta fama en redes sociales. En un mensaje de Twitter, Fujimori agradeció la “iniciativa” y volvió a confirmar su asistencia.

Unos días antes, empinando la curva de deslegitimación de las instituciones peruanas que su partido viene llevando a cabo desde el lunes 7 de junio, la misma Fujimori apuntó hacia el presidente Francisco Sagasti, al que acusó de “interferir” en el proceso electoral. Esto debido a una llamada telefónica que Sagasti hizo al escritor Mario Vargas Llosa –quien, junto a su hijo Álvaro, ha apoyado activamente a Keiko Fujimori en esta campaña– y que fue filtrada a la prensa. 

La llamada, según el medio que la hizo pública, buscaba que Vargas Llosa intercediera ante Fujimori para que aceptara los ya previsibles resultados de la elección. Esto fue desmentido luego por Álvaro Vargas Llosa durante una entrevista el viernes de la semana pasada, donde señaló que fue una conversación en la que no veía “nada delictuoso ni, digamos, írrito a lo que son las normas democráticas”.

En esa misma entrevista, cuando Fujimori y su equipo habían empezado ya a hablar irresponsablemente de fraude sin aportar ninguna prueba seria, Álvaro Vargas Llosa, dijo que el premio Nobel “respalda inequívocamente lo que ella está haciendo”. 

Petición de anulación de votos

Posteriormente, la escalada de acusaciones infundadas e intentos de deslegitimar el proceso electoral y a distintas autoridades del país continuó. Fujimori y su equipo no se limitaron a cuestionar la actuación del presidente de la República por una llamada ya aclarada, sino que presentaron varios centenares de solicitudes de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, de ser admitidas y resueltas a su favor, hubieran servido para invalidar unos 200,000 votos en zonas del país donde Pedro Castillo venció. En el colmo de la desfachatez, más del 80% de esas solicitudes fueron presentadas fuera del plazo establecido y el partido de Fujimori exigió al JNE que las aceptara sí o sí. 

El JNE, para continuar con esta trágica comedia de enredos, primero decidió aceptar la ampliación del plazo, pero luego, antes de emitir resolución, dio marcha atrás en base a jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto, por supuesto, ha servido para que Fujimori y parte de sus huestes busquen ahora deslegitimar también a la máxima autoridad electoral del país.

La entrevista de Vargas Llosa

Ante todo esto, el domingo se anunció que Mario Vargas Llosa iba a conceder una entrevista televisiva. Visto lo visto, muchos nos preguntamos si el intelectual más importante del país seguiría respaldando “inequívocamente” a la candidata en su intento por deslegitimar nuestras instituciones y desestabilizar aún más el país.

La entrevista, por decir lo menos, fue decepcionante. Vargas Llosa empezó diciendo: “Las informaciones que yo tengo son parciales, muy parciales, insuficientes para tener una idea clara de lo que está ocurriendo en Lima”. Eso, por supuesto, no le impidió señalar, ante las preguntas del entrevistador, que lo decidido por el JNE “es algo muy raro, muy raro” y mentir señalando que el Jurado “no da explicaciones al respecto”, cuando ya lo había hecho tanto en un comunicado como un video.

En otro momento de la entrevista, Vargas Llosa confirma que “el presidente [Sagasti] no intentó influir sobre mí en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori que aceptara el resultado electoral”. Cuando el periodista le dijo que la candidata Fujimori sí ha hablado de interferencia del presidente en esa llamada, el premio Nobel contestó: “Bueno, pues eso no lo sé, yo como digo estoy aquí en Madrid, estoy muy lejos del Perú, estoy a 10.000 kilómetros de distancia del Perú y no conozco ya los detalles”.

Esta actitud del intelectual más importante del país y su hijo es solo una muestra –quizá la más llamativa– de la indolencia, anuencia y complicidad con que buena parte, sino la mayoría, del establishment peruano está manejando la preocupante escalada de desestabilización que están llevando a cabo Fujimori y varios de sus aliados.

La misma noche del domingo, en un canal propiedad de la misma empresa donde Vargas Llosa había sido entrevistado, un excongresista, miembro de uno de los partidos políticos más tradicionales del país, ahora aliado del fujimorismo, llevaba un paso más adelante el afán por deslegitimar los resultados electorales. 

Primero cuestionaba veladamente la capacidad del JNE para entregar “resultados limpios, verdaderos”. A continuación, abiertamente, planteaba que, dado que el Jurado podía tardar semanas en revisar las solicitudes de nulidad presentadas por el partido de Fujimori, podíamos llegar a 28 de julio (fecha del cambio de mando) sin presidente. Por ello, decía, el nuevo presidente del Congreso “tendrá que convocar a nuevas elecciones”. Desatendiendo a los resultados de las ya celebradas, claro está. Nadie, ni los periodistas presentes en el estudio, ni los otros dos políticos que se encontraban en la mesa, dijeron absolutamente nada.

Llamadas a no reconocer el resultado

Esa escalada golpista, por supuesto no se detuvo ahí. El lunes, el congresista electo que, habiendo sido uno de los más votados en las generales de abril, se perfila como probable presidente del Congreso, publicó un par de tuits donde llamaba a no reconocer los resultados de la segunda vuelta.

El congresista, exalmirante de la Marina y miembro de un partido que ha manifestado su apoyo público a Keiko Fujimori, decía –nuevamente sin aportar prueba alguna– que “la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad”. Por esto, y dado que, según él, el “sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y fuera, ya no brinda confianza”, lo que correspondía era “anular y convocar a nuevas elecciones”. Ese llamado podría ser considerado incluso un delito de sedición y/o rebelión.

Sobre todo, cuando horas antes, el congresista electo y exalmirante había firmado un comunicado junto a otros exmilitares, entre ellos un exgeneral golpista y sentenciado por crímenes de lesa humanidad, donde amenazaban veladamente al JNE.

Protesta contra el jefe de la oficina electoral

Mientras todo esto ocurría, simpatizantes de Fujimori, que han comprado ya el relato del fraude empujado por sus distintos aliados –que una semana después siguen sin ser capaces de sustentar–, acosaban al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el otro organismo encargado de organizar y vigilar las elecciones, en la puerta de su casa la noche del lunes. Durante el fin de semana, a través de mensajes de WhatsApp y otras redes sociales se había distribuido un llamado a realizar un “plantón”. En la convocatoria, claro, se incluía la dirección de su residencia familiar.

Esa es la situación en que se encuentra ahora mismo el Perú. El bando probablemente perdedor –el JNE aún no ha podido decretar resultados oficiales debido a las solicitudes de nulidad e impugnaciones– ha optado por tensar la cuerda de nuestra precaria institucionalidad a límites que hace solo unos días parecían impensables. 

El martes, por poner un último ejemplo, el abogado y asesor legal del partido de Keiko Fujimori, aseguraba en una entrevista, nuevamente sin prueba alguna, que “el fraude ha sido concebido desde el Foro de Sao Paulo”. El país, parece, ha perdido la cabeza y no parece existir nadie en capacidad y/o dispuesto a colocársela en su sitio nuevamente. No sé bien qué estamos esperando.

Perú tiene nuevo presidente, uno elegido en las urnas, pero aún no ha sido proclamado vencedor oficialmente. El maestro rural y líder sindicalista de izquierda Pedro Castillo ha ganado las elecciones del pasado domingo por un margen muy estrecho, con el 50,17% de los apoyos, superando a su rival, la candidata de derecha Keiko Fujimori, en algo más de 60.000 votos. En comicios anteriores esa diferencia habría servido para proclamar al ganador, pero esta vez la hija del exdictador Alberto Fujimori no acepta su derrota y ha pedido la anulación de 802 actas al denunciar, sin pruebas, un supuesto “fraude electoral” en mesa.

Ese elevado número de impugnaciones supone un escenario inédito que solo añade más incertidumbre a un país ya polarizado y profundamente dividido. En un principio ambos candidatos se comprometieron a respetar los resultados electorales, pero según avanzaba el ajustado escrutinio Keiko Fujimori pidió la nulidad de esas 802 mesas electorales, que representan unos 200.000 votos, por hallar supuestas “irregularidades” como falsificaciones de firmas, datos faltantes o sumas erróneas. 

“Esas famosas irregularidades son errores comunes, formales, que se han dado en otros procesos electorales y que incluso muestran el propio desconocimiento que la candidata tiene sobre el funcionamiento del sistema. Si bien es importante identificarlos y corregirlos, no suponen un delito de fraude, pues no están relacionados con una intención de cambiar la voluntad de los votantes”, explica a elDiario.es la abogada Cruz Silva, coordinadora del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y del Grupo de Trabajo contra la Corrupción. 

La candidata conservadora sostiene que el partido de Castillo, Perú Libre, controló cientos de mesas electorales en zonas rurales -sobre todo del sur- donde el izquierdista ha obtenido una victoria aplastante y, al impugnar esos votos ya contados, busca revertir los resultados. Lo más curioso es que lo hace en el nombre de la democracia, cuando inicialmente esos votos no fueron impugnados por ninguno de los postulantes.

“La idea de este presunto fraude electoral, que viene acompañado de una supuesta lucha por la democracia, ha generado que el escenario de incitación al odio y la violencia de quienes defienden las instituciones electorales se esté crispando más”, asegura Silva, quien teme que la fortaleza que hasta el momento han demostrado tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones se pueda ahora desmoronar. De momento, hasta que la ONPE no resuelva los recursos de nulidad contra esas 802 mesas de votación, no se proclamará al vencedor de los comicios, y ese proceso puede extenderse durante varios días.

El partido fujimorista Fuerza Popular, recuerda Silva, no ha sido el único en hablar de fraude en esta segunda vuelta de los comicios. En días anteriores numerosos seguidores de la formación política amenazaron en redes sociales con convocar a las Fuerzas Armadas “para que pusieran orden”. Ante esta situación el propio Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitieron el miércoles un comunicado en el que exhortaron a la población peruana a respetar los resultados electorales. 

“Reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 6 de junio, como corresponde”, indicaron en el comunicado.

Teniendo en cuenta el clima de miedo y tensión que ha imperado en la campaña electoral, el pronunciamiento de las fuerzas del orden “supone un respiro”, asegura la abogada, pero también “hay sectores de militares retirados que han hecho videos y han enviado cartas diciendo que no van a permitir que el comunismo -en referencia al partido izquierdista de Castillo-, se instale en el país”.

En esta segunda vuelta Keiko Fujimori no dudó en agitar el fantasma del comunismo -tan temido en Perú al asociarse al terrorismo de Sendero Luminoso- para menoscabar la candidatura de Castillo y buscar su triunfo. Este tipo de posturas son las que han llevado precisamente al país a una polarización extrema. 

Pero a pesar de estos hechos y de las denuncias de fraude de la candidata conservadora, la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han asegurado que el proceso electoral peruano se organizó de manera correcta y exitosa. 

Fiscal pide prisión preventiva para Keiko Fujimori

Cuando parecía que a esta interminable contienda electoral no se le podían añadir más ingredientes, el jueves el fiscal José Domingo Pérez pidió que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva por el caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil que destapó una red de sobornos en casi toda América Latina. 

La candidata de derecha, que ya ha estado en dos ocasiones en prisión preventiva, se encuentra ahora en libertad condicional. Está acusada de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, falsedad y obstrucción a la Justicia por ocultar presuntas donaciones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus anteriores campañas electorales en 2011 y 2016. Por ellos la Fiscalía peruana pide 30 años y 10 meses de prisión.

El fiscal Pérez considera que Fujimori ha incumplido una de las condiciones de la libertad condicional al comunicarse con testigos vinculados a esta investigación. El mismo jueves la candidata calificó ese pedido de “absurdo” en una rueda de prensa en la que también aseguró que el fiscal solo pretende “seguir siendo el protagonista de esta campaña electoral”.

El testigo del caso con el que habría estado vinculada, según el fiscal, es Miguel Torres, portavoz de Fuerza Popular y asesor de confianza de la candidata.

Keiko Fujimori “ha violado esas reglas de conducta y el fiscal ha indicado que se debe revocar la libertad condicional que se le concedió en abril de 2020. Está demostrado que es la cabecilla de una organización criminal, porque hay pruebas, y por ello está acusada desde marzo de este año”, recuerda Silva. “Es un desastre, pero esto lo permite el sistema electoral, el sistema político que no se ha reformado, y que ayuda a que los investigados se mantengan en el poder, lo cual es una locura”.

El Instituto de Defensa Legal que representa la abogada, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos humanos y la democracia, ha pedido garantías para que no sean despedidos tanto Pérez como el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, pues “llevan siendo acosados desde hace tres años, justo en las épocas en las que hay avances en la investigación”.

A la espera

Pese a este duro golpe para Keiko Fujimori, la candidata presidencial cuenta con el apoyo con una mayoría de empresas y medios en el país. Su insistencia en las denuncias de fraude indica que no tiene intención de reconocer de momento su derrota.

Por el momento son pocos los mandatarios latinoamericanos se han animado a felicitar a Pedro Castillo como presidente electo de Perú antes de la confirmación oficial de las autoridades. De momento lo han hecho el argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce, además de otros expresidentes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otro lado, hasta 17 expresidentes iberoamericanos han pedido que no se declare ganador a ningún candidato hasta que no se resuelvan todas las impugnaciones de las actas electorales. También apoya esta petición el ex presidente José María Aznar.

El reto de gobernar Perú será inmenso en cualquier caso. El país andino atraviesa desde hace años una grave crisis política con choques de poderes entre el Gobierno y el Congreso peruano. 

Esa crisis alcanzó su punto álgido en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra y fue sustituido por el conservador Manuel Merino, aunque este último apenas duró unos días en el cargo debido a las intensas protestas que se produjeron en todo el país.

Tras la obligada dimisión de Merino, Francisco Sagasti tomó posesión como presidente interino y es quien se ha mantenido al frente del país en estos últimos meses en los que tan duramente ha golpeado la pandemia del coronavirus.

Perú vive una situación de máxima tensión desde la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 6 de junio. Cuatro días después, la sociedad está polarizada y el recuento, muy igualado, aún no ha terminado. El candidato Pedro Castillo tiene una ligera ventaja; su rival, la conservadora Keiko Fujimori, ha denunciado sin pruebas fraude electoral y ha pedido que se anulen miles de votos a favor de Castillo; y ahora la Fiscalía ha elevado aún más la tensión al solicitar al juez que ordene prisión provisional contra Fujimori por una causa que tiene abierta.

En el documento enviado al juez del caso Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez sostiene que la candidata presidencial conservadora ha incumplido las reglas jurídicas impuestas mientras se la investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de presunta financiación ilegal de sus campañas de 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostiene el texto.

En concreto, el fiscal cita la rueda de prensa celebrada este miércoles en la que se presentó el abogado Torres como portavoz de Fuerza Popular y en la que se denunció sin pruebas un supuesto fraude electoral a favor de Castillo. El documento del fiscal incluye capturas de pantalla de la rueda de prensa. Durante el acto, la candidata pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, que representan unos 200.000 votos, bajo acusaciones de irregularidades y “fraude en mesa”.

Fujimori se enfrenta a una petición de la Fiscalía de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales, un juicio que eludiría de resultar electa.

La candidata conservadora lideró el recuento durante buena parte del escrutinio, pero posteriormente Castillo se situó en cabeza y actualmente sigue manteniendo su ventaja. Este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresó el 100 % de actas de votación en su sistema y solo resta por contabilizar un 0,705 % del total. Si bien ese porcentaje aún es mayor al que separa a Castillo de Fujimori (0,40 %), es imposible en la práctica que se pueda revertir el resultado. Hasta este momento, el candidato izquierdista Pedro Castillo tiene el 50,195 % de votos válidos (8.803.629 votos) con una ventaja de 68.473 votos frente a la postulante derechista Keiko Fujimori, que recibió el 49,805 % del sufragio.

La denuncia del supuesto “fraude sistemático” ya fue lanzada por Fujimori el lunes por la noche, cuando el escrutinio apuntaba a Castillo como ganador. Ese día, la candidata presentó “indicios”, en su mayoría recogidos de redes sociales y 'fake news' sin mayor sustento para rebatir los informes preliminares de las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), que destacaron la corrección de los comicios.

Mientras, miles de simpatizantes de Fujimori se han manifestado en Lima para “defender el voto”, al tiempo que algunos de sus votantes comenzaron a solicitar en las redes sociales la intervención de las fuerzas armadas e impedir que Castillo pueda ser proclamado oficialmente presidente.

Frente a ese movimiento, el Ministerio de Defensa ha recordado en un comunicado que “las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional, por lo que cualquier llamado a incumplir este encargado es impropio de una democracia”.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha felicitado este jueves a Pedro Castillo y ha señalado que su “victoria” es un “avance en la lucha popular” de Latinoamérica. “Quiero felicitar a Pedro Castillo por la importante victoria en Perú y saludar al pueblo peruano por las elecciones libres y democráticas. El resultado de las urnas peruanas es simbólico y representa un avance más en la lucha popular en nuestra querida Latinoamérica”, afirmó Lula.

Por su parte, el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha expresado en sentido contrario: “Perdemos ahora a Perú. Pido un milagro para revertirlo” y que “no vuelva” a ese país “el Foro de Sao Paulo”, que agrupa a partidos de la izquierda latinoamericana, declaró el líder de la ultraderecha brasileña en una ceremonia con pastores evangelistas, que son parte de su base política.

Prometía ser una final de infarto y lo fue. La segunda vuelta de las elecciones en Perú entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y la de derecha Keiko Fujimori ha estado muy reñida, con un margen disputado hasta el último voto. El ascenso de Castillo ha sido una sorpresa.

Profesor de educación primaria desde 1995 y dirigente sindical, Castillo dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones de abril al situarse en primera posición, cuando las encuestas apenas le daban el 4% de las preferencias. Nadie pensó entonces que este outsider de 51 años oriundo de Tacabamba, en la norteña región de Cajamarca, tenía tantas posibilidades de llegar a la presidencia de Perú, la quinta economía más importante de América Latina.

Castillo puede convertirse en el primer presidente ajeno a las élites limeñas que han dominado la historia del país desde la época de la colonia. El candidato de origen humilde, con rasgos indígenas, llegó a su centro de votación en esa primera vuelta a lomos de un caballo y con un sombrero de paja. Durante la campaña, no ha contado con el apoyo del poder económico ni de los medios de comunicación. Su ascenso ha sido posible gracias al voto del campo andino, que cuestiona el modelo económico neoliberal y el centralismo de Lima.

Ese voto contestatario proviene principalmente de las regiones del sur, las que siempre se han sentido ninguneadas y cuyas necesidades poco tienen que ver con las de la capital peruana. Pese a que Castillo ha logrado convencer a buena parte del electorado rural y del interior, otra parte importante del porcentaje de votantes está vinculado con el antifujimorismo y, por tanto, es un voto crítico vigilante.

Casi 20 años en política

Castillo es el único de nueve hermanos que ha estudiado una carrera universitaria –sus padres eran analfabetos– y cuenta con un máster en Psicología Educativa. Durante su juventud fue integrante de las rondas campesinas, organizaciones comunales de defensa que se crearon en los años 70. Ahora está casado y tiene tres hijos.

Entró en política en 2002 al formar parte del partido de centro izquierda Perú Posible –fundado por el expresidente Alejandro Toledo–, hasta 2017, cuando la formación se disolvió. Fue precisamente en este año cuando se hizo más conocido, pero no por su labor política, sino por dirigir una huelga de profesores para reclamar mejoras salariales que se prolongó durante casi tres meses. En esas manifestaciones, Castillo se alió con el fujimorismo, que intentaba dañar en ese momento al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Las protestas terminaron con la renuncia de la ministra de Educación, Marilú Martens. 

El apoyo de las asociaciones de maestros que ya le acompañaron en 2017, y no la estructura partidaria de Perú Libre, ha sido lo que ha permitido a Castillo recorrer los pueblos y contar con ese voto rural que le acerca al triunfo.

En 2020, anunció su candidatura presidencial para representar a Perú Libre, después de que el líder del partido, Vladimir Cerrón, fuera condenado por corrupción e inhabilitado. Este grupo político se describe como un partido de izquierda marxista, “democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista”, según consta en su programa, aunque muchas voces críticas lo tachan de populista y radical, de ideas arcaicas y contradictorias en temas relacionados con la corrupción.

En Perú, además, se vincula con facilidad a la izquierda con el terrorismo de Sendero Luminoso –sin necesidad de que haya un mínimo sustento–. De hecho, Keiko Fujimori ha centrado su campaña en agitar el fantasma del comunismo, asociado a ese grupo que sembró el terror a finales de los años 80 y principios de los 90 en el país andino.

Conservador en lo social, cambio en lo económico

Tanto Castillo como el partido que representa son conservadores en lo social. Mientras otros países latinoamericanos están avanzando para aprobar el matrimonio igualitario o empiezan a contemplar la despenalización del aborto, es poco probable que estos asuntos se vayan a discutir en una nueva legislatura peruana bajo el liderazgo del líder de Perú Libre. “Todo lo que tenga que ver con derechos sociales se va a ver sumamente afectado en estos próximos años. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori son conservadores en este sentido”, asegura Paula Távara, politóloga de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Sin embargo, la socióloga y activista feminista Indira Huilca sostiene que, bajo una presidencia de Castillo, puede haber una agenda reivindicativa respecto a sectores de la población excluidos en el país, como es la población del sur andino. Sobre la mesa, dice, habrá “temas educativos, culturales, de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas”.

Huilca hace algunas matizaciones respecto a los derechos de las mujeres. “No es que haya una posición en contra (por parte Castillo), pero sí un desconocimiento y una mirada más conservadora de ellos, y ahí hay una diferencia con el fujimorismo y sus bancadas aliadas, que directamente los niegan y mantienen una postura de amenaza respecto a los avances que ha habido en Perú”. En ese sentido, la socióloga considera que el mayor problema para el movimiento feminista y el movimiento de mujeres son “los sectores conservadores y fundamentalistas que se han empoderado desde la primera vuelta electoral” y que basan su militancia en oponerse a los derechos sexuales y reproductivos o a la población LGTBI.

Como candidato presidencial, el maestro rural ha propuesto un cambio profundo en lo económico, comprometiéndose a dar un mayor papel al Estado en sectores estratégicos como la minería, el petróleo o las comunicaciones. Habló incluso de nacionalizaciones, pero después Castillo moderó ese discurso. “Los economistas que lo acompañan, siendo de izquierda y promoviendo una transformación, están siendo bastante moderados y cuidadosos con aquello con lo que se comprometen a medio y corto plazo. Han dejado claro, por ejemplo, que no van a nacionalizar ninguna de las empresas, sino que en todo caso renegociarán algunos contratos para que mejore la distribución de recursos de las industrias extractivas”, dice Távara. 

Su equipo económico también ha ratificado el respeto a la autonomía del Banco Central de Reservas. Asimismo, Castillo ha propuesto crear una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, ya que la vigente, de 1993, fue promulgada por el dictador Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial.

Superar la profunda crisis política

Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis política y de gobernabilidad desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones a Keiko Fujimori y el Congreso quedó en manos de la oposición fujimorista, lo que creó enfrentamientos entre ambos poderes. Cuando después Kuczynski renunció en medio de acusaciones por corrupción, Martín Vizcarra lo sustituyó en el cargo. La parte más complicada llegaría en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó a Vizcarra y asumió Manuel Merino como nuevo mandatario, pero este se vio obligado a dimitir días después tras las intensas protestas que se produjeron en el país. Desde entonces quien dirige el país es el presidente interino Francisco Sagasti.

Pero el país andino atraviesa también una crisis económica y sanitaria generada por el coronavirus. Es uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia y, con 32 millones de habitantes, ya suma más de 185.000 fallecidos a causa de la COVID-19. 

Debido a la pandemia, la tasa de pobreza se disparó en 2020 al 30,1% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En otras palabras: casi 10 millones de personas viven con menos de 98 dólares al mes. 

En la noche del lunes, durante la recta final del escrutinio, Keiko Fujimori denunció sin pruebas un supuesto “fraude sistemático” en los comicios al encontrar, dijo, una “serie de irregularidades”. El candidato de Perú Libre rechazó esas acusaciones y pidió defender el voto en una “vigilia histórica”. Pero el intento de la postulante derechista por cuestionar los resultados puede abrir un nuevo ciclo de confrontación en un país que necesita una transición de poder lo más ordenada, seria y responsable posible.

Para Huilca, la primera tarea del nuevo presidente a cargo del país tiene que ser “generar confianza y tranquilidad respecto al manejo de la economía y continuar con lo que está en marcha respecto al plan de vacunación contra el coronavirus”. “El gobierno entrante deberá aplicar medidas de consenso para tratar de calmar los ánimos y va a necesitar el compromiso de los partidos políticos que conforman el parlamento y de la candidatura que ha perdido las elecciones”, dice por su parte Távara, quien cree que para resolver la crisis política, el nuevo líder del Gobierno “necesitará al resto de actores”.

Perú renueva sus poderes Ejecutivo y Legislativo tras años de agitación política que han visto a una serie de presidentes, e incluso a todo el Congreso, derrocados por escándalos de acusaciones de corrupción. Con 35 millones de habitantes y el país sudamericano con más muertes por COVID-19 por cada 100 personas, Perú celebra elecciones legislativas y presidenciales. El voto es una obligación y ausentarse a la convocatoria electoral se castiga con multas. Veinticinco millones de electores, en un padrón electoral de casi tantos varones como mujeres, eligen entre 19 partidos quiénes ocuparán las 130 bancas de su Congreso unicameral y entre 18 candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, quiénes pasarán a la segunda vuelta del 6 de junio. Si algo parece seguro, según todos los sondeos, es que habrá segunda vuelta presidencial, porque no hay ni coaliciones ni candidaturas partidarias o personales favoritas.

Cinco o seis fórmulas de presidente y vicepresidentes están empatadas en el umbral del 10% de las preferencias, según dos sondeos publicados el jueves. Nadie duda de que habrá segunda vuelta. Tampoco caben dudas acerca de que los resultados de la elección legislativa, que se deciden el domingo sin más vueltas, trasladarán al interior del Congreso la fragmentación de la oferta electoral. No habrá mayorías y en el nuevo Congreso habrá más fuerzas representadas que en el Congreso actual, que concluye en julio. 

La candidatura que ocupa el primer lugar en intención de voto apenas supera el 10% de respaldo. Según los últimos sondeos, seis candidatos tienen al menos un mínimo de posibilidades: Yonhy Lescano (Acción Popular, izquierda); Hernando de Soto (Avanza País, derecha liberal); Verónika Mendoza (Juntos por el Perú, centro izquierda); George Forsyth (Victoria Nacional, centro derecha); Keiko Fujimori (Fuerza Popular, enérgica derecha autoritaria fujimorista) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, derecha conservadora).

Los ciudadanos llegan a las urnas después de que el pasado noviembre el caos político con la destitución de Martín Vizcarra por presunta corrupción dejó que el país pasara por tres presidentes en una misma semana. Su sucesor, Manuel Merino se vio obligado a renunciar pocos días después en medio de acusaciones por formar un complot para derrocar a Vizcarra y de numerosas protestas. Desde entonces, la nación ha estado liderada por el presidente interino, Francisco Sagasti (del Partido Morado, de centro-izquierda), mientras que Perú lucha contra el nuevo coronavirus que lo golpea fuertemente.

Más allá de la indiferencia del electorado hacia las votaciones, según las previsibles bajas tasas de participación, la prolongada crisis de salud pública ha puesto de manifiesto las inequidades que existían desde hace mucho tiempo. La percepción hacia la clase política empeoró aún más recientemente cuando una lista, que incluía al expresidente Martín Vizcarra, reveló que cientos de personas adineradas y bien conectadas con funcionarios públicos recibieron en secreto las vacunas contra el Covid-19, por encima de las poblaciones de riesgo o más vulnerables frente al virus, como los trabajadores de salud en primera línea contra la pandemia.

AGB

Keiko Fujimori, la líder de la oposición en Perú, ha salido este viernes de la cárcel donde estaba en régimen de prisión preventiva desde hacía casi trece meses. Fujimori ha salido de prisión entre vítores de sus seguidores que han organizado una fiesta frente al centro penitenciario con globos e incluso fuegos artificiales.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afrontará en libertad el resto de la investigación por el caso de corrupción Lava Jato por presunto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales, gracias a un polémico fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva.

En la puerta de la cárcel le esperaban su marido, el estadounidense Mark Vito, que 18 días antes se había declarado en huelga de hambre para reclamar su liberación, acompañado de dirigentes del partido fujimorista Fuerza Popular y los centenares de seguidores que estallaron de alegría al verla en persona.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Fujimori ha asegurado que este tiempo en prisión ha sido “el evento más doloroso de mi vida” y que ha tenido la oportunidad de “reflexionar y pensar sobre las cosas que he podido hacer mejor”.

La excandidata presidencial ha remarcado que el Tribunal Constitucional corrigió un proceso “lleno de abusos y arbitrariedades. ”Lo que me corresponde es seguir enfrentando esta investigación, seguir colaborando con la justicia“. Además, Fujimori ha pedido ”dejar de lado los odios, diferencias y trabajar juntos, siguiendo hacia adelante“.

A pesar de su excarcelación, Keiko Fujimori seguirá siendo investigada por la fiscalía por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y 2016.

Los ejecutivos de la constructora admitieron haber aportado un millón de dólares a la campaña de Fujimori en 2011, y otro monto en 2016, y una serie de empresas peruanas han revelado en los últimos días que también formaron un fondo para financiar la candidatura presidencial de la también exlegisladora.

Anulación por hábeas corpus

Mientras que la investigación en su contra seguía su curso, su hermana Sachie Fujimori presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional que fue aprobado por cuatro de los siete magistrados y que anuló la orden de detención preventiva.

Los magistrados afirmaron en su resolución que los indicios del delito atribuido por la fiscalía a la también exlegisladora estaban basados en conjeturas y presunciones, y que se vulneró su derecho al debido proceso al haberse tramitado con retraso la apelación de su defensa a la orden de detención, entre otros puntos.

El fiscal que lleva el caso contra Fujimori, José Domingo Pérez, ha señalado este viernes que la sentencia del Constitucional es “contradictoria” y ha informado que el procurador del Poder Judicial pedirá su nulidad.

El último sismo político en Perú tuvo su origen en la otra orilla de Sudamérica, Brasil, el epicentro del Caso Lava Jato, el episodio de corrupción más impactante de los últimos tiempos en la región. Desde allí ha llegado una onda expansiva de revelaciones de tal magnitud que ha causado el envío a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa, una orden de captura internacional contra el también expresidente Alejandro Toledo, una investigación al exmandatario Alan García y en las últimas semanas estuvo a punto de causar la destitución del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en lo que puede ser la crisis más grave de la era democrática iniciada a comienzos de este siglo.

El país que hasta hace poco era considerado una estrella de la economía latinoamericana se encuentra envuelto ahora en una compleja trama de intrigas políticas que, paradójicamente, ha terminado por beneficiar a quien un estudio de Transparencia Internacional del 2004 asignó el séptimo lugar en una lista de diez gobernantes corruptos del mundo: la víspera de Navidad, el exdictador Alberto Fujimori recibió un sorpresivo indulto humanitario que diversos observadores han señalado como fruto de un pacto político entre PPK y una facción de la poderosa bancada fujimorista que apenas tres días antes estuvo a punto de removerlo del poder.

El indulto ha causado un acomodo del tablero político, pero está lejos de ser el punto final de la crisis: por estos días, nuevas revelaciones del Caso Lava Jato siguen agitando a toda la clase política del país: el testimonio del magnate Marcelo Odebrecht, el principal inculpado del caso, ha reforzado indicios de la presunta entrega de dinero ilegal a las campañas políticas de candidatos presidenciales y congresistas; y el pago de sobornos a altos funcionarios públicos.

Destitución express

expressEl estallido de la crisis se produjo a mediados de diciembre pasado, cuando la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el Caso Lava Jato, la fujimorista Rosa Bartra, hizo pública una carta en que la constructora Odebrecht revelaba pagos por US$782 mil a una consultora de PPK. Según ese documento, entre 2004 y 2007 la constructora brasileña le había hecho transferencias por presuntas asesorías financieras vinculadas a los proyectos Trasvase Olmos y la carretera Interoceánica, dos gigantescas obras adjudicadas a Odebrecht. Ambos proyectos habían sido impulsados desde la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que dependía del despacho de Kuczynski mientras fue ministro de Economía y Finanzas.

El documento reveló que una segunda consultora vinculada a Kuczynski -y a su socio, el banquero de inversión chileno Gerardo Sepúlveda-, también hizo varias asesorías a empresas de Odebrecht por algo más de 4 millones de dólares, durante 7 años.

La difusión de esos papeles -una respuesta de la mayoría opositora del Parlamento al allanamiento del local partidario de Keiko Fujimori por la Fiscalía, en el marco de la investigación Lava Jato- tuvo como efecto el instantáneo reclamo de la renuncia de Kuczynski por diversas bancadas, de izquierda a derecha, bajo la amenaza de declarar la destitución presidencial por “incapacidad moral permanente”. Algunos ministros también aconsejaron al presidente que renunciara. Sin embargo, a través de un mensaje en video, el mandatario informó que no dimitiría.

Kuczynski envió una carta a la comisión Lava Jato en la que ofrecía recibirla para dar sus descargos el viernes 22 de diciembre en Palacio de Gobierno. La oposición se le adelantó: aprobó iniciar el proceso de destitución en la sesión plenaria del jueves 21.

Ese día se movieron todas las fichas del tablero. En el Perú de estos días, eso incluía las fricciones al interior de la familia más disfuncional de la política peruana: los propios Fujimori. Al historial de conflictos internos -que incluye el ya lejano divorcio de los padres entre acusaciones mutuas de torturas y corrupción-, se sumaba ahora la aparente división de los dos hijos de Alberto Fujimori que participan en política: Keiko, la hija mayor y lideresa del partido Fuerza Popular, promotora de un implacable boicot al Gobierno gracias a su mayoría parlamentaria; y Kenji, el hijo menor y congresista de la República, quien llevaba meses en un abierto acercamiento al presidente Kuczynski y en posturas moderadas que con frecuencia lo habían enfrentado a las decisiones de su partido.

Lo que pasó entonces ha quedado registrado como una de la maniobras políticas más descarnadas de los últimos tiempos: mientras conseguía la adhesión de distintas personalidades ante lo que se consideraba un golpe de Estado incitado por el fujimorismo más recalcitrante, Kuczynski aceleró negociaciones secretas con Kenji Fujimori para obtener votos que lo salvaran de la destitución a cambio de acelerar el proceso de indulto que venía evaluando desde meses atrás. En un dramático mensaje a la Nación, el presidente llegó a decir que “la Constitución y la democracia están bajo amenaza” y, tras pedir disculpas por llevar en desorden sus cuentas -una excusa insólita en un antiguo banquero de Wall Street-, convocó a las fuerzas democráticas para evitar su remoción del poder.

El día del debate, el jueves 21 de diciembre, hubo ácidas intervenciones que reclamaban la cabeza del presidente por haber mentido reiteradamente sobre sus relaciones con la nave nodriza de la corrupción corporativa latinoamericana. En las redes sociales, el cálculo voto a voto se mantuvo por horas con una incertidumbre de infarto. Hacia media jornada, la intriga se agudizó con la aparición de un presunto certificado médico que recomendaba el indulto a Alberto Fujimori. Algunos pensaron que se trataba de un psicosocial salido desde el propio fujimorismo para acrecentar la indignación de la izquierda contra el presidente y así sumar sus votos a la moción de destitución. El Ministerio de Justicia y la propia premier Mercedes Aráoz respondieron de inmediato que la información no era cierta. En realidad era la primera señal de lo que pasaba entre bastidores.

En ese clima, cerca de la medianoche, la votación dio un giro sorprendente: la moción de destitución quedó diez votos debajo del mínimo requerido, precisamente los votos en abstención de diez congresistas fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori. Por la televisión se vio un contraste decisivo en la mayoría fujimorista: mientras los partidarios de Keiko despotricaban de quien se les pusiera al frente, Kenji lucía conmovido y hasta derramó unas lágrimas. Era la segunda señal.

Indulto de Navidad

Horas antes de la última Nochebuena, PPK cumplió su parte del pacto y firmó el indulto a Alberto Fujimori “por razones humanitarias”. El proceso ha sido cuestionado por varias razones: desde la participación de un médico personal de Fujimori en la junta médica que recomendó su liberación hasta los presuntos síntomas que ponían en riesgo su vida. “Las arritmias cardiacas y los cuadros de depresión, evidentemente, se pueden presentar en ciertos internos, adultos mayores, como consecuencia del encierro. Pero, en ningún caso, estas características han justificado un indulto humanitario”, ha dicho Roger Rodríguez, quien renunció al cargo de director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al conocerse la noticia.

“El ex reo tenía las mejores condiciones carcelarias que podía tener un interno en el país”, dijo el funcionario en relación a otro de los argumentos de los promotores del indulto.

Las críticas arreciaron cuando Fujimori dio un mensaje desde la clínica donde había sido internado justamente en las horas previas a recibir el indulto. Se suponía que estaba en una unidad de cuidados intensivos, pero en medio de numerosas visitas tuvo ocasión de leer un texto ante alguien que registraba todo desde un celular al pie de su cama. “Antes de que grabe este video alguien debió avisarle a Fujimori que uno de los informes médicos por los que fue liberado dice que ‘su dolencia le limita la fluidez de una pronunciación correcta’”, ironizó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Los comentarios paródicos han venido de todas partes.

También hay quien lo considera su primer anuncio de retorno a la política.

La paradoja de esta trama es que deja a Kuczynski más debilitado que al presunto autócrata en estado terminal. El estigma de haber traicionado a sus allegados más cercanos lo deja expuesto al endeble soporte de quienes estuvieron a punto de derrocarlo. “Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuczynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”, escribió el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien le advirtió en varias ocasiones sobre las consecuencias de que otorgara el indulto al responsable de 25 ejecuciones extrajudiciales y cabeza del gobierno más corrupto de la historia del Perú. El Nobel habla del presidente en un tono tan demoledor que era impensable una semana antes. Esa opinión está lejos de ser un encono personal: las críticas a esta decisión han venido hasta de las Naciones Unidas.

Kuczynski arranca el 2018 en un estado que empieza a parecer al de los últimos días de cualquier gobierno, con multitudes en las calles que piden su renuncia y una imagen internacional resquebrajada al nivel de los regímenes más polémicos de la región. Si algo no precipita las cosas en estos días agitados para la política peruana, la próxima escena clave ocurrirá el próximo 2 de febrero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúe la validez del indulto en una audiencia a solicitud los familiares de las víctimas del régimen de Fujimori. Es una carambola de resultados impredecibles.