El Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM) ha puesto en marcha el Programa de Liderazgo para Investigadores Principales, una iniciativa estratégica destinada a reforzar las competencias directivas y de gestión de los profesionales que lideran proyectos de investigación sanitaria en la región, favoreciendo el desarrollo de estructuras sólidas y orientadas a resultados en salud.

El director científico del IDISCAM, Manuel Sánchez de la Torre, ha inaugurado la primera sesión de este programa, enmarcado en la apuesta del Instituto por consolidar estructuras investigadoras sólidas, competitivas y alineadas con las necesidades del sistema sanitario y de la ciudadanía.

Durante su intervención, Sánchez de la Torre destacó que liderar un proyecto de investigación hoy no solo implica excelencia científica, “sino también capacidad de gestión, visión estratégica y habilidades para coordinar equipos multidisciplinares en entornos cada vez más competitivos”.

En este sentido, subrayó que desde IDISCAM se trabaja para acompañar a los investigadores en todas las fases de su desarrollo profesional, “dotándoles de herramientas que les permitan consolidar líneas de investigación estables y con impacto real en la práctica clínica y en la calidad asistencial”.

El fortalecimiento del liderazgo investigador es un elemento clave para avanzar en la captación de financiación competitiva y en la transferencia efectiva del conocimiento al sistema sanitario regional. “La investigación sanitaria debe estar alineada con las necesidades del sistema y de la ciudadanía, y eso requiere investigadores preparados no solo científicamente, sino también estratégicamente”, afirmó.

Con esta iniciativa, Idiscam refuerza su apuesta por la profesionalización y consolidación de la actividad investigadora en Castilla-La Mancha, en el marco de una estrategia orientada a impulsar la excelencia, fomentar la colaboración entre niveles asistenciales y generar conocimiento con impacto directo en los resultados en salud.

Plan de formación 2026

Este programa forma parte del Plan de Formación 2026 de IDISCAM, una propuesta integral dirigida a personal investigador, técnico y mandos intermedios, que incluye acciones formativas en áreas clave para el desarrollo de una investigación excelente y sostenible.

Entre ellas se encuentran formación en Estadística y análisis de datos, elaboración de abstracts y pósteres científicos para mejorar la capacidad de síntesis y difusión de resultados, desarrollo de soft skills orientadas a la comunicación efectiva y resolución de conflictos, así como contenidos específicos en liderazgo y metodologías ágiles aplicadas a la investigación.

El plan incorpora también un itinerario específico de formación para mandos intermedios e investigadores principales, centrado en la gestión de equipos, la planificación estratégica de proyectos y la dirección eficiente de grupos de investigación.

Asimismo, incluye formación en Inteligencia Artificial aplicada a la investigación científica, con el objetivo de impulsar la incorporación de herramientas avanzadas en el análisis de datos y la generación de conocimiento.

“Todavía quedan algunas curvas, pero ya encaramos la recta final”. Joan Jubany se expresa con una serenidad envidiable. Es el hermano de Helena Jubany, la joven que fue asesinada en Sabadell (Barcelona) en 2001. Más de dos décadas después, la familia acoge con cautela, pero también con un punto de esperanza, la recta final de la instrucción de un caso que es algo más que un feminicidio y que sirve para ilustrar lo mejor y lo peor de la investigación judicial.

A Helena Jubany la mataron el 2 de diciembre de 2001. El crimen fue cruel. Los homicidas quisieron fingir un suicidio, pero la cantidad de benzodiacepinas halladas en el cuerpo de la joven señalaron que había sido drogada y arrastrada por sus asesinos antes de ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio de su casa. En las semanas previas, además, la víctima había recibido anónimos, claves del caso, escritos por alguien que solo podía provenir de su entorno.

“Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES”, rezaba una de las notas que Helena Jubany recibió antes de ser asesinada. Las siglas corresponden a la Unió Excursionista de Sabadell, en la que participaba la joven, bibliotecaria de profesión y aficionada a la naturaleza y la montaña.

Los investigadores se centraron en miembros de la UES. De los cuatro sospechosos, una se suicidó mientras estaba en prisión provisional en 2002. Los otros tres, dos hombres y una mujer, permanecen investigados a día de hoy después de que el caso se archivara en 2005 (la Fiscalía declinó sacar adelante una acusación) y se reabriera en 2021. “Han pasado casi 24 años, pero creo que con el juicio se podrá empezar a hacer justicia y saber toda la verdad”, valora Jubany.

La familia lo había intentado todo. Pero el “muro” de la Justicia, en palabras de Jubany, resultó infranqueable y todas las peticiones para reabrir el caso se rechazaron. “Entramos en un círculo vicioso: la policía decía que no podía seguir investigando si no lo autorizaba el juez, y el juez decía que no lo podía ordenar si la policía no le aportaba nuevas pruebas. Como familia vimos que, si seguíamos intentándolo, nos haríamos daño”, rememora el hermano de la bibliotecaria.

Los familiares y amigos realizaron “un cambio de chip” y quisieron “recordar a Helena en positivo”, explica Joan Jubany. La fórmula fue crear la Associació Cultural Helena Jubany y unos premios literarios en 2008, que se siguen entregando anualmente, para recordar a su hermana mediante la literatura y los cuentos, otra de sus pasiones.

Todo cambió en marzo 2020. Con Catalunya, como casi todo el mundo, encerrada en casa por culpa de la pandemia, TV3 emite un programa de Crims, el true crime de Carles Porta, dedicado a Helena Jubany. “El episodio fue un revulsivo brutal”, recuerda Jubany.

El programa sirvió para remover conciencias. A la familia le empezaron a llegar nuevas informaciones sobre el caso “que han sido claves para llegar hasta donde estamos ahora”, resalta Jubany. Y se creó una ola de solidaridad, desde Sabadell pero por toda Catalunya, para que el feminicidio no se olvidara. “La lucha de la familia se transformó en lucha popular, y desde entonces nos venimos sintiendo muy acompañados”, destaca el hermano de Helena.

La clave son las personas, no las instituciones

Los que no cambiaron su posición fueron los sospechosos iniciales (uno de ellos señalado con rotundidad por uno de los investigadores en Crims, con la causa todavía archivada) o la Unió Excursionista de Sabadell. “Parecían más preocupados por la buena imagen de la institución que porque hubieran matado a una de sus socias”, lamenta Jubany.

De la mano del abogado Benet Salellas, la familia ha logrado en estos últimos años traspasar el obstáculo que durante más de una década parecía inamovible para reabrir el caso: la obtención de hechos e indicios nuevos. El caso ya estaba prescrito para cualquier eventual nuevo imputado, pero no para los que lo estuvieron al inicio de la investigación: S.L., principal sospechoso, X.J. y A.E.

Entre los elementos de “eficacia identificativa incontestable”, según resalta la jueza instructora en su última resolución, han pesado los análisis de ADN con técnicas que no existían hace 20 años. Los trabajos del laboratorio de ADN de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada.

El análisis concluye que hay una alta probabilidad de que el ADN de S.L. forme parte de los hallados en la prenda de la víctima y apunta además a la presencia de material genético nuclear de una mujer. Ahora la magistrada ha ordenado a la Policía analizar si ese material genético femenino del jersey corresponde con A.E., una vez descartado que fuera de la sospechosa que se suicidó y de la propia Jubany.

El hermano de la bibliotecaria solo tiene palabras de agradecimiento para las científicas de la comisaría que han contribuido a sentar las bases para que el caso pueda juzgarse. Y agrega una reflexión sobre sus más de dos décadas de tortuosa relación con la administración de justicia y todos sus operadores: “Al final no es tanto la institución, sino la persona concreta con quien te encuentras detrás de la ventanilla”.

“Nos hemos encontrado policías que no tenían los medios punteros para resolver el crimen, pero que pusieron su alma y todavía lo sienten como una espina clavada. En cambio, otros no han querido sobrecargarse de trabajo”, asevera. Con los que nunca ha hablado directamente, afirma, son los distintos jueces de instrucción del caso.

Aunque la declaración de S.L. estaba fijada para este viernes, se ha suspendido y se busca fecha para celebrarla este otoño. “Si ha estado callado 24 años, dudo que ahora hable”, manifiesta Joan Jubany. Diga algo o se acoja a su derecho a no declarar, difícilmente podrá esquivar el banquillo de los acusados. En tiempo de descuento para la prescripción, pero dentro de los límites para que el asesinato de Helena Jubany no quede impune.

“Este estudio es probablemente el proyecto más deprimente en el que he participado en toda mi vida”, reconoce Luís Nunes Amaral, autor de la mayor investigación realizada hasta el momento sobre las publicaciones científicas fraudulentas, que este lunes ha publicado la revista PNAS.

A través de la combinación de análisis de datos a gran escala de la literatura científica con estudios de casos, los investigadores de la Universidad Northwestern llegan a una preocupante conclusión: el fraude científico organizado aumenta sin control. De hecho, crece en las revistas especializadas a mayor velocidad que los ‘papers’ legítimos.

Aunque se suele señalar la mala conducta científica de personas aisladas, el estudio revela que –en realidad– se trata de sofisticadas redes globales de individuos y entidades que colaboran sistemáticamente para hacer negocio falsificando investigaciones.

Una especie de mafia que se dedica a producir manuscritos de baja calidad, con datos falsificados, imágenes manipuladas, contenido plagiado e incluso sin sentido, y que luego venden a académicos que desean publicar rápidamente. “No solo pueden comprar artículos, sino también citas. De este modo, alguien puede parecer un científico de renombre cuando apenas ha realizado investigaciones propias”, explica Amaral.

“Son esencialmente organizaciones criminales que actúan para falsificar el proceso científico”, remacha el autor del estudio, que incide en el peso económico de esta actividad: “Hay millones de dólares en juego”.

Las revistas como negocio

“Hay una conciencia de que las malas prácticas científicas pueden estar extendiéndose debido, por una parte, a que existen revistas que son un buen negocio y que siguen de forma parcial los niveles exigibles de control. Y, por otra, de que el uso de indicadores numéricos en la evaluación de proyectos y de profesionales puede estar llevando a la búsqueda de atajos. Esto se ha expresado repetidamente, y en algunos aspectos se está corrigiendo”, señala Pere Puigdomènech, profesor de investigación emérito del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) y presidente del Comitè per a la Integritat de la recerca a Catalunya (CIR-CAT), en declaraciones al Science Media Centre España.

Ese negocio editorial al que se refiere Puigdomènech se evidencia en los balances de las editoriales especializadas. Seis de los principales grupos han incrementado su facturación un 250% entre 2019 y 2023 solo por la publicación de artículos. De hecho, el coste medio de los APCs (Article Processing Charges, el dinero que cobra una revista a los científicos para divulgar un artículo) ha pasado de 2.356 euros a 2.983 euros.

Tradicionalmente, las revistas solían pertenecer a sociedades científicas y funcionaban por suscripción. Pero eso limitaba quién podía leer los artículos, y, por tanto, su impacto. Por eso empezaron a ofrecer una alternativa: en vez de cobrar al lector por acceder al artículo, que el investigador pagara por publicarlo y el texto esté en abierto, accesible para todos. Con el tiempo, algunas revistas se han vuelto más laxas con los criterios de aceptación de artículos, multiplicando las publicaciones. Unas publicaciones que los científicos necesitan publicar para progresar en sus carreras. En última instancia, esa necesidad ha encontrado la forma de alimentar el negocio de manera ilegítima.

Las redes mafiosas venden puestos de autoría por cientos o incluso miles de dólares, dependiendo del tipo de 'paper' o si se trata del puesto de primer autor. También se paga para que los artículos sean aceptados automáticamente en una revista a través de un proceso de revisión por pares falso, explica la investigación: “Hay que encontrar a alguien que escriba el artículo. Hay que encontrar personas dispuestas a pagar para ser los autores. Hay que encontrar una revista en la que se pueda publicar todo. Y se necesitan editores en esa revista que acepten ese artículo”.

Para identificar artículos de fábricas de 'papers', el equipo puso en marcha un proyecto para escanear automáticamente los textos publicados sobre ciencia de los materiales e ingeniería y buscó específicamente autores que identificaran erróneamente los instrumentos que utilizaban en sus investigaciones. Para su sorpresa (o no), un artículo con esos resultados fue aceptado por la prestigiosa revista PLOS ONE.

Publicaciones desaparecidas

Otra de las estrategias de estas redes fraudulentas es la de esquivar los controles de las revistas apropiándose de cabeceras desaparecidas o que pueden comprar por poco dinero. Así, asumen una identidad que da credibilidad a sus publicaciones falseadas. El estudio publicado en PNAS pone el ejemplo de la revista HIV Nursing.

“Pertenecía a una organización profesional de enfermería del Reino Unido, luego dejó de publicarse y su dominio online caducó. Una organización compró el nombre de dominio y comenzó a publicar miles de artículos sobre temas que no tenían nada que ver con la enfermería, todos indexados en Scopus”, explica Reese Richardson, becario postdoctoral en el laboratorio de Amaral y primer autor del artículo.

En España, como ya contó elDiario.es, también ha habido casos parecidos en los que una serie de empresas fantasma compraron prestigiosas revistas científicas para lucrarse publicando artículos dudosos. Por ejemplo, la publicación Comunicar llegó a estar entre el 10% de las mejores del mundo en su rama. En 2023, una compañía prácticamente desconocida en el sector, Oxbridge Publishing House, la compró. Un año después, Comunicar fue expulsada de las principales bases de datos del mundo por sospechas en su proceder.

Alberto Martín y Emilio Delgado, documentalistas en la Universidad de Granada, recogen este caso en su artículo La invasión de los ladrones de revistas. “Desde 2020 esta red ha adquirido, con la ayuda de empresas intermediarias, al menos 30 revistas académicas publicadas originalmente en países como España, Reino Unido, Estados Unidos, India o Turquía, todas indexadas en prestigiosas bases de datos científicas como Web of Science y Scopus”, describen.

Este altavoz editorial en el que no hay control de calidad de lo que se publica sirve como vía de salida perfecta para la producción enloquecida de las 'fábricas de papers' que se venden en el mercado negro: una de estas empresas presume de haber colocado más de 12.000 en una década. El perfil de X 'Authorship for sale' reproducía algunas de estas ofertas como puede verse en este tuit.

“Es una llamada más de atención para todos, profesionales de la ciencia y gestores, a no bajar la guardia sobre estos temas y no caer en la ilusión de que cuatro indicadores de impacto lo resuelven todo. La formación de los profesionales en las buenas prácticas de la ciencia y la existencia de instancias que se ocupan de estos temas es esencial. En el mundo actual en el que la desinformación es corriente, la actividad científica no puede perder la credibilidad que tiene ante la sociedad”, reflexiona Pere Puigdomènech.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicará este jueves las bases del concurso por el que se elegirá a la nueva dirección del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dos meses después de la polémica que terminó con la destitución de Maria Blasco y Juan Arroyo, al frente de la dirección científica y la gerencia. 

“Abrimos el concurso internacional, que tendrá un comité de selección para las candidaturas que nos vayan llegando”, ha anunciado la ministra de Ciencia, Diana Morant, en una entrevista con elDiario.es. “Se conformará un comité de selección por una serie de personas expertas o con una reputación reconocida”, detalla.

La convocatoria tendrá carácter internacional y, aunque no se establece un plazo obligatorio, se recoge como objetivo concluir el proceso en un máximo de seis meses. El comité de selección será creado específicamente para valorar las candidaturas y hacer una serie de recomendaciones en función de los méritos aportados y la idoneidad para la posición ofrecida. Esta propuesta pasará al Patronato de la Fundación del CNIO, a través de su Comisión Delegada, que será la que elija a los dos candidatos que consideren más idóneos.

Un máximo de diez años

“Se van a poner como requisitos aquellas condiciones que hacen singular al CNIO para que la nueva dirección se adapte a ellas y para abrir esta nueva etapa necesaria en un centro tan importante para nosotros”, asegura Diana Morant. En esta nueva etapa seguirán existiendo una dirección científica y una dirección gerente, que se convocan en dos concursos con bases diferentes. A la nueva dirección científica, según fuentes del Ministerio, se le va a ofrecer un contrato de 5 años con posibilidad de ser renovados hasta 10 tras una evaluación de cumplimiento de objetivos. 

“Lo que no puede repetirse es que las dos direcciones estén continuamente en la pelea”, subraya la ministra Morant. “Una de las conclusiones que se ha sacado de esta crisis que ha vivido el CNIO es que había acusaciones cruzadas y se generaba un ambiente que hacía imposible que ni uno ni el otro tomaran decisiones adecuadas”. 

La polémica se desató en diciembre de 2024, cuando la filtración de un informe de transparencia sobre el programa CNIO Arte y una carta firmada por parte de los jefes de grupo del centro que pedían su dimisión pusieron en la picota la gestión de Blasco. Además de negar las denuncias de acoso laboral presentadas contra ella, la directora científica contraatacó acusando al gerente de interferir en su trabajo y le denunció por irregularidades contables ante la Fiscalía. 

La tormenta política terminó con el cese de los dos máximos cargos del CNIO, decidida por el Patronato a finales de enero. El organismo nombró a Fernando Peláez como director científico interino y encargó provisionalmente la gerencia a la Comisión Delegada del CNIO, presidida por Instituto de Salud Carlos III.  Hace dos semanas, el Congreso aprobó que el Tribunal de Cuentas fiscalice las cuentas del CNIO desde el año 2018 hasta el 2024, coincidiendo con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y no con el mandato de Blasco, en el cargo desde 2011.

El Tribunal de Cuentas realizará un informe de fiscalización especial de las cuentas y de la contratación de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) desde el año 2018 hasta el 2024, coincidiendo con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y no con el mandato de su exdirectora científica Maria Blasco, en el cargo desde 2011.

La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Congreso ha aprobado la solicitud del PP por 20 votos a favor y 14 en contra. En la misma sesión la comisión ha rechazado la solicitud del PSOE, que pedía la fiscalización de las cuentas del CNIO desde el año 2011, fecha de la llegada de Blasco.

El pasado 28 de enero, el Patronato del CNIO, el máximo órgano de decisión del centro, destituyó a Maria Blasco al frente de la dirección científica del centro y a Juan Arrroyo como director gerente. La decisión se tomó ante la gravedad de las denuncias sobre su gestión conocidas desde el pasado mes de diciembre y por “la necesidad de iniciar una nueva etapa en el CNIO”, ante la existencia de “un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia”.

En su comparecencia ante la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados el pasado 5 de febrero, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró que ese “equipo de dirección no podía continuar”, aunque recalcó que no se ha detectado “ningún tipo de incumplimiento normativo por parte del centro ni de las personas cesadas”. 

“Eres un autista”, “maldito inútil”. Son algunas de las expresiones que dirigió Jan-Michael Rost, director de sistemas finitos del Instituto Max Planck de Física de Sistemas Complejos de Dresde, al joven postdoctorando Gabriel Lando, según revela una investigación conjunta de la cadena Deutsche Welle (DW) y la revista Der Spiegel. “Golpeaba su mesa, me gritaba hasta el punto de que podía verle escupir”, recuerda el físico teórico de origen brasileño. “Creo que fueron los peores momentos de mi vida”.

Durante meses, investigadores de los dos medios alemanes han documentado casos de comportamientos abusivos y entornos de trabajo tóxicos en institutos de la Sociedad Max Planck, una de las más prestigiosas organizaciones del mundo de investigación científica, que demuestran que la experiencia de Lando dista mucho de ser única.

“Hemos entrevistado a más de 30 científicos, la mayoría de ellos atraídos a Alemania desde Asia, América y otras partes de Europa con la promesa de llevar a cabo una investigación de talla mundial”, escriben los investigadores. Dos tercios de los entrevistados describen haber sufrido o presenciado conductas indebidas perpetradas por personal científico de alto nivel. Y los grupos más expuestos a los abusos fueron las mujeres y las personas no blancas.

Un modelo personalista

La Sociedad Max Planck es la organización de investigación más importante de Alemania. Cuenta con 31 premios Nobel y numerosos reconocimientos internacionales, como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional recibido en 2013. El modelo de estos institutos, cuyos principios estableció en 1911 su primer director, el teólogo Adolf von Harnack, se basa en dotar de gran poder a sus directores, que son científicos brillantes con una dilatada carrera. 

En este modelo fuertemente personalista, los directores son libres de organizar sus investigaciones e instalaciones a su antojo, seleccionando a dedo a los investigadores y dirigiendo al mismo tiempo los avances científicos. 

Para Harnack, recuerdan en DW, la mejor manera de hacer avanzar la ciencia era crear un instituto en torno a un científico dotado de tal poder e independencia que este pudiera dedicarse a la ciencia sin restricciones. Pero esto se traduce también en poca supervisión, “lo que a veces ha dejado a los científicos más jóvenes, como los doctorandos y postdoctorandos, a merced de sus directores”, aseguran.

Acoso y sexismo habituales

Para su investigación, DW y Der Spiegel revisaron informes detallados presentados a los mecanismos de denuncia de la Sociedad Max Planck, comunicaciones entre las víctimas y el personal implicado en los procesos de denuncia, y documentos confidenciales que corroboraban los relatos. “Nuestros hallazgos sugieren un fracaso sistémico a la hora de exigir responsabilidades a los miembros abusivos del personal o de sus institutos”, revelan.

Nuestros hallazgos sugieren un fracaso sistémico a la hora de exigir responsabilidades a los miembros abusivos del personal o de sus institutos

Un ex estudiante de doctorado, por ejemplo, describe “encuentros horribles” en los que vio cómo su “autoestima desaparecía gradualmente”. Otra persona dice que Rost también tenía poderes especiales sobre estudiantes de doctorado y posdoctorados de países no pertenecientes a la UE. Su permiso de residencia estaba vinculado a la prolongación del contrato. “Abusó de este poder y amenazó a la gente para que no renovara sus contratos”, afirman en DW.

Previamente, en 2019, una encuesta de la propia Sociedad Max Planck reveló que casi uno de cada cinco encuestados había sufrido acoso en los institutos y que los empleados no alemanes corrían un riesgo significativamente mayor de sufrir acoso o ser objeto de comentarios sexistas.

La Sociedad Max Planck se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones citadas anónimamente por DW y Der Spiegel. Tampoco proporcionó más información sobre el caso Rost. Varios de los afectados manifestaron que desarrollaron depresión durante su estancia en el instituto y buscaron ayuda profesional.

Asimismo, muchos de los afectados informaron de que sus intentos de presentar quejas fueron rechazados. “Los resultados de nuestra investigación indican un fallo sistémico de los mecanismos de cumplimiento”, aseguran en DW. “Nueve de los ex estudiantes de doctorado y posdoctorados con los que hablamos dijeron que habían buscado ayuda sin éxito de una o más de las fuentes mencionadas anteriormente”.

Cuando se ve desde la distancia, el edificio del Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá (Ci2A) parece un trasatlántico atracado en el campus universitario. Concebido en 2005 a partir del modelo megalómano del CNIO, los 32.000 metros cuadrados del que entonces iba a ser el Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias (IMMPA) quedaron vacíos durante años por la crisis y se convirtieron en un símbolo de la cultura del ladrillazo y de la falta de inversión en I+D. Algunos lo bautizaron entonces como el Titanic de la ciencia española.

Dos décadas después, y tras diversos planes para darle uso —incluida una cesión fallida a la Guardia Civil para investigaciones forenses—, el buque fantasma ha sido abrillantado y reflotado para la presentación en sociedad por el CSIC y el Ministerio de Ciencia. El edificio albergará desde el lunes el nuevo Centro de Neurociencias Cajal (CNC), un proyecto que, según sus responsables, se dedicará sobre todo en los avances relacionados con el cerebro, pero también pretende impulsar “un salto cualitativo en la capacidad investigadora del país” y dar servicio al resto de centros gracias a sus equipamientos tecnológicos de última generación.

Nervios y desembalajes

Unas horas antes de la inauguración oficial, en los interminables pasillos del CNC hay movimiento de cajas, equipos sin desembalar y una avanzadilla de técnicos que está poniendo a punto los primeros laboratorios que darán servicio a los científicos. “Es un cambio abismal respecto a lo que teníamos antes”, dice Jaime Pignatelli, responsable de tecnologías ómicas del Instituto Cajal, un centro que lleva años con problemas de espacio y a la espera de esta mudanza. “Las posibilidades son infinitas para nosotros; ahora tenemos la última generación de secuenciadores”, explica. 

Las cifras de este megacomplejo son impactantes. Hasta aquí se trasladará en los próximos meses el Instituto Cajal al completo, con sus animales, experimentos y equipos. Al final del proceso, en sus más de 30 laboratorios se instalarán alrededor de 40 grupos, con unos 200 investigadores que tendrán a su disposición decenas de microscopios de superresolución, equipos de secuenciación genética y servicios de bioinformática, además de uno de los mayores animalarios de España. Para hacerse una idea, y con la escasez que desató la polémica en el CNIO en la memoria, el nuevo centro tendrá hasta seis microscopios confocales, tres de ellos de nanoresolución, y cada uno de sus laboratorios modulares tienen 150 metros cuadrados.

Un telescopio para ver las sinapsis

“Lo que estamos haciendo aquí es darle las herramientas a los investigadores para que puedan analizar todas las muestras de origen biológico y ver desde un órgano entero hasta las proteínas que están dentro de la célula”, explica Edwin Hernández, responsable de imagen científica y microscopía. La filosofía del nuevo centro, como indica su nombre, es propiciar que la ciencia básica se aborde desde diferentes disciplinas y que los investigadores sumen esfuerzos, también con el uso compartido de las tecnologías. “La fortaleza de esto es que tenemos todo aquí”, asegura Hernández. “Cualquier investigador puede venir y hacer su experimento completo, porque tenemos todas las herramientas”.

Hernández está especialmente orgulloso de los equipos de microscopía STED, que les permiten seguir los movimientos de los neurotransmisores o ver con detalle cómo interaccionan con la célula las placas de beta-amiloides que producen el alzhéimer. “Si Ramón y Cajal estuviera aquí, estaría envidioso”, asegura mientras muestra los sofisticados microscopios con los que pueden ver a través de un cerebro de ratón trasparente o identificar los chispazos químicos de la sinapsis, las constelaciones que forman los recuerdos o los pensamientos. “Esto es como el telescopio James Webb de la microscopía”, afirma. “Estamos viendo un universo en escala microscópica, es un viaje al centro del cerebro”. 

Reabierto con fondos europeos

Además del edificio principal, ya está en marcha la construcción de unas instalaciones adyacentes (las que iban a albergar originalmente el Instituto Cajal) en las que se incorporarán los equipos del Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC) y del Instituto de Química Médica (IQM-CSIC). En el plano organizativo, el Ci2A es el paraguas bajo el que se coordinarán los diferentes centros, así como los recursos para los investigadores externos.

Aunque el CSIC no ha facilitado aún cifras de la inversión que ha permitido poner en marcha el centro con fondos de recuperación de la UE y fondos FEDER, el edificio costó en su día unos 40 millones de euros, a los que hay que sumar los gastos de mantenimiento de casi 20 años cerrado. Se espera que el Ministerio de Ciencia dé los datos concretos este lunes.

La fortaleza de esto es que tenemos todo aquí. Cualquier investigador puede venir y hacer su experimento completo, porque tenemos todas las herramientas

Edwin Hernández — Responsable de imagen científica y microscopía del Ci2A

La investigación sobre el cerebro quedará enmarcada en el recién creado Centro de Neurociencias Cajal (CNC), que incluirá en su seno al Instituto Cajal y al Centro Internacional de Neurociencias (CINC). El CNC se convertirá en el centro de referencia en materia de investigación cerebral, junto al Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-UMH). A esta apuesta se sumará próximamente el Centro Nacional de Neurotecnología (Spain Neurotech), dirigido por el investigador Rafael Yuste, al que se destinarán 120 millones de euros en los próximos años, según confirmó la ministra Diana Morant en su última comparecencia ante el Congreso. 

Ausencia de una hoja de ruta

El estreno del CNC viene precedido de una polémica, después de que el director del CINC, Juan Lerma, anunciara su dimisión por discrepancias con el proyecto. El neurocientífico encabezó la penúltima iniciativa para reabrir el edificio y convertirlo en “un centro de excelencia en neurociencias” entre 2019 y 2022, cuando era presidenta del CSIC Rosa Menéndez.

Bajo la nueva dirección, el equipo de Eloísa del Pino consideró que el enfoque del proyecto no era el más adecuado y decidió reconducirlo para crear una plataforma de servicios que sigue la filosofía de otros centros del CSIC, como el Centro de Servicios de Computación (CSC) o el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS). 

Uno de los reproches de Lerma es la “falta de ambición” del Ci2A, que en su opinión es “una carcasa de oro” a la que mudar el Instituto Cajal, con sus viejos problemas. Entre los investigadores de este centro consultados por elDiario.es hay división de opiniones, desde quienes están encantados con el traslado a quienes lo ven con escepticismo. A la espera de conocer el proyecto a fondo y ver “quiénes acaban finalmente habitando ese edificio”, el ex director del Instituto Cajal, Alberto Ferrús, se teme que acabe siendo “un batiburrillo de muchas cosas” y no esté bien definido. 

Somos maestros en hacer planes maravillosos para el futuro que luego se quedan en nada

Albert Ferrús — Ex director del Instituto Cajal del CSIC

Ferrús conoce de cerca el tortuoso camino que ha conducido hasta aquí, pues lideró la primera propuesta para convertir el edificio en la sede de un gran centro de neurociencias después de que el IMMPA quedara en vía muerta. Lo que sucedió entonces fue que su promotor, Carlos Martínez Alonso, dejó de ser presidente del CSIC y llegaron otros con nuevas ideas, además de la crisis. En su opinión, ese es quizá el mayor problema de la ciencia española, la falta de una hoja de ruta que mantenga las decisiones en el tiempo y sin bandazos. “Somos maestros en hacer planes maravillosos para el futuro que luego se quedan en nada”, asegura.

La reapertura de este edificio faraónico es un final feliz, aunque tardío, que, en opinión de Ferrús, ejemplifica a la perfección el problema que la investigación española arrastra desde hace más de un siglo: la falta de un plan maestro y una apuesta por la ciencia sin titubeos. Una historia que se podría resumir visualmente con la sucesión de rótulos y pegatinas que ha tenido el centro en su fachada, desde las descomunales letras del IMMPA en sus inicios a las discretas iniciales del CINC hace tres años.

Ahora es el logo del CSIC el que luce en la parte más alta, y será la bandera con la que este inmenso buque navegará en busca de los secretos del cerebro. Y lo hará después de perder dos valiosas décadas varado y sin destino. 

“Nos engañaron, fue un error fatal. Y ahora se la han cargado del todo”. Cuando una empresa británica de sugerente nombre llamó a la puerta de Joan Hortalà interesándose por la revista Cuadernos de Economía, este profesor de la Universidad de Barcelona vio la oportunidad que estaba buscando para darle un impulso a su publicación. La revista tenía prestigio, pero una mayor expansión en el mundo anglosajón, como aseguraba esa desconocida pero prometedora compañía llamada OAText, era justo lo que necesitaba.

Hortalà y su equipo decidieron vender. Apenas un par de decenas de miles de euros, nadie se iba a retirar de esa, pero Cuadernos podría dar un pasito más. Y además, según el acuerdo mantendrían el control editorial. Nunca pasó. El día siguiente a completar la transacción, OAText empezó a realizar una serie de malas prácticas que no estaban pactadas. Hortalà perdió el control de la revista, pero la revista no le correspondió dejándolo ir. Secuestró su nombre, que seguía, sigue todavía hoy, alimentando el prestigio de Cuadernos como teórico director, junto al de una persona fallecida, José Ramón Lasuén, antiguo presidente. Ningún efecto han tenido los requerimientos formales que han enviado a OAText para que los retiren de la web.

Cuadernos es una de las más de 30 revistas –varias de ellas españolas– que los documentalistas Emilio Delgado y Alberto Martín han detectado que han sido víctimas de empresas fantasma como OAText u Oxbridge Publishing House, otra firma británica. Compañías salidas de la nada, desconocidas en el sector, que compran publicaciones bien ubicadas en los rankings para sacar dinero: el movimiento que sigue a la compra es instaurar si no existía –o multiplicar si ya estaba– el precio por publicar, eliminar filtros de calidad, subir notablemente el número de artículos que se publican y empezar a facturar.

Estas dos empresas ofrecen ejemplos claros de las prácticas que se extienden por el sector. Firmas opacas, sin dueño conocido o una actividad claramente definida –ninguna de las dos ofrece información propia en sus respectivas webs– que compran revistas e intentan rentabilizarlas al coste que sea. Oxbridge quizá sea paradigmática de esta forma de actuar.

Ni siquiera está claro a qué se dedica esta firma, cuyo nombre aparece asociado a operaciones varias de compraventa de publicaciones, según han recogido investigaciones como las de Delgado y Martín o, antes, Fuga de revistas: el caso de ArtsEduca y de otras revistas españolas de Ciencias Sociales, realizada por Álvaro Cabezas, Rafael Repiso y Ángel M. Delgado. Su sello aparecía en las webs de diferentes publicaciones, pero ya no está y la compañía sostiene que “nunca” ha sido propietaria de ninguna revista, según ha explicado un portavoz a este periódico. Según su versión, expuesta en breves emails que dejan sin contestar las preguntas directas planteadas, la compañía solo ofrece servicios relacionados con el mundo científico editorial (alojamiento web, gestiones administrativas o relacionadas con la clasificación de las revistas, posicionamiento SEO o gestión de la revisión por pares, etc.).

Esta postura es contradictoria con versiones pasadas de su propia web –que ha sufrido notables cambios en el último año, especialmente a raíz de la publicación del informe de Delgado y Martín– o incluso con la información que arrojan webs de referencia en el sector, como el portal ISSN o Crossref, que en algún momento de los últimos años identifican a Oxbridge como la editora de varias revistas. Oxbridge ha pasado de describirse a sí misma como una “editorial líder e independiente de revistas académicas” a “no ejercemos de editores, pero proveemos de servicios que ayudan a las revistas en su gestión”.

Poco, pero Oxbridge contesta. OAText, la compañía que adquirió Cuadernos de Economía y que aparece como intermediaria en otras operaciones, no ha respondido a las peticiones de este periódico respecto a por qué mantienen los nombres del anterior equipo editorial como los actuales responsables, cuando les han solicitado por correo certificado que los retiren. Tampoco otras preguntas específicas, como cuántas revistas gestionan o por qué desde que las adquieren sus publicaciones cambian el perfil y nacionalidad de los autores que en ellas publican, dando preponderancia a científicos asiáticos.

La compañía aparece en la lista Beall's de editoriales depredadoras, empresas que han desembarcado en el sector de la publicación científica con el único objetivo de hacer negocio y que responden a un modus operandi muy específico. Oxbridge no figura en esa lista.

Fuera de los 'rankings'

A Hortalà y compañía no solo les robaron la revista; también se la cargaron por el camino. La mala praxis de OAText con Cuadernos –la inundó de artículos dudosos firmados por autores asiáticos, investigaciones que remiten a las fábricas de papers– empezó a levantar sospechas entre las empresas que regulan el mercado editorial científico y deciden el prestigio de las revistas, un elemento fundamental en el sector para atraer autores. Cuadernos pasó de tener más de un 50% de artículos firmados por autores españoles a un 6%. Los investigadores nacionales fueron reemplazados por indonesios, irakíes, vietamitas y saudíes.

Finalmente, solo un año después de que la compañía británica comprara Cuadernos, la publicación fue expulsada de los principales rankings. Su valor (científico) está por los suelos. El trabajo de años primero de Lasuén y luego de Hortalà, con sus respectivos equipos, solo ha servido para que alguien, presuntamente, haya hecho negocio.

Las consecuencias de este tipo de prácticas afectan a los gestores de las revistas, pero también a los investigadores y científicos que pretendían publicar en ellas o, incluso, han trabajado de manera altruista. Le pasó a Roberto Moreno López, profesor en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la revista Comunicar. El caso de esta publicación bien puede ser el ejemplo del daño que este tipo de empresas causan a los científicos.

Comunicar llegó a estar clasificada como la segunda revista más prestigiosa del mundo en su campo, todo un hito para una publicación española. Publicar en ella o participar como editor invitado para algún número, una práctica común en el sector, era objeto de deseo. Moreno tenía el compromiso para participar como editor invitado, pero en mitad del proceso la revista cambió de manos.

“A partir de ahí empezó a torcerse todo”, recuerda un proceso que describe como “desagradable”. “No tuvimos nunca ningún tipo de feedback. Estábamos esperando indicaciones para establecer criterios de evaluación, las cuestiones básicas para mantener los estándares de la revista. Pero pasaron los meses, no recibíamos ninguna contestación y nos empezamos a mosquear”. Como Hortalà y el equipo de Cuadernos, cuando constataron que habían perdido el control editorial sobre su propio número de la revista, exigieron que sus nombres dejaran de figurar. Tuvieron más éxito, los nuevos propietarios escucharon y desligaron a las tres personas afectadas de la revista. De los anteriores propietarios, con el profesor de la Universidad de Huelva Ignacio Aguaded a la cabeza, nunca más se volvió a saber. Este periódico ha tratado de contactar con Aguaded, pero no ha obtenido respuesta.

Empezar de cero

“Solo queremos que se olviden de nosotros”, cuenta entre el lamento y el enfado Hortalà, cuyo nombre aún avala, contra su voluntad, la revista que fundó y con la que ahora no tiene relación. El plan no era ese cuando se hizo el traspaso, cuenta el profesor. “Acordamos que ellos harían la comercialización, pero el consejo de redacción y todo lo demás quedaba tal y como estaba. Nos mandarían los artículos que ellos recibirían para nuestra valoración”. Ellos, el anterior equipo, serían los responsables editoriales y OAText se dedicaría a expandir la revista en el mundo anglosajón, según figuraba en una lista de compromisos adquiridos por la nueva propiedad que nunca se cumplieron.

Entre esa lista figuran una serie de aclaraciones que fuentes del sector califican de extrañas. Según se lee en el texto, la empresa informa a los anteriores editores de que “por el momento” el nombre de OAT no aparecería en la web de Cuadernos y tampoco “se introducirán cambios en la sección de la web [que informa] sobre los detalles de la revista”. Eso quedaría para más adelante. Aún no ha sucedido. La web de Cuadernos no da ninguna pista de a quién pertenece mientras pretende hacer entender que mantiene el anterior equipo editorial. Lo mismo sucede con Comunicar: sin rastro del propietario.

En cualquier caso, para los anteriores editores el trabajo de años, los esfuerzos por ubicar la revista en los ránkings internacionales para convertirla en un recipiente atractivo para que los investigadores quieran publicar sus artículos, se ha ido al traste y han tenido que empezar de cero con otra publicación, Revista de Economía y Finanzas. Pero empezar desde abajo en el mundo editorial científico es una pequeña pesadilla. Como la revista no tiene aún lo que se conoce como factor de impacto, el indicador que establece la importancia de una publicación y por extensión, cuesta atraer autores de prestigio. Y como publican a pocos autores entre los más citados, le cuesta adquirir ese prestigio que le permita situarse en los rankings. La pescadilla que se muerde la cola.

“La mayoría de la gente que está haciendo currículum universitario no publica con nosotros”, admite Hortalà. “Cuesta mucho empezar otra vez, y además con la sombra de esta gente [OAText y Cuadernos de Economía] encima. Es un proceso muy complejo, complicado, duro, que exige mucha paciencia y trabajo”, cuenta con tono cansado. Pero se muestra seguro de que saldrán adelante.

Todos pierden

La pérdida de una revista no solo afecta a los investigadores implicados o los que aspiraran a publicar en ella. Tal y como funciona el sector en España, el daño es para todo el sector público, según explica Delgado, de la UGR. “Las revistas venían siendo editadas por universidades (Fonseca, Artseduca, Cuadernos de Economía), sociedades científicas o profesionales (Revista de Psicología del Deporte, Comunicar) o empresas (El Profesional de la Información, propiedad de una empresa controlada por Félix de Moya), y son sostenidas realmente con fondos públicos. Todos los miembros de sus comités editoriales son profesores de universidad o investigadores de centros de investigación públicos. Son ellos los que soportan no solo la edición sino la evaluación por pares. Si a eso añades que quienes publican son en casi el 100% científicos que trabajan en instituciones públicas, estamos vendiendo a editoriales fantasma o depredadoras todo el valor acumulado de años de trabajo realizado por las comunidades científicas y profesionales que soportaron esas revistas”, ilustra.

A nivel particular, como explica Delgado, las revistas científicas se sostienen en buena parte con el trabajo desinteresado de los científicos, que colaboran voluntariamente o incluso evalúan y corrigen los artículos antes de su publicación. Es la ínclita revisión por pares (peer review), que alimenta un negocio milmillonario. A Moreno López y sus dos compañeros el intento fallido de colaboración con Comunicar le costó dinero, según asegura el profesor.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha comparecido ante la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones, por primera vez, sobre la crisis vivida en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que ha terminado con la destitución de su directora científica, Maria Blasco, y su gerente, Juan Arroyo. 

“De las decisiones tomadas en el Patronato no debe extraerse que se haya detectado ningún tipo de incumplimiento normativo por parte del centro ni de las personas cesadas”, ha resaltado Morant, que también ha defendido que su Ministerio ha actuado a tiempo y con precisión ante una situación insostenible. “Ese equipo de dirección no podía continuar”, ha insistido Morant, quien ha recordado que el Patronato del centro tomó la decisión de cesar a Blasco y Arroyo por la existencia de “un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de excelencia”. 

Ante las acusaciones de los grupos de PP y Vox, Morant ha negado ningún tipo de irregularidad o de comportamiento que no esté ajustado a la normativa en el CNIO y ha asegurado que en los informes que se presentaron ante el patronato “hay afirmaciones que no han sido contrastadas” y que el nuevo equipo de dirección hará las comprobaciones oportunas. 

CNIO Arte se inició en tiempos del PP

Respecto al polémico programa CNIO ARTE, la ministra ha admitido que puede gustar más o menos, pero es un programa puesto en marcha por el centro de acuerdo con el plan de actividad que su equipo directivo había propuesto y fue aprobado por órgano de control, que es el Patronato del CNIO. 

“El programa, por cierto, se puso en marcha en el año 2018, cuando yo no era ministra y el señor Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno”, ha asegurado Morant. Nunca se ha cuestionado su idoneidad en el Patronato, en el que están presentes cuatro comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha recordado la ministra. 

“Quiero que quede meridianamente claro que ni un euro de CNIO ARTE se ha detraído de la investigación y del objeto del CNIO, que es el de la investigación contra el cáncer”, ha sentenciado Morant. “Será el nuevo equipo de dirección quien propondrá o no qué hacer con el CNIO ARTE y será el Patronato quien tome la decisión de si este programa tiene o no sentido de hacerse en el seno del CNIO”. 

La crisis en el mayor centro de investigación contra el cáncer en España se desató en diciembre, cuando la filtración de un informe de transparencia sobre el programa CNIO Arte y una carta firmada por parte de los jefes de grupo del centro que pedían su dimisión pusieron en la picota la gestión de Blasco. La directora científica negó los hechos y acusó a Arroyo de ejercer un poder en la sombra, además de denunciarle por irregularidades contables ante la fiscalía.

En una reunión extraordinaria, el pasado 29 de enero el Patronato del CNIO, el máximo órgano de decisión del centro presidido por el Gobierno, destituyó a los dos directores y abrió un proceso de transición con una dirección científica y una gerencia interinas. 

El director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal (CINC), Juan Lerma, ha presentado su dimisión por discrepancias con la presidencia del CSIC sobre el proyecto que lideraba desde 2019 y que se integra dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá (Ci2A) que se inaugurará el próximo 18 de febrero. 

“Os escribo para informaros de que a primeros de enero presenté mi dimisión como director del CINC a la presidenta del CSIC”, indica Lerma en un correo a los investigadores implicados al que ha tenido acceso elDiario.es. La decisión la tomó, asegura, tras una larga conversación con la directora, Eloísa del Pino, por su fuerte malestar ante el hecho de que el proyecto en el que lleva años trabajando, y que había sido aprobado por la anterior presidencia, ha sido “desmantelado”.

Un símbolo del ladrillazo y los recortes

El megaedificio de Alcalá de Henares que alberga el Ci2A tiene una oscura historia a sus espaldas que se remonta a 2005, cuando el entonces presidente del CSIC, Carlos Martínez Alonso, promovió la creación del Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias (IMMPA). El proyecto, construido a imagen y semejanza del CNIO, pretendía ser un referente en el “ámbito de la investigación de excelencia”, se construyó en una parcela de 50.000 metros cuadrados y costó más de 40 millones de euros, pero nunca entró en funcionamiento. 

El estallido de la crisis inmobiliaria, las ineficiencias del sistema científico español y las guerras internas hicieron que el megacomplejo, con un animalario de 4.500 metros cuadrados, permaneciera vacío durante más de una década, convertido en un símbolo de la falta de liderazgo e inversión y de la “ciencia abandona”. Durante años, el edificio ha estado cerrado a cal y canto y se han dado bandazos en su posible uso, hasta el punto de que se le entregó a la Guardia Civil para que hiciera allí un centro de investigación forense.

Un plan retomado en 2019

En este contexto, en 2011 Lerma encabezó un proyecto para darle nuevo sentido al edificio bajo el paraguas del CINC, que pretendía “dotar a España de un centro de excelencia en neurociencias”. El proyecto decayó hasta que fue retomado en 2019 y aprobado en 2022, después de muchas negociaciones, con la presidenta del CSIC entonces, Rosa Menéndez. 

“Tras el cambio de presidencia del CSIC en julio de 2022, esta iniciativa se vio frenada”, relata Lerma en su mensaje a los colaboradores, y se produjo “un giro conceptual del proyecto inicial, frenándose en diversas ocasiones iniciativas del CINC”, asegura. Lerma recuerda que el CINC iba a liderar el proyecto y ahora se queda sin contenidos, después de que se haya asignado la dirección del Ci2A a la actual directora del Instituto Cajal, Rosario Moratalla.

“Incluso se me recriminó personalmente la instalación de señalética CINC en el edificio”, explica, en referencia a los carteles de la fachada que han sido retirados para la nueva etapa. “Desde entonces, se ha trabajado en la puesta en marcha en ese edificio del Ci2A, no del CINC, adquiriendo el control de todos los servicios, animalario incluido, relegando al CINC en cualquier toma de decisiones”. 

Se trata de dinero que era para un centro de investigación de excelencia, no para mudar el Instituto Cajal dentro de una carcasa de oro

Juan Lerma — Ex director del Centro de Neurociencias Cajal (CINC)

Aunque asegura que quiere irse “sin dar un portazo”, Lerma denuncia que se está dando un uso inadecuado a los fondos que se consiguieron con un proyecto y ahora se van a destinar a otro. “Se trata de dinero que era para un centro de investigación de excelencia, no para mudar el Instituto Cajal dentro de una carcasa de oro”, asegura a elDiario.es, en referencia al traslado del centro de investigación al completo y de la “toma de control” por parte de su directora.

Fuentes del CSIC no han querido entrar en la polémica y aseguran que el Ci2A es un proyecto de neurociencias “muy potente, con una estrategia y estructura de gobernanaza muy claras, viable y ambicioso”. Y que entienden que Lerma no comparta este nuevo planteamiento, por lo que respetan su decisión de dimitir.

La revista Comunicar llegó a estar entre el 10% de las mejores del mundo en su rama. Todo un hito inédito entonces para una publicación española, que había llegado donde nunca lo había hecho antes una revista española: ser una referencia dentro de su campo en el disputado (y rentabilísimo) mundo científico-editorial, una jungla en la que cientos, miles de revistas pelean por llegar a la cima en cada rama del conocimiento para publicar los mejores estudios. En 2023, una compañía prácticamente desconocida en el sector, Oxbridge Publishing House, compró la revista. Un año después Comunicar fue expulsada de las principales bases de datos del mundo por sospechas en su proceder, lo que supone su muerte civil. Del todo a la nada en apenas 12 meses.

No es el único caso del mismo estilo. Se está produciendo un movimiento sutil en el sector científico-editorial con el mismo modus operandi que arrasó a Comunicar, según explican Alberto Martín Martín y Emilio Delgado López-Cózar, documentalistas en la Universidad de Granada: una editorial con poco o ningún nombre compra una revista de éxito y empiezan a realizar prácticas dudosas –multiplicar las publicaciones que realiza, instaurar un modelo de pago o elevar las tarifas si ya existe– para generar negocio y, en ocasiones, acaba siendo víctima de sus políticas y desapareciendo.

Los investigadores han recogido sus hallazgos en el recién publicado artículo La invasión de los ladrones de revistas. “Desde 2020 esta red ha adquirido, con la ayuda de empresas intermediarias, al menos 30 revistas académicas publicadas originalmente en países como España (5), Reino Unido (5), Estados Unidos (5), India (3), Turquía (3), entre otros. Las revistas seleccionadas están indexadas en prestigiosas bases de datos científicas como Web of Science y Scopus”, describen.

Después de abandonar los estándares académicos adecuados, la función principal de estas revistas pasa de fomentar el discurso académico a servir como granjas de APC para sus propietarios

En vez adquiridas las revistas, continúan Martín y Delgado en su estudio, “estas entidades aplican rápidamente transformaciones significativas, como la introducción o el aumento sustancial de las tasas de procesamiento (APC, el dinero que pagan los investigadores para que se publiquen sus artículos con acceso abierto a todo el mundo) junto con un aumento sin precedentes del volumen de publicaciones. Este crecimiento se debe tanto a la afluencia de contribuciones ajenas a la comunidad académica original, como por la publicación de artículos sobre temas que se salen del ámbito de la revista. (...) Después de abandonar los estándares académicos adecuados, la función principal de estas revistas pasa de fomentar el discurso académico a servir como granjas de APC para sus propietarios”.

Por el momento los investigadores de la UGR han documentado 36 casos, varios de ellos de publicaciones españolas (Cuadernos de Economía, Revista Comunicar, Profesional de la Información, Revista de Psicología del Deporte, Artseduca y la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física del Deporte) y otros muchos intentos en forma de ofertas que no fueron atendidas. El problema, explican ambos documentalistas, no es solo del sector editorial, que también: afectará a los investigadores que querían publicar en estos medios e incluso habrá dejado a algunos atrapados en mitad de todo este proceso. Personas que enviaron una propuesta de artículo y que, en el proceso de aceptación del texto, ven cómo la revista ha dejado de tener valor para publicar en ella.

“Lo que queremos con este trabajo es desvelar la trama, describir el proceso y analizar los cambios que se están produciendo”, explica Martín. Subidas de precios, opacidad y oscurantismo con los equipos editoriales, DOIs falsos (el identificador único que tiene cada artículo), desembarco masivo y repentino de autores extranjeros o publicación de artículos no relacionados con el área de la revista son algunas de las prácticas habituales detectadas por los documentalistas, unas maneras de proceder que remiten a las conocidas como editoriales depredadoras o incluso las fábricas de artículos. “Es una monetización extrema”, resume Delgado.

Algo similar, pero más limitado y referido solo a un puñado de revistas españolas, hicieron Álvaro Cabezas Clavijo, Rafael Repiso Caballero, y Ángel M. Delgado Vázquez en Fuga de revistas: el caso de ArtsEduca y de otras revistas españolas de Ciencias Sociales. En este caso, los investigadores de las universidades Internacional de La Rioja, de Málaga y la Pablo de Olavide de Sevilla sostienen que “la hipótesis más plausible es que esta revista ha pasado a ser controlada por un grupo empresarial que negocia paquetes de publicaciones, y que estos autores se encuentran inmersos en redes donde se le facilita la publicación fácil a cambio de dinero”.

Un chalet, cuatro empresas

El número 62 de Bernards Road, en Solihull, un pequeño municipio inglés en las afueras de Birmingham, es un chalet unifamiliar de ladrillo visto exactamente igual que el resto de edificios de la misma calle. Nada lo distingue desde fuera de los otros inmuebles. Mismo pequeño jardín, mismo murete perimetral que no tapa nada y mismas rejas de hierro forjado rodeando el perímetro. Pero el número 62 de Bernards Rd tiene algo que lo diferencia de sus vecinos: es la sede de cuatro editoriales de revistas científicas, que teóricamente se apelotonan entre sus paredes.

Entre ellas está Oxbridge Publishing House, la compañía que adquirió Cuadernos y otras revistas y que levanta las sospechas de Delgado y Martín. Todo lo que rodea a esta compañía es sospechoso a los ojos de los dos investigadores, desde su nombre, que remite a las prestigiosas universidades británicas de Oxford y Cambridge sin tener relación alguna con ellas hasta su aparente conexión con otras empresas del sector y de la sede que comparten (mismos empleados, como Muhammad Hasseb o Nira Hariyatie Hartani, nombres que aparecen también en diversos consejos editoriales de publicaciones, material idéntico en sus webs) pasando por el hecho de que ninguno de los dos, expertos en revistas, habían oído hablar de ella con anterioridad.

“El número 62 de Bernards Rd es el síntoma de un sistema en corrupción, cada vez más orientado al negocio”, escriben los autores. El bibliotecario jubilado Jeffrey Beall explicó en su momento que el objetivo de este tipo de maniobras era “no solo comprar revistas, sino también métricas e indexación”, como los factores de impacto de las revistas y la inclusión en las listas Scopus y PubMed, de referencia en el sector, “con el fin de buscar legitimidad”.

El tiro por la culata

Pero la operación puede acabar saliendo rana, porque muchas de las revistas que adquiridas por estas empresas en los últimos años han sido expulsadas de las bases de datos que ordenan el sector antes de que les haya dado tiempo a dar beneficios. Según la investigación de Martín y Delgado, 17 de las 36 revistas compradas por empresas sospechosas estuvieron en algún momento indexadas en la Web of Science Core Collection y todas ellas aparecían en Scopus, dos de las referencias del sector. De las 17 de Web of Science, expone el artículo, 10 se han sacado de las listas; el mismo camino han seguido ocho en Scopus. Entre las razones citadas para estas expulsiones están “problemas de publicación” (seis revistas) y “RADAR” (un algoritmo de análisis que identifica resultados atípicos).

Para una revista, salir de las bases de datos es una estocada casi mortal, al menos si aspira a estar en ellas. Tradicionalmente, a los científicos se les premia por publicar en revistas prestigiosas. Cuanto más alto estén en los rankings, mejor para los autores. Este simple axioma, resumido en el famoso “publicar o morir” que rige la carrera investigadora (aunque muchos países, como España, están haciendo esfuerzos para salir de esa lógica), sería la justificación para que estas empresas estén comprando revistas de prestigio, como explicaba el bibliotecario Beall y aventuran también Martín y Delgado. Una vez adquirido el bien de deseo, sugieren los investigadores, se intenta exprimir el producto al máximo.

La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha pasado de tener un 90% de autores españoles a un 13%. Artseduca tenía un 51% y hoy es un 8%, Cuadernos de Economía ha pasado del 68% al 6%

Hay varias maneras para ello. Las más obvias, describe el artículo, son introducir un coste por publicar artículos o elevarlo cuando ya existe. Esto es posible gracias al sistema de publicación de ciencia en las revistas. La idea (de las editoriales, que han conseguido implantar esa política en todo el mundo salvo algunos casos) es que alguien tiene que pagarles por publicar. Tradicionalmente eso había correspondido a los lectores interesados, que se suscribían a las revistas para leer los artículos. Pero ese método tenía límites evidentes: las suscripciones eran caras e impedían a mucha gente acceder a los textos.

Problema-solución, el sistema abrió otra puerta hace años: en vez de pagar por leer, se pagaría por publicar en abierto. Así nacieron los llamados APC (article proccesing charges), por los que eran los investigadores quienes costeaban la publicación a cambio de que esta fuera en abierto, para todo el mundo. El negocio es redondo para las editoriales en cualquiera de los casos (ambos conviven, según la revista): los estados (normalmente) financian las investigaciones, otros científicos las revisan por amor al arte y ellas apenas las maquetan y publican, un modelo que deja beneficios milmillonarios a las editoriales.

De cero a 3.000 euros

Esto ha sucedido en varias de las revistas analizadas por los documentalistas de la UGR. En casi la mitad de ellas antes no había APC y ahora sí, revela el estudio. En otras el precio por publicar ha subido. Algunas cobran diferente en función de la nacionalidad del autor (2.500 libras –unos 3.000 euros– a españoles y brasileños, 5.000 al resto en la Revista de Psicología del Deporte, por ejemplo, que antes costaba 300 euros). La española Artseduca ha pasado de no cobrar a pedir 2.000 libras por artículo.

También, continúa el estudio, ha habido cambios notables en quién publica en estas revistas y cuánto. El aumento de las publicaciones no necesita mucha explicación: al cobrar por artículo, cuántos más se incluyan en una revista más facturará la empresa dueña. Un ejemplo de esta práctica es Comunicar, una revista que solía publicar 10 artículos y en el primer número desde su adquisición duplicó esa cifra hasta 20, según el estudio.

La mayoría de los nuevos autores provienen de países como China, Indonesia, Irak, Tailandia o Arabia Saudí, naciones que se vinculan con malas prácticas, como la compra-venta de autorías o las llamadas fábricas de artículos

Respecto a las nacionalidades de los autores, la investigación de Martín y Delgado explica que para ciertas revistas lo habitual es que sean los investigadores de ese país los que más publican, una tendencia que se ha invertido en muchos de los casos analizados. El más extremo es la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que ha pasado de tener un 90% de autores españoles a un 13%. Artseduca tenía un 51% y hoy es un 8%, Cuadernos de Economía ha pasado del 68% al 6%.

A este cambio se añade otra circunstancia sospechosa. La mayoría de los nuevos autores provienen de países como China, Indonesia, Irak, Tailandia o Arabia Saudí, naciones que se vinculan con malas prácticas, como la compra-venta de autorías o las llamadas fábricas de artículos (paper mills, en inglés). Como explica un “decepcionado” miembro del consejo editorial de una de estas publicaciones, que prefiere mantener el anonimato, desde que fue adquirida “la revista está aceptando trabajos de dudosa calidad de ciertos países famosos por sus malas prácticas”.

Otros movimientos cuestionables –según el estudio de Martín y Delgado– que están realizando estas revistas son la inclusión de artículos de temáticas no relacionadas con la especialidad de la revista, como publicar un texto llamado Revisión de los procesos de seguimiento y evaluación de las prácticas de buena gobernanza en Sudáfrica en una revista de nombre Kurdish Studies (Estudios kurdos), otra de las recientemente adquiridas por empresas dudosas, o cambios en los equipos editoriales que no se notifican o no se actualizan en las webs.

Esta última práctica es la que se ha llevado a cabo con la revista española Cuadernos de Economía. Oxbridge adquirió la publicación, y tras una serie de malas prácticas el anterior equipo editorial se desvinculó de ella. Pero la nueva propietaria no sacó sus nombres de la web pese a que los afectados se lo han pedido incluso por burofax, según confirma su anterior director, Joan Hortalà, que aún aparece como responsable de la revista contra su voluntad.

“El motivo es generar beneficios”

Todos estos fenómenos juntos llevan a los autores a concluir que “las prácticas descritas, combinadas con la introducción o el aumento sistemático de las tasas de publicación, sugieren claramente que el principal motivo para adquirir estas revistas es generar beneficios, a menudo a expensas de las normas de publicación. (...) Se puede afirmar que, al menos en el caso de algunas de estas revistas, su misión original de fomentar el discurso académico se pierde tras la transición, sustituida por motivos lucrativos y caracterizada por un descenso del nivel de las publicaciones”.

Alertan Martín y Delgado de que “este fenómeno suscita preocupaciones críticas sobre el estado general de la comunicación académica, con especial énfasis en los desafíos a los que se enfrentan las revistas independientes y pequeñas”. Por un lado, explican, está el peligro de que este tipo de empresas operen durante largos períodos de tiempo sin ser detectadas. Por otro, destacan “la escasez de recursos a la que se enfrentan a diario muchas revistas pequeñas, incluso aquellas que logran el éxito y el reconocimiento dentro de sus comunidades, una escasez que las vuelve vulnerables a ”la perspectiva de una compensación económica tras años de gestión de la revista, a menudo con escaso reconocimiento“.

Cuando Maria Blasco fue nombrada directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), allá por junio de 2011, no había estado en las primeras listas de candidatos. Por entonces ya tenía una brillante carrera científica en el campo de la biotecnología y llevaba trabajando desde 2003 en el centro, del que era vicedirectora. Su ascenso fue accidental y complicado porque, tras anunciar su marcha, el creador y director del CNIO, Mariano Barbacid, había protagonizado un violento choque con la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia. 

El enfrentamiento, a cuenta de las fórmulas de financiación del centro y en plena campaña de recortes por la crisis, saltó a las revistas científicas internacionales como Nature, que lo calificó como “culebrón”, porque tenía todos los componentes de una telenovela. Fuentes de aquella negociación aseguran que Barbacid tenía tal enfado que boicoteó el proceso de elección de su sucesor y los candidatos se retiraron por un motivo o por otro. En un giro inesperado de los acontecimientos, se pasó a los vicedirectores y se eligió justo a la candidata que él no quería, según las mismas fuentes.

Un conflicto larvado

En la dirección gerente continuó el hombre de confianza de Barbacid, Juan Arroyo, con quien los roces no tardaron en llegar, según relatan quienes lo vivieron. La forma de actuar de Blasco, con fama de autoritaria, le fue sumando nuevos enemigos, mientras ella vivía en una burbuja de reconocimientos y premios, convertida en un símbolo de la igualdad y de la investigación científica puntera, ajena al tictac que se escuchaba en los pasillos y laboratorios.

El mal ambiente en el mayor centro de investigación contra el cáncer iba creciendo y emitía algunos destellos de aviso de cuando en cuando (con la polémica salida del investigador Manuel Hidalgo de 2016, por ejemplo), como una máquina que muestra señales de estar averiada. Hasta que en diciembre de 2024, se alinearon todos los elementos necesarios para que el conflicto estallara en varios frentes a la vez: los palitos en las ruedas de los viejos adversarios, las quejas de quienes sufrieron alguna vez sus conocidos malos modos, las denuncias por acoso que quedaron en el cajón, el malestar de la plantilla técnica por los bajos salarios y el hartazgo de una parte de los investigadores principales, que la acusan de la falta de medios y liderazgo.   

La bomba de relojería estalló en forma de un nuevo escándalo, más dañino aún para la imagen del CNIO, pues se ha dirimido en los tiempos de la intoxicación informativa, con la máquina del fango a pleno rendimiento, que ha tenido un papel clave en esta historia.

“La directora del CNIO gastó en viajes al menos 600.000 euros en dos años”, “La directora del Centro contra el cáncer se compró al contado dos casas en Galicia”, “La directora del CNIO se gastó casi 300.000 euros en 'accesorios Apple'”. El goteo de informaciones falsas o con medias verdades fue destruyendo su reputación y conduciendo a una estrategia de defensa errática y con decisiones poco atinadas, como compararse con las víctimas de la persecución nazi en Auschwitz, o convocar a los medios para anunciar querellas no muy bien argumentadas. 

De “tranquilo” a catastrófico

El desenlace ha sido la destitución de Maria Blasco al frente de la dirección científica del centro y de Juan Arroyo como director gerente, en una reunión extraordinaria del Patronato enturbiada por las filtraciones. “Ni la llegada a la dirección científica fue fácil ni la salida lo ha sido”, reconoce Blasco en su carta de despedida del CNIO, tras la decisión del Patronato.

Para sorpresa de todos, la ya exdirectora sostiene en la misiva que ella había acordado una “salida tranquila” de la dirección con el Secretario de Estado de Ciencia en 2024, Juan Cruz Cigudosa, pero todo se precipitó en diciembre, cuando empezaron a salir informaciones sobre el escaso retorno del plan CNIO Arte y diversas noticias falsas sobre su patrimonio y su gestión.

En aquel momento sintió que debía defender su reputación y la del centro, reconoce Blasco, y decidió plantar cara, mientras el hilo que se había establecido con el ministerio para una “salida pactada” se iba desvaneciendo. Como ella misma dice en su carta, a partir de ese momento quedó “a merced de todas las tempestades en soledad”, porque ya nadie quería salir a su lado en la foto.

La opereta ha terminado con la salida de las dos cabezas visibles de la crisis, aunque entre bambalinas quedan muchos heridos y damnificados. Hasta que se calmen las aguas del todo, el Patronato ha nombrado como director científico interino a Fernando Peláez, un investigador respetado por todos, y una comisión llevará temporalmente la gestión administrativa y contable. En su resolución, el órgano justifica la decisión porque existe “un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia”, que es una forma suave de describir los intercambios de puñaladas que se han vivido en los últimos dos meses. 

Blasco asegura que seguirá con su grupo de trabajo, que tiene financiación para continuar varios años con su prometedora línea de investigación, al margen de polémicas y que no interferirá con la nueva dirección. Según ha podido saber elDiario.es, conversaciones con el ministerio han encauzado las aguas en este sentido.

Después de la tormenta, ni Blasco ni nadie quiere más culebrones en el CNIO, más cruces de acusaciones y denuncias en los juzgados. Por un tiempo quizá todo sean sonrisas, buenas caras y parecerá que aquí no ha pasado nada, por el bien de la institución, la misma que todos olvidaron mientras se arrastraban unos a otros por el barro. Pero el impacto ha sido de tal calibre que, en este centro maldito desde su nacimiento, nadie se atreve a afirmar al cien por cien que no se esté escribiendo ya el guion de una nueva temporada.

María Blasco asegura en una carta de despedida a los trabajadores del CNIO, tras ser destituida este miércoles junto al director gerente por las acusaciones sobre su gestión, que en 2024 pactó una “salida tranquila” con el Ministerio de Ciencia que lidera Diana Morant. Consultados por esta cuestión, desde el Ministerio no han querido hacer declaraciones.

“Hoy puedo decir públicamente que había acordado con el Secretario de Estado de Ciencia en 2024 un cambio de Dirección”, asegura Blasco en la misiva. “Y que mi deseo se había comunicado a la Ministra Morant. Acordamos que el relevo se realizara de manera ordenada y tranquila en beneficio de la institución y mi labor de 14 años al frente del CNIO”.

La exdirectora del CNIO también afirma en la carta haber sufrido mucho con los silencios y haberse sentido “a merced de todas las tempestades en soledad”. “Ni la llegada a la dirección científica fue fácil ni la salida lo ha sido”, escribe. Reproducimos el contenido íntegro de la carta:

Gracias CNIO por estos 14 años

“Dicen que somos dueños de nuestras palabras, pero esclavos de nuestro silencio. Y, como escribió Shakespeare en La Tempestad, la verdad nos hará libres, pero antes nos hará sufrir. 
Así es como me he sentido estas últimas semanas. Cuando he expresado en palabras la verdad y he sufrido mucho con los silencios.

Soy, ante todo, una servidora pública. Y mi posición durante 14 años siempre ha sido clara: este puesto está siempre a disposición para que otra compañera/o investigador construya sobre lo logrado. Siempre sujeto, por tanto, como dicen los Estatutos de la Fundación, a lo que estime el Patronato. En la vida hay que saber llegar y saber marcharse. Ni la llegada a la dirección científica fue fácil ni la salida lo ha sido. Hoy puedo decir públicamente que había acordado con el Secretario de Estado de Ciencia en 2024 un cambio de Dirección. Y que mi deseo se había comunicado a la Ministra Morant. Acordamos que el relevo se realizara de manera ordenada y tranquila en beneficio de la institución y mi labor de 14 años al frente del CNIO.

Desde el inicio de mi mandato en 2011 recomendé que el Patronato finalizara con la bicefalia y se produjera el cese del Director Gerente, que es la persona que decide todas las contrataciones del CNIO y el único que tiene firma. Celebro la decisión del Patronato extraordinario de hoy que ha decidido su destitución 14 años después. Lo hemos conseguido. Mi salida tenía que producirse porque 14 años son muchos. Y el CNIO está por encima de todos nosotros.

A pesar de que se ha orquestado una campaña de desinformación con el objetivo de deshumanizarme con todo tipo de bulos, que todos conocéis y sabéis que es falso, y de atentar contra mi honorabilidad, no nos hemos arrugado en el momento decisivo y no nos han doblegado. Nunca jamás haría algo así. Todo este tiempo, sobre todo, estas últimas semanas en que he estado a merced de todas las tempestades en soledad, me he dedicado a defender lo único importante: al equipo del CNIO y, cómo no, la gestión del equipo de dirección científica que hemos estado al frente de esta institución. Gracias Óscar Llorca y Óscar Fernández-Capetillo, gracias Roke Oruezabal, gracias a todo el equipo, Comunicación, Filantropía, Imagen Institucional, Eventos, Gestión Científica, Oficina de la Mujer y Diversidad. Lo repito: no he querido ganar ninguna batalla mediática, sólo ganar la batalla al cáncer.

Quiero dar las gracias en mayúsculas al CNIO por estos 14 años. Gracias a la casa de la que he sido la cara visible durante 14 años. He trabajado de la mano de distintos gobiernos y de diferente signo político con las dificultades y equilibrios que conlleva. Gracias también a todos ellos y a sus presidentes del Gobierno. Y gracias, me emociona escribirlo y se me humedecen los ojos, a la gran profesionalidad y compromiso de tantos y tantas altísimos profesionales y magníficas personas que han estado al frente del Patronato del CNIO y con quienes he tenido el placer, y digo placer, de escucharles, aprender de ellos y compartir todos estos años pasados. Gracias CNIO siempre, de corazón.

Hay palabras y silencios. Y, como continuaba Shakespeare en el mismo libro “siempre nos quedará la memoria. Lo que es pasado es prólogo”. Nos volveremos a encontrar en el futuro y en la ciencia, siempre.“ María Blasco

El Patronato del CNIO, el máximo órgano de decisión del centro presidido por el Gobierno, ha destituido a Maria Blasco al frente de la dirección científica del centro y a Juan Arrroyo como director gerente. El Patronato ha tomado la decisión por unanimidad tras reunirse este miércoles para estudiar los informes detallados solicitados a ambos ante la gravedad de las denuncias sobre su gestión conocidas desde el pasado mes de diciembre.

La decisión ha sido “cesar de sus funciones tanto a su actual directora científica como al director gerente del centro” y nombrar a Fernando Peláez como director científico interino. El organismo ha decidido encargar a la Comisión Delegada del CNIO, presidida por Instituto de Salud Carlos III, la gestión administrativa y contable de forma interina y ha iniciado el proceso de apertura de un concurso público internacional para la búsqueda de una nueva dirección científica para el mayor centro español de investigación contra el cáncer. 

El máximo órgano de decisión del centro, en el que hay representación de Presidencia del Gobierno, el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC y cuatro comunidades autónomas, justifica la decisión por “la necesidad de iniciar una nueva etapa en el CNIO”, ya que entiende que en estos momentos existe “un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia”.

Blasco dice que pactó una “salida tranquila”

Tras el anuncio, el gerente ha declinado hacer declaraciones y Blasco ha enviado una carta de despedida a los trabajadores del CNIO en la que afirma haber sufrido mucho con los silencios y haberse sentido “a merced de todas las tempestades en soledad”. “Ni la llegada a la dirección científica fue fácil ni la salida lo ha sido”, escribe la ya ex directora del CNIO.

Blasco también revela un dato desconocido hasta ahora: “Hoy puedo decir públicamente que había acordado con el Secretario de Estado de Ciencia en 2024 un cambio de Dirección”, asegura. “Y que mi deseo se había comunicado a la ministra Morant. Acordamos que el relevo se realizara de manera ordenada y tranquila en beneficio de la institución y mi labor de 14 años al frente del CNIO”. Desde el Ministerio no han querido hacer declaraciones.

Un mes de acusaciones

La polémica se desató en diciembre, cuando la filtración de un informe de transparencia sobre el programa CNIO Arte y una carta firmada por parte de los jefes de grupo del centro que pedían su dimisión pusieron en la picota la gestión de Blasco.

Durante este tiempo, la directora científica ha negado sistemáticamente las acusaciones, incluidas las que hablan de diez denuncias de acoso laboral presentadas desde que tomó posesión del cargo en 2011, y ha contraatacado acusando de interferir en su trabajo al director gerente, a quien denunció este mismo martes por irregularidades contables ante la Fiscalía. El gerente ha negado las acusaciones vertidas por Blasco y asegura no tener noticia de ninguna denuncia.

Ante la crisis de reputación del centro, el Patronato ha decidido resolver la situación destituyendo a los dos directores y abriendo un proceso para acabar con la situación de falta de entendimiento y bicefalia en la que el CNIO ha vivido durante los últimos 14 años.

El Patronato del CNIO, el máximo órgano de decisión del centro, prepara la destitución de Maria Blasco al frente de la dirección científica y estudiará la continuidad del director gerente en la reunión de este miércoles, según ha adelantado El País y admiten fuentes del Ministerio de Ciencia. El Patronato se reúne tras suspender la presentación de las cuentas anuales el pasado 17 de diciembre y encargar sendos informes detallados a la directora científica, Maria Blasco, y al director gerente, Juan Arroyo, ante la gravedad de las denuncias aparecidas en diferentes medios de comunicación desde el pasado mes de diciembre.

Según ha podido saber elDiario.es, la directora científica ha presentado un informe que señala las trabas que ha puesto la gerencia a su labor y denuncia que ha puesto en marcha varias propuestas por su cuenta sin pasar por la dirección científica. El gerente, por su parte, ha preparado un documento de más de 600 páginas en el que se incluyen las denuncias por acoso que se han filtrado a algunos medios y de las que ella dice no tener noticia. La publicación a última hora del martes de la posición del Gobierno respecto a Blasco también ha causado malestar en algunos miembros del Patronato, que tampoco han recibido los informes con tiempo suficiente para estudiarlos.

Denuncias y acusaciones

La filtración de un informe de transparencia sobre el programa CNIO Arte y una carta firmada por parte de los jefes de grupo del centro que pedían su dimisión pusieron en la picota la gestión de Blasco, que paralelamente fue objeto de una campaña de noticias falsas por medios de ultraderecha.

La directora científica ha negado sistemáticamente las acusaciones, incluidas las que hablan de diez denuncias de acoso laboral presentadas desde que tomó posesión del cargo en 2011, y ha contraatacado acusando de interferir en su trabajo al director gerente, a quien ha denunciado este mismo martes por irregularidades contables ante la Fiscalía. También ha asegurado ser víctima de una campaña de deshumanización, que incluye amenazas de muerte, y ha denunciado a tres medios por publicar noticias falsas. 

El gerente, Juan Arroyo, ha negado a este medio las acusaciones vertidas por Blasco y asegura no tener ninguna noticia de ninguna denuncia. “Lo indicado por doña María Blasco no corresponde con la información publicada en el portal de transparencia del CNIO y exigida por el Tribunal de Cuentas”, asegura. Por este motivo, lamenta “que una información tan imprecisa se utilice públicamente para desprestigiar a la institución y para presentar una supuesta denuncia ante la Fiscalía”.  

Las claves de esta batalla interna se explican por una situación de bicefalia heredada del pasado, en la que el creador y exdirector del centro, Mariano Barbacid, ha utilizado su influencia para erosionar la gestión de Blasco, incluida una carta dirigida al Patronato. Pero también por las consecuencias de una gestión ensimismada, según sus críticos, que ha llevado a una parte de los jefes de grupo del CNIO a firmar una carta pidiendo su marcha por la falta de medios y de liderazgo del centro.

Los protagonistas, ausentes

La reunión, convocada a partir de las 11:00h de la mañana, se producirá sin la presencia de los dos principales protagonistas, a pesar de que los estatutos indican que ambos “asistirán a las reuniones del Pleno y de la Comisión Delegada del Patronato, con voz pero sin voto”. 

Este documento establece también que los acuerdos “se adoptarán por mayoría absoluta, y en caso de empate decidirá el voto de calidad del presidente”, puesto que ostenta siempre el responsable de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La titular es en esta ocasión Eva Ortega-Paino, nombrada en diciembre de 2023, quien había trabajado anteriormente en el CNIO.  

El resto de puestos en el Patronato los ocupan cargos institucionales como la directora del Instituto de Salud Carlos III, la presidenta del CSIC, el director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete Presidencia Gobierno y varios vocales que pertenecen a diversas instituciones científicas y fundaciones. A ellos se suman los representantes de las cuatro comunidades autónomas patronas del centro, Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia, todas gobernadas por el PP, posicionado contra la gestión de Blasco. 

“El daño ya está hecho”

Tome la decisión que tome el Patronato este miércoles, la herida infligida al CNIO y a la reputación de la investigación contra el cáncer es de las que costará mucho tiempo reparar. Fuentes del centro revelan que se ha producido un gran número de bajas entre los donantes y “amigos del CNIO” y llamadas de pacientes. “El daño de la campaña de odio ya está hecho”, dicen estas mismas fuentes. “Muchas personas nos llaman para decir que no nos dan más dinero, porque aportaban para investigar el cáncer, no para comprar cuadros”.  

Sobre la mesa queda una cuestión pendiente: si la ministra de Ciencia, Diana Morant, y su gabinete, que tiene constancia de los problemas de bicefalia en el CNIO al menos desde 2022, podrían haber gestionado esta crisis de otra forma y sin producir un daño catastrófico en la imagen de uno de los centros de mayor prestigio de la ciencia española. Con lo que se decida en la reunión veremos si esta situación se reconduce o la espiral de destrucción se prolonga en el tiempo, también en los juzgados. 

A pocas horas de la reunión del Patronato que debe analizar su gestión y la del director gerente, la directora científica del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), Maria Blasco, ha formalizado ante la Fiscalía una denuncia por irregularidades en los contratos menores del centro, que atribuye al director gerente, Juan Arroyo.

Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, Blasco pone en conocimiento de la Fiscalía “los contratos menores correspondientes al primer trimestre de 2024, con una cuantía que supera en su conjunto los 1,5 millones de euros” y destaca que “una parte significativa de las adjudicaciones de estos contratos en un grupo coincidente de empresas que a su vez comparten administradores entre ellas, lo que arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación”. 

La directora del CNIO asegura que ha sido informada de que “se está produciendo igualmente una contratación a través de acuerdos marco” con estas empresas por importes que llegan a los 2,2 millones de euros en el primer trimestre de 2024.

El gerente, Juan Arroyo, ha negado a este medio las acusaciones vertidas por Blasco y asegura no tener ninguna noticia de ninguna denuncia. “Lo indicado por doña María Blasco no corresponde con la información publicada en el portal de transparencia del CNIO y exigida por el Tribunal de Cuentas”, asegura. Por este motivo, lamenta “que una información tan imprecisa se utilice públicamente para desprestigiar a la institución y para presentar una supuesta denuncia ante la Fiscalía”.  

Según ha podido comprobar elDiario.es, una denuncia anterior por malversación contra el gerente del centro, Juan Arroyo, fue desestimada en marzo de 2024 por el juzgado de instrucción nº 22 de Madrid. La querella fue presenta por el partido Vox por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por la contratación por una cuantía inferior a los 300.000 € con varias empresas en los años 2017 y 2018. La denuncia fue desestimada por la jueza por no hallar indicios de delito.

Ante las peticiones de dimisión, Blasco ha reiterado su intención de permanecer en el puesto para “completar su tarea” para que le sustituya otra persona, y ha insistido en la capa de difamación y deshumanización que ha sufrido, por ello que también ha interpuesto denuncias contra tres medios de comunicación, que no han rectificado informaciones sobre su gestión. 

Maria Blasco se encuentra en el centro de una espiral de críticas que comenzó a mediados de diciembre, tras la filtración de un informe de transparencia sobre el programa CNIO Arte y una carta firmada por parte de los jefes de grupo del centro que pedían su dimisión. Esta situación llevó al Patronato a suspender la presentación de las cuentas anuales y a pedir sendos informes detallados a la dirección científica y al director gerente, Juan Arroyo, para decidir sobre su continuidad, que sigue convocada para este miércoles 29 de enero.

* Nota: tras poder acceder a él a última hora de la tarde, se ha incorporado la declaración del gerente, negando las acusaciones.

La última vez que el liderazgo del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO) se tambaleó, con la salida de Mariano Barbacid entre 2009 y 2011, la polémica llegó hasta las revistas científicas Nature y Science, que calificaron el episodio como “culebrón”. Más de una década después, el terremoto se repite con algunos de los mismos protagonistas: la entonces recién llegada Maria Blasco afronta ahora una serie de acusaciones a las que se ha sumado el creador y exdirector del centro y en la que se reviven viejas rencillas.

Desde el pasado 11 de diciembre, sobre la gestión de la actual directora científica, Maria Blasco, se han arrojado una serie de sombras, aderezadas por una campaña de noticias falsas desde medios de ultraderecha, con querella de Manos Limpias incluida. Entre los hechos ciertos, el descontento de la plantilla por los bajos salarios, el déficit estructural y la falta de equipos técnicos y la carta firmada por la mitad de los jefes de grupo en la que pedían públicamente la dimisión de Blasco por su falta de liderazgo y transparencia y la pérdida de competitividad del CNIO.

Blasco niega las acusaciones y asegura no tener poder sobre las decisiones económicas del centro, como establecen los estatutos, además de ser víctima de una situación de bicefalia que perjudica gravemente a la institución y que estudia denunciar ante la fiscalía. El director gerente, Juan Arroyo, es el mismo que estaba en la época de Barbacid y, según trabajadores del CNIO que han sido testigos de las desavenencias, la relación entre ambas direcciones ha sido problemática desde el principio. El Patronato estudiará este miércoles 29 los informes detallados que pidió a ambos hace un mes para decidir sobre su continuidad.

Deslealtad y falta de transparencia

En junio de 2022, Blasco escribió una carta a la entonces secretaria general de Investigación y presidenta del Patronato, Raquel Yotti, en la que pedía auxilio ante la situación y el relevo del director gerente ante lo que denominaba falta de transparencia y deslealtad. “Este comportamiento, sostenido a lo largo de los años, ha resultado en daños al CNIO y a mi labor como directora científica”, decía en la misiva, en la que también confesaba que la situación había supuesto “un grave daño” a su “bienestar físico y emocional”. A preguntas de este medio, ni Yotti ni el Ministerio de Ciencia han querido comentar el contenido de aquella carta ni qué se hizo (o no) entonces.

Este comportamiento de la gerencia, sostenido a lo largo de los años, ha resultado en daños al CNIO y a mi labor como directora científica

Carta de Maria Blasco a Raquel Yotti en junio de 2022

El alineamiento del gerente con la antigua dirección ha quedado de manifiesto esta semana tras conocerse la carta en su defensa presentada por Mariano Barbacid ante el Patronato del CNIO y publicada por el diario El País. En ella, Barbacid apela a su autoridad moral como fundador del centro para defender a Juan Arroyo como una persona “esencial” y reclama que se le mantenga en el puesto y “darle plena autoridad” sin las “cortapisas” que ha sufrido desde que María Blasco dirige el centro.

Con “cortapisas” Barbacid hace referencia a la negativa de Blasco a poner en marcha la Agrupación de Interés Económico en el CNIO, un suculento plan de financiación privada diseñado por el gerente y defendido a capa y espada por él mismo tras anunciar su salida en 2009 y que el ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia descartó por ser ilegal. 

Viejos fantasmas en el CNIO

La polémica se ha reactivado después de que, en una comparecencia ante los medios, Blasco asegurara que Juan Arroyo y Mariano Barbacid fueron responsables de pedir unos créditos de alrededor de 43 millones de euros para hacer un ambicioso programa de desarrollo de fármacos que no produjo los beneficios esperados en cinco años y que comprometieron la viabilidad del CNIO. “Como resultado, los costos de operación y pago del préstamo crearon un déficit que ahora consume una parte sustancial del presupuesto (las llamadas reservas del CNIO)”, decía un informe del comité científico asesor encabezado entonces por Joan Massagué.

Consultado sobre estas afirmaciones, Barbacid reconoce la existencia de los préstamos para poner en marcha el Programa de Investigación Clínica y el de Terapias Experimentales. “Lo que no ha dicho es que se pagaron puntualmente con la devolución del IVA (3 o 4 millones al año), algo que consiguió Juan Arroyo para el CNIO al poco tiempo de llegar”, asegura a elDiario.es. Barbacid acusa a Blasco de mentir y de haber llevado a una situación financiera peor que la suya, aunque defiende la gestión del director gerente, responsable último de las cuentas. 

En 2011 el CNIO ingresó 53 millones de euros. En 2023, ha ingresado un 40% menos de lo que se ingresaba 12 años antes

Mariano Barbacid — Creador y ex director del CNIO

“Cuando dejé la dirección del CNIO teníamos ahorrados 45 millones de euros”, insiste. “En 2011, ingresó 53 millones de euros, que serían ahora unos 70 millones”, asegura. “En 2023, el CNIO ha ingresado por los mismos conceptos 42 millones de euros, es decir, un 40% menos de lo que se ingresaba 12 años antes”. Desde la contraparte aseguran que esos 45 millones de los que habla incluyen el abultado préstamo que dejó al centro en números rojos.

Puenteando a la directora científica 

Según fuentes internas del CNIO, las cosas empezaron a ponerse difíciles para Blasco hace unos meses, cuando se alinearon los astros a favor de sus críticos: un cambio en la secretaría del ministerio que modificó las relaciones de confianza, el acceso a la presidencia del comité de empresa de una persona del equipo de Barbacid y el control del comité de conflictos laborales habrían propiciado en parte la crisis. En comunicaciones internas ha habido acusaciones por la filtración de datos falsos o sesgados a los medios desde estas instancias.

El informe presentado ante el Patronato por la dirección científica, al que ha podido acceder elDiario.es, no entra en cuestiones económicas, que están bajo el paraguas de la gerencia, pero sí señala las trabas que ha puesto esta, así como las propuestas que ha puesto en marcha por su cuenta sin pasar por la dirección científica. Según el informe, se ha usado dinero de proyectos científicos como el Severo Ochoa o Amigos del CNIO para reformas estructurales o equilibrar las cuentas y se han elevado a miembros del Patronato “acuerdos de licencia y colaboración público-privada sin la revisión pertinente de la Oficina de Transferencia e Innovación ni la ratificación de Dirección Científica”.

Algunos de los proyectos que se han presentado sin pasar por la dirección científica son del propio Barbacid, como la propuesta de colaborar con la empresa 'Vega Oncotargets'

Según otras fuentes del CNIO, algunos de esos proyectos que se han presentado sin pasar por la dirección científica son del propio Barbacid, como la propuesta de colaborar con la empresa Vega Oncotargets, recientemente registrada a su nombre, que el gerente mandó directamente al Patronato. Además, en abril de 2021, la dirección del programa de transferencia del CNIO también pidió explicaciones a Barbacid sobre su participación como presidente del consejo asesor en la empresa Krasko Research sin haber informado previamente, a pesar de la posible existencia de conflictos con la propiedad industrial. 

Aquel proyecto, con sede en Salamanca, fue declarado de interés estratégico por la Junta de Castilla y León, que ofreció una subvención de dos millones de euros, aunque luego se disolvió y Barbacid se desvinculó públicamente del sonado fracaso. El apoderado de aquella empresa era José Ignacio Fernández Vera, que trabaja a las órdenes del director gerente del CNIO, como adjunto a la gerencia y asesor jurídico interno. 

Fernández Vera fue director de la FECYT, puesto del que tuvo que dimitir por el escándalo de los desorbitados gastos de taxis entre Madrid y Salamanca con cargo al erario público. También es secretario de la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, que recientemente financió el documental El camino inverso, una larga entrevista a Mariano Barbacid que homenajea su trayectoria como investigador. La Junta de Castilla y León, que apoyó el proyecto de Krasko Research, es el primer miembro del Patronato que ha pedido públicamente la dimisión de Blasco. 

Los intentos de este medio por contactar con el director gerente del CNIO para recabar su versión han resultado infructuosos.

¿Ha perdido liderazgo el CNIO?

Otro de los argumentos esgrimidos por los críticos con la gestión de Blasco es la bajada de la producción científica del CNIO y la pérdida de impacto. “María Blasco se jacta de la situación científica del CNIO, ocultando la pérdida de un quinto de la producción científica desde 2012”, argumentan desde la plataforma CNIO First, montada en las últimas semanas por el sector crítico. Barbacid asegura que la decadencia del centro “se debe a falta de ingresos por proyectos, debido a la inferior calidad científica de las plantillas”. 

El CNIO sigue publicando en revistas de alto impacto, lo que ha ido generando numerosas citas a lo largo de los años

Isidro F. Aguillo — Jefe del Laboratorio de Cibermetría del CSIC y especialista en métricas de impacto en ciencia

Estas afirmaciones, que descalifican a los compañeros del centro, no coinciden con lo que afirman los expertos en métricas científicas consultados por elDiario.es. Según uno de los mayores especialistas en España, que prefiere no ser mencionado para evitar conflictos, el impacto científico del CNIO es comparable con los mejores centros de oncología del mundo y, aunque ha bajado la producción, sigue manteniendo el nivel de citaciones y las posiciones en las clasificaciones internacionales. Según este experto, el gran estancamiento se produce hacia 2008, todavía bajo la dirección de Barbacid, y desde entonces el impacto se ha mantenido estable. 

“El CNIO se mantiene en la élite de la investigación oncológica mundial, aunque el volumen de su producción científica se ha estancado en los últimos años, quizás debido a problemas de financiación”, asegura por su parte Isidro F. Aguillo, jefe del Laboratorio de Cibermetría del CSIC y especialista en métricas de impacto en ciencia. “Sin embargo, sigue publicando en revistas de alto impacto, lo que ha ido generando numerosas citas a lo largo de los años”.

Contra las estrategias de “acoso y derribo”

Con estos y otros elementos, el Patronato tendrá que tomar una decisión respecto al futuro del CNIO, cuya imagen se está viendo dañada con el intercambio de ataques. Si deciden tomar medidas, el máximo órgano de decisión del CNIO tendrá que explicar también por qué ha supervisado este funcionamiento durante años sin detectar anomalías y si este órgano y el Ministerio de Ciencia que lo preside, que conocía las consecuencias de la bicefalia, habían analizado esta situación en algún momento. 

El hecho de que la ministra Diana Morant haya defendido estos días la eficacia de la “bicefalia” en algunos centros de investigación, poniendo como ejemplo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), no hace presagiar un buen desenlace para Blasco. Tampoco el hecho de que tenga prácticamente garantizado el voto negativo de las comunidades del PP que están dentro del máximo órgano de decisión del CNIO.

Según algunas voces del propio Patronato, el ministerio debería estar trabajando ya en buscar una fórmula para que los directores de centros de investigación no se eternicen en el cargo y sus mandatos no acaben con un espectáculo bochornoso. “Creo que es bueno para el centro que su director cambie cada tres o cinco años”, decía el propio Barbacid en 2009. Unos años antes, él mismo había tenido que salir a explicar que en el CNIO no había “ni un euro sin justificar” y a denunciar una trama contra su persona, como si la historia estuviera condenada a repetirse. 

Desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMyT) pedían esta semana en un comunicado que las circunstancias relativas al CNIO o a cualquier otra institución científica “se discutan, evalúen y se critiquen, si así se considera, siempre en base a datos ciertos e informaciones contrastadas y no mediante juicios de valor ni estrategias de acoso y derribo de carácter personal”. Porque el daño se hace al conjunto del sistema científico, advertían, y “a la reputación de las personas dedicadas a la investigación en nuestro país que con tanto esfuerzo han conseguido levantar”. Pase lo que pase el miércoles, algunos de esos daños ya están hechos y serán difíciles de reparar.

La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Maria Blasco, ha convocado este martes a los medios en el centro de investigación para elevar el tono en la defensa de su gestión y poner el foco en el gerente del centro, Juan Arroyo, de quien recuerda que ha sido denunciado por fraude, tráfico de influencias y malversación. 

“Voy a presentar ante la Fiscalía una denuncia por una situación que creo que me perjudica como directora del CNIO”, ha anunciado Blasco. También prepara un informe ante el Ministerio de Ciencia sobre las dificultades que supone tener dos direcciones en el centro (científica y económica) y las discrepancias con Arroyo, que ya estaba en la institución cuando ella asumió la dirección en 2011.

La directora científica ha negado que tenga intención de dimitir y ha revelado que el Ministerio de Ciencia ha estado a punto de cesar a Arroyo en su puesto hasta en dos ocasiones, ante diversas polémicas relacionadas con su gestión. Entre ellas ha citado la devolución de un crédito que colocó el centro en números rojos a partir de 2011 y la querella presentada contra él en la Audiencia Provincial de Madrid por supuestas “adjudicaciones repetitivas a empresas con vínculos personales” entre los años 2017 y 2018.

Consultados por estas afirmaciones, desde el Ministerio de Ciencia han declinado opinar y se remiten a la celebración de la próxima reunión del Patronato, prevista para el próximo 29 de enero. Blasco ha negado que se sienta poco respaldada por el ministerio y ha revelado que ha pedido una reunión con la titular de la cartera, Diana Morant.

Por otro lado, según ha podido comprobar elDiario.es, el caso contra el gerente por malversación fue desetimado en marzo de 2024 tras haber sido reabierto un mes antes.

Víctima, como otras mujeres

En los últimos dos meses, la directora del mayor centro de investigación del cáncer en España ha sido objeto de una tormenta de críticas y acusaciones sobre su gestión. Las quejas de un tercio de los jefes de grupo del centro, que han pedido su dimisión ante déficit estructural, la falta de equipos técnicos, las denuncias de trabajadores por su bajo salario y una acusación de acoso laboral por parte de un trabajador, desembocaron en la decisión del Patronato de la institución, el pasado 17 de diciembre, de dar un plazo de un mes a Blasco y Arroyo para presentar sendos informes detallados de la situación por separado.

Blasco se considera víctima de una campaña de desinformación y a finales de diciembre pidió amparo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con quien mantuvo una reunión y a quien solicitó, sin éxito, que hiciera una auditoría independiente de su gestión y la del director gerente del CNIO.

No he acosado en mi vida nadie, es una acusación de extrema gravedad. En todo caso yo he sufrido este acoso, como otras mujeres que estamos en una posición de poder

Maria Blasco — Directora científica del CNIO

La investigadora se ha defendido una vez más de las acusaciones de acoso a los trabajadores del centro y cree que el hecho de ser mujer explica la campaña a la que se le ha sometido. “No he acosado en mi vida a nadie, es una acusación de extrema gravedad. En todo caso, yo he sufrido ese acoso, como otras mujeres que estamos en una posición de poder”, ha asegurado, en alusión a la situación vivida en el Instituto Max Planck de Alemania, donde cuatro mujeres directivas fueron cesadas por acusaciones de supuesto acoso, lo que llevó a más de un centenar de científicas a publicar una carta de protesta en la revista Nature. 

Trabajadores del centro han criticado la forma en que se han manejado los fondos destinados a la investigación y el programa CNIO Arte, y se ha presentado una denuncia de acoso laboral y abuso de autoridad contra Blasco, para la que no se encontraron pruebas suficientes, según ha podido comprobar este diario. 

“Quiero anunciar que en el informe del Patronato he pedido que se investigue el origen de esta campaña de descrédito hacia el CNIO y hacia mi persona, cargando las responsabilidades que no son mías, sino del gerente”, ha asegurado Blasco. Su intención no es apartarse, explica, sino completar su trabajo en la institución, en la que lleva más de veinte años.

“Soy, ante todo una servidora pública que quiere culminar su tarea”, ha concluido Blasco. “He actuado con la máxima trasparencia y ha llegado un momento en el que exijo que salga a la luz la persona con las competencias económicas. El gerente también debe ser ejemplar, tanto en la forma como en el fondo”.

Maria Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha pedido amparo al Defensor del Pueblo ante la campaña de bulos y desinformación que está sufriendo ella y el centro de investigación puntero que lidera. 

En una carta enviada este lunes y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Blasco solicita una reunión con Ángel Gabilondo en su condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales, para trasladarle lo que está pasando en su centro e insiste en que ella es directora científica, pero no la responsable de las cuentas.

“Las campañas de desinformación, que desafortunadamente son cada vez más frecuentes en el ámbito de la política, no deberían nunca afectar a al ciencia o a las/os científicas/os”, escribe Blasco. “Sin embargo, estos días estamos viendo cómo los bulos están alcanzando a la ciencia española y al conjunto del CNIO”.

Luz frente al ruido

La directora del CNIO defiende en la misiva que la investigación contra el cáncer debe estar fuera de la lucha partidista. “Recurro a ti precisamente porque necesitamos que la independencia y serenidad del Defensor del Pueblo ayude al CNIO, arrojando luz frente al atronador ruido. Me gustaría aprovechar ese encuentro para solicitar que el Defensor del Pueblo realice una auditoría sobre la gestión del CNIO”, insiste. 

Me gustaría aprovechar ese encuentro para solicitar que el Defensor del Pueblo realice una auditoría sobre la gestión del CNIO

Como hizo en una entrevista con elDiario.es, Blasco recuerda a Gabilondo que la última evaluación del SAB, en abril de 2023, elogiaba la excelencia científica del centro. “El CNIO tiene también, por su parte, un Director Gerente, que es quien tiene el poder de firma y quien tiene las funciones de contratación y personal, Gerente que no está bajo mi mando”, destaca. “En la auditoría del Defensor del Pueblo, por supuesto, deberá revisarse mi trabajo y el del Gerente, así como cualquier cuestión que precise de tu tan alta magistratura”.

Tormenta de críticas

Desde principios de diciembre, Blasco ha sido objeto de una tormenta de críticas y acusaciones sobre su gestión. Algunos jefes de grupo del centro pidieron su dimisión al Patronato de la institución por la situación de déficit estructural, la falta de equipos técnicos, las denuncias de trabajadores por su bajo salario y una acusación de acoso laboral por parte de un trabajador. Ante esta situación, el Patronato de la institución dio un mes de plazo a Blasco y al gerente del centro para presentar nuevos informes exhaustivos y paralizó las cuentas de 2025 junto a la actividad del programa CNIO Arte, sobre el que se hará una auditoría independiente. 

En este tiempo, algunos medios han denunciado la forma en que se han manejado los fondos destinados a la investigación y el programa CNIO Arte, así como un supuesto caso de acoso laboral, que el informe oficial niega, junto con las acusaciones de “abuso de autoridad”, para los que el patronato no encontró pruebas suficientes, según ha podido comprobar este diario. 

Blasco ha sido víctima de algunas informaciones falsas fáciles de comprobar, como la afirmación de que su hermana acababa de ser nombrada ‘número tres’ del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señalando a una persona que no tiene ninguna relación de parentesco con la directora del CNIO, aunque compartan apellidos. 

“Cuando el gobierno ignora la ciencia, es como un camionero que lleva una venda en los ojos y conduce basándose en lo que le susurran al oído”. Esta frase, pronunciada por Michael Gerrard en enero de 2018 durante la presentación del Silencing Science Tracker (algo así como el “Rastreador de silenciamientos de la ciencia”), resume muy bien el espíritu que llevó a la creación de esta herramienta. 

Por entonces Donald Trump llevaba un año al frente del gobierno de Estados Unidos y los miembros del Centro Sabin de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y el Fondo de Defensa Legal de la Ciencia del Clima (CSLDF, por sus siglas en inglés) crearon un sistema en el que registrar los ataques a la ciencia. Su intención era dejar constancia de los atropellos y que la gente del futuro pudiera recordar lo sucedido para reparar los daños y aprender la lección.

Una de sus responsables es Dana Willbanks, coordinadora de comunicación del CSLDF, quien ha documentado meticulosamente, junto a un pequeño equipo de colaboradores, las estrategias que ponen en marcha los trumpistas cuando llegan al poder, como sacar el cambio climático de los libros de texto, colocar a personas sin formación en puestos científicos de alta responsabilidad o dejarlos vacantes. Hasta julio de 2024, el rastreador recogió 531 casos de censura, supresión de información, tergiversación de hechos científicos y otras acciones políticas o administrativas contra la ciencia en los Estados Unidos, un registro que con toda probabilidad crecerá exponencialmente con la nueva victoria de los republicanos. 

Hasta julio de 2024, el rastreador recogió 531 casos de censura, supresión de información, tergiversación de hechos científicos y otras acciones políticas o administrativas contra la ciencia en los Estados Unidos

Tras conocer los primeros nombramientos de Donald Trump para su gabinete, desde el antivacunas Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud al negacionista climático Lee Zeldin para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Willbanks y su equipo trabajan sin descanso para unir fuerzas con otros grupos y afrontar una nueva embestida contra los investigadores. Porque, como resumía esta licenciada en Humanística y Estudios de la Mujer en la Universidad McGill en Montreal en un reciente artículo, es fundamental que “hagamos nuestro trabajo para proteger la libertad y la integridad científicas y quitemos la venda de la ignorancia y la apatía”.

Charlamos con Willbanks por videoconferencia sobre los riesgos que se avecinan y los posibles mecanismos de defensa.

Tras la destrucción del tejido científico que hizo Trump en su primera legislatura, ¿temen que la segunda sea apocalíptica?

Sí. Esa es, en gran medida, la situación a la que nos dirigimos de nuevo.  

¿En qué consiste su trabajo con el “Rastreador de silenciamientos de la ciencia"?

Bueno, esa es solo una parte de lo que hacemos. En realidad, nuestra actividad empezó en 2011 como una respuesta directa al científico climático Michael Mann, que recientemente ha ganado un gran caso contra los troles de derechas que iniciaron una persecución contra él. Fue nuestro primer cliente y necesitó defensa legal para los ataques a los que se enfrentaba. El Fondo de Defensa Legal de la Ciencia del Clima nació de ese caso y de la comprensión de que hay muchos otros científicos que se encuentran en situaciones similares que no pueden permitirse o no saben cómo encontrar asistencia legal. Desde ese momento hemos trabajado con cientos de científicos, ya sea simplemente dándoles asesoramiento legal uno a uno, o llevando sus casos hasta llegar a una demanda u otra defensa legal por la que no tienen que pagar. Por eso estamos aquí. 

¿Parte de la estrategia de los partidos populistas de extrema derecha es atacar legalmente a los científicos y llevarlos ante la justicia?

A veces. Aunque la estrategia más frecuente consiste en malinterpretar los hallazgos científicos y luego usar una lógica defectuosa en la creación de políticas o la aprobación de leyes. Tergiversar los hallazgos para que se ajusten a una narrativa política en lugar de usar la ciencia real. También hay muchos casos de acoso en el lugar de trabajo, de degradar a las personas de sus puestos o de recortes en su financiación. Y se juega a cambiarles de lugar dentro de la agencia en la que estén, poniéndolos en puestos donde no suelen trabajar. El acoso puede presentarse en todo tipo de formas, pero lo más habitual no es hacerlo por la vía judicial. La estrategia es retorcer los argumentos y acusar a los científicos del aumento de la desinformación, decirle a la opinión pública que los científicos les están mintiendo. Tienen una agenda muy clara.  

La estrategia es retorcer los argumentos y acusar a los científicos del aumento de la desinformación, decirle a la opinión pública que los científicos les están mintiendo

¿El Silencing Science Tracker fue una herramienta para documentar esos atropellos?

El rastreador se inició a principios de 2018, cuando Trump solo llevaba un año en el Gobierno. Y ya había una enorme, asombrosa cantidad de movimientos anticiencia por parte de su administración. Como bien dices, se inició como una forma de documentarlo todo, para tener una lista actualizada de todas las cosas que Trump estaba haciendo, pero también los estados, las juntas escolares o el Congreso. El objetivo era mantener el registro histórico, porque con alguien como Trump siempre hay mucho ruido. Esta fue una forma de decir: oye, mira, todas estas cosas también están sucediendo. Y nuestro material se ha utilizado en audiencias del Congreso, la senadora Elizabeth Warren hizo referencia a él en un documento que hizo, por ejemplo. Así que hemos tenido algunos años de práctica con Trump y nos estamos preparando para cuatro años más. Porque lo que viene, ni nos lo podemos imaginar.

¿Hay alguna otra organización como la suya en los EEUU?

 Somos la única organización en los Estados Unidos que presta este apoyo legal gratuito específico.

¿Y su enfoque está solo en la ciencia del clima, no en otros campos?

Eso es lo que estamos viendo ahora con la segunda llegada de Trump, porque todo está tan interconectado, el clima y la salud pública. Comenzamos como una organización climática y ese sigue siendo nuestro enfoque, porque es un problema tan grande y tan masivo y porque los científicos de este campo reciben muchos ataques. Pero estamos empezando a ver algunas de las otras cosas. Y como verás en el rastreador, vamos más allá del clima en el sentido de que nos adentramos más en, ya sabes, las vacunas y la salud pública y cosas así.

En España hemos visto colocar a un experto en festejos taurinos en un puesto de coordinación de emergencias, ¿una de las estrategias es colocar a gente sin preparación en puestos clave?

Sí, esa es una de las estrategias que se están poniendo en práctica en Estados Unidos. Si nos fijamos en las selecciones que ha hecho Trump para su gabinete, como Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos cuando es abiertamente antivacunas y pide a la gente consumir leche cruda, y en cada uno de los elegidos por su gabinete, eso cae en esa categoría de poner a personas que no tienen ninguna o mínimas calificaciones, que no son científicos, que no son expertos, pero que se ajustan a su política.

Estas estrategias son tan frecuentes en la extrema derecha global que me pregunto: ¿es parte del plan puesto en común entre estos partidos?

Mi opinión personal es que forma parte del libro de estilo de los movimientos autoritarios y consiste en elevar a las personas que han mostrado una lealtad inquebrantable, pero también a las que les gusta trolear al adversario. Tenemos una división muy, muy profunda en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Y lo que estamos viendo mucho es que Trump sabe que estas personas extremadamente poco cualificadas van a molestar a los demócratas y a los científicos y a toda la gente que es más inteligente que él, que no le gusta. Esa es mi opinión.

Trump sabe que estas personas extremadamente poco cualificadas van a molestar a los demócratas y a los científicos y a toda la gente que es más inteligente que él, que no le gusta

En su experiencia, ¿hay alguna manera de proteger a las estructuras políticas de estos ataques a través de la legislación u otras medidas?

Es difícil, porque Trump es solo una parte de las tres ramas del Gobierno, pero los otros dos poderes, el Congreso y la Corte Suprema, ya han demostrado que están de su lado. En tiempos normales, él habría propuesto a estas personas y el Congreso habría dicho que no, que no tienen ninguna de las cualificaciones que necesitamos para dirigir esta enorme administración. Pero ahora muchos de esos controles y equilibrios se están desvaneciendo, por desgracia.

Esos 531 casos de censura y ataques a los científicos que han contabilizado, ¿cómo son? ¿Qué características comparten?  

 Son ataques a la ciencia y a los científicos en general. Algunos de ellos son ataques a la educación científica desde la escuela primaria. Lo que hacemos es llevar un registro de los cambios en los libros de texto, donde eliminan todas las referencias al cambio climático, por ejemplo. El rastreador cubre todo, desde el presidente hasta las juntas escolares que toman decisiones sobre los libros de texto. Y diferentes cosas que están haciendo los diferentes estados. Hay un gran movimiento en los EEUU en este momento para cambiar las cosas y darles más capacidad de decisión a los estados, lo que estaría bien, si los funcionarios electos en los estados escucharan a los científicos, pero muchos de ellos no lo hacen.

Y, así, vemos muchos casos, como en Florida y Texas y otros estados predominantemente republicanos en los que, increíblemente, la ciencia ni siquiera se tiene en cuenta. Ya sabes, como Ron DeSantis, en Florida, que es una persona horrenda y firmó una ley que eliminó todas las referencias al cambio climático de las leyes estatales. Esto, mientras el estado se está hundiendo literalmente por el cambio climático. Así que hay una desconexión entre los movimientos políticos y la realidad en la que vive la gente. Y, debido a la desinformación y al mundo político altamente polarizado, la gente no parece ser capaz de hacer esa conexión.

En España, después de estas terribles inundaciones, se han reforzado las posiciones de quienes niegan el cambio climático. Y esa parece ser la tendencia, ¿a qué se debe este fenómeno?

Creo que tiene que ver con la idea de la escasez, que solo hay una cantidad finita de recursos, lo que con el cambio climático se está volviendo cada vez más cierto. Y así se le ha enseñado a la gente que, bueno, si alguien más obtiene algo, eso me lo quita a mí. Ya sabes, esa es en gran parte de la razón por la que Trump ganó, la idea de que somos nosotros contra ellos. Si tienes problemas financieros, el alquiler es que los costos de la vivienda están por las nubes y la gente tiene problemas para subsistir, hay algunas personas que son realmente buenas para explotar ese miedo, ansiedad e inseguridad.  

¿Cuál es el plan de su organización de cara al futuro con esta situación?  

Acabamos de salir de nuestra reunión de equipo y estamos formando diferentes asociaciones porque hay muchos grupos que están en la misma posición que nosotros, que son organizaciones sin ánimo de lucro. Hemos estado haciendo este trabajo por un tiempo y ahora, de repente, las cosas se han vuelto a torcer. Así que me estoy viendo no solo con nuestro grupo, sino con muchos grupos que quieren acercarse y conectarse y descubrir cómo podemos combinar esfuerzos para evitar que podamos retroceder aún más.

Para nosotros, se trata de ofrecer ayuda legal personalizada para científicos individuales. Otros grupos con los que nos estamos asociando están demandando a todo un estado o a la administración o a entidades más grandes para tratar de evitar algunas de las cosas más locas contra la ciencia. Acabamos de reunirnos con ProPublica para hablar sobre cómo pueden ayudar a amplificar el rastreador y el trabajo que estamos haciendo. Muchos están buscando formas de entrar en la pelea, así que vamos a seguir haciendo esto. Estamos buscando agregar personal. Muchos becarios de investigación de posgrado y estudiantes de derecho y otras personas, que son muy jóvenes y muy entusiastas, se están uniendo a la lucha.

Nos estamos reuniendo con muchos grupos que quieren combinar esfuerzos para evitar que podamos retroceder aún más

¿Cuál es su consejo para los científicos de España que presumiblemente pueden vivir esta situación en el futuro?  

Yo les diría que hagan cosas como estas, que hagan las conexiones con otros grupos y personas que han hecho esto antes. Nosotros también estamos trabajando con científicos que han pasado por el exprimidor bajo la administración anterior de Trump. Estamos haciendo un proyecto para que den testimonios de cómo fue, para recordarles que no están solos. Incluso si te sientes solo, no tienes que enfrentarte a este acoso por tu cuenta. Recuerden que hay países enteros que han lidiado con esto antes y lo han superado de una forma u otra. Y por eso conectarse de esta manera es realmente importante.  

Estamos trabajando con científicos que han pasado por el exprimidor bajo la administración anterior de Trump. Estamos haciendo un proyecto para que den testimonios de cómo fue

Escuchándola, me he acordado de ese mundo de la película Interestelar, de Christopher Nolan, en el que la NASA ha pasado a ser una organización secreta. ¿Son ustedes como la resistencia?

Sí, esos somos nosotros. Todas las reuniones que he tenido recientemente han sido con personas que dicen: estamos listos, vamos a luchar. Vamos a hacer esto, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a ser malo, pero no sabemos cuánto. 

A veces se pregunta uno qué le ha pasado a parte de la humanidad en la última década para separarse tanto de la ciencia…

Sí, parece que hemos dado un gran paso atrás y nos hemos olvidado de la idea de una humanidad compartida.   

Lo hacemos por nuestros hijos, para allanarles el camino y enseñarles las lecciones que estamos aprendiendo y evitar que esto vuelva a suceder

¿Tiene algo optimista para el final de la entrevista?

Yo tengo una hija de dos años, y estaba pensando en esto de manera muy personal. Después de que Trump fuera reelegido, mi marido y yo dijimos ¿qué hacemos? Aquellos de nosotros que hemos pasado por la presidencia de George W. Bush y luego por Trump por primera vez, y ahora estamos pasando por esto de nuevo, estamos haciendo este trabajo para prepararnos para lo que se avecina aquí y en Europa y dondequiera que vayamos a absorber el golpe. Y lo hacemos por nuestros hijos, para allanarles el camino y enseñarles las lecciones que estamos aprendiendo en este momento para, con suerte, evitar que esto vuelva a suceder.