No todas las personas desempleadas logran acumular los 360 días de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva por desempleo. Para ellas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla el subsidio por cotizaciones insuficientes, una ayuda destinada a quienes han trabajado menos de un año y se encuentran en situación legal de desempleo. El objetivo es cubrir a quienes quedan en un vacío de protección y garantizarles un ingreso mínimo mientras buscan un nuevo empleo.

Quiénes lo pueden solicitar

Podrán beneficiarse de este subsidio quienes acrediten al menos 90 días cotizados si tienen cargas familiares, o 180 días si no las tienen, siempre que no alcancen el año de cotización que da derecho al paro contributivo. También pueden acceder quienes tengan contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas no supere una jornada completa y se cumplan el resto de requisitos. En todos los casos es obligatorio encontrarse inscrito como demandante de empleo.

Entre los requisitos generales figuran estar en desempleo total o parcial, no tener derecho a la prestación contributiva y carecer de rentas propias que superen el 75% del salario mínimo interprofesional. De forma alternativa, se puede acceder acreditando responsabilidades familiares. Además, es necesario suscribir el acuerdo de actividad, que compromete a la persona beneficiaria a participar en acciones de formación, orientación o búsqueda activa de empleo.

Cuándo solicitarlo

El subsidio debe solicitarse en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del hecho causante, es decir, desde la última situación legal de desempleo. Si no se presenta en ese tiempo, se pierde el derecho. Existe, no obstante, una vía de ampliación: quienes accedan con al menos seis meses cotizados sin cargas familiares y posteriormente acrediten responsabilidades familiares podrán ampliar la duración hasta un máximo de 21 meses, siempre que lo soliciten dentro del año siguiente a la situación de desempleo.

La duración de la ayuda depende directamente del tiempo cotizado y de la situación familiar. En general, oscila entre tres y 21 meses, siendo más larga para quienes acreditan cargas familiares. De esta forma, el sistema busca priorizar a los hogares con mayores necesidades de apoyo económico.

Para solicitar el subsidio es necesario presentar el modelo oficial de solicitud, la declaración responsable de rentas y, en su caso, la documentación que acredite responsabilidades familiares. El trámite puede realizarse en las oficinas del SEPE con cita previa o a través de la sede electrónica. La Administración exige además que se mantengan actualizados los datos de demanda de empleo durante toda la vigencia de la ayuda.

Cuánto se cobra

En cuanto a la cuantía, el subsidio se calcula como un porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. Durante los primeros 180 días se cobra el 95% del IPREM, entre los días 181 y 360 el 90%, y a partir del día 361 el 80%. Se trata de una ayuda modesta, pero que representa una red de seguridad para quienes no pueden acceder al paro contributivo. La prestación es compatible con determinados contratos a tiempo parcial, siempre que no superen el límite de jornada completa.

El subsidio por cotizaciones insuficientes constituye una herramienta clave de protección frente al desempleo parcial o de corta duración, muy frecuente en sectores con alta rotación laboral o temporalidad. Aunque la cuantía es limitada, supone un apoyo básico para quienes no logran cumplir los requisitos del paro contributivo. Conocer bien las condiciones, plazos y requisitos resulta esencial para no perder el derecho a esta ayuda y acceder a una cobertura que puede marcar la diferencia en momentos de vulnerabilidad.

El subsidio por desempleo es una de las prestaciones más comunes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dirigida a personas que han agotado el paro contributivo o que cumplen determinados requisitos de renta y situación familiar. Sin embargo, a diferencia de la prestación contributiva, no se concede de una sola vez por toda su duración, sino que exige un trámite periódico: la prórroga. Realizarla en plazo es fundamental para no perder el derecho al cobro.

Según la normativa del SEPE y las guías de gestión del sistema PROSUB, la prórroga consiste en confirmar periódicamente que el beneficiario sigue cumpliendo las condiciones que dieron lugar al subsidio, principalmente en materia de rentas y cargas familiares. Este procedimiento es obligatorio para todos los subsidios de larga duración, como el de mayores de 45 años, el de cargas familiares o el de mayores de 52 años, entre otros. La renovación permite al organismo comprobar que no ha habido cambios que afecten a la ayuda.

¿Cada cuánto tiempo hay que prorrogarlo?

La regla general es que los subsidios se reconocen inicialmente por un período de seis meses, prorrogables hasta agotar la duración máxima prevista en cada modalidad. Por tanto, cada seis meses el beneficiario debe solicitar la prórroga. Así ocurre, por ejemplo, con el subsidio por ayuda familiar o el de mayores de 45 años.

Ahora bien, existen particularidades. El SEPE recuerda que en algunos subsidios el primer control de rentas se realiza a los tres meses, antes de conceder la siguiente prórroga de seis. Es el caso de quienes inician el subsidio tras agotar una prestación contributiva: el reconocimiento inicial puede concederse por tres meses, y después pasar a renovaciones semestrales. En todos los casos, lo relevante es estar atento a la fecha exacta indicada en la resolución de concesión para no incurrir en retrasos.

Quiénes deben hacerlo y quiénes no

Deben prorrogar su subsidio todos los beneficiarios que lo perciben por un tiempo superior a seis meses, salvo que se trate de ayudas extraordinarias como la Renta Activa de Inserción (RAI) o el subsidio extraordinario por desempleo (SED), que funcionan con otra lógica y se conceden por períodos anuales completos. También quedan fuera las prestaciones contributivas, que no requieren ningún trámite intermedio.

En el caso específico del subsidio para mayores de 52 años, aunque se renueva de forma automática hasta la edad de jubilación, el beneficiario está obligado a presentar anualmente la declaración de rentas para mantenerlo. Por tanto, en esta modalidad no se habla de prórroga semestral, pero sí de la necesidad de acreditar ingresos una vez al año.

Cómo y cuándo solicitar la prórroga

El trámite puede realizarse en cualquier oficina de empleo, con cita previa, o a través de la sede electrónica del SEPE, mediante certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. El plazo es muy estricto: debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se cumplen los seis meses de subsidio, o tres en aquellos casos en que así se haya reconocido inicialmente. Si se deja pasar el plazo, el subsidio se extingue y la persona deberá volver a solicitarlo, con el riesgo de perder parte de la ayuda.

La documentación suele ser mínima: basta con el impreso de solicitud y, en algunos casos, justificantes de rentas o cargas familiares actualizadas. El sistema PROSUB del SEPE está diseñado para automatizar gran parte de la verificación, pero requiere siempre la confirmación expresa del solicitante.

El recordatorio del SEPE

El propio organismo ha utilizado sus canales oficiales para recordar esta obligación. En un tuit reciente publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el SEPE subrayaba: “Recuerda que, si percibes un subsidio por desempleo, debes solicitar su prórroga cada seis meses para mantener el derecho. Es un trámite sencillo y puedes hacerlo desde la sede electrónica”.

El mensaje ha servido como recordatorio a miles de beneficiarios, muchos de los cuales tienden a confundir este procedimiento con el sellado del paro, cuando en realidad se trata de gestiones diferentes.

Qué ocurre si no se prorroga

El incumplimiento de la prórroga implica la pérdida del subsidio a partir del día en que se debía haber renovado, sin posibilidad de cobrar los días perdidos aunque se reactive después. En algunos casos puede incluso obligar a presentar una nueva solicitud completa, con el consiguiente riesgo de quedar excluido si se han superado los límites de renta o cambiado las circunstancias familiares. Por eso, el SEPE insiste en que el beneficiario esté atento a los plazos y realice la gestión con puntualidad.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años se mantiene intacto tras la reforma del nivel asistencial que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, según ha querido aclarar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ante la confusión generada por los primeros borradores del Real Decreto-ley 2/2024, el organismo ha lanzado un mensaje tranquilizador a través de su perfil oficial en X (antes Twitter), recordando que las condiciones de esta prestación no han sido modificadas. El anuncio llega en un momento especialmente delicado para miles de beneficiarios que dependen de esta ayuda como único sustento económico.

La precisión del SEPE viene motivada por los efectos arrastre de una reforma aprobada en Consejo de Ministros el pasado 21 de mayo y convalidada en el Congreso el 20 de junio. Aunque el nuevo texto legal introduce numerosas novedades que afectan a varios subsidios del nivel asistencial, el subsidio específico para mayores de 52 años conserva sus dos características principales: una cuantía mensual equivalente al 80% del IPREM, es decir, 480 euros, y una cotización del 125% de la base mínima durante todo el periodo de percepción.

Una reforma con muchas novedades, pero sin impacto en esta ayuda

El objetivo principal del nuevo diseño normativo es simplificar los procedimientos y mejorar el acceso a las prestaciones por desempleo. Así, desaparecen trabas burocráticas como el mes de espera para solicitar un subsidio o el concepto de “días consumidos”. También se amplía a seis meses el plazo de solicitud desde la situación que da derecho al subsidio y se elimina el doble requisito de carencia de rentas propias y familiares.

Además, se establece la compatibilidad de las prestaciones con las becas y ayudas para formación profesional, y se reconoce explícitamente la compatibilidad temporal con el trabajo remunerado. Con el nuevo complemento de apoyo al empleo (CAE), los beneficiarios de subsidios podrán mantener la ayuda hasta 180 días mientras trabajan por cuenta ajena, ya sea a jornada parcial o completa. Pasado ese periodo, el subsidio queda suspendido automáticamente.

No obstante, estas novedades no afectan al subsidio para mayores de 52 años. Como recuerda el SEPE, “no se ha modificado por la reforma del nivel asistencial”. Esta diferenciación es clave, ya que más de 270.000 personas perciben esta ayuda en España, y cualquier cambio puede tener un fuerte impacto socioeconómico.

La clave: las cotizaciones

La confusión se originó por el primer borrador de la norma, que incluía una reducción progresiva en las cotizaciones asociadas al subsidio para mayores de 52 años, pasando del 125% actual de la base mínima al 100%. Esta medida generó una intensa polémica política y fue uno de los principales motivos por los que Podemos votó en contra del texto original, provocando su caída en una primera votación parlamentaria. Tras nuevas negociaciones, el Gobierno de coalición eliminó esta medida de la versión final. En consecuencia, las personas que accedan o ya estén cobrando este subsidio continuarán generando derecho a pensión bajo las mismas condiciones que hasta ahora.

Nuevas cuantías y tramos en otros subsidios

Donde sí se producen cambios es en las cuantías de los demás subsidios del nivel asistencial. A partir del 1 de noviembre, las nuevas ayudas seguirán este esquema:

Este escalonado tiene como objetivo incentivar la búsqueda activa de empleo en los primeros tramos de percepción, antes de estabilizarse en el último tramo con una cuantía idéntica a la del subsidio de mayores de 52 años.

Cambios importantes para colectivos específicos

La reforma también contempla medidas dirigidas a grupos vulnerables. Se amplía la cobertura del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva a menores de 45 años sin cargas familiares, siempre que hayan cotizado al menos 360 días. También se unifica la protección por desempleo para los trabajadores agrarios eventuales con la del resto de trabajadores, eliminando duplicidades en la gestión.

Otro cambio relevante es que los subsidios ya no serán de duración abierta, sino que deberán renovarse cada tres meses, presentando una solicitud de prórroga. Este nuevo marco exige, además, que los solicitantes presenten anualmente su declaración del IRPF y una declaración responsable de rentas.

Las prestaciones y los subsidios por desempleo cada vez alcanzan a más personas en paro y, en el primer trimestre del año, situaron la protección en el dato más alto desde hace 15 años. La tasa de cobertura, porcentaje de personas con experiencia laboral inscritas en los servicios públicos de empleo que reciben alguna protección, se situó en el 76,3% en el primer trimestre de 2025, muy cerca del récord histórico previo, de casi el 80% alcanzado en 2010, destaca Comisiones Obreras en su informe anual sobre esta materia.

Según los últimos datos de junio, que se alcanzó un nuevo máximo de empleo, en España hay 2,4 millones de personas en paro. Mientras el número de personas desempleadas se reduce, un 5,4% en el último año, “las personas beneficiarias de prestaciones se incrementan un 2,5%”, indica el informe de CCOO, por lo que la tasa de cobertura crece. En 2024, el dato era del 70% y en el inicio de 2025 ha dado otro importante salto, escalando hasta el 76,3%. En términos absolutos, se trata de 1,8 millones de personas.

Por sexos, la tasa de cobertura de los hombres supera con creces la de las mujeres: es del 83,8% y del 71,3%, respectivamente. La brecha en la cobertura se debe a “peores condiciones laborales”, destaca el sindicato, como una mayor proporción del trabajo a tiempo parcial (el 7% de los hombres trabajan a tiempo parcial, frente al 22% de las mujeres), y a que ellos también ostentan mejores datos de contratos indefinidos que ellas, entre otras.

Mejora del empleo, fin de algunos recortes y nueva protección

En el inicio de la crisis financiera se llegó a la mayor tasa de cobertura del sistema de desempleo, al que accedieron multitud de personas, muchas de ellas con largas carreras de cotización y con derecho a la prestación. La reforma de la protección por desempleo de 2012, del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, incluyó multitud de recortes, que provocaron “el descenso en la cobertura durante años”, recuerda el sindicato.

Desde 2017, con la mejora de la situación macroeconómica y el aumento del empleo, la tasa de cobertura frenó su descenso y en los últimos años ha ido en aumento, sobre todo a raíz de la eliminación de algunos de esos recortes de las políticas de austeridad, como la recuperación del subsidio de paro a los 52 años (y no a los 55) en 2019.

El informe de CCOO recoge un gran aumento de la tasa de cobertura a partir de 2022, cuando entra en vigor la reforma laboral que ha reducido a mínimos históricos el trabajo temporal y elevado los contratos indefinidos. Con un mercado laboral con más empleo y con más estabilidad, hay más personas que pueden acceder a la prestación de paro cuando se quedan en desempleo porque han logrado sumar el periodo cotizado para ello. En el último año, esta es la principal causa del aumento de la cobertura, ya que “las prestaciones contributivas se incrementan un 5% anualmente, y un 0,1% las asistenciales”, explica el sindicato.

Además, en los últimos años se ha ampliado la protección de desempleo a colectivos antes descubiertos. En 2022, el Gobierno aprobó el derecho a paro de las trabajadoras del hogar, tras una sentencia que resolvía que la legislación de España era discriminatoria. También se ha aumentado la protección para los fijos discontinuos y a finales de 2024 entró en vigor la reforma del subsidio de desempleo, que aumentó su cuantía a 570 euros al mes y que amplió el colectivo de beneficiarios con derecho a protección, como menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales agrarios más allá de Andalucía y Extremadura, entre otros. “Anualmente, estamos hablando de centenares de miles de personas”, destaca Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que antes se quedaban fuera del sistema de protección.

No obstante, “sigue habiendo vacíos de protección”, advierte Bravo, que recuerda que aún hay cerca de medio millón de personas, el 21% de las personas paradas con experiencia laboral apuntadas al SEPE, que no percibe ninguna protección por desempleo. CCOO ha anunciado que va a actuar en uno de estos “vacíos” de cobertura: el derecho a paro de las trabajadoras del hogar por los periodos previos a la reforma de 2022, que ya ha reconocido alguna sentencia. El sindicato va a exigir a Trabajo que modifique la legislación y, si no ocurre, está contemplando demandar en los tribunales a través de sus servicios jurídicos.

Mejora la calidad de la protección, aunque hay más asistencial

Además de ampliar la cobertura del sistema de protección por desempleo, este está mejorando su calidad, indica CCOO, ya que siguen ganando peso las prestaciones contributivas, de mayor cuantía que los subsidios. Sin embargo, todavía predominan las ayudas asistenciales, que se impusieron durante la pasada crisis financiera y aún no se ha revertido esta situación.

Con datos de marzo, casi el 54% de las personas recibía subsidios, mientras que el 46% cobraba la prestación. En términos absolutos, en marzo había 988.852 personas bajo la protección asistencial y 850.518 que cobraban la prestación contributiva.

Carlos Bravo señaló un punto flaco importante de la protección por desempleo: “La revalorización del IPREM”. “La ausencia de revalorización del IPREM de 2010 a 2020 y el nuevo estancamiento de su cuantía tras el ligero incremento de 2021 a 2023 en que desde entonces vuelve a permanecer estancado, dificulta la mejora de las cuantías de las prestaciones tanto contributivas, cuyos topes máximos y mínimos están referenciados a este indicador, como de las asistenciales y el CAE, cuya cuantía es un porcentaje del IPREM”, destaca el informe del sindicato.

“No revalorizar el IPREM significa devaluar el nivel de desempleo”, explicó Bravo, ya que el coste de vida aumenta, pero no los subsidios y prestaciones que se referencian a este indicador. “Acumulaba hasta 2023 una pérdida de poder de compra del 14%, que en 2024 ya se sitúa en el entorno del 17%”, cifra el sindicato, que exige al Gobierno que aumente su cuantía de forma urgente, mediante un decreto ley.

Transformar una situación de desempleo en una oportunidad de autoempleo es posible a través de la capitalización del paro. Esta medida, también conocida como pago único, permite cobrar de forma anticipada parte o la totalidad de la prestación por desempleo para poner en marcha una actividad por cuenta propia, incorporarse como socio o socia trabajadora en una cooperativa o participar en la creación de una sociedad mercantil.

Se trata de una iniciativa pensada para facilitar el emprendimiento entre personas desempleadas, permitiéndoles contar con recursos inmediatos para arrancar un proyecto sin tener que agotar primero su prestación. A cambio, deben asumir una serie de compromisos y justificar el uso de ese dinero en el plazo de un mes.

¿Quién puede solicitar el pago único?

No todas las personas que están en paro pueden acogerse a esta fórmula. Es necesario tener pendiente de cobro, como mínimo, tres mensualidades de la prestación contributiva por desempleo y no haber recibido una capitalización en los últimos cuatro años. Además, la solicitud debe presentarse antes del inicio de la actividad profesional o de la incorporación a la entidad cooperativa o mercantil.

En el caso de querer integrarse en una cooperativa o sociedad laboral como socio o socia trabajadora sin haber pasado previamente por una situación legal de desempleo, se exige que se cumplan todos los requisitos de acceso a la prestación salvo ese. Tampoco se permite capitalizar si el alta como autónomo implica mantener una relación contractual con una empresa con la que se haya trabajado justo antes del paro, o que pertenezca al mismo grupo empresarial.

¿Para qué se puede usar el dinero?

El dinero recibido a través de la capitalización debe destinarse exclusivamente a:

Además, una parte del importe puede reservarse para subvencionar mensualmente las cuotas a la Seguridad Social, en lugar de recibir todo el capital en un único pago.

¿Cómo se solicita?

El proceso de solicitud puede hacerse de manera presencial o telemática. Estas son las opciones disponibles:

Es posible solicitar el pago único al mismo tiempo que la prestación por desempleo o más adelante, siempre que no se haya iniciado la actividad y queden al menos tres mensualidades por cobrar. Si ya se ha iniciado un procedimiento judicial por despido, hay que esperar a que se resuelva antes de presentar la solicitud.

¿Qué documentación se necesita?

Además del formulario oficial, será necesario presentar:

En todos los casos, una vez recibido el dinero, se deberá justificar ante el SEPE que se ha utilizado para el fin previsto. Esa justificación debe hacerse en el plazo de un mes y acompañarse de la documentación acreditativa correspondiente (transferencias, facturas, justificantes de alta, etc.).

Plazos y obligaciones tras recibir el pago

El inicio de la actividad debe producirse como máximo un mes después de recibir la resolución favorable. Además, durante los cinco años siguientes es obligatorio mantener la actividad como autónomo o la participación en la cooperativa o sociedad en la que se ha invertido el capital. En ese periodo, el importe recibido estará exento de tributación por IRPF, siempre que se cumplan los requisitos.

También hay que tener en cuenta que, una vez capitalizado el paro, no se podrá volver a percibir prestación por desempleo hasta que transcurra un tiempo equivalente al periodo que se ha adelantado. Tampoco se podrá solicitar una nueva capitalización en los próximos cuatro años.

¿Y si soy autónomo y tengo derecho a la prestación por cese de actividad?

Las personas que han sido autónomas y tienen reconocida la prestación por cese de actividad también pueden solicitar el pago único, aunque en este caso el trámite debe realizarse ante la mutua con la que tengan cubiertas las contingencias profesionales, o ante el Instituto Social de la Marina. Se exige, eso sí, tener pendiente de percibir al menos seis meses de la prestación. Esta posibilidad convierte a la capitalización en una herramienta útil no solo para quienes salen del trabajo por cuenta ajena, sino también para quienes necesitan reinventarse tras cerrar su negocio.

¿Te interesa emprender con la ayuda del pago único?

La capitalización del paro puede ser una vía eficaz para reducir las barreras de entrada al autoempleo, pero conviene informarse bien antes de iniciar el proceso. Existen puntos de asesoramiento como los PAIT (Puntos de Atención e Inicio de Tramitación) y la plataforma CIRCE, donde se puede recibir acompañamiento y orientación para poner en marcha una empresa desde cero. También es posible ampliar información a través del teléfono de atención del SEPE o consultando su sede electrónica.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que desestima las pretensiones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que un trabajador devolviera 12.000 euros que percibió por un error de la Administración en concepto de subsidio por desempleo para mayores de 55 años. La clave para los magistrados es que el afectado desconocía que no tenía derecho a la ayuda, ya que la Seguridad Social había acreditado que cumplía con el mínimo de cotización para percibirlo.

El fallo, del que informa Europa Press, confirma y declara firme una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que daba la razón al trabajador en contra del SEPE.

El organismo público recurrió en casación al Supremo, contraponiendo otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que revocó el derecho al subsidio de desempleo para mayores de 55 años a una trabajadora a la que se le concedió por error, ordenándole el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

El afectado desconocía que no tenía derecho

No obstante, el Supremo aprecia una importante diferencia entre ambos casos. Mientras que la trabajadora a la que se le revocó el subsidio era consciente de que no cumplía los requisitos para percibirlo, sin hacer nada para evitar seguir cobrándolo, en el caso ahora juzgado el afectado no tenía conocimiento de que estaba cobrándolo de manera errónea, pues el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) certificó inicialmente que cumplía con los requisitos exigidos de cotización para su percepción.

“No es lo mismo, ciertamente, tener conocimiento de que se están percibiendo indebidamente determinadas cantidades –como consta expresamente en la sentencia de contraste–, que no tener conocimiento de dicha circunstancia –como es el caso de la sentencia recurrida–.”, resuelve el Supremo.

“De lo anterior podría llegar a inferirse que los distintos fallos de las sentencias comparadas se pueden explicar por los diferentes hechos que en ellas quedan acreditados, teniendo especialmente relieve el que estamos ahora considerando del conocimiento o no conocimiento de que los pagos eran indebidos”, recoge la sentencia.

La doctrina Cakarevic

Los hechos se remontan a abril de 2015. El día 15 de ese mes se reconoció al afectado el subsidio por desempleo para mayores de 55 años hasta que alcanzase la edad para acceder a la pensión de jubilación en cualquiera de sus modalidades. Previamente, el 9 de abril de ese mismo año, el INSS había emitido un certificando acreditando que el solicitante cumplía con el periodo genérico y específico de cotización para el cobro del subsidio, que estuvo percibiendo durante varios años. La cantidad total cobrada alcanzó los 12.030,84 euros.

El 28 de febrero de 2018, el INSS emitió un nuevo certificado indicando que en el momento de la solicitud, el trabajador no reunía el periodo específico de cotización para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación y que tal certificado anulaba y sustituía el emitido el 9 de abril de 2015.

El SEPE presentó entonces una demanda contra el trabajador para que devolviera las cantidades indebidamente percibidas y un juzgado de Madrid dio la razón al organismo en primera instancia, pero el afectado recurrió ante el TSJM, que falló en contra del SEPE, considerando su derecho a quedarse con los 12.000 euros indebidamente percibidos a causa del error de la Seguridad Social. Fue entonces cuando el SEPE recurrió al Supremo en casación.

El Alto Tribunal falla en contra de las pretensiones del organismo y se sirve para ello de la llamada 'doctrina Cakarevic'. Dicha doctrina proviene de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2018, que establece que si el error es atribuible exclusivamente a la Administración y no hubo mala fe del beneficiario, no procede devolver el dinero en prestación por desempleo indebidamente percibido.

La defensa del afectado reclamó la aplicación de esta doctrina, destacando “la buena fe del beneficiario de la prestación, el transcurso de casi cuatro años desde que se le reconoció y el hecho de que contraviene el principio de equidad hacer recaer sobre el beneficiario un error de la entidad gestora, ocasionándole un grave quebranto en su economía la devolución de lo reclamado”.

Dentro del programa de prestaciones que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se encuentra el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, una ayuda pensada para las personas de esa franja de edad -con a priori mayores dificultades para acceder al mercado laboral- que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo. 

Para solicitarlo, el SEPE recuerda que hay que cumplir una serie de requisitos como: estar en desempleo; no tener la condición de persona trabajadora fija discontinua; tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio; haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo; sumar 15 años cotizados y dos de ellos dentro de los últimos quince años; y haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral.

Si el solicitante cumple los requisitos, debe saber que la duración del subsidio por desempleo para mayores de 52 años se prolongará el tiempo necesario hasta que se alcance la edad de jubilación, detalla el servicio público de empleo.

Cuantía del subsidio por desempleo para mayores de 52 años

Según explica el SEPE en su página web, la cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Y para este colectivo la cotización por jubilación es el 125% de la base mínima vigente en cada momento.

Esas cifras no han cambiado tras la aprobación y la puesta en marcha de la última reforma del subsidio por desempleo, en vigor desde el pasado mes de noviembre. A diferencia de otros, el subsidio para mayores de 52 años se mantiene en el 80% del IPREM. 

Este último indicador tampoco se ha actualizado, al menos, de momento. A falta de ver si finalmente se aprobarán unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de si ahí se recogerá algún cambio, se mantiene en los 600 euros mensuales en 14 pagas, una cuantía completamente insuficiente para los sindicatos. 

El pago del subsidio por desempleo para mayores de 52 años se realiza por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo, detalla el SEPE. Se efectuará, salvo dos excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que se indique, siempre que seas titular de la misma.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación impulsada desde 2020 y dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 2024, la ayuda benefició a más de dos millones de personas que conviven en 674.000 hogares.

El solicitante debe cumplir ciertos requisitos para que se lo concedan, como tener residencia en España o estar en situación de vulnerabilidad económica, por lo que tiene que asegurarse que cumple con las cuantías establecidas, que se obtienen de la diferencia entre la renta garantizada y otros ingresos que pueda tener.

Sin embargo, muchos solicitantes del IMV se preguntan si esta ayuda es compatible con cobrar el subsidio por desempleo, popularmente conocido como paro. Y la respuesta es afirmativa, según explica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su portal web. 

El SEPE aclara que el paro se podrá “compatibilizar con la percepción de prestaciones económicas no contributivas de la Seguridad Social (SS), como es el IMV y con cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración Pública”. 

En este sentido, desde el pasado noviembre, el Gobierno ha dado un paso más allá y ha puesto en marcha una “pasarela” que permite que los perceptores del subsidio por desempleo -los que agoten esta prestación sin haber logrado un empleo- reciban directamente el IMV, sin necesidad de cumplimentar ninguna documentación ni hacer ninguna solicitud. 

Incompatibilidades del IMV 

Cobrar el IMV y el paro a la vez es compatible, pero no sucede así en otros casos, recuerda el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre otros supuestos, resulta incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta.

En un contexto donde las disparidades económicas aumentan, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se presenta como una herramienta esencial para asegurar un nivel de vida digno a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Este subsidio, gestionado por la Seguridad Social, se ha convertido en un salvavidas para muchas familias españolas.

A continuación, desglosamos qué es el IMV, quiénes tienen derecho a él, cómo se cobra y más detalles clave, junto con la explicación sobre el simulador para saber si se tiene derecho a este beneficio.

Qué es y a quién va dirigido el IMV

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica destinada a garantizar una renta mínima a los hogares en situación de pobreza severa. Este subsidio está dirigido a personas y unidades de convivencia que no cuentan con suficientes ingresos o patrimonio para cubrir sus necesidades básicas.

El objetivo es reducir las desigualdades sociales, garantizando un nivel mínimo de bienestar. Abarca a ciudadanos de nacionalidad española, así como a residentes legales en el país.

Requisitos para tener derecho

Para acceder al IMV, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos. Se evalúan principalmente los ingresos y el patrimonio de los miembros de la unidad de convivencia, que no deben superar unos umbrales establecidos.

La cantidad máxima de renta y patrimonio varía en función del número de personas en el hogar. Además, deben cumplir con ciertos criterios de residencia, siendo necesario estar empadronado en España durante un tiempo determinado.

Cómo se cobra el Ingreso Mínimo Vital

El IMV se abona de forma mensual a través de una transferencia bancaria. El importe varía según el número de miembros del hogar y su situación económica, con el objetivo de asegurar que la unidad de convivencia reciba un ingreso mínimo.

Este subsidio cubre una parte significativa de las necesidades básicas de los hogares más vulnerables, como alimentación, vivienda y otros gastos esenciales.

Plazos para recibir el subsidio

El derecho a recibir este subsidio nace a partir del primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. Es decir, si una persona presenta su solicitud en febrero, el derecho a la prestación comenzará en marzo si la solicitud es aprobada.

Una vez concedido, el pago se realiza de manera mensual, mediante transferencia bancaria, en la cuenta del titular. Es recomendable presentar la solicitud lo antes posible para evitar demoras en la recepción del IMV.

Diferencia con el CAPI

El Ingreso Mínimo Vital se diferencia del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), un programa destinado exclusivamente a las familias con hijos a cargo y cuyos ingresos no alcanzan los umbrales establecidos.

El CAPI complementa la renta de estas unidades familiares para cubrir sus necesidades, pero el IMV tiene un alcance más amplio, ayudando a más personas, independientemente de si tienen hijos o no.

El simulador de la Seguridad Social: ¿Cómo saber si tienes derecho?

La Seguridad Social ofrece un simulador disponible en su web que permite a los ciudadanos saber si cumplen con los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.

El simulador solicita datos personales sobre los ingresos y el patrimonio de la unidad de convivencia, y con esa información realiza una estimación sobre la elegibilidad para el subsidio. Es importante destacar que el resultado del simulador no es vinculante, pero sí proporciona una buena orientación.

Para acceder al simulador, simplemente debes ingresar a la página oficial del IMV en imv.seg-social.es, donde encontrarás el enlace a la herramienta. Este proceso es gratuito y fácil de utilizar, proporcionando los datos personales que va requiriendo, y te permitirá conocer si es probable que seas beneficiario del IMV antes de iniciar el proceso de solicitud formal.

Carlos Mazón torna a fer tard. Aquesta vegada, el cap del Consell va prometre el gener passat una ajuda de 360 euros per als treballadors i treballadores afectats per la DANA que estigueren acollits a un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major. Quasi 11 milions d’euros va assegurar el president de la Generalitat que es destinarien als 30.000 treballadors en aquesta situació laboral per la riuada passada que va assolar més de 70 municipis valencians.

En declaracions pròpies de Mazón, tota persona afectada per un ERTO FM es podia acollir a un complement de 360 euros, “en un pagament únic, automàtic, sense burocràcia, ni paperassa, que s’abonarà el mes de gener”. No obstant això, no va ser fins al mes de febrer passat que es va publicar el decret, fet que va endarrerir el pagament d’aquesta ajuda i va augmentar, una vegada més, la crispació ciutadana per la lenta gestió del Govern valencià, aquesta vegada, en el compte oficial d’Instagram de la Generalitat amb comentaris com “Deia al gener… ara al febrer… es plantaran al març i no res”, expressa un usuari en la xarxa social.

“Els que vam estar en ERTO al novembre no tenim dret a l’ajuda”

Així mateix, un dels requisits principals d’aquesta resolució és haver estat en ERTO entre l’1 i el 31 de desembre, un criteri que deixaria milers de treballadors sense aquesta compensació, com és el cas d’R.B, testimoniatge que s’ha posat en contacte amb elDiario.es per a denunciar que la selecció l’exclou dels 360 euros perquè va estar en expedient de regulació durant el mes de novembre. “El perjudici econòmic que jo he patit per percebre el 70% de la base reguladora és el mateix que han patit els meus companys; ells, repartit entre novembre i desembre, i jo, durant novembre”, detalla.

En aquest sentit, l’afectada insisteix que aquesta mesura provoca un “gran greuge comparatiu” entre treballadors que no estigueren acollits a un ERTO al novembre per haver estat amb tasques de neteja en les empreses perjudicades i que, posteriorment, al desembre hagen estat almenys un dia emparats per aquest mecanisme legal.

“No té sentit que hi haja gent com jo que hem estat 31 dies complets en ERTO i no tinguem drets a l’ajuda. És totalment incomprensible, injust, aleatori i arbitrari el criteri utilitzat per a ser-ne beneficiari”, denúncia l’afectada en el recurs de reposició que ha presentat durant aquesta setmana i que espera que ho esmenen com més prompte millor. Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació diverses vegades, però no hi ha hagut resposta.

Carlos Mazón vuelve a llegar tarde. En esta ocasión, el jefe del Consell prometió el pasado enero una ayuda de 360 euros para aquellos trabajadores y trabajadoras afectados por la DANA que estuvieran acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. Casi 11 millones de euros aseguró el president de la Generalitat que se iban a destinar a los 30.000 trabajadores en esta situación laboral por la pasada riada que asoló más de 70 municipios valencianos.

En declaraciones propias de Mazón, toda persona afectada por un ERTE FM se podía acoger a un complemento de 360 euros, “en un pago único, automático, sin burocracia, ni papeleo, que se abonará en el mes de enero”. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se publicó el decreto, atrasando el pago de esta ayuda y aumentando, una vez más, la crispación ciudadana por la lenta gestión del gobierno valenciano, esta vez, en la cuenta oficial de Instagram de la Generalitat con comentarios como “Decía en Enero....ahora en Febrero....se plantarán en Marzo y nada”, expresa un usuario en la red social.

“Los que estuvimos en ERTE en noviembre no tenemos derecho a la ayuda”

Asimismo, uno de los requisitos principales de esta resolución es haber estado en ERTE entre el 1 y el 31 de diciembre, un criterio que dejaría a miles de trabajadores sin esta compensación, como es el caso de R.B, testimonio que se ha puesto en contacto con elDiario.es para denunciar que la selección la excluye de los 360 euros porque estuvo en expediente de regulación durante el mes de noviembre. “El perjuicio económico que yo he sufrido por percibir el 70% de la base reguladora es el mismo que han sufrido mis compañeros; ellos repartido entre noviembre y diciembre, y yo, durante noviembre”, detalla.

En este sentido, la afectada insiste en que esta medida provoca un “gran agravio comparativo” entre trabajadores que no estuvieran acogidos a un ERTE en noviembre por haber estado con tareas de limpieza en las empresas perjudicadas y que, posteriormente, en diciembre hayan estado al menos un día amparados por este mecanismo legal.

“No tiene sentido que haya gente como yo que hemos estado 31 días completos en ERTE y no tengamos derechos a la ayuda. Es totalmente incomprensible, injusto, aleatorio y arbitrario el criterio utilizado para ser beneficiario”, denuncia la afectada en el recurso de reposición que ha presentado durante esta semana y que espera que lo subsanen cuanto antes. Este medio se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo en varias ocasiones, pero no ha habido respuesta.

El inicio de marzo de 2025 llega con incertidumbres para muchos trabajadores que se encuentran cobrando el paro, uno de los subsidios más esperados por los afectados por la pérdida de empleo. Es común que cada mes las fechas de cobro varíen ligeramente, dependiendo de diversos factores como la entidad bancaria y la forma de abono del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Como cada inicio de mes, los beneficiarios del paro se encuentran expectantes por saber el momento en el que recibirán la ayuda económica a la que tienen derecho.

En general, las fechas de ingreso de las prestaciones están influidas por distintos factores, como el calendario administrativo, los días festivos o el tipo de cuenta asociada al cobro. Además, existen variaciones en cuanto al banco en el que los beneficiarios reciben el pago, lo cual puede hacer que algunas personas reciban la transferencia con ciertos días de diferencia respecto a otras.

La importancia de conocer la fecha exacta de cobro no solo radica en la tranquilidad que proporciona saber cuándo se podrá disponer de los fondos, sino también en la planificación económica personal, especialmente en un contexto económico en el que muchos hogares dependen de estas ayudas para cubrir sus necesidades básicas.

¿Qué día se cobra el paro en marzo de 2025?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) comenzará a ingresar el paro a partir del lunes 10 de marzo de 2025, y el proceso se completará antes del domingo 16 de marzo. Al ser un lunes, no se espera que haya retrasos en el cobro de ninguna prestación. Durante estos mismos días también se ingresarán otras ayudas como el subsidio para mayores de 52 años.

Qué día se cobra el paro en cada banco

El día exacto de cobro dependerá de la entidad bancaria de cada beneficiario, ya que cada banco maneja sus propios plazos de abono. A continuación, se detallan las fechas de ingreso del paro según cada banco:

Cuánto se cobra del paro este mes

A través de la Sede Electrónica del SEPE, los usuarios pueden verificar la cantidad exacta que recibirán tanto por el paro como por los subsidios por desempleo, además de conocer la duración de estas ayudas. Respecto al paro, durante los primeros 180 días se percibe el 70% de la base reguladora, mientras que a partir del día 181, el porcentaje se reduce al 60%.

Por otro lado, los subsidios siguen una normativa distinta. Si el subsidio fue aprobado antes del 1 de noviembre de 2024, se percibe el 80% del IPREM. En caso de que el último contrato haya sido a tiempo parcial, el importe del subsidio se ajustará proporcionalmente al número de horas trabajadas.

Para los subsidios aprobados después del 1 de noviembre, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, el importe inicial será del 95% del IPREM, reduciéndose gradualmente hasta el 80% del IPREM.

¿Por qué causas puedo dejar de cobrar el paro?

Existen varias razones por las cuales podrías dejar de percibir la prestación por desempleo. Entre las principales se encuentran:

Este viernes se pone en marcha la llamada “pasarela” del subsidio de paro al ingreso mínimo vital (IMV). Los perceptores del subsidio por desempleo que agoten esta prestación sin haber logrado un empleo podrán, desde este 22 de noviembre, pasar a percibir el ingreso mínimo vital a través de este nuevo procedimiento, que simplifica los trámites y pretende ser una vía más rápida para el cobro del IMV.

El Ministerio de la Seguridad Social explica que el funcionamiento de esta nueva “pasarela” se puede resumir en cuatro pasos. En estos, la Administración es proactiva y se reducen los trámites que los ciudadanos deberán cumplimentar. Estos pasos son los siguientes:  

1) El SEPE consulta

Durante el trimestre previo al agotamiento del subsidio por desempleo, el SEPE informará a la persona beneficiaria sobre la posibilidad de remitir sus datos y los de su unidad familiar a la Seguridad Social, a fin de tramitar la prestación del ingreso mínimo vital.

 2) La persona desempleada consiente

“Para ello, la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento y, en su caso, suscribir una declaración responsable de que dispone del consentimiento de los integrantes de su unidad familiar”, indica la Seguridad Social.

3) Envío de datos al agotar el subsidio

Si autoriza el consentimiento, el SEPE, “dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se produzca el agotamiento del subsidio por desempleo”, remitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como entidad gestora de la prestación de ingreso mínimo vital (o a los órganos competentes en los casos de Euskadi y Navarra), “la información necesaria para su tramitación”, explica el Ministerio de Elma Saiz.

4) Cobro “con efectos” desde el mes siguiente

En caso de reconocimiento del ingreso mínimo vital, la fecha del inicio de la prestación “será la fecha del agotamiento del subsidio”, explica la Seguridad Social, “y los efectos económicos se producirán el primer día del mes siguiente al del agotamiento del subsidio”.

Es decir, “no habrá un periodo de pérdida de ingresos para los perceptores”, destaca el Ministerio. La persona titular del Ingreso Mínimo Vital será, en todo caso, la que fuese beneficiaria del subsidio por desempleo.

Para aquellos casos en los que no se pueda utilizar este procedimiento más ágil, por ejemplo porque en el hogar convivan más personas que las declaradas para el subsidio, o cuando los ciudadanos no hayan dado su consentimiento, los interesados podrán presentar su solicitud en el nuevo portal del INSS para pedir pensiones y otras prestaciones, “por correo postal o en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS)”, recuerda la Seguridad Social.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado la importancia de esta nueva medida como un paso decisivo para simplificar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y garantizar “un sistema más justo y eficiente”. “Con la puesta en marcha de esta pasarela, eliminamos barreras administrativas y facilitamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias”.

Ya funciona el teléfono gratuito 020

El Ministerio recuerda además que “hace pocos días comenzaba a funcionar el teléfono corto 020, un servicio específico de atención e información sobre el Ingreso Mínimo Vital”.

Es gratuito, de alcance nacional, y permite a los ciudadanos “solicitar información sobre la prestación, recibir orientación para utilizar los servicios electrónicos, conocer la situación de su expediente o conocer los requisitos del complemento de ayuda a la infancia, entre otras muchas consultas”, explica el Ministerio.

En sus primeros días de funcionamiento, la Seguridad Social sostiene que “ya cerca del 30% de las llamadas de información sobre IMV entran a través de esta nueva numeración”.

Una de las principales críticas al ingreso mínimo vital, la renta mínima estatal para reducir la pobreza, ha sido desde el inicio el exceso de burocracia, la complejidad para pedir la ayuda y las dificultades para pedir incluso información al respecto. La Seguridad Social destaca esta pasarela y el teléfono 020 como algunos de los últimos cambios para hacer “más accesible” el IMV.

También, por ejemplo, “para las parejas de hecho se eliminó la obligatoriedad de acreditar un periodo de convivencia de 5 años”. Ya “sólo es necesario aportar la inscripción o la formalización de la pareja de hecho en documento público con una antelación mínima de dos años a la fecha de solicitud de la prestación”, recuerda el Ministerio.

“Seguimos trabajando para que esta prestación llegue a quienes más lo necesitan, reforzando nuestro sistema de protección social, ha subrayado Elma Saiz.

Este viernes empiezan a aplicarse novedades muy relevantes en el subsidio por desempleo. El 1 de noviembre entran en vigor gran parte de las medidas de la reforma aprobada por el Gobierno en mayo, tras un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, del que se descolgaron los empresarios. Entre los cambios figuran un aumento de las cuantías de la ayuda, hasta los 570 euros en los seis primeros meses de cobro, la eliminación del mes de espera y la inclusión de más colectivos que pueden percibir la ayuda, entre otros.

La lista de novedades es larga y alcanza a múltiples aspectos. Desde la cuantía del subsidio, el acceso sobre quiénes pueden ser beneficiarios, la posibilidad de compatibilizar su cobro con un empleo, y hasta varios cambios en la tramitación y el paso a la percepción de otras ayudas, como el ingreso mínimo vital (IMV).

A continuación, recogemos algunas de las principales modificaciones.

Aumenta la cuantía hasta los 570 euros

Los subsidios de paro que se reconozcan a partir del 1 de noviembre aumentan su cuantía. Las nuevas cantidades son:

Hay que insistir en que estas sumas se pagarán a los nuevos subsidios reconocidos a partir del 1 de noviembre, sin que se aplique un aumento de las cuantías de las ayudas ya reconocidas.

También hay una excepción: el subsidio de paro destinado a los mayores de 52 años, que se mantiene en el 80% del IPREM, que hoy suponen 480 euros al mes. Este mantiene su cotización ampliada (del 125% de la base mínima), como exigió Podemos, que rechazó la reforma en la primera votación por este motivo.

Fin al subsidio parcial: se cobrará íntegro

Otra importante novedad, que afecta sobre todo a las mujeres, es la eliminación de la parcialidad del subsidio tras un contrato a tiempo parcial. Es decir, se pone fin al cobro reducido del subsidio, que “se impuso en la reforma laboral de 2012”, recuerda CCOO, con una cuantía proporcional a las horas de trabajo del último contrato.

Los nuevos subsidios percibirán “la cuantía completa” de la ayuda “con independencia de su tipo de contrato”, destaca el sindicato.

Acceso de jóvenes, sin cargas familiares

Se amplía la cobertura del subsidio a varios colectivos más jóvenes. Por un lado, podrán cobrarlo las personas que han agotado la prestación contributiva de desempleo cuando tienen menos de 45 años y no tienen responsabilidades familiares, que antes estaban excluidas de este derecho. Eso sí, la prestación por desempleo agotada en estos casos debe haber tenido “una duración igual o superior a 360 días”.

Además, se extiende el acceso al subsidio entre quienes no tienen el mínimo cotizado exigido para cobrar la prestación contributiva de paro. Antes, si se había cotizado entre tres y seis meses, su percepción estaba condicionada a tener responsabilidades familiares.

A partir de ahora, podrán acceder al subsidio también las personas sin cargas familiares a partir de los tres meses cotizados, una situación que beneficia a “los demandantes más jóvenes en general, y más precarios”, destaca CCOO en su guía sobre los cambios de la reforma.

Acceso de todos los eventuales agrarios

Se posibilita el acceso a los subsidios por desempleo, incluido el de mayores de 52 años, para todas las personas trabajadoras eventuales agrarias del conjunto del Estado. Antes estaba limitado a las personas residentes en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía.

Trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla

La reforma reconoció también derecho a la protección por desempleo a los llamados trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. En este caso se trata del acceso a la prestación de paro, no al subsidio.

“Los trabajadores residentes en el Reino de Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades de Ceuta y Melilla, amparados por autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España”, recoge el decreto.

Requisito de carencia de rentas

Se amplía el requisito de acceso al subsidio respecto a “la carencia de rentas”. Se considerará de manera individual, como hasta ahora, cuando la renta del solicitante no supere “el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias”.

Pero además, se incorpora una opción de acceso por carencia de renta teniendo en cuenta la situación del hogar familiar: cuando la suma de las rentas del “conjunto de la unidad familiar, incluida la persona solicitante o beneficiaria, dividida entre el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias”.

Se elimina el mes de espera

Se suprime el mes de espera obligatorio para poder cobrar el subsidio, que dejaba a los solicitantes inmersos en un agujero de protección social. “El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente al del hecho causante siempre que se solicite en los quince días hábiles siguientes a la fecha del mismo”, recoge ahora la legislación. El hecho causante se refiere al agotamiento de la prestación contributiva por desempleo y “la de la última situación legal de desempleo si se accede por acreditar cotizaciones insuficientes”.

Este punto tiene otra novedad importante: “Si el subsidio por desempleo se solicitara una vez transcurridos los seis meses desde la fecha del hecho causante, la solicitud será denegada”, con algunas excepciones, como si la persona está de baja por incapacidad temporal o en su permiso por nacimiento de hijo cuando se cumple este plazo.

Compatibilizar el subsidio y un empleo

Los nuevos subsidios reconocidos a partir de ahora también tendrán un nuevo régimen de compatibilidad con el empleo, que les permitirá aceptar un trabajo a tiempo completo o parcial y cobrar parte de la ayuda durante los siguientes meses. Hasta 180 días, es decir, seis meses. El subsidio pasará a denominarse entonces “complemento de apoyo al empleo” (CAE).

La cuantía de este complemento irá decreciendo y dependerá de cuánto lleve el beneficiario cobrando el subsidio y del tipo de contrato, incentivando que se trabajen más horas.

Por ejemplo: Si la persona estaba en el primer trimestre de cobro del subsidio, y acepta un trabajo a tiempo completo, pasará a cobrar el salario y un CAE de 480 euros al mes (80% del IPREM). Si consigue un trabajo a tiempo parcial, del 75% o más de la jornada, percibirá un CAE del 70% del IPREM. Y si el empleo es de menos del 50% de la jornada, el CAE alcanzará el 60% del IPREM.

Hay que hacer la declaración de la renta

Otro de los cambios que más atención ha recabado en los últimos días es la nueva obligación de realizar la declaración de la renta. Los beneficiarios del subsidio por desempleo estarán obligados a “presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” a Hacienda.

En el Ministerio de Trabajo insisten en que es una obligación “documental”, es decir, a presentar la declaración, pero que eso no significa que siempre salga a pagar a las personas beneficiarias del subsidio, ya que en muchos casos estarán por debajo de los umbrales para ello. Pero el trámite es importante: no presentar la declaración es motivo de extinción del subsidio.

Pasarelas al ingreso mínimo vital (IMV)

Desde este noviembre quedan derogadas la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), aunque “las personas que a 1 de noviembre de 2024 hayan solicitado, sean beneficiarias o tengan suspendidos cualquiera de los subsidios existentes, incluidos SED y RAI, seguirán rigiéndose por la normativa anterior al RD Ley, hasta su extinción”, recuerda CCOO. A partir de ahora, se aplicará la derivación al ingreso mínimo vital (IMV) de subsidios que hasta ahora se regulaban por la RAI o el SED.

A partir del 22 de noviembre, se aplicará la llamada “pasarela” al IMV, en la que se facilitará que las personas que agoten el subsidio de paro y cumplan con los requisitos puedan cobrar la renta mínima estatal de manera más ágil. Para ello, habrá una mayor colaboración entre el SEPE y la Seguridad Social.

La anunciada “pasarela” para pasar del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital (IMV), y evitar así que las personas desempleadas se queden sin ningún tipo de protección, empezará a funcionar el próximo mes de noviembre, ha explicado este jueves la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez. La ministra Elma Saiz ha añadido que el teléfono corto de información sobre el IMV 020 también estará disponible a partir del mismo mes.

Se trata de una medida, anunciada ya desde la época del ministro José Luis Escrivá en 2021, y en la que Inclusión ha estado trabajando con el Sepe y el Ministerio de Trabajo durante todo este tiempo, ha explicado Elena Rodríguez. En concreto, estará disponible desde el 22 de noviembre.

“Es una de las medidas más positivas que se ha hecho en los últimos meses”, ha respondido Rodríguez, de cara a aumentar el número de perceptores del IMV y reducir el llamado non take-up, las personas con derecho a la ayuda que no la perciben.

El anuncio ha tenido lugar en la rueda de prensa que han concedido la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la secretaria general de Inclusión, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Saiz ha destacado que el IMV alcanza a 661.640 hogares en los que viven casi dos millones de personas (1.993.559), aunque ha sostenido que aún hay margen para seguir mejorando la protección de la renta mínima estatal. “No nos conformamos, el IMV es una política viva que vamos a seguir mejorando para no dejar a nadie atrás”, ha afirmado.

No será reconocimiento de oficio

El traspaso de perceptores del subsidio de paro al cobro del IMV no será automático, indican en el Ministerio de Inclusión. Es decir, que no se realizará un reconocimiento de oficio del ingreso mínimo vital.

Pero, gracias al cruce de datos alcanzado en estos meses entre el SEPE y el INSS, ambas administraciones se comunicarán para facilitar la percepción del IMV, en los casos de aquellas personas que cumplan los requisitos de la renta mínima estatal.

El objetivo, indican en el Ministerio que dirige Elma Saiz, es que las personas a las que se les acaba el subsidio no se queden sin ningún tipo de ingreso ni cobertura social.

Elena Rodríguez ha explicado que, entre las personas con derecho al IMV y que no lo solicitan, hay un 40% que reciben algunos ingresos. De ellos, “perciben el subsidio de paro en la mayoría de ocasiones”, ha añadido.

“No es momento de retirarse de esta lucha”

La ministra Elma Saiz ha lanzado un mensaje a las Comunidades Autónomas, a las que ha pedido “corresponsabilidad” ante la reducción de las rentas mínimas regionales contra la pobreza tras la puesta en marcha del Ingreso mínimo vital.

“Doce de las 17 comunidades autónomas” han reducido sus rentas mínimas, ha lamentado Saiz, además de las dos ciudades autónomas, han optado por reducirlas. Según el análisis anual del Ministerio de Derechos Sociales, las que más han mermado su presupuesto desde 2020 son Aragón y Madrid.

“No es momento de que nadie se retire de esta lucha”, ha afirmado Saiz. Un mensaje en el que insistirá el próximo lunes, cuando se celebrará en Navarra la Comisión de seguimiento del IMV, con las Comunidades Autónomas y la federación de municipios.

Desde hace décadas las personas privadas de libertad que hubieran permanecido al menos seis meses en prisión, si a su salida carecían de trabajo, prestación por desempleo o capacidad económica, tenían derecho a un pequeño subsidio que les ayudaba a la subsistencia en el momento de excarcelación y que duraba hasta que encontrasen un trabajo o alcanzasen una duración máxima. 

La mayoría de las personas al conseguir su libertad precisan de esta ayuda. Es una medida esencial para facilitar a estos ciudadanos, que han estado un tiempo separados de la sociedad, su reinserción. Está medida es, pues, absolutamente necesaria y nunca había sido puesto en duda. 

No obstante, se decide ahora con ocasión de unificar determinadas prestaciones asistenciales, suprimirla. La finalidad declarada es incluir a una serie de colectivos, entre otros a este, dentro del ingreso mínimo vital (IMV). A partir del 1 de noviembre de 2024 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dejará de conceder esta ayuda. 

Esta decisión debe ser considerada como errónea y absurda ya que, por un lado, no se abaratará el coste, porque en teoría las personas liberadas pasarán ahora a ser beneficiarias del IMV y por otro, se causará un perjuicio de imposible reparación. A las enormes dificultades que lleva arrastrando el ingreso mínimo vital, se le suman una serie de obstáculos adicionales. 

El cambio de subsidio a IMV puede afectar muy negativamente a la familia que de apoyarle en su reinserción social se verá gravemente perjudicada. Así pues, si el sentido de esta ayuda era atender con urgencia a la salida, un año después la necesidad ya ha tenido que ser cubierta de otras formas, por lo que es un auténtico despropósito.

Si antes con el antiguo subsidio, las personas liberadas tenían que esperar un plazo antes de solicitar y obtener la ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal, de entre 1 o 2 meses, con el IMV, que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, su concesión se retrasa entre 4 y 9 meses además de exigir unos requisitos mucho más estrictos que lo se venia exigiendo. A partir de ahora si la persona presa se reincorpora a su unidad familiar y esta cobra la prestación del IMV toda la familia perdería la prestación al exigir 6 meses de convivencia, y para el caso de que la persona fuera a residir en un piso compartido o en un centro, precisa de un informe social emitido por las trabajadoras sociales que tarda meses en obtenerse. 

Por ello, el cambio de subsidio a IMV puede afectar muy negativamente a la familia que de apoyarle en su reinserción social se verá gravemente perjudicada. Así pues, si el sentido de esta ayuda era atender con urgencia a la salida, un año después la necesidad ya ha tenido que ser cubierta de otras formas, por lo que es un auténtico despropósito. 

Además, está concesión puede afectar negativamente al resto de familiares que estuvieran percibiendo el ingreso. 

En definitiva, si la finalidad era facilitar la reinserción y ayudar a la subsistencia en un momento vital complejo, esta medida adoptada no ayuda a la misma.

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el subsidio para parados de 52 años solo podrá cobrarse si el beneficiario se inscribió como demandante de empleo desde que se quedó sin trabajo, y no desde que cumplió esa edad. Los jueces han dado la razón a la administración frente a un hombre de Cantabria que trabajó como autónomo durante más de una década y que se inscribió como demandante de empleo tres meses antes de cumplir los 52 años, aunque había dejado de trabajar más de un año antes.

Según explica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), esta prestación está pensada para personas de 52 años o más que hayan agotado cualquier prestación contributiva o subsidio por desempleo, haber cotizado por desempleo entre 90 y 359 días y haber estado inscrito como demandante de empleo con interrupciones máximas de tres meses. En España, según los últimos datos disponibles del SEPE, más de 445.000 personas se benefician de esta ayuda pública al desempleo con un 53% de mujeres como beneficiarias.

Los tribunales han dictado esta sentencia a raíz del caso de un hombre de Cantabria que, según alegó, estuvo dado de alta como autónomo entre 2005 y 2015 para volver a estarlo nuevamente entre 2016 y 2018. No se inscribió como demandante de empleo hasta febrero de 2019, unos meses antes de cumplir los 52 años y medio año antes de pedir este subsidio de desempleo. Tenía para entonces más de 25 años cotizados a la Seguridad Social en su vida laboral.

El Tribunal Superior de Cantabria le dio la razón en un primer momento y le reconoció el subsidio teniendo en cuenta su cuarto de siglo cotizado frente a los meses en que no estuvo inscrito como desempleado. El Supremo revoca esta decisión y explica que desde que la normativa bajó el listón de esta ayuda desde los 55 hasta los 52 años hay una condición para que puedan acceder a ella quienes no la han cumplido en el momento de inscribirse como desempleado, como es el caso de este hombre: hay que estar “ininterrumpidamente inscritos como demandantes de empleo hasta la fecha en la que cumplan esa edad y puedan solicitar entonces el subsidio”.

Para el Supremo, la exigencia de estar inscrito de forma ininterrumpida como demandante de empleo no empieza cuando se cumplen los 52 años, sino cuando se queda sin empleo.

La finalidad de este subsidio es “amparar las situaciones de desprotección de quienes buscan empleo y no encuentran colocación antes de alcanzar los 52 años, y no la de quienes voluntariamente se apartan del mundo laboral sin tan siquiera buscar empleo, y pretenden percibir el subsidio al cumplir los 52 años”.

En este caso, entienden que este antiguo trabajador autónomo de Cantabria trabajó como autónomo en dos periodos pero “sin llegar a inscribirse como demandante de empleo durante más de un año al acabar el primero de ellos” ni tampoco al terminar su segunda etapa como autónomo. Solo se inscribió tres meses antes de cumplir los 52 años. Hasta entonces, dice el Supremo, no había mostrado “intención alguna de mantenerse en la búsqueda activa de empleo” y eso le impide optar ahora al subsidio.

 El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha abierto el plazo de solicitud de dos nuevas líneas de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en el ámbito social, así como a la mejora de sus sedes. Estas ayudas, que suman una partida total de 610.000 euros, podrán solicitarse hasta el próximo 6 de septiembre a través de la sede electrónica municipal en el apartado de “trámites”. Con estas prestaciones, el Ayuntamiento tiene el objeto de “apoyar directamente el asociacionismo, la cohesión y la necesidad de trabajar codo con codo con las entidades de acción social”.

Subvenciones para proyectos sociales

La primera línea de subvenciones, con una dotación de 350.000 euros, está destinada a financiar proyectos sociales en cinco áreas clave: participación y voluntariado en el ámbito de servicios sociales, prevención de la exclusión e inclusión social, protección de la infancia y la adolescencia, prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo, y apoyo a personas con discapacidad.

Ayudas para la mejora de sedes

La segunda línea, que asciende a 260.000 euros, se dirige a la reforma y modernización de las sedes de estas entidades. Incluye mejoras estructurales, optimización del espacio, eficiencia energética y adquisición de nuevos equipamientos.

Rocío Bastida, delegada municipal de Servicios Sociales, ha destacado la importancia de estas ayudas como reflejo del compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la cohesión social, “Estas subvenciones son una muestra del compromiso municipal con la igualdad y la cohesión social”, ha manifestado.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la reforma del subsidio por desempleo reducirá “medio punto” el paro estructural en nuestro país. Cuerpo asegura que, más allá de la reforma laboral, el Ejecutivo ha favorecido otros cambios en el mercado laboral para “poco a poco ir arañando décimas, ir arañando puntos” a la tasa de paro estructural, “que ha venido lastrando a la economía española en las últimas décadas”.

La tasa de paro estructural en nuestro país se encuentra en el 12%, según los últimos datos del propio Ministero. Tras reducirse en los últimos años (en 2018 estaba en el 13,5%), este estimación de desempleo “que se mantiene constante en el tiempo”, según su definición teórica, sigue siendo la mayor entre las principales economías de la UE, por encima de las de Grecia o Italia, donde se sitúan cerca del 9%. “Una alta tasa de paro estructural supone una infrautilización de la capacidad productiva de una economía, así como la exclusión laboral de una gran parte de la sociedad”, apunta un informe de Caixabank Research.

“Para reducirla, se requieren mejoras en tres frentes: una mayor demanda de empleo, una mayor oferta de empleo y un mejor emparejamiento entre una y otra”, continúa Josep Mestres, economista del servicios de estudios del banco.

El 20 de junio, el Congreso de los Diputados convalidó este la reforma del subsidio por desempleo, tras el batacazo que supuso para el Ejecutivo que Podemos tumbase una primera versión, presentada en enero, por la reducción de la cotización de los mayores de 52 años que cobran esta prestación del 125% al 100%, y que ahora Trabajo ha revertido.

“Debería haber sido aprobado hace meses, porque contiene mejoras tan sustanciales para la ciudadanía que no debería haberse dilatado ni un minuto más su puesta marcha”, afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su defensa de la norma, que era también un hito exigido por la Comisión Europea para el despliegue del Plan de Recuperación.

La reforma incluye la ampliación del subsidio en 90 euros, hasta los 570 para los nuevos receptores durante los primeros seis meses. El subsidio se amplía también a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, hasta ahora excluidas, y a las temporeras marroquís que trabajan en España. Además, equipara la cuantía que reciben las personas que hubieran estado empleadas a tiempo parcial, con aquellas a tiempo completo. Esta medida supone un beneficio para las cuantías que reciben las mujeres, que son generalmente las que recurren a esta parcialidad no deseada y que se veían luego perjudicadas en la prestación.

Entre las grandes novedades está que ofrece la posibilidad de compatibilizar durante seis meses el subsidio con la actividad laboral, “sin riesgo a perder el derecho o a ver aminorada su cuantía”.

Vacantes en el mercado laboral

Este lunes, además, el ministro de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que uno de los principales retos en el ámbito laboral es el ajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. “El hecho de que convivan ahora mismo una tasa elevada de desempleo con una elevada demanda de determinados perfiles (perfiles comerciales, especialistas en 'big data'...) yo creo que es un elemento que tenemos que ser capaces de ajustar”, ha explicado en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press'. En su opinión, el sector público debe contribuir “a la cadena de valor del talento”, identificando y anticipando las necesidades formativas.

Por otra parte, el ministro ha subrayado que el “otro gran reto” del mercado laboral para este legislatura es la reducción de la jornada de trabajo a las 37,5 horas semanales en 2025, tal y como se recogió en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.

“Si miramos lo que ha sucedido en las últimas décadas, la jornada laboral ha ido disminuyendo, hasta situarse ligeramente por debajo de las 38,5 horas semanales. En los últimos años, sin embargo, este proceso se ha estancado y estamos en la franja alta cuando nos comparamos con algunos de nuestros principales socios, como Francia o Alemania”, ha argumentado.

Cuerpo ha afirmado que “la evidencia empírica” apunta a que en países como Francia o Portugal, que han ido llevando a cabo reducciones de jornada en los últimos años, éstas han sido compatibles con una mejora salarial y también con una mejora de la productividad.

“Esa es la vía, ganar espacio y derechos para los trabajadores y hacerlo, por supuesto, de manera compatible con una mejora continua del proceso productivo”, ha indicado Cuerpo, que ha puesto como ejemplo de este proceso a la empresa hortofrutícola Tani, de la que ha explicado que está robotizando su actividad, haciéndola compatible con una reducción progresiva de la jornada sin afectar al salario y el número de trabajadores.

En su opinión, ese es el camino a seguir. “Somos conscientes de las dificultades específicas que enfrentan los trabajadores y algunos sectores o empresas, como puedan ser también las pymes, y de la importancia de acompañar a nuestro sector productivo en este proceso cuando se necesite. De ahí, por lo tanto, la importancia de ese proceso de diálogo social que está abierto ahora mismo para llegar a un acuerdo”, ha subrayado.

Revisión al alza del crecimiento del PIB

Por último, Cuerpo ha adelantado que el Gobierno aprobará la semana que viene el nuevo cuadro macroeconómico, que elevará a cerca del 2,5% la estimación de crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) para este año, junto con el techo de gasto para 2025, dando así el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio.

“Vamos a lanzar el proceso de aprobación de los PGE de 2025 y el cuadro macro sirve de base, por lo que tenemos que ir a una actualización de la última previsión de este año, que se situará más cerca del 2,5% que del 2% actual”, ha reiterado Cuerpo, tras asegurar que se aprobará la semana que viene, junto con el límite no financiero para 2025, conocido como techo de gasto.

En este sentido, ha apuntado que su aprobación depende del Ministerio de Hacienda y que está trabajando “de forma continua y sin descanso” para cumplir los objetivos y que se apruebe dentro del calendario normal, que es antes del mes de agosto.

Ha sido a la segunda y sin ningún voto en contra. El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la reforma del subsidio por desempleo, tras el batacazo que supuso para el Ejecutivo que Podemos tumbase una primera versión, presentada en enero, por la reducción de la cotización de los mayores de 52 años que cobran esta prestación del 125% al 100%, y que ahora Trabajo ha revertido.

“Debería haber sido aprobado hace meses, porque contiene mejoras tan sustanciales para la ciudadanía que no debería haberse dilatado ni un minuto más su puesta marcha”, afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los primeros compases de su defensa de la norma desde la tribuna de oradores del Congreso. “Se lo dijimos al ministerio: retiren el recorte y contarán con nuestro favor. Ese ere nuestro compromiso y lo hemos cumplido. Si ustedes han tardado meses en darse cuenta de que el recorte existía, pues es problema de ustedes”, respondió la diputada de Podemos, Noemí Santana.

La postura de Podemos en aquella primera votación supuso la ruptura de facto con el grupo parlamentario de Sumar, con quien se presentó a las elecciones. “La valentía de mi grupo político hizo que nos convirtiéramos en la diana de una campaña de desprestigio que negaba la mayor”, ha reivindicado Santana. Su negativa a convalidar decreto contó con la oposición de los sindicatos que, pese a no haber sido negociado en la mesa del diálogo social, consideraban que la mejor opción era convalidarlo e incorporar mejoras y correcciones durante el trámite parlamentario.

El decreto convalidado este jueves cuenta ya con el respaldo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, a quienes Díaz ha agradecido sus aportaciones. También a las asociaciones empresariales cuyas aportaciones, pese a que no han firmado el acuerdo, “han mejorado sensiblemente el contenido de la norma”, ha dicho la vicepresidenta segunda, que ha catalogado la reforma como “la más ambiciosa sobre el nivel asistencial del desempleo hasta ahora”.

La reforma del subsidio es un compromiso con Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos 'Next Generation'. Sin embargo, Díaz ha reivindicado que la norma, convalidada con la abstención de PP y Vox, “no es un trámite” ni “un mero compromiso con Europa, que también lo es”, sino que “va a permitir a muchos ciudadanos y ciudadanas vivan mejor en nuestro país”. “Ojalá aquellos y aquellas que en su día recortaron las prestaciones por desempleo en los momentos más críticos de nuestra historia se sumen al avance de los derechos sociales en España”, había pedido la titula de Trabajo.

La reforma incluye la ampliación del subsidio en 90 euros, hasta los 570 para los nuevos receptores durante los primeros seis meses. “Es una cantidad demasiado importante para quien accede al subsidio”, ha dicho Díaz, “que determinará la diferencia entre comer fruta fresca y pescado o no”. Además, se amplía la prestación a los eventuales agrarios, ante lo que la vicepresidenta segunda ha reclamado a la derecha que “proteger al campo no es lanzar proclamas contra el medio ambiente”: “Cuanto hablan de agricultura, pero hoy van a votar en contra”, lamentó.

El subsidio se amplía también a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, hasta ahora excluidas, y a las temporeras marroquís que trabajan en España. Además, equipara la cuantía que reciben las personas que hubieran estado empleadas a tiempo parcial, con aquellas a tiempo completo. Esta medida supone un beneficio para las cuantías que reciben las mujeres, que son generalmente las que recurren a esta parcialidad no deseada y que se veían luego perjudicadas en la prestación. “Es una norma especialmente feminista por el impacto de género que tiene”, ha defendido Díaz, que ha recordado que incluye un nuevo subsidio para las víctimas de violencia machista.

Sin mes de espera

Entre las novedades, la posibilidad de compatibilizar durante seis meses el subsidio con la actividad laboral, “sin riesgo a perder el derecho o a ver aminorada su cuantía”, ha explicado Díaz. Además, se suprime en la mayoría de subsidios el doble requisito de carencia de rentas, la propia y la de la unidad familiar, que ahora la persona beneficiaria podrá elegir, y el mes de espera para recibir la prestación. “¿Se han preguntado por qué teníamos ese mes de espera?”, ha interpelado la ministra de Trabajo a la Cámara, donde ha considerado que “estábamos culpabilizando a las personas desempleadas de su situación”.

Los grupos que habían apoyado el real decreto presentado en enero han celebrado los cambios introducidos por Trabajo y han catalogado la medida como positiva, aunque algunos han lamentado que no fuera más allá. Desde el BNG han vuelto a reclamar la derogación completa de la reforma laboral del Partido Popular; ERC ha señalado la “timidez de ciertas mejoras”, como las cuantías, que Podemos también había pedido que fueran mayores; y Bildu ha indicado que las mejoras son “parciales”.

El portavoz de esta formación, Oskar Matute, ha reivindicado que las mejoras en el permiso de lactancia, que la reforma garantiza ahora en 28 días, hasta ahora condicionado a la negociación colectiva, “aún queda muy lejos” de lo que en Euskadi “ha provocado una huelga general y ha hecho salir a decenas de miles de personas a la calles para defender un sistema público de cuidados”. “Es ahí donde tenemos que fijarnos”, ha pedido. En esa línea, el texto convalidado incluye la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que podrán adaptar su horario si tienen “necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años”.

La reforma incorpora también la prevalencia de los convenios autonómicos, que Pedro Sánchez había negociado con el PNV a cambio de su apoyo en la investidura. Esta prevalencia solo será efectiva, había advertido ya la ministra, “si las formulaciones son más favorables para el trabajador o la trabajadora”. Y ha sido este el punto que el PP ha esgrimido para negarse a apoyar la convalidación del real decreto. “Es infumable en el fondo y en la forma, porque supone una ruptura, una desigualdad entre los territorios”, ha dicho el portavoz del partido, Ángel Ibáñez, durante su intervención, en la que ha recalcado que “pueden estar incurriendo en inconstitucionalidad” y que se saltan el acuerdo entre sindicatos y patronal que, en la negociación para la reforma laboral, “decidieron no abordar así el asunto”. El PP votó en contra de aquella medida, pese a que contaba con el consenso de los agentes sociales.

La convalidación del decreto, con la abstención de PP y Vox, permite que la norma siga en vigor. Lo que si han apoyado estos grupos es la tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que permite introducir modificaciones en un periodo ajustado de tiempo.