La exposición itinerante '40 años en memoria de Mikel Zabalza' ha llegado este jueves a Pamplona en su recorrido por distintas localidades vinculadas al joven navarro que murió en el cuartel de Intxaurrondo víctima de las torturas que recibió por parte de la Guardia Civil en 1985. Se trata de un autobús como el que conducía Zabalza en Donostia y en el que en su interior se han colocado paneles informativos que cuentan la historia de su caso y la reclamación de su familia por conocer la verdad. 40 años después la versión oficial sigue siendo la de que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto, cuando un informe del Gobierno vasco del año 2022 adelantado por este periódico acreditó que había muerto en Intxaurrondo por las torturas que sufrió.

“El caso de Mikel Zabalza es el más conocido de los cerca de 1.000 casos de tortura en Navarra, y en él se juntan de alguna manera todas las injusticias que hemos padecido las personas torturadas en Navarra: la falta de reconocimiento, la falta de justicia y, en general, la impunidad con la que se nos ha torturado aquí”, ha explicado Mikel Soto, miembro de la Red Navarra de Personas Torturadas, que junto con la asociación Mikel Zabalza Gogoan y antiguos compañeros suyos de trabajo han organizado la exposición, que estará en Pamplona hasta el 7 de diciembre y que finalizará en Donostia el 14 de diciembre.

Mikel Zabalza era un joven treintañero navarro que no tenía ningún tipo de vinculación con ETA, pero que fue detenido por la Guardia Civil en Donostia en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 merced a la Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. En Intxaurrondo sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. 

Desde entonces su familia reclama que se conozca toda la verdad de lo sucedido aquellos días en el cuartel de la Guardia Civil. “Por parte del Estado es cierto que los pasos que se han dado son pocos”, lamenta Mikel Soto, que mantiene la “esperanza” en que la movilización social pueda ayudar a que se desclasifiquen los archivos del 'caso Zabalza'. “Sería extraordinario que por el aniversario se diera algún paso, pero no espero que suceda, no interesa sacar a la luz lo que pasó”, explicaba su hermana hace unos días a este periódico.

“Es una ley firmada por el generalísimo Franco, es una ley franquista que además da a la Junta Militar la potestad de abrir los expedientes y la documentación, y en casos como el de Mikel Zabalza difícilmente se podrá dar más avances si no se cambia esa ley”, ha añadido la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

La madrugada del 26 de noviembre de 1985, efeméride de la que este miércoles se cumplen 40 años, el navarro Mikel Zabalza dormía en su casa de Donostia para, a la mañana siguiente, acudir como cada día a su puesto de trabajo en la compañía del transporte público de la capital guipuzcoana. Miguel Mari, como le llamaba su familia, no era miembro de ETA ni tenía relación alguna con la banda terrorista. Pero a pesar de ello, aquella noche la Guardia Civil lo detuvo en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. La misma noche que detuvieron a Mikel Zabalza, la Guardia Civil también arrestró, en la misma operación, a sus hermanos Aitor y Patxi, a Idoia Ayerbe, novia de Zabalza, a Manuel Vizcay, su primo, y a Jon Arreche. Todos ellos sufrieron malos tratos.

Zabalza fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial dice que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto, pero un informe del Gobierno vasco del año 2022 adelantado por este periódico acreditó que había muerto en ese cuartel por las torturas que sufrió. Hoy, en ese lugar una placa recuerda la violencia que allí sufrió hasta la muerte.

Tanto el Gobierno vasco como el navarro han reconocido oficialmente a él y a su familia como víctimas de la violencia policial, un gesto que “reconforta en una parte” a sus allegados, que lo consideran “un paso muy importante”. Eso comporta también una indemnización económica.

Al otro lado del teléfono una de las hermanas de Mikel Zabalza, Lourdes, reconoce que estas son “fechas muy emotivas” en las que se le recuerda “muy especialmente” y lamenta todo el tiempo que ha tenido que pasar para que se les diera la razón. Su familia sufrió durante años el acoso de quienes defendían la versión oficial, que les tildaban de “mentirosos” por decir que había sido torturado. “Se ha demostrado que mi hermano no era de ETA y se ha reparado su nombre”, señaló en 2022 Lourdes Zabalza en una entrevista.

Con todo, su familia sigue reclamando que se conozca “toda la verdad” de lo sucedido aquellos días en Intxaurrondo con la desclasificación de los documentos oficiales y pide que se expediente a los agentes que participaron en las torturas. Sin embargo, no confían en que eso pueda suceder en el corto plazo. “Sería extraordinario que por el aniversario se diera algún paso, pero no espero que suceda, no interesa sacar a la luz lo que pasó”, lamenta Lourdes Zabalza. En 2023 Arturo Espejo, guardiacivil que instruyó la causa y estaba encargado de custodiar a Zabalza en Intxaurrondo cuando era teniente en ese cuartel, fue ascendido a la cúpula de la Guardia Civil.

Para la elaboración del informe del Gobierno vasco se practicaron 32 diligencias entre recopilación de información policial, judicial o periodística, entrevistas a testigos, análisis periciales e incluso una reconstrucción de la supuesta huida en Endarlatsa para descartarla como hipótesis. En él se explica, por ejemplo, que asumir que esa posibilidad supondría creer que una persona sin relación con ETA identificó un zulo y que, una vez allí, saltó nueve metros esposado y sin saber nadar por una zona escarpada y peligrosa. “No es posible que una persona maniatada que no sabe nadar se tire por un barranco que está lleno de arbustos cuando, si conocía tan bien el lugar, como ellos sostenían, en lugar de tirarse por ahí, hubiera cruzado el río un poco más adelante, solo se hubiera mojado los pies y estaría en Francia”, explica su hermana.

La reconstrucción de los hechos

El informe del Gobierno recoge que todos los detenidos aquella noche refirió malos tratos y torturas. Diferentes testigos describen que “oyeron gritos desgarradores” de la zona de Intxaurrondo donde estaba Zabalza. Menciona que entre las prácticas que se empleaban para la tortura estaban la 'bañera' –ahogamientos en agua– o la 'bolsa' –asfixia con una bolsa en la cabeza–.

También recoge el trato “degradante” que sufrió su familia y reseña el caso de su madre, que cuando acudió al cuartel solicitando información sobre su hijo detenido fue remitida “a objetos perdidos”. “Constituye en sí mismo un trato inhumano y degradante con entidad propia y de especial bajeza moral”, sostiene el informe. La Guardia Civil también acudió al domicilio de unos allegados para tratar de convencerles de que Zabalza había cruzado la frontera para huir a Iparralde.

—El tema de Zabalza está muy feo.

—Sí, muy mal.

—¿Has hablado con Felipe y éstos?

—No, no he hablado... Un juicio así rápido mío de valores es que se les ha ido la mano, que se les ha quedado en el interrogatorio.

[...]

—¿Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?

—Sí, mi impresión es que en el interrogatorio. Posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza, ésa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos.

[...]

—Porque cuando se cargaron a Zabala y al otro... ¿Cuál era?

—¿A Lasa? Eso fueron dos tiros en la cabeza.

—¿Dos tiros?

—Dos tiros en la cabeza sin capucha.

El informe recoge también la transcripción de la conversación entre Perote y Gómez Nieto en el que hablan con franqueza de lo ocurrido con Zabalza pero también de uno de los principales crímenes terroristas de los GAL. Sin embargo, la Guardia Civil publicó el 27 de noviembre que Zabalza se había escapado. El 29 añadieron que “fruto de una manifestación espontánea” Zabalza explicó dónde había un zulo de ETA en Endarlatsa y que fue allí desde donde escapó. El cadáver no apareció hasta el 15 de diciembre. Lo halló el GAR de la Guardia Civil “en una zona que había sido rastreada minuciosamente en cada una de las ocasiones por doce buceadores, veinte socorristas de apoyo, tres embarcaciones y la unidad de rescate de la Cruz Roja”. Hubo manifestaciones multitudinarias en Donostia y en Pamplona.

Por el cuarenta aniversario de su desaparición, sus antiguos compañeros de trabajo, en colaboración con la asociación Mikel Zabalza Gogan, han organizado una actividad “para dar visibilidad” a la realidad de su caso. Consistirá en un autobús con paneles informativos y decorado con la misma pancarta que sus compañeros colgaron de uno de los autocares durante los días que estuvo desaparecido y que rezaba: “Hemen ez dago gidaria, non dago? Aquí no hay conductor, ¿dónde está?”. El autobús recorrerá Orbaizeta, Pamplona, Bortziriak, Altza y Donostia entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre.

El Ayuntamiento de Donostia colocará este próximo sábado una placa en memoria de Mikel Zabalza, víctima por acción policial en 1985. Con este acto sumarán 32 las placas que el Consistorio donostiarra ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política.

El acto tendrá lugar a las doce del mediodía frente al número 35 de la calle Baratzategi (junto a la Comandancia de la Guardia Civil). Como en otras ocasiones, consistirá en un sencillo homenaje de reconocimiento en el que participarán el alcalde, Eneko Goia, representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y familiares de las víctimas, según recoge Europa Press.

Mikel Zabalza Garate, de 32 años, nacido en Orbaizeta (Navarra) y vecino de Altza, era chófer de la Compañia del Tranvía de San Sebastián y afiliado del sindicato ELA. Fue detenido por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 1985 y, tras su paso por el cuartel de Intxaurrondo, fue encontrado muerto 20 días después en el río Bidasoa.

Con esta nueva placa, el Ayuntamiento continúa desarrollando esta iniciativa para recuperar la memoria y visibilización en el espacio público de aquellas víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en la capital guipuzcoana. Hasta el momento, se han colocado placas en los lugares en los que fueron asesinados Juan Maria Araluce, José María Elícegui Díez, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sánz Flores, Alfredo García González, Gregorio Ordóñez Fenollar, Francisco Martín González, Fernando Múgica Herzog, Rafael Garrido Gil, Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta, Daniel Garrido Velasco, Miguel Paredes y Elena Moreno, Eugenio Olaciregui Borda, Francisco Javier Gómez Elosegi, José Ángel Santos, Josu Leonet, Juan de Dios Doval Mateos, Miguel Ángel Iñigo Blanco, Juan Antonio Marcos González, Manuel Orcera de la Cruz, Antonio Pastor, Moisés Cordero, Lorenzo Motos Rodríguez ySantiago Oleaga Elejabarrieta, asesinados todos ellos por ETA. También Enrique Cuesta, Antonio Gómez y Juan Manuel García Cordero —asesinados por Comandos Autónomos Anticapitalistas—, Begoña Urroz Ibarrola —asesinada por el DRIL—, María José Bravo del Valle —asesinada por el Batallón Vasco Español— y Joseba Barandiaran Urkola —víctima por acción policial—.

La localidad navarra de Orbaizeta ha recordado un año más a Mikel Zabalza, cuando se cumplen 39 años de su muerte tras ser torturado por la Guardia Civil, en acto en el que se ha vuelto a reivindicar “verdad, justicia, reparación y garantías de que no vuelva a suceder”. Zabalza ha sido recientemente reconocido por el Gobierno de Navarra como víctima de la violencia policial.

Para Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, el reconocimiento de su hermano por el Gobierno de Navarra como víctima de motivación política “es un paso importante, algo que nunca imaginaríamos”. No obstante, Eneko Villegas, miembro de la iniciativa ciudadana Mikel Zabalza Gogoan, ha pedido “un reconocimiento integral”. “A los que han sido un obstáculo en Madrid nos gustaría decirles que esos reconocimientos hay que acompañarlos con hechos. Les exigimos que aclaren de una vez por todas su posición y se alineen a favor de la verdad”.

Según indica la plataforma en una nota de prensa, Villegas ha puesto como ejemplo de estos “obstaculos” los “ascensos de los implicados en el caso o las excusas del ministro Bolaños para no desclasificar los secretos oficiales del caso”. “¿Que el caso de Mikel perjudica a la seguridad nacional del Estado? ¿Qué tiene de especial? Sólo encontramos una respuesta. Si el caso de Mikel y hechos similares ocurridos durante todos estos años perjudican a la seguridad, es porque ha habido una sistematización detrás”, ha manifestado.

La plataforma Mikel Zabalza Gogoan ha invitado a Aitziber Berrueta, hija de Angel Berrueta, asesinado hace 20 años por parte de un policía nacional fuera de servicio, “ya que se sienten cercanos a su causa”.

La música de Maite Loperena ha hilado las palabras de los participantes en el acto. Como cada año han bailado el aurresku frente al monolito en memoria de Mikel Zabalza y el Ayuntamiento de Orbaizeta y la plataforma han depositado en el monolito un ramo de flores.

Según recuerdan desde la plataforma, Mikel Zabalza fue detenido por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 1985, en San Sebastián. “Se dio por desaparecido. Según la versión oficial, los guardias lo trasladaron a Endarlatsa para identificar un zulo y escapó saltando al rio Bidasoa. Durante veinte días se rastreo toda la zona para encontrarlo. Al final, la Guardia Civil encontró su cuerpo en el río Bidasoa, el 15 de diciembre”, señalan.

“La familia nunca ha creído la versión oficial. Tampoco el pueblo. La muerte de Mikel Zabalza toco profundamente al pueblo de Orbaizeta, pero generó protestas en toda Euskal Herria, que denunció lo ocurrido entonces”, destacan.

El próximo año se cumplirán 40 años de la muerte de Mikel Zabalza y las iniciativas populares de Orbaitzeta y el barrio donostiarra de Altza han mostrado este domingo su intención de “seguir trabajando en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación integral”.

El Gobierno de Navarra ha reconocido este jueves a las doce primeras víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en la comunidad foral. Son víctimas que fallecieron, resultaron heridas o fueron torturadas por actos de motivación política causados por funcionarios públicos o la extrema derecha.

Entre ellos se encuentra Mikel Zabalza, el joven navarro que en 1985 murió a causa de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa). Un informe elaborado por el Gobierno vasco detalla que Zabalza no tenía ninguna vinculación con ETA, pero que a pesar de ello la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le causaron la muerte. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial sigue siendo que murió ahogado en el río Bisadoa tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA.

“Es un paso de gran importancia, un avance que no hubiéramos imaginado años atrás”, ha señalado Idoia Zabalza, hermana de Mikel, quien ha reclamado que su reconocimiento tenga “continuidad” con una investigación de los hechos. “Sabemos que una práctica generalizada que ha dejado miles de víctimas”, ha lamentado.

Junto a la hermana de Zabalza, otras víctimas reconocidas han pedido la reforma de la ley de secretos oficiales para “conocer la verdad” y culminar así el proceso de reparación por el daño causado.

El reconocimiento de Zabalza y el de otras once personas llega después de que una comisión de expertos haya analizado de manera individualizada las solicitudes que han recibido merced a la ley foral de reconocimiento de víctimas por actos de motivación política causados por la extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra.

De las doce víctimas reconocidas, dos son personas fallecidas como consecuencia de la violencia ejercida en distintas circunstancias (una de ellas es Mikel Zabalza); tres son personas heridas por arma de fuego de distinta consideración en el entorno de los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín de 1978 y otra víctima más que sufrió daños graves por exceso o mal uso de material antidisturbios en una carga policial de un contexto temporal posterior. A estas víctimas se suman otras cuatro personas que padecieron violencia física y psicológica durante su detención y otras dos personas que resultaron heridas en sendos atentados reivindicados por grupos de extrema derecha. 

La ley navarrra por la que han sido reconocidas como víctimas les da derecho a percibir indemnizaciones. En concreto fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes el reconocimiento como víctimas de la violencia policial o de extrema derecha a doce personas. Entre ellos se encuentra Mikel Zabalza, el joven treintañero que en 1985 murió a causa de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa), tal y como ha confirmado a este periódico su familia.

Zabalza y su familia ya habían sido reconocidos anteriormente por el Gobierno vasco tras la publicación de un informe en el que se detalla que Zabalza no tenía ninguna vinculación con ETA, pero que a pesar de ello la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le causaron la muerte. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial sigue siendo que murió ahogado en el río Bisadoa tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA.

“Es un paso más hacia la verdad que tiene mucho significado para nosotros”, reconoce Lourdes Zabalza, hermana de Mikel, si bien añade que para llegar a “la verdad”, “todavía falta el reconocimiento de Madrid”. Con este reconocimiento, la familia de Zabalza tiene derecho a complementar con hasta 150.000 euros la indemnización que le fue concedida por parte del Gobierno vasco. Se trata en definitiva de igualar estas prestaciones a las que reciben las víctimas del terrorismo.

En concreto, la ley navarrra fija un máximo de 250.000 euros de indemnización en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.

El reconocimiento de Zabalza y el de otras once personas llega después de que una comisión de expertos haya analizado de manera individualizada las solicitudes que han recibido merced a la ley foral de reconocimiento de víctimas por actos de motivación política causados por la extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra.

Según informa el Ejecutivo navarro, de las doce personas reconocidas, dos son personas fallecidas como consecuencia de la violencia ejercida en distintas circunstancias (una de ellas es Mikel Zabalza); tres son personas heridas por arma de fuego de distinta consideración en el entorno de los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín de 1978 y otra víctima más que sufrió daños graves por exceso o mal uso de material antidisturbios en una carga policial de un contexto temporal posterior. A estas víctimas se suman otras cuatro personas que padecieron violencia física y psicológica durante su detención y otras dos personas que resultaron heridas en sendos atentados reivindicados por grupos de extrema derecha. 

En esta primera fase de tramitaciones, además, ha habido cuatro solicitudes no admitidas al considerar la Comisión de Reconocimiento y Reparación que no se cumplían los requisitos especificados en la legislación vigente.

Respetar a las víctimas no puede ser discrecional y hemipléjico. Es un error y una falta de respeto a los que sufrieron la violencia política que Bildu haya decidido llevar a siete terroristas con delitos de sangre. Bildu tenía mucho más donde elegir y escoger a estas siete personas es un mensaje político que sabían que sería interpretado de la manera en la que se ha hecho. No es aceptable que los vecinos, amigos o familiares de las víctimas de estas siete personas tengan que convivir viendo a los ejecutores de sus seres queridos en los órganos de representación política de sus municipios. Pero es algo que lleva ocurriendo en democracia desde que se implantó. El desprecio sistemático a las víctimas de la dictadura, de la violencia política del Estado y de la represión y la tortura han sido las marcas fundamentales con las que se ha constituido nuestra democracia. Nadie ha tenido en consideración que a esas personas también les duele que asciendan a un guardia civil implicado en la desaparición de Mikel Zabalza, que Billy el Niño haya muerto con sus medallas o que Manuel Fraga haya sido un padre de la Constitución habiendo sido el máximo responsable de la ejecución de Julián Grimau. Las líneas morales de la participación política estaban escritas en nuestra democracia con la sangre de republicanos.

Que la decisión de Bildu no es respetuosa con las víctimas lo podemos decir bien alto quienes denunciamos de la misma manera la presencia de Carlos García Juliá, asesino de los abogados de Atocha, en las listas de Falange en Bilbao. Tenemos la legitimidad de haber denunciado desde siempre la pervivencia, permisividad y ensalzamiento por parte de la derecha y de las instituciones del Estado a quienes participaron en la violencia política contra quienes pensaban diferente siendo herederos, y en muchas ocasiones ejecutores, del plan genocida franquista para acabar con la mitad de la población que les molestaba. Aniquilar la mitad roja.

La derecha no tiene ningún atisbo de legitimidad para marcar las líneas rojas morales aceptables en democracia ni para la participación política puesto que las traspasaron con su misma existencia tras la dictadura de Francisco Franco. España es un país maravilloso en el que se atreven a dar lecciones de moralidad aquellos que propician que un señor que se paseaba en barco con un narcotraficante gallego acabe como líder de la oposición y un guardia civil condenado por torturas sea ascendido hasta ocupar el cargo de coronel-jefe de la Unidad Central Operativa. La izquierda no puede dejarse llevar por el cinismo y la hipocresía de la derecha, sino demostrar que es diferente a ellos, mejor y más empática y, por encima de todo, no puede ser tonta y centrarse en los marcos que le interesan a la reacción para jugar en los debates que interesan a su agenda. Es un error presentar a terroristas con delitos de sangre en las listas, tendría que nacer de la decisión meditada y razonada por parte de Bildu de que no debieran haberlos incluido porque no facilita una convivencia sana y efectiva. Pero si Fraga pudo, un etarra puede. Los etarras, al menos y al contrario que Fraga, fueron juzgados y cumplieron íntegra su condena.

Nunca hubo en Manuel Fraga ningún arrepentimiento sobre su campaña feroz, falsa y violenta contra Julián Grimau. Porque hay que recordar que Manuel Fraga fabricó pruebas falsas contra Julián Grimau difundiendo un dossier con mentiras y difamaciones que fueron defendidas en el proceso sumarísimo para facilitar que fuera ejecutado. Fraga fue la mano que sostuvo el rifle al ejecutor y jamás rectificó cuando fue un insigne padre de la Constitución y máximo responsable de la derecha de este país en democracia. En una entrevista en 2012 para El País decía lo siguiente al ser preguntado sobre su participación en la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau:

 ¿Era preciso aquel fusilamiento?

Ésa es una pregunta que no estoy dispuesto a contestar. Le repito que si yo hice aquello fue porque lo consideré necesario para poder hacer otras cosas. Y, desde luego, Grimau no era un personaje precisamente simpático, ni mucho menos. Yo lamenté muchísimo aquello y que aquel hombre hubiera decidido venirse a España, pero no precisamente a colaborar en una transición pacífica sino a la lucha comunista, a todo lo que los comunistas habían hecho en España hasta el 36.

Pero ¿no se arrepiente de haber colaborado en aquella ejecución?

No. Yo me arrepiento de muchas cosas, pero sólo se las cuento a mi confesor, y usted, evidentemente, no lo es.

Para la derecha no era preceptivo mostrar arrepentimiento si se había participado en la aniquilación física del adversario político, tenían bula. En el año 2012 Manuel Fraga, como senador del PP, y siendo uno de los lideres históricos del partido, seguía manteniendo la difamación contra Julián Grimau que difundió durante el franquismo para justificar la ejecución del comunista represaliado. Nunca pasó nada, nadie se lo censuró, jamás le impidió hacer política. Fraga, el que no se arrepiente por su participación en la ejecución de un adversario político, sigue siendo presidente de honor del PP en la actualidad. Nunca ha habido líneas rojas morales para el PP en democracia y pretenden trazarlas para sus adversarios.

El pasado 2 de marzo se publicó en el BOE la orden del Ministerio del Interior por la que se nombra jefe del Mando de Apoyo (Madrid) al teniente general D. Arturo Espejo Valero.

Hasta aquí, nada anormal ni llamativo, salvo por el 'detalle' de que el Sr. Espejo era uno de los guardias civiles encargados de la custodia de D. Mikel Zabalza. Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en una operación antiterrorista contra ETA y habría sido brutalmente torturado en el cuartel de Intxaurrondo, apareciendo su cuerpo el siguiente 15 de diciembre en el río Bidasoa. La versión oficial fue que Zabalza intentó escapar cuando era conducido por la Guardia Civil para localizar un zulo y saltó al río, donde desapareció. Zabalza no tenía ninguna relación con ETA, aunque esto sería absolutamente irrelevante en relación con las circunstancias de su muerte y las responsabilidades que de ello tuvieron que haberse derivado y que nunca se han exigido con una mínima seriedad.

Hubo muchas investigaciones periodísticas y algunas actuaciones judiciales, hasta que el caso se archivó provisionalmente en 1988 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por falta de pruebas. Posteriormente se publicaron varias noticias relativas a estos hechos, incluida la confesión de un guardia civil afirmando haber visto a Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo y la transcripción de una conversación entre el entonces jefe de operaciones del CESID, D. Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil D. Pedro Gómez Nieto, en la que se referían a las torturas a que sometieron a Zabalza –y también a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala—, y su consideración de que su muerte fue resultado de tales torturas.

La transcripción de esta conversación fue examinada judicialmente en su día, pero no fue admitida como prueba por no tener “una mínima calidad convictiva”. Y solo ha sido en 2021 cuando se han podido escuchar estas escalofriantes grabaciones, lo que motivó que desde varias instancias se reclamara una nueva investigación y se produjera asimismo un debate parlamentario al respecto.

Investigaciones de otro tipo, amplias y profundas, han llevado al Gobierno Vasco a reconocer en 2022 a Zabalza como víctima de violencia política.

Se desconoce, desde luego, la concreta participación de Espejo en estos terribles delitos –doy por hecho que se produjeron, como ya casi nadie niega—. Y así lo ha dicho Grande-Marlaska respondiendo a una interpelación parlamentaria, en la que ha recordado que no hay ninguna resolución judicial concreta que impute a Espejo por dichos hechos. Cierto, ministro: ya lo sabíamos sobradamente, no es preciso que nos lo recuerde. No en vano esta y otras verdades siguen ocultas, cerradas bajo siete llaves gracias a la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales que, en esencia, prevé que podrán ser declaradas “materias clasificadas” “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

Una ley cuya reforma es imprescindible para conocer nuestra historia, incluso la más negra, y el papel de las instituciones en gravísimos hechos delictivos, así como para hacer justicia, a través de la verdad y la reparación. Una reforma que parecía haberse iniciado, pero que, por el momento, no avanza, siendo ya más que probable que no prospere en esta legislatura.

Y así, los documentos e informes relativos a la muerte de Zabalza, como otros muchos, siguen clasificados, cerrando toda posibilidad de avance en una investigación necesaria y permitiendo a Grande-Marlaska alardear en sede parlamentaria de la inexistencia de resolución judicial de imputación de Espejo y defender su nombramiento con este endeble y tramposo argumento. Naturalmente, sin documentos y otras pruebas no hay investigación y, sin ella, no hay imputación. De modo que el ministro puede seguir tranquilo por este lado. Pero tampoco habrá ni verdad ni justicia, lo que tampoco parece preocuparle mínimamente.

Pero ¿qué cabía esperar de este ministro? Un ministro que, cuando era magistrado instructor en la Audiencia Nacional, no cumplió su obligación de investigar —o promover su investigación— las torturas denunciadas ante él por varios detenidos. Y ello hasta el punto de haber motivado la mayor parte de las hasta ahora 11 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se ha condenado a España por no investigar aquellas denuncias. Sin olvidar un voto particular del magistrado Sáez Valcárcel –ahora en el Tribunal Constitucional– en el que consideró, en esencia, que el juez Grande-Marlaska no había adoptado las suficientes garantías materiales contra la tortura y los malos tratos.

No, no era esperable otra cosa del ministro. Pero sí habría sido razonable que este nombramiento no se hubiera producido, si en el Gobierno se respirara otro aire. Porque, ciertamente, lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno –más bien su presidente– carezca de la sensibilidad necesaria para evitar la comentada designación de Espejo. Un nombramiento que la familia de Zabalza ha considerado una “ofensa” y un “jarro de agua fría”, lo que es perfectamente comprensible. Tanto que hasta el propio secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en unas declaraciones que le honran, ha transmitido a esta familia su “indignación y vergüenza” por este nombramiento y su voluntad de solicitar al ministro la revisión de los procedimientos para evitar casos como este. Algo que la hermana de Zabalza ha agradecido públicamente por ser “reconfortante” la posición de Andueza.

Claro que, para reconfortar verdaderamente a la familia de Zabalza y a la ciudadanía en general, lo imprescindible es la defensa del Estado de Derecho en su integridad, deslegitimando tan graves delitos sin promover ascensos de personas implicadas en su comisión y no impidiendo o dificultando radicalmente su investigación, impulsando el conocimiento de la verdad mediante la aportación de todas las pruebas obrantes en sedes oficiales.

Porque el secreto favorece la mentira y la mentira supone impunidad. Una impunidad que solo proporciona seguridad a quien se vale de las instituciones y mecanismos del Estado para vulnerar los derechos humanos más básicos de la ciudadanía. Los derechos de Mikel Zabalza, los míos y los de ustedes.

Mikel Zabalza era un joven navarro de 33 años. Trabajaba en Donostia como conductor del transporte público de la ciudad y no pertenecía a ETA ni tenía ningún tipo de relación con la banda terrorista. A pesar de ello, en noviembre de 1985 fue detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista en la que también fueron apresadas otras cinco personas, incluidas su pareja, sus dos hermanos y un primo suyo. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo y allí, según un informe oficial de 2022, falleció a causa de las torturas a las que fue sometido. Su cuerpo, sin embargo, no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial de los hechos sigue siendo que Zabalza falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto. Arturo Espejo, recientemente ascendido a la cúpula del instituto armado, fue el instructor de la causa y uno de los encargados de custodiar a Zabalza en Intxaurrondo cuando era teniente de la Guardia Civil en ese cuartel.

Este martes, PNV y Geroa Bai (la marca navarra de este partido) han preguntado al Gobierno en el Senado por este ascenso, después de que el grupo nacionalista y también EH Bildu solicitasen previamente la comparecencia urgente del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska para explicar los motivos del ascenso de Espejo, nombrado jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, lo que para la familia de Zabalza ha supuesto una “ofensa” por su presunta implicación en la muerte de “Miguel Mari”, como ellos le llamaban, así como en la construcción de la versión oficial de que murió ahogado tras escaparse.

Ha sido el propio ministro quien ha respondido a las preguntas formuladas por Almudena Otaola y Koldo Martínez, quienes han señalado que Espejo, junto con el teniente Gonzalo Pérez y el guardia civil Fernando Castañeda “manifestaron en sede judicial que Zabalza se les escapó esposado cuando lo llevan a identificar un zulo tirándose al río”, versión que desmiente el informe elaborado por el Gobierno vasco. Grande-Marlaska ha defendido que Espejo no está, ni ha estado imputado por esta causa. “¿En base a qué resolución judicial está o estuvo formalmente imputado el general Espejo?”, ha preguntado el ministro.

Zabalza fue detenido a las 2.35 horas de la madrugada del 26 de noviembre de 1985 en el barrio de Altza de Donostia. Se encontraba en el domicilio de su primo Manuel Vizcay, también apresado aquella noche. Dos horas después, otros agentes detuvieron a su pareja, Idoia Ayerbe, y a Víctor Manuel Mediavilla. Aitor y Patxi, hermanos de Mikel Zabalza, fueron igualmente apresados en su Orbaizeta natal, mientras que a Jon Arreche lo arrestaron en Errenteria. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo donde fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida”. Pese a que no se puede saber con certeza la causa de la muerte, se cree que falleció a cusa de una parada cardíaca —Zabalza padecía una dolencia en el corazón— mientras era torturado. El informe publicado por el Gobierno vasco que sirvió para que Zabalza fuera reconocido como víctima de la violencia policial tanto en Euskadi como en Navarra, sostiene que no fue una muerte fortuita en una fuga. La “sumersión vital en el río Bidasoa” durante veinte días es “prácticamente descartable” dada la ausencia de signos de ese tiempo bajo el agua, por lo que lo plausible es una “sumersión en un medio líquido distinto” –como una bañera– o “otro método de asfixia violenta que no deja alternaciones macroscópicas”.

La detención de Zabalza se produjo en un contexto, según apunta el mismo informe, en que las torturas de las fuerzas del orden tras la dictadura no habían desaparecido y en el que el Gobierno de Felipe González, del PSOE, les dio amplios poderes para combatir a ETA con una  Ley Antiterrorista que le confería atribuciones especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. 

“El tema de Zabalza está muy feo”

El caso nunca fue nunca debidamente investigado dando por buena la versión oficial de que había muerto ahogado en el Bidasoa pese a que el cuerpo apareció en una zona que ya había sido rastreada. Todo el grupo denunció haber sufrido malos tratos en el cuartel y la novia del joven, Idoia Ayerbe, llegó a contar entonces que escuchó gritos en Intxaurrondo, que logró identificar a Zabalza por la ropa que llevaba y que le estaban interrogando con una “bolsa de plástico amarilla metida en la cabeza”. La causa judicial se cerró en 1988 y no se reabrió hasta 1995 cuando, el diario 'El Mundo' publicó la transcripción de unos audios entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en el que hablan con franqueza de lo ocurrido con Zabalza pero también de uno de los principales crímenes terroristas de los GAL, el de Lasa y Zabala. 

—El tema de Zabalza está muy feo.

—Sí, muy mal.

—¿Has hablado con Felipe y éstos?

—No, no he hablado... Un juicio así rápido mío de valores es que se les ha ido la mano, que se les ha quedado en el interrogatorio.

[...]

—¿Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?

—Sí, mi impresión es que en el interrogatorio. Posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza, ésa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos.

[...]

—Porque cuando se cargaron a Zabala y al otro... ¿Cuál era?

—¿A Lasa? Eso fueron dos tiros en la cabeza.

—¿Dos tiros?

—Dos tiros en la cabeza sin capucha.

Pese al contenido que posteriormente fue publicado en el documental 'Non dago Mikel?', el caso se volvió a archivar al considerar el tribunal que el audio no tenía “una mínima calidad convitiva”. En la actualidad continúa sobreseído.

La familia de Mikel Zabalza, que nunca vio verosimilitud en la versión oficial de los hechos, lo que les llevó a “ser acusados de difamadores y mentirosos”, como señaló su hermana Lourdes en una entrevista a este periódico, denunció al mismo tiempo el trato “degradante” que sufrieron en las horas posteriores a la detención de Mikel. “A mi madre le negaron por activa y por pasiva que estuviera detenido hasta que en un momento un guardia civil le dijo: 'Señora, si se ha perdido su hijo vaya a objetos perdidos'”, manifestó. Durante el tiempo en el que el cuerpo estuvo desaparecido la Guardia Civil también acudió al domicilio de unos allegados para tratar de convencerles de que Zabalza había cruzado la frontera para huir a Iparralde.

37 años después de los hechos, Mikel Zabalza ha sido reconocido por los Gobiernos vasco y navarro como víctima de la violencia policial, lo que permite a su familia acceder a una indemnización. Ambas comunidades han aprobado leyes en los últimos años para reparar a este tipo de fallecidos y heridos como complemente a las normas para víctimas del terrorismo (que incluyen a los GAL). Ellos sin embargo consideran que todavía falta un reconocimiento, el del Gobierno de España y de la Guardia Civil. El ascenso de Arturo Espejo, quien consideran que estuvo implicado el la muerte de Zabalza por ser uno de los agentes que custodiaban al joven, lo califican de “ofensa” y de “jarro de agua fría”. A su vez han acusado al Gobierno de España de haber “preferido elegir tortura en vez de verdad y justicia”.

La familia de Mikel Zabalza ha considerado “un jarro de agua fría” y “una ofensa” el nombramiento de Arturo Espejo como teniente general de la Guardia Civil, por su presunta implicación con la muerte del joven de Orbaizeta, quien fue detenido en una operación contra ETA en 1985 y cuyo cuerpo apareció después en el río Bidasoa tras haber sido torturado.

En una rueda de prensa en la Fábrica de Armas de Orbaizeta, en la que también han participado representantes de la plataforma Mikel Zabalza Gogoan y la Red de Torturados de Navarra, los familiares de Zabalza han lamentado que “estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace 37 años, ante un muro que no dejarán derribar” y ha acusado al Gobierno de España de haber “preferido elegir tortura en vez de verdad y justicia”.

Por su parte, la plataforma Mikel Zabalza Gogoan ha censurado que “hoy día la impunidad de la que gozan los torturadores es total y eso provoca la revictimización y por ende no le hace ningún favor a la convivencia”. Ha reclamado “pasar de las palabras a los hechos, desclasificar los documentos, reconocer de una vez aquella verdad que todos y todas conocemos y que reparen el daño causado. Solamente así podremos seguir adelante en el plano de la resolución y la convivencia”.

Finalmente, desde la Red de Personas Torturadas de Navarra han criticado “la indefensión y repugnancia que nos produce este tipo de hechos”. “No es ético reconocer y reparar por un lado, mientras se asciende y condecora por el otro”, han manifestado. “Vertebrar un escenario de convivencia en la sociedad navarra pasa, evidentemente, por reconocer violencias políticas hasta la fecha omitidas, pero al mismo tiempo es fundamental que los cargos y responsables políticos, así como sus instituciones, estén a la altura de las circunstancias”, han destacado.

El joven Mikel Zabalza –al que en su familia preferían llamar, en castellano, “Miguel Mari”– no era miembro de ETA ni colaborador de los terroristas. Era un treintañero navarro que trabajaba en la compañía del transporte público de Donostia. A pesar de ello, la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes”, según constató un informe oficial del Gobierno vasco conocido en 2022. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa.

La versión oficial policial de la época es que huyó mientras reconocía con unos agentes un supuesto zulo terrorista en ese punto, aunque apareció muchos días después en un lugar ya rastreado y sin signos de llevar semanas sumergido. Arturo Espejo era el agente instructor de la detención, uno de los guardias civiles que le custodiaba.

Casi cuatro décadas después, ese informe oficial desmontó esa tesis autoexculpatoria y concluye que hay un “grado de convicción suficientemente fundado” para sostener que Zabalza fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida” cometidos por funcionarios públicos. La única duda es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables. Fruto de ello, la familia de Zabalza ha podido acogerse a las indemnizaciones previstas en la ley vasca de víctimas de violencia policial, que complementa a la de víctimas del terrorismo. También Navarra dispone de una herramienta similar con compensaciones económicas incluso más elevadas.

Los grupos del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco han leído este martes un texto en el que denuncian el ascenso de Arturo Espejo Valero a teniente general de la Guardia Civil por su “vinculación” con la muerte de Mikel Zabalza, el joven cuyo fallecimiento en 1985 ha sido atribuido a “tortura y tratos inhumanos” por un informe oficial del Gobierno vasco y que, por lo tanto, le atribuye también la condición de víctima de violencia policial.

El texto, leído este martes ante los medios de comunicación por los parlamentarios Iñigo Iturrate (PNV), Julen Arzuaga (EH Bildu) y Gustavo Angulo (Elkarrekin Podemos-IU), recuerda que Zabalza “fue reconocido oficialmente a través de la Ley 12/2016 como víctima de vulneración del derecho a la vida”. Este reconocimiento -según se destaca en la declaración- fue otorgado por el Gobierno vasco, en aplicación de la referida ley, “por las torturas practicadas mientras permanecía detenido en dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, dejando en evidencia la inverosimilitud de la versión oficial mantenida por el Gobierno central”, informa Europa Press. La versión oficial señaló, por el contrario, que el joven conductor de autobús falleció ahogado en el río Bidasoa, al que habría caído tras huir de la Guardia Civil después de ser detenido.

En el texto acordado por el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, formaciones que suman 58 de los 75 escaños del Parlamento Vasco, se denuncia que “desgraciadamente”, el de Espejo Valero, que en 1985 estaba destinado en Intxaurrondo, es “un caso más de ascensos, condecoraciones y recompensas otorgadas a perpetradores de violencia de Estado”. Este tipo de situaciones -añade la declaración- “humilla, insulta y revictimiza” a las víctimas, a las que los grupos firmantes trasladan su “apoyo” y el respeto a “sus derechos al reconocimiento y reparación”. Por todo ello, y través de este texto, el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU denuncian el ascenso de Arturo Espejo Valero a teniente general de la Guardia Civil, así como sus “responsabilidades públicas como jefe del Mando de Apoyo”, por su “vinculación” con la muerte de Mikel Zabalza.

El PSE-EE afirma que lleva “décadas” trabajando por las víctimas

De su lado, el grupo del PSE-EE en el Parlamento Vasco ha expresado su solidaridad a la familia de Zabalza y ha manifestado su compromiso de seguir trabajando “en políticas de reparación y justicia para las víctimas del terrorismo y la violencia, incluidas las de abusos y excesos policiales”, aunque sin mencionar al alto mando de la Guardia Civil. Los socialistas han afirmado que el reconocimiento como víctimas de casos como éste llegan por la “culminación” de un proceso iniciado por el Gobierno de Patxi López. “Hacemos nuestra la reivindicación de su familia de poder esclarecer éste y otros casos que permanecen envueltos en la espesa niebla del silencio”, ha añadido. Y, tras recordar que el PSE-EE lleva “lleva décadas impulsando y trabajando en políticas de reparación y justicia hacia las víctimas del terrorismo y la violencia”, ha destacado que su partido “empatiza con todo sentimiento de dolor o desasosiego que las víctimas puedan padecer, máxime si su origen está en decisiones del ámbito público, por ajustadas a derecho que éstas sean”.

EH Bildu y PNV han solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones por el ascenso del mando de la Guardia Civil con rango de teniente general Arturo Espejo, supuestamente relacionado con la muerte de Mikel Zabalza, un conductor de autobús navarro que falleció en 1985 en el cuartel de Intxaurrondo tras ser torturado. Según publica 'Gara', Espejo ha sido nombrado recientemente por Marlaska, como jefe del Mando de Apoyo, uno de los cuatro integrantes de la cúpula de la Guardia Civil.

Además, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu pregunta por escrito al Gobierno si considera que “es idóneo que en la cúpula de la Guardia Civil se encuentre el mayor responsable en uno de los casos más turbios sucedidos en el seno de ese cuerpo policial”, si “la decisión del ascenso y nombramiento se tomó tras conocer que el Gobierno vasco tenía la intención de reconocer a Mikel Zabalza como víctima de la violencia” y si el ascenso de Espejo es “la única medida que ha tomado el Gobierno en relación al Caso Mikel Zabalza”.

Arturo Espejo compareció el pasado 30 de marzo en la comisión de Interior celebrada en el Congreso por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de remodelación de más de una docena de cuarteles del instituto armado. Espejo reconoció que se siguieron adjudicando obras al constructor canario Ángel Ramón Tejera, 'Mon', incluso después de que Asuntos Internos empezara a sospechar de irregularidades.

El joven Mikel Zabalza –al que en su familia preferían llamar, en castellano, “Miguel Mari”– no era miembro de ETA ni colaborador de los terroristas. Era un treintañero navarro que trabajaba en la compañía del transporte público de Donostia. A pesar de ello, la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes”, según constató un informe oficial del Gobierno vasco conocido en 2022. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa.

La versión oficial policial de la época es que huyó mientras reconocía con unos agentes un supuesto zulo terrorista en ese punto, aunque apareció muchos días después en un lugar ya rastreado y sin signos de llevar semanas sumergido. Arturo Espejo era el agente instructor de la detención, uno de los guardias civiles que le custodiaba.

Casi cuatro décadas después, ese informe oficial desmontó esa tesis autoexculpatoria y concluye que hay un “grado de convicción suficientemente fundado” para sostener que Zabalza fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida” cometidos por funcionarios públicos. La única duda es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables. Fruto de ello, la familia de Zabalza ha podido acogerse a las indemnizaciones previstas en la ley vasca de víctimas de violencia policial, que complementa a la de víctimas del terrorismo. También Navarra dispone de una herramienta similar con compensaciones económicas incluso más elevadas.

En el caso de la norma navarra, recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, el Ejecutivo foral podrá complementar con 115.000 euros los 135.000 euros que le han sido reconocidos a la familia de Mikel Zabalza por parte del Gobierno vasco, para alcanzar así los 250.000 euros que la ley navarra fija como el máximo previsto para violaciones de derechos humanos con resultado de muerte.

El caso de Zabalza será uno de los primeros que estudiará la comisión que se encargará de analizar todas las solicitudes que se reciban y, según ha podido saber este periódico, ya se han comenzado los contactos con la Administración vasca para estudiar la posibilidad de complementar la indemnización de la familia de Mikel Zabalza.

Navarra podrá complementar con 115.000 euros la indemnización que el Gobierno vasco concedió a la familia de Mikel Zabalza el pasado mes de marzo después de haberle reconocido como víctima de la violencia policial tras la publicación de un informe en el que se sostiene que el joven treintañero navarro murió a causa de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) y no ahogado en el río Bisadoa tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA, como sostenía la versión oficial de la época.

El Parlamento de Navarra aprobará en las próximas semanas una modificación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia policial o de grupos de extrema derecha, que fue aprobada en 2019, presentada por los tres grupos que conforman el Gobierno de María Chivite (PSN, Geroa Bai y Podemos) y que cuenta con el apoyo de EH Bildu, con la que se equiparan las indemnizaciones de estas víctimas con las de las víctimas del terrorismo, algo que no sucede por ejemplo en Euskadi, donde las cuantías económicas son más bajas.

A este respecto, la modificación que se incluirá en la norma navarra recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, el Ejecutivo foral podrá complementar con 115.000 euros los 135.000 euros que le han sido reconocidos a la familia de Mikel Zabalza por parte del Gobierno vasco, para alcanzar así los 250.000 euros que la ley navarra fija como el máximo previsto para violaciones de derechos humanos con resultado de muerte.

El caso de Zabalza será uno de los primeros que estudiará la comisión que se encargará de analizar todas las solicitudes que se reciban y, según ha podido saber este periódico, ya se han comenzado los contactos con la Administración vasca para estudiar la posibilidad de complementar la indemnización de la familia de Mikel Zabalza.

El informe elaborado por el Gobierno vasco con el que se le reconoció como víctima de la violencia policial destaca que Zabalza no tenía ninguna vinculación con ETA, pero que a pesar de ello la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le causaron la muerte. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. 

Según los cálculos del Gobierno foral y si se cumplen los plazos fijados por el Parlamento, la comisión podrá estar constituida antes de verano para comenzar a evaluar las primeras solicitudes en el mes de septiembre. El acuerdo para la modificación de la ley entre los partidos del Gobierno incluye también los miembros de la mesa, de los cuales dos serán natos, cuatro designados por el Legislativo navarro, además de dos peritos forenses y un psicólogo designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha rechazado facilitar información sobre el caso Zabalaza, como así le habían solicitado una veintena de senadores, entre ellos el designado por el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai). Esteban ha respondido que “no resulta legalmente posible acceder a la solicitud” de información sobre la muerte de Mikel Zabalza tras las torturas que sufrió en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en 1985, como recoge un informe recientemente publicado y por el cual el Gobierno vasco le ha reconocido como víctima de la violencia policial.

La responsable del servicio de inteligencia señala en su escrito de respuesta al requerimiento senatorial que “en caso de existir la documentación referida en el escrito por algunos senadores y senadoras a la dirección del CNI, resulta legalmente improcedente el acceso a la misma sin su previa desclasificación, para lo que, en su caso, habría de procederse conforme a la ley de Secretos Oficiales”.

Igualmente, añade que “en el caso de que el CNI tuviera en su poder o conocimiento documentación, en cualquier formato, relacionada con la muerte de Mikel Zabalza Garate, estaría clasificada como 'secreto' de acuerdo a las prescripciones legales invocadas en este escrito, y mientras dicha naturaleza persista, su tratamiento no puede ser otro que el que la propia ley sobre Secretos Oficiales ordena”.

La respuesta es similar a la que hace unos días dio Pedro Sánchez en el Congreso, cuando le aseguró al congresista del PNV Aitor Esteban que “si la autoridad judicial pide la desclasificación de documentos y esos existen, no tenga duda de que este Gobierno colaborará con la Justicia”.

El informe elaborado por el Gobierno vasco que ha motivado esta solicitud de información sobre el caso, concluye que Mikel Zabalza no tenía ninguna relación con ETA y que, tras haber sido detenido en el marco de una operación antiterrorista, fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Desmonta así la versión oficial de la época, que señala que falleció ahogado en el río Bidasoa.

La única duda que todavía no está resuelta es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa donde apareció el cadáver más de 20 días después de su detención, y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables.

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez, impulsor de la iniciativa, ha señalado que “vamos a seguir el 'consejo' de la directora del CNI y vamos a pedir al presidente del Senado, Ander Gil, que, al igual que ocurre en el Congreso, regule desde la Presidencia ese acceso a secretos de Estado que impiden conocer la verdad sobre uno de los casos más sangrantes de violencia policial que hemos vivido en democracia”.

Martínez ha destacado que “estamos analizando con expertos en derecho la posibilidad de acciones penales contra cualquier responsable político o de la administración pública que no colabore con la justicia en el esclarecimiento de la muerte del navarro Mikel Zabalza y siga ocultando pruebas como está ocurriendo aún hoy, 36 años después de su muerte”. “En un estado de derecho no puede haber impunidad. Y desde Geroa Bai no vamos a parar hasta que se haga justicia”, ha manifestado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno desclasificará documentos del caso Zabalza si se lo pide la Justicia, después de que el Gobierno vasco reconociera a Mikel Zabalza como víctima de la violencia policial tras la publicación de un informe que sostiene que murió en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo tras haber sido torturado, desmontando así la versión oficial de la época, que señala que falleció ahogado en el río Bidasoa.

“Si la autoridad judicial pide la desclasificación de documentos y esos existen, no tenga duda de que este Gobierno colaborará con la Justicia”, ha respondido el presidente del Gobierno a una pregunta formulada en el Congreso por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha emplazado al Gobierno central a “retirar el velo” que cubre la información relativa a Mikel Zabalza.

En una entrevista con este periódico, Lourdes, hermana de Mikel Zabalza, apuntó que el caso de su hermano está sobreseído “mientras no aparezca una nueva prueba determinante que permita volver a abrirlo”. En 1995, tras la investigación publicada por el diario 'El Mundo' en la que se apuntaba que Zabalza había sido torturado con la transcripción de una conversación entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, el caso se volvió a abrir, pero el tribunal finalmente desestimó la prueba al no tener “una mínima calidad convitiva”.

Ahora, este nuevo informe elaborado por el Gobierno vasco concluye que Mikel Zabalza no tenía ninguna relación con ETA y que, tras haber sido detenido en el marco de una operación antiterrorista, fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte.

La única duda que todavía no está resuelta es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa donde apareció el cadáver más de 20 días después de su detención, y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables.

Aitor Esteban ha reclamado a Sánchez la desclasificación de los documentos relativos al caso que permita a la Justicia reabrirlo y esclarecer lo sucedido en Intxaurrondo en 1985, algo que también reclama la familia de Zabalza. “Para que los tribunales actúen, es necesario que ustedes ayuden levantando ese velo sobre los secretos que están protegidos por una ley franquista, la ley de Secretos oficiales. Todos le debemos a la verdad nuestros esfuerzos”, ha pedido el diputado del PNV.

Sánchez, por su parte, se ha comprometido a aprobar este año la nueva ley sobre secretos oficiales, una norma en la que, ha dicho, “ya está trabajando” su Gabinete, puesto que está incluida en el Plan Normativo de Moncloa para 2022.

Lourdes todavía se emociona al recordar a su hermano 36 años después de que muriera víctima de la violencia policial. Mikel Zabalza -Miguel Mari, como le llamaban en casa-, era un treintañero navarro que trabajaba en la compañía del transporte público de Donostia. No tenía relación alguna con ETA, “ni tampoco era violento”, pero el 26 de noviembre de 1985 fue detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista y trasladado al cuartel de Intxaurrondo. Allí sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la muga francesa. La versión oficial dice que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto. Sin embargo, el pasado domingo el Gobierno vasco lo reconoció como víctima de violencia policial tras la publicación de un informe en el que se sostiene que Zabalza murió por las torturas de la Guardia Civil.

Su hermana recibe a elDiario.es en su casa de Orbaizeta, localidad natal de Mikel y de sus ocho hermanos, situada en el valle de Aezkoa, en el corazón del Pirineo navarro. Reconoce que es un “alivio” saber que la familia estaba en lo cierto al defender que murió torturado, pero reclama que se conozca toda la verdad del caso. También lamenta que “la ama y el aita se hayan ido con la amargura de no conocer la verdad” y espera que el Gobierno central y la Guardia Civil también lo reconozcan y esclarezcan lo sucedido.

¿El reconocimiento de que Mikel Zabalza murió torturado desmontando la versión oficial es el final del camino?

No. Es un paso muy importante, pero el final del camino no es.

¿Qué supone para la familia?

Da valor a lo que llevamos diciendo años que es la verdad y desmonta la versión oficial. Como consecuencia, repara el nombre de mi hermano porque no era ni de ETA, ni era un violento, ni nada. Nosotros ya no somos los mentirosos y difamadores que algunos decían que éramos.

¿Qué hace falta para llegar al final del camino?

Que el Gobierno de España hiciera el mismo reconocimiento y pusiera todos los medios para que cosas similares no ocurran nuca. Que reconozcan lo que se ha hecho porque no fue un caso de alguien al que se le fue la mano y lo mató, era algo bien organizado que tenía el apoyo de los estamentos superiores. El hecho de que la versión oficial sea tan inverosímil demuestra que ellos estaban tranquilos de que no les iba a pasar nada, que sus actos no iban a tener consecuencias y que les daba igual inventarse lo que fuera.

¿Debería haber un pronunciamiento de la Guardia Civil?

Por supuesto. Si la Guardia Civil abre un expediente a esas personas que se excedieron , los aparta del servicio y hace lo que toca por ley para las personas que no cumplen con su obligación, le daría credibilidad y legitimidad, pero si no, se demuestra que están tapando fechorías muy grandes.

Tuvieron el cadáver de mi hermano secuestrado más de 20 días y, si no llega a ser por la movilización social, hoy sería una persona desaparecida

¿Repara el daño causado?

El daño causado no se reparará nunca porque mi hermano no volverá, pero psicológicamente da tranquilidad saber que lo que nosotros pensábamos es cierto, que no éramos unos mentirosos, que él no era de ETA. Todavía estamos asimilándolo porque nos parece increíble que una institución diga que fue torturado y que murió por esas torturas que le infligieron en Intxaurrondo.

Querían que se supiera que Mikel Zabalza no era de ETA.

Eso ya se sabía. En su día ETA dijo que no conocía de nada a Mikel, y Barrionuevo [exministro del Interior] dijo que había sido un error, que no tenía nada que ver con ETA. Pero eso se ha quedado ahí difuminado hasta que ahora este informe lo ha vuelto a recordar.

¿135.000 euros es una indemnización justa?

No cuantifico económicamente la muerte de Mikel. Nosotros no hemos peleado todo este tiempo por la indemnización, sino por conocer la verdad de lo que le pasó, porque confiesen que es lo que hicieron. Y todavía falta esa confesión. Si hay una indemnización, la cogemos, pero ya está. Eso no paga la vida de una persona.

¿Cuál ha sido vuestra batalla en los tribunales?

La causa estuvo dos veces abierta. La primera, de 1985 a 1988, en la que no se hizo una reconstrucción de los hechos y se sobreseyó; la segunda, en 1995 a raíz de la investigación de ‘El Mundo’, que permitió que se pudiera reabrir el caso, aunque se volvió a cerrar [el tribunal la desestimó al no tener “una mínima calidad convitiva”]. Yo creo que no se investigó debidamente porque una persona que ha estado en las aguas de un río durante 20 días, su cuerpo tiene que estar completamente deteriorado por la acción del agua y del arrastre. Dicen que cuando uno se cae a un río o al mar, lo primero que hace el agua es desnudarlo, Mikel estaba hasta con zapatillas. Con esos indicios y las pruebas, porque tenían hasta la fotografía del cadáver en el depósito, si no investigan más es un síntoma de que no se quería investigar más.

El contenido del audio con conversación entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que se aludía a las torturas que sufrió Mikel ya había sido desvelado muchos años atrás. ¿Por qué no fue admitido como prueba?

Porque no querían llegar al fondo de la cuestión. Si te llega el contenido de esa conversación, tu deber es investigarlo, citar a los implicados.

El informe elaborado por el Gobierno vasco sostiene que el caso no está prescrito. ¿Puede quedar recorrido judicial?

El caso está sobreseído mientras no aparezca una nueva prueba determinante que permita volver a abrirlo. Todas las pruebas que se recogen en el informe del Gobierno vasco ya eran conocidas. No sé si la Fiscalía podrá tirar del contenido del informe, pero nosotros no tenemos nada nuevo.

¿Es suficiente para la familia que se conozca la verdad del caso o esperan más pasos?

Es muy importante, pero no suficiente. Todavía nos queda la confesión de los hechos, conocer toda la verdad de que lo hicieron. El informe confirma que lo mataron en Intxaurrondo, pero no sabemos cómo, por qué lo mataron o por qué lo detuvieron. La única comunicación que hemos tenido por parte del Estado es cuando apareció el cadáver, que llamó Roldán [entonces delegado del Gobierno en Navarra] y dijo que la Guardia Civil había encontrado un cadáver en el río Bidasoa con las manos esposadas.

Que se reconozca que Mikel murió torturado es un paso muy importante, pero todavía no conocemos toda la verdad de lo que pasó en el cuartel de Intxaurrondo

El informe descarta la hipótesis de que Mikel Zabalza se escapó.

No es posible que una persona maniatada que no sabe nadar se tire por un barranco que está lleno de arbustos cuando, si conocía tan bien el lugar, como ellos sostenían, en lugar de tirarse por ahí, hubiera cruzado el río un poco más adelante, solo se hubiera mojado los pies y estaría en Francia. No se sostiene por ningún lado.

El domingo en el homenaje que se le hizo a Mikel, usted recordaba a su padre y a su madre y señaló que les hubiera aliviado la amargura con la que se fueron.

Desde la muerte de Mikel la ama y el aita fueron otros. Nosotros no nos creímos desde el primer momento la versión oficial, pero hasta ahora ninguna institución nos había dado la razón, y de haber llegado antes se habían ido ir sin esa amargura. Mi padre se quería morir, a mi marido le llegó a decir que se quería morir para irse con Mikel, y mi ama también tuvo una depresión grandísima. No volvieron a ser los mismos porque a la tristeza de la muerte de un hijo se les sumó la amargura de no conocer la verdad. Saber esto les hubiera aliviado por la restauración del buen nombre de Mikel y por conocer que ante la sociedad ya no somos unos mentirosos que van en contra del Estado.

El informe destaca que su madre recibió un trato “degradante” cuando pidió información sobre la detención de Mikel.

No solo no se nos dio información de por qué lo habían detenido, sino que se nos trató mal. A mi madre le negaron por activa y por pasiva que estuviera detenido hasta que en un momento un guardia civil le dijo: “Señora, si se ha perdido su hijo vaya a objetos perdidos”. Después, tuvieron el cadáver secuestrado más de 20 días y, si no llega a ser por la movilización social, hoy sería una persona desaparecida.

¿Las víctimas de la violencia policial son víctimas de segunda?

Para el Estado no somos víctimas, incluso a nosotros durante muchos años se nos acusó de difamadores por decir que Mikel había muerto tras ser torturado, lo que ahora este informe ha demostrado.

En este sentido, Euskadi y Navarra han aprobado sendas leyes de reconocimiento a estas víctimas.

Estas leyes ayudan a que exista ese reconocimiento, pero también hay muchas personas que quedarán sin reconocer porque no querrán decir nada para no rememorar lo que les pasó. Mis dos hermanos [Aitor y Patxi] que también fueron detenidos el mismo día que Mikel hasta hace poco no les había oído hablar de que les habían torturado porque tuvieron la desgracia de que a su hermano lo habían matado y lo de ellos quedó relegado. Pero todavía tienen ese dolor y esa amargura dentro. 

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha solicitado la comparecencia en la Cámara Alta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informe sobre la posición del Gobierno ante “la petición de un diputado y miembro de la ejecutiva del PSOE de desclasificar los documentos secretos del CESID referidos al caso del joven navarro Mikel Zabalza”, informa Europa Press.

“Nos alegramos de que Odón Elorza se haya manifestado a favor de pedir la reapertura del sumario inconcluso de Mikel Zabalza y de que se sume a nuestra solicitud de desclasificar los documentos del CESID para que se haga de una vez luz sobre el mayor caso de encubrimiento de la violencia policial y en el que han participado todos los poderes del Estado”, ha señalado Martínez en un comunicado. No obstante, ha remarcado que no se puede “olvidar el resultado de la votación de esta misma propuesta” que se hizo en el Senado el pasado mes de febrero, “donde PSOE y PP, junto a UPN, decidieron rechazar la iniciativa de Geroa Bai para hacer justicia a este joven navarro de Orbaizeta que entró en un cuartel vivo y apareció días después muerto sin una explicación razonable”.

“Compartimos obviamente las reflexiones del diputado y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE respecto a que el Estado de derecho debe de controlar siempre el uso de la violencia y no puede renunciar a investigar la verdad. Y por eso hemos pedido la comparecencia del ministro del Interior para que se posicione sobre este tema”, ha expuesto Martínez.

Según ha indicado el senador navarro, “España es de los pocos estados que persisten en no desclasificar documentos secretos” lo que supone, “sin duda, un baldón en la calidad democrática” del sistema, “máxime cuando esos documentos pueden arrojar luz sobre uno de los episodios más repugnantes de la transición”. “Sabemos que el CESID tenía información de primera mano sobre lo que le pasó a Mikel Zabalza en Intxaurrondo y están, además, las grabaciones entre uno de los responsables de los servicios secretos españoles y un mando del cuartel que le relató con todo lujo de detalles cómo había muerto Mikel. Como dice el exalcalde donostiarra, la familia tiene derecho a la dignidad, la verdad, la justicia y a un reconocimiento como víctima si se confirma que murió por la violencia de abusos policiales”, ha remarcado. En opinión de Koldo Martínez, “el Gobierno de coalición PSOE-Podemos tiene en sus manos dar pasos para poner fin a esta ignominia”.

“Si yo soy una víctima de una vulneración de derechos humanos, cómo no voy a empatizar con otra víctima”. La pregunta la formula Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de Donostia asesinado por ETA en 1995, ante la celebración este sábado de un homenaje a 35 víctimas de la violencia policial. Ordóñez añade: “Tienen el mismo derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, una idea con la que coinciden Gorka Landaburu e Iñaki García Arrizabalaga, también víctimas del terrorismo.

Tras presentarse esta semana en el Parlamento el primer informe sobre víctimas de violencia policial con el testimonio de 35 casos, el Gobierno vasco celebrará este sábado en Bilbao un homenaje en reconocimiento a estas personas. La idea es que cada año se haga un acto similar mientras se analizan y resuelven los 1.017 expedientes recibidos hasta la fecha.

Las tres víctimas del terrorismo subrayan la importancia del derecho a la verdad, de que sepa lo que sucedió. De hecho, Ordóñez mantiene una relación muy estrecha con una de las hermanas de Mikel Zabalza, detenido por supuesta colaboración con ETA en 1985 –no tenía nada que ver con la banda terrorista–, torturado en el cuartel de Intxaurrondo y hallado muerto en el río Bidasoa días después. La versión oficial siempre mantuvo que murió ahogado al intentar huir esposado de los agentes que le custodiaban para la identificación de un zulo, sin embargo, sus allegados siempre sostuvieron que murió a causa de las torturas que sufrió. Precisamente, el pasado febrero salió a la luz el audio de una conversación en la que el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto dejaban entrever que Zabalza murió por las agresiones de las que fue víctima.

Este es un caso, explica la propia Ordóñez, por el que siente especial “empatía” y sobre el que desea que algún día la familia del joven navarro pueda saber “toda la verdad”. Y aunque Zabalza no va a ser una de las víctimas a las que se le va a rendir homenaje –la comisión de valoración sigue a la espera de recibir más documentación para empezar a elaborar el informe correspondiente–, sí se recordará a las tres personas que fueron detenidas junto a él: Idoia Ayerbe, entonces pareja del joven, Manuel Vizcay, su primo, y Jon Arreche. Todos denunciaron haber sufrido torturas.

“Es un acto necesario que no debe molestar a ninguna víctima [de ETA] porque no va contra ellas”, sostiene García Arrizabalaga, cuyo padre, Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Gipuzkoa, fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1980. Este profesor de universidad además ensalza el hecho de que el Gobierno vasco haya propuesto un homenaje diferenciado para el reconocimiento de estas víctimas y no lo haya unido con los homenajes a las del terrorismo.

“Me parece que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo”, ahonda Landaburu, quien en 2001 recibió un paquete bomba que le provocó importantes heridas. El periodista sostiene que es una cuestión de “higiene democrática” intentar aclarar todos los casos de violencia, ya fuesen protagonizados por fuerzas o grupos “parapoliciales, policiales, de extrema derecha, de ETA o el GAL”. “Hay que decir las cosas de una santa vez. Aquí se ha torturado y se ha torturado más de lo que creíamos mucha gente”, defiende para añadir que el intentar buscar la verdad no debe tomarse como un acto de “venganza”.

“No se pueden equiparar las dos violencias. Pero aquí hay gente que sólo habla de ETA y otros que sólo hablan de torturas. Hay que hablar de todo, de todas las violencias. Si exigimos que se esclarezcan los crímenes de ETA que están sin resolver, también hay que exigir que haya justicia, reparación y verdad para otros”, remarca Landaburu.

En términos similares se expresa García Arrizabalaga: “Creo que estos actos engrandecen la democracia. No se puede aceptar sólo lo que te gusta y mirar para otro lado con lo incómodo”. “Estas víctimas tienen derecho a saber la verdad, qué pasó, quién lo permitió, quién lo cometió... Son cosas que por dignidad democrática tienen que salir a la luz”, zanja.

El caso de Mikel Zabalza ha vuelto a la primera línea en 2021. Ha sido este año, merced al documental 'Non dago Mikel?', cuando se ha publicado con sonido una conversación entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que se aludía claramente a las torturas que sufrió en Intxaurrondo el joven conductor de autobuses de Donostia nacido en la localidad navarra de Orbaizeta y a la relación con su muerte, que se disfrazó como una fuga por el río Bidasoa mientras iba con los agentes buscando un supuesto zulo, ya que Zabalza nada tenía que ver con ETA. El cadáver apareció en un lugar del Bidasoa que ya había sido previamente rastreado. Tres de las 35 víctimas de violencia policial que el Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) va a reconocer formalmente como tales este sábado -aunque cinco de ellas no participarán en el acto institucional- están relacionadas con este episodio. Son sus tres acompañantes, de ellos ya fallecidos por enfermedad. El propio expediente de Zabalza es uno de los 55 ya tramitados, pero no se ha resuelto aún a expensas de que la comisión de valoración de estos casos reciba documentación judicial complementaria para dar luz verde a su caso.

La pareja de Zabalza, Idoia Ayerbe, “sufrió tortura”. Ya en 1985, siendo una veinteañera, declaró que vio cómo interrogaban a su novio con “bolsa de plástico amarilla metida en la cabeza”. Murió con 56 años en 2018 tras una larga enfermedad. Su hermana, Ana María, cuenta a este periódico que nadie le quitará nunca la idea de que quizás lo que sufrió pudo condicionarle toda la vida. “Me queda la duda. Aparte de la bolsa, le dieron golpes en la cabeza con un listín telefónico. No veía bien y perdió audición y luego le dieron ataques epilépticos”, relata.

Manuel Vizcay era el primo de Zabalza y también fue maltratado en dependencias policiales. Es el único de aquel grupo que fue arrestado por la Guardia Civil que sigue vivo. Jon Arreche, el cuarto del grupo, murió de cáncer en marzo de 2017, con 52 años. Ayerbe, Vizcay y Arreche ya son oficialmente víctimas al amparo de la ley de 2016 reformada en 2019 y que abarca casos de violencia policial de 1978 y 1999. Con toda probabilidad, pronto se les unirá el propio Zabalza en esa lista, aunque en su caso el expediente acumula un poco más de retraso por la complejidad de los hechos que ocurrieron en 1985, según fuentes oficiales. Esta norma cierra el círculo de otros textos para las víctimas del terrorismo (ETA, GAL y otros grupos) o de la Guerra Civil.

“Nos alegramos, aunque llega tarde. Mi hermana ya no vive”, lamenta Ana María, que explica que la familia ha mantenido estos años la batalla para que la documentación que almacenaban sirviera para algo. Ahora espera que pasos como éste sirvan para que otros episodios similares de torturas salgan a la luz. “Hay gente que tiene miedo de denunciar. Son como las mujeres violadas que se avergüenzan. Y ha habido muchas víctimas”, explica. El 'caso Zabalza' es prácticamente el único del período democrático, ya que el resto de víctimas homenajeadas el sábado sufrieron vulneraciones de derechos humanos o durante la dictadura o antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Éstas ya estaban contempladas en un decreto previo a la ley puesto en marcha en 2012 por la entonces consejera de Justicia y ahora vicelehendakari Idoia Mendia (PSE-EE) -que tuvo como asesora a Manuela Carmena- y con la ley se abrió un nuevo turno para presentar solicitudes.

¿Quiénes son? Felipe Suárez, leonés de 29 años, falleció por un impacto de bala en un control policial en la SS-6017, entre Zarautz y Zestoa, en abril de 1976. Solamente habían pasado unos días desde que la Policía Armada disolviera a tiros una asamblea en el barrio de Zaramaga de Vitoria, actuación que mató a cinco obreros. Iñigo Moyúa era aún más joven, 16, y recibió disparos de metralleta en otro control y resultó herido. Miguel María Azpillaga repartía octavillas del PCE en una manifestación unos pocos meses antes de la muerte de Francisco Franco y salió herido por balazos de agentes de paisano. Y Koldo Arriola murió semanas antes en el cuartelillo de Ondarroa a los 19 años.

A Luis Fermín Orueta, responsable de una organización juvenil del PCE en la Universidad de Valladolid, lo arrestaron y torturaron “en varias ocasiones” entre 1973 y 1976. Este eibarrés tenía 18 años cuando fue detenido por vez primera. Felipe Laraudogoitia fue apresado en Bakio en 1967 por las fuerzas del orden franquistas. Felipe Agirre participaba en labores de propaganda de un Aberri Eguna clandestino en la dictadura, el de Donostia en 1968; detenido y torturado, acabó exiliado en Iparralde y pudo regresar a España en 1977, tras la muerte del dictador. Finalmente, Cayetano Otaegi consta como “detenido en número superior a diez veces” entre 1974 y 1981 (ya en período constitucional), si bien “nunca fue juzgado por ningún delito”. Asimismo, Ignacio O'Shea, Enrique Arzubiaga, Juan María Lestón, María Julia Sanz, José Gabriel Larrucea, Teresa Sanz, José María Madariaga, María Josefa Bilbao, Laura Uriarte, Juan Ormaza, Pedro Crucelegui, Miguel Antonio Elguezabal, Joseba Mentxakatorre, Pilar Barayazarra y su hermana Inés Barayazarra y Félix Jauregizar aparecen también como víctimas de torturas.

Todas ellas recibirán este sábado un dictamen, su expediente y el reconocimiento de la mano de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV). Desde el Gobierno indican que tienen confirmada la asistencia de representantes de los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, pero no de PP+Cs y Vox. En el caso de los 'populares' y naranjas, esta semana han expresado su temor por que se estén fundamentando resoluciones al margen de procedimientos judiciales o incluso cuando hay sentencias desfavorables. La propia ley de 2016 fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Mariano Rajoy -siendo Macarena Olona de Vox la abogada del Estado en Euskadi-, aunque luego con la llegada de Pedro Sánchez fue modulada para que pudiera aplicarse.

Precisamente esta semana se ha hecho público en el Parlamento Vasco un informe con la memoria anual de la comisión de valoración de estas víctimas, presidida por Juana Balmaseda y con Jon Mirena Landa como portavoz. Este documento habla de “patrones” de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y recoge testimonios contundentes de algunos casos descubiertos. También denuncia que el poder judicial fue “connivente” con los abusos del poder policial y que, lejos de investigar las denuncias, no les dieron curso.

Mentiría si dijera que fue el profesor que me hizo interesarme por la filosofía, porque la hacía aburrida y orientaba su enseñanza a aprobar un examen. Quizás sea lo único que recuerde de la filosofía de 3º de BUP, como se conocía al actual primero de Bachiller; “Justicia es dar a cada persona lo que le corresponde”. Con esa intención, en principio, se redactan los códigos que luego se aplican en la Justicia, aunque luego el resultado dé pie a todo tipo de discusiones sobre si realmente se da a cada cual lo que le corresponde. Es posible que en un futuro alguien plantee un algoritmo informático para decidir qué es justo, pero por el momento son personas las que la imparten y también quienes opinan sobre ella. 

Y luego está la moda de la justicia a la carta. Esa en la que la infracción a la ley de quien no piensa como tú es un crimen execrable pero en el afín es disculpable y hasta defendible. El Parlamento de Navarra aprobó recientemente una declaración unánime en la que pedía la investigación de la muerte de Mikel Zabalza. Ya entonces, en noviembre de 1985, cuando su cuerpo apareció en el río Bidasoa, su muerte sonaba a crimen. Pero ese indicio se vuelve más fuerte cuando recientemente hemos podido escuchar la conversación en la que el capitán de la Guardia Civil Gómez Nieto le reconoce al exagente del Cesid, Juan Alberto Perote, que Zabalza murió por las torturas que sufrió en el cuartel de Intxaurrondo. De hecho, la Wikipedia, que para gran parte de la sociedad no admite discusión, señala la tortura y el ahogamiento como las causas de su muerte. Mikel Zabalza merece justicia, aunque ésta llegue 35 años tarde. Esclarecer qué pasó es una necesidad para mantener la confianza de la sociedad en quienes deben protegerle, por mucho que el ministro Grande Marlaska dilate esta decisión. 

Justicia para Mikel Zabalza es una reclamación unánime de la política, y por tanto de la sociedad, navarra. ¿Ocurre lo mismo con los 28 asesinatos de ETA sin esclarecer? Pues parece que no. Es lo que le recordaba recientemente la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, en un artículo publicado en El Correo, a la izquierda abertzale. Lo hacía citando al filósofo Manuel Reyes Mate: “Quien reconoce a una víctima, reconoce a todas”. El relativismo con el que la izquierda abertzale afronta la demanda de justicia es llamativo cuando se adhiere a todo tipo de reclamaciones justas pero sigue mirando para otro lado en la que le atañe más de cerca. Black lives matter, so do basque lives?, es la pregunta al ver a sus cargos con el puño en alto y rodilla en tierra tras el crimen de George Floyd. 

Pero ese relativismo no es único de la izquierda abertzale y lo estamos viendo ahora en la campaña madrileña en el que la televisión más vista del país, Telecinco, denomina “Jarabe democrático” a la recepción con saludo fascista e insultos a Pablo Iglesias en un acto de campaña. O en la interpretación que partidos políticos del ámbito de la derecha hacen del acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a sus lugares de origen como la cesión del gobierno de Sánchez a un chantaje. El artículo 25 de la Constitución establece que las penas de cárcel “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” y por eso la legislación penitenciaria señala la cercanía al entorno de la persona presa como uno de sus derechos mientras está cumpliéndolas. ¿Derecho para todas menos para quienes cumplen pena por pertenecer a una banda que hace ya 10 años que ha desaparecido?

¿Justicia a la carta es dar a cada cual lo que le corresponde?