Compromís ha celebrado la resolución del Jurado Económico Administrativo Central de la Generalitat Valenciana, que ha estimado la reclamación de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), propietaria del barco Aita Mari, y obliga a la administración autonómica a reintegrar 80.000 euros en tasas portuarias cobradas de forma irregular, tal y como informado elDiario.es.

Según ha informado la coalición valencianista, esta decisión, después de un recurso de la ONG con el asesoramiento de Mónica Oltra, confirma que el barco, dedicado al rescate humanitario en el Mediterráneo de personas migrantes en peligro de morir, estaba exento de estas tasas y anula las liquidaciones retroactivas impuestas por el gobierno de Carlos Mazón entre julio y agosto de 2024 en los puertos de Burriana y Vinaròs.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha señalado que “estamos muy hartos de las políticas racistas y xenófobas del Partido Popular que persiguen a los que hacen una tarea tan importante que tendría que hacer el Estado, como es rescatar a las personas que intentan venir, buscando una vida mejor, arriesgándose a morir ahogados”.

Navarro ha recordado que, durante las legislaturas del Botánico, el barco Aita Mari operó sin tener que realizar ninguna liquidación de tasas, “gracias a la exención legal para entidades humanitarias sin ánimo de lucro, que establecimos en la legislación. Sin embargo, el gobierno actual del PP, sustentado por Vox, sin acordar ningún cambio legislativo reclamó estas cantidades con efectos retroactivos, para criminalizar y obstaculizar la labor humanitaria que realizan evitando que estas personas mueran ahogadas en el mar”.

“Lo que la derecha y la extrema derecha querían con esto era asfixiar económicamente la ONG propietaria del Aita Mari para que no pudieran hacer su tarea. Ahora lo que estaría bien es que además de devolver inmediatamente el dinero indebidamente cobrado, el Consell de Mazón pidiera disculpas por las falsedades que algunos de sus miembros dijeron en sede parlamentaria”, ha lamentado.

Finalmente, Navarro ha expresado su repugnancia ante un gobierno que ignora la dignidad humana, “la verdad es que da mucha vergüenza tener un gobierno que muestra una indiferencia absoluta por las vidas humanas tanto de aquellos que se arriesgan en el mar para tener una vida mejor, como también las vidas del pueblo palestino, los tratan con el mismo desprecio”.

“Este Jurat Economico Administratiu acuerda estimar la reclamación interpuesta anulando la resolución impugnada, considerando la exención prevista en el artículo 4. Dos de la Ley 1/1999 (...) debiendo aplicarse la exención en los términos que preveía la Ley y sin que resulten aplicables criterios arbitrarios, el de permanencia en puerto por un determinado periodo de tiempo, no previsto en la norma”.

El Jurat Economico Administraiu de la Generalitat Valenciana se pronuncia en estos términos en relación con el recurso planteado por la ONG propietaria del buque de ayuda humanitaria Aita Mari al que la administración autonómica le cobró de forma irregular 80.000 euros en concepto de tasas por el atraque en diversos puertos de titularidad autonómica entre julio y agosto de 2024. La resolución da la razón a la organización sin ánimo de lucro, le exime del pago y obliga a la Generalitat a reintegrarle la totalidad de la cuantía abonada.

Según ha informado Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), entidad sin ánimo de lucro y defensora de los derechos humanos armadora del Aita Mari, las liquidaciones, emitidas entre julio y agosto de 2024 por el Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón, correspondían a las estancias del buque en los puertos de Burriana y Vinaroz. Desde 2016, el Gobierno del Botànico no había girado dichas liquidaciones debido a que la propia Ley de la Generalitat establece específicamente la exención de tasas para los buques de entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario.

Al respecto, la organización ha denunciado que “esta acción se enmarca en un intento de criminalizar y obstaculizar la labor humanitaria, siguiendo el dictado del discurso abiertamente xenófobo y racista de la extrema derecha” y ha lamentado que “el actual gobierno de Mazón, siguiendo los acuerdos con VOX que buscan expulsar a las ONGs de rescate del País Valencià, intentó aplicar un criterio retroactivo ilegal, reinterpretando de manera contraria a la ley la normativa aplicable durante los últimos tres años para forzar el pago de las tasas”.

Tras la movilización de la sociedad civil y la presentación de dos recursos administrativos por parte de SMH con el consejo legal de la abogada y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, el Jurat Economico Administratiu ha reconocido finalmente la ilegalidad de las liquidaciones, restableciendo la aplicación de la exención de tasas que siempre ha correspondido a la entidad.

SMH ha lamentado “profundamente” que se dé por normal “el discurso escandalosamente contrario a los derechos humanos, irracional y populista liderado por la extrema derecha y seguido de cerca por el Partido Popular”. Este discurso, según la ONG; “busca despojar de humanidad a las personas con culturas y religiones diferentes, poniendo en riesgo los valores fundamentales de la sociedad valenciana”.

Como entidad defensora de los Derechos Humanos, la entidad ha asegurado que se mantendrá “siempre firme frente a los ataques directos y los intentos de lawfare (fraude de ley) y criminalización de su actividad; una actividad que es totalmente legítima y hoy más necesaria que nunca en un contexto de profunda crisis humanitaria”.

A pesar de los ataques, Salvamento Marítimo Humanitario ha reafirmado su compromiso: “Mantendremos nuestra actividad en los puertos del País Valencià, con la mayor visibilidad posible e intensificando nuestra labor de sensibilización y educación para la transformación social. El objetivo es claro: preservar los valores de solidaridad y hermandad que distinguen a nuestra sociedad y contrarrestar el discurso de odio con la práctica de los derechos humanos”.

El Gobierno valenciano ya reconoció el pasado mes de julio que el barco de rescate humanitario Aita Mari estaba exento del pago de tasas portuarias. Ahora, ha logrado que se reconozca la devolución de las cantidades abonadas, que superan los 80.000 euros.

El Aita Mari, una antigua embarcación pesquera reconvertida en buque de rescate en el mar Mediterráneo, ha operado durante años desde puertos valencianos como los de Burriana y Vinaròs, dependientes de la Generalitat. Durante la pasada legislatura, bajo el Gobierno del Botànic, estas ONG estaban amparadas por una exención de tasas recogida en la legislación autonómica, que reconoce el derecho de entidades humanitarias sin ánimo de lucro a operar sin costes portuarios en dominio público.

Meses antes, en enero del presente año, la Comisión Europea emitió una respuesta formal a la pregunta presentada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà (Verts/ALE), sobre las tasas retroactivas impuestas por el Gobierno de la Generalitat valenciana a las embarcaciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, como el Aita Mari. En su respuesta, la Comisión expresa dudas sobre la legalidad de estas tasas y alerta de posibles riesgos en términos de seguridad jurídica, a pesar de que también destaca que son los tribunales nacionales los más indicados para examinar esta cuestión.

El Aita Mari, el barco pesquero convertido en buque de salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, abandonará los puertos de la Generalitat Valenciana por el “cobro ilegal de tasas” a las cuales les ha sometido el gobierno del PP de Carlos Mazón tras las presiones de Vox. No obstante el Aita Mari no dejará de atracar en puertos valencianos, porque su intención es operar a partir de ahora desde los Puertos del Estado, como son los de València, Alicante y Castelló de la Plana como principales diques.

Desde la ONG Salvamento Marítimo Humanitario Amaia Iguaran explica que “nos vamos de los puertos de Burriana y de Vinaròs, pero nos quedamos en el territorio valenciano y lo intentaremos desde los Puertos del Estado”, añade que “hablaremos con el Ministerio de Transportes que se están portando muy bien con nosotros”. No obstante Iguaran añade que “en todos los sitios la Generalitat nos pone todas las trabas que puede, nos dificulta los amarres o la carga de gasoil”.

Pese a esta retirada de los puertos castellonenses que dependen de la Generalitat la ONG señala que “no vamos a dejar de presentar batalla, vamos a presentar recurso económico-administrativo, es ilegal el cobro de tasas reactivo y vamos a llegar hasta el final”. También explica que ya han pagado los 63.000 euros que la Generalitat les ha pedido en concepto de tasas no pagadas, “porque a los que se les llena la boca de cumplir la ley no l están haciendo”, afirma Amaia Iguaran. Así recuerdan que según la Ley de Tarifas Portuarias de la Generalitat, en el modificado artículo 4 de Exenciones comunes se señala: “Quedan exentos del pago de las tarifas portuarias: [...] entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas”.

El malestar con el Consell de Mazón va más allá. La ONG recuerda también que en los momentos más dramáticos de la DANA ofrecieron sus recursos y personal para ayudar al rescate de personas afectadas por la catástrofe, “pero nuestra ayuda fue desestimada”.

Por otro lado, Salvamento Marítimo Humanitario recuerda que se han querellado contra Vox Burriana y el concejal de este municipio y diputado en Corts por el partido de extrema derecha, Jesús Albiol, por injurias y calumnias por haberles llamado “barco de negreros”.

Compromís ha criticado esta consecuencia de las políticas del Consell del PP y el apoyo de Vox. “Esto es un claro ejemplo de lo que nos cuesta que Carlos Mazón se quede como presidente de la Generalitat. Con él, las políticas de la ultraderecha y la xenofobia se mantienen en el Consell, y se ataca directamente aquellas entidades que lo único que hacen es ayudar a las personas y que han creado un tejido social y económico en nuestros municipios”, ha señalado el diputado a les Corts, Vicent Granel.

Añade así que “Burriana y Vinaròs habían acontecido puertos humanitarios, puntos de acogida donde se habían tejido redes de apoyo para facilitar la tarea de estos barcos”. Ahora, pero, “con la aplicación de estas tasas injustificadas, estas embarcaciones se ven obligadas a buscar otros puertos para operar, hecho que supone un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos y en la ayuda humanitaria”, explica Granel.

La Comisión Europea ha emitido una respuesta formal a la pregunta presentada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà (Verts/ALE), sobre las tasas retroactivas impuestas por el Gobierno de la Generalitat valenciana a las embarcaciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, como el Aita Mari. En su respuesta, la Comisión expresa dudas sobre la legalidad de estas tasas y alerta de posibles riesgos en términos de seguridad jurídica, a pesar de que también destaca que son los tribunales nacionales los más indicados para examinar esta cuestión. En estos momentos, el dinero reclamado por la Generalitat a distintas embarcaciones por tasas pasadas suma 450.000 euros.

La Comisión Europea ha indicado que las tasas retroactivas impuestas por el gobierno de Carlos Mazón generan “reservas relacionadas con la seguridad jurídica”. Esto quiere decir que la aplicación de este tipo de medidas retroactivas podría poner en peligro los derechos de las organizaciones humanitarias y afectar su capacidad para operar de manera coherente y legal. La Comisión ha destacado que las decisiones sobre tasas a puertos no están reguladas a nivel europeo en los puertos valencianos como Burriana, Benicarló, Vinaròs y Dénia, propiedad de la Generalitat, pero ha sugerido que los tribunales nacionales tendrían que analizar en profundidad la legalidad de estas medidas.

La Comisión también ha subrayado que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de garantizar que las operaciones de rescate en el mar, incluidas las realizadas por embarcaciones humanitarias como la Aita Mari, no se vean obstaculizadas por barreras legales, puesto que esto podría vulnerar los derechos humanos y las normativas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar y el Convenio Internacional sobre Investigación y Salvamento Marítimo.

Marzà ha manifestado su satisfacción ante la respuesta de la Comisión, y ha subrayado que “la postura de Bruselas deja claro que salvar vidas en el Mediterráneo no solo no es un delito, sino que además es una obligación moral de la administración pública. Ya lo denunciamos en su día: estas tasas son, sencillamente, barreras legales que PP y Vox han querido poner para obstaculizar las tareas de rescate en el Mediterráneo”.

Además, Marzà también ha criticado la “hipocresía” del Partido Popular y de Vox: “Se llenan la boca para defender el derecho en la vida, pero cuando mueren 227 personas en unas inundaciones, el Presidente esconde el jefe y no asume responsabilidades. Y cuando mueren personas ahogadas cada día en el Mediterráneo, lo que hace la Generalitat valenciana es perseguir a aquellos que intentan salvar vidas. La incoherencia moral del PP es casi tan grande como su incompetencia”, ha afirmado.

La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), operadora del barco de rescate marítimo Aita Mari, ha presentado este lunes una demanda de conciliación para que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Borriana y diputado en el parlamento valenciano, Jesús Albiol, se retracte y rectifique sus acusaciones contra el Aita Mari, al que calificó de “barco de negreros” y “cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas”.

El Aita Mari es un pesquero que fue reconvertido en navío de rescate para personas refugiadas que se lanzan al mar Mediterráneo huyendo de las guerras, el hambre y la miseria. Durante los últimos años estas embarcaciones humanitarias habían encontrado en los puertos de Borriana y Vinaròs, de la Generalitat Valenciana, un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento.

Sin embargo, el actual Consell (dirigido por el PP) decidió acatar una imposición de Vox de reclamar las tasas portuarias de los últimos cuatro años, que ascienden a 63.000 euros. Lo que en la práctica puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat Valenciana.

Fruto de esa decisión, el diputado de Vox Jesús Albiol lanzó las mencionadas acusaciones en varios foros públicos y su partido lo replicó en las redes sociales. Es por ello por lo que la ONG y el capitán del Aita Mari han decidido presentar este acto de conciliación previo a una querella por calumnias e injurias por haber atentado contra el honor de la propia entidad y de los tripulantes del Aita Mari. Una demanda que hace extensiva al partido de Vox en Borriana.

La vicepresidenta de la ONG, Amia Iguaran ha advertido de que los partidos de extrema derecha “buscan obstaculizar la ayuda humanitaria”. Emplean una “retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor”.

“¿Por qué arriesgar la vida? Es una pregunta que quienes vivimos en la comodidad de Occidente no nos podemos ni imaginar. Por muy mal que nos vaya”, ha reflexionado Iguaran

Frente a las acusaciones de la derecha, la vicepresidenta de SMH ha respondido que la labor en la defensa de los derechos humanos y el salvamento de vidas en el mar ha sido declarada de interés público y ha recibido prestigiosos galardones tanto de la sociedad civil como de las instituciones.

Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas. El número de rescates ha ido aumentando cada año: 79 en 2019; 202 en 2020; 258 en 2021; 288 en 2022; 424 en 2023; y en lo que va de 2024, 77. “Una tragedia humanitaria que no se puede detener con políticas antiinmigración porque de lo que huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados”, ha lamentado Iguaran.

Ninguna condena

La responsable de la entidad humanitaria ha explicado también que “a pesar de las exhaustivas investigaciones a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria”. Es más, ha remarcado, la justicia italiana ha anulado detención administrativa del Geo Barents (MSF), “enviando un mensaje tan claro como que solidaridad y el rescate en el mar son derechos fundamentales” y “dejando en evidencia los intentos de criminalizar la ayuda a personas rescatadas en el mar”.

La asistencia en alta mar a embarcaciones en peligro es una obligación legal de los Estados y negar el auxilio en alta mar o dificultarlo mediante el abuso de medidas administrativas “es un acto inhumano que tiene consecuencias legales ante las que tarde o temprano hay que responder”.

Asistencia letrada

Por otro lado, Iguaran ha destacado que, en la decisión de presentar esta demanda de conciliación previa a la querella, decidieron buscar la asistencia de la persona que promovió la exención de las tasas en los puertos de la Generalitat. “Decidimos acudir a Mónica Oltra para que nos asistiera como letrada en este caso ya que, además fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat la que propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Borriana y Vinaròs”. 

Albiol, se reafirma

El concejal de Vox en Borriana se ha reafirmado en sus declaraciones públicas en las que ha llamado en diversas ocasiones “barcos negreros y cooperadores necesarios de las mafias que trafican con personas” a las “supuestas” ONGs “que se dedican a traer inmigrantes ilegales a nuestras costas, a Europa”. Albiol considera que la demanda de Aita Mari “no tiene recorrido legal alguno”: “Me quieren llevar a los tribunales para que me retracte”, cuando insiste en que lo que he hecho ha sido manifestar a una opinión pública, en distintos medios de comunicación y en distintas intervenciones, como concejal y diputado de las Corts Valencianes.

“Les he llamado lo que son: barcos negreros del siglo XXI y cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas; barcos negreros del siglo XXI porque hacen exactamente lo mismo que los barcos esclavistas de los siglos XVI al XIX -a los que les llamaba barcos negreros- que los portugueses e ingleses utilizaban para recoger esclavos en África y llevarlos después a América. Y estas supuestas ONG hacen exactamente lo mismo, pero en vez de llevarlos a América los traen a Europa”, ha explicado Jesús Albiol.

Así, ha apuntado que las ONGs los recogen en alta mar, “donde las mafias de tráfico de personas los sueltan, y los traen a Europa, ya sea por Italia o por España, de manera ilegal condenándoles a la ilegalidad”. Por tanto, “no podrán tener ni un trabajo, ni una vivienda de manera legal, pierden su libertad y, de este modo, son esclavos”, ha manifestado.

Respecto al término cooperadores necesarios, Albiol ha indicado que “evidentemente lo que tendría que hacer esta ONG es leerse el diccionario panhispánico del español jurídico y sabrán que el cooperador necesario es la persona que contribuye a la ejecución de un hecho delictivo de otro con un acto anterior o simultáneo sin el cual dicho delito no se habría efectuado y efectivamente sin la colaboración de las ONG no podrían entrar de manera ilegal los inmigrantes que las mafias de tráfico de personas sueltan en el mar”.

“Es una opinión política y es una opinión totalmente fundada porque no solo les he llamado a ellos así, sino también a todos los buques que se dedican a recoger a los inmigrantes ilegales que traen las mafias a quienes han pagado para venir a Europa”, ha finalizado.

L'Aita-Mari va ser el primer que va rebre el requeriment, però l'actuació de la Generalitat ha acabat per afectar vuit vaixells més. En total, uns 450.000 euros de reclamació en taxes portuàries a nou embarcacions de salvament marítim que entre el 2021 i el 2024 van atracar als ports autonòmics de la Generalitat per a tasques d'avituallament, reparacions o descans de personal, segons han confirmat fonts del col·lectiu Aurora i de la Conselleria de Medi Ambient. Es tracta de les naus Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity i Salvament Marítim Humanitari, que han rescatat milers de persones de morir ofegades a la Mediterrània.

La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat un procés de negociació amb les entitats humanitàries per afinar la reclamació malgrat que segons la legislació valenciana estarien exemptes. De fet, durant els anys del Botànic, estes embarcacions no van pagar les taxes portuàries mentre van estar als ports de Vinaròs, Benicarló o Borriana. El mateix president de la Generalitat, Carlos Mazón, va insistir ahir al debat de política general que estos vaixells, “quan està atracant i no està fent missions humanitàries, com tots els pescadors, paguen la llum i l'aigua”. És més, Mazón va aprofitar el debat a les Corts Valencianes per anunciar que “els pescadors i armadors deixaran de pagar totes les taxes que, cada any, havien d'abonar a la Generalitat”.

L''Aita Mari' i altres vaixells de rescat de migrants, juntament amb els seus equips jurídics, es van reunir fa diverses setmanes amb el director general de Ports, Marc García Manzana, per abordar la situació. Fonts de la Generalitat van explicar que donaran “més temps” a les entitats per al·legar i se'ls va “explicar” la manera de justificar els recursos per poder reduir el muntant total de les reclamacions, “sempre que es justifiqui que s'estaven fent tasques humanitàries” . Les mateixes fonts van defensar la legalitat de l'actuació i van criticar la gestió de l'anterior Govern del Pacte del Botànic.

Des de l''Aita Mari' van assegurar que a la reunió els van oferir fer una ampliació del recurs presentat i incorporar nous elements on expliquen les raons per les quals estarien exempts. “Esta ampliació no caldria si no hi haguera hagut cap canvi d‟interpretació de l‟article. Vam seguir sense compartir que es liquiden les taxes des del 2021 quan la pròpia administració no ens les havia reclamat. Si ara canvien de criteri, el que haurien de fer és notificar este canvi de criteri”, han afegit les mateixes fonts del vaixell de salvament marítim. També els han assegurat, segons les mateixes fonts, que la Generalitat “desconeixia les feines que veníem fent”. Una apreciació que els ha cridat poderosament l'atenció pels anys que porten atracant a ports de la Generalitat.

El Aita-Mari fue el primero que recibió el requerimiento, pero la actuación de la Generalitat ha terminado por afectar a otros ocho barcos más. En total, unos 450.000 euros de reclamación en tasas portuarias a nueve embarcaciones de salvamento marítimo que entre 2021 y 2024 atracaron en los puertos autonómicos de la Generalitat para tareas de avituallamiento, reparaciones o descanso de personal, según han confirmado fuentes del colectivo Aurora y de la Conselleria de Medio Ambiente. Se trata de las naves Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.

La Conselleria de Medio Ambiente ha iniciado un proceso de negociación con las entidades humanitarias para afinar la reclamación pese a que según la legislación valenciana estarían exentas. De hecho, durante los años del Botànic, estas embarcaciones no pagaron las tasas portuarias mientras estuvieron en los puertos de Vinaròs, Benicarló o Burriana. El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insistió ayer en el debate de política general que estos barcos, “cuando está atracando y no está haciendo misiones humanitarias, como todos los pescadores, pagan la luz y el agua”. Es más, Mazón aprovechó el debate en Les Corts Valencianes para anunciar que “los pescadores y armadores van a dejar de pagar todas las tasas que, cada año, tenían que abonar a la Generalitat”.

El 'Aita Mari' y otros barcos de rescate de migrantes, junto a sus equipos jurídicos, se reunieron hace varias semanas con el director general de Puertos, Marc García Manzana, para abordar la situación. Fuentes de la Generalitat explicaron que darán “más tiempo” a las entidades para alegar y se les “explicó” la manera de justificar los recursos para poder reducir el montante total de las reclamaciones, “siempre que se justifique que se estaban realizando labores humanitarias”. Las mismas fuentes defendieron la legalidad de la actuación y criticaron la gestión del anterior Gobierno del Pacte del Botànic.

Desde el 'Aita Mari' aseguraron que en la reunión les ofrecieron hacer una ampliación del recurso presentado e incorporar nuevos elementos donde expliquen las razones por las que estarían exentos. “Esta ampliación no haría falta si no hubiera habido un cambio de interpretación del artículo. Seguimos sin compartir que se liquiden las tasas desde 2021 cuando la propia administración no nos las había reclamado. Si ahora cambian de criterio, lo que tendrían que hacer es notificar ese cambio de criterio”, han añadido las mismas fuentes del barco de salvamento marítimo. También les han asegurado, según las mismas fuentes, que la Generalitat “desconocía las labores que veníamos haciendo”. Una apreciación que les ha llamado poderosamente la atención por los años que llevan atracando en puertos de la Generalitat.

La ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2017 incluyó una modificación legal que eximía a los barcos humanitarios de pagar las tasas portuarias en los puertos públicos autonómicos no solo por labores de rescate, sino también “por necesidades de funcionamiento”, según el artículo 22 de esa norma que enmendó el artículo 4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de tarifas portuarias. La Conselleria de Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de Puertos, resta importancia a esta normativa y defiende que la legislación solo ampara a los barcos humanitarios que recalen en puertos como los de Benicarló, Vinaròs o Borriana por labores humanitarias estrictas, por lo que estarían obligados a pagar y mantendrán el requerimiento de abono de los últimos cuatro años. De hecho, las 10 entidades sociales requeridas tendrán que pagar primero las tasas portuarias reclamadas de los años 2021 a 2024 (las anteriores han prescrito) y después ir a los tribunales.

El 'Aita Mari' y otros barcos de rescate de migrantes, junto a sus equipos jurídicos, se reunieron ayer con el director general de Puertos, Marc García Manzana, para abordar la situación. Fuentes de la Generalitat explicaron que darán “más tiempo” a las entidades para alegar y se les “explicó” la manera de justificar los recursos para poder reducir el montante total de las reclamaciones, “siempre que se justifique que se estaban realizando labores humanitarias”. Las mismas fuentes defendieron la legalidad de la actuación y criticaron la gestión del anterior Gobierno del Pacte del Botànic.

Por su parte, fuentes del 'Aita Mari' han explicado que en la reunión les han ofrecido hacer una ampliación del recurso presentado e incorporar nuevos elementos donde expliquen las razones por las que estarían exentos. “Esta ampliación no haría falta si no hubiera habido un cambio de interpretación del artículo. Seguimos sin compartir que se liquiden las tasas desde 2021 cuando la propia administración no nos las había reclamado. Si ahora cambian de criterio, lo que tendrían que hacer es notificar ese cambio de criterio”, han añadido las mismas fuentes del barco de salvamento marítimo. También les han asegurado, según las mismas fuentes, que la Generalitat “desconocía las labores que veníamos haciendo”. Una apreciación que les ha llamado poderosamente la atención por los años que llevan atracando en puertos de la Generalitat.

Pese al enroque del Gobierno valenciano actual, la modificación de la normativa de tasas de los puertos que entró en vigor el 1 de enero de 2017 podría convertirse en un punto estratégico en los recursos de las entidades humanitarias de cara a no tener que pagar unas tasas de manera retroactiva de las que estaban exentas. Más si la reclamación acaba en los tribunales. El punto dos del artículo 4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de tarifas portuarias reza desde su modificación en 2016 que “quedan exentos del pago de las tarifas portuarias, el material y las embarcaciones de la Cruz Roja dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en dominio público portuario”. Tal y como han venido explicando los barcos de rescate humanitario, el uso de los puertos valencianos se dedicó a labores de mantenimiento, reparación o descanso de la tripulación, siempre dentro de las campañas de rescate de personas en el Mediterráneo.

María José Salvador, la que fuera consellera de Territorio con el Gobierno de Ximo Puig y actual portavoz adjunta del PSPV en las Corts Valencianes, fue la política que impulsó la modificación legislativa que amparó a los barcos de rescate humanitario durante los años del Pacte del Botànic y por la que nunca se cobraron las tasas portuarias a estos barcos. “Cuando llegamos al Gobierno vimos una petición que Médicos sin Fronteras le hizo al PP en 2014 en la que reclamaban esa exención de tasas para barcos humanitarios con motivos de paradas técnicas. El Gobierno de Fabra no les atendió, pero a nosotros nos pareció justo facilitar estas demandas y las incluimos en la ley”, ha explicado Salvador a elDiario.es. Salvador también se reunió ayer con los representantes del 'Aita Mari' y aseguró que la Conselleria de Medio Ambiente “está incumpliendo la ley”. Para Salvador, la Administración “no puede ser arbitraria y aplicar la ley a su antojo porque podría estar prevaricando”.

Además de los 60.000 euros al 'Aita Mari', la Agencia Tributaria Valenciana reclama también decenas de miles de euros a los barcos y sus entidades Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo. Una derivada de estas reclamaciones podría ser que los barcos humanitario buscaran otras zonas y países para las paradas técnicas, lo que supondría también un golpe para la economía local de municipios como Benicarló o Vinaròs.

Empezaron con el Aita Mari, pero el Gobierno valenciano ha iniciado una catarata de reclamaciones de tasas portuarias a otros nueve barcos de rescate humanitario que atracaban en los puertos públicos autonómicos de Vinaròs, Burriana o Benicarló. La Agencia Tributaria Valenciana reclama ahora decenas de miles de euros a los barcos y sus entidades Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.

El próximo lunes 9 de septiembre, el director general de Puertos de la Generalitat valenciana, Marc García, se reunirá con el Aita Mari para abordar la situación, aunque el proceso tributario continúa su curso y la entidades deben abonar lo reclamado por la administración y después recurrir. “Aquí se aplica la normativa en vigor. Existe una exención cuando los barcos que atracan en nuestros puertos hacen rescate humanitario. Si estos barcos justifican que estaban haciendo tareas de salvamento y todo lo necesario para hacerlo, no se les cobra. Pero si los barcos han estado parados tres meses no estarían en el supuesto legal”, explican a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.

Fuentes del Aita Mari explican a elDiario.es que la situación es muy complicada, porque al haberse iniciado el requerimiento fiscal la entidad tiene que abonar sí o sí los más de 60.000 euros y luego esperar a la resolución del recurso. “La Generalitat puede argumentar que no hubo un desarrollo del reglamento del anterior Consell, pero no puede implicare que haya que pagar de manera retroactiva cuatro años”.

El Consell del Botànic, formado por PSPV y Compromís, liberó a los barcos de ayuda humanitaria de pagar las tasas portuarias cuando atracaban en puertos públicos de la Generalitat Valenciana para trabajos de avituallamiento, reparaciones o descanso de personal. Pero la exención de estas obligaciones no quedó suficientemente amarrada administrativamente y el nuevo Consell de PP y Vox, ahora sin la extrema derecha, inició los trámites para reclamar estas tasas a partir de 2021 “aplicando la normativa”. En el caso del Aita Mari, un montante de más de 60.000 euros.

L’Aurora, un coletivo de 16 entidades sociales que hoy se ha concentrado ante la Generalitat para protestar por los sucedido, ha denunciado la “inseguridad jurídica” que esta actuación ha generado y alerta de que los barcos humanitarios dejarán de llegar a la Comunitat Valenciana porque “ya no es tierra de acogida”.  

Desde la Conselleria de Medio Ambiente defienden su gestión. “El Gobierno del Botánico decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades. Lo hizo con una una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes, lo que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial”, han argumentado. Según las mismas fuentes, “lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma ley. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa en este sentido, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar”.

Por otra parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente replican que en otros puertos de la Comunitat Valenciana que dependen del Gobierno no se aplica ningún tipo de exención ni cuando se realizan las tareas de salvamento.

El pasado viernes, la ONG Salvamento Humanitario denunciaba que la Generalitat Valenciana reclamaba al barco 'Aita Mari', que utiliza como base para sus rescates en el Mediterráneo el puerto castellonense de Borriana, 63.300 euros en concepto de tasas portuarias por la modificación del reglamento que suprime la exención de tasas que “existía hasta ahora” en la Ley 2/2014 de Puertos. Esta liquidación corresponde a los últimos cuatro años, ya que se aplicaría la eliminación con efecto retroactivo.

El Consell, por su parte, expresó su “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias, y aseguró que “siempre” se les garantizaría el amarre en los puertos valencianos “sin ningún tipo de veto”, aunque sí “cumpliendo la normativa en vigor”. Según explicaban, la decisión del Botànic de no cobrar estas tasas a determinadas entidades “se hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna”, por lo que se trataba de una decisión “sin amparo legal” en la que “se limitaban a dejar caducar los expedientes”.

Exención en vigor

En el artículo 22 de la ley de acompañamiento de 2016, el Botànic -entonces formaban parte del Gobierno de Ximo Puig el PSPV y Compromís- modificó el artículo 4.4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat Valenciana de tarifas portuarias. Esta modificación, en Vigor desde entonces porque no ha sido rectificada por el Consell de Carlos Mazón ni en la ley de acompañamiento de 2023 ni en el decreto ómnibus del pasado 9 de julio, explica que quedan exentos de pago de las tarifas portuarias: “el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas la institución , y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario, previa comunicación a la Administración portuaria”, además de “los barcos de guerra y aeronaves militares españolas […]” y “el material de la autoridad portuaria y las embarcaciones de la Administración […]”. También otorga potestad al conseller de turno para establecer “exenciones o bonificaciones en las tarifas para actividades sin ánimo de lucro, de relevante interés humanitario o social”.

En 2015, con el Partido Popular de Alberto Fabra en la Generalitat, una ONG pide la exención de la tasa y la Conselleria solicita un informe a la abogacía de la Generalitat, que apunta que se puede hacer una resolución eximiendo del pago, aunque recomienda una modificación de la ley de 1999. Sin embargo, este cambio legislativo no se produce hasta 2016, ya con el Botànic en la Generalitat, debido a las peticiones realizadas por las ONGs que desarrollan labores humanitarias de salvamento en el Mediterráneo, una normativa que no ha sido derogada. El informe de la Abogacía explicaba que se debe regular por ley “El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales”, que es lo que se hizo con la modificación del texto normativo de 1999.

Lo único que aparece en el decreto-ley de simplificación administrativa, el conocido como decreto ómnibus del 9 de julio pasado, es una actualización de las tasas por medio de una modificación del artículo 48 de la ley de 1999 que únicamente afecta a la base impositiva de las tasas y que no hace referencia alguna a la derogación de la exención, que por tanto sigue en vigor.

El Consell dice que la ley se refiere a “pequeñas estancias”

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, consultada por elDiario.es, asegura que mantiene una “estrecha relación” con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a “cumplir la ley y la normativa en vigor”. En este sentido, destacan que “siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat”. “De hecho -insisten-, se ha priorizado su petición sin ningún tipo de veto”.

Así, el Gobierno de Mazón sostiene que el Botànic “decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades”, y añade: “Lo hizo con una una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes, lo que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial”. ⁠Lo que se ha hecho ahora, defienden, es “regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma ley. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa en este sentido, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar”.

Según explican, las necesidades de funcionamiento a las que se refiere la modificación del artículo 4 de la ley 1/1999 se refieren a “breves estancias para realizar tareas de, por ejemplo, aprovisionamiento; por tanto, no se establece que estén en vigor exenciones de forma generalizada para este tipo de embarcaciones”. “Ha sido habitual durante los últimos años que el recalado se extendiese durante periodos que superaban los dos meses en los que la entidad no tenía actividad”, matizan. Por ello, consideran que no se trataba de “meras necesidades de funcionamiento”, sino que se trataba de “establecer como base permanente” los puertos de Vinaròs y Borriana.

La Generalitat reitera que existe una “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias y que “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”. “Se pueden recurrir las tasas que se han cobrado si se considera que eran estancias contempladas y comunicadas y se analizará la situación caso a caso”, insisten.

“Criminalizar” la labor humanitaria de las ONGs

La diputada socialista María José Salvador censura que el Gobierno de Carlos Mazón “se salta la ley, y prefiere criminalizar la labor humanitaria que realizar las ONG, los barcos de rescate que salvan vidas en el Mediterráneo”, e insiste en que el president y el Partido Popular “han asumido el marco ideológico de Vox sin ningún pudor; sin ir más lejos, reclamando el pago de tasas portuarias a un barco de rescate, cuando la Ley los declara exentos desde el 1 de enero de 2017, ya que el Consell de Ximo Puig aplicó esta exención en la Ley de Acompañamiento de 2016”. 

Por último, Salvador lamenta que Mazón “no necesita a Vox para asumir el marco de la extrema derecha, y este es un ejemplo. Pedimos que rectifique y aplique la ley vigente, lo contrario se podría acercar a la arbitrariedad y a la prevaricación”.

Divendres passat, l’ONG Salvament Humanitari denunciava que la Generalitat Valenciana reclamava al vaixell Aita Mari, que utilitza com a base per als seus rescats a la Mediterrània el port castellonenc de Borriana, 63.300 euros en concepte de taxes portuàries per la modificació del reglament que suprimeix l’exempció de taxes que “hi havia fins ara” en la Llei 2/2014 de ports. Aquesta liquidació correspon als últims quatre anys, ja que s’aplicaria l’eliminació amb efecte retroactiu.

El Consell, per part seua, va expressar la seua “voluntat de diàleg permanent” amb les embarcacions humanitàries i va assegurar que “sempre” se’ls garantiria l’amarrament en els ports valencians “sense cap mena de veto”, encara que sí “complint la normativa en vigor”. Segons explicaven, la decisió del Botànic de no cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades “es va fer sense cap mena de motivació i sense aprovar cap resolució”, per la qual cosa es tractava d’una decisió “sense empara legal” en què “es limitaven a deixar caducar els expedients”.

Exempció en vigor

En l’article 22 de la llei d’acompanyament del 2016, el Botànic –llavors formaven part del Govern de Ximo Puig el PSPV i Compromís– va modificar l’article 4.4 de la Llei 1/1999, del 31 de març, de la Generalitat Valenciana de tarifes portuàries. Aquesta modificació, en vigor des de llavors, perquè no ha sigut rectificada pel Consell de Carlos Mazón ni en la llei d’acompanyament del 2023 ni en el decret òmnibus del 9 de juliol passat, explica que queden exempts de pagament de les tarifes portuàries: “el material i les embarcacions de la Creu Roja Espanyola dedicats a les tasques pròpies que té encomanades la institució , i d’altres entitats de caràcter humanitari, sense finalitats lucratives i legalment constituïdes, que per necessitats de funcionament hagen de situar-se en el domini públic portuari, prèvia comunicació a l’Administració portuària”, a més dels “vaixells de guerra i aeronaus militars espanyoles […]” i “el material de l’autoritat portuària i les embarcacions de l’Administració […]”. També atorga potestat al conseller de torn per a establir “exempcions o bonificacions en les tarifes per a activitats sense ànim de lucre, de rellevant interés humanitari o social”.

El 2015, amb el Partit Popular d’Alberto Fabra en la Generalitat, una ONG demana l’exempció de la taxa i la Conselleria sol·licita un informe a l’Advocacia de la Generalitat, que apunta que es pot fer una resolució eximint del pagament, encara que recomana una modificació de la llei del 1999. No obstant això, aquest canvi legislatiu no es produeix fins al 2016, ja amb el Botànic en la Generalitat, a causa de les peticions fetes per les ONG que desenvolupen tasques humanitàries de salvament a la Mediterrània, una normativa que no s’ha derogat. L’informe de l’Advocacia explicava que s’ha de regular per llei “l’establiment, la modificació, la supressió i la pròrroga de les exempcions, les reduccions, les bonificacions, les deduccions i altres beneficis o incentius fiscals”, que és el que es va fer amb la modificació del text normatiu del 1999.

L’única cosa que figura en el decret llei de simplificació administrativa, el conegut com a decret òmnibus del 9 de juliol passat, és una actualització de les taxes per mitjà d’una modificació de l’article 48 de la llei de 1999 que únicament afecta la base impositiva de les taxes i que no fa cap referència a la derogació de l’exempció, que, per tant, continua en vigor.

El Consell diu que la llei es refereix a “estades breus”

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, consultada per elDiario.es, assegura que manté una “relació estreta” amb els diferents actors portuaris, entre els quals embarcacions d’ajuda humanitària, i es limita a “complir la llei i la normativa en vigor”. En aquest sentit, destaquen que “sempre que alguna embarcació d’aquest tipus ha sol·licitat amarrament, s’ha prioritzat aquesta petició de tal manera que sempre han pogut arrecerar-se en els ports de la Generalitat”. “De fet –insisteixen–, s’ha prioritzat la seua petició sense cap mena de veto”.

Així doncs, el Govern de Mazón sosté que el Botànic “va decidir deixar de cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades”, i afig: “Ho va fer amb una decisió sense empara legal en què es limitava a deixar caducar els diferents expedients, cosa que generava un problema de seguretat jurídica al cos funcionarial”. ⁠El que s’ha fet ara, defensen, és “regularitzar la situació que mancava de suport administratiu i aplicar la mateixa llei. En cap cas s’ha modificat la normativa amb el decret de simplificació administrativa en aquest sentit, que simplement es va limitar a actualitzar les taxes de llum i aigua a abonar”.

Segons expliquen, les necessitats de funcionament a què es refereix la modificació de l’article 4 de la Llei 1/1999 es refereixen a “estades breus per a fer tasques, per exemple, d’aprovisionament; per tant, no s’estableix que estiguen en vigor exempcions de manera generalitzada per a aquesta mena d’embarcacions”. “Ha sigut habitual durant els últims anys que el recalat s’estenguera durant períodes que superaven els dos mesos en què l’entitat no tenia activitat”, matisen. Per això, consideren que no es tractava de “meres necessitats de funcionament”, sinó que es tractava d’“establir com a base permanent” els ports de Vinaròs i Borriana.

La Generalitat reitera que hi ha una “voluntat de diàleg permanent” amb les embarcacions humanitàries i que “sempre se’ls garantirà que puguen recalar en els diferents ports de la Comunitat Valenciana sense cap mena de veto, però sí complint la normativa en vigor”. “Es pot recórrer contra les taxes que s’han cobrat si es considera que eren estades previstes i comunicades i s’analitzarà la situació cas per cas”, insisteixen.

“Criminalitzar” la tasca humanitària de les ONG

La diputada socialista María José Salvador censura que el Govern de Carlos Mazón “se salta la llei i prefereix criminalitzar la tasca humanitària que fan les ONG, els vaixells de rescat que salven vides a la Mediterrània”, i insisteix que el president i el Partit Popular “han assumit el marc ideològic de Vox sense cap pudor; sense anar més lluny, reclamant el pagament de taxes portuàries a un vaixell de rescat, per bé que la llei els declara exempts des de l’1 de gener de 2017, ja que el Consell de Ximo Puig va aplicar aquesta exempció en la llei d’acompanyament del 2016”.

Finalment, Salvador lamenta que Mazón “no necessita Vox per a assumir el marc de l’extrema dreta, i aquest n’és un exemple. Demanem que rectifique i aplique la llei vigent, el contrari es podria acostar a l’arbitrarietat i a la prevaricació”.

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario denuncia que la Generalitat reclama al barco 'Aita Mari', con base en el puerto castellonense de Borriana, un total de 63.300 euros en concepto de tasas portuarias, al “modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora” en la Ley 2/2014 de Puertos.

La organización asegura que el Consell pretende aplicar con efecto retroactivo la modificación de la ley que elimina la exención de tasas para este tipo de barcos, que se aprobó en junio de 2024, realizando una liquidación de tasas de los últimos cuatro años.

“Han puesto en marcha el proceso recaudatorio de las tasas que estamos exentos, pero que ahora al liquidarlas retroactivamente de forma ilegal debemos pagar para evitar recargos por impagos y el embargo de los avales que tienen frente a la hacienda pública nuestros agente marítimos. El importe de dicha liquidación, hasta ahora y sin recargos es de 63.300 euros solo para el barco 'Aita Mari'”, expone.

Ante esta situación, la ONG advierte que la aplicación de las tasas dificultará “muchísimo” las próximas misiones del 'Aita Mari', la siguiente prevista para octubre.

Por contra, destaca que el anterior gobierno del Botànic dispuso en su ordenamiento jurídico que quedaban exentos del pago de las tarifas portuarias “el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario, previa comunicación a la Administración portuaria” (artículo 4.2 de la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias, en su redacción dada por el artículo 22 de la Ley 13/2016 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización.

“Durante los últimos años, la flota civil de rescate ha encontrado en los puertos de la Generalitat Valenciana un lugar amigo de refugio. En los puertos de Borriana y Vinaròs (Castellón) las tripulaciones de los barcos de rescate y ayuda humanitaria tenían un lugar para descansar y hacer las labores de mantenimiento para tener los barcos en condiciones óptimas para operar”, manifiesta.

Además, la entidad critica que “era una vieja reclamación de Vox expulsar a los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos y una de sus primeras acciones --cuando formaba parte del Consell junto al PP antes de abandonar los gobiernos autonómicos el mes pasado-- ha sido modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora”.

Y reprocha: “Estos son los hechos concretos en los que se traduce la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En ella todo vale para conseguir sus fines, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, que ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar”.

“Voluntad de diálogo permanente”

El Gobierno valenciano, por su parte, muestra su “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias y asegura que “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”.

Fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus como conseller subrayan que “la Generalitat mantiene una estrecha relación con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a cumplir la ley y la normativa en vigor”.

Además, señalan que “siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat”.

Ahora bien, desde Conselleria sostienen que el anterior gobierno del Botànic “decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades, pero lo hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna”.

“Por tanto, era una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes”, recalcan, y defienden que “lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma normativa que lleva en vigor durante los diferentes años”.

Por último, Medio Ambiente indica que “en este caso particular se pueden recurrir las tasas que se han cobrado y se analizará la situación caso a caso”.

Ya está en marcha el festival marítimo de Pasaia, que entre el 9 y 12 de mayo combina estampas idílicas en el puerto de la localidad guipuzcoana con música, gastronomía, artesanía, talleres y divulgación. Este jueves, el buque de rescate 'Aita Mari' ha encabezado al centenar largo de embarcaciones que protagonizaron el desfile inaugural. El navío ha llegado hace apenas un mes de su última misión de rescate en el mar Mediterráneo y se encuentra en Euskadi por primera vez desde 2020.

Durante la duración del festival, será posible, como recoge Europa Press, visitar el interior de la nave en el muelle de San Pedro y así conocer de cerca la embarcación y la tripulación que salva vidas en el Mediterráneo. También se podrán visitar otras embarcaciones como el Museo Naval Ecoactivo MATER, atunero de madera y antiguo buque tradicional vasco de bajura; el bergantín 'Phoenix', reformado en 1974; 'La Recouvrance', réplica de un barco de la marina francesa del siglo XIX, y el 'Grayhound', réplica de un buque aduanero británico de tres mástiles.

Estas son algunas de las imágenes que está dejando el festival:

El buque vasco de rescate 'Aita Mari' podría enfrentarse a una multa de “entre 60.000 y 80.000 euros” en relación con “siete deficiencias” detectadas en el barco hace tres años en Italia, según informa el Ministerio de Transportes a elDiario.es. Según ha declarado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, responsables del buque, a EFE, todas las deficiencias fueron subsanadas y “la mayoría” de ellas estaban relacionadas con la documentación, sin afectar a la seguridad de la embarcación pero, casi tres años más tarde, las autoridades españolas han iniciado el procedimiento administrativo.

La Capitanía Marítima de Valencia comunicó este jueves a la ONG la apertura de expediente sancionador por un incidente en Italia en mayo de 2020. En ese momento, la Guardia Costera de Palermo (Sicilia) inspeccionó el buque y detectó “varias irregularidades de carácter técnico y operativo”, por lo que lo inmovilizaron. En aquel momento, la ONG señaló que las autoridades italianas inmovilizaron el barco “con una serie de requerimientos que no corresponden con el tipo de buque”. El barco estuvo 49 días bloqueado en Palermo.

“En 2020, Italia tenía un política muy clara de hacer inspecciones muy duras a los barcos de rescate”, dicen desde la ONG a elDiario.es, señalando que “eran inspecciones de carácter político”. “Desde entonces hemos vuelto a navegar y el barco está en perfectas condiciones”, añaden sobre las deficiencias mencionadas por el Ministerio.

Desde el Ministerio indican que “la sanción total puede oscilar, por antecedentes casi idénticos, entre 60.000/80.000 euros, que pueden reducirse en un 40% menos si el titular del buque reconoce y paga”. Este jueves, eitb, la radio televisión pública de Euskadi, informó de que la multa podría ascender a más de un millón de euros. Fuentes del Ministerio dicen que esto “no se ajusta a la realidad en absoluto ya que solo tiene en cuenta las cuantías máximas previstas en la ley”.

La ONG dice que presentarán alegaciones, para lo cual tienen un periodo de 10 días, y que esperan poder salir del puerto la próxima semana en la que sería su novena misión de rescate. Sobre la posible multa, dicen desconocer de cuánto podría llegar a ser la cuantía.

Tanto el PNV como EH Bildu han pedido en el Congreso de los Diputados al Gobierno de España que aclare la información y los motivos del inicio del procedimiento dos años y medio más tarde. También han pedido que se aclare “cómo podrían ser ciertos los hechos” cuando semanas antes el buque partió desde España tras una reparación y una inspección de las autoridades marítimas españolas.

El PNV ha preguntado al Gobierno si la apertura del expediente “es consecuencia de alguna presión de las autoridades italianas” y si se está usando para retrasar la autorización de salida del buque, “que nos consta que se ha solicitado hace tiempo, y se estaba retrasando de manera injustificada”.

Por su parte, desde el Gobierno vasco han dicho “desconocer” los detalles y el procedimiento del expediente al Aita Mari y han mostrado su apoyo a la ONG. “Creemos que las instituciones públicas estamos para desbloquear conflictos y para apoyar iniciativas como esta […], que salvan vidas”, ha dicho Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco. “Esperamos que pronto encuentre solución y que pueda salir lo antes posible en misión humanitaria”.

Desde el Ministerio de Transportes señalan que es “un procedimiento habitual”. “No es un hecho aislado ni premeditado. Es un procedimiento ordinario en cumplimiento de la normativa vigente”, indican.

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha señalado este viernes que hace varias semanas presentó una pregunta a la Comisión Europea respecto a este caso del Aita Mari y ha dicho que “la sanción planteada por Italia es de carácter político y con consecuencias tremendas”, ya que puede afectar “al resto de los buques”. “Estamos muy preocupados y esperando una respuesta”, ha dicho en un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi.

El buque humanitario 'Aita Mari', de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, se dirige a las aguas de la isla italiana de Sicilia (sur) para refugiarse del fuerte temporal en el mar Mediterráneo, mientras 176 migrantes a bordo esperan un puerto en el que desembarcar.

“Aita Mari tiene que abandonar la costa de Lampedusa en menos de una hora”, donde navegaba el sábado, y pone “rumbo al este de Sicilia por el gran temporal y las olas de más de 5 metros que se avecinan. A bordo, recordamos que hay 176 personas, incluidos niños”, escribió la ONG en las redes sociales.

El atunero español reconvertido en barco de rescate socorrió a estas personas en dos dispositivos el viernes, 105 migrantes en el primero y 71 en el segundo.

La presidenta de la ONG y sanitaria a bordo, Izaskun Arriaran, explicó el sábado que los migrantes se encontraban bien de salud y que habían sido sometidos a un test de coronavirus, del que 23 dieron positivos y fueron aislados.

La embarcación notificó el pasado día 25 a las autoridades italianas la localización de un barco en el que, junto a 263 personas, viajaban siete cadáveres de inmigrantes que habían fallecido por hipotermia, y que fueron rescatados por la Guardia Costera italiana, que los trasladó a la isla de Lampedusa (sur).

El buque de rescate de migrantes 'Aita Mari', el Basque Culinary Center, el sacerdote jesuita vasco-venezolano Luis Ugalde, la asociación Gaztelu Elkartea de Amaiur, el periodista Luis María Bengoa y el Club Deportivo Bidasoa serán galardonados con el Premio Sabino Arana 2021. Estos seis nuevos galardones, que se entregarán el próximo 30 de enero en el Teatro Arriaga de Bilbao, se suman a las 180 distinciones ya otorgadas desde la instauración de los premios en 1989. Los premios de Sabino Arana Fundazioa, que este año cumplen su XXXIII edición, se otorgan anualmente con motivo del aniversario del nacimiento del fundador del nacionalismo vasco.

Con estos galardones, según informa Europa Press, la Fundación Sabino Arana busca reconocer a personalidades, instituciones o colectivos que destacan por su “capacidad de entrega y vocación de servicio a la sociedad”. Su presidenta, Mireia Zarate, y el secretario de la entidad, Ignacio Etxeberria, han hecho públicos este viernes los galardonados en esta nueva edición. Según han explicado, el 'Aita Mari', el atunero vasco reconvertido en buque de rescate de migrantes en el mar Mediterráneo, ha sido premiado “por su incansable y permanente lucha solidaria por los derechos humanos”.

Fruto de una iniciativa de la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario, el 'Aita Mari' se ha convertido “ante los ojos de todo el mundo en ejemplo de salvaguarda de la vida de quienes utilizan una ruta migratoria tan peligrosa”, ha destacado Mireia Zarate, que ha valorado que cada una de sus nuevas misiones pone de manifiesto “la urgencia de superar las malas políticas migratorias”. Desde la puesta en marcha del proyecto 'Aita Mari' en 2018, sus misiones de rescate “ya han salvado 538 vidas”, han remarcado desde la Fundación.

Por su parte, el jesuita vasco-venezolano Luis Ugalde ha sido reconocido por su trayectoria como “activista social y referente moral y político en Venezuela”. “Cercano a las causas sociales y considerado como uno de los intelectuales más comprometidos del país, es una de las voces que se han alzado para denunciar repetidamente las injusticias cometidas por el régimen venezolano”, han subrayado.

Asimismo, han destacado que “denunciar la injusticia y defender a los más necesitados han sido una constante en la vida del padre Ugalde”, que se ha distinguido por “la valentía y la firmeza con la que ha sostenido la denuncia de la injusticia y el autoritarismo”. “Siempre a favor de una sociedad democrática donde la voz de la ciudadanía sea escuchada y respetada”, han remarcado. Sabino Arana Fundazioa también ha premiado “los 60 años de historia del Club Deportivo Bidasoa y su contribución a la promoción del balonmano en nuestro país y a la proyección y posicionamiento de la ciudad de Irun y Euskadi en el panorama deportivo internacional”. “El deporte no se limita al fútbol, y Euskadi es más amplia que las capitales y eso nos lo ha demostrado bien el Club Deportivo Bidasoa desde su fundación en 1962. Bidasoa ha demostrado que con un deporte que no tiene tanta repercusión mediática también puede ser grande y hacer grande el pueblo de Irun, la zona del Bidasoa y Euskadi”, ha destacado.

“Referente a nivel internacional”

También ha reconocido los méritos del Basque Culinary Center, que, en palabras de Zarate, “en tan solo diez años de andadura se ha convertido en un referente a nivel internacional en formación, innovación, investigación y promoción gastronómica”. “Integrado por la Facultad de Ciencias Gastronómicas, adscrita a Mondragon Unibertsitatea, y el centro tecnológico BCC Innovation, en su interior se forman los profesionales que se encargan de gestionar los fogones de los restaurantes de todo el mundo y de dirigir empresas de la industria alimentaria. Un proyecto pionero a nivel mundial, innovador, emprendedor, orientado a la excelencia y con la mirada puesta en el futuro”, ha explicado.

Según ha remarcado, se trata de una escuela para “traer los sabores del mundo a nuestro país, fusionarlos con los propios y difundirlos de nuevo a todos los rincones del planeta”. Otro de los galardonados es el periodista Luis María Bengoa “por su labor de impulso y promoción, durante varias décadas, de los Herri Kirolak y de los productos de la tierra”. “Armado de un simple micrófono, Bengoa consigue transmitir como pocos los valores del trabajo en equipo que emanan de la práctica deportiva rural vasca. Convencido de que el mundo rural sigue vivo y de que puede aportar mucho a Euskal Herria, ha recorrido nuestro país de punta a punta promocionando, difundiendo y fomentando el deporte y los productos del mundo rural; dicho con otras palabras, demostrando que los bienes y valores del mundo rural vasco también son válidos en la actualidad”, ha destacado la presidenta de la Fundación Sabino Arana.

Finalmente, también ha sido galardonada en esta edición Gaztelu Elkartea de Amaiur “por su labor, dedicación y dedicación a la memoria vasca”. “Porque nuestra identidad tiene raíces arraigadas en el pasado que consideramos imprescindibles para construir el futuro”, han explicado los responsables de la Fundación. En este sentido, han valorado que la asociación Gaztelu ha demostrado que “la actualización de los propósitos y objetivos de nuestros antecesores se puede lograr entre todos, en auzolan; que los hechos, las acciones, los esfuerzos e incluso los fracasos de nuestros antepasados son imprescindibles para construir el futuro, que su sed de libertad nos sirve para dar aliento y que el objetivo es también el camino mismo”. “La cadena de la identidad vasca no se cortó con la conquista ni con la dictadura. Ha sido contundente y para que siga siéndolo necesitamos una memoria que alcance la totalidad del pasado y llegue a todos los rincones”, ha afirmado la presidenta de Sabino Arana Fundazioa.

Awil Salat Ahmed, de Eritrea, decidió marcharse de su país cuando tenía 15 años porque sentía que en él no había libertad y su único futuro era convertirse en soldado. Tardó tres años en llegar a Libia, donde fue encarcelado tres veces. Salat ha intentado coger un bote para cruzar el Mediterráneo hasta Europa hasta en cuatro ocasiones. Abu Bakar, de Gambia, en cinco. En Sicilia le esperan su mujer y su hijo, recién nacido. El destino unió a ambos en un mismo bote en el que viajaban junto a otras 77 personas, entre ellas niños y una mujer embarazada. Personas que estuvieron a la deriva en medio del océano hasta que llegó el 'Aita Mari'.

Esa fue la primera misión de rescate del atunero vasco convertido en un buque de salvamento gracias a la labor de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) y de la tripulación, de la que forman parte marineros, pero también enfermeras, bomberos y otros voluntarios. Misión que a partir de este viernes podrá verse en los cines gracias a la película documental que lleva el mismo nombre del barco, 'Aita Mari', y cuyas imágenes estrena en exclusiva elDiario.es:

El nombre del barco viene de José María Zubia (1809-1866), conocido como 'Aita Mari', un pescador vasco que se hizo famoso por la ayuda que prestaba de forma desinteresada a otros pescadores en situaciones difíciles durante las tormentas que sorprendían en la mar, hasta que falleció en uno de sus rescates en 1866. Su lancha siempre estaba dispuesta para zapar en auxilio al extraviado y al náufrago. Al igual que los tripulantes del 'Aita Mari', que decidieron comprar el barco cuando este estaba camino del desguace y restaurarlo para que pudiera salvar vidas.

“Llevaba toda la vida recorriendo el mundo para contar historias y, de repente, tenía la historia en la puerta de mi casa. Mi intención es que gente como mi madre entienda qué es lo que ocurre. Explicar de forma sencilla cuáles son las prácticas migratorias y sus efectos. Estamos hablando de personas que mueren en el mar. Nadie abandona su casa por gusto, nadie hace un viaje de dos o tres años desde Mali o Somalia hasta Europa por placer. Cuando pones en peligro tu vida ya no solamente en el mar, porque también por tierra hay caminos que son infernales, no es porque quieras hacerlo”, cuenta a este periódico el director del documental, el donostiarra Javi Julio.

No es una película de rescates, es una película de cómo gente corriente, que en tierra tiene su trabajo, se organiza y lleva a cabo la heroicidad que supone salvar vidas

Durante la película los propios miembros de la tripulación narran el proceso de restauración del barco, sus inicios, las trabas burocráticas para lograr salir al océano y, una vez que logran realizar un rescate, los problemas que tienen para poder desembarcar. “En 2017, cuando estaba el Open Arms trabajando, se rescataba a gente, se les ponía en tierra y el mismo día se volvía al mar para realizar más rescates porque lo cierto es que estas personas, haya barcos de rescate o no, siguen viniendo. Desde entonces la situación ha cambiado. Ahora, cuando realizas un rescate, para dejarlos en tierra necesitas un acceso a los puertos”, explica Julio.

En el caso de la película, las 79 personas rescatadas más los miembros del 'Aita Mari' tuvieron que esperar durante seis días a que el Gobierno italiano les diera el permiso de desembarcar. Como muestra el documental, algunos de ellos, como Awil Salat Ahmed, estaban heridos por los golpes sufridos en la cárcel de Libia, otros tenían frío y miedo por no saber nadar. No importó tampoco, que el barco quedara atrapado en medio de una tormenta o que apareciera una patrullera libia. A pesar de ello, los miembros de la tripulación se repiten una y otra vez que deben mostrar tranquilidad a los rescatados. “Si estamos asustados o enfadados eso se lo vamos a transmitir, tenemos que transmitirles tranquilidad”, se aconsejan.

“No es una película de rescates, es una película de cómo gente corriente, que en tierra tiene su trabajo, se organiza y lleva a cabo la heroicidad que supone salvar vidas. Nos parecía importante contar quiénes eran esas personas que habían aparcado su vida para enfrentarse a situaciones como esta, haciendo labores que en realidad les corresponden a las instituciones. También hemos querido explicar las políticas migratorias y la parte burocrática a través de personas que lo han vivido de cerca”, explica el director de la película.

Las muertes en el mar ya son casi como los accidentes de tráfico, nos quieren acostumbrar a que lo que sucede en el océano es inevitable, cuando no es verdad

Para Julio, una de las mayores tragedias de esta sociedad es el hecho de haberse acostumbrado a las muertes en el océano. “Las muertes en el mar ya son casi como los accidentes de tráfico, nos quieren acostumbrar a que lo que sucede en el océano es inevitable, cuando no es verdad. Si respetasen los tratados internacionales de rescate que esos países han firmado podría evitarse o, al menos, reducirse el número de fallecidos”, asegura.

Según detalla, la casualidad jugó un papel fundamental en este rescate. “Nos los encontramos por casualidad, la cantidad de gente que había en la barca no iba a formar parte de ninguna estadística, porque no había registro de ella. Se cuentan los cadáveres cuando aparecen y las barcas cuando se saben que han desaparecido, pero si no hay registro de ellas no hay forma de tener información. Por eso la estadística es siempre aproximada. Si yo desapareciera vendrían a buscarme en seguida. Lo que no entiendo es por qué no hacen lo mismo con ellos y se les abandona en el océano a su suerte”, lamenta el director del documental.

Después de tanta represión y de tanto ahínco para que no hagamos esta labor, lo que hacen es animarme y reforzarme

La película finaliza con el desembarco de las personas rescatadas -todas sanas y salvas- pero con la sensación de que la labor que realizan los barcos rescatistas se dificulta cada vez más por culpa de las barreras burocráticas. Situación que ha empeorado con la llegada de la COVID-19, algo que, según apuntan, se utiliza de “coartada” para impedir que los barcos rescatistas salgan al océano. “Si el 'Aita Mari' se dedicase al tráfico de armas, tendríamos la entrada a los puertos totalmente libre, en cambio como nos dedicamos a sacar gente del mar, solo tenemos trabas”, comenta uno de los protagonistas de la película.

En estos momentos, el 'Aita Mari' se encuentra atracado en el puerto de Burriana, en Castellón, pero en enero planea volver a salir a rescatar a personas, en una aventura que comenzó en 2019 y que hasta ahora ha salvado 383 vidas. Como la de Abu Bakar, que tras de más de tres años, por fin pudo encontrarse con su mujer y su hijo en Sicilia. “Después de tanta represión y de tanto ahínco para que no hagamos esta labor, lo que hacen es animarme y reforzarme. Si en algún momento he estado cansado, cuanto más me aprietan más ganas tengo de gritar la injusticia que se está haciendo”, concluye en la película Iñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) y primer oficial a bordo del barco de rescate 'Aita Mari'.

Tormenta, frío y olas empapaban la popa. Seis días sin la tregua de un rayito de sol que templase los huesos o los ánimos y la costa de Sicilia tan cerca –“cuándo llegamos”, aguantaban la sonrisa 79 vidas impacientes–. Pero ningún país europeo cogía el teléfono y el Aita Mari, el barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), seguía sin puerto seguro para desembarcar. 

Esa historia, la de un barco casi en el desguace pero puesto a punto por un montón de voluntades para rescatar en la mortífera ruta del Mediterráneo Central, se ha estrenado este miércoles en las pantallas del prestigioso Festival de Cine y Derechos Humanos de Donosti. Casi dos años de trabajo dirigidos por el ojo del fotógrafo Javi Julio, respaldado por la productora Nervio, de la que también forman parte Santi Donaire y Mikel Oibar. 

Primera parte: la forja de un barco de salvamento

El Aita Mari empezó como una respuesta a la foto de Aylan Kurdi en 2015. Un grupo de voluntarios desplegaron entonces una misión sanitaria en la isla griega de Quíos. Ese mismo año, Javi Julio, fotógrafo y director del documental, ya había tenido varias veces que dejar el objetivo a un lado y ayudar a sacar cuerpos en las costas de Lesbos. 

La ONG SMH recaudó fondos para apoyar a las organizaciones que rescataban en el Mediterráneo Central, una ruta más larga y desatendida que la del Egeo, y en 2017 comenzaron a colaborar con la sevillana Proem Aid y la alemana Lifeline, que dio nombre a otro barco de salvamento. El Lifeline envejeció, como también le ocurre a los barcos, y SMH empezó a buscar otras opciones. Llamaron a los puertos de medio mundo y encontraron su tesoro en Getaria, a pocos kilómetros de la sede de la organización.

El Aita Mari, renombrado así en honor a un pescador del siglo XIX que perdió la vida salvando la de los demás, era un pesquero del Cantábrico camino del desguace. Los dos Íñigos, Íñigo Mijangos e Íñigo Gutiérrez, presidente y vicepresidente de SMH, junto a cientos de manos voluntarias, lo pusieron a punto. Son 32 metros de eslora y apenas 7,5 de manga, pequeño en comparación con las inversiones millonarias de organizaciones humanitarias del norte de Europa; con la proa alta y afilada pensada para romper las olas del Cantábrico. Pocos barcos así han surcado tantas veces el Mediterráneo. 

Segunda parte: bloqueo y ruta al Mediterráneo 

Terminaba el verano de 2018 y el Aita Mari esperaba listo en el puerto de Pasaia, Gipuzkoa, su salida. Solo faltaba el despacho, un documento que otorgan las autoridades marítimas para permitir navegar y que la falta de voluntad política dilató en el tiempo. Hasta un año largo. “No tiene permiso para rescatar”, se escucha a la vicepresidenta Carmen Calvo desatando la indignación de Marco Martínez, el capitán, perro viejo tras decenas de misiones en la cubierta del Open Arms.

Javi Julio ya llevaba varios meses filmando las obras y trámites burocráticos de la puesta en marcha del barco. “Tras las primeras negativas nos dimos cuenta de que lo del Aquarius no había sido más que un gesto de cara a la galería. Con este inesperado escenario la película necesitaba cambiar. Ahora había que contar sobre esa negativa del Gobierno español, entonces socialista, y explicar las políticas de fronteras de la Unión Europea”, decía el director. 

Cuando se acabaron las excusas sí se permitió que el barco viajara hasta las islas griegas, donde llevó ayuda humanitaria para el duro invierno de Moria, aunque con la prohibición expresa de acercarse a la costa libia. La Ley del Mar obliga a cualquier buque a socorrer a quienes se encuentren en embarcaciones precarias y en peligro, por encima de lo que diga ningún gobierno europeo. 

Tercera parte: brazos de victoria y 79 gritos de libertad

De Grecia, el barco puso rumbo a la zona de búsqueda y rescate que dibuja el triángulo entre Lampedusa, Trípoli y Malta. Europa lo considera aguas libias, porque dota con radares y flota a la Guardia Costera de un país en guerra. “En Libia te matan por la calle por ser negro”, contaban a bordo algunos de los migrantes y potenciales solicitantes de protección humanitaria.

Después de más de una semana de misión bajo el mal tiempo de noviembre, en un día de mar en calma, Izaskun Arriaran, la enfermera a bordo, gritó por el walkie que les había visto. A la media hora, o a la hora —quién recuerda cuánto tiempo pasó—, la lancha rápida que les pondría a salvo en grupos de cinco o seis salió disparada llena de chalecos salvavidas. Cuando ambas embarcaciones estuvieron lo suficientemente cerca, 79 vidas alzaron el puño, saludaron y gritaron libertad: “¡Boza! ¡Boza!”.

'Auzolan' en euskera significa trabajo vecinal, aquel que hace la sociedad por un bien común, para todos. El Aita Mari fue puesto en marcha por voluntades anónimas, organizadas para llegar ahí donde no querían hacerlo los gobiernos, y ya van casi 400 vidas que solo este buque ha librado de perecer en el mar. 

El buque de rescate marítimo Aita Mari partirá de nuevo rumbo al mediterráneo en próximas fechas tras haber llevado a cabo labores de mantenimiento y acondicionamiento de la embarcación, según informa Europa Press.

La consejera vasca de Igualdad, Beatriz Artolazabal, ha visitado a la tripulación, que ya está preparada para continuar con las misiones de rescate que viene realizando desde 2018 en las aguas de la zona del Mediterráneo central, según ha informado el Gobierno Vasco.

La consejera ha puesto en valor el interés “urgente, social y humanitario” del proyecto, dada la situación “de emergencia y excepción” que se vive en el Mediterráneo y ha transmitido su apoyo a la tripulación que se encuentra en el Puerto de Pasaia, dónde han realizado labores de mantenimiento y acondicionamiento de la embarcación.

La situación derivada de la COVID-19 también ha tenido su incidencia en la labor que realiza el Aita Mari. En este 2020, de las seis misiones previstas, solo ha podido completar una, realizada entre enero y febrero. De Los 180 días previstos de navegación, ha realizado 36, y se ha mantenido 69 días retenido en puertos por diversas circunstancias.

En esa primera misión, el buque localizó dos embarcaciones a la deriva, una de goma, con 93 personas y otra de madera, con 65 personas a bordo. Así, el Aita Mari rescató a 90 hombres, 17 mujeres (tres de ellas embarazadas) y 51 menores, 39 de ellos no acompañados. Todas esas personas, desembarcaron finalmente en Mesina, Italia.

Más de 200 personas rescatadas

Además de esa misión, en abril, cuando el barco tomó rumbo a Pasaia ante la situación derivada por el confinamiento en Italia, el Aita Mari rescató otro bote con 44 personas a bordo, con al menos una mujer embarazada y varios menores. Esas personas fueron trasladadas a un ferry habilitado por el Gobierno italiano. De este modo, en total, el Aita Mari ha rescatado a 202 personas este año.

La Asociación Salvamento Marítimo Humanitario, responsable del Aita Mari y formada por profesionales de emergencias y por un nutrido número de personas voluntarias, tiene como objetivo salvaguardar la vida de las personas en la mar y la defensa de los Derechos Humanos, y cuenta con apoyo del Ejecutivo vasco.

Este apoyo responde al compromiso proactivo del Gobierno Vasco para atender con agilidad y premura las situaciones que requieren implicación humanitaria de urgencia en cada momento.

La vía del Mediterráneo Central, entre Libia, Tunez, Italia y Malta, dónde opera el Aita Mari con el objetivo de contribuir a salvar vidas, continúa siendo una de las más peligrosas y en las que más muertos y desaparecidos se producen.

El buque cuenta con un área de asistencia médica. Precisamente, la doble funcionalidad de rescate/hospital ha habilitado el buque Aita Mari como respuesta a la evolución de los flujos migratorios a otras rutas, asistencia hospitalaria puntual a zonas que se vean desbordadas por esta transformación de las rutas y a ser un medio de respuesta vasco a posibles catástrofes o situaciones de crisis en zonas costeras.

El barco de rescate Aita Mari, de la ONG española Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ha socorrido este lunes a 43 personas que trataban de cruzar el Mediterráneo Central en una endeble barcaza de goma. Los migrantes habían salido hacía cuatro días de las costas de Libia, y llevaban varias jornadas a la deriva sin gasolina y ya se habían quedado sin agua ni pan. Ahora, Malta, que ha coordinado la operación, se niega a autorizar el desembarco por el miedo a la Covid-19.

“¿Puede alguien ayudarnos? Perdón. No estamos bien, no estamos bien”, se escucha la voz en francés de una mujer. Es un mensaje de audio que ha filtrado y colgado en sus redes Alarm Phone, el grupo de activistas que días atrás dio el aviso de que había hasta tres pateras con cerca de 190 migrantes en peligro en alta mar. La mujer cuenta que está embarazada, advierte sobre la salud de una niña de siete años que sería su hija y dice que la situación a bordo es tan extrema que “dos personas han muerto”: “Ellos dijeron que vendrían, pero no les vemos”, señala en referencia posiblemente a una llamada previa al Centro de Coordinación Marítimo de Malta.

El Aita Mari, al que el confinamiento y cierre de puertos italianos había sorprendido en el puerto siciliano de Siracusa, se dirigía a España, a su base en Pasaia, Gipuzkoa, para hacer labores de mantenimiento. Viajaba con tripulación mínima, apenas 9 de los 15 miembros que suelen ir en los rescates, sin jefe de misión ni personal sanitario, cuando recibió el aviso de Malta. “Nosotros indicamos que íbamos a ayudar en labores de búsqueda pero que no podíamos hacer rescate”, señala Íñigo Mijangos, presidente de SMH, a eldiario.es.

Coordinado y a las órdenes en todo momento de las autoridades maltesas, el barco de salvamento pasó la noche del domingo al lunes tratando de localizar la precaria embarcación. Por la mañana, al avistarla, recibió instrucciones de dar comida y agua a los migrantes, que no fueron embarcados en el Aita Mari hasta la tarde del lunes, cuando empeoraron las condiciones climáticas y empezó a entrar agua en la patera.

Aquella noche las 43 personas rescatadas, entre las que habría dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres niños, procedentes de diversos países del continente africano, durmieron en la popa del barco de 32 metros de eslora. Las primeras informaciones apuntaban a que al menos seis personas permanecían inconscientes dentro de la patera: “Estaban mal, cansados, deshidratados, con mucho estrés, varios días comiendo solamente pan. Tampoco sabemos si alguno tiene alguna enfermedad crónica o diabetes”, continúa Mijangos, que desde el País Vasco está coordinando la comunicación y negociaciones con Europa para tratar de agilizar un desembarco.

Malta, en estado de alerta por la epidemia, se ha negado a ofrecer un puerto al Aita Mari, alegando que sus instalaciones no son seguras por la alarma de la COVID-19. Sin embargo, al haber sido el país que ha dado la orden de la operación, que ha sucedido dentro de su área de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés), “Malta tiene la obligación de coordinar el desembarco”, puntualiza Mijangos. “Malta se está desentendiendo totalmente, y por parte de España, de momento, silencio”, apostilla.

Las epidemias no frenan las migraciones

La pandemia mundial y el cierre de puertos no frena las huidas de migrantes subsaharianos de los centros de detención libios, donde se han documentado ampliamente las torturas y violaciones de derechos que sufren por parte de las milicias que pugnan por controlar el país y sus yacimientos de petróleo. Pese a la petición internacional de un alto al fuego entre las dos partes enfrentadas, la contienda continúa en Trípoli, entre el gobierno reconocido por Naciones Unidas y las fuerzas rebeldes de Haftar. Los casos de coronavirus reportados en este país sin instituciones ni infraestructura sanitaria apenas confirman 26 contagiados y una persona fallecida por la COVID-19.

Pese a las crecientes dificultades y trabas a los barcos de rescate, además del Aita Mari con 43 personas, también se encuentra en esta zona del Mediterráneo Central —el triángulo que forman Lampedusa, Malta y el oeste de Libia— el Alan Kurdi, la embarcación de la ONG alemána Sea Eye, con 149 personas que con esta pasarían su novena noche a bordo.

Pese a la negativa inicial de Italia, el Gobierno de Roma ha autorizado por fin hacer una transferencia de los migrantes a un buque más grande de la Guardia Costera, donde pasarían 14 días de cuarentena hasta poder pisar tierra firme. “No sé si la solución que van a ofrecer al Aita Mari será similar, las circunstancias son distintas, hemos atendido la llamada de Malta, que se ha desentendido”, reflexiona Mijangos, presidente de la ONG armadora del barco de rescate español.

Mientras tanto, apenas hay noticias de las otras dos pateras de las que ha alertado Alarm Phone: otras dos embarcaciones con 55 y 85 personas aproximadamente cada una. La alemana Sea Watch, cuyo barco sigue incautado por el decreto de seguridad del anterior ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, advirtió el domingo el avistamiento de un bote de goma volcado y vacío, lo que podría suponer el naufragio de todas las personas que huían a bordo.

Por otro lado, un periodista italiano ha seguido el recorrido de uno de los aviones utilizados por Frontex, la agencia de control fronterizo europea. La nave se habría dirigido a la tercera patera, a la que se había perdido la pista hacía días. “No sabemos si se les ha rescatado, o si se les ha dado comida y agua y dejado de nuevo a la deriva”, señala Mijangos. Malta todavía no ha confirmado ninguna de estas informaciones.

También el fin de semana, una barca de goma con más de un centenar de migrantes a bordo ha llegado a salvo al sur de Sicilia. Este caso es uno de los pocos que logra llegar sin asistencia a su destino, la mayoría de pateras se desvían por las corrientes mediterráneas o tienen problemas con el motor.