La Generalitat Valenciana, en manos del PP, exige 63.000 euros por tasas portuarias al barco humanitario Aita Mari

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario denuncia que la Generalitat reclama al barco 'Aita Mari', con base en el puerto castellonense de Borriana, un total de 63.300 euros en concepto de tasas portuarias, al “modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora” en la Ley 2/2014 de Puertos.

La organización asegura que el Consell pretende aplicar con efecto retroactivo la modificación de la ley que elimina la exención de tasas para este tipo de barcos, que se aprobó en junio de 2024, realizando una liquidación de tasas de los últimos cuatro años.

“Han puesto en marcha el proceso recaudatorio de las tasas que estamos exentos, pero que ahora al liquidarlas retroactivamente de forma ilegal debemos pagar para evitar recargos por impagos y el embargo de los avales que tienen frente a la hacienda pública nuestros agente marítimos. El importe de dicha liquidación, hasta ahora y sin recargos es de 63.300 euros solo para el barco 'Aita Mari'”, expone.

Ante esta situación, la ONG advierte que la aplicación de las tasas dificultará “muchísimo” las próximas misiones del 'Aita Mari', la siguiente prevista para octubre.

Por contra, destaca que el anterior gobierno del Botànic dispuso en su ordenamiento jurídico que quedaban exentos del pago de las tarifas portuarias “el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario, previa comunicación a la Administración portuaria” (artículo 4.2 de la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias, en su redacción dada por el artículo 22 de la Ley 13/2016 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización.

“Durante los últimos años, la flota civil de rescate ha encontrado en los puertos de la Generalitat Valenciana un lugar amigo de refugio. En los puertos de Borriana y Vinaròs (Castellón) las tripulaciones de los barcos de rescate y ayuda humanitaria tenían un lugar para descansar y hacer las labores de mantenimiento para tener los barcos en condiciones óptimas para operar”, manifiesta.

Además, la entidad critica que “era una vieja reclamación de Vox expulsar a los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos y una de sus primeras acciones --cuando formaba parte del Consell junto al PP antes de abandonar los gobiernos autonómicos el mes pasado-- ha sido modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora”.

Y reprocha: “Estos son los hechos concretos en los que se traduce la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En ella todo vale para conseguir sus fines, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, que ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar”.

“Voluntad de diálogo permanente”

El Gobierno valenciano, por su parte, muestra su “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias y asegura que “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”.

Fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus como conseller subrayan que “la Generalitat mantiene una estrecha relación con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a cumplir la ley y la normativa en vigor”.

Además, señalan que “siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat”.

Ahora bien, desde Conselleria sostienen que el anterior gobierno del Botànic “decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades, pero lo hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna”.

“Por tanto, era una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes”, recalcan, y defienden que “lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma normativa que lleva en vigor durante los diferentes años”.

Por último, Medio Ambiente indica que “en este caso particular se pueden recurrir las tasas que se han cobrado y se analizará la situación caso a caso”.