La apertura de diligencias penales contra la mujer y los hijos del empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados a prisión por el caso de Las Teresitas, precipitó el acuerdo dado a conocer este miércoles por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife por el cual la ciudad recupera 95 millones de euros producto de aquella malversación, criada y ensolerada en la etapa más floreciente del poder de Coalición Canaria.

Desde el ingreso en prisión del empresario Antonio Plasencia, sus hijos y su esposa se habían dedicado sigilosamente a opacar las propiedades a su nombre para presuntamente eludir la acción de la justicia. Las empresas fueron desprendiéndose de patrimonio, el empresario formuló concurso personal voluntario de acreedores y las arcas se vaciaron para que ninguna administración pudiera proceder al embargo. Los abogados del Ayuntamiento rastrearon todas las empresas hasta que descubrieron una muy particular, Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., que Antonio Plasencia, ya condenado, había vendido a sus hijos por una cantidad ridícula, 93.000 euros, pagaderos en cómodos plazos durante diez años y previo pago inicial de tan solo 15.000 euros. La operación fue aportada por Plasencia a su concurso personal de acreedores, donde se personó el Ayuntamiento de Santa Cruz para impugnarlo y rastrear todo lo rastreable. De ahí tiraron los servicios jurídicos municipales para formular una querella por alzamiento de bienes contra la esposa y los hijos del acaudalado empresario.

Una jueza de instrucción de la capital tinerfeña admitió a trámite la querella, citó a declarar a la esposa e hijos de Plasencia como imputados y, a partir de ese momento, la estrategia de escamoteo se vino abajo. Nada le apetecía menos al empresario que ver sufrir a su esposa el mismo calvario que él mismo vive en estos momentos por negarse a pagar.

Esa querella y sus consecuencias le obligan a hacer frente a prácticamente toda la deuda generada por la condena de Las Teresitas porque, al tratarse de una responsabilidad solidaria de todos los condenados, el Ayuntamiento puede elegir sobre quién cargar el cobro. De modo que, al haber encontrado la rendija en el entramado empresarial de Plasencia, tanto la familia del otro empresario condenado, Ignacio González, fallecido en prisión sin haber pagado, como el exconcejal Manuel Parejo y los técnicos municipales que corrieron igual suerte procesal, sólo tendrán que hacer frente a cantidades menores. Pero los responsables municipales se han comprometido públicamente a emplearse a fondo hasta conseguir de la familia González Martín los mismos resultados que con la familia Plasencia.

El levantamiento del velo

Puzolana y Áridos de Tenerife, la empresa a partir de la cual se empezó a sospechar el alzamiento de bienes de los Plasencia, era la dueña de un atractivo solar ubicado junto al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, un suelo que el Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Fernando Clavijo, le compró por 5 millones de euros que el empresario, gracias a la venta que hizo a sus hijos, pretendía escaquear del pago por su condena de Las Teresitas. El mismo Gobierno de Coalición Canaria aceptó asimismo un justiprecio de tres millones de euros para otro solar cercano, con lo que la familia Plasencia no sólo velaba las propiedades del patriarca frente a posibles reclamaciones patrimoniales, sino que además se llevaba el dinero de una Administración pública para los fines que le parecieran más pertinentes.

No fue esa la única operación de Coalición Canaria opuesta a la obligación pública de cobrar la deuda por la condena del pelotazo de Las Teresitas. El entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, inició en 2018 un expediente para comprarle a dedo, es decir, sin concurso, a la empresa Carlacand, del conglomerado Plasencia, un atractivo edificio de Cabo Llanos con el que acaba de hacerse el Ayuntamiento de Santa Cruz, vía embargo, para el pago de una parte importante de la deuda. La operación se frustró por las dudas suscitadas por la Intervención y el revuelo político y mediático que se generó. No solo no reclamaba lo que pertenecía a las arcas públicas, lo que en realidad hacía Coalición Canaria era inyectar capital a las empresas de Plasencia sin garantizar de ningún modo que hiciera efectiva la deuda a la ciudad. Al fin y al cabo se trató siempre del empresario del régimen, intocable para Coalición Canaria, presente en todos los negocios de calado, desde Las Teresitas a los áridos de Güímar, que le dejaron extraer sin oposición institucional hasta que otra condena penal lo detuvo.

Coalición Canaria no movió un papel durante los dos años que transcurrieron entre la primera sentencia del caso de Las Teresitas, en 2017, y la resolución definitiva del Tribunal Supremo, en marzo de 2019, en vísperas de las últimas elecciones municipales. Podía haber pedido una ejecución provisional de la sentencia, de manera que las propiedades de los dos empresarios encartados, Antonio Plasencia e Ignacio González, quedaran trabadas a favor de la administración acreedora, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que en los tiempos del alcalde Miguel Zerolo, hoy en prisión, les pagó 52 millones de euros por el frente de la playa que, en realidad, era de propiedad municipal. Y, en cualquier caso, muy por encima de las tasaciones oficiales.

El gobierno municipal de José Manuel Bermúdez, que ahora pretende volver a la alcaldía mediante una moción de censura a través de una concejala de Ciudadanos a punto de tomar posesión, sólo había conseguido recuperar 100 euros de una deuda que con intereses se aproximaba a los 100 millones de euros. Y su única gestión formal para conseguirlo fue la adhesión del Ayuntamiento a la petición de ejecución de la sentencia de 2017 formulada por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, a la que la nueva alcaldesa quiere distinguir dándole su nombre a la plaza del emblemático edificio de Plasencia en Cabo Llanos. Constan documentos que acreditan la comunicación formal de Bermúdez a los servicios jurídicos municipales, pero no consta nada más.

Todo cambió a partir del cambio en el gobierno municipal, en la primera ocasión en la que Coalición Canaria o su formación antecesora, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), o los precursores de esta (UCD), abandonaba el poder en democracia. La llegada a la alcaldía de la socialista Patricia Hernández dio un vuelco no sólo al empantanado asunto de Las Teresitas, con casi veinte años de estancamiento, sino a otros muchos que dormían bajo las alfombras y que, en tan solo un año, han logrado mostrar el modo de operar de la anterior mayoría gobernante.

Patricia Hernández fortaleció los servicios jurídicos de la Corporación recuperando al jurista Ruymán Torres, que en 2015 había abandonado voluntariamente la plaza de funcionario interino que ocupaba en el Ayuntamiento ante lo que él consideró un cambio contraproducente de estrategia de la Corporación para recuperar el dinero malversado de Las Teresitas. La nueva alcaldesa lo llamó, lo nombró coordinador de los Servicios Jurídicos municipales, y como asesora externa se hizo con los servicios de la abogada Sandra Rodríguez. Ambos hicieron un estudio minucioso de la causa en busca del dinero público que se había esfumado, y los resultados fueron positivos. Enseguida el Ayuntamiento pidió la liquidación de intereses, y los 52 millones del pelotazo de 2001 pasaron a ser 97; ante la Justicia, el consistorio pidió el levantamiento del velo sobre la titularidad de los dos edificios que pasan ahora a propiedad municipal, y tras la querella, los representantes legales de los Plasencia se sentaron a negociar. Se harán cargo de 95 de los 97 millones mediante la aportación de esos dos inmuebles y el aplazamiento de 14 , avalados por otras propiedades que siguen siendo suyas.

Hasta que aparezca el patrimonio de la familia de Ignacio González.

La alcaldesa de Santa Cruz se anota un tanto político justo en vísperas de que la incorporación de una concejala de Ciudadanos con particulares ambiciones pueda propiciar una moción de censura que devuelva el poder a Coalición Canaria. Justo después de que se coronara con éxito para el interés público el mayor escándalo de corrupción político-empresarial hasta ahora juzgado en Canarias.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo de dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el pelotazo urbanístico de la compraventa del frente de la capitalina playa de Las Teresitas. En un auto emitido el martes, el tribunal provincial ha iniciado, a instancias del Ayuntamiento ahora gobernado por el PSOE, un proceso excepcional para tratar de recuperar el dinero malversado en esa operación, que en el caso de Plasencia asciende a 50,27 millones de euros.La Sección Segunda de la Audiencia, con el magistrado Jaime Requena como ponente, ha accedido a la pretensión de la corporación y ha iniciado el procedimiento para levantar el velo sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carlacand, a cuyo nombre se encuentran esos dos inmuebles.

Esa decisión, poco común en el ámbito judicial, se adopta en la fase de ejecución de sentencia cuando existen sobrados indicios de la existencia de un entramado societario para tratar de camuflar la responsabilidad civil de uno de los socios en una condena. Con la finalidad de desentrañar esa confusión, la justicia tiene la potestad de levantar el velo sobre esas empresas, es decir, de intervenirlas y administrarlas y, por lo tanto, acceder a sus bienes para que puedan responder con su patrimonio por esa condena.

La medida viene acompañada del embargo preventivo de los dos principales activos de Carlacand: la actual sede de la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife, inmueble por el que el Gobierno de Canarias paga 300.000 euros al mes de alquiler, y el edificio situado en Cabo Llanos que el Cabildo de Tenerife gobernado por Coalición Canaria (CC) trató de comprar, a través de una adjudicación a dedo, durante el pasado mandato por 29 millones de euros.

Según relata el auto de la Audiencia Provincial, esa presunta distracción de fondos para esquivar el pago de la sentencia del caso Las Teresitas se habría producido a través de tres niveles de sociedades. En primer lugar, aparece Inversiones Las Teresitas, la empresa constituida por Antonio Plasencia y por el recientemente fallecido Ignacio González para acometer una operación por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Miguel Zerolo (CC) como alcalde, acabó pagando 52 millones de euros en 2001 por la compra de unos terrenos que, según los técnicos municipales, valían tres veces menos y, además, eran propiedad municipal en parte.

Los magistrados de la sala exponen que hay constancia de una transferencia por valor de 51,7 millones de euros de Inversiones Las Teresitas a Promotora Punta Larga, otra de las sociedades vinculadas a Plasencia. La responsabilidad se extiende ahora a una tercera empresa, Carlacand, participada por Promotora Punta Larga en un 72,4%, en un 13,79% por el propio Plasencia y en un 13,81% por personas vinculadas a este empresario que también ha sido condenado por la extracción ilegal de áridos en el Valle de Güímar.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife habla de un “elevado grado de confusión” sobre el destino de los “formidables ingresos” obtenidos por Inversiones Las Teresitas a partir de la ilegal operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas. Esos fondos habrían sido desviados primero a Promociones Punta Larga por la vía del préstamo no retribuido y, posteriormente, a otra de las empresas del entramado societario, Carlacand, propietaria de los edificios que ahora han sido embargados de forma preventiva.

Los magistrados aluden, a partir de la documentación aportada por el Ayuntamiento, a un proceso que conduce de la transferencia del dinero desde ILT a Punta Larga a la infracapitalización de esta segunda sociedad (con un capital de “solo” 1,2 millones de euros a pesar de disponer de “ingentes reservas”) y de su desvío a la tercera sociedad. Las coincidencias no se restringen a la identidad de los administradores, el solapamiento del objeto social, la ocupación del mismo domicilio o la celebración de la Junta General y de la formulación de cuentas el mismo día. Además, se da la circunstancia de que la adquisición por parte de Carlacand de sus principales activos es coetánea al momento de cobro del precio de la compraventa del frente de Las Teresitas.

El auto convoca a la promotora Punta Larga, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la Fiscalía a celebrar un juicio verbal para resolver el incidente de levantamiento de velo sobre aquella empresa, además de determinar el importe de la condena que le corresponde asumir. La resolución judicial también tiene por presentado el incidente presentado por la Corporación por el mismo motivo contra la tercera sociedad, Carlacand, a la que pretende extender las responsabilidades en el proceso de ejecución de sentencia.

Esta última sociedad dispone de un plazo de veinte días para formular alegaciones contra el embargo preventivo de los dos edificios de su propiedad.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, se ha mostrado segura de que Inversiones Las Teresitas (ILT) S.L., empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González, devolverá los casi cien millones de euros que debe al Ayuntamiento por el caso Las Teresitas a pesar de que se haya declarado en concurso voluntario de acreedores.

La alcaldesa señaló en rueda de prensa que la posibilidad de que los condenados por el caso Las Teresitas usaran algún subterfugio para no pagar ese dinero era algo previsible, por lo que desde el Ayuntamiento se están poniendo “todas las diligencias que no se pusieron en los años anteriores y se está trabajando para que las personas que tienen una deuda con la ciudad la paguen”.

Patricia Hernández insistió en que van “a cobrar” a pesar de que se ha dado un “tiempo de oro” a los condenados para poder devolver el dinero, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo. Además, añadió que el Ayuntamiento está en permanente diálogo con los juzgados para que se haga efectiva la sentencia.

“No vamos a parar. Cualquier céntimo que se pierda será por la falta de diligencia del anterior grupo de gobierno para cobrar ese dinero. Nosotros seguimos trabajando y estamos seguros de que vamos a cobrar”, reiteró la regidora.

El empresario Antonio Plasencia, en la cárcel por el caso Las Teresitas, se ha declarado en concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos, antes de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife haya recuperado los cerca de 100 millones de euros, resultado de sumar los 53 millones malversados y los intereses generados, que los seis condenados tienen que devolver a las arcas públicas por su responsabilidad civil en el pelotazo del frente de playa, según ha publicado Mírame TV.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes 23 de septiembre dos autos del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Santa Cruz de Tenerife en los que se declara el concurso de acreedores voluntario de Antonio Plasencia, como persona física, y de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad instrumental que el expresidente de la patronal de la construcción creó en 1998 junto a Ignacio González para llevar a cabo la operación urbanística.

Con la estrategia de Plasencia, el empresario consigue que se suspenda, en lo que a su persona se refiere y en el caso de ILT, la ejecución de la responsabilidad económica derivada del delito de malversación por el que fueron condenados. Así lo recoge el artículo 568 de la Ley de Enjuciamiento Civil, que deriva a la legislación concursal el cobro de la indemnización fijada en la sentencia penal.

El concurso de acreedores se produce cuando un empresario, incluso en los casos en los que dispone de bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevé que no puede pagar sus obligaciones a tiempo por falta de liquidez temporal. Esta figura legal permite, una vez aceptada por un juzgado, que los abonos pendientes puedan ser aplazados.

Antonio Plasencia e Inversiones Las Teresitas, con la declaración del concurso de acreedores, han sido suspendidos de sus facultades de gestión y disposición de su patrimonio, que pasa a estar en manos de los nuevos administradores concursales. El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha nombrado a las entidades Legal y Económico Administradores Concursales SLP y Advecon Law & Economics SLP, respectivamente, como responsables de los bienes del empresario y de la sociedad que utilizó junto a Ignacio González para especular con el suelo de la playa.

En los autos judiciales publicados en el BOE, tanto en el caso de Antonio Plasencia como en el de Inversiones Las Teresitas, se otorga el plazo de un mes a los acreedores para comunicar la existencia de la deuda contraída. Según las resoluciones, la administración concursal dispone de cinco días para indicar si los bienes ejecutados “tienen la consideración de necesarios” para la actividad de la empresa.

Entre los acreedores figura el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ahora tendrá que dirigirse al Juzgado de lo Mercantil Número 1 para ejercer sus derechos. Será la nueva administración de los bienes de Plasencia e ILT la encargada de decidir ahora cómo se realizan los pagos de las deudas contraídas, lo que puede retrasar aún más la devolución del dinero malversado.

Plasencia ya había aportado una serie de bienes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, encargada de velar por la correcta ejecución de la sentencia de Las Teresitas, pero muy lejos de cubrir la responsabilidad solidaria a la que ha sido condenado junto a otros cinco procesados, entre los que figura Ignacio González, su socio en Inversiones Las Teresitas.

Junto al expresidente de la patronal de la construcción e Ignacio González, también han sido condenados y están en la cárcel por la trama de Las Teresitas Miguel Zerolo, exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador; Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo; los funcionarios José Tomás Martín y Víctor Reyes; así como las empresas Promotora Puntalarga, propiedad del propio Plasencia, y Promotora Victoria, ambas de forma subsidiaria.

El empresario de la construcción Antonio Plasencia y el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo han sido detenidos y conducidos a la prisión Tenerife II para cumplir las condenas impuestas por el caso de Las Teresitas mientras que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo se les ha unido una hora después tras acudir voluntariamente al centro penitenciario

Zerolo se encontraba desde junio de 2017 en libertad provisional y con el pasaporte retirado, con obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, ya que la Audiencia Provincial rechazó entonces las peticiones de la fiscalía y acusación popular de prisión cautelar.

Fuentes del TSJC informaron a primera hora de la tarde de hoy de que las fuerzas del orden habían acudido al domicilio de Miguel Zerolo y, al no encontrarse allí, se procedió a intentar localizarle a través de sus familiares. Poco después el exsenador de CC se personó en el centro penitenciario, por lo que no fue necesaria la orden de arresto, tal y como se había previsto en el caso de que no se lograra encontrarle.

Respecto al otro empresario condenado en este caso, Ignacio González Martín, los agentes que lo fueron a detener informaron que este alegó severos problemas de salud por lo que la Audiencia ha ordenado que mañana sea reconocido por un médico forense antes de tomar una nueva decisión.

En cuanto a los otros dos acusados, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, se les ha dado un plazo de 5 días para que ingresen en prisión.

Las detenciones se producen después de que el Tribunal Supremo confirmara el jueves la condena para todos los acusados en el caso de Las Teresitas, una vez que hoy la Audiencia Provincial recibió oficialmente el certificado con la sentencia del TS.

Dado el elevado riesgo de fuga de los acusados y de su capacidad económica, se ha procedido a su inmediata detención.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila (confirmado de nuevo como candidato a la alcaldía), ha exigido este martes a Coalición Canaria (CC) que tenga “transparencia” respecto a la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas.

En un comunicado, Fernández Arcila reprocha al alcalde José Manuel Bermúdez que, en su opinión, “oculte” la información que el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, se comprometió a entregar a la oposición en la Comisión de Control de enero pasado relacionada con ese asunto.

Sí Se Puede advierte sobre el riesgo que puede suponer la pérdida “constatada” de patrimonio inmobiliario de uno de los condenados por esa sentencia, el empresario Antonio Plasencia, después de que parte de sus propiedades esté previsto que se compren por el Cabildo de Tenerife (edificio de oficinas en Cabo Llanos) y el Gobierno de Canarias (zona de aparcamiento junto la hospital de la Candelaria, también en Santa Cruz de Tenerife).

“Esta situación significa una pérdida de garantías para la recuperación de la cantidad que debe ser devuelta al erario público municipal en función de aquella resolución judicial”, explica Arcila.

La importancia de que el Ayuntamiento inste a la ejecución provisional de la sentencia se ilustra con un dato significativo, añade el edil, y es el relativo a la deuda de Antonio Plasencia y su empresa, Promotora Punta Larga, que deben al Ayuntamiento, en concepto de principal e intereses, una cantidad que ya supera los 100 millones de euros.

Por ello, el portavoz de Sí Se Puede presentará una pregunta en el pleno del viernes sobre las razones por las que el grupo de gobierno no le ha entregado el escrito que acredite que el Ayuntamiento ha instado a la ejecución provisional de la sentencia, así como toda la documentación derivada de ello.

Esta documentación es tanto la generada por la representación procesal del Ayuntamiento ante la Audiencia Provincial en el trámite de ejecución provisional como las respuestas correspondientes de este tribunal.

La iniciativa de Arcila se basa en el compromiso de Martínez ante la Comisión de Control de enero a raíz de su comparecencia, solicitada por Sí Se Puede, en la que se ofreció a remitir toda la documentación sobre el trámite de ejecución provisional.

Sí Se Puede ha pedido que se le remita la información por correo electrónico y, durante estos tres meses, ha acudido a buscarla periódicamente al servicio municipal correspondiente “sin que nos entreguen la documentación solicitada, lo que supone una clara vulneración del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos previsto en la Constitución”, subraya el portavoz.

En la Comisión de Control de enero, Martínez informó de que, después de conocerse la sentencia condenatoria, la Junta Local de Gobierno acordó en mayo de 2017 pedir al juzgado la adopción de medidas cautelares para proteger el interés general y de la hacienda local e instaba a requerir a todos los condenados la designación de los bienes que podían ser usados para la devolución de lo adeudado al Ayuntamiento.

Igualmente, Martínez indicó que la Junta acordó que, en caso de incumplimiento o si los bienes designados fuesen insuficientes, el Ayuntamiento había previsto solicitar al tribunal el bloqueo o retención de saldos de cuentas bancarias o similares, así como el embargo de bienes muebles o inmuebles.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo deliberará el próximo 27 de febrero, miércoles, a puerta cerrada, el fallo de los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados por el caso Las Teresitas, según confirmaron fuentes oficiales a mirametv.com.

El cambio de parecer de los magistrados, que inicialmente habían anunciado la celebración de una vista pública previa para escuchar a las partes, permitirá adelantar la fecha de publicación de la sentencia.

Las fuentes del Tribunal Supremo consultadas confirman que el miércoles 27 de febrero tendrá lugar la deliberación de los magistrados, que analizarán los recursos de casación presentados por las defensas a puerta cerrada y sin la presencia de los abogados de los condenados, aunque para conocer el fallo habrá que esperar a la publicación de la sentencia.

En un procedimiento similar, el conocido como caso Arona, los magistrados resolvieron los recursos en un plazo de tres meses, por lo que hay probabilidades de que la sentencia firme se conozca antes de las próximas elecciones autonómicas y locales.

El caso Las Teresitas es una de las mayores causas judiciales por delitos de corrupción instruidas en Canarias. En abril de 2017, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó al exalcalde Miguel Zerolo y al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria, a siete años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación en el marco del pelotazo que supuso la adquisición del frente de la principal playa de la capital.

La sentencia, recurrida ante el Tribunal Supremo, también castigó con penas de prisión a los empresarios beneficiados con la operación, Antonio Plasencia e Ignacio González, y a los dos funcionarios que participaron en la manipulación del expediente de compraventa.

Doce años y dos meses después de que se iniciara la instrucción, tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, la sentencia firme del caso Las Teresitas está en manos de los magistrados de la Sala Segunda. Antes tendrán que resolver los recursos presentados por las defensas sobre supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, quebrantamientos en las formas y otras cuestiones vinculadas con la doctrina legal, con los que buscan dejar sin efecto la condena de instancia. Lo que no hará el Tribunal Supremo será valorar de nuevo la prueba, por lo que no se discutirán los hechos acreditados durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El fallo definitivo del Tribunal Supremo, que podrá dejar las penas como están o reducirlas, pero nunca aumentarlas, también será decisivo de cara a la responsabilidad civil de los empresarios procesados, condenados junto a dos de sus sociedades, Promotora Puntalarga y Promotora Victora, a indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 52,5 millones de euros más intereses.

El Consistorio, cuya alcaldía sigue en manos de Coalición Canaria con José Manuel Bermúdez al frente, descartó solicitar la ejecución provisional de la sentencia hasta conocer la resolución firme, para lo que solo falta que se produzca la deliberación de los magistrados de la Sala Segunda el próximo 27 de febrero. 

No han sentado nada bien en el seno del PSOE las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en las que este acusa a los socialistas de haberle retirado el apoyo a la compraventa del edificio de Antonio Plasencia en Cabo Llanos “por intereses políticos” para “desgastar” a CC en época preelectoral. Tampoco ha gustado nada la afirmación de Alonso de que los socialistas -todavía socios de gobierno en el Cabildo- están divididos sobre este asunto porque hay consejeros que le han dicho que en el fondo sí apoyan esa operación valorada en 29,1 millones (compraventa más adaptación del bloque de oficinas a uso sociosanitario).

El consejero de Planificación en el Cabildo del Tenerife, Miguel Ángel Pérez (PSOE), tachó esas declaraciones de “insidia maliciosa de Carlos Alonso, que solo busca un confrontamiento interno en el PSOE para desviar la atención. A lo mejor sobre este particular lo que piensa Alonso es lo mismo que el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, también de CC, que nada más anunciada la compra ya estaba intentando hacer la cuadratura del círculo para que el líder del Cabildo le sirviera para pagar las deudas de Plasencia con el Ayuntamiento” por el caso Las Teresitas, que serán, con intereses de demora, a varias decenas de millones de euros.

Pérez se afana por dejar claro que “el PSOE tiene una única opinión en este asunto, y que el rechazo a ese intento de compraventa es unánime, tanto en el grupo del Cabildo como en la ejecutiva y el comité insulares del partido, cuya resolución es de obligado cumplimiento para los socialistas”.

Frente a las motivaciones políticas que atribuye Alonso a ese cambio de postura del PSOE respeto a lo votado en diciembre pasado en el Consejo de Gobierno, primero, y en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS), después, el consejero socialista reitera los argumentos ya dados por su partido: “Había y hay alternativas a la compra de ese edificio”, y el expediente de esa compra directa “está mal ejecutado”.

Niega el representante del PSOE en el Gobierno insular que la opción que plantea su partido suponga tardar 10 años en disponer de nuevas plazas sociosanitarias en el área metropolitana. “Eso que dice Carlos Alonso no es verdad. Ellos mismos tienen dos proyectos para dos centros de 170 plazas cada uno, en el Febles Campos y en Añaza, y no está demostrado que en la parcela donde se halla el primer centro citado no se pueda ir construyendo poco a poco la nueva instalación sin necesidad de desalojar todo el actual hospital”.

Pérez cuestiona que el edificio cueste 23 millones de euros, y llama la atención de que se tase y se compre a precio de oficinas, cuando su uso para la Administración pública va a ser el sociosanitario. También en este aspecto apostilla que “más bien es un uso sanitario, porque el Febles Campos es un hospital con sala de rayos X y enfermeros”.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha rectificado lo que en su día aseguró en el sentido de que el precio del edificio de 13 plantas en Cabo Llanos que se intentaba comprar a dedo a una empresa de Antonio Plasencia (Carlacand) se basó en la tasación de un funcionario público, lo cual no era así, pues solo había una empresa externa, Tinsa, que un técnico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo adscrito al Cabildo, se limitó a validar al carecer de medios, formación y datos para hacer una tasación propia.

Ahora, semanas después, Carlos Alonso ha reconocido este miércoles, en el programa Buenas tardes, Canarias, de la TVAC, que lo que efectuó un funcionario del IASS fue la reseñada validación, ya que este organismo público del Cabildo no tenía un técnico competente para hacer tal análisis económico.

El presidente insular además anunció que, tras la polémica suscitada, se convocará un concurso público [oferta pública de inmuebles] a finales de febrero en el que esta vez se hará “una tasación definitiva” del inmueble que se adquiera “con funcionarios de la Corporación insular”.

Alonso, lejos de aclarar los extraños entresijos de un expediente cuyas anomalías ha contado con todo detalle Tenerife Ahora y que motivaron que todos los partidos, excepto CC, retiraran el apoyo a la compraventa tal cual estaba formulada, consideró que en este asunto “todas las cosas se han hecho bien” y que “durante un año se buscaron inmuebles y se visitaron hasta 10. El único que encontramos fue este”, en alusión al de la empresa Carlacand, de la familia del empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar.

En este punto, reiteró polémicas declaraciones anteriores: “Todo el mundo habla de Plasencia, pero yo de los enfermos; hay un coste político en esta compraventa y yo lo asumo. Pero yo no me presento a un concurso de belleza, sino para solucionar los problemas de la gente. Para mí lo importante no es que el propietario esté condenado, sino solucionar el problema de los mayores, la necesidad de más plazas de dependencia”.

Sobre su aún socio de gobierno en el Cabildo, los socialistas, que en este asunto se han desmarcado tras apoyarlo inicialmente, el mandatario insular atribuyó su viraje a que “han primado intereses políticos” para hacerle un “desgaste”, y añadió que “lo que piensa el PSOE dentro del Cabildo no es lo mismo que lo que piensa el PSOE fuera”, al punto de que “algunos consejeros de ese partido me dicen que si tuvieran que votar de nuevo esta compraventa volverían a hacerlo a favor”.

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha salido este jueves en Tenerife en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez y de su propuesta de Presupuestos del Estado para 2019, días después de que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), aprobara una moción con el PP, de la que se desmarcaron sus aún socios de gobierno, los socialistas, en la que se pide la devolución de ese proyecto de ley por los incumplimientos con el archipiélago.

“El Gobierno de CC, en vez de dar cuenta de su gestión, se entrega al frentismo contra el Gobierno del Estado y contra los presupuestos estatales, pese a que son los más sociales de la historia”, ha afirmado este martes el líder regional del PSOE en una rueda de prensa ofrecida en Santa Cruz de Tenerife.

En un contexto en que CC amenaza con romper el pacto con el PSOE en el Cabildo, a raíz de que le retirara su apoyo a la compra por 23 millones de euros de un edificio al empresario Antonio Plasencia, doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, Torres se muestra en consonancia con el secretario general de su partido en Tenerife, Pedro Martín (también candidato a presidir el Cabildo tinerfeño), quien se ha quejado de las “provocaciones” de los nacionalistas pero se decanta de momento por no abandonar el Gobierno insular para culminar todos los proyectos en marcha.

En todo caso, el dirigente regional del PSOE aseveró que se ha desmoronado el “frente social” que pretendió formar CC contra los socialistas antes siquiera de saber el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, por lo que invitó a CC a apuntarse al diálogo entre partidos y a la negociación serena para mejorar esas cuentas en lo que respecta a Canarias.

Y ello es así porque el PSOE canario está convencido de que los presupuestos estatales, con la subida del salario mínimo, el aumento del 3% en las pensiones no contributivas o la subida de las becas, tendrán una especial incidencia en Canarias por su situación social y transferirán mucho dinero directamente al bolsillo de los ciudadanos, sin intermediarios.

Pero además el presupuesto diseñado por el Gobierno de Sánchez “cumple con la agenda canaria”, y aunque la inversión es 18 millones de euros por debajo de la media estatal, eso se puede mejorar en el trámite enmiendas parciales, como va a intentar el PSOE en cuestiones como las infraestructuras turísticas o los incentivos del REF.

De hecho, en el pleno del Cabildo del pasado viernes, el PSOE llegó a plantear en una enmienda a la moción de CC defender en las Cortes que se aumenten las inversiones del Estado en Tenerife en infraestructuras educativas, turísticas o hidráulicas, entre otras, pero su socio -ofuscado por las dificultades para sacar adelante la operación Plasencia- se enrocó en exigir la devolución de todo el proyecto de ley, y eso fue lo que se acordó en la corporación gracias al apoyo del PP.

Los pactos después el 26 de mayo

Torres se compromete a intentar un pacto de gobierno progresista en Canarias tras las elecciones próximas sin descartar a ningún interlocutor, pero alejado de la “involución” que representa la política de “la actual Coalición Canaria”.

“Las combinaciones pueden ser múltiples y seguramente serán necesarios acuerdos de más de dos partidos, pero será muy complicado llegar a un acuerdo programático con quien está en las antípodas en lo ideológico”, anunció, en alusión a CC, con la que gobernaron Canarias hasta finales de 2016.

En su opinión, los partidos evolucionan, pero en cambio CC ha sufrido “una involución” hacia las políticas insularistas, el desequilibrio entre islas, el trato a las demás administraciones en función de su color político y, finalmente, bajando el IGIC y restando financiación a unos servicios públicos que están entre los peores de España.

“Tenemos una visión regional de servicios como la sanidad, el empleo, la educación o las carreteras, y tiene que haber equilibrio. Esto no es compatible con la actual CC, que tiene postulados totalmente distintos”, subrayó el líder del PSOE canario y candidato a presidente de Canarias, en declaraciones servidas por Efe.

El nuevo sistema electoral “fragmentará”

Según Torres, el próximo Parlamento de Canarias estará más fragmentado, debido a una reforma electoral que amplía los escaños a 70 y rebaja las barreras de acceso y a una situación política general más diversa en el conjunto de España.

Por eso “se acabó que un partido pueda tomar la decisión de gobernar con uno o con otro”, vaticinó en alusión a que CC tradicionalmente ha elegido su alianza bien con el PP o bien con el PSOE.

La nueva ley electoral hará más factible además que el partido más votado sea el que más escaños tenga, y esa es la posición a la que aspira el PSOE en las elecciones, para a partir de ahí articular “un pacto programático progresista”.

Por progresista, el dirigente del PSOE entiende cuestiones como una sanidad inequívocamente pública, educación de 0 a 3 años, completar las pensiones no contributivas o contratar más docentes, y ninguna de esas políticas existen actualmente en el Gobierno de Canarias de CC, indicó.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha tensando aún más sus ya deterioradas relaciones con el PSOE al afirmar este lunes en Radio Club Tenerife que “lo que le pide el cuerpo es romper el pacto” de gobierno con los socialistas, aunque “hay que pensar con la cabeza frí­a y ser responsables”. Alonso acusó a este partido de ir por libre al Ministerio de Fomento con soluciones para la reposición de Las Chumberas que “no son viables legalmente”.

Por si fuera poco, Carlos Alonso ha afeado al PSOE su oposición a la polémica compra del edificio de Antonio Plasencia, un empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, a la vez que ha dejado claro que su intención sigue siendo adquirir ese actual bloque de oficinas a una empresa de la familia Plasencia, a la firma Carlacand, porque le parece la mejor opción para convertirlo en centro geriátrico ya que cualquier otra opción demoraría años disponer de nuevas plazas.

El presidente insular añadió que “por transparencia y para que no quede sombra de duda” el Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) va a convocar una solicitud pública de ofertas, con la que de todos modos ve difícil que surja otro edificio interesante“ en el área metropolitana de Tenerife.

De ese modo, da la razón a la interpretación que, desde el PSOE y Podemos, se hace del acuerdo adoptado el viernes en el Cabildo con los votos de CC y PP; es decir, que, aunque se desista del expediente de la compra a dedo, el ya iniciado, en realidad la puerta de que Plasencia sea finalmente el vendedor al Cabildo sigue abierta y esta vía se planteará sin cerrar el expediente ya abierto, para de esta forma no perder el dinero previsto o reservado.

Por si hubiera alguna duda de hasta qué punto está convencido de la bondad de esa operación, que tiene un montante de 29,1 millones de euros (23 de ellos para la adquisición de la propiedad), Alonso ha dejado unas reflexiones que no dejarán a nadie indiferentes: “A mí no me gusta comprarle un edificio a una persona que ha sido condenada, pero esta es la mejor opción y yo pongo antes que la estética la necesidad de atender bien a los mayores. Yo sabí­a que este asunto iba a provocar rechazo social, pero ante eso cabe la responsabilidad dentro del marco de la legalidad. Sé que tiene un coste político. Eso no es estético, pero cuidar a un mayor al que hay que darle de comer por la boca con líquido tampoco es estético, y esto a la gente no le gusta verlo pero hay que hacerlo”.

Sobre el pacto en el Cabildo, tensado por esta polémica -CC no apoyó la moción socialista de que la única opción fuera construir un edificio nuevo en suelo público previo concurso-, el mandatario nacionalista cree que “por responsabilidad no debería ocurrir” que se rompiera el pacto en el Gobierno insular, pero duda de si el PSOE va a tenerla. A su juicio, la propuesta del PSOE “retrasarí­a la solución nueve años”.

Las Chumberas y el presupuesto estatal para eclipsar a Plasencia

Aunque la razón de fondo es esa controvertida operación de compraventa con Plasencia, la que está en curso desde el IASS (su consejo rector se vuelve a reunir este jueves), Alonso prefiere derivar todo el problema hacia otras cuestiones, como los Presupuestos Generales del Estado, pues el PSOE votó en contra de una moción que promovía CC en el pleno del pasado viernes para pedir que estos sean devueltos al Gobierno central por ser lesivos para la isla.

De ahí que Alonso considere que su hasta ahora socio de gobierno “ha incumplido el Pacto por Tenerife, que se firmó antes de las elecciones pasadas para ponernos de acuerdo sobre asuntos esenciales de la isla: las infraestructuras, hospitales, carreteras, plazas sociosanitarias, Las Chumberas...”.

De modo que para Alonso “entre apoyar a Tenerife y apoyar a Pedro Sánchez, el PSOE ha visto que lo mejor es apoyar” al segundo. Este hecho además lo vinculó con que el candidato socialista a la presidencia del Cabildo, Pedro Martín (alcalde de Guí­a de Isora), “está haciendo campaña como si fueran oposición en el Cabildo, y no lo son; para lo bueno y para lo malo en los últimos ocho años han gobernado” con CC.

Otro punto de clara fricción con el PSOE que ha sido destacado por el lí­der insular de CC es la postura que la directora insular de Vivienda en el Cabildo, Marta Arocha (socialista), mantiene para resolver el problema de la financiación en la reposición de Las Chumberas: la negociación de un convenio de cuatro años y garantizar el correcto empleo de los 25 millones ya transferidos (el Ayuntamiento de La Laguna no ha justificado aún ni un euro y solo ha certificado menos de tres), pues se trata de subvenciones anuales que no se justificaron en el plazo marcado.

En este punto, Alonso también ha picado un poco más al PSOE al asegurar que el área insular de Vivienda “no ha ido en la lí­nea de los intereses del Cabildo y de los propios vecinos al estar proponiendo soluciones que legalmente no son viables”, por lo que asegura que ahora será él quien asista junto a los representantes de Fomento y de las otras administraciones implicadas a la comisión de seguimiento del convenio de Las Chumberas, el día 29 (este martes), con lo que en principio no estará Marta Arocha (PSOE).

Su propuesta es la de prorrogar el convenio que caducó a 31 de diciembre de 2018, “que es el marco jurídico más adecuado para que el Ayuntamiento continúe abonando los alquileres a los afectados y con las labores de apuntalamiento de las viviendas [con aluminosis], y para adjudicar definitivamente las obras lo antes posible e iniciarlas”. “Ese es el marco en el que debemos movernos, y por eso iré yo”, remachó.

El presidente insular admitió que el Ayuntamiento que preside José Alberto Dí­az (CC) no ha gestionado bien este asunto, pero “sobre todo” responsabiliza al Ministerio de Fomento “porque desde junio tení­a una propuesta de convenio [la que redactó el área insular de Vivienda, del PSOE] que dejó expirar dificultando ahora la solución jurí­dica”; por esta razón, afirma que “hay un interés manifiesto del Estado en no mover este expediente”.

El pleno del Cabildo de Tenerife celebrado este viernes ha permitido constatar que las relaciones entre CC y PSOE, los dos socios de gobierno, están al borde de la ruptura y ya solo es cuestión de tiempo que el divorcio se consume.

El principal desencuentro en esta sesión fue sobre el intento de compra a dedo de un edificio de 13 plantas en Cabo Llanos por 23 millones de euros a una empresa de la familia de Antonio Plasencia, Carlacand, para usarlo como geriátrico, operación que ya solo defendía CC y de la que el Cabildo ha desistido a raíz de una enmienda del PP, apoyada por los nacionalistas, a sendas mociones de PSOE y Podemos, pero que, según se desprende del tenor literal de lo aprobado, no cierra la puerta a que en el nuevo proceso de búsqueda de un inmueble el conocido constructor, doblemente condenado en el caso Las Teresitas y el caso Áridos, pueda hacer una nueva oferta y esta logre ser la elegida.

Mientras que el PSOE (que ha reculado en este asunto pues inicialmente apoyó esa compraventa) y Podemos defendieron cerrar toda opción a Plasencia descartando la compra de un edificio privado con su apuesta por construir un centro sociosanitario nuevo en suelo público mediante concurso, lo acordado entre CC y PP implica desistir de “la oferta actual” de Carlacand para a continuación “iniciar un proceso de búsqueda y adquisición de un edificio en el área metropolitana dentro del marco de la Ley de Patrimonio de la Administración del Estado”, lo que puede ser la opción de oferta pública ya anunciada por el presidente insular Carlos Alonso, de CC, tras dar marcha atrás con la compra a dedo.

El texto del acuerdo, por tanto, no especifica si se hace por concurso público o no, pues esa ley es precisamente la que usó CC en el Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) para intentar comprar a dedo a Plasencia, al permitir la compra directa de un bien, justificándola en determinados supuestos, o por pública concurrencia.

Es cierto que el PP, durante la intervención de su portavoz, Sebastián Ledesma, en el pleno, con vehemencia quiso “dejar claro” y “sin margen de duda” que su grupo está “rotundamente” en contra de que se adquiera ese inmueble por cuestionar el expediente y por “la alarma social” que ha generado, así como “porque no es el adecuado” para residencia de ancianos. Sin embargo, la redacción del acuerdo aprobado, según interpretan PSOE y Podemos, es ambigua y deja la puerta abierta a que Plasencia pueda volver a presentar su oferta dentro de la convocatoria pública. Además, ni siquiera se hace constar que tenga que ser por concurso público.

Para encontrar este matiz, hay que acudir a lo que no está en el acuerdo, al compromiso anunciado días pasados por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien, tras perder apoyos para esa compra, anunció una convocatoria pública de ofertas -en la que, por ley, no se puede vetar a Carlacand-. Además en nota de prensa tras este pleno, el portavoz insular de CC, Alberto Bernabé, alude a que la alternativa planteada por el PP “permite insistir en la búsqueda de un inmueble que pueda ser utilizado con fines sociosanitarios a través de un proceso público”.

La hoja de ruta aprobada, en todo caso, incluye entablar conversaciones con la Seguridad Social (no se menciona ningún otro organismo público) para ver si tiene inmuebles que puedan ser cedidos para uso sociosanitario y también habilitar un concurso dirigido a centros sociosanitarios privados para contar con plazas provisionales en el área metropolitana donde reubicar temporalmente a los pacientes del hospital Febles Campos y la residencia de ancianos de Ofra, que serán demolidos y reconstruidos.

Solo si todas esas medidas no funcionan, según han aprobado CC y PP, dentro de seis meses se usaría la vía de construir un edificio nuevo, por concurso y en suelo público, que es la opción que defendieron Podemos y el PSOE para que de ningún modo el IASS pudiera hacer la compra a Plasencia.

Podemos advierte de la “extraña” votación repetida

La única consejera que puso objeciones desde el principio a esta compra, Mila Hormiga, de Podemos, no se anduvo con ambages y dijo que esta operación iba dirigida a “financiar la corrupción”. Destacó que de momento se ha “frenado” gracias a su grupo y la prensa que ha aireado las “chapuzas” del expediente administrativo, lo que ha generado “una alarma social” al tratarse del mismo empresario “corrupto” condenado por el caso Las Teresitas “que financia a los tres partidos”, la misma tasadora que en esa causa quedó desacreditada y el mismo partido, CC.

La consejera felicitó a PP y PSOE por haber rectificado su apoyo inicial a este trámite “turbio” y se preguntó “cuántas cosas se habrán aprobado así, sin que se lean los expedientes”. No obstante, tras el pleno, Hormiga apuntó que la marcha atrás del Cabildo en este asunto se ha aprobado “de forma edulcorada”, por una enmienda a la totalidad presentada por el PP a las mociones de PSOE y Podemos, apoyada por CC y que salió adelante “tras una extraña doble votación”.

Alude así Hormiga a que en un primer momento esta enmienda había sido rechazada por 13 votos a 12, pero un consejero de CC, Antonio García Marichal, advirtió de que su voto no se había registrado correctamente, así que se repitió la votación y en esta ocasión las tornas cambiaron y resultó aprobada.

La consejera de Podemos se preguntó por qué se intentó comprar el edificio sin concurso público, por qué con un uso urbanístico en el aire por la posible anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz y con dudas sobre si cumple con las condiciones estructurales y técnicas para prestar servicios sociosanitario. También cuestionó el “arbitrario” precio para esa compra de casi 30 millones de euros (6,1 para adecuarlo al nuevo uso, con obra que ejecutaría el propio Plasencia) y las “anomalías e irregularidades” en su tramitación.

Reyes se escuda en los ancianos para defenderse

Pero no hubo respuestas a las grandes preguntas sobre los raros entresijos del expediente que ha ido publicando Tenerife Ahora. La directora del IASS, Juana María Reyes (CC), visiblemente nerviosa, se limitó a explicar que “desde el momento cero” en que se encargó el proyecto para el Febles Campos se buscó un edificio para realojar a los pacientes, porque construir un nuevo edificio en suelo público demoraría el proceso años. Admitió que el expediente fue rápido para no perder la financiación en 2019 y aprovechar la oferta, que era por tres meses.

En lugar de despejar las dudas sobre el expediente (no ha aclarado aún cómo es que la oferta de Carlacand tiene registro de entrada en el IASS dos meses después de que se trabajara ya en su consecución), Reyes defendió su actuación, e intentó derivar la atención hacia la situación de los usuarios en el Febles Campos, por lo que dijo lamentar que “esa necesidad de los pacientes [de un nuevo centro] no se atienda”.“Se puede esperar 3, 4 o 6 años en tener nuevas plazas, pero a lo mejor sería bueno que se lo explicaran también ustedes a las más de 3.000 familias que están en lista de espera”, le espetó a quienes le critican su gestión en este asunto. Aludió además al “coste de oportunidad” de la operación, lo que haría que “en 15 meses se amortizara” esa inversión.

La responsable del IASS dijo que lo único que ha aprobado este organismo es “el inicio del expediente de compra”, en el cual, apostilló, “no teníamos nada que ocultar” puesto que constaba el nombre de la empresa ofertante, por lo que apuntó que a día de la fecha “no hay obligación con ningún propietario”. Contrasta este planteamiento con que al día siguiente de que se adoptara el acuerdo en el consejo rector del IASS, Alonso anunciara la compra y la diera por hecha, elogiando además sus ventajas.

Bernabé: “Con Hortensia y sin Plasencia no habría polémica”

El portavoz de Coalición secundó la estrategia de Reyes, quien, obviando las preguntas aún sin respuesta sobre las anomalías en el expediente, lanzó una frase sarcástica que dejó boquiabiertos a algunos consejeros del PSOE y de Podemos: “¿Alguno cree que si no fuera Plasencia sino Hortensia hoy no estaríamos debatiendo esto?”.  Con tales mimbres trató de zafarse de las críticas de Podemos al considerar que es “falsa” su acusación de que se trata de corrupción, y también de las del PSOE, al entender que los socialistas “no están de acuerdo con la compra solo porque el nombre del propietario no les gusta”. En una especie de “y tú más que yo”, el portavoz de CC contratacó con una noticia publicada este viernes en El Día titulada “El PSOE de La Laguna estuvo unos 25 años en un local de Plasencia, presuntamente sin coste económico”.

Solo fue indulgente con el PP, porque “su enmienda tiende algunos puentes” para resolver el problema. Y el quid, para Bernabé, en absoluto es Plasencia: “Tenemos que poner en el centro del debate a los mayores, no a la propiedad”, y en este sentido apuntó que la alternativa aprobada “es peor porque es más lenta” para los ancianos que adquirir el edificio.

Para CC no hay sombra de corrupción en este expediente del IASS, pues “es legal”. ¿Por qué entonces se da marcha atrás a la operación? “Porque hay alarma social, al punto de que el presidente del Cabildo plantea una oferta pública”, concluyó.

Los socialistas ven injustificada la compra a dedo

Desde el PSOE, Miguel Ángel Pérez trató en vano de buscar respuestas técnicas a las dudas que tiene sobre el expediente. Así, el consejero socialista, además de apuntar quién es el vendedor, consideró que el inmueble de Plasencia surge “de buenas a primeras por una necesidad imperiosa no justificada” porque “no aparece en el modelo sociosanitario” de la isla aprobado en 2018 ni existe un motivo urgente para desalojar el Febles Campos, donde hace unos años se invirtieron 600.000 euros en medidas de seguridad. No obstante, admitió que es necesario una nuevo centro, que a su juicio se puede construir en suelo anexo y para ello se pueden utilizar procedimientos urbanísticos excepcionales como los aplicados con Las Chumberas. 

Además, para Pérez, “el expediente adolece de falta de justificación clara sobre por qué una compra directa y no por concurso abierto; y tampoco hay un solo informe que diga que se puede autorizar la compra, pero CC lanzó las campanas al vuelto”. De igual manera, subrayó, ningún funcionario público hizo una tasación alternativa a la de Tinsa.

Esta argumentación la remató la también consejera del PSOE Josefa Mesa, quien, en alusión a que es una empresa de la familia Plasencia, advirtió de que el Cabildo, con dinero público, “no puede solucionarle problemas a ninguna persona ni dejar puertas abiertas a nada que no queramos”, en clara alusión a que Plasencia afronta por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar responsabilidades económicas que sobrepasan los 100 millones de euros. Añadió que “un pacto”, el que tiene el PSOE con CC, “no tiene que ser un mero intercambio de cromos”, y remachó su discurso con unas palabras del propio presidente del Gobierno canario y líder de CC, Fernando Clavijo, según el cual “por mucho que al final pueda ser legal esta compra no es moralmente correcta”.

El PP cree “accesoria” la polémica sobre Plaencia

Sebastián Ledesma, portavoz popular, afeó a Podemos que pese a sus críticas se abstuviera en el acuerdo inicial sobre este expediente, “pues abstención no es oponerse, sino dar un visto bueno, e incluso en procesos penales están investigados los que se abstienen”. En el caso del PP, que votó a favor en aquel consejo rector del IASS del 28 de diciembre, el cambio de opinión lo justifica con que “hubo una quiebra de confianza” en CC tras conocer los detalles de la documentación y la “alarma social” creada.

“Hay que reconocer que nos hemos equivocado y se debe desistir de esta compra”, remarcó, e insistió en que el edificio de Cabo Llanos “no es el adecuado porque no fue configurado para albergar un proyecto sociosanitario” y además el cambio de uso plantea “dudas  urbanísticas” si se anula el Plan General.

En todo caso, el PP se abonó también a la tesis de CC sobre que “lo accesorio” es la polémica sobre Plasencia y que lo importante es “no desviarse” de que el objetivo es solucionar el problema de la falta de plazas sociosanitarias.

En un comunicado posterior, el grupo Popular presume de que “ha logrado finalmente” que el Cabildo desista de la compra del edificio de Cabo Llanos “debido a los problemas de todo tipo que han surgido en relación tanto con la idoneidad de la compra, dadas las circunstancias en torno a la propiedad del bloque, como a la situación del propio inmueble y su morfología, que implican una alta complejidad para su adaptación al uso sociosanitario”.

Tras asistir al enfrentamiento entre CC y PSOE, Ledesma bromeó con que los socialistas parecen ya “más oposición que nosotros” y observó que en este pleno “se ha escenificado el distanciamiento claro y evidente”. Por su parte, PSOE y Podemos lo que han observado es un acercamiento entre CC y PP.

Los empresarios condenados por el caso Áridos (la extracción ilegal de ese material destinado a la construcción en los barrancos del municipio tinerfeño de Güímar) Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia (eran cinco: estos tres, uno encarcelado y otro fallecido antes de la celebración del juicio) pueden estar a pocos días de entrar en prisión si antes de este lunes, día 28 de enero, no afianzan 168,4 millones de euros entre los tres (66.422.000,46 euros, en el caso de Antonio Plasencia; 62.936.683,02 euros, para Morales, y 39.064.475,65 euros, para Sicilia), tras no poder cumplir en tres años la sentencia del 28 de enero de 2016 que los obliga a restaurar el daño medioambiental causado por aquella actividad en cuencas hidrográficas del mencionado municipio.

El letrado de la Administración del Estado (antes secretario judicial) será el encargado de poner fecha a la ejecutoria de entrada en la cárcel, siempre que no se produzca el reseñado afianzamiento, tal y como adelantó en su edición de este jueves el periódico Diario de Avisos.

Esos tres condenados rubricaron un sentencia de conformidad para evitar penas que supusieran la entrada en la cárcel, algo que no hizo el cuarto acusado, Francisco del Rosario, finalmente condenado a tres año y medio de prisión, privación de libertad que cumple en la actualidad tras tampoco ganar el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Todas las partes recibieron este miércoles, según ha publicado Diario de Avisos, la desestimación del Tribunal Supremo tras la queja formulada por los abogados de Plasencia y Morales, un recurso más denegado después de que finalizara el año de prórroga concedido tras otorgar dos años iniciales para restaurar el daño ecológico.

El Supremo también señala que la situación económica de Pedro Sicilia, que se declara insolvente y pide turno de oficio, no es óbice para que cumpla los términos de la sentencia.

Este miércoles, el presidente de la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Joaquín Luis Astor Landete, dictó un auto en el que concede un plazo de tres días para que los condenados presenten alegaciones al informe remitido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias sobre el estado de proyectos o trabajos de restauración en el ámbito extractivo de los barrancos de Güímar y en el que da cumplimiento a la obligación de afianzamiento de las responsabilidades en los términos fijados en el auto de fecha 25 de enero de 2018.

El afianzamiento se puede hacer a través de una fianza bancaria (cheque) o peritación patrimonial avalada por técnicos del Estado, en cuyo caso sería estudiada por la Audiencia Provincial. El plazo vence el lunes 28 de enero. Si no lo consiguen, es muy probable que ya solo quede el camino de la cárcel.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha vuelto a exigir al alcalde José Manuel Bermúdez, de CC, que deje de proteger al empresario Antonio Plasencia “al lavarse las manos con las irregularidades cometidas en la gestión del aparcamiento público municipal de la avenida Tres de Mayo, cuya explotación traspasó ilegalmente la actual concesionaria, Inversiones Parque”, que es una sociedad propiedad de Plasencia.

Fernández Arcila, se asegura en una nota de prensa, defenderá en la sesión plenaria del viernes 25 de enero una moción en la que propone que “el pleno inste a la Junta de Gobierno local a incoar expediente para la resolución de ese contrato, según los mismos motivos que se han señalado en expedientes anteriores y que el Gobierno municipal ha permitido que caducaran, dejando pasar las irregularidades cometidas por Inversiones Parque. El concejal se plantea, además, ”informar a la Fiscalía para que valore si los hechos que justifican su iniciativa pudieran ser constitutivos de delito“.

El portavoz ecosocialista destacó en el mismo comunicado que “es de conocimiento común que la explotación de ese aparcamiento público siempre lo ha venido realizando una conocida empresa comercial [El Corte Inglés] y, sin embargo, los sucesivos gobiernos de CC en Santa Cruz no han actuado hasta 2016, cuando Sí Se Puede accedió al expediente y comprobó la irregularidad que se estaba cometiendo”.

Las actuaciones del Ayuntamiento empezaron después de que el pleno aprobara, en febrero de 2016, una moción de Sí Se Puede para que el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos elaborara un informe sobre los aparcamientos públicos municipales y el cumplimiento de los pliegos y contratos administrativos de todas las concesiones.

A raíz de esa moción, tal y como informó en mayo de 2016 el citado director general en una comparecencia ante la Comisión de Control solicitada por Sí Se Puede, se inició la elaboración del informe, que no ha concluido, y se decidió tramitar la resolución del contrato de concesión administrativa de los aparcamientos de Tres de Mayo, dadas las irregularidades tan evidentes que se habían cometido.

La Junta de Gobierno local incoó expediente a finales de mayo de 2016 y lo dejó caducar en septiembre de ese año. Una vez más, el asunto pasó por la Comisión de Control, donde el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, se comprometió a incoar un nuevo expediente sancionador que debería resolverse en plazo. Esta segunda actuación se inició en septiembre de 2016 y también se dejó caducar en 2017, se expone en la misma nota de prensa.

La Comisión de Control, donde la oposición ejerce su labor de fiscalización a la acción de gobierno, ha sido escenario de más intervenciones sobre este asunto. Así, en septiembre de 2018, Sí Se Puede volvió a preguntar a Arteaga por los motivos de la lentitud del grupo de gobierno en resolver el caso de la única forma posible.

Finalmente, en la sesión de este organismo en enero de 2019, a iniciativa de Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda Unida, Arteaga compareció de nuevo y afirmó que los servicios municipales continuaban analizando qué decisión adoptar respecto a este asunto, por lo que se deduce que no se ha incoado aún un tercer expediente para la resolución del contrato con la concesionaria.

El sorprendente cambio de criterio del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), sobre la compra a dedo de un edificio en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) a una empresa de Antonio Plasencia por 23 millones de euros ha venido precedido de unos días convulsos con su socio de gobierno, el PSOE.

A principios de esta semana, el lunes por la tarde-noche, Carlos Alonso convocó una reunión política a la que asistieron consejeros socialistas y de CC en la Corporación insular y en la que este dejó claro que, o el PSOE lo acompañaba en una estrategia para salir del fango en el que se había metido ante la opinión pública con aquella compraventa a unos meses de las elecciones, o maquinaría excusas para romper el pacto político en febrero. Así de claro fue Carlos Alonso en esa cita; ese fue su ultimátum.

Este jueves, el mismo mandatario insular sorprendió con un extraño viraje tras haberse erigido en el máximo defensor de la compra a dedo del edificio de Plasencia, con su propuesta de que este viernes en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) su presidenta, Juana María Reyes (CC), va a dar marcha atrás a esa compraventa, acordada el pasado 28 de diciembre con apoyo inicial de PSOE y PP (Podemos se abstuvo) y tras desmarcarse ambos partidos a los pocos días y dejar sola a CC en tan polémico asunto.

La solución ahora es convocar una oferta pública para la búsqueda de un edificio capaz de albergar 220 camas sociosanitarias en un plazo de 10 meses, condiciones que tendrá que justificar el IASS, pues son las mismas por las que adquirió el inmueble a Plasencia sin concurso público y pueden parecer hechas a la medida del conocido constructor; o sea, que la nueva fórmula “de la transparencia” es muy probable que conduzca al mismo lugar.

En la caldeada reunión convocada por Alonso el lunes pasado, estuvieron presentes Juana María Reyes y el consejero insular de Turismo y portavoz de CC en el Cabildo, Alberto Bernabé; por parte del PSOE asistieron Aurelio Abreu, Miguel Ángel Pérez y José Antonio Valbuena.

CC advirtió en esa cita que si los socialistas seguían con sus ataques a la operación y no buscaban una salida para que se hiciera esa compra, que puede ser la que este viernes se propondrá de forma oficial en el consejo rector del IASS, se rompería el acuerdo de gobierno en una semanas. ¿Cómo? Presentando mociones arteramente comprometedoras para los socialistas, de modo que Alonso pueda acusarlos de deslealtad y entonces, por pérdida de confianza, expulsarlos del equipo de gobierno. Por supuesto, CC no podía dar a entender a la sociedad que esa ruptura se producía por el asunto de Plasencia, y menos a las puertas de unos comicios.

Tal amonestación de Carlos Alonso ha encolerizado a un sector del PSOE en el Cabildo, el grupo partidario de dar un golpe sobre la mesa y que sean los socialistas los que tomen la iniciativa de romper el pacto de gobierno, dado el enorme descrédito que supone esa adquisición sin concurso público y en extrañas circunstancias a un empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas (que fue precisamente denunciado por los socialistas) y por el caso Áridos.

Es más, en el PSOE del Cabildo hay quienes están convencidos de que el edificio de Plasencia vale menos de lo que se pretende pagar por él y de que todo este asunto es un “auténtico escándalo”. Para ese sector díscolo del PSOE, alejado de las tesis de Aurelio Abreu, resulta imprescindible que un funcionario del Cabildo haga una tasación propia del inmueble que se pretende adquirir, aunque todo parece indicar que su actual jefe de filas en el Cabildo, Aurelio Abreu, no está por la labor de abandonar el grupo de gobierno.

El expediente “chapucero” del IASS

Llama además poderosamente la atención que el expediente administrativo lo ha intentado vender Alonso como un trámite impecable y una operación ventajosa para el Cabildo por la supuesta idoneidad del edificio, pero la realidad, como ha ido publicando Tenerife Ahora, es que la documentación genera una duda tras otra y contiene sospechosos entresijos y rapidísimos trámites para una lenta Administración pública.

Tantas sombras tiene el expediente que en la oposición del Cabildo casi todos ya lo dan como una obra “chapucera”, y “huele tan mal” que en Podemos se plantean llevarlo a la Fiscalía, si es que CC da por zanjada la polémica sin más explicaciones, como si no hubiera pasado nada.

Para empezar, la oferta de Plasencia llegó por registro de entrada al IASS el 14 de diciembre, pero en todos los informes se menciona que era conocida desde octubre, por lo que el Cabildo estuvo trabajando en esa compraventa antes de que hubiera ofrecimiento formal por parte de ese empresario a través de la firma Carlacand.

A ello se une que el IASS encargó una tasación del inmueble a Tinsa, también a dedo,  la misma empresa que infló el precio de las parcelas de Las Teresitas a la medida de Plasencia, como quedó probado en 2017 en la sentencia judicial -aún no firme- por la que fue condenado el conocido empresario. Pues bien, el IASS aceptó pagar 23 millones a Plasencia, más otros 6,1 para que el propio constructor adaptara el bloque de oficinas de Cabo Llanos a uso sociosanitario.

Y todo eso pese a que ningún funcionario público ha tasado el edificio, sino que el precio fijado por Tinsa, poco más de 300.000 euros menos que el pedido por Plasencia, lo validó el mismo servicio técnico del IASS que precisamente había reconocido en un informe anterior que carecía de medios, formación y datos para poder calibrar el precio de mercado.

Precisamente en la oposición del Cabildo, los críticos con esta operación de compraventa a dedo creen que esta Administración pública tiene por supuesto funcionarios capacitados para tasar ese inmueble, como la propia Pía Oramas, cuyo papel fue clave para desmontar la compraventa de Las Teresitas, ya que su tasación, cuando era arquitecta funcionaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por valor muy inferior al precio pagado, se ocultó en el expediente y se tomó como referencia la de Tinsa, que infló la cuantía con parámetros irreales en contacto con los vendedores, según la sentencia judicial.

Las prisas a finales de diciembre fueron tantas que el interventor del IASS primero se negó a hacer su informe por el escaso plazo para examinar la documentación y luego, pospuesta la convocatoria del consejo rector un día después (del 27 de diciembre al 28), solo avaló iniciar el trámite, pero no efectuar ningún pago, al tiempo que cuestionó la ausencia de concurso público por no estar bien justificada.

El interventor expone que, si la razón de la compra a dedo era la urgencia por realojar a los pacientes del hospital Febles Campos, no consta ningún informé técnico que advierta de que las instalaciones de ese antiguo centro están en tan mal estado que es preciso hacer la compra por el método directo. Es más, desde el PSOE ya se han fijado que en este mismo mandato se ha invertido en el Febles Campos medio millón de euros.

Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, es la representante de esta formación política en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) y la única persona que en la ya famosa reunión del 28 de diciembre de 2018 no apoyó (se abstuvo) la compra a dedo por parte de ese organismo autónomo de un edificio de oficinas sito en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) que es propiedad de una empresa de la familia de Antonio Plasencia (Carlacand, SL).

La adquisición se pretendía realizar, pues ahora Coalición Canaria (CC) en el Cabildo ha anunciado que va a paralizar ese proceso (lo ha anunciado el presidente insular Carlos Alonso este mediodía y ello no implica que al final se termine comprando el mismo edificio al mismo propietario), para darle un uso sociosanitario a ese bloque de oficinas. La operación suponía pagar con dinero público 23 millones de euros por el inmueble, más la adaptación de este, que el expediente también adjudicaba a dedo al mismo constructor, con algo más de seis millones de euros y, por lo tanto, un total de 29 millones.

Tras conocerse ese polémico proceso, que ha sido adelantado y explicado al detalle por Tenerife Ahora todos estos días, Hormiga concedió esta entrevista, en la que habla con claridad del antes y el después de esa operación pública en la que se ha quedado muy sola CC. La entrevista se hizo esta mañana de viernes, justo en el momento en que Alonso anunció que el Cabildo renunciaba a esa compra para lanzar un proceso de oferta pública, garantizando así la concurrencia.

La consejera insular de Podemos desgrana en esta charla lo ocurrido estos días y aporta algunas claves acerca de lo que había detrás de ese intento de compra urgente tan criticada en Tenerife (ya por todos los partidos menos CC), tan poco transparente y con beneficio inmediato para un empresario condenado hasta dos veces por corrupción (en los casos Las Teresitas y Áridos -barrancos de Güímar-, el primero con fallo recurrido ante el Supremo). 

PSOE y PP han comentado estos días que entonces votaron a favor de la compra del edificio de Plasencia porque ni siquiera se dijo en la reunión del consejo rector del IASS de 28 de diciembre pasado que era de una empresa del constructor condenado por corrupción. ¿Es eso así?

El expediente no nos fue facilitado hasta el día del consejo rector del IASS y en él se podía ver la dirección exacta del inmueble. Una simple búsqueda en Google Maps da la ubicación de ese bloque de oficinas, y a nadie en Santa Cruz que esté un poco al tanto de lo que pasa en la ciudad se le escapa que ese edificio es propiedad del señor Antonio Plasencia, máxime cuando ya dio que hablar su construcción al tapar la visión del Auditorio de Tenerife. Por si fuera poco, en la propuesta de acuerdo aparecía el nombre de Carlos Antonio Plasencia Romero.

Según lo que usted relata, ¿se puede decir que alguien ha mentido sobre que no se enteró antes de quién era el edificio de Cabo Llanos?

Cada uno es dueño de sus palabras y responsable de sus actos. Si lo sabían o no, es algo que deberá valorar cada cual acorde a sus principios. Lo que sí le puedo asegurar es que yo, personalmente, lo advertí, tanto el día 27 [la primera reunión del consejo rector, esta sin el informe del interventor] como el 28 en el propio consejo rector. Además, queda meridianamente claro que es una irresponsabilidad política de los demás grupos de la oposición que, tras escuchar mis advertencias, no se hayan molestado siquiera en comprobar mis afirmaciones.

Usted fue la única voz discrepante en el consejo rector del IASS del 28 de diciembre. ¿Por qué optó por la abstención en ese momento y no por el voto en contra, algo que se le ha reprochado a Podemos?

En el consejo rector se sometía a votación el inicio de un expediente, no su compra definitiva. Por eso mismo solicité que se incluyera en el acta mi protesta formal puesto que dicha compra se iba a hacer a un empresario condenado por corrupción. Mi abstención vino motivada por la urgente necesidad -compartida por el grupo de Podemos- de dar un nuevo espacio a pacientes y familiares del hospital Febles Campos, puesto que esa es una necesidad imperiosa para quienes la sufren y dado que los informes de la intervención delegada eran favorables. En ese momento opté por la abstención, que no es sino un voto discrepante al fin y al cabo. Evidentemente, no teníamos acceso a toda la información tal y como nos fue llegando en días posteriores.

¿Ha recibido algún tipo de presión por desmarcarse de ese acuerdo y hablar tan claro sobre las supuestas irregularidades que hay en el expediente?

Se puede afirmar que sí. Se me ha sometido a un chantaje emocional, principalmente por parte de quienes desde CC conocen mi sensibilidad por los pacientes del IASS.

¿Por qué CC ha tenido tanta prisa en cerrar esta operación tan polémica, tan urgente para ellos y con un proceso legal con tantas carencias y tan poco limpio al menos en el plano administrativo?

Las políticas de la corrupción suelen ser siempre las de las urgencias y las ocurrencias. Es el último sistema que estamos conociendo.

¿Este asunto puede acabar en la Fiscalía o en los tribunales?

Todos los indicadores apuntan a que así será.

¿Qué espera del consejo rector de este viernes, 18 de enero? ¿Por qué CC ha decidido convocarlo a toda prisa?

A solicitud de mi persona se solicitó inmediatamente la convocatoria de un consejo rector extraordinario, pero lamentablemente, al no tener el número mínimo de miembros necesarios para su convocatoria, no se atendió mi petición. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente se convoca al grupo de gobierno para que la noticia que trascienda a los medios sea que fue CC -y también el PSOE- el que la solicitó y no Podemos, que no olvidemos la había pedido el día anterior. Al consejo rector se va a llevar un único punto en el orden del día, que es la Dación de cuenta del presidente sobre la situación actual del expediente de compra. A fecha de hoy desconocemos su contenido [el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, adelantó este jueves al mediodía que se va a renunciar a la compra a dedo y se abrirá un proceso de oferta púbica].

Si no sale la compraventa, que el PSOE no la va a apoyar (y parece que tampoco el PP, más la negativa de Podemos), ¿se acabó el pacto en el Gobierno insular?

El pacto hace tiempo que está roto, como todo el mundo intuye o sabe, y además todo apunta a que lo sostienen los sillones, las prebendas y los más que generosos sueldos percibidos en el Cabildo. Sabemos que entre CC y PSOE las relaciones están más que tensas y, si no se ha roto ya, es porque desgraciadamente el socialismo en Tenerife está acostumbrado a plegarse y humillarse a los deseos de CC. El PSOE está desorientado en estos momentos porque Alonso lo está presionando. Los socialistas están bajo el liderazgo de alguien en entredicho, ya que [en alusión a Aurelio Abreu] no solo tiene causas judiciales pendientes sino que no aúna las sensibilidades del partido. Nos consta que una parte del grupo en el Cabildo rompería el pacto ahora mismo.

Dice Carlos Alonso que todo se basó en una tasación hecha por un funcionario. ¿Mintió Carlos Alonso cuando dijo eso a la prensa, puesto que en el expediente lo que hay es una validación de la tasación de Tinsa por un funcionario de un servicio que admite que no tiene personal ni datos para actuar con criterio técnico?

La declaración de Carlos Alonso consistió simplemente en manifestar a los periodistas que “había una tasación de un funcionario” cuando en realidad no era así. Él siempre podrá decir que había un funcionario que hizo una validación de la tasación y de la oferta realizada, pero el informe de ese funcionario en modo alguno es una tasación. De hecho, se dio por bueno el precio ofertado por el señor Plasencia porque sospechosamente era inferior al de Tinsa. Para la oferta se comparó con otro edificio en Ifara, pero hay que recordar que este se encuentra en una zona muy lujosa de la ciudad y Cabo Llanos en su día pretendió ser la milla de oro de Santa Cruz, pero a día de hoy es una zona abandonada a su suerte. Prueba de ello es que ni el mismo Plasencia ha logrado vender el edificio en el mercado privado. Tinsa fijó el precio. ¿Pero quién es Tinsa? La sentencia de Las Teresitas lo aclara muy bien.

¿Cómo lo interpreta usted y qué consecuencias cree que tiene el hecho de que la oferta de Plasencia aparezca registrada en el IASS el 14 de diciembre de 2018 pero en el expediente ya figuran haciéndose trámites sobre esa compra desde octubre pasado? Además, el informe al Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el uso posible del suelo se traslada al IASS antes de ese 14 de diciembre, el día que la oferta de venta es oficial.

En la misma pregunta que usted hace está la respuesta. Esta operación ya estaba urdida de antemano por los cerebros pensantes de CC-ATI.

Hable con claridad: ¿CC ha hecho un traje a la medida de los intereses de Antonio Plasencia?

El expediente habla por sí solo. El traje no solamente está hecho: estaba puesto a la venta y con un comprador pactado con abundancia de recursos públicos para adquirirlo.

Del expediente se deduce que a Tinsa, la tasadora que, según la sentencia, infló el precio de Las Teresitas a la medida de Plasencia y González (los dos empresarios que vendieron parcelas del frente de esa playa al Ayuntamiento), también se le dio a dedo el encargo. ¿Qué opina al respecto? ¿No hay ningún funcionario en el Cabildo capaz de hacer una tasación de ese tipo, como la propia Pía Oramas, ya que estamos con los mismos protagonistas del caso Las Teresitas, en su caso en clave positiva?

Confiamos plenamente en la profesionalidad y en la defensa del interés público de los funcionarios del Cabildo. Quizá lo que no interesaba era una tasación por parte de los técnicos, como todos sabemos que sucedió en el caso de Las Teresitas con la tasación que realizaron los funcionarias y que fue relegada en aras del interés de los empresarios condenados.

Dice el PSOE de Santa Cruz que si el Plan General se anula de forma definitiva, lo cual es muy probable, no es posible el uso sociosanitario de ese edificio, aunque el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo avala el cambio. ¿Qué papel juega el Gobierno municipal, de CC-PP, en este asunto?

Da la impresión de que son simples convidados de piedra en este festín de la supuesta corrupción y el caciquismo.

¿Podemos decir que esta operación es cosa de un solo partido, CC, o hay más?

El final de CC, o mejor dicho de ATI y sus seguidores, es el final de un ciclo político caduco y vetusto, que está terminando de la peor manera posible. Ese final no puede ser liderado por los partidos que han sido muletas de apoyo y sostén de CC: el PSOE y el PP, y este es un ejemplo que sirve tanto para el Cabildo como para el Gobierno de Canarias. CC podrá seguir aplicando estas políticas clientelares y de amiguismo siempre y cuando la ciudadanía se lo permita. Si esto es así continuarán utilizando el dinero público para contentar a sus amigos y no para financiar políticas realmente necesarias para la ciudadanía como son la sanidad o la educación. Este edificio es ya el símbolo evidente del estercolero en que, durante más de 25 años, los mismos de siempre han convertido la política en Canarias.

Ahora mismo se ha informado de que Carlos Alonso informará en la nueva reunión del consejo rector del IASS, la de este viernes, de que el proceso puesto en marcha se paraliza para abrir un proceso de oferta pública. ¿Qué opinión le merece esta recogida de velas?

Ah, sí... Una vez más queda demostrado que hacer política soloe pensando en intereses partidistas y clientelares, para favorecer a los amigos, no es de recibo. Carlos Alonso, ante las múltiples denuncias de algunos medios de comunicación y de  Podemos, deja meridianamente claro, al retirar la propuesta de compra, que no solo estábamos ante una compra irregular sino que con casi toda seguridad estábamos viendo el comienzo de un supuesto hecho delictivo merecedor de la actuación de la Fiscalía. Además, iba a dejar pequeño el caso de Las Teresitas, para más escándalo, con algunos de los mismos actores implicados, tal y como llevo denunciando desde el primer día. Aparte de esto, lo más lamentable también es que el PSOE, con esta retirada, queda a salvo a pesar de no hacer nada, como nos tiene acostumbrados en este mandato. Volverá a su postura cómoda de hacer lo mismo que lleva haciendo estos cuatro años en el Cabildo: ver, oír y callar.

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, ha admitido en un informe que carecía de medios y formación para poder hacer una tasación del edificio de 13 plantas con oficinas que esa entidad pública, el IASS, ha decidido comprar a la sociedad mercantil Carlacand, SL, una compañía de la familia del empresario tinerfeño condenado por el caso Las Teresitas Antonio Plasencia.

Por esa razón, ese servicio público insular decidió encargar la valoración a una empresa externa, en este caso Tinsa (la misma que infló el precio de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró a una empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González), que fijó el precio en 23,3 millones de euros teniendo en cuenta su uso previsto para oficinas, cifra casi clavada a los 23 que pidió la empresa Carlacand. 

Por lo tanto, no existe garantía alguna de funcionario, o sea, una tasación pública, de que ese sea el valor aproximado de mercado del bloque de oficinas ubicado en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife). Ese servicio del IASS solo se reconoció incapaz de hacer una valoración propia y al final el expediente de compraventa se ha montado y aprobado en su inicio con la única tasación de Tinsa, hecha a toda prisa, en tiempo récord.

Contrastan esas circunstancias con las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), que ha defendido ante los medios de comunicación esa compraventa con el argumento de que “todo se ha hecho sobre la base de una tasación oficial de un funcionario público”, y no es así.

La realidad es que el 3 de octubre, se supone que dos días después de que Carlacand entregara de manera oficiosa su oferta al IASS (el escrito lleva fecha del 1 de ese mes pero por Registro General figura, sorprendentemente, sellado el 14 de diciembre), dicho servicio activó la búsqueda de presupuestos de empresas tasadoras, “siguiendo instrucciones de la Gerencia” y con la directriz de que se diera la tasación “en el menor plazo posible”.

Así mismo consta en un informe técnico del 3 de octubre, a su vez inserto en otro del mismo servicio elaborado el 17 de diciembre, en el que, literalmente, se justifica que se encargue a una empresa externa la fijación de un precio con el siguiente argumento: “No existen medios propios ni formación específica del personal adscrito a este servicio [del IASS], ni conocimiento actualizado de precios de mercado que permitan acometer la realización de la citada valoración”.

Tinsa, otra adjudicación a dedo en el expediente

Sin que se conozcan en el expediente entregado a los grupos políticos de la oposición en el Cabildo qué otras empresas tasadoras fueron contactadas y qué presupuestos se recibieron, el IASS adjudicó el encargo a Tinsa, por 7.811 euros (IGIC incluido) y con un plazo de entrega de la tasación meteórico, apenas 10 días. 

No hay más explicaciones para esa elección que “la necesidad de realizar la citada valoración, la urgencia de esta y el importe que se ajusta a precio de mercado”. Y en efecto, el 18 de octubre, dos días antes del ya corto plazo para acabar el trabajo, Tinsa entrega su tasación, prácticamente clavada al precio que pedía Plasencia (apenas 319.373 euros más) en el escrito con su oferta de fecha de 1 de diciembre pasado, el mismo que luego se registró el 14 del mismo mes.

Se da circunstancia de que esa tasadora es la misma que, como quedó probado por la sentencia del caso Las Teresitas dictada en 2017 por la Audiencia Provincial, infló de forma artificial el precio de las parcelas del frente de playa en contacto con el arquitecto de los dueños de los terrenos, el propio Antonio Plasencia e Ignacio González, ambos condenados por esa venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ahora le va a reclamar los 52 millones pagados más intereses desde el año 2001, una vez la sentencia sea firme.

La tasación privada como única referencia

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS valida el 17 de diciembre de 2018 el dinero solicitado por Plasencia a cambio de su edificio de oficinas en Cabo Llanos, para convertirlo en geriátrico, en un informe firmado por un arquitecto técnico, quien afirma que el valor “no solo se ajusta al precio de mercado, sino que resulta incluso inferior, ya que se oferta en 23.000.000 euros, resultando una tasación de 23.39.373,80”. Da por bueno, por tanto, el técnico del IASS el importe de la compra del inmueble poniendo como única referencia la tasación de Tinsa.

Comoquiera que también la oferta de Carlacand incluye hacer igualmente la obra de adaptación del inmueble a centro sociosanitario por 6,1 millones de euros, el funcionario del IASS compara esta compra con otra oferta por otro centro ya en funcionamiento en Santa Cruz, cuya negociación se frustó en junio de 2017 porque el propietario pedía más que lo tasado. Así, frente a los 2.637 euros por metro cuadrado en que se ofreció la residencia Mirador de Ifara, en el caso del edificio de Plasencia la cantidad bajaba a 1.712 euros por metro cuadrado.

El autor del informe, Carlos Alonso Labrador, elogia la “excelente oportunidad” de la oferta de Plasencia para realojar a los pacientes del Hospital Febles Campos y de la residencia de Ofra, en el propio municipio de Santa Cruz, y tan solo con ejecutar obras de adaptación (cuyo coste, de 6,1 millones y que ejecutará el propio vendedor, también valida el funcionario).

Alonso advierte, eso sí, de que “resulta relevante destacar la enorme dificultad” de buscar inmuebles que cumplan las condiciones requeridas por el IASS, “lo que complica la valoración comparativa de inmuebles similares que puedan establecer precios de referencia para un centro de estas características”.

Coalición Canaria (CC) lo tiene crudo para sacar adelante la operación de compra a dedo y con dinero público de un edificio de la familia de Antonio Plasencia en Santa Cruz de Tenerife (con un coste de 23 millones de euros, más la adaptación de inmueble, con seis más), con el objeto de que este nuevo inmueble forme parte del patrimonio del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de la Corporación insular y para darle uso como geriátrico, para la atención de mayores de la isla que se deben desplazarse de otros dos centros del área metropolitana que deben ser reformados (hospital Febles Campos y una instalación de Ofra), según la versión dada por el IASS.

A aquella conclusión se llega tras el rechazo a la operación de compraventa directa, sin concurso público, mostrado por parte de Podemos e incluso del Partido Popular (no se opuso en la primera votación), formaciones políticas a la que ahora se une el PSOE, tras la decisión de su principal órgano ejecutivo entre congresos (Comité insular) adoptada por unanimidad este viernes en La Orotava.

Hay que recordar que los dos integrantes del PSOE en el consejo rector del IASS votaron a favor del inicio del expediente de compra de ese edificio al constructor condenado con penas millonarias por los casos de Las Teresitas y Áridos, el primero en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el segundo en Güímar. El PP también lo apoyó en el mismo consejo y Podemos se abstuvo.

El Comité insular del PSOE de Tenerife ha dejado en la estacada a CC, su socio de Gobierno en el Cabildo insular, al rechazar por unanimidad la compra del edificio de una empresa de Antonio Plasencia en el barrio de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, justo el que el Cabildo está empeñado en adquirir y que “en la actualidad es propiedad de un constructor condenado por varios procedimientos judiciales”.

El máximo órgano entre congresos del PSOE aprobó una resolución en la que también “se condena la falta de transparencia que CC ha tenido en este asunto” y se propone “iniciar la búsqueda de emplazamientos alternativos”, aseguró este partido en una nota de prensa.

Muestra de fortaleza y unidad contra las políticas de CC

La reunión del Comité se celebró en el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava y reunió a representantes del partido de toda la isla. En ella casi la totalidad de las votaciones se resolvieron por unanimidad. El secretario general del PSOE de Tenerife y candidato socialista a la Presidencia del Cabildo, Pedro Martín, destacó precisamente “la fortaleza de la dirección insular y el consenso de todo el partido en la isla para remar en una dirección común”.

El líder socialista aclaró que “no estamos de acuerdo ni con la valoración ni con el procedimiento llevado a cabo” para la compra puesta en marcha por el IASS. “El dinero estaría mejor empleado en construir un edificio nuevo, adaptado a las necesidades de las personas que necesitan cuidados especiales”, replicó Pedro Martín.

El mismo Comité del PSOE tinerfeño aprobó la gestión del primer año de funcionamiento de la Ejecutiva insular. Las resoluciones respaldadas tuvieron como asuntos centrales los de proponer medidas para la mejora de la movilidad, las viviendas de Las Chumberas o las de Añaza, el transporte sanitario, el cierre del anillo insular, la salud mental, la transición ecológica, el nuevo modelo energético y la igualdad.

Todas esas, se asegura en una nota del PSOE, son cuestiones en las que “CC ha demostrado carencias y su incapacidad para resolverlas”. Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad, así como las del gas y las renovables.

El Comité finalizó con una ponencia del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

El PSC de Tenerife no se ha planteado romper el pacto con CC en el Cabildo insular, pero ha advertido al presidente Carlos Alonso que mantener un acuerdo de gobierno no significa “sometimiento ni servidumbre”, afirmó esta tarde de viernes el secretario general de los socialistas de la isla, Pedro Martín.

De esta manera, se ha manifestado el también candidato del PSC a la Presidencia del Cabildo tinerfeño en declaraciones a los medios de comunicación antes de una reunión del comité insular de su partido en La Orotava.

Pedro Martín señaló que en la reunión del comité estaba previsto debatir sobre la oposición del PSC a la compra de un edificio en Cabo Llanos como centro sociosanitario, y pidió al respecto a Carlos Alonso que reflexione sobre este asunto porque hay otras alternativas, como usar “esa enorme cantidad de dinero” -23 millones de euros- para construir un inmueble para este fin.

Preguntado por si el PSC se ha planteado romper el pacto suscrito con los nacionalistas canarios en el Cabildo, Martín contestó que no se lo planteado, pero desconoce si hay interés por parte de CC para que se rompa el acuerdo.

De entrada un partido que quiere romper un pacto no apoya los presupuestos de la Corporación para 2019, como ha hecho el PSC, precisó.

Sin embargo, advirtió el máximo dirigente de los socialistas tinerfeños que está “claro” que el PSC “no está para decir que sí” a cualquier iniciativa que plantee el presidente del Cabildo.

“Estar en un pacto no significa sometimiento ni servidumbre”, agregó Pedro Martín, quien reiteró su desacuerdo con la compra de un edificio al constructor Antonio Plasencia. A su juicio, Carlos Alonso debe entender que no gobierna con mayoría absoluta en el Cabildo y que, por lo tanto, debe negociar, algo que no sabe si ha tenido en cuenta.

El comité insular del PSC también tiene previsto abordar asuntos como la “incapacidad” del Gobierno de Canarias para gestionar la política de vivienda, la sanidad, las carreteras y la movilidad en la isla.

Igualmente, Martín aseguró que el presidente regional, Fernando Clavijo, trata de encubrir “con un velo de humo” su propia incapacidad para gestionar y echa la culpa al Estado en relación con las partidas asignadas a Canarias. 

El documento clave para que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife haya acordado la polémica compra, sin concurso, a una empresa de Antonio Plasencia de un edificio en Cabo Llanos, municipio de Santa Cruz de Tenerife, por 23 millones de euros entró en el Registro General del organismo el día 14 de de diciembre pasado, con número 1/31.289.

Tal fecha implica que no consta formalmente en el expediente hasta ese momento, a pesar de que el escrito está fechado el 1 de octubre de 2018. Es en los días siguientes a la fecha de la oferta de Carlacand -dos meses antes de su entrada oficial en el IASS- cuando se pone en marcha la maquinaria administrativa para encargar una tasación del edificio de la familia de Antonio Plasencia, que la empresa Tinsa entregó en tiempo récord el 18 de octubre, según se expone en los informes técnicos de dicho organismo autónomo y en la propuesta de acuerdo que salió adelante el 28 de diciembre en su consejo rector, tras anularse la cita del día anterior por no estar preparado el informe del interventor delegado.

Pero es más, manuscrito sobre el sello aparecen las letras SGA y el número 5060, siglas que presumiblemente corresponden al Servicio de Gestión Administrativa del IASS, pues otro documento registrado ese mismo día en este departamento lleva la numeración 5065, y se trata de un informe del Servicio de Atención a la Dependencia que avala la necesidad y oportunidad de comprar el inmueble.

Así consta, al menos, en la copia del expediente entregada a los grupos políticos de la oposición, que lo solicitaron tras la polémica surgida al publicar Tenerife Ahora que el edificio cuya compra anunció en nota de prensa el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), el 28 de diciembre era propiedad de la familia de Antonio Plasencia, constructor doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos, por los que afronta una responsabilidad patrimonial de más de 100 millones de euros.

En los informes técnicos del IASS sobre este expediente se menciona además que “en octubre se produjo una oferta”, pero en ninguno, curiosamente, se explicita qué día. 

De la valoración hecha por Tinsa en el expediente consta una copia (sin sello de registro) que fue firmada electrónicamente el 30-10-2018, a pesar de que en el informe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS figura que este documento fue entregado por dicha empresa el día 18 de ese mes, fecha que también aparece en la propia tasación.

Tinsa es la compañía que precisamente infló de manera artificial el precio de las parcelas de Las Teresitas en contacto con el arquitecto de Antonio Plasencia, como se prueba en la sentencia de la Audiencia Provincial, recurrida ante el Supremo y por ello aún no es firme.

El escándalo político sobrevenido ha hecho que CC se haya quedado sola en defensa de la limpieza de este expediente, que además incluye otros 6,1 millones para Plasencia, pues se encargará también de adecuar el inmueble a uso sociosanitario, lo que totaliza 29,1 millones adjudicados a dedo.

Aunque en el consejo rector del IASS los partidos PSOE y PP apoyaron la operación, posteriormente ambos han reculado, acusando de “oscurantismo” a CC en este asunto.

No obstante, hay que recordar que en la propuesta acordada el 28 de diciembre en ese órgano figuraba con total claridad que el representante de Carlacand es Carlos Antonio Plasencia Romero, hijo del constructor condenado.