El impulso del Gobierno de Jorge Azcón a la enseñanza concertada continúa en Aragón. Primero fue la concertación del Bachillerato —una medida que provocó una fuerte contestación en la escuela pública— y ahora es el turno de la Formación Profesional. El aumento de titulaciones en centros privados y concertados, especialmente en los grados superiores vinculados al sector audiovisual, preocupa a una parte del profesorado de la red pública. Mientras que en 2023-2024 el 86% de las nuevas implantaciones correspondían a centros públicos, la proporción se reduce al 60% en la planificación para el próximo curso, impulsada por la entrada de nuevos ciclos en centros privados y concertados.

Buena parte de ese incremento de la oferta privada se explica por la futura Ciudad del Cine de Zaragoza. El complejo audiovisual de Distrito 7, cuya gestión formativa ha sido adjudicada al Grupo San Valero durante los próximos 30 años, incorporará siete ciclos audiovisuales concertados con cuotas de alrededor de 60 euros al mes por alumno. Entre ellos figuran Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos o Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

La medida ha despertado inquietud entre docentes de la red pública, que temen que esta nueva oferta compita directamente con enseñanzas similares ya implantadas en centros de Zaragoza, Huesca, Barbastro o Teruel. “Van a competir por los mismos alumnos”, resume uno de los profesores consultados. Según recuerdan desde la enseñanza pública, Producción de Audiovisuales se imparte en Teruel y Realización en Barbastro, mientras que otros ciclos del ámbito audiovisual también están presentes en centros públicos de Zaragoza y Huesca. “Cuesta mucho encontrar alumnos para algunos de estos estudios. Nos preocupa que una parte de esa matrícula se desplace ahora a la nueva oferta concertada”, explican.

Sin embargo, las críticas no se centran solamente en la competencia entre centros. Los docentes recuerdan que algunos de los ciclos que ahora volverán a ofertarse en Distrito 7 ya formaron parte del catálogo de CPA como enseñanzas privadas. Según explican, Producción de Audiovisuales dejó de impartirse hace alrededor de cinco cursos e Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen lleva varios años sin conseguir abrir grupo de primero. “Dos ciclos que cerraron por falta de alumnos vuelven ahora convertidos en concertados. Antes costaban alrededor de 400 euros al mes y ahora tendrán cuotas muy reducidas. Es evidente que eso cambia las condiciones de partida”, señalan.

La situación genera especial malestar porque, según denuncian, en los últimos años se han cerrado ciclos en zonas rurales por no alcanzar los mínimos de matrícula exigidos por la Administración. “Hemos visto desaparecer enseñanzas en el medio rural porque no se llegaba a determinados números de alumnos. Por eso sorprende que ahora se concierten ciclos que ya habían demostrado dificultades para captar estudiantes”, apuntan.

La polémica se enmarca dentro del desarrollo de Distrito 7, el gran complejo audiovisual que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza en los antiguos suelos de Giesa. La futura Ciudad del Cine prevé arrancar con alrededor de 400 alumnos y una oferta centrada en perfiles audiovisuales, uno de los sectores por los que más está apostando la Administración autonómica en los últimos años. El Gobierno municipal adjudicó recientemente al Grupo San Valero la gestión del área formativa del proyecto durante los próximos 30 años. La alcaldesa, Natalia Chueca, justificó la adjudicación de la Formación Profesional al Grupo San Valero por tratarse de “una entidad aragonesa de referencia, con casi 30 años de experiencia en formación audiovisual, reconocida por todo el sector y con una capacidad única para ofrecer de manera integral formación profesional, universitaria, especializada y para el empleo en el ámbito audiovisual”.

Varios docentes temen que la concentración de recursos, instalaciones y promoción en torno a este proyecto termine perjudicando a enseñanzas ya implantadas en la red pública. También alertan de una posible competencia por las plazas de prácticas en empresas, un aspecto clave en la Formación Profesional.

Las críticas coinciden además con la decisión del Departamento de Educación de suprimir varios ciclos de FP en centros públicos de Calatayud, Ateca e Illueca. Entre ellos figuran el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del IES Emilio Jimeno, el de Termalismo y Bienestar del IES Leonardo Chabacier, el grado medio de Cocina y Gastronomía del IES Zaurín o el de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Sierra de la Virgen. La medida ha sido criticada por el PSOE, que considera que supone un nuevo golpe para la oferta educativa en el medio rural: “Golpea directamente al corazón del mundo rural. Es un desastre”, ha dicho el portavoz comarcal de la Comunidad de Calatayud, Ramón Duce.

No es la única polémica que atraviesa esta nueva Ciudad del Cine, la adjudicación de este complejo se hizo de forma directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, después de que se declarase desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió. Esto fue calificado como “chapuza” por parte del PSOE y como “un verdadero fiasco” desde Zaragoza en Común.

El peso de la pública cae en las nuevas implantaciones

En el curso 2023-2024 se identifican 29 nuevas enseñanzas, de las que 25 se implantaron en centros públicos y cuatro en concertados o privados. Un año después, para 2025-2026, la proporción se mantenía similar: 22 de las 27 nuevas enseñanzas correspondían a la red pública. Sin embargo, en la planificación para 2026-2027 la distribución cambia. De las 25 nuevas enseñanzas identificadas, 15 corresponden a centros públicos, tres a centros concertados y siete a centros privados, la mayoría vinculadas al ámbito audiovisual. Este cambio en el modelo ha sido calificado por CCOO como un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

Aun así, en el conjunto de los tres cursos analizados, la red pública sigue concentrando la mayor parte del crecimiento de la oferta. De las 81 nuevas enseñanzas identificadas, 62 se implantaron en centros públicos, 12 en concertados y siete en privados.

Desde Educación defienden que la ampliación de la FP responde a la necesidad de adaptar la formación a los sectores con más demanda laboral y a la creciente demanda de estas enseñanzas. Recuerdan que este curso casi 450 personas se quedaron sin plaza en su primera opción en Zaragoza y no pudieron entrar: “Para evitar que se produzca una situación similar, se decide concertar plazas en ese Distrito 7; desde el Departamento se entiende que no deben quedarse casi medio millar de aragoneses sin poder formarse estando esa posibilidad”, exponen. Añaden que las plazas de FP sostenidas con fondos públicos “no compiten entre sí, sino que se complementan para sumar talento y oportunidades de empleabilidad”.

Sin embargo, los docentes reclaman conocer los criterios que han llevado a autorizar esta nueva oferta audiovisual y si se ha evaluado el posible impacto sobre los ciclos públicos ya existentes. “Nosotros no cuestionamos que haya más formación audiovisual”, concluyen. “La pregunta es por qué se financian nuevas enseñanzas en centros privados cuando ya existen ciclos similares en la red pública y algunos de ellos siguen luchando cada año por mantener la matrícula”.

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

La música es más cara que las matemáticas. Los idiomas, también. Pero los reyes son el canto y el tenis. El sector de las clases particulares marcha en España, subido a una espiral en la unos no se quieren quedarse atrás en clase y otros, que no necesitan este refuerzo, apuestan por diferenciarse de los demás perfeccionando habilidades y conocimientos. Puede ser para ampliar el universo personal (instrumentos, deporte) o mantener el académico (lenguas extranjeras, ahondar en materias); se da en presencial y, desde la pandemia, mucho a distancia también, según una radiografía del sector realizada por el portal especializado TusClasesParticulares.com en base a 70.000 anuncios.

El precio mediano de una clase particular en España es de 15 euros la hora, según este análisis. Las más caras se van hasta los 25 (siempre con medias, se han eliminado los extremos para no distorsionarlas) mientras las más baratas caen hasta unos 10. Puede haber diferencias de hasta el 50% en el precio entre las grandes ciudades y localidades más pequeñas y, destaca el informe, lo online no significa necesariamente más asequible porque es ahí donde se ofrece el profesorado especializado, más escaso.

Una de cada dos familias (un 47%) con hijos en edad escolar recurre a las clases particulares, según recogió el estudio Educación en la Sombra, realizado por EsadeEcPol en 2023, y la previsión es que este mercado solo crezca. Actualmente, está valorado en unos 2.000 millones de euros anuales, según Deep Market Insight, que calcula que subirá un 9% anual hasta 2033 apoyado en la incorporación a este sector de hogares con menos poder adquisitivo. Esade calcula que cada estudiante gasta 270 euros al año, de media, en esta partida.

“La demanda continúa al alza”, corrobora Albert Clement, CEO de TusClasesParticulares.com. “Y esto es especialmente relevante porque sabemos que la natalidad en los últimos años ha caído, por lo que los jóvenes en edad de recibir clases son menos. La penetración de este tipo de servicios se ha incrementado”, sostiene.

La "educación en la sombra" se consolida como un bien de primera necesidad, según interpreta Esade el comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años: "La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no le ha afectado; es el caso en todos los hogares, incluidos los de menores recursos”

La educación en la sombra se consolida como un bien de primera necesidad, argumenta Esade en base a su comportamiento en los últimos años: “La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no parecía haberle afectado en absoluto, y (...) además es el caso en todos (...) los hogares, incluidos los de menores recursos y los que más sufrieron el impacto de la Gran Recesión”.

Los datos dicen que el sector crece apoyado en un “cambio de paradigma”, explica Clement. “Empieza a haber muchas familias que recurren a estos servicios para complementar la formación que ofrece la escuela; hasta ahora el uso más habitual era para mejorar y no quedarse atrás”. Según este experto –el portal está integrado en una red internacional– España estaba históricamente a la cola de Europa en este uso de las clases particulares, situación que está cambiando.

El análisis de Esade respalda esta afirmación. El 30% de las familias más humildes paga clases particulares para sus hijos, un dato que las más pudientes duplican, con un 60%, según el informe. De cada tres euros que se invierten en las clases particulares, dos se destinan a “ampliar y perfeccionar” y el otro a “reforzar y recuperar”; el afán diferenciador se va imponiendo.

“La hipótesis de que las familias con más capacidad de gasto tienden a gastar más en clases particulares para ampliar y perfeccionar cobra fuerza cuando vemos que los hogares más ricos gastan más en clases de idiomas y de artes. En el quintil 5 [el 20% de los hogares más adinerados], la combinación de ambas asciende hasta el 74% de su gasto, mientras que se queda en el 45% en el Q1 [el 20% más humilde]. Las clases particulares de materias centrales del currículum, que se atribuyen a clases de refuerzo y recuperación, son el gasto mayoritario en los dos quintiles inferiores, para después caer con fuerza en los tres quintiles superiores hasta llegar a un mero 18% del total del gasto en el quintil más rico”, exponen los autores.

La familia de Rosa –quintil uno– es la personificación en un solo hogar de esta descripción. El hijo pequeño, con más problemas de rendimiento académico, recibe clases particulares de materias como Matemáticas o Física. El mayor, con más facilidad para el instituto, aprende robótica o programación fuera de la escuela. “Nos funcionan muy bien las dos”, asegura. “Un dinero bien invertido”. En su caso, tradicional como es, prefiere (y ha encontrado) un profesor a domicilio.

La especialización se paga

El diferente uso de las clases particulares puede explicar la situación del mercado que dibuja el informe de TusClasesParticulares.com. Un mercado en el que las clases particulares no dedicadas a cuestiones estrictamente académicas (idiomas aparte por su propia idiosincracia) son más caras que las destinadas al refuerzo de materias.

Así, las clases particulares de deportes, música y artes ascienden de media a 20 euros la hora, las categorías más costosas. Le siguen los idiomas y la tecnología, con 15 euros por cada 60 minutos. Las cuestiones más ligadas a las clases de la escuela o el instituto –humanidades, matemáticas y ciencia y apoyo escolar– caen al rango entre los 13 y los 10 euros.

El informe del portal especializado también muestra que lo online, quizás contraintuitivamente, es más caro en algunas áreas porque es el espacio en el que se mueve el profesorado especialista, que escasea y lo cobra, explica Clement.

“Según sube el nivel del alumno el profesor tiene que estar más especializado”, explica el CEO. “Y en las clases a distancia se está configurando un segmento muy profesionalizado, con un perfil muy alto, que por el exceso de demanda de estos perfiles puede ser más caro”.

En Matemáticas, Euskera, Música, Programación, Alemán, Química, Español para extranjeros, Economía, Inglés y para la ESO en general el precio de las clases a distancia sube, en el orden citado, entre un 36% y un 6,7% extra, según TusClasesParticulares.com.

Respecto a las ciudades, Barcelona, Madrid y Palma copan el podio de las más caras con 15 euros la hora de precio medio, cifra que va cayendo hasta los 10 euros de Córdoba y Granada, las localidades donde la enseñanza privada es más asequible.

¿Se amplía la brecha?

Los autores del informe de Esade analizaban si el diferente modo en que unas familias y otras utilizan las clases particulares acaba suponiendo que se amplía la brecha que existe de partida entre hogares acomodados, que rinden mejor en la escuela, y los más humildes.

Ángel Martínez, economista investigador en EsadeEcPol, explicaba cauto que “para saberlo a ciencia cierta habría que cruzar los datos con los resultados educativos” y argumentaba que “la diferencia entre quintiles [de renta] no es tan grande como estamos acostumbrados”, aunque admitía que “puede ser que aumente la desigualdad”. El otro autor, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, era más categórico: “Sin duda son un factor de desigualdad. Las clases particulares distinguen a los más ricos, la novedad es que las clases medias se están incorporando”.

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas. Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que “hay secreto de sumario y se está investigando”, por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que “se esclarezcan los hechos”. Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que -sin entrar en pormenores del caso- aludía a las “delicadas circunstancias” relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, “desde el primer momento” en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado “con la máxima diligencia y responsabilidad”. Apunta que está “colaborando plenamente” con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. “Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, continúa.

Por ello, apela a que “se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada”, y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga “desde el respeto absoluto” hacia los menores afectados. El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para “acompañar adecuadamente a las familias y alumnos” y concluye con un agradecimiento a la “comprensión, colaboración y responsabilidad” de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene “información directa”

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de “información directa” y ha alegado que se trata de un colegio privado. En todo caso, ha transmitido “todo el apoyo que se pueda dar a las niñas” afectadas y “a sus familias”. Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería “absolutamente despreciable”. “Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas”, ha zanjado.

Es una realidad que ha habido grandes avances en la educación pública. Pero es igual de incuestionable el deterioro actual“. Aurora Ruiz ha estado analizando el mundo educativo durante décadas desde el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, lo que le ha permitido ver a la escuela pública crecer, abrazar la universalidad y la equidad, sufrir los recortes y, en los últimos tiempos, convertirse en un mercado, especialmente la universidad, cuenta. Todo en 50 años.

Hoy, en plena oleada privatizadora, España vuelve a debatir, si es que alguna vez dejó de hacerlo, sobre el papel de la escuela, dice Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. “No se ha conseguido un acuerdo sobre la función social de la escuela. Si la educación tiene la función de compensar desigualdades o si la meta es el esfuerzo y la excelencia. Aunque yo no creo que esto sea contrario a la equidad, se presenta así”. Para esta experta esa “tensión” es “un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. El individualismo, la derechización, lleva a la gente a considerar la educación como un elemento para su beneficio privado y a discutir la función social de la escuela como un medio de compensación de desigualdades”, la función que (teóricamente) se le asignó cuando se democratizó. Y esa dicotomía se ha ido trasladando a las sucesivas leyes y a las aulas.

La educación postfranquista empezó con Franco, coinciden los expertos. Cojo aún, inicial, pero el libro blanco de la Educación publicado en 1969 –tan crítico con el sistema que “sorprende que se pudiera editar y difundir”, en palabras de Álvaro Marchesi, alto cargo varios años en el Ministerio de Educación– modeló la Ley General de Educación (LGE), primer gran punto de inflexión del sistema educativo español.

Hasta entonces la escuela era segregadora –chicos por un lado, chicas por otro–, controlada por la Iglesia y para unos pocos. El propio libro blanco explica que de cada 100 alumnos que iniciaron la Primaria en 1951, 27 llegaron a la Enseñanza Media, 18 aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental, diez el Bachillerato Superior, cinco el Preuniversitario y tres culminaron estudios universitarios en 1967. Ese año había medio millón de niños sin escolarizar.

La LGE rompió con aquello, o al menos sentó las bases para hacerlo. Estableció la obligatoriedad hasta los 14 y reconoció la etapa preescolar (Infantil hoy). Tras la muerte de Franco, los Pactos de La Moncloa impulsaron la educación como un bien común, universal, público y gratuito, como quedaría plasmado en el artículo 27 de la Constitución, incluidas las alusiones a la “libertad” y la “igualdad” que modelan las dos visiones de la escuela que chocan hoy, adelanta Ruiz.

Comenzó entonces la ingente tarea de llevar esos principios a la práctica. El cambio que se iba a llevar a cabo fue una de las mayores transformaciones sociales de la incipiente democracia, coinciden las personas consultadas, y comenzó la construcción masiva de institutos y centros de FP.

“Se ideó una escuela inclusiva, en la que están niños y niñas que no estaban y ahora sí –recuerda Martín–. Se hablaba de inclusión y a un concepto más amplio de inclusión, de la diversidad general del alumnado, de la importancia de incluir como parte de esta diversidad al alumnado con dificultades socioeconómicas. Era una tendencia a hacer un sistema más comprensivo, que el alumnado estuviese junto, que no se separasen en itinerarios”. Una escuela para todos.

Pero en 1985 hubo un hito que marcaría dónde estamos hoy: para apuntalar esta expansión a bajo coste, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que estableció el sistema de conciertos para la financiación pública de centros privados. Se abría una puerta de par en par a la escuela concertada.

La gran expansión

Los siguientes años el sistema educativo estuvo recogiendo los frutos de esas grandes reformas. Se continúa ampliando la educación para todos. La LOGSE, de 1990, universalizó la educación obligatoria hasta los 16 años, y la década de los noventa consolidó una amplia red pública.

En paralelo, las universidades públicas vivieron un crecimiento sin precedentes: bajo la misma concepción de un sistema para todos que regía las etapas obligatorias, se llevó la educación superior a casi cada rincón del país abriendo nuevos campus en ciudades medianas (Palma, Cádiz, varias localidades castellanomanchegas, Jaén, Logroño, Almería, Huelva, etc.), y se democratizó el acceso. En 1975 había apenas medio millón de universitarios; en el año 2000, eran ya más de un millón y medio, la inmensa mayoría en instituciones públicas. Para cientos de miles de familias era la primera vez que alguno de sus miembros pisaba un campus.

Con matices, con desigualdad y mucho abandono, pero en apenas 25 años se había alfabetizado a todo un país. La evolución del gasto educativo muestra el esfuerzo: en 1976 el gasto en el sector fue de 912 millones, equivalentes al 1,9% del PIB. En el 87 se había multiplicado por nueve para alcanzar los 8.237 millones (el 3,13% del PIB) y en el 2000 alcanzaba los 27.407 millones de euros (un 4,35% del PIB).

En el cambio de siglo, el sistema público mostraba una madurez “inédita” en la historia de España: cobertura casi universal, profesorado cualificado y una estructura institucional sólida, aunque ya asomaban ciertos elementos (escuela concertada, las primeras universidades privadas) que anticipaban lo que vendría.

Y entonces llegó José María Aznar.

El giro neoliberal

En su segunda legislatura, ya con la mayoría absoluta en la mano, el expresidente empezó a sentar las bases de lo que vendría. Su Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), que aunque nunca llegó a aplicarse plenamente ya adelantaba una concepción más competitiva del sistema educativo: rankings, autonomía de centros, y un discurso de “excelencia” que preparaba el terreno para la lógica del mercado.

También se consolidó e impulsó el sistema de conciertos educativos. Como hizo en 1985 Felipe González, muchas comunidades autónomas, ya titulares de las competencias educativas, eligieron esta vía, más barata que construir centros, para hacer frente al crecimiento demográfico e inmigratorio de la década de 2000. La red pública crecía de forma contenida; la concertada se expandía.

La ola ya era imparable y la última estocada la dio la crisis de 2008 y los recortes que vinieron detrás, que dieron paso a la llamada “década perdida” en educación. Al presupuesto educativo se le quitó un 13%, según datos del ministerio, y las familias tuvieron que empezar a poner el dinero que el Gobierno no invertía. “Está más que demostrado por la sociología de la Educación que existe una correlación inversa en cuanto que lo que no gasta el Estado lo hacen las familias”, explica Fernando Trujillo, profesor en la Universidad de Granada. El gasto particular en educación pasó de 7.318 millones de euros en 2004 a 11.417 millones en 2019.

La función social de la escuela

Los recortes, junto a las reformas del PP, marcaron un punto de inflexión y empujaron una nueva visión de la escuela, coinciden Ruiz y Martín. Empieza a coger fuerza la idea de “que mi hijo esté bien educado”, explica la catedrática, “que choca con la tendencia de inclusividad anterior”. “Es una idea que en el fondo remite a ¿qué función social se le da a la escuela? Y esta tendencia dice que ninguna a nivel social, que se le da para cada persona”.

Cuando se une este pensamiento con el hecho de que la diversidad social –el alumnado con necesidades de apoyo, extranjeros con problemas de idioma, niños con discapacidad que entorpecen el buen discurrir de las clases– está mayoritariamente en la pública, el resultado es casi inevitable: “En los últimos años se ha disparado la visión de que la escuela concertada es buena y la pública mala”, remata Martín.

Es la disputa entre “libertad de enseñanza” (libertad de que mi hijo no se mezcle con migrantes o alumnado desfavorecido en general, y eso pasa en la privada, sea subvencionada o no) y la “igualdad” (la escuela debe reflejar la composición social), ambos términos presentes en la Constitución pero que se interpretan de manera casi contraria, explica Ruiz. Esta dicotomía marca el debate público y la evolución de las leyes: la derecha, capitaneada por el Partido Popular, siempre ha apostado por la primera; la izquierda, PSOE mediante, por la segunda.  

“Cuando ir a la pública se convierte en un acto militante, es que la hemos perdido”, se lamenta la catedrática Martín. A ella, cuenta, las familias de su localidad (Tres Cantos, en Madrid) le solían preguntar si era mejor la escuela pública o la concertada. “Hoy lo que me preguntan es si es mejor una concertada u otra”.

¿Campus o mercado?

Pero hablar de privatización hoy es hablar sobre todo de universidad. De nuevo, los números cuentan la historia: en 1975 había 23 universidades en España, de las que solo cuatro eran privadas. Tras la mencionada expansión pública, el balance en 1996 era 47-15; hoy es 50-46 y el sorpasso es ya solo cuestión de tiempo. El alumnado que acude cada día a un campus privado se ha duplicado en apenas diez años, y con él los ingresos.

Esta deriva preocupa en la universidad. “La irrupción del sector privado en el sistema plantea dudas tanto de calidad como de igualdad de oportunidades, dados los elevados precios de sus estudios”, afirma María Fernández Mellizo-Soto, profesora en el departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. “Es un disparate”, dicen, menos diplomáticos, algunos rectores de centros públicos, como Manuel Torralba, de la Universidad de Córdoba.

El plan Bolonia, la armonización del espacio europeo de educación superior, puso a principios de los 2000 las bases que facilitaron la expansión privada estableciendo el sistema de grado-máster. Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también dejó “una gatera abierta”, según lo define una profesora universitaria, al permitir que el precio de los posgrados –cada vez más importantes para distinguirse en un mercado ultracompetitivo, obligatorios incluso para ciertas profesiones– sea sensiblemente más alto que el de los estudios básicos, una cuestión que no imponía Bolonia.

En cualquier caso, la situación no es homogénea en todo el Estado, y cuando se piensa en universidad privada se piensa sobre todo en Madrid, donde se ha aplicado el guion neoliberal hasta la última coma. La región, gobernada por el Partido Popular desde 1995, aprovechó la crisis de 2008 para pegarle un estocazo a los presupuestos de sus centros públicos del que aún no se han recuperado. Madrid no es la única región que realiza estas políticas, pero sí el epítome de las mismas. ¿El resultado? En los últimos cinco años los créditos para pagar estudios han subido un 60%. “El mercado está invadiendo la educación”, se lamenta Ruiz.

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado de forma directa por un periodo de 30 años a Fundación San Valero –de carácter confesional y propietario de la Universidad de San Jorge– la parte formativa de Distrito 7, que a partir de septiembre ofrecerá siete grados de Formación Profesional (FP) en todas las ramas de audiovisual, con unos 400 alumnos que podrían pagar entre 60 y 70 euros al mes tras la resolución, todavía provisional, del Gobierno de Aragón para que sea una educación concertada el próximo curso académico.

Hay que recordar que la alcaldesa, Natalia Chueca, se verá también obligada a adjudicar de manera directa la gestión de la antigua fábrica de Giesa, donde aspira a explotar platós de cine, debido a que la única propuesta –de Equipment & Film Design España (EFD Studios)– llegó fuera de plazo.

Con el paso anunciao este miércoles, en Distrito 7 se ofrecerá FP tanto de grado medio en vídeo, disc-jockey y sonido; mientras que en grado superior se podrá elegir entre realización de proyectos audiovisuales y espectáculos; producción de audiovisuales y espectáculos; sonido para audiovisuales y espectáculos; iluminación, captación y tratamiento de imagen; animaciones, 3d, juegos y entornos interactivos; marketing y publicidad.

Esta formación audiovisual que imparte Grupo San Valero en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) se trasladará a Distrito 7 y las instalaciones de la calle de Sainz de Varanda seguirán impartiendo la formación relativa sanidad y deportes. Además, Distrito 7 albergará cursos de especialización, formación para el empleo y programas universitarios vinculados a Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual.

Con esta adjudicación directa, añade el Ayuntamiento, se reconoce “la trayectoria y singularidad del grupo San Valero, del que forman parte Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge, como única entidad aragonesa capaz de ofrecer de manera integrada toda la formación de la familia audiovisual de Imagen y Sonido, que abarca FP de Grado Medio y Superior, formación universitaria, formación para el empleo e investigación aplicada al sector audiovisual”.

30 años de concesión

El proyecto contempla que el Grupo San Valero realizará una inversión privada adicional de 600.000 euros en los dos próximos años, además de cerca de 4 millones de euros de canon durante el periodo concesional durante 30 años.

Chueca ha informado de que las obras de Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, están al 82% y la idea es que esté todo adjudicado en septiembre, incluida la filmoteca, excepto la parte de hostelería que se licitará más adelante.

Por su parte, el director general del Grupo San Valero, César Romero, ha defendido la colaboración público-privada al argumentar que este sistema de alianzas “se abre también al barrio de Las Fuentes”, para dinamizarlo y porque es “bueno” que este distrito tenga una oferta a partir de septiembre de siete ciclos en un sector que es de “talento y de crecimiento” y que para este grupo especializado en la formación es un “reto”.

Un “despropósito”

La oposición, sin embargo, no se ha mostrado tan entusiasta. El concejal del PSOE Horacio Royo ha tildado de “despropósito” la adjudicación directa y ha valorado que “demuestra el nulo talante democrático de la alcaldesa”. “Cuando existen serias dudas de la legalidad de la adjudicación directa de la unidad de producción, que se adjudique esta nueva parte del proyecto a una entidad educativa privada carece de justificación y ahonda en la irresponsabilidad de este proyecto, que supone regalar un edificio en el que todos los zaragozanos hemos invertido 20 millones de euros a una entidad privada para desarrollar negocios privados”, ha abundado, antes de anticipar que valorarán “ampliar las acciones legales” ya emprendidas por los socialistas.

Por su parte, el edil de Zaragoza en Común Suso Domínguez ha calificado de “nuevo regalo a sus amigos” esta adjudicación directa en Distrito 7, concedida “sin ningún tipo de concurrencia competitiva” a una entidad privada que “se va a beneficiar de la inversión del Ayuntamiento de más de 20 millones en este espacio”. “El Gobierno de Natalia Chueca hará todo lo posible por sacar este proyecto adelante aunque sea traspasando la legalidad y sin apoyar el beneficio de la ciudad”, ha añadido Domínguez.

Tres años después de que la Fundación Educatio Servanda se hiciera con la titularidad de la Escuela de Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, bajo el nombre 'CES Juan Pablo II', dentro de un proceso de cesión con bastante polémica, la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha todavía no había terminado de autorizar las enseñanzas que imparte el centro.

Ahora, a petición de la directora de la escuela, Amalia Almendro, la Administración regional por fin ha dado el visto bueno, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), a las enseñanzas que acogerá y que suman casi 200 plazas escolares.

Las instalaciones que ocupa esta escuela en el barrio residencial del Polígono son de las más antiguas de la zona y con una historia muy peculiar. Fueron cedidas por el Ayuntamiento, con el anterior Gobierno municipal del PSOE, a la Fundación Cofradía del Ciento, vinculada a la Asociación Provincial de Hostelería y con un polémico historial.

Pero ahora su titularidad es de la Fundación Educatio Servanda, organización ultracatólica que también ha protagonizado alguna que otra polémica en la gestión de colegios concertados en la Comunidad de Madrid.

Nació en 2006 a iniciativa de un grupo de familias cristianas procedentes de diferentes ámbitos sociales y “preocupadas por la deriva de la educación en España”. Su objetivo es trabajar conjuntamente para edificar un modelo educativo propio, “en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos”. Según publicita esta fundación, sus pilares son “familia, enseñanza, ocio, tiempo libre y presencia pública del católico”.

Un desembarco lleno de obstáculos

Su llegada a la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo se topó con varios obstáculos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, al tratarse de un edificio público y como entidad concesionaria, aprobó en febrero de 2023, cuando todavía gobernaba el PSOE, la cesión de la escuela a esta Fundación ultracatólica, pero la organización cristiana no tenía su titularidad. Seguía en manos de la Cofradía del Ciento, quien la gestionaba desde 1999, porque las “cláusulas” de ese acuerdo no se estaban cumpliendo.

El edificio fue renombrado como “Escuela Gastronómica y Centro de Estudios Superiores (CES) Juan Pablo II”. El nombre del famoso pontífice, de hecho, es el que Educatio Servanda le pone a casi todos los centros educativos que gestiona.

En Toledo, esta fundación ya disponía de otra escuela de estudios superiores con esa misma denominación en el Casco Histórico, pero estos estudios se trasladaron en su totalidad al edificio público del Polígono, junto con la escuela gastronómica.

Posteriormente, en marzo de 2024, el equipo de Gobierno municipal, ya en manos del PP y Vox, dio el visto bueno a la cesión de la titularidad, y la Escuela de Gastronomía pudo empezar a funcionar, aunque tres años después, las enseñanzas regladas no estaban claras.

Ahora, la Consejería de Educación, en la resolución mencionada, autoriza cerca de 200 plazas. Concretamente, da el visto bueno para 40 puestos escolares de un Grado Superior de Vitivinicultura y otras 40 para un segundo Grado Superior de Dirección de cocina.

Asimismo, la Escuela ya puede impartir dos grados medios, uno de Panadería, Repostería y Confitería, con 40 plazas; y otro de Servicios de Restauración, con otras 40. Además, también recibe luz verde para un Curso de Especialización en Panadería y Bollería Artesanales, en este caso con 20 puestos escolares.  

Educatio Servanda pidió impartir cursos no gastronómicos

En su momento, cuando se aprobó la transmisión de la titularidad de la escuela, la Fundación solicitó la autorización previa para ampliar los fines de dicha concesión a otras enseñanzas de formación profesional distintas a las gastronómicas, en régimen de enseñanza privada o concertada. Pero en la resolución aprobada hoy no figuran cursos que no estén relacionados con la hostelería.

Ahora, este centro debe presentar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, la relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas.

El profesorado deberá ser autorizado por el Servicio de Inspección de Educación antes de la entrada en funcionamiento de las enseñanzas autorizadas.

Siete de las nueve nuevas enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional autorizadas por el Gobierno de Aragón para el curso 2026/2027 se impartirán en centros privados o concertados, según la nueva oferta presentada este martes por el Departamento de Educación. La decisión ha provocado las críticas de CCOO, que denuncia una “privatización salvaje” de la FP y asegura que desde la llegada del actual Ejecutivo se han autorizado ya 7.216 plazas privadas en la comunidad.

La ampliación anunciada por el Gobierno incorpora 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas de primer curso entre grados básicos, medios, superiores y cursos de especialización. En Grado Básico se implantarán cinco nuevas enseñanzas, dos de ellas en centros privados o concertados: Informática de Oficina en el Colegio San Vicente de Paúl y Fabricación y Montaje en Serpi Fundación Picarral. Las otras tres serán públicas y se impartirán en los IES Andalán, Tiempos Modernos y María Moliner de Zaragoza.

En Grado Medio, una de las tres nuevas enseñanzas irá a la privada: Vídeo, Disc-Jockey y Sonido en CPA Salduie. Las otras dos, Electromecánica de Maquinaria e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, se ofertarán en centros públicos de Huesca y Zaragoza.

La mayor diferencia aparece en los grados superiores. De las nueve nuevas enseñanzas autorizadas, siete se impartirán en centros privados o concertados y solo dos en institutos públicos, lo que supone el 77,8% de la nueva oferta superior en manos de la red privada. En concreto, CPA Salduie incorporará seis nuevos ciclos superiores vinculados a las industrias culturales y audiovisuales: Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; Producción de Audiovisuales y Espectáculos; Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; y Marketing y Publicidad. A ellos se suma Mecatrónica Industrial en Salesianos Nuestra Señora del Pilar.

La red pública incorporará únicamente dos nuevos grados superiores: Marketing y Publicidad en el IES Pirineos de Jaca y Mecatrónica Industrial en el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas.

No obstante, los centros públicos mantienen el control absoluto en las enseñanzas especializadas y de actualización técnica. Las cuatro nuevas ofertas de Cursos de Especialización (los conocidos como 'másteres de la FP') y las cuatro nuevas dobles titulaciones de Hostelería y Turismo se han concedido de forma íntegra a institutos y centros públicos como el CPIFP San Lorenzo, la Escuela de Hostelería de Teruel o el Centro de FP Campus Digital de Zaragoza.

“Desmantelamiento” de la FP pública

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón consideran que estos datos evidencian un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

En su informe, CCOO asegura que el actual Gobierno ha autorizado más de 7.216 plazas privadas desde agosto de 2023 y acusa a la Consejería de generar un “déficit artificial” de plazas públicas que acaba derivando alumnado hacia la privada. El informe de CCOO desvela la “lógica perversa” que aplica la Consejería de Educación: “Se provoca un déficit artificial de plazas públicas al no atender la demanda creciente de las familias, abriendo una pasarela directa para que grandes corporaciones y fondos de inversión absorban al alumnado excedente con el consecuente perjuicio económico para las familias”.

El sindicato muestra su preocupación ante esta “masificación descontrolada de la oferta privada”, ya que consideran que podría “colapsar” el sistema de prácticas en empresas: “Al ser las plazas de prácticas un recurso finito, los miles de alumnos procedentes de la red privada corren el riesgo de desplazar y bloquear la titulación de los estudiantes de la red pública”. Por todo ello, CCOO Aragón exige “la paralización inmediata de esta deriva privatizadora, una auditoría seria de las necesidades reales de los centros públicos y una apuesta presupuestaria firme por la FP pública. Las plazas deben garantizar el derecho universal a una educación pública, gratuita y de calidad”.

El Departamento de Educación rechaza esa interpretación y defiende que la implantación de estos ciclos responde “a la necesidad de plazas y a la demanda del alumnado” en ramas vinculadas a las industrias culturales, uno de los sectores por los que el Ejecutivo asegura estar apostando. Según trasladan fuentes de Educación, este curso cerca de 450 personas se quedaron sin plaza en Zaragoza en estos ciclos tras solicitarlos en primera opción, por lo que la ampliación busca absorber esa demanda creciente. El Gobierno defiende además que la FP aragonesa supera ya los 28.300 alumnos matriculados en enseñanzas sostenidas con fondos públicos y destaca sus elevados índices de inserción laboral.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La nueva consejera extremeña de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, se ha estrenado con un enfrentamiento con PSOE y Unidas, a los que ha dicho: “sois la peor oposición que ha tenido Extremadura”. Ha reaccionado así al ser preguntada por la diputada de la coalición de izquierdas, Nerea Fernández, sobre las medidas que va a adoptar la Junta para atender las reclamaciones de mejora en las condiciones laborales de las Técnicas de Educación Infantil (TEI).

Fernández ha recordado a Valencia que se reunió con ellas en noviembre de 2024, entonces como portavoz del PP en la Comisión de Educación, y “estamos a mayo de 2026 y no han hecho absolutamente nada”.

La diputada de Unidas por Extremadura ha indicado que estas profesionales solo quieren que su trabajo sea dignificado con una bajada de las ratios, ya que es “humanamente imposible” que cada una de ellas se haga cargo de ocho bebés de 0 a 1 año; de 13, en el caso de los niños y niñas de 1 a 2 años; o de 18, cuando tienen entre 2 y 3 años.

Pero la consejera se ha defendido atacando y haciendo un guiño a la red de centros privados de Educación Infantil, cuya patronal se ha posicionado en contra de los intereses de las trabajadores de las guarderías públicas. Valencia ha acusado a la formación política que lidera Irene de Miguel de vivir “instalados permanentemente en el ruido y en el enfrentamiento” y de seguir “anclados en el discurso del miedo y la crispación”.

La consejera dicho que el Gobierno de PP y Vox “viene a gobernar para todos” y que “escuchará” esas reivindicaciones, que, por otro lado, ya conoce. Además, ha criticado que Unidas que solo apoye a los centros infantiles públicos. “Ustedes solo están con algunos”, ha dicho, al tiempo que ha defendido “la libertad de las familias” para elegir la guardaría que quieren para sus hijos.

Valencia ha expuesto distintas medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura por la Junta, como que desde 2024 la educación de 1 a 3 años es gratuita y que a partir de septiembre se incorporará la etapa de etapa de 0 a 1 año; o la estabilización de 67 Técnicos de Educación Infantil.

Sandra Valencia ha afeado también a la oposición que ella llevara en el cargo 4 días y aprovecharan una huelga nacional de este colectivo para “atacarnos”.

Tras su intervención, una representante del colectivo que se encontraba presente el la tribuna de invitados del hemiciclo de la Asamblea ha gritado la consigna “no guardamos, educamos”, por lo que ha sido invitada por el presidente de la Cámara a abandonar el recinto, lo que ha hecho junto a sus compañeras. 

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha acusado este martes a Geroa Bai, socio del Ejecutivo de María Chivite, de ser “irresponsable” por amargar con apoyar una proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada tras el anuncio de que se retirará la financiación pública a 14 líneas de Infantil por la caída de la natalidad.

“Estamos defendiendo la escuela pública y quizás hay que aclarar la ética de que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año”, ha señalado el consejero Gimeno, que ha asegurado que Educación está dando cumplimiento al acuerdo programático que PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin firmaron en 2023 para investir a María Chivite y en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Lo que el Departamento ha establecido simplemente es ante una bajada de matrícula, unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley”, ha defendido el consejero de Educación.

“Esto ha ocurrido toda la vida, cuando la escuela pública perdía unidades, ninguna formación política dijo nada. Ahora tenían la escuela pública como coartada, pero esa coartada ya no está encima de la mesa porque la escuela pública no va a perder unidades”, ha apostillado en respuesta al portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que este lunes se abrió a apoyar la ley presentada por UPN si Educación no rectificaba el cierre de aulas en la privada. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, dijo.

“Yo creo que se está conversando y se le está proponiendo a Geroa Bai que haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley. Si lo que quieren es hacer otra ley para que encajen sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad que genera que la escuela pública pierda peso”, ha defendido Carlos Gimeno.

Así, el consejero ha advertido de que la aprobación de la proposición de ley de UPN obligaría a revisar los conciertos que ya se han aprobado. “Todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años, que no han perdido ninguna unidad, pueden ver en riesgo esa adjudicación de unidades por mor de una proposición de ley foral”. “Las tres ikastolas excepcionadas, Sangüesa, Lumbier, que tiene una solicitud, y Viana, tienen asegurado un concierto para cuatro años, cuando son centros en grave riesgo de perder el concierto. La ikastola Jaso, que tiene una unidad más, puede ver en riesgo el incremento de esa unidad por la proposición de ley foral”, ha añadido.

El consejero de Educación también ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que le acusó de “intransigencia” por “cerrar” aulas sin la “voluntad” de la mayoría del arco parlamentario. “Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, lo soy”, ha aseverado Carlos Gimeno.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots a favor de PP i Vox i el rebuig majoritari de l'esquerra, la llei que permetrà la creació de la Universitat de Mallorca (Umac), un nou centre privat impulsat per Adema. La iniciativa reconeix la UMAC com una universitat privada amb personalitat jurídica pròpia i forma de societat limitada en un context de creixent debat sobre l'auge de l'ensenyament superior privat a les Balears i a la resta d'Espanya.

El nou centre, que s'ubicarà inicialment a Palma i Inca, oferirà titulacions en àmbits com Medicina, Odontologia, Enginyeria, Belles Arts o Ciències Polítiques, a més de màsters i doctorats. Tot i que no rebrà finançament directe dels pressupostos autonòmics, sí que podrà concórrer a convocatòries públiques competitives. La llei també regula la seva relació amb el sistema sanitari públic per a la realització de pràctiques, establint que els estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tindran prioritat en l'accés a hospitals i centres sanitaris.

L'impuls parlamentari de la Universitat de Mallorca va arribar després que els serveis tècnics del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats emetessin un informe desfavorable que qüestionava la viabilitat financera i les garanties docents i investigadores del projecte, tal com va informar El País, cosa que Adema va atribuir en un comunicat al fet que no havien pogut valorar-se alguns dels documents que acompanyaven al projecte perquè s'havien perdut en la seva “conversió a PDF”. Amb tot, atès que el dictamen no era vinculant, la Conselleria balear d'Educació va iniciar el seu propi procediment amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat del nou centre.

Finalment, la Conferència General de Política Universitària va emetre l'informe preceptiu necessari per avançar en el procés, un pas que, segons va denunciar Adema, es va produir “18 mesos després d'haver-se remès la memòria per part de la Conselleria”, atribuint aquesta demora a una “desició política” del Ministeri.

L'aprovació de la llei ha evidenciat, una vegada més, un fort xoc ideològic a la Cambra: des de MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertit que el Govern impulsa una política que “aposta per l'educació com un actiu de mercat i no com un dret” mentre que, en termes similars, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha denunciat que aquesta llei és la prova que els “lobbies” de les universitats privades “treballen colze amb colze amb el Govern per implantar-se a Balears”. “Parlan de llibertat però només volen afavorir l'ensenyament privat”, ha criticat. En una intervenció anterior, García ja va alertar que el text de la llei conté “diverses qüestions que generen dubtes”, com la figura jurídica d'Adema, constituïda a través d'una societat de responsabilitat limitada (Acadèmia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, per la seva banda, ha optat per l'abstenció, marcant distàncies amb el projecte, però evitant el rebuig frontal. Els socialistes reconeixen que aquesta iniciativa presenta diferències respecte a altres projectes privats, en haver-se desenvolupat -a parer seu- amb major diàleg i sense operacions urbanístiques controvertides. Tot i així, han advertit de “riscos” i han assegurat que estaran “vigilants” perquè el Govern no relegui la universitat pública. “En aquest cas sí que hi ha hagut debat i diàleg amb la comunitat universitària i s'ha fet sense imposicions ni operacions urbanístiques dubtoses. L'oferta de titulacions no entra en competència directa amb la universitat pública”, ha exposat la socialista Mercedes Garrido.

PP i Vox defensen la privada com a “oportunitat”

Des de la dreta, el PP ha defensat la llei com una ampliació del sistema universitari i no com una alternativa a la pública. “No hem triat entre reforçar la pública o ampliar el sistema, sinó les dues coses”, ha asseverat la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, per la seva part, ha emmarcat el debat en termes ideològics, defensant la universitat privada com a garantia de “llibertat” enfront del que ha qualificat com a “wokisme” en l’educació pública, i carregant contra la UIB per un suposat biaix ideològic.

El text de la norma incorpora algunes condicions després del seu pas pel Parlament, com l’obligació de destinar almenys un 5% dels ingressos a beques o el dret del Govern a intervenir en cas de canvi d’accionariat. A més, qualsevol nova titulació haurà de comptar amb l’aval de l’agència de qualitat universitària i l’autorització del Consell de Govern.

Per la seva part, Adema, promotora del projecte, ha celebrat l’aprovació de la llei i ha assegurat que la nova universitat permetrà reforçar la connexió entre la formació superior i el teixit productiu de les Balears. L’entitat preveu destinar 6,8 milions d’euros en beques durant la propera dècada per atraure talent i perfils d’alt rendiment.

Cal recordar que, el passat mes de setembre, el Govern ja va declarar com a projecte d’especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo. Amb aquesta decisió, l’Executiu atorgava un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les Illes.

Posteriorment, l’Executiu va anunciar la seva intenció de recórrer davant el Tribunal Suprem el decret del Govern central que endurirà els requisits per a la creació d’universitats privades, El vicepresident primer, Antoni Costa, va afirmar en el seu moment, de fet, que “no posaran bastons a les rodes” en el procés de posada en marxa d’aquests centres: “Creiem que l’oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] ha de ser complementada amb la privada. Es diu llibertat”.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.

El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha anunciado este lunes la creación de 30.275 nuevas plazas de Formación Profesional (FP) para el próximo curso 2026-2027, hasta alcanzar las 168.447 plazas públicas de nuevo ingreso en Andalucía.

A esa cifra hay que sumar la oferta de centros privados que, según estimaciones de la propia Junta, elevaría el total del sistema a unos 211.000 alumnos matriculados. Aunque la administración autonómica es la encargada de autorizar las plazas que se ofertan en la privada, fuentes de la Consejería aseguran a este periódico no disponer de un registro completo y sitúan en torno a 40.000 las plazas en la privada, sin desglosar titulaciones, ni modalidad presencial y a distancia.

En paralelo, CCOO Andalucía ha publicado un informe en el que analiza la situación de la FP en la comunidad y alerta del “avance de la privatización” de estas enseñanzas frente a “la escasez de oferta en la red pública”. Según los datos del Ministerio de Educación recogidos por el sindicato, hasta el curso 2024-2025, la FP privada ha crecido un 66%, frente al 29% que lo ha hecho la pública, concentrando más del 35% del alumnado que estudia FP en Andalucía (tres de cada 10 alumnos).

Frente a ello, la Junta defiende que el grueso del sistema sigue siendo público y sitúa en torno al 80% el alumnado en plazas financiadas con fondos públicos, incluyendo centros concertados. Según sus datos, “ocho de cada diez alumnos de FP estudian en Andalucía en la pública”, lo que reduce el peso de la privada a menos del 20%. Además, subraya que la oferta sostenida con fondos públicos ha crecido en más de 47.500 plazas desde 2018 —el 89,9% en centros públicos y el 10,1% en concertados—, lo que supone un incremento cercano al 40% en siete cursos.

La pública crece, pero por detrás de la privada

Desde el sindicato atribuyen este “baile de cifras” a la “falta de transparencia” por parte de la Junta, que no desglosa los datos oficiales —especialmente entre modalidad presencial y a distancia o entre titularidad de centros—, lo que, a su juicio, dificulta analizar con precisión la evolución del sistema. Este medio ha solicitado el desglose del crecimiento de la oferta privada desde 2018, pero la Consejería sostiene que no dispone de esa información.

El diagnóstico de CCOO es que la oferta pública “crece, pero no al ritmo de la demanda”. Según sus datos, más de 30.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en su primera opción en cada proceso de adjudicación, lo que empuja a muchas familias hacia la oferta privada. “Se está cubriendo con la privada una demanda que la pública no atiende”, explican desde el sindicato a elDiario.es.

El crecimiento es especialmente acusado en la FP a distancia, donde la oferta privada se ha disparado más de un 370%, de acuerdo con los datos recogidos por el sindicato. Esta situación, advierten desde CCOO Andalucía, tiene también un impacto económico en las familias, pues los ciclos en centros privados alcanzan ya los 3.000 euros por curso de media.

A distancia por encima de la presencial

La Junta, por su parte, insiste en que “jamás en Andalucía hubo tantas oportunidades públicas en la Formación Profesional” y destaca el aumento del catálogo de titulaciones, que ha pasado de 2.867 ciclos en 2018 a 3.773 en la actualidad. Esto es, un 31% más.

Uno de los ejes del nuevo plan, según señala la Consejería del ramo, es el impulso de la modalidad virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento con 28.265 nuevas plazas. La oferta presencial crecerá con 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso. Para CCOO, sin embargo, “la FP de calidad debe ser presencial”, y advierte de problemas estructurales como la dificultad del profesorado de la pública para encontrar empresas para las prácticas.

“La apuesta debe ser modernizar los centros públicos y garantizar una oferta suficiente”, concluyen desde CCOO Andalucía, que reclama mecanismos de control frente a una FP privada que sigue “creciendo de manera desmesurada”. Pese a la nueva oferta de la Junta, el sindicato interpreta que “el camino es la privatización”.

Todo ello en un contexto de creciente debate sobre el peso de la enseñanza privada, que sitúa a Andalucía entre las cinco comunidades con mayor peso de la FP privada en el territorio español.

El debate en torno a la educación es un tema presente en todas las familias. Para una persona de izquierdas, que defiende con uñas y dientes la educación y la sanidad pública, una de las dudas que siempre aparece cuando tiene que elegir a qué colegio quiere llevar a sus hijos es si uno cae en la incoherencia si eligiera uno privado después de haber puesto decenas de mensajes en redes sociales defendiendo lo público. ¿Le hace menos progresista escoger una escuela bilingüe donde van las familias más modernas y se imparten los métodos educativos más finos?

Eso no quiere decir que ya no apoye lo público, pero sí que es algo que suele ser señalado, porque a la hora de elegir para sus hijos se ha optado por el otro modelo del que no hablaba. Es en esa fricción tan actual y tan habitual, donde los guionistas Víctor García León y Borja Cobeaga, dos de los mejores escritores de humor del cine español, han sacado los colores a muchas personas (y a ellos mismos) en Altas capacidades, la brillante comedia con la que compiten en la Sección Oficial del Festival de Málaga y que se estrena el 27 de marzo en cines.

La comedia que dirige el mismo García León es una película llena de mala leche, pero fina en su bisturí, sobre una pareja (Israel Elejalde y Marián Álvarez) que se engaña a sí misma sobre que su hijo tiene altas capacidades para autoconvencerse de que tienen que sacarle del colegio público al que va y meterle en uno privado donde acude el hijo del jefe de él (un Juan Diego Botto que despliega el encanto de una serpiente de cascabel). Un colegio modernísimo, lleno de gente superprogre, escritores, artistas… y narcos. Uno que, además, les cuesta un riñón y va en contra de todo lo que han defendido. 

La película nació de una noticia de 2018, la de un señor que murió acribillado en la puerta de un colegio muy pijo. A la productora Marisa Fernández Armenteros —responsable de Altas capacidades, pero también de Los domingos junto al mismo equipo— le llamó la atención y se la mandó a Víctor García León para ver si había una comedia. “Le hacía mucha gracia que estos señores tan progres tuvieran esa reunión del AMPA para echar a la familia del narco colombiano, pero yo le decía que eso no era una comedia, pero ella me decía que sí, porque lo del ascensor social era muy divertido”, recuerda el director de los inicios del proyecto.

Víctor García León vio que en esa conversación había algo en el fondo que le incomodaba. “Yo llevo a mis hijos a un colegio privado que no podía pagar y le decía a Marisa, es que estas contradicciones que te matan de risa son las mías. A mí me estás jodiendo con esa conversación. Y entonces ella llamó a Cobeaga y él le dijo que estaba en ese momento haciendo un casting de colegios. Y es horrible, porque los colegios progres fenomenales no los puedo pagar, los de derechas son más baratos, pero son de derechas… era todo una mierda espantosa”, reconoce sobre esa incoherencia de la que nace su propia película. 

Casi contra su “voluntad” empezaron a escribir sobre un tema que les dolía a los dos guionistas. “El tema es doloroso y hay algo de eso que hemos escrito un poco torcidos. Borja es el guionista más listo de España y eso es una gozada y al final ya no podía, pero no se hacen comedias sobre este tema porque duele, porque nadie se pone a hacer una cosa sobre sus contradicciones, sus miedos, sobre dónde metes a tus hijos. Es que mis contradicciones tienen nombre y apellido y me iba a poner a hacer chistes sobre eso”, dice con humor.

Afirma que esa incoherencia es una de las más evidentes en la izquierda actual, pero también una que “dentro de unos años va a venir fuerte”. “Habrá un momento en el que nosotros, como generación de izquierdas, los que sean de izquierdas, pero yo, con todas mis contradicciones, me reconozco como alguien de izquierdas, veamos que en un momento dado hemos apostado por una educación lesiva contra nuestros principios y eso… hostia, rasca”, cuenta.

No se hacen comedias sobre este tema porque duele, porque nadie se pone a hacer una cosa sobre sus contradicciones, sus miedos

Víctor García León — Cineasta

Puede que todo se resuma en la frase que preside el cartel de Altas capacidades y que dice “Lo que sea por cambiar de clase”. Porque en esa decisión de llevar a los hijos a un colegio de pago progre hay mucho de complejo, de vergüenza de clase y de escapar. Víctor García León lo explica con la misma brillantez que en su película: “Cuando estás hablando de la educación de tus hijos, normalmente entras en un terreno viscoso ideológicamente. Quieres pensar que es por tus hijos, pero al mismo tiempo estás pensando que mejor que sean amigos del ministro, que no de un señor que tiene una ferretería. De alguna manera les colocas, cuando eliges colegio para ellos, en otro punto de partida. Entonces, si tú pudieras elegir ese punto de partida, ¿en cuál les colocas? Y es una mierda de pregunta”. 

Esa pregunta le enfrenta a sus “miedos, inseguridades y contradicciones”, porque en el fondo sabe que va de que “aprendan inglés”, si no de que “si tienes que elegir novios o novias para tus hijos intentas escaparte del reguetonero para elegir al chico que estudia una oposición”. No esconde todos los ‘ismos’ que hay detrás de esa decisión: “Es muy jodido porque sale todo nuestro racismo, nuestro clasismo y las cosas con las que uno debería luchar. Cuando eres padre salen solas cosas que son un material enorme”, asegura.

Altas capacidades se convierte en una rara avis, una comedia adulta, que mete el dedo en el ojo y que provoca una risa incómoda. Algo que, en un momento donde se producen mayoritariamente comedias familiares y blancas es una rareza, y García León cree que eso se debe a “que el imperialismo cultural tiene una aplicación clara”. “Si piensas en las diez películas españolas que más gustan, alguien puede poner Arrebato, o Lo imposible, pero lo normal es que salgan Saura, Trueba, Almodóvar, Berlanga… autores que tienen reparto y medios para hacer una película popular, pero que tiene un aliento creativo”, opina. 

“En ese terreno mixto es donde han salido nuestras mejores películas en la historia del cine español. Ese modelo de película no se da. Las televisiones privadas y las distribuidoras norteamericanas han empujado al cine español a hacer películas muy pequeñas de cine de autor y luego comedias muy obvias, de cómicos locales, que son justo las dos cosas que ellos no pueden hacer. Para todo lo demás están ellos. Entonces al final estamos en una carnicería donde nos dicen: hombre, si tienes algún solomillo exquisito puedes entrar, pero la carne picada es mía”, apunta sobre el momento actual de la industria. Por eso Altas capacidades “ha costado tres o cuatro años levantar la financiación”. Finalmente, la logró, y en su espíritu Azconiano, en el año del centenario del guionista, triunfa por su capacidad de clavar su bisturí al españolito medio para que sea vea por fin en el espejo de su incoherencia.

Acción-reacción, el PP está respondiendo a los movimientos de los últimos meses del Gobierno para limitar la expansión de lo privado en la educación y la sanidad. Desde lo legislativo, a través de leyes autonómicas o iniciativas diversas, hasta lo judicial, donde entran los recursos hasta donde haga falta llegar, los populares defienden su modelo educativo, que por extensión es lo mismo que defender la “colaboración público-privada”, alrededor siempre de la idea de la “libertad de elección”, que el Estado no puede socavar favoreciendo lo público, según su argumentario.

Universidad, FP, educación obligatoria, atención primaria, especializada, hospitales... El partido de Alberto Núñez Feijóo pelea en todos los frentes y contras las medidas del Ejecutivo en favor de lo público. En el Congreso o en las asambleas autonómicas. En la calle, en los medios o en los juzgados, y lo hace como parte de un enfrentamiento abierto entre PP y Gobierno a cuenta del modelo de país. Pedro Sánchez, tras siete años largos en La Moncloa, ha decidido dar la batalla ideológica al PP, históricamente menos reacio a aplicar sus políticas allá donde puede.

Lo explicó el presidente el día que presentó el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades. “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez. Sirve para los colegios, las universidades o los hospitales.

Primero fue la universidad, luego los hospitales

Recurrir este decreto, que el Gobierno modificó el pasado mes de octubre para endurecer los requisitos necesarios para abrir (o mantener) una universidad, ha sido precisamente lo último que ha hecho el PP en materia educativa. Los populares han cargado contra este RD por todas las vías. Han acudido a los tribunales bajo la idea de que “invade competencias” y están tratando de derogarlo en el Congreso porque considera el partido que el Gobierno “se ha extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley, generar inseguridad jurídica, haber sido aprobado sin consenso, y regular unos criterios que atentan a la calidad del sistema universitario”, pese a que la CRUE (que reúne a más de 80 universidades, tanto públicas como privadas), sindicatos, alumnado y el resto de los partidos están a favor del texto, que también ha sido avalado por el Consejo de Estado.

También se han revuelto los populares contra el anuncio de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pretende limitar, ni siquiera revertir, la privatización del sistema sanitario que comenzó con José María Aznar en 1997 y que en algunas comunidades gobernadas por los populares –históricamente Madrid, en los últimos años Andalucía aparece como alumna destacada– se ha disparado.

Tanto el PP nacional como los autonómicos salieron en tromba contra la ministra Mónica García. “La ministra García prefiere una sanidad 100% pública y colapsada que una sanidad eficaz que cuente con la colaboración público-privada. No se trata de gestión, se trata de sectarismo”, valoró la portavoz popular, Ester Muñoz, en una entrevista en RNE. “Andalucía defenderá su autonomía. No vamos a permitir que desde un despacho en Madrid se nos diga cómo gestionar nuestros hospitales si el modelo de colaboración es eficiente”, dijo Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. “Esta ley es un ataque directo a la libertad y a un modelo que funciona. Intentan prohibir por ley lo que funciona para imponer su ideología, aunque eso suponga más listas de espera para los ciudadanos”, añadió la madrileña Díaz Ayuso.

El partido ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional con unos argumentos similares a los empleados para el decreto universitario: invade competencias. Lo afirmó Díaz Ayuso el mismo día que se anunció la norma, exactamente como sucedió con el decreto de universidades.

En el apartado de oposición y recursos futuros está también la FP desde que el presidente Sánchez anunciara, hace dos semanas, que pretende limitar la expansión privada en este sector, desenfrenada como lo está en otras etapas educativas o en la sanidad. Explicó Pedro Sánchez que el Gobierno va “a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” porque algunos se han convertido en “chiringuitos que solo dan diplomas”, un argumentario calcado al que se utilizó con la universidad.

Calcada también ha sido la reacción popular. El portavoz de Educación, Jaime de los Santos, tachó a Sánchez de “hipócrita”. El del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, sostuvo que “el único chiringuito” es el que puso en marcha su mujer, Begoña Gómez, en alusión a la cátedra de la Complutense.

Regular a favor

Además de oponerse a lo que va intentando hacer o anuncia el Gobierno, la otra vía de defensa de lo privado pasa por regular en su favor allá donde puede, que en estos momentos es en varias comunidades autónomas, siempre con Madrid a la cabeza.

Está sucediendo estos días, con unas dificultades probablemente inesperadas que se han cobrado la cabeza del consejero de Educación, con las universidades. Entre otras muchas medidas, el proyecto de ley pone a disposición de los campus privados los recursos de los públicos como laboratorios, etc.

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha aprobado en solitario una ley que da voto a las universidades privadas en el diseño del sistema público.

Pero el ejemplo más paradigmático de esto quizá sea la Ley Maestra de libertad de elección educativa madrileña. Elocuente desde el nombre, la normativa se hizo en 2022 específicamente como respuesta a la ley nacional aprobada por el PSOE (Lomloe) y para “blindar” la escuela privada concertada, busque insignia del modelo educativo popular en la región, según admitió en su momento Ayuso.

Lo hace, por ejemplo, introduciendo el término “demanda social” para garantizar la oferta de plazas “sostenidas con fondos públicos”, la muletilla habitual cuando se quiere meter en el mismo saco a la escuela concertada y a la pública. Con esta “demanda social” y la “libertad de elección”, que el Gobierno regional nunca ha explicado como calcula, y cuando lo ha intentado no había argumentos, se justifica la creación de centros privados subvencionados, obviando que es difícil elegir público cuando no existe, como sucede en muchos nuevos desarrollos de Madrid.

Ya entonces el PP había recurrido a su movimiento habitual de intentar ganar en los tribunales lo que había perdido primero en las urnas y luego en el parlamento. Los populares participaron muy activamente de la campaña Más Plurales para intentar tumbar la última ley de educación, la Lomloe, a la que acusaban de atacar a la concertada. Fue aquella una campaña agresiva, en la que participó Hazte Oír con autobuses que mezclaban la imagen de la entonces ministra, Isabel Celáa, con Hitler, y en la que se recurrió incluso a niños pequeños.

El partido entonces de Pablo Casado recurrió a una táctica habitual en los azules: llevar a Europa lo que pierde en España. Como es habitual, porque muy rara vez Bruselas se inmiscuye en una ley nacional, no tuvo éxito.

Ayuso también ha sido pionera en crear el cheque-bachillerato, con el que paga parte de las matrículas centros privados de una etapa no obligatoria a familias que ingresen hasta 140.000 euros al año, un colectivo que para la presidenta es “clase media” y que necesita ayuda porque nunca nadie se acuerda de él, según ha explicado en alguna ocasión.