La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en los campus de la EHU de Bilbao, Donostia y Vitoria para denunciar “la ofensiva judicial contra el euskera”, después de que decenas de estudiantes hayan presentado demandas ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad y al menos 25 autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. “La ofensiva contra la normalización del euskera no se detiene. Al contrario, se está extendiendo, y ahora ha puesto en su punto de mira el sistema educativo. Solo así puede entenderse lo ocurrido en los últimos días: cómo se han utilizado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura de la prueba de acceso a la universidad para atacar al euskera. En estos días hemos visto cómo la preocupación de ese alumnado ha sido utilizada política y mediáticamente contra el papel que desempeña el sistema educativo de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la normalización del euskera. Y con especial gravedad hemos visto, una vez más, cómo el poder judicial ha tenido la última palabra, obligando a la EHU a eximir de euskera a los estudiantes que, tras obtener malos resultados, han acudido a la vía judicia”, han leído en un comunicado representantes del Euskalgintzaren Kontseilua organización que agrupa las principales entidades a favor del euskera, en los campus de EHU las tres capitales.

En el caso de Bilbao, ha sido la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, la encargada de leer el escrito, acompañada de representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas. “De nuevo, el poder judicial se ha situado por encima de las instituciones que cuentan con el conocimiento y la legitimidad para resolver esta cuestión, por encima de la propia EHU e incluso del Gobierno vasco. Mediante esta ofensiva política, mediática y judicial actualmente en marcha, se está profundizando cada vez más en el proceso de desoficialización del euskera. De hecho, lo ocurrido en torno a las pruebas de acceso a la universidad tiene consecuencias graves y evidentes en lo que respecta a la oficialidad del euskera. Por un lado, premiará y privilegiará en el acceso a la universidad a quienes renuncian al euskera. En cambio, menospreciará a quienes han otorgado al euskera la misma importancia que al resto de asignaturas, a quienes han respetado el lugar que le reconoce el currículo educativo y han hecho el esfuerzo de aprenderlo. Convertirá en víctimas de una gran injusticia a miles y miles de estudiantes. Y este perjuicio no se soluciona aumentando plazas. Si así fuera, habría que aplicar la misma lógica al alumnado que ha obtenido malos resultados en Matemáticas o Castellano y no está conforme con ellos”, ha lamentado tras una pancarta en la que se leía “Euskara guztiontzat”.

Según ha criticado, lo ocurrido deja al descubierto que aquellos que viven en euskera son “ciudadanos de segunda”. “Todo ello ha puesto de manifiesto hasta qué punto quienes nos desenvolvemos en euskera somos ciudadanía de segunda; hasta qué punto el euskera es una lengua de segunda y subordinada al castellano. El mensaje que se ha trasladado a la sociedad es claro: el euskera no vale tanto como el castellano. Todo ello está muy lejos de una verdadera oficialidad, muy lejos de la igualdad y aún más lejos de la política de normalización que necesita una lengua minorizada como el euskera”, ha aseverado.

Durante la concentración también han criticado el papel del Gobierno vasco en esta situación. Este martes, tras la primera resolución judicial que decretó medidas cautelares, se celebró una reunión de urgencia entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras la cual tomaron la decisión de ofertar más plazas en la universidad para que los alumnos que han recurrido su examen puedan entrar sin dejar al resto de los alumnos fuera. “En Euskalgintzaren Kontseilua vemos con gran preocupación la actitud mostrada en estos días por el Gobierno vasco ante esta cuestión. Ha sido especialmente inquietante comprobar que, en lugar de abordar el verdadero problema –que el sistema de modelos lingüísticos vigente deja a parte del alumnado sin alcanzar el nivel mínimo de euskera recogido en el currículo–, el Departamento de Educación ha optado por señalar al profesorado encargado de corregir los exámenes, poniendo en duda su conocimiento, rigor y criterio. Queremos expresar nuestro apoyo a todo ese profesorado que trabaja día a día en la enseñanza y transmisión del euskera, así como a quienes han participado en la corrección de las pruebas como parte de esa labor”, ha señalado Eskisabel.

Para las entidades a favor del euskera la solución es clara: acabar con los modelos educativos A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional y B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, cuyos alumnos son los afectados en los exámenes de euskera de la Selectividad de este año. “Tenemos claro que el núcleo de este problema reside en el sistema de modelos. Desde hace tiempo se sabe y se ha demostrado que los modelos A y B no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo. Estos modelos, además de obstaculizar el avance en la normalización del euskera, vulneran el derecho de miles de estudiantes a adquirir la lengua. Por ello, desde hace tiempo Kontseilua viene reclamando la superación del actual sistema de modelos y la generalización de un modelo educativo en euskera, con el objetivo de ofrecer más recursos a quienes menos euskera tienen. Ese es el camino, no solo para avanzar en la normalización y revitalización del euskera en un momento en que su futuro está en juego, sino también para desatar uno de los principales nudos como sociedad, profundizando en la justicia y la cohesión social”, ha trasladado, tras recordar que “en el último debate de la Ley de Educación se perdió una excelente oportunidad para dar ese paso”.

“En un momento en el que la ofensiva se ha extendido al ámbito educativo, se abre una nueva oportunidad para impulsar un modelo educativo generalizado en euskera, y queremos hacer un llamamiento a todos los agentes del ámbito del euskera y de la educación, así como a las fuerzas políticas y sindicales que creen en el futuro del euskera. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento a todas las personas euskaltzales, a toda la ciudadanía que defiende el euskera, la justicia social y la igualdad, para que sean impulsoras de este cambio. Mientras tanto, seguiremos trabajando para crear unas condiciones reales para poder vivir en euskera. Tomemos conciencia, empoderémonos y organicémonos como euskaltzales: en los centros educativos, en la calle, entre amistades, en las redes y en todos los ámbitos de la vida”, ha concluido Eskisabel.

Otra decena de estudiantes ha decidido presentar nuevas demandas ante la Justicia para que, al igual que en el caso de sus compañeros, no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad. Por el momento son cerca de 25 los autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao los que han decidido tomar medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. Se trata de una decisión recurrida por la EHU al considerar que “el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos”.

Aun así, un juez, Emilio Lamo de Espinosa, ha avisado al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano. Por ello, la EHU ha anunciado ampliar provisionalmente las plazas para que ningún alumno salga perjudicado aunque la preinscripción a los grados de la Universidad pública vasca finalizó este martes, 30 de junio.

Tras las denuncias los jóvenes podrán acceder, con la nota de Selectividad sin contar la el examen de euskera, a una plaza en la EHU -u otra universidad pública del país-, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos.

Desde el Consejo de Estudiantes temen que esta situación “sienta un precedente”. “Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Este jueves Euskalgintzaren Kontseilua, organización que reúne las principales entidades sociales a favor del euskara, ha convocado una manifestación en facultades de la EHU de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava “con el objetivo de denunciar la desoficialización del euskara, la ofensiva del poder judicial y el menosprecio sistemático hacia la lengua, superar el sistema de modelos lingüísticos y apostar por un modelo educativo generalizado en euskara que garantice que todo el alumnado, en igualdad, sea competente en esta lengua y avanzar en la normalización y revitalización del euskara en un contexto de emergencia lingüística”.

“Los tribunales han aprovechado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la prueba de acceso a la universidad (PAU) para extender a la educación una ofensiva contra la normalización del euskara que viene de lejos y para profundizar en su desoficialización. Como consecuencia, han premiado y privilegiado la renuncia al euskara. Este hecho evidencia el menosprecio sistemático hacia el euskara por parte del poder judicial, con el objetivo de perpetuar el euskara como una lengua de segunda categoría y subordinada al castellano. A ello se suma que el actual sistema de modelos lingüísticos vigente en la educación de Euskadi deja a miles de estudiantes sin alcanzar un nivel mínimo de euskara”, lamentan los organizadores de la protesta, a la que se han adherido  los sindicatos ELA, LAB y STEILAS, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola, las organizaciones estudiantiles IAS e IKAMA, además del Consejo de Estudiantes y los grupos de euskara de los campus de Leioa, Donostia y Gasteiz de la EHU.

La decisión adoptada por varios juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que obtuvieron bajas calificaciones y han acudido a la Justicia deja ahora tres escenarios posibles para los estudiantes. El asunto ha escalado a debate político con un juez, Emilio Lamo de Espinosa, avisando al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano.

En primer lugar, se encuentran los cerca de 25 estudiantes que acudieron a la Justicia para, según uno de sus abogados representantes, Iñaki Picaza, que la nota de la asignatura en el examen de la Selectividad “no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao les han dado la razón y han decretado, como medidas cautelares, que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados.

Estos jóvenes podrán acceder a una plaza, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos. La EHU ha presentado un recurso.

En segundo lugar se encuentran los alumnos que también han suspendido u obtenido un cero en el examen de euskera de la Selectividad, pero han decidido no acudir a la Justicia. Aunque es cierto que la semana pasada se acometió la revisión de esos exámenes y se determinó que en aproximadamente un 80% de los casos la calificación podía ser algo más alta que cero, pero no los dos puntos que implican que, de oficio, sea necesario un tercer tribunal corrector por observarse una gran diferencia. Sin embargo, estos alumnos se quedarían sin los 'beneficios' de quienes acudieron a la Justicia, es decir, sus bajas notas de euskera contarán en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad.

El tercer escenario puede tratarse del más complicado y, como califican desde el Consejo de Estudiantes de la EHU, “injusto”. Se trata de aquellos alumnos a los que, habiendo aprobado el examen de Euskera y Literatura II, esta nota les ha bajado la media. “Tenemos a alumnos con un 8 de media que han sacado un 6 en euskera. Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Con el objetivo de que los estudiantes de ese tercer escenario no se vean perjudicados y pierdan sus “merecidas” plazas, la Universidad vasca ofertará más plazas para que entren los que recurrieron el examen de euskera y nadie quede fuera. La decisión se ha adoptado tras una reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes entre el rector y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. “Como resultado del encuentro, ambas instituciones han acordado ampliar cautelar y provisionalmente las plazas de excepción cuya reserva imponen los autos judiciales en aquellas titulaciones en las que resulte necesario. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, que la ejecución de estas resoluciones perjudique al resto del estudiantado ya admitido y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a los autos judiciales que prevén la reserva de plazas”, informan desde la universidad.

A raíz de esta situación desde la EHU consideran que la aplicación de los autos judiciales la sitúan en un conflicto con el Real Decreto 534/2024, norma estatal que regula la prueba de acceso a la universidad. “El citado Real Decreto establece expresamente que la materia de Euskara y Literatura II debe formar parte de la calificación de la fase de acceso. Sin embargo, los autos judiciales ordenan recalcular las calificaciones prescindiendo de dicha materia, lo que, a juicio de la universidad, obliga a dejar de aplicar una previsión expresa de una norma estatal vigente. Euskal Herriko Unibertsitatea considera que esta situación plantea un dilema jurídico inédito. La ejecución de los autos, en los términos en que han sido dictados, obliga a la universidad a modificar las calificaciones de acceso y a reservar plazas, dejando de aplicar una previsión expresa del Real Decreto 534/2024”, destacan desde la universidad.

“La universidad considera, además, que esta situación altera las condiciones de un proceso de admisión ya iniciado, obvia las reglas generales del sistema de acceso para un grupo concreto de personas, quiebra el principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la universidad, resulta contraria a los derechos del resto del estudiantado, compromete la seguridad jurídica y genera un precedente de enorme gravedad para el sistema universitario”, señala la EHU, que aclara que “acatará y aplicará las medidas cautelares en los términos establecidos por los autos judiciales, por ser de obligado cumplimiento”, pero “al mismo tiempo, defenderá por todas las vías legales a su alcance la plena aplicación del Real Decreto 534/2024 y las garantías del sistema de acceso a la universidad”.

Por ello, como han anunciado este lunes, la universidad recurrirá la decisión judicial. “La universidad está estudiando cuantas acciones judiciales considere necesarias para salvaguardar la seguridad jurídica de la institución y garantizar el respeto al marco normativo vigente que regula el acceso a la universidad. La EHU mantiene los recursos ya presentados contra los autos y continuará defendiendo la aplicación del marco legal vigente y las garantías del sistema de acceso a la universidad”, concluyen.

La mitad de las familias con hijos en edad escolar (un 47%) los envía a clases particulares. Es una forma de empujar académicamente al alumnado que se detecta en todas las franjas de renta, pero que destaca especialmente en aquellos hogares con mayores ingresos, según los datos de informe El mercado de las clases particulares en España entre 2020 y 2024: la nueva geografía social, territorial y lingüística de la Educación en la Sombra, elaborado por EsadeEcPol y publicado este jueves.

El trabajo constata un aumento del gasto entre 2019 y 2024 hasta los 2.782 millones de euros ese curso, una subida del 38% en términos reales (descontada la inflación, es el dato que se utilizará a lo largo de este artículo) que se apoya principalmente en el refuerzo curricular, los idiomas y las actividades artísticas, y también en la caída que sufrió el sector el año de la pandemia por la suspensión de la docencia presencial.

Pero la subida no se ha dado en todas las “etapas, destino, nivel de renta, origen o comunidad autónoma”, señalan en el texto Lucas Gortazar, director adjunto de EsadeEcPol, y Juan Manuel Moreno, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED y senior fellow de EsadeEcPol: el incremento ha sido mayor en Primaria (56%) que en la ESO (19%) o Bachillerato (24%); en los idiomas (43%) y en las enseñanzas artísticas (63%); entre el 40% de las familias más humildes (más del 50%). Las familias con mayor poder adquisitivo siguen acudiendo más a esta educación “privada”, pero los hogares que tienen rentas más bajas están cerrando la brecha.

Por etapas, la que cuenta con mayor gasto es la Primaria (56%), seguida de la Infantil (33%) y baja algo en Secundaria (19%) y Bachillerato (24%). El crecimiento de este mercado repuntó el curso 2019/20 con una cantidad total de 1.691 millones de euros.

“Los resultados permiten comprender cómo el centro de gravedad de la educación en la sombra se está desplazando hacia etapas educativas más tempranas y hacia el gasto en ampliar las oportunidades de aprender (idiomas, arte y tecnología) más que al refuerzo y apoyo de las materias curriculares básicas”, valoran los autores. “Sin embargo, el aumento del gasto en idiomas y su concentración en comunidades bilingües con lengua co-oficial que vehicula buena parte de los aprendizajes (así como el mayor consumo de EeS —Educación en la Sombra— en idiomas de los hogares inmigrantes) indican que una parte no menor de esa demanda surge de la necesidad de apoyo y refuerzo al alumnado de primaria para progresar académicamente en una lengua vehicular de instrucción que no es la del hogar”, añaden.

Lejos de poner la vista en la educación pública, el mercado de las particulares se ha convertido en un negocio que va in crescendo de manera constante desde el año 2019. Los progenitores están poniendo el foco en un alternativa que se puede calificar como “privada” para satisfacer sus deseos y que sus hijos, con trabajo complementario, logren un mayor nivel con respecto al resto de niños que cursan de manera natural el periodo escolar. El salto que varios informes han detectado en los últimos años es que estas clases ya no suponen exclusivamente una actividad extraescolar de refuerzo, para no quedarse atrás, si no que son algo diferencial para, por ejemplo, superar ciertas pruebas de acceso debido a la creciente competitividad en el sistema.

“La educación en la sombra ya no es tan solo la sombra del currículo escolar. Es una economía que discurre en paralelo al sistema educativo, con sus propias lógicas de demanda, sus propias desigualdades y funciones, entre las que es cada vez más difícil distinguir entre refuerzo y ampliación”, advierte EsadeEcPol.

Un antes y un después en la educación

Analizando el gasto producido por etapas educativas se observa un ascenso en las cuantías gastadas en clases particulares. En el segundo ciclo de la etapa de Infantil (3-6 años), Esade informa de un aumento de 34 euros por alumno desde el curso 2019/20 hasta el 2023/24, lo que supone una variación del 33%. En Primaria el incremento de 113 euros en los gastos constantes supone un 56% de variación y, en el caso de la ESO, una subida de 56 euros en los gastos implica una variación del 19%. En Bachillerato, una etapa no obligatoria, se observa una suma de 79 euros en los gastos y una variación real del 24%.

A la vez, se da una escalada en los diferentes tipos de clases particulares. El gasto en la contratación para el aprendizaje de los idiomas ha repuntado en 42 euros desde el curso 2019/20 hasta el 2023/24 (un 43%). En el caso de las enseñanzas artísticas el coste escaló 23 euros (un 63% más). Sin embargo, la inversión destinada a otras actividades tuvo un gasto muy reducido y una variación real de ligera caída, como se observa en el siguiente gráfico.

La evolución del gasto por nivel de renta en el hogar también ha palpado un incremento notable. El quintil uno sufrió una variación del gasto del 65 % y siendo la del quintil dos una variación del 51 %. Consiguientemente, el quintil tres se encuentra prácticamente estable y, en el caso del quintil cuatro, su variación real fue del 26 %. El quintil cinco apreció una variación real del 35 %.

Las clases se extienden por las comunidades autónomas

Esade ha analizado el mercado de las clases particulares en Euskadi, Catalunya, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Madrid, comunidades que suman un 75% de todo el alumnado. La participación de las familias vascas en la educación en la sombra es de un 61%, con un gasto medio por alumno en 2020 de 474 euros. Le siguen Cataluña (412 euros, con un 55% de crecimiento) y Castilla y León (340 euros, un 48% más). La Comunidad de Madrid muestra un crecimiento de hasta 254 euros con un porcentaje de participación algo inferior, un 35,8%.

Por último, el informe aborda el gasto en idiomas por regiones el curso 2023/24. En Euskadi el gasto en idiomas por alumno fue de 268 euros, seguida de Castilla y León, donde se contabilizan 200 euros por alumno. Catalunya ocupa la tercera posición con 164 euros por alumno y Madrid, en cuarto lugar, con un gasto de 129 euros. La media nacional del gasto en idiomas por alumno es de 139 euros, según el informe.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez

Alrededor de un centenar de docentes de la enseñanza concertada se ha concentrado este miércoles, de 18 a 19 horas, junto a la Delegación del Gobierno de Cantabria para exigir la mismas condiciones que sus homólogos de la pública.

Convocados por el sindicato de enseñanza privada Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), han protestado tras una pancarta con el lema “'Mismo trabajo, mismas condiciones'. Los profesores --con camisetas verdes, símbolo de la enseñanza pública-- han reclamado igualdad de trato y oportunidades, coreando consignas como 'Dignidad profesional' o 'Mismo servicio público, mismas condiciones'.

Según ha explicado a Europa Press, los docentes reivindican que la reducción de la carga lectiva se extienda también a la concertada y una financiación “suficiente y actualizada” que garantice la calidad del servicio educativo.

Igualmente ha defendido el derecho de las familias a elegir el centro que desean para sus hijos y la sostenibilidad del sector, porque “sin condiciones y recursos adecuados no hay futuro para la enseñanza concertada”.

“Es de justicia que la enseñanza concertada reciba el mismo trato que la pública en financiación y condiciones laborales”, sostienen.

En un moment en què l'educació pública valenciana alça la veu contra el Consell i reclama més recursos per a cobrir deficiències que ja són pràcticament estructurals, Compromís ha denunciat davant el Tribunal de Comptes el finançament amb 72,6 milions d'euros de diners públics de set centres educatius de l'Opus Dei que, segons assegura la formació valencianista, “segreguen il·legalment per sexe”.

El periodista Moisés Pérez analitzava en el seu llibre El negoci de les aules el model dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana. En aquesta obra, el redactor d'El Temps explica que el mapa de l'ensenyament concertat a l'autonomia compta amb un sòlid i lucratiu bastió gestionat per mercantils i fundacions vinculades espiritualment a l'Opus Dei.

Així, relata com, a través de la firma Fomento de Centros de Enseñanza SA —nascuda el 1963 sota el paraigua de l'ala tecnòcrata de la dictadura— i d'altres fundacions de caràcter “obra corporativa”, l'organització ultracatòlica ha rebut injeccions milionàries de la Generalitat Valenciana. Això ha permés consolidar un model que històricament ha destacat pel seu elitisme i per la defensa de l'educació segregada, tal com denuncia Compromís.

La investigació de Pérez també al·ludeix al col·legi Altozano, situat a la capital alacantina i tradicionalment segregat per sexes, que va rebre un total de 34,6 milions d'euros en el mateix període. Per la seua part, el col·legi Aitana (Torrellano, Elx), centre de referència al sud del territori valencià i concertat des del curs 1998-1999, va sumar 26,3 milions d'euros fins al 2020.

A la ciutat de València es troba el col·legi Vilavella, incorporat a la xarxa concertada a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat, que va rebre subvencions per valor de 23,1 milions d'euros entre 1999 i 2020. Així mateix, a Betxí s'ubiquen els centres Torrenova i Miralvent, que representen el desembarcament del grup a la província de Castelló. Tots dos es van incorporar al règim de concert el 2008 sota el mandat de l'aleshores conseller Alejandro Font de Mora: Torrenova va rebre 11,9 milions d'euros, mentre que Miralvent, el centre masculí del grup, va obtenir 8,2 milions d'euros.

Centres en etapes educatives no obligatòries

Un cas a banda és el col·legi Guadalaviar, a València, que respon al model d'“obra corporativa”. A diferència dels anteriors, no pertany al grup Foment, sinó que està gestionat per una societat anònima d'accionariat dispers vinculada a famílies de l'alta burgesia local. La Generalitat va finançar progressivament les seues etapes de Primària, Secundària, Infantil, Batxillerat i Educació Especial, fins a sumar una aportació total de 39,8 milions d'euros, segons detalla Pérez.

Finalment, els vincles financers de l'organització s'estenen també als centres de capacitació tècnica. La xarxa compta amb tres Escoles Familiars Agràries (EFA): Torrealdua i Malvesia, a Llombai, i El Campico, a Jacarilla, la concertació conjunta de les quals va suposar quasi dos milions d'euros anuals durant la dècada passada. A aquestes se sumen els centres de Formació Professional Altaviana, especialitzat en hoteleria i gestionat per l'Associació Portomar —amb més de 800.000 euros anuals—, i Xabec, gestionat per la Fundació Eifor. Aquest últim, a més de la subvenció derivada del concert educatiu, ha captat 738.255 euros de Labora i 120.311 euros de fons europeus, compaginant els diners públics amb donacions privades de la banca i d'interproveïdors de grans cadenes de supermercats.

En un momento en el que la educación pública valenciana alza la voz contra el Consell y reclama más recursos para cubrir deficiencias que ya son prácticamente estructurales, Compromís ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la financiación con 72,6 millones de euros de dinero público de siete centros educativos del Opus Dei que, según asegura la formación valencianista, “segregan ilegalmente por sexo”.

El periodista Moisés Pérez analizaba en su libro 'El negoci de les aules' el modelo de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana. En esta obra, el redactor de El Temps explica que el mapa de la enseñanza concertada en la autonomía cuenta con un sólido y lucrativo bastión gestionado por mercantiles y fundaciones vinculadas espiritualmente al Opus Dei. Así, relata cómo, a través de la firma Fomento de Centros de Enseñanza S.A. (nacida en 1963 bajo el paraguas del ala tecnócrata de la dictadura) y de otras fundaciones de carácter “obra corporativa”, la organización ultracatólica ha recibido inyecciones millonarias de la Generalitat Valenciana. Esto ha permitido consolidar un modelo que históricamente ha destacado por su elitismo y la defensa de la educación segregada, tal y como denuncia Compromís.

Según recoge la obra, los datos parlamentarios oficiales de la Conselleria de Educación (período 1999-2020) detallan el reparto del dinero público entre los principales colegios de la organización en las tres provincias, que ascendió a cerca de 193 millones de euros. Entre los referentes de Fomento de Centros de Enseñanza destaca el colegio El Vedat (Torrent), ubicado en una zona residencial exclusiva y de tradición estrictamente masculina. Entre 1999 y 2020 acumuló 46,4 millones de euros de las arcas públicas en una progresión constante: recibió 8,6 millones en el tramo 1999-2005; 16,2 millones entre 2006-2012; y consiguió la cifra más alta, con 21,5 millones, entre 2013-2020.

La investigación de Pérez también alude al colegio Altozano, situado en la capital alicantina y tradicionalmente segregador, que recibió una inyección total de 34,6 millones de euros en el mismo período. Por su parte, el colegio Aitana (Torrellano, Elche), centro de referencia en el sur del territorio valenciano y concertado desde el curso 1998-1999, sumó 26,3 millones de euros hasta 2020.

En la ciudad de València se encuentra el colegio Vilavella, incorporado a la red concertada a principios de los década de los ochenta del pasado siglo, cuyas subvenciones alcanzaron los 23,1 millones de euros entre 1999 y 2020. Asimismo, en Betxí se ubican los centros Torrenova y Miralvent, que representan el desembarco del grupo en la provincia de Castellón. Ambos accedieron al concierto en 2008 bajo el mandato del entonces conseller, Alejandro Font de Mora: Torrenova recibió 11,9 millones de euros, mientras que las aulas masculinas de Miralvent obtuvieron 8,2 millones.

Centros en etapas educativas no obligatorias

Mención aparte merece el colegio Guadalaviar, en València, que responde al modelo de “obra corporativa”. A diferencia de los anteriores, no pertenece al grupo Fomento, sino que está gestionado por una Sociedad Anónima de accionariado disperso ligada a familias de la alta burguesía local. La Generalitat financió progresivamente sus etapas de Primaria, Secundaria, Infantil, Bachillerato y Educación Especial, sumando una aportación total de 39,8 millones de euros, según detalla Pérez.

Finalmente, los vínculos financieros de la organización se extienden a centros de capacitación técnica. La red cuenta con tres Escuelas Familiares Agrarias (EFA): Torrealdua y Malvesía (Llombai) y El Campico (Jacarilla), cuya concertación conjunta supuso casi dos millones de euros anuales durante la pasada década. A ellos se suman los centros de Formación Profesional Altaviana, especializado en hostelería y gestionado por la Asociación Portomar (con más de 800.000 euros anuales), y Xabec, gestionado por la Fundación Eifor. Este último, además de la subvención por concierto, ha captado 738.255 euros del servicio autonómico de empleo (Labora) y 120.311 euros de fondos europeos, compaginando el dinero público con donaciones privadas de la banca e interproveedores de grandes cadenas de supermercados.

El impulso del Gobierno de Jorge Azcón a la enseñanza concertada continúa en Aragón. Primero fue la concertación del Bachillerato —una medida que provocó una fuerte contestación en la escuela pública— y ahora es el turno de la Formación Profesional. El aumento de titulaciones en centros privados y concertados, especialmente en los grados superiores vinculados al sector audiovisual, preocupa a una parte del profesorado de la red pública. Mientras que en 2023-2024 el 86% de las nuevas implantaciones correspondían a centros públicos, la proporción se reduce al 60% en la planificación para el próximo curso, impulsada por la entrada de nuevos ciclos en centros privados y concertados.

Buena parte de ese incremento de la oferta privada se explica por la futura Ciudad del Cine de Zaragoza. El complejo audiovisual de Distrito 7, cuya gestión formativa ha sido adjudicada al Grupo San Valero durante los próximos 30 años, incorporará siete ciclos audiovisuales concertados con cuotas de alrededor de 60 euros al mes por alumno. Entre ellos figuran Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos o Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

La medida ha despertado inquietud entre docentes de la red pública, que temen que esta nueva oferta compita directamente con enseñanzas similares ya implantadas en centros de Zaragoza, Huesca, Barbastro o Teruel. “Van a competir por los mismos alumnos”, resume uno de los profesores consultados. Según recuerdan desde la enseñanza pública, Producción de Audiovisuales se imparte en Teruel y Realización en Barbastro, mientras que otros ciclos del ámbito audiovisual también están presentes en centros públicos de Zaragoza y Huesca. “Cuesta mucho encontrar alumnos para algunos de estos estudios. Nos preocupa que una parte de esa matrícula se desplace ahora a la nueva oferta concertada”, explican.

Sin embargo, las críticas no se centran solamente en la competencia entre centros. Los docentes recuerdan que algunos de los ciclos que ahora volverán a ofertarse en Distrito 7 ya formaron parte del catálogo de CPA como enseñanzas privadas. Según explican, Producción de Audiovisuales dejó de impartirse hace alrededor de cinco cursos e Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen lleva varios años sin conseguir abrir grupo de primero. “Dos ciclos que cerraron por falta de alumnos vuelven ahora convertidos en concertados. Antes costaban alrededor de 400 euros al mes y ahora tendrán cuotas muy reducidas. Es evidente que eso cambia las condiciones de partida”, señalan.

La situación genera especial malestar porque, según denuncian, en los últimos años se han cerrado ciclos en zonas rurales por no alcanzar los mínimos de matrícula exigidos por la Administración. “Hemos visto desaparecer enseñanzas en el medio rural porque no se llegaba a determinados números de alumnos. Por eso sorprende que ahora se concierten ciclos que ya habían demostrado dificultades para captar estudiantes”, apuntan.

La polémica se enmarca dentro del desarrollo de Distrito 7, el gran complejo audiovisual que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza en los antiguos suelos de Giesa. La futura Ciudad del Cine prevé arrancar con alrededor de 400 alumnos y una oferta centrada en perfiles audiovisuales, uno de los sectores por los que más está apostando la Administración autonómica en los últimos años. El Gobierno municipal adjudicó recientemente al Grupo San Valero la gestión del área formativa del proyecto durante los próximos 30 años. La alcaldesa, Natalia Chueca, justificó la adjudicación de la Formación Profesional al Grupo San Valero por tratarse de “una entidad aragonesa de referencia, con casi 30 años de experiencia en formación audiovisual, reconocida por todo el sector y con una capacidad única para ofrecer de manera integral formación profesional, universitaria, especializada y para el empleo en el ámbito audiovisual”.

Varios docentes temen que la concentración de recursos, instalaciones y promoción en torno a este proyecto termine perjudicando a enseñanzas ya implantadas en la red pública. También alertan de una posible competencia por las plazas de prácticas en empresas, un aspecto clave en la Formación Profesional.

Las críticas coinciden además con la decisión del Departamento de Educación de suprimir varios ciclos de FP en centros públicos de Calatayud, Ateca e Illueca. Entre ellos figuran el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del IES Emilio Jimeno, el de Termalismo y Bienestar del IES Leonardo Chabacier, el grado medio de Cocina y Gastronomía del IES Zaurín o el de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Sierra de la Virgen. La medida ha sido criticada por el PSOE, que considera que supone un nuevo golpe para la oferta educativa en el medio rural: “Golpea directamente al corazón del mundo rural. Es un desastre”, ha dicho el portavoz comarcal de la Comunidad de Calatayud, Ramón Duce.

No es la única polémica que atraviesa esta nueva Ciudad del Cine, la adjudicación de este complejo se hizo de forma directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, después de que se declarase desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió. Esto fue calificado como “chapuza” por parte del PSOE y como “un verdadero fiasco” desde Zaragoza en Común.

El peso de la pública cae en las nuevas implantaciones

En el curso 2023-2024 se identifican 29 nuevas enseñanzas, de las que 25 se implantaron en centros públicos y cuatro en concertados o privados. Un año después, para 2025-2026, la proporción se mantenía similar: 22 de las 27 nuevas enseñanzas correspondían a la red pública. Sin embargo, en la planificación para 2026-2027 la distribución cambia. De las 25 nuevas enseñanzas identificadas, 15 corresponden a centros públicos, tres a centros concertados y siete a centros privados, la mayoría vinculadas al ámbito audiovisual. Este cambio en el modelo ha sido calificado por CCOO como un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

Aun así, en el conjunto de los tres cursos analizados, la red pública sigue concentrando la mayor parte del crecimiento de la oferta. De las 81 nuevas enseñanzas identificadas, 62 se implantaron en centros públicos, 12 en concertados y siete en privados.

Desde Educación defienden que la ampliación de la FP responde a la necesidad de adaptar la formación a los sectores con más demanda laboral y a la creciente demanda de estas enseñanzas. Recuerdan que este curso casi 450 personas se quedaron sin plaza en su primera opción en Zaragoza y no pudieron entrar: “Para evitar que se produzca una situación similar, se decide concertar plazas en ese Distrito 7; desde el Departamento se entiende que no deben quedarse casi medio millar de aragoneses sin poder formarse estando esa posibilidad”, exponen. Añaden que las plazas de FP sostenidas con fondos públicos “no compiten entre sí, sino que se complementan para sumar talento y oportunidades de empleabilidad”.

Sin embargo, los docentes reclaman conocer los criterios que han llevado a autorizar esta nueva oferta audiovisual y si se ha evaluado el posible impacto sobre los ciclos públicos ya existentes. “Nosotros no cuestionamos que haya más formación audiovisual”, concluyen. “La pregunta es por qué se financian nuevas enseñanzas en centros privados cuando ya existen ciclos similares en la red pública y algunos de ellos siguen luchando cada año por mantener la matrícula”.

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

La música es más cara que las matemáticas. Los idiomas, también. Pero los reyes son el canto y el tenis. El sector de las clases particulares marcha en España, subido a una espiral en la unos no se quieren quedarse atrás en clase y otros, que no necesitan este refuerzo, apuestan por diferenciarse de los demás perfeccionando habilidades y conocimientos. Puede ser para ampliar el universo personal (instrumentos, deporte) o mantener el académico (lenguas extranjeras, ahondar en materias); se da en presencial y, desde la pandemia, mucho a distancia también, según una radiografía del sector realizada por el portal especializado TusClasesParticulares.com en base a 70.000 anuncios.

El precio mediano de una clase particular en España es de 15 euros la hora, según este análisis. Las más caras se van hasta los 25 (siempre con medias, se han eliminado los extremos para no distorsionarlas) mientras las más baratas caen hasta unos 10. Puede haber diferencias de hasta el 50% en el precio entre las grandes ciudades y localidades más pequeñas y, destaca el informe, lo online no significa necesariamente más asequible porque es ahí donde se ofrece el profesorado especializado, más escaso.

Una de cada dos familias (un 47%) con hijos en edad escolar recurre a las clases particulares, según recogió el estudio Educación en la Sombra, realizado por EsadeEcPol en 2023, y la previsión es que este mercado solo crezca. Actualmente, está valorado en unos 2.000 millones de euros anuales, según Deep Market Insight, que calcula que subirá un 9% anual hasta 2033 apoyado en la incorporación a este sector de hogares con menos poder adquisitivo. Esade calcula que cada estudiante gasta 270 euros al año, de media, en esta partida.

“La demanda continúa al alza”, corrobora Albert Clement, CEO de TusClasesParticulares.com. “Y esto es especialmente relevante porque sabemos que la natalidad en los últimos años ha caído, por lo que los jóvenes en edad de recibir clases son menos. La penetración de este tipo de servicios se ha incrementado”, sostiene.

La "educación en la sombra" se consolida como un bien de primera necesidad, según interpreta Esade el comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años: "La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no le ha afectado; es el caso en todos los hogares, incluidos los de menores recursos”

La educación en la sombra se consolida como un bien de primera necesidad, argumenta Esade en base a su comportamiento en los últimos años: “La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no parecía haberle afectado en absoluto, y (...) además es el caso en todos (...) los hogares, incluidos los de menores recursos y los que más sufrieron el impacto de la Gran Recesión”.

Los datos dicen que el sector crece apoyado en un “cambio de paradigma”, explica Clement. “Empieza a haber muchas familias que recurren a estos servicios para complementar la formación que ofrece la escuela; hasta ahora el uso más habitual era para mejorar y no quedarse atrás”. Según este experto –el portal está integrado en una red internacional– España estaba históricamente a la cola de Europa en este uso de las clases particulares, situación que está cambiando.

El análisis de Esade respalda esta afirmación. El 30% de las familias más humildes paga clases particulares para sus hijos, un dato que las más pudientes duplican, con un 60%, según el informe. De cada tres euros que se invierten en las clases particulares, dos se destinan a “ampliar y perfeccionar” y el otro a “reforzar y recuperar”; el afán diferenciador se va imponiendo.

“La hipótesis de que las familias con más capacidad de gasto tienden a gastar más en clases particulares para ampliar y perfeccionar cobra fuerza cuando vemos que los hogares más ricos gastan más en clases de idiomas y de artes. En el quintil 5 [el 20% de los hogares más adinerados], la combinación de ambas asciende hasta el 74% de su gasto, mientras que se queda en el 45% en el Q1 [el 20% más humilde]. Las clases particulares de materias centrales del currículum, que se atribuyen a clases de refuerzo y recuperación, son el gasto mayoritario en los dos quintiles inferiores, para después caer con fuerza en los tres quintiles superiores hasta llegar a un mero 18% del total del gasto en el quintil más rico”, exponen los autores.

La familia de Rosa –quintil uno– es la personificación en un solo hogar de esta descripción. El hijo pequeño, con más problemas de rendimiento académico, recibe clases particulares de materias como Matemáticas o Física. El mayor, con más facilidad para el instituto, aprende robótica o programación fuera de la escuela. “Nos funcionan muy bien las dos”, asegura. “Un dinero bien invertido”. En su caso, tradicional como es, prefiere (y ha encontrado) un profesor a domicilio.

La especialización se paga

El diferente uso de las clases particulares puede explicar la situación del mercado que dibuja el informe de TusClasesParticulares.com. Un mercado en el que las clases particulares no dedicadas a cuestiones estrictamente académicas (idiomas aparte por su propia idiosincracia) son más caras que las destinadas al refuerzo de materias.

Así, las clases particulares de deportes, música y artes ascienden de media a 20 euros la hora, las categorías más costosas. Le siguen los idiomas y la tecnología, con 15 euros por cada 60 minutos. Las cuestiones más ligadas a las clases de la escuela o el instituto –humanidades, matemáticas y ciencia y apoyo escolar– caen al rango entre los 13 y los 10 euros.

El informe del portal especializado también muestra que lo online, quizás contraintuitivamente, es más caro en algunas áreas porque es el espacio en el que se mueve el profesorado especialista, que escasea y lo cobra, explica Clement.

“Según sube el nivel del alumno el profesor tiene que estar más especializado”, explica el CEO. “Y en las clases a distancia se está configurando un segmento muy profesionalizado, con un perfil muy alto, que por el exceso de demanda de estos perfiles puede ser más caro”.

En Matemáticas, Euskera, Música, Programación, Alemán, Química, Español para extranjeros, Economía, Inglés y para la ESO en general el precio de las clases a distancia sube, en el orden citado, entre un 36% y un 6,7% extra, según TusClasesParticulares.com.

Respecto a las ciudades, Barcelona, Madrid y Palma copan el podio de las más caras con 15 euros la hora de precio medio, cifra que va cayendo hasta los 10 euros de Córdoba y Granada, las localidades donde la enseñanza privada es más asequible.

¿Se amplía la brecha?

Los autores del informe de Esade analizaban si el diferente modo en que unas familias y otras utilizan las clases particulares acaba suponiendo que se amplía la brecha que existe de partida entre hogares acomodados, que rinden mejor en la escuela, y los más humildes.

Ángel Martínez, economista investigador en EsadeEcPol, explicaba cauto que “para saberlo a ciencia cierta habría que cruzar los datos con los resultados educativos” y argumentaba que “la diferencia entre quintiles [de renta] no es tan grande como estamos acostumbrados”, aunque admitía que “puede ser que aumente la desigualdad”. El otro autor, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, era más categórico: “Sin duda son un factor de desigualdad. Las clases particulares distinguen a los más ricos, la novedad es que las clases medias se están incorporando”.

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas. Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que “hay secreto de sumario y se está investigando”, por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que “se esclarezcan los hechos”. Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que -sin entrar en pormenores del caso- aludía a las “delicadas circunstancias” relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, “desde el primer momento” en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado “con la máxima diligencia y responsabilidad”. Apunta que está “colaborando plenamente” con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. “Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, continúa.

Por ello, apela a que “se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada”, y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga “desde el respeto absoluto” hacia los menores afectados. El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para “acompañar adecuadamente a las familias y alumnos” y concluye con un agradecimiento a la “comprensión, colaboración y responsabilidad” de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene “información directa”

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de “información directa” y ha alegado que se trata de un colegio privado. En todo caso, ha transmitido “todo el apoyo que se pueda dar a las niñas” afectadas y “a sus familias”. Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería “absolutamente despreciable”. “Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas”, ha zanjado.

Es una realidad que ha habido grandes avances en la educación pública. Pero es igual de incuestionable el deterioro actual“. Aurora Ruiz ha estado analizando el mundo educativo durante décadas desde el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, lo que le ha permitido ver a la escuela pública crecer, abrazar la universalidad y la equidad, sufrir los recortes y, en los últimos tiempos, convertirse en un mercado, especialmente la universidad, cuenta. Todo en 50 años.

Hoy, en plena oleada privatizadora, España vuelve a debatir, si es que alguna vez dejó de hacerlo, sobre el papel de la escuela, dice Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. “No se ha conseguido un acuerdo sobre la función social de la escuela. Si la educación tiene la función de compensar desigualdades o si la meta es el esfuerzo y la excelencia. Aunque yo no creo que esto sea contrario a la equidad, se presenta así”. Para esta experta esa “tensión” es “un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. El individualismo, la derechización, lleva a la gente a considerar la educación como un elemento para su beneficio privado y a discutir la función social de la escuela como un medio de compensación de desigualdades”, la función que (teóricamente) se le asignó cuando se democratizó. Y esa dicotomía se ha ido trasladando a las sucesivas leyes y a las aulas.

La educación postfranquista empezó con Franco, coinciden los expertos. Cojo aún, inicial, pero el libro blanco de la Educación publicado en 1969 –tan crítico con el sistema que “sorprende que se pudiera editar y difundir”, en palabras de Álvaro Marchesi, alto cargo varios años en el Ministerio de Educación– modeló la Ley General de Educación (LGE), primer gran punto de inflexión del sistema educativo español.

Hasta entonces la escuela era segregadora –chicos por un lado, chicas por otro–, controlada por la Iglesia y para unos pocos. El propio libro blanco explica que de cada 100 alumnos que iniciaron la Primaria en 1951, 27 llegaron a la Enseñanza Media, 18 aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental, diez el Bachillerato Superior, cinco el Preuniversitario y tres culminaron estudios universitarios en 1967. Ese año había medio millón de niños sin escolarizar.

La LGE rompió con aquello, o al menos sentó las bases para hacerlo. Estableció la obligatoriedad hasta los 14 y reconoció la etapa preescolar (Infantil hoy). Tras la muerte de Franco, los Pactos de La Moncloa impulsaron la educación como un bien común, universal, público y gratuito, como quedaría plasmado en el artículo 27 de la Constitución, incluidas las alusiones a la “libertad” y la “igualdad” que modelan las dos visiones de la escuela que chocan hoy, adelanta Ruiz.

Comenzó entonces la ingente tarea de llevar esos principios a la práctica. El cambio que se iba a llevar a cabo fue una de las mayores transformaciones sociales de la incipiente democracia, coinciden las personas consultadas, y comenzó la construcción masiva de institutos y centros de FP.

“Se ideó una escuela inclusiva, en la que están niños y niñas que no estaban y ahora sí –recuerda Martín–. Se hablaba de inclusión y a un concepto más amplio de inclusión, de la diversidad general del alumnado, de la importancia de incluir como parte de esta diversidad al alumnado con dificultades socioeconómicas. Era una tendencia a hacer un sistema más comprensivo, que el alumnado estuviese junto, que no se separasen en itinerarios”. Una escuela para todos.

Pero en 1985 hubo un hito que marcaría dónde estamos hoy: para apuntalar esta expansión a bajo coste, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que estableció el sistema de conciertos para la financiación pública de centros privados. Se abría una puerta de par en par a la escuela concertada.

La gran expansión

Los siguientes años el sistema educativo estuvo recogiendo los frutos de esas grandes reformas. Se continúa ampliando la educación para todos. La LOGSE, de 1990, universalizó la educación obligatoria hasta los 16 años, y la década de los noventa consolidó una amplia red pública.

En paralelo, las universidades públicas vivieron un crecimiento sin precedentes: bajo la misma concepción de un sistema para todos que regía las etapas obligatorias, se llevó la educación superior a casi cada rincón del país abriendo nuevos campus en ciudades medianas (Palma, Cádiz, varias localidades castellanomanchegas, Jaén, Logroño, Almería, Huelva, etc.), y se democratizó el acceso. En 1975 había apenas medio millón de universitarios; en el año 2000, eran ya más de un millón y medio, la inmensa mayoría en instituciones públicas. Para cientos de miles de familias era la primera vez que alguno de sus miembros pisaba un campus.

Con matices, con desigualdad y mucho abandono, pero en apenas 25 años se había alfabetizado a todo un país. La evolución del gasto educativo muestra el esfuerzo: en 1976 el gasto en el sector fue de 912 millones, equivalentes al 1,9% del PIB. En el 87 se había multiplicado por nueve para alcanzar los 8.237 millones (el 3,13% del PIB) y en el 2000 alcanzaba los 27.407 millones de euros (un 4,35% del PIB).

En el cambio de siglo, el sistema público mostraba una madurez “inédita” en la historia de España: cobertura casi universal, profesorado cualificado y una estructura institucional sólida, aunque ya asomaban ciertos elementos (escuela concertada, las primeras universidades privadas) que anticipaban lo que vendría.

Y entonces llegó José María Aznar.

El giro neoliberal

En su segunda legislatura, ya con la mayoría absoluta en la mano, el expresidente empezó a sentar las bases de lo que vendría. Su Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), que aunque nunca llegó a aplicarse plenamente ya adelantaba una concepción más competitiva del sistema educativo: rankings, autonomía de centros, y un discurso de “excelencia” que preparaba el terreno para la lógica del mercado.

También se consolidó e impulsó el sistema de conciertos educativos. Como hizo en 1985 Felipe González, muchas comunidades autónomas, ya titulares de las competencias educativas, eligieron esta vía, más barata que construir centros, para hacer frente al crecimiento demográfico e inmigratorio de la década de 2000. La red pública crecía de forma contenida; la concertada se expandía.

La ola ya era imparable y la última estocada la dio la crisis de 2008 y los recortes que vinieron detrás, que dieron paso a la llamada “década perdida” en educación. Al presupuesto educativo se le quitó un 13%, según datos del ministerio, y las familias tuvieron que empezar a poner el dinero que el Gobierno no invertía. “Está más que demostrado por la sociología de la Educación que existe una correlación inversa en cuanto que lo que no gasta el Estado lo hacen las familias”, explica Fernando Trujillo, profesor en la Universidad de Granada. El gasto particular en educación pasó de 7.318 millones de euros en 2004 a 11.417 millones en 2019.

La función social de la escuela

Los recortes, junto a las reformas del PP, marcaron un punto de inflexión y empujaron una nueva visión de la escuela, coinciden Ruiz y Martín. Empieza a coger fuerza la idea de “que mi hijo esté bien educado”, explica la catedrática, “que choca con la tendencia de inclusividad anterior”. “Es una idea que en el fondo remite a ¿qué función social se le da a la escuela? Y esta tendencia dice que ninguna a nivel social, que se le da para cada persona”.

Cuando se une este pensamiento con el hecho de que la diversidad social –el alumnado con necesidades de apoyo, extranjeros con problemas de idioma, niños con discapacidad que entorpecen el buen discurrir de las clases– está mayoritariamente en la pública, el resultado es casi inevitable: “En los últimos años se ha disparado la visión de que la escuela concertada es buena y la pública mala”, remata Martín.

Es la disputa entre “libertad de enseñanza” (libertad de que mi hijo no se mezcle con migrantes o alumnado desfavorecido en general, y eso pasa en la privada, sea subvencionada o no) y la “igualdad” (la escuela debe reflejar la composición social), ambos términos presentes en la Constitución pero que se interpretan de manera casi contraria, explica Ruiz. Esta dicotomía marca el debate público y la evolución de las leyes: la derecha, capitaneada por el Partido Popular, siempre ha apostado por la primera; la izquierda, PSOE mediante, por la segunda.  

“Cuando ir a la pública se convierte en un acto militante, es que la hemos perdido”, se lamenta la catedrática Martín. A ella, cuenta, las familias de su localidad (Tres Cantos, en Madrid) le solían preguntar si era mejor la escuela pública o la concertada. “Hoy lo que me preguntan es si es mejor una concertada u otra”.

¿Campus o mercado?

Pero hablar de privatización hoy es hablar sobre todo de universidad. De nuevo, los números cuentan la historia: en 1975 había 23 universidades en España, de las que solo cuatro eran privadas. Tras la mencionada expansión pública, el balance en 1996 era 47-15; hoy es 50-46 y el sorpasso es ya solo cuestión de tiempo. El alumnado que acude cada día a un campus privado se ha duplicado en apenas diez años, y con él los ingresos.

Esta deriva preocupa en la universidad. “La irrupción del sector privado en el sistema plantea dudas tanto de calidad como de igualdad de oportunidades, dados los elevados precios de sus estudios”, afirma María Fernández Mellizo-Soto, profesora en el departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. “Es un disparate”, dicen, menos diplomáticos, algunos rectores de centros públicos, como Manuel Torralba, de la Universidad de Córdoba.

El plan Bolonia, la armonización del espacio europeo de educación superior, puso a principios de los 2000 las bases que facilitaron la expansión privada estableciendo el sistema de grado-máster. Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también dejó “una gatera abierta”, según lo define una profesora universitaria, al permitir que el precio de los posgrados –cada vez más importantes para distinguirse en un mercado ultracompetitivo, obligatorios incluso para ciertas profesiones– sea sensiblemente más alto que el de los estudios básicos, una cuestión que no imponía Bolonia.

En cualquier caso, la situación no es homogénea en todo el Estado, y cuando se piensa en universidad privada se piensa sobre todo en Madrid, donde se ha aplicado el guion neoliberal hasta la última coma. La región, gobernada por el Partido Popular desde 1995, aprovechó la crisis de 2008 para pegarle un estocazo a los presupuestos de sus centros públicos del que aún no se han recuperado. Madrid no es la única región que realiza estas políticas, pero sí el epítome de las mismas. ¿El resultado? En los últimos cinco años los créditos para pagar estudios han subido un 60%. “El mercado está invadiendo la educación”, se lamenta Ruiz.

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado de forma directa por un periodo de 30 años a Fundación San Valero –de carácter confesional y propietario de la Universidad de San Jorge– la parte formativa de Distrito 7, que a partir de septiembre ofrecerá siete grados de Formación Profesional (FP) en todas las ramas de audiovisual, con unos 400 alumnos que podrían pagar entre 60 y 70 euros al mes tras la resolución, todavía provisional, del Gobierno de Aragón para que sea una educación concertada el próximo curso académico.

Hay que recordar que la alcaldesa, Natalia Chueca, se verá también obligada a adjudicar de manera directa la gestión de la antigua fábrica de Giesa, donde aspira a explotar platós de cine, debido a que la única propuesta –de Equipment & Film Design España (EFD Studios)– llegó fuera de plazo.

Con el paso anunciao este miércoles, en Distrito 7 se ofrecerá FP tanto de grado medio en vídeo, disc-jockey y sonido; mientras que en grado superior se podrá elegir entre realización de proyectos audiovisuales y espectáculos; producción de audiovisuales y espectáculos; sonido para audiovisuales y espectáculos; iluminación, captación y tratamiento de imagen; animaciones, 3d, juegos y entornos interactivos; marketing y publicidad.

Esta formación audiovisual que imparte Grupo San Valero en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) se trasladará a Distrito 7 y las instalaciones de la calle de Sainz de Varanda seguirán impartiendo la formación relativa sanidad y deportes. Además, Distrito 7 albergará cursos de especialización, formación para el empleo y programas universitarios vinculados a Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual.

Con esta adjudicación directa, añade el Ayuntamiento, se reconoce “la trayectoria y singularidad del grupo San Valero, del que forman parte Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge, como única entidad aragonesa capaz de ofrecer de manera integrada toda la formación de la familia audiovisual de Imagen y Sonido, que abarca FP de Grado Medio y Superior, formación universitaria, formación para el empleo e investigación aplicada al sector audiovisual”.

30 años de concesión

El proyecto contempla que el Grupo San Valero realizará una inversión privada adicional de 600.000 euros en los dos próximos años, además de cerca de 4 millones de euros de canon durante el periodo concesional durante 30 años.

Chueca ha informado de que las obras de Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, están al 82% y la idea es que esté todo adjudicado en septiembre, incluida la filmoteca, excepto la parte de hostelería que se licitará más adelante.

Por su parte, el director general del Grupo San Valero, César Romero, ha defendido la colaboración público-privada al argumentar que este sistema de alianzas “se abre también al barrio de Las Fuentes”, para dinamizarlo y porque es “bueno” que este distrito tenga una oferta a partir de septiembre de siete ciclos en un sector que es de “talento y de crecimiento” y que para este grupo especializado en la formación es un “reto”.

Un “despropósito”

La oposición, sin embargo, no se ha mostrado tan entusiasta. El concejal del PSOE Horacio Royo ha tildado de “despropósito” la adjudicación directa y ha valorado que “demuestra el nulo talante democrático de la alcaldesa”. “Cuando existen serias dudas de la legalidad de la adjudicación directa de la unidad de producción, que se adjudique esta nueva parte del proyecto a una entidad educativa privada carece de justificación y ahonda en la irresponsabilidad de este proyecto, que supone regalar un edificio en el que todos los zaragozanos hemos invertido 20 millones de euros a una entidad privada para desarrollar negocios privados”, ha abundado, antes de anticipar que valorarán “ampliar las acciones legales” ya emprendidas por los socialistas.

Por su parte, el edil de Zaragoza en Común Suso Domínguez ha calificado de “nuevo regalo a sus amigos” esta adjudicación directa en Distrito 7, concedida “sin ningún tipo de concurrencia competitiva” a una entidad privada que “se va a beneficiar de la inversión del Ayuntamiento de más de 20 millones en este espacio”. “El Gobierno de Natalia Chueca hará todo lo posible por sacar este proyecto adelante aunque sea traspasando la legalidad y sin apoyar el beneficio de la ciudad”, ha añadido Domínguez.

Tres años después de que la Fundación Educatio Servanda se hiciera con la titularidad de la Escuela de Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, bajo el nombre 'CES Juan Pablo II', dentro de un proceso de cesión con bastante polémica, la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha todavía no había terminado de autorizar las enseñanzas que imparte el centro.

Ahora, a petición de la directora de la escuela, Amalia Almendro, la Administración regional por fin ha dado el visto bueno, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), a las enseñanzas que acogerá y que suman casi 200 plazas escolares.

Las instalaciones que ocupa esta escuela en el barrio residencial del Polígono son de las más antiguas de la zona y con una historia muy peculiar. Fueron cedidas por el Ayuntamiento, con el anterior Gobierno municipal del PSOE, a la Fundación Cofradía del Ciento, vinculada a la Asociación Provincial de Hostelería y con un polémico historial.

Pero ahora su titularidad es de la Fundación Educatio Servanda, organización ultracatólica que también ha protagonizado alguna que otra polémica en la gestión de colegios concertados en la Comunidad de Madrid.

Nació en 2006 a iniciativa de un grupo de familias cristianas procedentes de diferentes ámbitos sociales y “preocupadas por la deriva de la educación en España”. Su objetivo es trabajar conjuntamente para edificar un modelo educativo propio, “en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos”. Según publicita esta fundación, sus pilares son “familia, enseñanza, ocio, tiempo libre y presencia pública del católico”.

Un desembarco lleno de obstáculos

Su llegada a la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo se topó con varios obstáculos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, al tratarse de un edificio público y como entidad concesionaria, aprobó en febrero de 2023, cuando todavía gobernaba el PSOE, la cesión de la escuela a esta Fundación ultracatólica, pero la organización cristiana no tenía su titularidad. Seguía en manos de la Cofradía del Ciento, quien la gestionaba desde 1999, porque las “cláusulas” de ese acuerdo no se estaban cumpliendo.

El edificio fue renombrado como “Escuela Gastronómica y Centro de Estudios Superiores (CES) Juan Pablo II”. El nombre del famoso pontífice, de hecho, es el que Educatio Servanda le pone a casi todos los centros educativos que gestiona.

En Toledo, esta fundación ya disponía de otra escuela de estudios superiores con esa misma denominación en el Casco Histórico, pero estos estudios se trasladaron en su totalidad al edificio público del Polígono, junto con la escuela gastronómica.

Posteriormente, en marzo de 2024, el equipo de Gobierno municipal, ya en manos del PP y Vox, dio el visto bueno a la cesión de la titularidad, y la Escuela de Gastronomía pudo empezar a funcionar, aunque tres años después, las enseñanzas regladas no estaban claras.

Ahora, la Consejería de Educación, en la resolución mencionada, autoriza cerca de 200 plazas. Concretamente, da el visto bueno para 40 puestos escolares de un Grado Superior de Vitivinicultura y otras 40 para un segundo Grado Superior de Dirección de cocina.

Asimismo, la Escuela ya puede impartir dos grados medios, uno de Panadería, Repostería y Confitería, con 40 plazas; y otro de Servicios de Restauración, con otras 40. Además, también recibe luz verde para un Curso de Especialización en Panadería y Bollería Artesanales, en este caso con 20 puestos escolares.  

Educatio Servanda pidió impartir cursos no gastronómicos

En su momento, cuando se aprobó la transmisión de la titularidad de la escuela, la Fundación solicitó la autorización previa para ampliar los fines de dicha concesión a otras enseñanzas de formación profesional distintas a las gastronómicas, en régimen de enseñanza privada o concertada. Pero en la resolución aprobada hoy no figuran cursos que no estén relacionados con la hostelería.

Ahora, este centro debe presentar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, la relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas.

El profesorado deberá ser autorizado por el Servicio de Inspección de Educación antes de la entrada en funcionamiento de las enseñanzas autorizadas.

Siete de las nueve nuevas enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional autorizadas por el Gobierno de Aragón para el curso 2026/2027 se impartirán en centros privados o concertados, según la nueva oferta presentada este martes por el Departamento de Educación. La decisión ha provocado las críticas de CCOO, que denuncia una “privatización salvaje” de la FP y asegura que desde la llegada del actual Ejecutivo se han autorizado ya 7.216 plazas privadas en la comunidad.

La ampliación anunciada por el Gobierno incorpora 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas de primer curso entre grados básicos, medios, superiores y cursos de especialización. En Grado Básico se implantarán cinco nuevas enseñanzas, dos de ellas en centros privados o concertados: Informática de Oficina en el Colegio San Vicente de Paúl y Fabricación y Montaje en Serpi Fundación Picarral. Las otras tres serán públicas y se impartirán en los IES Andalán, Tiempos Modernos y María Moliner de Zaragoza.

En Grado Medio, una de las tres nuevas enseñanzas irá a la privada: Vídeo, Disc-Jockey y Sonido en CPA Salduie. Las otras dos, Electromecánica de Maquinaria e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, se ofertarán en centros públicos de Huesca y Zaragoza.

La mayor diferencia aparece en los grados superiores. De las nueve nuevas enseñanzas autorizadas, siete se impartirán en centros privados o concertados y solo dos en institutos públicos, lo que supone el 77,8% de la nueva oferta superior en manos de la red privada. En concreto, CPA Salduie incorporará seis nuevos ciclos superiores vinculados a las industrias culturales y audiovisuales: Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; Producción de Audiovisuales y Espectáculos; Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; y Marketing y Publicidad. A ellos se suma Mecatrónica Industrial en Salesianos Nuestra Señora del Pilar.

La red pública incorporará únicamente dos nuevos grados superiores: Marketing y Publicidad en el IES Pirineos de Jaca y Mecatrónica Industrial en el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas.

No obstante, los centros públicos mantienen el control absoluto en las enseñanzas especializadas y de actualización técnica. Las cuatro nuevas ofertas de Cursos de Especialización (los conocidos como 'másteres de la FP') y las cuatro nuevas dobles titulaciones de Hostelería y Turismo se han concedido de forma íntegra a institutos y centros públicos como el CPIFP San Lorenzo, la Escuela de Hostelería de Teruel o el Centro de FP Campus Digital de Zaragoza.

“Desmantelamiento” de la FP pública

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón consideran que estos datos evidencian un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

En su informe, CCOO asegura que el actual Gobierno ha autorizado más de 7.216 plazas privadas desde agosto de 2023 y acusa a la Consejería de generar un “déficit artificial” de plazas públicas que acaba derivando alumnado hacia la privada. El informe de CCOO desvela la “lógica perversa” que aplica la Consejería de Educación: “Se provoca un déficit artificial de plazas públicas al no atender la demanda creciente de las familias, abriendo una pasarela directa para que grandes corporaciones y fondos de inversión absorban al alumnado excedente con el consecuente perjuicio económico para las familias”.

El sindicato muestra su preocupación ante esta “masificación descontrolada de la oferta privada”, ya que consideran que podría “colapsar” el sistema de prácticas en empresas: “Al ser las plazas de prácticas un recurso finito, los miles de alumnos procedentes de la red privada corren el riesgo de desplazar y bloquear la titulación de los estudiantes de la red pública”. Por todo ello, CCOO Aragón exige “la paralización inmediata de esta deriva privatizadora, una auditoría seria de las necesidades reales de los centros públicos y una apuesta presupuestaria firme por la FP pública. Las plazas deben garantizar el derecho universal a una educación pública, gratuita y de calidad”.

El Departamento de Educación rechaza esa interpretación y defiende que la implantación de estos ciclos responde “a la necesidad de plazas y a la demanda del alumnado” en ramas vinculadas a las industrias culturales, uno de los sectores por los que el Ejecutivo asegura estar apostando. Según trasladan fuentes de Educación, este curso cerca de 450 personas se quedaron sin plaza en Zaragoza en estos ciclos tras solicitarlos en primera opción, por lo que la ampliación busca absorber esa demanda creciente. El Gobierno defiende además que la FP aragonesa supera ya los 28.300 alumnos matriculados en enseñanzas sostenidas con fondos públicos y destaca sus elevados índices de inserción laboral.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La nueva consejera extremeña de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, se ha estrenado con un enfrentamiento con PSOE y Unidas, a los que ha dicho: “sois la peor oposición que ha tenido Extremadura”. Ha reaccionado así al ser preguntada por la diputada de la coalición de izquierdas, Nerea Fernández, sobre las medidas que va a adoptar la Junta para atender las reclamaciones de mejora en las condiciones laborales de las Técnicas de Educación Infantil (TEI).

Fernández ha recordado a Valencia que se reunió con ellas en noviembre de 2024, entonces como portavoz del PP en la Comisión de Educación, y “estamos a mayo de 2026 y no han hecho absolutamente nada”.

La diputada de Unidas por Extremadura ha indicado que estas profesionales solo quieren que su trabajo sea dignificado con una bajada de las ratios, ya que es “humanamente imposible” que cada una de ellas se haga cargo de ocho bebés de 0 a 1 año; de 13, en el caso de los niños y niñas de 1 a 2 años; o de 18, cuando tienen entre 2 y 3 años.

Pero la consejera se ha defendido atacando y haciendo un guiño a la red de centros privados de Educación Infantil, cuya patronal se ha posicionado en contra de los intereses de las trabajadores de las guarderías públicas. Valencia ha acusado a la formación política que lidera Irene de Miguel de vivir “instalados permanentemente en el ruido y en el enfrentamiento” y de seguir “anclados en el discurso del miedo y la crispación”.

La consejera dicho que el Gobierno de PP y Vox “viene a gobernar para todos” y que “escuchará” esas reivindicaciones, que, por otro lado, ya conoce. Además, ha criticado que Unidas que solo apoye a los centros infantiles públicos. “Ustedes solo están con algunos”, ha dicho, al tiempo que ha defendido “la libertad de las familias” para elegir la guardaría que quieren para sus hijos.

Valencia ha expuesto distintas medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura por la Junta, como que desde 2024 la educación de 1 a 3 años es gratuita y que a partir de septiembre se incorporará la etapa de etapa de 0 a 1 año; o la estabilización de 67 Técnicos de Educación Infantil.

Sandra Valencia ha afeado también a la oposición que ella llevara en el cargo 4 días y aprovecharan una huelga nacional de este colectivo para “atacarnos”.

Tras su intervención, una representante del colectivo que se encontraba presente el la tribuna de invitados del hemiciclo de la Asamblea ha gritado la consigna “no guardamos, educamos”, por lo que ha sido invitada por el presidente de la Cámara a abandonar el recinto, lo que ha hecho junto a sus compañeras. 

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.