Agresor y víctima se conocían porque ambos carecían de un domicilio fijo y solían dormir al raso en las mismas calles de Gijón/Xixón. El pasado viernes, se halló el cadáver de uno de ellos y las sospechas no tardaron en recaer en el otro hombre que pernoctaba muchas noches en la misma zona. Tras su detención, este lunes pasó a disposición judicial y, apenas unas horas más tarde, la jueza decretó su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias acusado de su presunta autoría en un delito de homicidio.

La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía gijonesa ha difundido este lunes un comunicado de prensa donde anuncia la detención de un hombre, de 49 años, por su relación con el crimen pocos minutos después de que se hallara el cadáver de la víctima, de 59 años.

Colaboración ciudadana

Los agentes se habían trasladado hasta la plaza Nicanor Piñole, tras ser advertidos del hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba una herida inciso-punzante en el cuello.

Inmediatamente se desplegó un dispositivo en la zona que permitió, en cuestión de minutos y gracias a la colaboración ciudadana, la identificación y posterior detención del presunto autor del homicidio.

Localización del arma homicida

La propia Policía Nacional ha confirmado que tanto la víctima como el agresor se conocían porque ambos habían pernoctado en varias ocasiones en el entorno donde se produjo la agresión.

Uno de los momentos clave de la investigación fue la localización del arma homicida. El minucioso trabajo de los agentes en colaboración con el servicio de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón permitió la recuperación del arma blanca con el que se produjo la agresión, que había sido arrojada a una alcantarilla cercana al lugar de los hechos.

Del calabozo al juzgado

La intervención técnica resultó determinante para su localización y extracción; lo que servirá como prueba para depurar la responsabilidad penal en el homicidio.

El presunto agresor pasó esta mañana a disposición judicial. La magistrada titular de la plaza número 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón/Xixón ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El riesgo de fuga

La magistrada seguía así el criterio de la Fiscalía de Área de Gijón/Xixón que había solicitado que decretase su internamiento en el Centro Penitenciario de Asturias como medida cautelar.

El Ministerio Fiscal ha confirmado a elDiario.es Asturias que pidió el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza al apreciar la existencia de indicios suficientes que apuntan a la autoría del detenido; dada la gravedad de los hechos que se le imputan y lo elevado de la pena que, en caso de condena, podría imponérsele.

La Fiscalía apreció igualmente la existencia de riesgo de fuga al carecer el detenido de domicilio conocido y la posibilidad de que pudiera destruir medios de prueba y cometer nuevos hechos delictivos.

A partir de este jueves ya no se podrá pernoctar en Barajas. Aena va a restringir el acceso nocturno al aeropuerto a todas las personas sin hogar que dormían en las instalaciones para “reforzar la seguridad” en el recinto. Las entidades sociales estiman que la medida afectará a entre 200 y 400 sintecho que hasta ahora pasaban la noche en la T-4. En un comunicado emitado este miércoles, la compañía indicaba que seguirá facilitando la “indispensable y valiosa” labor de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades del Tercer Sector.

Estos equipos de calle serán los encargados de guiar a las personas que pernoctan en Barajas a las instalaciones facilitadas por el consistorio con el fin de “avanzar de forma paulatina en su derivación total hacia el centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid desde todas las terminales del aeropuerto”.

Según apunta Aena, durante la última semana se ha informado a todas las personas que duermen en la Terminal T4 de que, a partir del jueves 24 de julio no podrán permanecer en las instalaciones, pero podrán acceder al nuevo dispositivo temporal en el centro de acogida Pinar de San José, en el distrito de Latina, que abrió sus puertas el pasado 14 de julio y dispone de 150 plazas activas hasta el 20 de octubre.

En cuanto al censo de personas que pernoctan en Barajas, “las partes involucradas” están ultimando el tratamiento de los datos para cumplir la legislación en esta materia. “Legalmente, el censo no es indispensable para que los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid proporcionen la obligada primera atención de emergencia a las personas sin hogar, un colectivo muy sensible cuyo número se ha reducido de manera sustancial en las últimas semanas en el aeropuerto”, señala la compañía.

Asimismo, en el comunicado emitido este miércoles, Aena recuerda que los aeropuertos “no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son infraestructuras exclusivamente de paso, que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí disponen las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid”.

Además, Aena ha rechazado lo que califica como “execrables especulaciones” que vinculan la presencia de personas sin hogar con una supuesta plaga de chinches en el aeropuerto. La compañía asegura que el equipo técnico no ha recibido ningún aviso relacionado con este asunto y subraya que las tareas de limpieza e higienización en las instalaciones son constantes.

Asimismo, precisan que cualquier solicitud sobre limpieza, ya sea por parte del personal o de los pasajeros, es atendida con revisiones y actuaciones inmediatas: “En el caso de las picaduras que algunos trabajadores de la Terminal T4 denunciaron el pasado mes de mayo, Aena reitera que la empresa especializada en desinsectación contratada por el aeropuerto descartó en sus informes técnicos la existencia de una plaga”.

Dos desconocidos han dejado un sobre con 4.100 euros y una hoja manuscrita a un indigente que dormía junto a una administración de lotería en Málaga, que al día siguiente repartió más de 600.000 euros al vender un billete completo del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional.

El pasado viernes, sobre las 17 horas, Agustín Giménez llegó a la administración número 4, llamada La Tribuna y situada en el centro histórico de la capital malagueña, y encontró a un hombre extranjero de entre 60 y 70 años tumbado en el suelo y en estado de embriaguez, según ha explicado este miércoles a EFE.

“Una buena persona” le comunicó que dos desconocidos, un hombre y una mujer, se habían acercado al indigente y habían dejado junto a él un sobre blanco cerrado, aunque por una esquina del mismo se veía que contenía dinero. Giménez, que es el marido de la dueña de la administración de lotería, cogió el sobre para evitar que alguien lo sustrajera y llamó a la Policía Local, que se quedó como depositaria del mismo, según ha adelantado este miércoles Diario SUR.

Un fragmento de la Biblia

Al abrir el sobre, comprobaron que contenía 4.100 euros en billetes de 20 y 50 euros, además de una postal con una pintura de una virgen y un papel en blanco con un fragmento de la Biblia escrito a bolígrafo, ha relatado. El indigente, que frecuenta el barrio, fue trasladado por los servicios sanitarios en silla de ruedas al lugar donde vive, a la espera de que posteriormente se le entregase el dinero.

En la administración revisaron las imágenes de las cámaras de televisión por si se veía a la pareja que dejó el sobre, pero no se sabe nada de ellos por el ángulo muerto de la cámara.

“En menos de 24 horas” de este acto de generosidad, la administración de lotería supo que había vendido un billete completo del primer premio del sábado, que recayó en el número 37.984. En concreto, repartió 600.000 euros de este premio, además de otra cantidad que Giménez no ha precisado de las terminaciones posteriores al número agraciado en el sorteo.

Vidas que se alejan y otras que llegan, carretera y asfalto, coches de aquellos que, un día más, van a trabajar y otros que, por fin, salen en busca de desconectar. La M30 es la frontera del centro de la capital, aquella que delimita a barrios como Hortaleza, Vallecas, Carabanchel, Moratalaz o Usera, entre otros, y que abre las puertas a conocidos y extraños a la gran ciudad. Sin embargo, entre sus arcenes y descampados se encuentran personas para las que la autopista no es sinónimo de paso, sino de hogar. Aquellos para los que les es imposible vivir tanto a un lado como al otro de la frontera porque, de alguna u otra forma, “la hostilidad” de Madrid les expulsó.

Cartones, tiendas de campaña desgastadas, telas organizadas para crear estructuras habitables, restos de cartón, madera o envases y carros de la compra en el que se pueden encontrar desde latas de conserva, cuerdas, botellas vacías... El escenario que se vislumbra en los alrededores de la autopista madrileña refleja el fracaso de una ciudad. El calor que se concentra entre el limbo del asfalto y el secarral lo convierte en un infierno para aquellos que viven en él.

A las difíciles condiciones meteorológicas, tanto en verano como en invierno, se suma la higiene en peligro constante. Los derechos fundamentales son además mermados por una situación a la que no es tan difícil llegar. Las personas que no tienen un hogar sienten un juicio social permanente. “Estás en la calle, pidiendo algo de comida, dinero o lo que sea para mejorar tu situación y ves cómo la gente con suerte te mira como si no existieras o con desprecio”, comenta Lucía, una de las residentes de una pequeña chabola en la zona de Ventas que lleva meses instalada.

“El juicio social ahora ha aumentado, ahora ya no solo es que seamos un mal ejemplo que los padres señalan para que sus hijos no acaben así. También se nos relaciona con la violencia, inseguridad o el consumo de drogas”, explica, ante la radicalización que ha percibido desde hace un tiempo. “Tener un golpe de mala suerte o haber tenido unas condiciones difíciles en la vida parece que te imposibilita a tener derechos”.

José es otro de los que viven entre los puentes, la carretera y lo que el ciudadano común no alcanza a ver. Viste ropa desgastada y un calzado embarrado, se encuentra sentado en una silla de plástico a la sombra de un árbol y come una pequeña lata de atún. Lleva años en la zona y su pequeño hogar está construido por cuerdas, tablas de madera, cartones y elementos que se ha encontrado por los contenedores. “Tengo hasta una pequeña terracita con una mesa y sillas que me encontré por ahí”, comenta irónico ante una situación que sabe que es muy complicada. “En invierno mucho frío y en verano mucho calor”, explica para introducir cómo sobrevive en el calor de la capital. “Tengo varias botellas de agua para poder ir rellenando. Tenemos la suerte de que aquí al lado hay una fuente funcional, de las pocas que hay en la ciudad. Algunas son para hidratarme y otras para aseo personal”, afirma, señalando los diferentes envases que tiene amontonados en la puerta.

“En las horas en las que empiezan a pasar coches me acerco a algún semáforo, la entrada de algún supermercado o a la propia calle para poder ganarme la vida... Conseguir algo de comida, unas monedas o lo que buenamente se pueda”, desarrolla José, para reflejar su rutina.

El pasado febrero, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, preguntaba a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en relación a los 64 asentamientos chabolistas situados en los alrededores de la carretera madrileña. El dirigente de la extrema derecha aseguraba que se trataba de lugares que “afectan gravemente a la seguridad porque hay personas que entran y salen de esas zonas, cruzando las calles, haciendo fuego, vendiendo droga y todo afecta a la salubridad porque se producen acumulaciones de suciedad, hay roedores, hacen sus necesidades, las personas que están ahí, por cualquier lado”.

Pese a la indignación del portavoz de extrema derecha, no añadió ninguna propuesta o medida para atender a las personas que se encuentran en esa situación. “La gente se piensa que es complicado terminar en la calle, sin techo y con condiciones inhumanas, pero la realidad es que solo necesitas un mal día”, señala Lucía. Ella trabajaba en un supermercado cercano a Ventas, vivía de alquiler y, tras las sucesivas consecuencias de la pandemia, perdió el empleo. No tenía soporte familiar debido a que la mayoría de los suyos viven fuera de España y con la gente que se relaciona en la ciudad reconoce avergonzada que, o no comenta la situación en la que se encuentra, o les dice que es algo meramente temporal.

Ortega Smith, además, señalaba que los asentamientos de chabolas crean “una imagen deplorable de la ciudad, porque es una vía de alto tránsito”. Y solicitaba entonces una “actuación urgente para el desmantelamiento”. “A los ciudadanos nos importan un bledo las competencias. El ciudadano que ve un asentamiento no se está preguntando si es competencia de M30, o del distrito, o de la Comunidad. Lo que quiere es que ese asentamiento no esté ahí, que la calle esté limpia y reparada”, concluía el portavoz de extrema derecha ante el reproche de la delegada popular que aseguraba que “solo le importan unas personas y las otras no”.

Las historias de José y Lucía se repiten a lo largo de la autopista de la capital. El barrio de Ventas no es el único en el que algunas personas encuentran un pequeño y apartado refugio en el que poder estar. “Si estoy en un cajero me miran mal, si estoy en el suelo en la calle lo mismo, si pido dinero o comida no me creen y si digo que mi vida no ha sido fácil se pensarán que es por la droga o porque 'algo mal habré hecho'. Prefiero estar en este lugar construido por mis manos alejado de todo”, sentencia José.

Una campaña del calor insuficiente

Dada la situación a la que se enfrentan las personas sin hogar en condiciones meteorológicas extremas, especialmente este verano que se están alcanzando temperaturas récord por encima de los 40 grados, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha por primera vez en la historia una campaña del calor. El proyecto todavía se encuentra en fase piloto, pero desde el Consistorio aseguran “la continuidad de esta nueva prestación para los próximos años, pudiendo ser modificadas sus condiciones en función de la demanda y necesidades que se detecten en el modelo de prueba”.

Las personas en situación de emergencia social han podido encontrar refugio ante las altas temperaturas en un centro de acogida de Villa de Vallecas. Sin embargo, el espacio está operativo con tan solo 50 plazas que no cubren a las centenares de personas que se encuentran en las calles de la capital, con horario diurno –de 12.00 a 20.00, que son las horas con más exposición al sol– y que se ha puesto en marcha las veces en las que la Comunidad de Madrid ha declarado el Nivel 2 de Alto riesgo por calor. Es decir, a partir de cuando en la capital se alcanzan los 38,5 grados o registros superiores a 36,5 durante al menos cuatro días consecutivos.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, valoraba en su momento “positivamente” la acción. Sin embargo, advertía de que “es insuficiente ofrecer 50 plazas y que estas sean exclusivamente durante las alertas meteorológicas”. Además, comparaba a la capital con Sevilla, en la que afirmaba que “se ofrecen 140 plazas durante todo el verano con una población mucho menor”. “Hay necesidad de un mayor compromiso de las instituciones públicas con las personas sin hogar, instando a extender y mejorar los recursos empleados”, concluía la portavoz.

Durante la estancia en estos “refugios climáticos” las personas que asisten tienen una habitación adecuada y una comida al mediodía consistente de de un gazpacho o sopa fría, un bocadillo y yogur. Además, desde la institución madrileña comparan la iniciativa con una similar que se lleva a cabo los meses más fríos del año con la que presumen de haber atendido a más de 1.800 personas entre 2023 y 2024. La vicealcaldesa y portavoz de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha señalado que “es un esfuerzo importante para seguir mejorando la atención a las personas más vulnerables, como se hace en la campaña del frío, pero que era necesario incorporarla en el verano donde las olas de calor cada vez serán más amplias en las ciudades”, pero reconoce que “todavía se está en una fase muy informativa y cuesta que las personas se quieran acercar”. Apuesta, en todo caso, por “el medio plazo”.

Desde que comenzó el verano más de 280 personas han fallecido en la Comunidad de Madrid por causas relacionadas al calor según un informe elaborado por el instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Además, esta situación no es nueva, el pasado curso la capital se colgó la medalla de oro en el ranking de la tasa más alta de mortalidad por calor según el Ministerio de Sanidad. Si de por sí el escenario de la región es preocupante, el riesgo y las consecuencias tienen un agravante extra en las personas que padecen el sinhogarismo y los escasos recursos que tienen para poder enfrentarse a una ola de calor que llega todos los veranos.

Dos vecinos del municipio pontevedrés de Lalín, de 21 y 27 años, han sido detenidos por agredir a una persona sin hogar en Gijón en la noche del pasado 25 de noviembre. Los supuestos autores difundieron en redes sociales un vídeo de los golpes que propinaron al hombre. En las imágenes se ve cómo, entre risas, lo patean en un soportal de la ciudad asturiana mientras lo insultan.

Tras la difusión del vídeo, las fuerzas de seguridad identificaron a los presuntos agresores, dos vecinos de Lalín. Uno de ellos fue localizado en Gijón, donde la Policía Nacional procedió a su detención este viernes. El otro, fue detenido ya en Lalín por agentes de la Guardia Civil del municipio pontevedrés.

El detenido en Galicia fue puesto a disposición judicial este sábado y ha quedado en libertad con cargos. Se le imputa un delito de lesiones y otro de odio, recoge Europa Press. Los dos acusados tienen antecedentes judiciales por delitos semejantes.

Apenas 400 metros separan la Catedral de Santiago de la dársena de autobuses turísticos y la entrada al aparcamiento de la avenida de Xoán XXIII. En esa zona, la plataforma superior, con vistas al monte Pedroso y a la residencia oficial del presidente de la Xunta, hace de visera sobre una parte del nivel inferior, que queda recogida y resguardada de la lluvia y que se convirtió en el lugar habitual para pasar la noche de varias personas sin hogar. El Ayuntamiento acaba de comenzar unas obras para tapiar esa área con la intención de que la presencia de este grupo no interfiera con la llegada de turistas a la zona en autobuses o en sus vehículos particulares.

El Gobierno local, dirigido por el socialista Xosé Sánchez Bugallo, no quiere que la primera estampa de parte de los miles de visitantes que la capital gallega recibe a diario sea la de las tiendas de campaña, sacos de dormir y cartones en los que pernocta un grupo de menos de una decena de personas. Los trabajos para levantar el muro no han disuadido en los primeros días a todos ellos y algunos han pasado estas últimas noches allí.

No es la primera vez que los responsables locales intentan evitar la imagen de las personas sin hogar en el borde mismo de la zona vieja compostelana. En 2013, con un gobierno del PP en el Ayuntamiento, se instalaron unas jardineras para tratar de impedir el paso, pero quienes frecuentaban las dársenas para cobijarse por la noche buscaron otros puntos de la misma estructura para resguardarse. La medida la recuerda el grupo municipal de Compostela Aberta -en el gobierno en la legislatura anterior y ahora en la oposición-, que carga también contra la decisión de Sánchez Bugallo de tapiar esta zona de refugio. El Gobierno municipal no ha respondido a las preguntas de esta redacción sobre este asunto.

Para la concejala de Compostela Aberta Marta Lois, la intervención demuestra “lo cerca que está el PSOE de Bugallo de la derecha”. El PP y los socialistas defendieron la medida en la Comisión Asesora de Patrimonio en la que se planteó, añade la concejala, y asegura que el Gobierno local “reconoce abiertamente que estas obras solo tienen como objetivo mejorar la imagen de la ciudad ante los turistas”. El problema, dice, es que “en ningún momento piensa en mejorar la situación de las personas sin hogar, que no van a desaparecer porque se tape el lugar que utilizan para dormir”.

Lois señala que la iniciativa de las jardineras “evidentemente no consiguió solucionar la situación de las personas sin hogar” y esta tampoco lo hará. Afea que el enfoque del problema sea estético: “Hablamos de una cuestión de justicia social; lo importante es la situación de las personas sin hogar que, si duermen en Xoán XXIII, es porque sigue sin haber opciones válidas para ellas”. La concejala defiende la propuesta que había impulsado Compostela Aberta desde el Gobierno local en la legislatura anterior para crear un centro municipal de atención integral a las personas sin hogar.

La dársena de Xoán XXIII es elegida por un grupo de personas para pasar la noche por tener una zona cubierta que las protege de la lluvia y el viento y también por el acceso a unos baños públicos. No es la única zona de la capital compostelana en la que se ven cartones y sacos del dormir al caer la noche. Otras personas sin hogar duermen en zonas como la dársena de autobuses de la calle Valle Inclán o bajo los soportales de algunas de las plazas de la zona vieja de la ciudad.

No se conoce el número exacto de personas sin hogar que viven en Santiago de Compostela. Los cálculos de Cáritas, una de las organizaciones que participa en programas sociales, apuntaban hace 10 años a que en la capital gallega dormían al raso cada noche unas 200 personas. Sin embargo, un estudio de 2017 incluido en el Plan de Atención a Personas sin Hogar 2017-2023 de la Xunta, estimaba en 40 la cifra en la capital gallega y la situaba como la segunda ciudad, después de Vigo, con mayor proporción de personas en esta situación en la comunidad, casi cuatro de cada 10.000.

Las calles de la ciudad de Zaragoza son para cerca de 150 personas el único lugar donde pasar la noche, donde dormir. No tienen un hogar. La cifra de personas que carecen de una vivienda en la capital aragonesa asciende hasta casi 500 si se suman aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, que hacen uso de los servicios que instituciones y fundaciones como el Albergue o la Hermandad del Refugio ofrecen durante todo el año, servicios que en estos meses de frío se refuerzan, ampliando el número de camas. Varón, mayor de 45 años y en situación de desempleo son tres rasgos que componen el perfil tipo de estos ciudadanos, según informan desde la Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar de Zaragoza.

Los hombres siguen siendo el colectivo mayoritario de las personas sin hogar (88%). No obstante, aumenta el porcentaje de mujeres, que pasa del 7 al 12,5%. Estos datos son un avance del estudio que Cruz Roja realiza, cada dos años, sobre este colectivo vulnerable y que verá la luz antes de 2020. Otro de los aspectos destacados de este informe es que, por primera vez, los ciudadanos españoles abocados a dormir en la calle representan el 50% del total.

La pérdida del empleo es la principal causa (60%) que lleva a los ciudadanos a quedarse sin hogar. No obstante, hay otros “fenómenos más complejos”, como explica Susana Royo, subdirectora de intervención social de Cruz Roja Zaragoza. “El alcoholismo, la salud mental y otros factores llevan a las personas a esta situación. En muchos casos, se juntan dos o más motivos”, asegura.

Las calles y plazas del centro de la capital aragonesa son los lugares donde más personas sin hogar se concentran para dormir por las noches, junto con las zonas próximas a los albergues. “La calle da frío, pero también mucho miedo. Por eso es lógico que grupos de dos o más personas elijan situarse en estos sitios céntricos”, indica el portavoz de la Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar de Zaragoza, Goyo García Carpinteros.

El acompañamiento, un paso para salir de la calle

El 36% de las personas sin hogar en Zaragoza llevan entre uno y tres años en la calle, según datos de Cruz Roja. Sin embargo, desde esta entidad alertan de aquellos casos crónicos, los de hombres y mujeres que carecen de un hogar desde hace más tiempo y que se ven sumidos en la falta de esperanzas para encontrarlo. “Actualmente, acompañamos a 20 personas a través de un equipo social y sanitario. Realizamos curas y les vacunamos de la gripe, ya que en muchos casos encontramos un rechazo por su parte a acudir a los hospitales y centros de salud”, destaca Susana Royo.

Una labor similar realizan desde Cáritas Zaragoza, donde Goyo García ejerce como trabajador social. El año pasado ayudaron a 64 personas a salir de la calle. “Trabajamos centrados en mejorar su calidad de vida, que obtengan unos ingresos mínimos y que puedan tener una ocupación útil del tiempo, más allá de fomentar su empleabilidad”, explica.

Este último aspecto, el de ocupar el tiempo libre en un ocio cultural y con valores, es fundamental para evitar los casos de recaída en aquellos fenómenos que les han llevado a perder su hogar. “Somos conscientes de que existe ese riesgo, pero estamos contentos porque el 70% de quienes han participado en este proceso han logrado acceder a una vivienda o un piso compartido”, añade.

Voluntarios para abrigar a las personas sin hogar

El frío es uno de los peores enemigos de este colectivo durante los meses de otoño e invierno. Aunque el Albergue de Zaragoza ha aumentado su número de plazas en cerca de 40, hay gente que se ve obligada a dormir en la calle. Con el objetivo de arroparlos y visibilizar la realidad del sinhogarismo, el Voluntariado Express regresaba este pasado viernes a la capital aragonesa, a través de Bokatas Zaragoza, ONG que acompaña varios días a la semana a las personas sin hogar desde 2015.

Cerca de cien voluntarios participaron en Zaragoza en esta iniciativa, que en menos de 24 horas recaudó fondos de organizaciones y particulares, y repartió kits contra el frío, compuestos por sacos de dormir y ropa térmica, entre quienes duermen en la calle. El año pasado arroparon a un total de 58 personas.

“Es así como nos acercamos a una realidad desconocida que nos hemos acostumbrado a ver en nuestras calles. Las personas sin hogar son gente normal que, simplemente, han tenido más problemas que nosotros y no se han visto con los apoyos suficientes para salir de esta situación”, señalan desde la organización.

Un operativo conjunto de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana desalojó este lunes a las personas sin hogar que vivían desde hace más de cuatro años en los jardines de Sant Pau del Camp del barrio del Raval de Barcelona. Los cuerpos policiales identificaron a 29 indigentes y arrestaron a doce, los que no tenían papeles. De estos, nueve han ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, ha informado la fundación Arrels, que atiende a varios de los sintecho, y han confirmado fuentes policiales.

La fundación Arrels ha criticado con dureza el operativo y ha reivindicado que las medidas policiales “no solucionan el problema y vulneran los derechos de las personas sin hogar”. La fundación ha aportado el testimonio de una indigente que vivía en el parque, M., que ha denunciado que los policías le impidieron recoger el colchón que tenía y se llevaron a su pareja, una persona extranjera en situación administrativa irregular.

Fuentes de la Policía Nacional –cuerpo competente en materia de extranjería– han explicado que los indigentes sin papeles que han ingresado en el CIE tenían antecedentes por delitos contra el patrimonio (robos). Por su lado, una portavoz de la Guardia Urbana no ha vinculado la operación policial y los detenidos con los robos sino con el tráfico de drogas en la zona, y ha informado que hay un indigente imputado por un delito contra la salud pública. La actuación policial finalizó perimetrando unas obras que se realizarán en el parque.

Desde Arrels han explicado que en los jardines de Sant Pau del Camp vivían personas “con problemáticas muy complejas” y con distintas características: personas sin papeles, menores de edad con sus familias, jóvenes que recientemente han cumplido 18 años y menores y mujeres solos. Algunos dormían en tiendas de campaña y otras directamente en el suelo.

Arrels y el Ayuntamiento discrepan sobre si los servicios sociales municipales ayudaron a los sintecho tras su desalojo. Según la versión del consistorio, el Ayuntamiento ofreció “recursos sociales”, como venía haciendo desde hace meses con los sintecho de la zona, pero ningún indigente aceptó este lunes un alojamiento de los servicios sociales. Otros sí lo habían hecho anteriormente y todos ellos, han indicado desde el consistorio, fueron contactados por los servicios sociales.

Por contra, Arrels ha explicado que los indigentes se han buscado otros sitios en la calle para dormir. “A mi no me han ofrecido ninguna alternativa ni pude ver a nadie más que a los policías. Ara estoy durmiendo por la zona en un banco, con calor y miedo”, ha aseverado M.

“Desplazar a las personas que duermen en la calle no es la solución”, ha denunciado Arrels. La fundación ha reclamado “intensificar la acción social y no la policial” para reducir la cifra de 1.200 personas que duermen en la calle en Barcelona. En este sentido, Arrels ha pedido facilitar el acceso a vivienda protegida a las personas sin hogar con promociones específicas y abrir la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona a los sintecho, que actualmente no pueden acceder al sistema.

Arrels también ha propuesto habilitar pequeños espacios en todos los barrios de Barcelona para que los indigentes puedan pasar la noche para reducir la saturación de los tres albergues para sintecho de la ciudad. Asimismo, ha reclamado que la Guardia Urbana deje de identificar a primera hora de la mañana a los sintecho y les obligue a levantarse y recoger sus pertinencias, práctica que, a juicio de la fundación, “criminaliza” a los indigentes.

Los ciudadanos ricos de San Francisco que lanzaron una campaña de crowdfunding para bloquear la construcción de un nuevo refugio para personas sin hogar en un barrio costero han decidido utilizar una nueva táctica: dicen que las personas sin techo dañan el medioambiente.

En una demanda contra la ciudad de San Francisco y la comisión de tierras del estado de California, los vecinos han pedido que expertos medioambientales hagan una revisión del proyecto antes de iniciar la construcción.

“Este proyecto tendrá un considerable impacto en el medioambiente por sus inusuales características, ya que al atraer a personas sin hogar aumentará el consumo de alcohol y drogas, el delito, las llamadas a servicios de emergencias, habrá orines y heces en espacios públicos y otras molestias”, sostiene la denuncia.

Es común que las personas que se oponen a obras de infraestructura y a proyectos de viviendas accesibles apelen a la Ley de Calidad Medioambiental de California como una estrategia para retrasar la construcción. La ley obliga a los constructores a hacer un informe del impacto medioambiental que puede tener el proyecto y a tomar medidas al respecto.

Los abogados de los vecinos, cuyos honorarios de más de 90.000 euros se recolectaron a través de un campaña de crowdfunding en el portal GoFundMe, argumentan en la demanda que el impacto medioambiental del proyecto no ha sido revisado. La ciudad ha respondido que el proyecto –un refugio temporal de 200 camas para personas sin techo- está exento de este tipo de revisiones.

“Me pregunto si ésta es una preocupación legítima o un intento de último momento para retrasar la construcción del refugio por cualquier motivo”, afirma Kelley Cutler, miembro de la organización Coalición para los Sin Techo. “Las emisiones de metano son malas para el medio ambiente, y esto me huele mal”, añade.

La lucha de los vecinos contra la construcción del refugio para las personas sin hogar coincide con el aumento imparable de la indigencia en San Francisco. Las últimas cifras publicadas por funcionarios públicos hablan de más de 8.000 personas sin techo en la ciudad. Más de 1.400 esperan cada noche a que se abran los refugios y la ciudad ha prometido sumar 1.000 camas más. La cantidad de personas sin techo en San Francisco ya se considera una crisis humanitaria, alimentada en parte por el aumento del precio de las viviendas como consecuencia del auge de las empresas tecnológicas en el área.

Los vecinos que se oponen al refugio sostienen que su preocupación es la seguridad pública, un argumento que los defensores de los derechos de las personas sin hogar consideran degradante y prejuicioso. Además de las preocupaciones medioambientales, la demanda afirma que el proyecto “probablemente hará disminuir el precio de mercado” de cualquier proyecto inmobiliario en ese barrio.

John Coté, portavoz del procurador de la ciudad Dennis Herrera, asegura que el ayuntamiento está analizando la demanda, pero aclara que el proyecto ha pasado por todas las revisiones medioambientales pertinentes y que la Junta de Supervisores ha rechazado varias apelaciones que invocaban la Ley de Calidad Medioambiental de California.

“San Francisco tiene una crisis de indigencia”, afirma Coté. “La ciudad está intentando ofrecer un techo, mientras que algunas personas inician demandas sin fundamentos con el propósito de que estas personas duerman a la intemperie. En lugar de intentar que deshacerse del problema, todos deberían colaborar”.

Traducido por Lucía Balducci

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) decretó el pasado 15 de marzo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre nacido en Turquía con nacionalidad española de 43 años y la puesta en libertad provisional con cargos a determinar para su pareja, una mujer británica de 50 años, por el asesinato de un indigente el pasado 11 de enero en el sur de la isla.

La Policía los arrestó el 13 de marzo, tras recabar una serie de indicios (testimonios, vídeos grabados por cámaras de vigilancia y vestigios en el lugar de los hechos) que permitieron solicitar al juez la entrada y registro en su domicilio, donde se encontraron las prendas que supuestamente vestían cuando quemaron a la víctima.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la autoridad judicial achaca al varón un presunto delito de homicidio, mientras que los cargos contra la mujer están por determinar.

El móvil, una presunta agresión previa

“El móvil que barajamos es la venganza”, ha explicado a la prensa el jefe del grupo de homicidios de la Comisaría de Maspalomas, José Cabal, que ha detallado que la víctima tenía pendiente un juicio por haber apuñalado en 2017 al hombre ahora sospechoso de su muerte.

Cabal ha detallado que, a la espera de que se completen los informes, creen que pasó un tiempo aún por determinar desde que los detenidos, supuestamente, estrangularon a la víctima hasta que la quemaron, tras rociar su cuerpo con alcohol.

El fallecido es un indigente muy conocido en San Fernando de Maspalomas y Playa del Inglés que solía desplazarse en silla de ruedas, porque tenía las dos piernas amputadas, ha precisado este portavoz policial.

La Policía resalta que el trabajo para resolver este crimen ha sido particularmente laborioso, porque el escenario donde apareció el cuerpo estaba muy dañado, no solo por el fuego, sino por la acción del extintor que se utilizó para apagarlo.

La Policía Nacional ha detenido en el sur de Gran Canaria a un hombre de 43 años y a una mujer de 50 a los que se imputa un supuesto asesinato, presuntamente cometido al estrangular y quemar a una persona sin hogar de 61 años que se desplazaba en silla de ruedas por tener amputadas sus dos piernas.

Según ha informado este miércoles en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación desarrollada durante dos meses para esclarecer esta muerte ha permitido constatar que la víctima fue estrangulada en un recinto abandonado de la localidad turística de Playa del Inglés, donde pernoctaba.

Posteriormente fue quemado el pasado 11 de enero en el mismo lugar tras ser rociado con un acelerante del fuego.

La víctima, de nacionalidad rumana, era muy conocido en la citada localidad del sur de Gran Canaria.

Las pesquisas policiales han permitido recabar “los indicios suficientes para determinar la presunta participación en los hechos de un hombre de 43 años de edad, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, y de una mujer de 50 de nacionalidad irlandesa y sin antecedentes. Ambos son residentes en el sur grancanario”, agrega la nota.

En el registro practicado en el domicilio de los investigados, que ya han sido puestos a disposición judicial, se intervinieron varias prendas de vestir que, supuestamente, portaban el día del crimen.

Esto puede interpretarse como una respuesta acertada, pero no lo es. No lo es porque lo que viene a decir Bermúdez de forma muy poco empática es que el problema no es de Santa Cruz. Algo así como “oye, mira, que tienes razón, pero esas personas no son nuestras, son de otro ayuntamiento”. Que no vaya a pensar el lector que en Santa Cruz hay pobreza.

La entrevista del pasado lunes en El Día al alcalde de Santa Cruz produce bochorno extremo. Lejos de quedarse contento con la primera perlita, que puede llevar al lector a deducir que el alcalde de Santa Cruz tiene un problemita de aporofobia, el alcalde prosigue.

El periodista le pregunta por el perfil de las personas sin hogar. Una pregunta sencilla, de cajón, de esas que hay que llevar preparadas y que tienen una respuesta fácil de elaborar. Cualquier otra persona habría respondido con datos sobre los altos índices de pobreza, incluso, con propuestas para mejorar los datos de pobreza y exclusión social.

El alcalde decidió optar por esta respuesta: “El CIE de Hoya Fría, al estar en obras el de Las Palmas y cerrado el de Fuerteventura, es el único de Canarias activo, por lo que cualquier inmigrante que llegue a nuestras costas es enviado allí. Y si no se producen de manera ordinarias las deportaciones, a los 60 días esas personas sin papeles se van a la calle. Hemos detectado en la calle un aumento de personas sin papeles, solo con la hoja que les da la Policía, sin oficio ni beneficio”.

Le faltó decir que los inmigrantes que duermen en la calle están ahí porque quieren. Qué cruz le ha tocado al Ayuntamiento de Santa Cruz con los que no tienen “oficio ni beneficio”, oiga. Es decir, para el alcalde de Santa Cruz, la culpa de que en Canarias haya personas durmiendo en las calles es, primero del resto de ayuntamientos, que, además, parece que están gobernados por entes de partidos contrarios al de Bermúdez, y segundo, de los inmigrantes.

Pero, ojo, no de todos los inmigrantes sin ton ni son; es culpa de los inmigrantes sin papeles que salen del CIE de Tenerife. La culpa es de los inmigrantes pobres. A Coalición Canaria le incomoda la pobreza y la inmigración, un combo que de utilizarse como argumento político para eludir las responsabilidades propias puede resultar muy, pero que muy peligroso.

Cuatro personas sin hogar duermen en un cajero automático del centro de la capital tinerfeña. La imagen que lo atestigua la ha divulgado este lunes el coordinador de la Alianza de Vecinos de Tenerife, Abel Román Hamid, para “mover a la reflexión sobre el fracaso político y moral que supone para una sociedad situaciones como esta” y a la vez pedir soluciones.

El dirigente vecinal relata que este domingo, cuando fue a sacar dinero en una sucursal bancaria, por la noche, se encontró con esa “sobrecogedora escena, cuatro hombres sintecho durmiendo, guareciéndose del frío” en el estrecho espacio de un cajero de una entidad bancaria.

“Todos los vecinos de Santa Cruz vemos a gente sin hogar en calles, bancos, cajeros de entidades financieras, en diferentes direcciones, todos los días y a todas horas; tirados a la intemperie, pasando frío, y no se hace nada para resolverlo; ahí están los hechos, por lo que cabe preguntarse: ¿dónde está la escala de valores para resolver estos problemas en nuestra sociedad?”, manifestó Hamid a Tenerife Ahora.

Confiesa que le resulta “duro ver a seres humanos en una situación tan penosa” como la que presenció este domingo, “ y más aún ahora en Navidad”, por lo que no duda en tacharla de “fracaso de los políticos de toda condición, al no querer poner remedio para que las personas sin hogar no se vean abocadas a vivir en la calle, cuando los gobernantes tienen la obligación de administrar no solo los dineros de todos sino el sufrimiento humano que acarrea esa circunstancia”.

El representante de la Alianza de Vecinos, que aglutina a colectivos y ciudadanos de diversas partes de Tenerife, advierte de que “el perfil del indigente ha cambiado, y ahora se ven también mujeres durmiendo en la calle y con problemas de adicción, que antes no se veían”.

Previene además de que no son suficientes los recursos públicos para atenderlos, “teniendo en cuenta además que la salud mental de la mayoría de estas personas está afectada y hay que afrontar el problema también desde esa perspectiva”.

En el caso de Santa Cruz, se da la circunstancia de que el albergue tiene carácter insular, aunque pertenezca al Ayuntamiento, y considera necesario habilitar más edificios públicos y descentralizados para que al menos una persona sin hogar pueda dormir bajo techo y con condiciones mínimamente dignas. 

“Da asco y tristeza, indignación y rabia, por la indiferencia humana que demuestra que convivamos con estas situaciones sin que nadie haga nada”, se lamenta Hamid.

Insiste este activista social en que, si bien reconoce la labor que hacen diversas ONG y los trabajadores de los servicios sociales públicos, ha publicado esta imagen en las redes sociales para que “las autoridades y la sociedad en general tome conciencia de que este no es el camino y de que tenemos el deber moral de no ser indiferentes. Los responsables públicos, además, tienen un deber legal que cumplir”.

Alejandro tiene 49 años. Llegó a España en 2002 dejando en Rumanía a su madre, su hermana y a su hijo. Ha estado trabajando durante años en las campañas de recolección agrícola y en tareas de carpintería metálica por varias provincias. Nunca le hacían un contrato. Toledo, Valencia, Sevilla… su última parada fue Almería. Allí trabajó en los invernaderos hasta que se quedó sin trabajo. Y sin un techo. Ha estado viviendo en la calle más de dos años y, asociada a esa circunstancia, sufrió una adicción al alcohol que le produjo una grave insuficiencia hepática.

La gravedad de su enfermedad le llevó a estar cuatro meses ingresado en el hospital Torrecárdenas de Almería. Su cuerpo no era capaz de drenar y en varias ocasiones tuvieron que extraerle todo el líquido que se le acumulaba: hasta 11 litros. No puede caminar sin ayuda y necesita utilizar una silla de ruedas. Su situación mejoró pero… ¿qué hace una persona que sale del hospital para recuperarse si ni siquiera tiene una casa donde pasar su convalecencia y tener los cuidados necesarios?

Alejandro encontró su salvavidas en Espacio Salud. Este es el nombre con el que la Fundación RAIS –que trabaja con personas que viven en la calle- ha puesto en marcha este verano un hogar en Córdoba pensado para que personas que no tienen un techo y están enfermas o convalecientes puedan integrarse en un hogar, recibir así los cuidados necesarios y contar con un entorno propicio para su recuperación física y social. También para que personas que viven en la calle y se encuentran en una situación física extrema reciban los cuidados paliativos necesarios que dignifiquen su etapa final de la vida.

“Alejandro, no te reconozco. Eres otra persona”

“Alejandro, no te reconozco. Eres otra persona”. Eso es lo que, hace unas semanas, le dijo su doctora cuando fue a una de sus revisiones médicas. Alejandro lo cuenta con una sonrisa, para explicar el cambio físico y la mejoría que ha experimentado desde que vive en Espacio Salud. Allí, junto a otros ocho compañeros que también viven en este hogar, ha vuelto a dormir en una cama –“se me había olvidado. La última cama que tuve fue en el hospital”, cuenta- , a tener sus rutinas de alimentación adecuada para su enfermedad, a recibir indicaciones para ganar autonomía en los cuidados que necesita y, además, a integrarse en un grupo social, en la convivencia, bajo un techo.

Porque el objetivo que la Fundación RAIS persigue con este Espacio Salud no solo es el de atender las necesidades de personas enfermas, sino, con la misma importancia, el de aprovechar el tiempo que pasen allí para que reinicien sus vidas en un hogar con más personas, y sea posible su reinserción social. Esta casa cuenta con 12 plazas, está abierta a personas que llegan derivadas desde hospitales o servicios sociales de toda Andalucía, y también con una reserva de plazas para el resto del país, porque RAIS solo tiene hogares similares en Madrid y en Murcia.

Alejandro fue el primero en llegar hasta esta casa en Córdoba en el mes de julio. Después, han ido llegando otros compañeros. Cada día, todos tienen su reparto de tareas en la casa: “Todos ayudamos, a poner el desayuno, a lavar los platos… Me siento bien cuando puedo ayudar”, dice. Rutinas de labores en casa y también de integración social, como sus revisiones médicas en el centro de salud, clases de español para quienes necesitan aprender el idioma o actividad deportiva para quien puede practicarla.

Espacio de tránsito

“Espacio Salud es un recurso de tránsito para estas personas, en el que les ofrecemos un hogar y les acompañamos durante su estancia, en función de su enfermedad, de su recuperación. Siempre con la voluntad de cada persona de querer estar aquí, de asumir unos compromisos y trabajar para lograr un cambio en su vida”, explica a eldiario.es/andalucia uno de los técnicos que trabajan en el proyecto.

En Espacio Salud cuentan con asistencia las 24 horas del día los 365 días del año y una sala de enfermería para realizar las curas que cada persona necesita hacer en su casa. El resto de la vivienda es un hogar compartido: habitaciones, baños, un comedor, la cocina, la sala de estar y una gran terraza. La vida, aquí, se ve con otra perspectiva que durmiendo en un banco de un parque. “Estoy contento. Vivir en la calle es difícil, muy difícil. Muy difícil”, repite Alejandro.

Él es muestra de ese cambio: “Me gusta la gente que te escucha, que te respeta, que te entiende”, explica sobre su estancia en estos meses en Espacio Salud y cuando pasea o va al centro de salud en Córdoba. “Me gusta Córdoba”, sonríe cómplice. Y sueña en voz alta: “Me gustaría poder andar. Y trabajar. Vamos adelante”.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Las Palmas ha considerado este martes, por unanimidad, culpable de homicidio doloso al ciudadano rumano Stefan T. por haber acabado a golpes con la vida de un indigente en 2016 en el canódromo de Maspalomas, en Gran Canaria, según el veredicto que ha emitido.

El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que ante el pronunciamiento del Jurado la fiscal Lucía Cascales ha solicitado a la magistrada que preside el tribunal, Oscarina Naranjo, que imponga al acusado una condena de 11 años de prisión, ya que el tribunal ha apreciado la atenuante de confesión.

La defensa de Stefan T. se ha adherido a la petición de la fiscal, que en un principio había solicitado 15 años de prisión, ya que su cliente no solo admite la autoría del crimen, sino que ha mostrado su arrepentimiento y ha aceptado que se le imponga un castigo por haber matado a Armando Caiño Chapela el 11 de julio de 2016.

El acusado, tras escuchar el veredicto, en su derecho a la última palabra volvió a manifestar su pesar y su dolor por los actos que cometió.

El veredicto ha declarado probado por unanimidad que la tarde en que ocurrieron los hechos el acusado y la víctima mantuvieron una discusión mientras esperaban el reparto de comida gratuita en un supermercado de San Bartolomé de Tirajana y que por la noche mantuvieron una pelea en la que Stefan T. acabó a golpes con la vida de Armando Caiño Chapela.

Según el jurado, el acusado creía que el fallecido tenía una relación sentimental con su expareja, por lo que, armado con una cizalla, un destornillador y una pata de cabra, fue a casa de la víctima donde tuvo lugar la pelea y la agresión que terminó con la vida de Caiño Chapela.

El tribunal popular ha rechazado apoyar la posible suspensión de la condena y la petición de indulto ante la gravedad de los hechos, según la nota remitida por el TSJC, que precisa que una vez que se dicte sentencia, esta será firme, ya que la defensa se ha adherido a la petición de la fiscal.

Casi 3.000 personas duermen en las calles de París, según el recuento realizado en la llamada “Noche de la solidaridad” organizada por el Ayuntamiento el pasado 15 de febrero y de la que hoy se dieron a conocer sus resultados.

En total participaron 1.700 voluntarios y 300 profesionales de asociaciones, hospitales o de servicios de transportes que inspeccionaron, entre otros, aparcamientos y todas las estaciones de metro y de tren, ya que es frecuente que las personas sin hogar pasen la noche allí.

El recuento se llevó a cabo después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció que no se había cumplido el compromiso que había lanzado en julio pasado para que a finales de 2017 nadie en Francia tuviera que estar viviendo en la calle.

Y sus cifras las anunció el Ayuntamiento el mismo día en que se presentó en Consejo de Ministros un polémico proyecto de ley sobre el asilo y la inmigración, en un contexto marcado por las imágenes de inmigrantes y demandantes de asilo que duermen al raso.

La concejala de Solidaridad, Dominique Versini, insistió en que los cerca de 3.000 contabilizados serían más si el recuento se hubiese hecho en otra temporada, ya que debido al invierno y a las temperaturas especialmente bajas de febrero, los servicios públicos pusieron a su disposición más de 2.000 plazas de acogida suplementarias.

El resto del año, la capital francesa cuenta con 16.000 plazas de alojamiento fijas para estas personas.

“Es insoportable que en una ciudad como París haya tantas personas durmiendo en la calle”, denunció el primer adjunto de la alcaldía de París, Bruno Julliard, que denunció que las medidas llevadas a cabo hasta ahora, aunque numerosas, son “insuficientes”.

El próximo 20 de marzo, el Ayuntamiento presentará los resultados cualitativos de la “Noche de la solidaridad”, es decir, las situaciones concretas que viven estas personas, y se complementarán los datos cuantitativos de hoy. 

Dicen los expertos que la palabra más importante del pasado 2017 fue posverdad. Pero el fenómeno en que cobran más relevancia los hechos emocionales que los datos y la información no es nuevo. La posverdad es solo un eufemismo moderno para denominar la mentira.

Hace casi un mes, presenciamos cómo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, soltaba una mentira neoliberal sin apenas repercusión. Clavijo nos dijo en pocas palabras que implantar una renta básica sería un error.

El presidente de una de las comunidades autónomas más pobres de toda España y de la sexta región de Europa con más personas en riesgo de exclusión dice que esto solo ayudaría a “cronificar la pobreza”. Pero Clavijo no se quedó ahí, y nos advirtió que la mejor forma de acabar con la pobreza es creando empleo.

Nuestro presidente siempre dando respuestas revolucionarias. Sus asesores de comunicación no le han debido dar la noticia estrella al presidente: “Oiga, señor presidente, en Canarias la pobreza ya es un problema”. Nos lanzó una mentira que no solo cala en la sociedad, sino que se acaba reproduciendo y propagando hasta el fin de los tiempos, a partir de esa teoría de “que aquellos que no tienen trabajo es porque no quieren tenerlo”.

Uno de los ejemplos más recurrentes cuando se habla de renta básica o mínima es Finlandia. Es un caso destacado porque hasta la OCDE advertía el año pasado que la implantación de una renta básica no significaba una solución “mágica”, pero sí admitía que tiene efectos positivos.

Esta es una explicación de primero de Economía. Si tienes liquidez, puedes consumir, y al aumentar el consumo lo hacen los beneficios económicos. Es una de las razones por la que las grandes fortunas, como el dueño de Facebook, están a favor de esta medida. En España una renta básica no solo ayudaría a aquellos que sufren pobreza absoluta, sino también a las personas que, a pesar de contar con un empleo, son pobres.

Las consecuencias...

Una de las noticias que refleja el nivel de pobreza que sufre Canarias fue la que pudimos conocer hace una semana: el fallecimiento de tres indigentes en Santa Cruz. Tres personas con nombre y apellidos a los que apenas se les ha prestado atención. Los ignoramos porque son pobres. Los ignoramos porque no forman parte del sistema.

Sin embargo, la respuesta del concejal de Atención Social en el Ayuntamiento de Santa Cruz no fue otra que decir: “No hay relación de causa. Son personas vulnerables que fallecen donde viven”. Sí que hay relación de causa: son pobres.

El Ministerio de Interior del Reino Unido ha invitado por carta a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) sin recursos a abandonar el país para evitar quedar en la “indigencia”, según ha revelado este domingo el diario The Observer.

Este periódico ha divultado una misiva recibida por un ciudadano rumano en la que el Gobierno le recomienda que considere trasladarse a otro país del bloque comunitario.

Ese ciudadano, en un centro de detención, había pedido tener acceso a una vivienda de emergencia para poder acceder a la libertad condicional, una petición que fue rechazada.

“Usted podría evitar caer en la indigencia si vuelve a Rumanía o a otro Estado miembro de la UE, donde podrá disfrutar del acceso a todos los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos sin interferencias”, señala la carta.

Según el diario británico, el Reino Unido ha deportado a 5.301 comunitarios en los doce meses previos a junio de 2017, el máximo nivel desde que comenzaron los registros.

La directora de la organización de asesoramiento legal Bail for Immigration Detainees (BiD), Celia Clarke, ha criticado que “los funcionarios británicos actúen de esta forma ahora”, cuando el Reino Unido todavía no ha abandonado la UE.

“El futuro de nuestras relaciones con los europeos debería preocuparnos”, ha señalado Clarke, para quien “el peligro reside en que el divorcio de la Unión Europea se está volviendo cada vez más áspero”.

Pablo Neruda

Decía Willy Brandt que “permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”. En el juicio del caso Las Teresitas, esa injusticia primigenia la podríamos situar en el momento en que, a escasas semanas de iniciarse el juicio oral, el tribunal impuso una fianza tan desproporcionada como injusta -veintiocho mil euros a pagar en 10 días- a la acusación popular que ejercía y ejerce, Justicia y Sociedad, que se consiguió gracias a la dignidad y solidaridad de muchísimas personas.

La acción popular no es el bálsamo de Fierabrás que dé respuesta a los graves problemas -incluso de corrupción judicial- que padece la Justicia española, pero sin ella se condena irremisiblemente al Estado de Derecho y a la democracia misma a una lenta muerte por asfixia en estos tiempos caracterizados por las componendas entre la política y el dinero.

Se sabe que el Partido Popular, plagado de imputados por casos de corrupción, lucha a brazo partido para restringir y/o impedir la acción popular. Lo que no sabemos es si la fianza impuesta a la acusación popular por los magistrados del caso Las Teresitas va en esa misma dirección o simplemente se debió a un supuesto berrinche del presidente del tribunal tras haber sido recusado por el letrado de Justicia y Sociedad.

A este desafuero le siguieron otros, pero la traca final ha llegado estos días, con el auto que deja en libertad provisional a todos los condenados. Lo primero que llama la atención es el doble rasero con que el tribunal ha tratado a la acusación popular y a los condenados, en cuanto a la fijación de fianzas que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades de todos ellos.

Pareciera que los delincuentes fueran los abogados de la acusación, ya que han sido los únicos a los que se les ha impuesto la obligación de responder pecuniariamente a las posibles consecuencias de sus actos. Por el contrario, a los integrantes de la trama delictiva organizada -así califica la sentencia a la banda de atracadores de lo público que han sido condenados a duras penas de cárcel-, solo se les impone la retirada del pasaporte. Al cabecilla Zerolo, además, una visita quincenal a comisaría; al resto de maleantes, ni eso. Bien es cierto que también se les obligan a devolver el dinero expoliado, pero eso es lo menos que se debe exigir en este tipo de delitos contra el patrimonio público.

La acusación popular y la Fiscalía solicitaron en balde el ingreso en prisión de Miguel Zerolo o, en su defecto, la imposición de una fianza que cubriera la responsabilidad civil y el alto riesgo de fuga según la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado a siete años de cárcel, los grandísimos daños ocasionados a las arcas municipales, el desarraigo profesional y el convencimiento del Ministerio Fiscal, la acusación popular y la policía de que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría ser titular de un cuantioso patrimonio colocado en el extranjero, fuera del alcance y el conocimiento de las autoridades españolas.

El tribunal no lo tuvo en cuenta, como tampoco consideró el enorme daño ocasionado a la vida social y política de esta ciudad por la impunidad y determinación delictiva con que actuaron los condenados para arramblar con más de 53 millones de euros del erario público, en lo que todo el mundo no duda en calificar como un pelotazo de libro.

Señores magistrados, enfadar a los bribones incorregibles tiene también una finalidad ética, todo lo contrario a lo que han hecho ustedes. El cabecilla de la trama, como califica a Zerolo la sentencia emitida y firmada por ustedes, se ha permitido retar a la Fiscalía a que encuentre esas propiedades que los numerosos indicios policiales le adjudican y se vacila de todos al afirmar que ha vivido estos años a todo tren gracias a las ayudas de los amigos. Como dice Saramago, “oculto el crimen, reservados para otra ocasión los remordimientos”. Y, para más inri, se envalentona y afirma, como un mal intérprete de serie B, que, si tiene que ir a la cárcel, lo hará “con la cabeza alta y la conciencia tranquila”.

Pero una cosa son los intentos, más o menos afortunados -en este caso más-, de un reo por no entrar en prisión y otra que un tribunal tenga en cuenta argumentos tan inconsistentes como los esgrimidos en el auto. Definitivamente, los magistrados parecen contentarse con la versión del delincuente Zerolo de que “no puede ir a ninguna parte porque no tiene dinero” y desecha aspectos como su declaración de bienes presentada en el Senado y las investigaciones policiales que le adjudican acciones en minas de uranio, molibdeno, zinc, oro, etcétera, localizadas en lugares tan exóticos como Botswana, Congo o Mongolia, a lo que se añaden inversiones en parajes protegidos del sur de Tenerife o los más de cien décimos de lotería premiados y la pasta gansa ganada en los casinos de Isla Mauricio. A ello habría que sumar los generosos sueldos que durante muchos años disfrutó como alcalde -el que más cobraba de Canarias-, diputado autonómico y senador.

Dice que todo eso se ha evaporado y, por lo visto, ustedes se lo han creído, a pesar de que este indigente personaje viva en un lujoso chalet localizado en el exclusivo paraje del campo de golf de El Peñón y se haya permitido mandar a sus hijos a universidades privadas de Madrid.

La Constitución de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero todos sabemos que eso no es verdad. Son tantos los casos que lo confirman que el de Zerolo es solo un ejemplo más que añadir a una regla cuyas excepciones se pueden contar con los dedos de una mano.

Ya solo falta que sus congéneres en el poder lo indulten…

El dispositivo en el que participan Policía Local de Valencia, Protección Civil, Cruz Roja y el Servicio de Atención de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Valencia atendió en la noche de ayer, la segunda en la que se registra un importante descenso térmico, a un total de 38 personas sin hogar.

Fuentes policiales han informado este jueves que no hubo ningún traslado a un hospital pero cuatro personas fueron trasladadas a la Casa de la Caridad, cuatro más a la estación de Metro, y se repartieron un total de 27 mantas y 22 alimentos. Dos personas requirieron de asistencia sanitaria.

Por parte de Policía Local participaron 68 efectivos, 33 de GOE, 30 del resto de unidades y dos del X-4 mientras que de Protección Civil intervinieron seis vehículos y 16 voluntarios.

Unos efectivos que se coordinaron con los que prestaron el resto de servicios y entidades coordinadoras desde las 21.00 horas para que ningún indigente quedase sin atender en la ciudad de Valencia.

A las 22.30 horas Policía Local recibió la información de que en la Casa de la Caridad quedaban dos plazas vacantes para hombres y otras dos para mujeres por lo que a partir de ese momento, todas las personas que lo requirieron fueron trasladadas a la estación de Turia de Metrovalencia que acogió anoche a un total de 16 personas.

Se ha detectado por parte de todas la entidades participantes que la presencia en los lugares habituales de pernoctación ha disminuido ostensiblemente, debido en gran parte a la intensa campaña de información realizada días pasados o la reubicación voluntaria de muchas de las personas en los distintos albergues o zonas protegidas del frio.