Los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han presentado este martes sus propuestas para el gran acuerdo de negociación colectiva (AENC) que debe renovarse este 2026. Entre ellas, destaca la propuesta de subida de salarios, que reclaman que sea del 4% para los próximos tres años, 2026, 2027 y 2028, con una importante novedad: que los salarios más bajos suban más. Plantean aumentos escalonados, que en el mayor de los casos alcanza el 7%.

Sordo y Álvarez han reiterado que los salarios deben dar un tirón al alza, en un contexto en el que España lidera el crecimiento económico en los países ricos y, además, mientras los márgenes empresariales están en máximos.

También con un marcado laboral en máximos de empleo, que ha alcanzado recientemente un nuevo hito: el paro ha bajado por debajo del 10% por primera vez en casi 18 años, según la última EPA conocida este martes. “Hay muchas cosas por hacer”, ha reconocido Pepe Álvarez, pero ha añadido que también hay muchos datos y éxitos “para celebrar”.

En este marco, aunque los salarios han subido en los últimos años, están estancados en cuanto al poder de compra, cuando se tiene en cuenta la inflación.

CCOO y UGT llaman a “repartir la riqueza y el crecimiento económico” por una cuestión de justicia social, pero además Unai Sordo ha situado el aumento de salarios como un elemento clave para seguir propiciando el empuje al alza de la economía a través de la demanda interna, del consumo, en un contexto de gran incertidumbre internacional.

El aumento de salarios “no solo no lastra la creación de empleo, sino que es un motor del crecimiento económico en España”, ha reiterado Sordo.

Subidas del 4% y hasta del 7% para los más bajos

Así, los sindicatos plantean a las patronales que los salarios se incrementen de manera general un 4% cada año en 2026, 2027 y 2028. Además, se plantea consolidar las cláusulas de revisión salarial en caso de desviaciones de los precios, de hasta el 1,5% anual.

Además, proponen que los aumentos sean más pronunciados en los salarios más bajos, con alzas escalonadas, como sigue: un 5% de subida para los salarios un 10% por debajo del salario medio, un 6% para los sueldos un 20% por debajo del salario medio y, por último, un 7% a los salarios un 30% por debajo de esta referencia.

“Los salarios intermedios son los que más han perdido poder adquisitivo en los últimos años y los convenios creemos que deben reflejar esa pérdida. Con subidas específicas para esos salarios”, ha sostenido Pepe Álvarez, el secretario general de UGT.

Unai Sordo ha explicado que esta propuesta gradual que beneficia más a los salarios por debajo de la media salarial “no es una ocurrencia, ni parte de una reflexión en el vacío”, ha advertido el secretario general de CCOO.

“Parte de un diagnóstico de lo que sucede en nuestro país”, que ha indicado que se focaliza en los sueldos entre el salario mínimo (SMI) y la media salarial, que están “absolutamente estancados” y son los que “más están sufriendo el aumento de algunos precios básicos, como la vivienda, o gastos como la formación profesional y la sanidad”, ha advertido el secretario general de CCOO.

“Las mejoras salariales se las están comiendo estos gastos básicos. Y aquí tenemos el principal problema salarial en España. No les está llegando la mejora de la economía”, ha valorado Sordo.

Los datos salariales de los últimos años demuestran que cada vez hay más trabajadores que cobran el SMI, ante los importantes incrementos del suelo salarial y las menores alzas de las remuneraciones algo por encima de este indicador. El Gobierno ha planteado que el salario mínimo suba en 2026 un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes.

Por ello, los sindicatos mayoritarios requieren que los mayores esfuerzos salariales se concentren en este conjunto de trabajadores, que han advertido que es muy numeroso. Sordo ha cifrado en “un 64% de las personas asalariadas, unos 11 millones de trabajadores y trabajadoras, que están por debajo del salario medio de España”, ha explicado el líder de CCOO.

Críticos con la ayuda fiscal propuesta vinculada al SMI

Los sindicatos mayoritarios se han mostrado críticos este martes con la propuesta traslada ayer por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales de aplicar una ayuda fiscal a las empresas vinculada a la nueva subida del salario mínimo, con la intención de sumar a las patronales a un acuerdo sobre el SMI de 2026.

Aunque la ayuda fiscal está sin concretar, y en Trabajo la han atribuido a Hacienda, las líneas generales explicadas este lunes por el 'número dos' de Yolanda Díaz consiste en un incentivo fiscal a las empresas “más afectadas” por el salario mínimo, con dos condiciones: que mantengan el empleo y que reduzcan la cantidad de trabajadores que cobran el SMI en los siguientes años.

“No nos gusta la música”, ha resumido Unai Sordo (CCOO), que ha recordado que “el Impuesto de Sociedades ya es un impuesto bastante trinchado, con multitud de exoneraciones y bonificaciones”.

Pepe Álvarez (UGT) ha criticado que Trabajo haya “interrumpido dos veces” la mesa de negociación del salario mínimo “con elementos que a la patronal le pueden hacer gracia” y ha pedido que se resuelva ya la subida. Además, Álvarez ha rechazado valorar la propuesta hasta que el Ministerio la concrete en un texto.

Una nueva sentencia judicial ha vuelto a reconocer el permiso parental retribuido para el cuidado de un hijo menor de 8 años a un empleado público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante ocho semanas.

Es la tercera resolución judicial en este mismo sentido, que se suma a otras dos sentencias logradas en enero y abril de 2025 tras la apelación ante la Justicia por parte del sindicato CSIF Castilla-La Mancha, de forma pionera en el reconocimiento de este derecho. En aquellas ocasiones, el foco estuvo en la denegación del permiso por parte de la Gerencia del Hospital de Cuenca.

Ahora, la novedad de la nueva sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, con fecha 17 de noviembre, es que el permiso de siete semanas que había solicitado un trabajador de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en junio de 2025 sí le fue reconocido por la Junta de Comunidades, pero esta denegó su retribución amparándose en que no existía desarrollo normativo para el pago. Ahora suma el derecho a tener ese permiso de paternidad - de hasta ocho semanas- retribuido al cien por cien del salario durante el periodo solicitado.

El sindicato recuerda que la Directiva Europea 2019/1158 fijaba hasta 8 semanas de permiso parental retribuido, pero el Real Decreto-Ley 5/2023 traspuso de manera parcial esta normativa comunitaria sin expresarse sobre el desarrollo de este derecho con carácter retribuido.

Una sentencia “importante” para sentar precedentes

Ahora la sentencia del juzgado toledano es “especialmente importante”, dice el sindicato porque se produce después del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de 30 de septiembre, que denegaba la retribución de este derecho a trabajadores de Renfe argumentando que en España ya había permisos retribuidos de ocho semanas por nacimiento de hijo o adopción.

A ello se suma que esta sentencia también es posterior al último Real Decreto-ley 9/2025, del pasado 29 de julio, que sí reconoce una retribución de dos semanas, pero sigue siendo muy insuficiente cuando la Directiva Europea extiende este derecho a las ocho semanas.

“La sentencia de Toledo vuelve a poner el foco en los derechos de los trabajadores y supone un avance de gran calado para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, señana CSIF quien opina que garantizar un permiso retribuido a ambos progenitores “contribuye a equilibrar las responsabilidades familiares” y que “evita” que las mujeres sigan soportando la mayor parte del cuidado de los hijos, “algo que con frecuencia las obliga a reducir su jornada o incluso a dejar su empleo”, advierte el sindicato.

Por otro lado, considera que esta medida ayuda a disminuir la brecha salarial, dado que uno de sus principales motores es precisamente la interrupción o limitación de la carrera profesional femenina por motivos familiares.

Los médicos sí, los celadores y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, no. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tiene en marcha desde el 29 de septiembre un plan de actividad quirúrgica extraordinario destinado a reducir las listas de espera. Es decir, está realizando más operaciones en el área sanitaria de Toledo y en su Hospital Universitario. El problema: está pagando por ello retribuciones especiales a determinadas categorías profesionales y a otras no.

Así lo denuncia la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO en Toledo, que ha manifestado su rechazo a esta gestión de personal. “Hay categorías que están recibiendo retribuciones extraordinarias por su trabajo adicional, situación que entendemos en aquellos casos en los que no hay personal en bolsa de una especialidad concreta para asumir la superior carga de trabajo”, señalan desde el sindicato.

Sin embargo, hay otras categorías “imprescindibles” para sacar adelante el trabajo que han sido “olvidadas” a la hora de ofrecerles esas mismas horas extra o “peonadas”, como el personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el personal técnico de rayos o el personal celador.

La sección sindical de CCOO en el Hospital Universitario de Toledo considera por tanto que esta decisión “supone un trato discriminatorio y desigual, rompe la cohesión de los equipos y genera malestar entre profesionales que han de trabajar juntos de forma coordinada en la misma misión”.

Por todo ello exige que, de forma inmediata, se cuente con las categorías profesionales excluidas en el mismo sistema de retribución extraordinaria. De lo contrario, el sindicato se reserva el derecho a emprender acciones de protesta encaminadas a “conseguir un trato justo para todos y todas”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha unido a esta denuncia. Habla de la “división y malestar” que está generando ese plan de intervención quirúrgica extraordinaria. Según apunta, el proyecto se ha puesto en marcha debido a que las listas de espera superan los 100 días en especialidades como digestivo, angiología, maxilofacial, neurocirugía, oftalmología, traumatología o urología en el Complejo hospitalario de Toledo. Según apunta, la exclusión de celadores y técnicos de rayos supone un “agravio comparativo inaceptable que vulnera el principio de igualdad entre profesionales”.

“No puede haber equipos de primera y de segunda dentro del mismo quirófano. El compromiso y la responsabilidad son compartidos, por tanto, también debe serlo el reconocimiento económico. Sin ellos, ningún quirófano podría funcionar con eficacia”, explica Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad en Toledo.

Celadores y técnicos de rayos asumen jornadas extendidas, cambios de turno y disponibilidad constante para garantizar que las intervenciones se desarrollen sin incidencias y su exclusión “no solo es injusta, sino que mina la motivación y el sentido de equidad dentro del sistema sanitario”. Este sindicato exige también al SESCAM la corrección inmediata de esta situación y la inclusión de todos los profesionales implicados en la actividad quirúrgica dentro del sistema de retribuciones extraordinarias.

Sobre la cuestión se ha pronunciado también Helena Galán, de la Plataforma por la Sanidad Pública en Toledo. En su caso arremete directamente contra la administración por fomentar “las desigualdades y el trato discriminatorio”. En concreto califica las listas de espera como una “losa” para el Gobierno castellanomanchego y afirma que el nuevo plan para aumentar las operaciones es una “ocurrencia que llega tarde” y que fomenta la discriminación entre trabajadores.

Profesionales “de primera” y “de segunda”

Se refiere con ello a lo mismo que denuncian los sindicatos: el “pago del importe” de ese incremento de intervenciones quirúrgicas a unos trabajadores, “pero no a todos los que forman parte de estas actividades”. Se discrimina, afirma, entre profesionales de “primera” y de “segunda”, siendo estos últimos “igual de imprescindibles”.

“La falta de personal para las ausencias conlleva que los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería tengan que trabajar gestionando dos quirófanos simultáneamente”, constata Galán.

Explica además que la decisión final fue contratar personal para la actividad quirúrgica extra dejando las ausencias sin cubrir, “aunque esto solo ocurre en el personal técnico y celador”. Por otra parte, las ausencias de enfermería se cubren y son pagadas como horas extra, sin embargo “en los técnicos y celadores estas ausencias las cubren los compañeros”.

De esta forma, argumenta que la medida adoptada por el Gobierno regional solo lleva a la reducción de lista de espera “de manera puntual” y al “aumento del sueldo de unos pocos” mientras se promueve “la discriminación entre profesionales y la desigualdad entre compañeros”.

El SESCAM lo circunscribe a Traumatología

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha han precisado a elDiario.es Castilla-La Mancha que no se trata de “peonadas” sino de un plan de urgencias “diferidas” circunscritas a fracturas de Traumatología.

Estas intervenciones se llevan a cabo en el turno de tarde para evitar desprogramar pacientes en el turno de mañana de esta especialidad. “Nos referimos a fracturas de miembros superior o inferior”, afirman las mismas fuentes, quienes se limitan a concluir que este plan se ha organizado “en función de la disponibilidad de los recursos especializados necesarios”.

Los profesionales de enfermería cobran en La Rioja hasta 921 euros menos al mes que en Navarra; 499 menos que en el País Vasco; 221 euros menos que en Castilla y León y 125 euros menos que en Aragón. Así lo denuncia SATSE que califica de “alarmantemente bajas” las retribuciones de estos profesionales en La Rioja y considera “insostenible la situación porque no refleja en absoluto el valor del trabajo que realizamos”, asegura la secretaria general de SATSE en La Rioja, Patricia Mogena Obispo.

Y es que aseguran que “los datos hablan por sí solos”. El sueldo medio actual de una enfermera del SERIS oscila entre los 1.996 y 2.182 euros, “lo que lleva a La Rioja a ocupar la cuarta posición por la cola en lo que a retribuciones se refiere”, según recoge el Informe ‘Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España 2024’, elaborado por el Ministerio de Sanidad. El cruce de datos es aún “más doloroso si nos fijamos en nuestros vecinos. Así, en Aragón, perciben entre 95 y 125 euros más al mes; en Castilla y León, entre 185 y 221; en País Vasco, entre 431 y 499 euros más; y en Navarra, hasta 921 euros más al mes. Es evidente que jugamos en una liga en la que es imposible competir en las mismas condiciones, por ejemplo, para atraer y retener a profesionales en un momento, además, en la que faltan enfermeras y las listas de empleo están agotadas”, recuerda Mogena.

Para la formación sindical esta denuncia “no es una cuestión de cifras sino, sobre todo, de dignidad y reconocimiento”. Es por ello, que SATSE urge al Gobierno de La Rioja a incrementar el sueldo de las enfermeras riojanas a través del incremento de un concepto “que ya existe las nuestras nóminas como es la productividad fija. Actualmente, enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas somos los profesionales sanitarios del SERIS que menos cobramos en este concepto”.

Y es que consideran que esta es una “reivindicación justa. Es fundamental que la administración valore y reconozca el esfuerzo de las enfermeras, especialmente en un contexto de sobrecarga laboral y estrés”.

La entrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, ubicada en la Plaza de los Letrados, ha sido este viernes el escenario de una manifestación protagonizado por medio centenar de profesionales de la abogacía que, mostrando una gran indignación, se han congregado para denunciar el “injusto” sistema de remuneración del turno de oficio en Andalucía que la Junta viene defendiendo.

Con consignas como “turno de oficio, no a nuestra costa” y “consejero, dimisión”, los letrados han exigido a la Junta de Andalucía, y en concreto a la Consejería de Justicia, mejoras inmediatas en sus condiciones laborales y retributivas. Entre las asociaciones presentes en la manifestación se encontraban Defenda Asociación Nacional, Ajato (Jaén), Ajai (Jerez), Faig (Granada) e Iusta Causa (Córdoba) que, representando a varias provincias, unieron sus voces para exigir cambios significativos y urgentes en las condiciones laborales y retributivas del turno de oficio.

El contexto de esta manifestación tiene sus raíces en una Orden emitida por la Junta de Andalucía del 3 de noviembre de 2023 que aprueba los módulos y bases de compensación económica para los servicios de asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, según los manifestantes, esa Orden empeora la situación existente, modificando los pagos del esquema anterior, pasando del cobro de un 70% una vez interpuesta la denuncia (y el 30% una vez adjuntada la sentencia) a un pago del 50%/50%, respectivamente. Esta modificación afecta significativamente sus ingresos, especialmente en áreas como extranjería, donde se ha producido un recorte “drástico”. Rosalía Pascua, integrante de la junta directiva de Defenda Nacional, ha explicado que “todo el proceso lo abonan por 200 euros, hagas lo que hagas, y no se abonan recursos de apelación ni casación”.

Precariedad laboral y falta de cobertura social

Durante la manifestación, varios abogados expresaron su descontento con el sistema actual. Antonio Marín, jurista e integrante del movimiento J2, ha señalado que los abogados de oficio trabajan “sin cotizar”, lo que los deja “sin cobertura social y sin protección sanitaria”. “Los abogados somos el único colectivo que trabaja para el Estado sin cotizar, y eso es muy grave”, afirma Marín, destacando la “precariedad laboral” a la que se enfrentan diariamente.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha defendido la nueva Orden argumentando que, desde su entrada en vigor, Andalucía se ha situado en la media nacional de retribuciones y ha implementado mejoras significativas como compensaciones por designaciones a requerimiento judicial y la inclusión de la mediación en la justicia gratuita. Sin embargo, los abogados insisten en que estas medidas no son suficientes y que muchas de sus demandas no han sido escuchadas ni atendidas.

Las “diferencias retributivas” entre comunidades autónomas también fueron un tema central en la protesta. Según datos de 2021, en Euskadi, el pago promedio por cada asistencia de justicia gratuita es de 311,28 euros, mientras que en Andalucía apenas alcanzaba los 106,41 euros, según han expuesto.

La protesta de esta mañana de viernes se ha presentado como una llamada a la acción para dignificar la labor de los abogados de oficio, quienes desempeñan un papel crucial en garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos. Como concluyó Rosalía Pascual, “cuanto peor sea el turno de oficio, peor defensa va a tener el ciudadano. No es justo defender bien a costa de no cobrar”.

El Gobierno riojano ha comenzado este martes la negociación de convenio colectivo de La Rioja Cuida poniendo sobre la mesa elementos de conciliación y retribuciones que mejorarán “de manera significativa” la situación de los trabajadores, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y preguntado por la reunión prevista hoy con los representantes de los trabajadores, Domínguez ha recordado cómo la semana se llegó a un principio de acuerdo.

Ha explicado cómo desde que se produjo la integración de La Rioja Cuida como sociedad del sector público se había “congelado la negociación” y hay “ciertos elementos de los derechos de los trabajadores que piden una negociación y una mejora”.

Las retribuciones, ha entendido, “son manifiestamente mejorables”, así como la situación del “ejercicio de sus derechos al descanso, a las vacaciones y a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

“Lo que pretendemos, tanto los representantes de los trabajadores como el propio Gobierno de la Rioja, es mejorar de manera significativa los derechos de los trabajadores como medio para mejorar de manera muy significativa la calidad del servicio que prestamos a todos los ciudadanos en transporte sanitario y en gestión de las emergencias a través del 112”, ha resaltado.

Hoy, ha indicado, comienza “la negociación oficial formal de un convenio colectivo” y, por eso, al estar “en un momento muy prematuro”, ha preferido ser prudente y no concretar posibles acuerdos o propuestas por parte del Gobierno riojano.

En cualquier caso, ha visto que “hay condiciones francamente mejorables en los derechos de los trabajadores, tanto en elementos retributivos como de conciliación de la vida familiar y laboral”.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana pagó en su primer trimestre en el puesto hasta 3.000 euros en comidas y cenas grupales a cargo de la caja fija. Los ágapes, una veintena en los meses de agosto, septiembre y octubre, apenas se justifican como “comida de trabajo”, sin más concreción, y sin una traslación en la agenda de José Antonio Rovira que figura en el portal de transparencia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, en el primer trimestre del Gobierno de PP y Vox constan un par de comidas o cenas por semana, en las que el titular de Educación invita a diferentes personas. Los importes oscilan de 100 euros a 495, con un par de excepciones a la baja. Por comensal, hay gastos de entre 20 y 50 euros. En algunas ocasiones hay dos invitados, en otras asciende a 14, y las más habituales son de 4, 5 o 6 personas.

Una de las más copiosas se produce justo una semana después de la toma de posesión de Rovira al frente de Educación. El 26 de julio el conseller pagó de la caja fija una comida para 10 personas por valor de 495 euros en un restaurante cercano a la sede de Educación. Ese día no figura ninguna reunión o encuentro en la agenda, si bien es cierto que en las primeras semanas de Gobierno apenas se recogieron convocatorias en el portal de Transparencia. En este restaurante figuran otros pagos por un importe de 148 euros y cuatro más de entre 200 y 300 euros, sin indicar la hora en el ticket.

Otra invitación, a cargo de la cuenta de la conselleria, se produce el 19 de octubre, cuando se registra la factura de una cena para 14 personas en un bar de tapas en el barrio de El Carme, por un coste de 260 euros. Esa tarde, la agenda del conseller solo indica: Recepción del MHP –el Molt Honorable President– a los ministros de Asuntos Exteriores-Comercio de la Unión Europea, que fue un encuentro organizado por Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat. La cena se produjo a escasos metros. Es, además, la primera factura del local de restauración en cuestión. El 4 de octubre se paga una cena en el barrio de La Petxina para cuatro personas por importe de 90 euros. Fue el día de su comparecencia en las Corts Valencianes para explicar los problemas con las adjudicaciones de docentes en el inicio de curso.

La excepción a la baja es una comida en la cafetería de las Corts Valencianes, por valor de 20 euros para tres comensales, también pagada con la caja fija. El menú ronda los siete euros por cabeza, un precio similar al de la cafetería de la Conselleria de Educación. Según la justificación de todas estas comidas y cenas, que responde a una pregunta escrita de Compromís, los gastos se justifican habitualmente como “comida de trabajo del conseller” más los comensales en cuestión, a los que no se identifica. Tampoco en la agenda pública del conseller figuran estos encuentros de trabajo. Las leyes de Transparencia y los códigos de buen gobierno hacen hincapié en la conveniencia de publicitar los encuentros de trabajo, también con lobbies y grupos de influencia.

El decreto que regula la caja fija permite que esta se emplee para “los gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, trato sucesivo y otros de similares características”. El uso de estos recursos siempre resulta controvertido, dada su opacidad; son gastos que no tienen fiscalización previa.

En los últimos gobiernos del PP, con mayoría absoluta, la regulación permitía que la caja fija alcanzase un 12% del total de los créditos iniciales del capítulo de gastos corrientes en los presupuestos de cada conselleria u organismo autónomo. Con el Gobierno de PSPV, Compromís y Unides Podem, el límite se rebajó hasta un 7%, acorde a la norma estatal, y se especifica que no se pueden realizar pagos de más de 5.000 euros por este sistema. En los seis meses de Gobierno, según el portal de transparencia, Rovira recibió 36.000 euros entre salario base y complementos.

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria ha entregado este miércoles a la Consejería de Educación un total de 2.700 firmas de apoyo a la campaña #EsAhora, puesta en marcha desde octubre, para la adecuación retributiva y horaria, tras más de 15 años sin realizarse.

En declaraciones a la prensa, la presidenta de la Junta, Ruth Trueba, ha informado que 66 claustros docentes han respaldado la iniciativa, lo que supone en torno a un 30% del apoyo, a su juicio, es “un aval muy importante” de cara a la negociación de la mesa sectorial del próximo viernes, a la que acudirán “con toda la buena fe negociadora”.

Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha indicado que el Gobierno regional “no se aparta” de hablar de cuestiones retributivas “a lo largo de la legislatura”, pero ha afirmado que “en estos momentos” y con la “magnitud” inicialmente planteada por los sindicatos -que propusieron una incremento del 30%- “no es viable”.

En este sentido, Trueba ha explicado que lo que la Junta ha hecho es valorar lo que los docentes han perdido desde 2008. “Nos hubiera gustado que el desfase de lo que un docente ha perdido no fuera del 30%, pero lo es”, ha dicho.

Por su parte, Silvia Vega (STEC) ha señalado que se encuentran en un punto de partida tanto de la adecuación salarial como horaria, en el que quieren un compromiso de negociación, cuyas cifras “se verán en esos compromisos de negociación tanto para la adecuación salarial como horaria”, para que al final de la legislatura esas dos cuestiones que piden, “lleguen a buen término”.

En este sentido, la Junta, que se ha mostrado dispuesta a negociar para obtener un compromiso de la Consejería de Educación, ha aclarado que lo reclaman es una adecuación salarial sobre los complementos de Cantabria.

En cuanto a la sustitución de la jornada lectiva para este profesorado mayor de 55 años, ha asegurado que va a poner todos sus “esfuerzos negociadores” en llegar a ese acuerdo, que “supone una mejora de las condiciones laborales de los docentes y de la calidad de la enseñanza pública de Cantabria”.

Trueba ha recordado que en la última adecuación que se hizo en 2008 quedaron 30 euros en el último tramo que no fueron abonados por la crisis económica que sobrevino.

Según ha indicado, ahora se encuentran en mitad de la negociación, que “no ha sido fácil” y se han “tenido que encerrar” para conseguir una mesa sectorial.

Así, en la mesa sectorial prevista para el próximo viernes, la Junta Personal irá con el apoyo de todas estas firmas, con el objetivo de seguir negociando y acercando posturas.

“Que se reconozca a los docentes lo que se merecen”, ha sentenciado la presidenta de la Junta, que espera salir de la reunión del viernes con una propuesta “ya en firme” de mesas de negociación y de continuidad para poder llegar a acuerdos y acercamientos.

Asimismo, ha celebrado que en la mesa sectorial del pasado jueves se consiguió que se aprobara por unanimidad un cronograma de negociación, en el que se establece que los meses de diciembre y enero son meses de negociación de la educación retributiva y horaria.

Finalmente, desde la Junta han recordado que la campaña #EsAhora sigue abierta y la adhesión de claustros están llegando “gota a gota”, así como de docentes que se están adhiriendo con firmas personales.

Educación toma nota

Cuestionado por la prensa sobre la reivindicación de los docentes, Silva ha reiterado que es “inasumible” la subida retributiva del 30 por ciento, ya que equivale “al transporte escolar de seis cursos académicos”.

Así, ha indicado que el Gobierno regional “no se aparta” de hablar de cuestiones retributivas “a lo largo de la legislatura”, sobre todo vinculadas a la carrera docente y a la calidad de la educación, si bien “en estos momentos” y con la “magnitud” inicialmente planteada por los sindicatos “no es viable”.

Respecto al apoyo recabado por la Junta, Silva ha apuntado que no puede más que “tomar nota” porque respecta “profundamente” la profesión y la realidad de los sindicatos.

El titular de Educación ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para informar sobre el Centro Náutico Pesquero de Laredo.

El Tribunal Supremo ha resuelto que eliminar la bonificación de comidas unilateralmente modifica “sustancialmente” las condiciones de trabajo, por lo que da la razón a cinco empleados de Aena a los que les fue retirado el complemento salarial por la comida en el turno de tarde.

En una sentencia de unificación de doctrina, fechada el pasado 20 de junio, se explica que a los trabajadores del operador aeroportuario, que prestaban sus servicios con un horario de 15.30 a 01.00 de la mañana, se les comunicó en 2012 que “debido a los recortes presupuestarios” se dejaría de subvencionarles la comida de medio día, que hasta ese momento se subvencionaba por el acuerdo alcanzado en 2006.

Por tanto, los afectados recurrieron ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que les acabó dando la razón en una sentencia dictada en mayo de 2020.

Además, el Supremo afirma que el precio de la comida era de 5,37 euros, y los trabajadores abonaban la suma de 1,20 euros y el resto, 4,17 euros, era la cantidad subvencionada.

Así, la sentencia señala que eliminar la subvención de la comida del mediodía que se venía abonando a los trabajadores del turno de tarde constituye “sin duda una modificación sustancial de condiciones de trabajo, en la medida en que supone la definitiva supresión de un beneficio social del que disfrutaban hasta entonces, de una relevancia económica no desdeñable a razón de la suma de 4,17 euros diarios”.

En este sentido, los trabajadores pierden de esta forma una ayuda económica a cargo de la empresa en cuantía de cierta consideración en cómputo mensual, según el Supremo, lo que “supone una alteración sustancial de la relación laboral porque afecta con carácter definitivo y permanente a un elemento tan determinante como es el del importe de las retribuciones”.

El Supremo también avisa de que, una vez establecida esa premisa, la consecuencia es que la impugnación judicial de esa actuación empresarial debe vehicularse a través de la modalidad procesal específicamente prevista a tal efecto y dentro del inexorable plazo de caducidad que conlleva.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 2,5 % en las retribuciones del personal al servicio de la Administración autonómica de Extremadura, así como la adaptación de sus tablas retributivas, con efectos de 1 de enero de 2023, como se acordó en noviembre la Mesa General de Negociación con los sindicatos.

El acuerdo afecta también al personal de los organismos autónomos de la Junta de Extremadura.

La misma variación experimentarán las retribuciones del presidente, resto de miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y asimilados de la Junta, así como del presidente del Consejo de la Juventud y el director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, ha recordado que el acuerdo incluye también un 1 % adicional de incremento sujeto al IPC armonizado, que se revisará en septiembre.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se ha referido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta al complemento salarial que recibe la persona nombrada en abril por Alberto Núñez Feijóo como hombre fuerte del área económica del partido, Juan Bravo, desvelado por elDiario.es hace unos días, asegurando que “todo es correcto” y que su percepción se debe “a una normativa aprobada por el PSOE hace ya muchos años”.

“Nada más que añadir”, ha insistido cuestionado por este diario sin responder a si el gabinete jurídico de la Junta validó ese plus del también consejero andaluz de Hacienda que permitió a Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, más que duplicar el sueldo que tenía como diputado del Congreso, cargo que ocupaba justo antes de su nombramiento como consejero en febrero de 2019.

El complemento le fue concedido previo aval de un informe ad hoc de su propio departamento, que avaló que cobre más de 127.000 euros anuales y que firmaba el entonces responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda, Alejandro Torres. Torres fue ascendido a alto cargo hace menos de un año al convertirse en director general de Contratación de la Junta, puesto que hasta entonces no existía.

La ley andaluza de 1997

El sueldo real de Bravo, vicesecretario de Economía del PP, como reveló este medio está casi 60.000 euros por encima del que le atribuye la relación de retribuciones de altos cargos que publica la Junta, que la semana pasada aseguró que esa información se había omitido por un “error” de un funcionario.

Se trata de un complemento de puesto de trabajo (CPT) recogido en una ley andaluza de 1997 para igualar el sueldo de los funcionarios que fichen como altos cargos de la Junta. A esa norma se ha referido Elías Bendodo este martes, argumentando que se trata de una ley aprobada por el PSOE cuando gobernaban en la Junta.

Bravo aseguró antes de la publicación de la información que su caso no era único y que son muchos los altos cargos que reciben un complemento similar. elDiario.es se ha interesado por esas declaraciones y ha preguntado por ello a Bendodo, que ha ratificado que conservará escaño en el Parlamento andaluz aunque no siga en el futuro gobierno autonómico, y que no ha respondido a esa cuestión concreta, limitándose a señalar que “todo es correcto”.

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, consejero de Hacienda andaluz nombrado recientemente por Alberto Núñez Feijóo hombre fuerte del área económica del partido, ascendió en abril de 2021 a una dirección general de nueva creación en la Junta al letrado que avaló que cobre más de 127.000 euros anuales mediante un plus oculto desvelado por elDiario.es. 

El sueldo real de Bravo, como reveló este medio, está casi 60.000 euros por encima del que le atribuye la relación de retribuciones de altos cargos que publica la Junta, que este jueves aseguró que esa información se ha omitido por un “error” de un funcionario. También supera con mucho los 70.000 euros que cobra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y todo, gracias a un complemento de puesto de trabajo (CPT) recogido en una ley andaluza de 1997 para igualar el sueldo de los funcionarios que fichen como altos cargos de la Junta.

Ese plus, que nunca había sido comunicado públicamente, permitió a Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, más que duplicar el sueldo que tenía como diputado del Congreso –el cargo que ocupaba justo antes de su nombramiento como consejero–. Y le fue concedido previo aval de un informe ad hoc de su departamento tras llegar al cargo en febrero de 2019.

El dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, lo redactó el entonces responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda de la Junta, Alejandro Torres. Este funcionario fue ascendido a alto cargo hace menos de un año, al convertirse en director general de Contratación de la Junta. Un puesto que hasta entonces no existía.

El informe, firmado en julio de 2019, es un documento de 11 páginas de carácter facultativo (no vinculante) solicitado por la Secretaría General Técnica a la asesoría jurídica de la consejería para esclarecer dos aspectos. Primero, si Bravo podía cobrar ese complemento atendiendo a lo que había recibido hasta 2015 como delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El segundo, si ese plus debía incluir además la denominada “indemnización por vivienda”.

Se trata de una compensación que se fija en función de unos porcentajes aplicados sobre la retribución del funcionario a la que Bravo tenía derecho estando destinado en Ceuta, atendiendo a un decreto firmado por el dictador Francisco Franco en 1971, y que él ha negado que cobrara en esos años al disponer de vivienda oficial. En cualquier caso, el resultado del informe dibujó el escenario retributivo más favorable para el recién nombrado consejero.

La consulta de la Consejería señalaba que la ley andaluza que regula ese complemento adolece de “carencias o falta de claridad en la redacción, ya sea como imposibilidad de alcanzar todos los supuestos incluidos en su ámbito de aplicación o por tratarse de una técnica o sintaxis insuficientes”.

Esa ley dice que el funcionario público designado para ocupar un cargo en la Junta “que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública, no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen”. Para compensarlo, recibirá “un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual”. 

Un informe de julio de 2005 de la Intervención General de la Junta de Andalucía se había expresado así sobre el criterio para aplicar ese plus: “Dados los términos en que está redactada dicha Disposición, esta Intervención General entiende que las retribuciones del puesto de procedencia que hay que tener en cuenta para el cálculo del complemento son las que regían en el momento del nombramiento por Decreto”. 

En su consulta al letrado, la Consejería de Hacienda señalaba que la redacción de esa ley podía dar lugar a “diversos criterios interpretativos con la correspondiente inseguridad jurídica” y “el riesgo añadido de poder dejar sin virtualidad la finalidad de la norma”: que con ese complemento, “la persona designada para su nombramiento como alto cargo de la Junta de Andalucía no vea disminuidos sus ingresos”.

Una realidad que no se daba en el caso de Bravo, ya que hasta su nombramiento en la Junta era diputado en el Congreso, con unos ingresos muy inferiores a los que tenía como cargo de la AEAT: unos 60.000 euros brutos anuales.

El informe del letrado arrancaba dejando claro que el dictamen se solicitaba “en relación con una cuestión que no encaja entre los supuestos en los que el Gabinete Jurídico debe informar con carácter preceptivo”. Fuentes de la consejería señalan que este tipo de informes, los de carácter facultativo, se solicitan “cuando a pesar de no ser exigidos por una norma, al centro Directivo que tiene que resolver se le presenta alguna duda jurídica que deba ser despejada antes de adoptar la decisión de que se trate, como en este caso ocurrió”.

Las mismas fuentes señalan que “ha sido y es habitual que las Asesorías Jurídicas de las distintas Consejerías elaboren informes para disipar las posibles dudas jurídicas sobre la percepción del complemento personal transitorio de anteriores consejeros y altos cargos de la Administración”.

El informe subrayaba un aspecto no mencionado en la consulta: que tras cesar como delegado en Ceuta para ir como candidato del PP por Ceuta a las elecciones generales, Bravo había regresado al servicio activo como inspector de Hacienda, un puesto con una retribución inferior a la de un delegado. Y se preguntaba: “¿Podría ser un impedimento al devengo el hecho de que al momento de ser nombrado Consejero de Hacienda, Industria y Energía el Ilmo. Sr. Bravo Baena ostentaba la condición de Diputado del Congreso y por tanto no mantenía ”en el momento del nombramiento una relación de servicios permanente con alguna Administración Pública“ como exige la DA 7ª de la ley 7/1997? Anticipamos que la respuesta ha de ser negativa”.

Según el letrado, lo “razonable” sería fijar el complemento atendiendo a su retribución como delegado de la AEAT en Ceuta, “puesto que su cese y vuelta al servicio activo como funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, se produce de forma interina –esto es, muy limitada en el tiempo– a petición expresa del interesado”. “Y lo que es más importante”, ese cese se produjo “de forma medial” al ser “condición indispensable para remover una causa de inelegibilidad” prevista en la Ley Electoral.

Esta norma dice que no puede presentarse a las elecciones “quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones de ámbito inferior al estatal”. Y Bravo, además de delegado de la AEAT en Ceuta, fue también de forma efímera delegado de Economía y Hacienda del Ministerio de Hacienda durante una semana en noviembre de 2015: cesó a petición propia el 13 de noviembre de ese año para ser incluido nueve días después como cabeza de lista del PP por la ciudad autónoma para las generales.

“Abocado a renunciar”

Según el informe, “el Ilmo. Sr. Bravo Baena se vio abocado a renunciar a sus cargos para poder concurrir a las elecciones”. “Sin necesidad de desplegar mucho esfuerzo argumental”, su paso al cuerpo de inspectores fue “interino, limitado en el tiempo por el breve lapso que duró la campaña electoral”, y “una decisión medial e indisponible a su voluntad, articulada con la única intención de poder concurrir a las elecciones”.

Para reforzar esa idea de interinidad en el puesto de inspector, el informe destacó que la dinámica de un aspirante al Congreso “puede llevar aparejada como consecuencia consustancial, la imposibilidad de atender las obligaciones profesionales del candidato en su plenitud” con la posibilidad de una “dispensa de la obligación de trabajar”.

“Desconocemos –pues nada se nos dice- si el Sr. Bravo Baena hizo o no uso de ese legítimo derecho. No obstante, lo verdaderamente relevante y que se quiere poner de manifiesto es que la situación laboral de un candidato cuando entra en campaña, es provisoria por naturaleza”, por lo que es “difícil considerar como puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen a los efectos de determinar el importe del CPT, el de Inspector al que se incorpora tras el cese. Por el contrario, y por los mismos motivos, parece razonable que la equiparación se haga en relación con las retribuciones percibidas como Delegado Especial de la AEAT en Ceuta”, insistía.

El dictamen también dio por bueno que se incorporara a ese complemento la llamada “indemnización por vivienda” de ese decreto franquista de 1971, que Bravo aseguró el miércoles a elDiario.es que no cobraba cuando era delegado en Ceuta. “Ha de considerarse un ”concepto retributivo“ que debe tenerse en cuenta para el cálculo del complemento”, según el letrado.

Reestructuración

En febrero de 2021, la Junta aprobó un decreto-ley que, entre otras cosas, reestructuró la Consejería de Hacienda y estableció la creación de esa nueva dirección general de Contratación para asignarle, entre otras, “aquellas competencias que se van a ejecutar a través de la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos”, también de nueva creación.

El elegido para ocuparla fue el autor de ese informe. El 13 de abril de 2021, el Consejo de Gobierno andaluz, a propuesta de Bravo, nombró nuevo director general de Contratación a Alejandro Torres, con el que elDiario.es intentó contactar este jueves a través de un portavoz de la Consejería de Hacienda. Según la web de Transparencia de la Junta, Torres tiene asignada una retribución de 58.352,06 euros brutos anuales. Su declaración de IRPF no está disponible en esa web.

Según el departamento de Hacienda, “como jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería, tenía una retribución de 79.000 euros anuales (año 2020). En cambio, el puesto de Director General tiene asignada una retribución de 58.352 euros (20.000 menos que el anterior cargo que ocupó). Sin embargo, Torres mantiene actualmente el mismo sueldo que tenía merced al complemento personal transitorio que tiene reconocido. En definitiva, sigue ganando lo mismo que ganaría si siguiera como letrado”.

El pasado miércoles, en conversación con elDiario.es, Bravo subrayó que, con posterioridad a este informe, recibió el visto bueno de la Intervención General de la Junta de Andalucía a ese complemento, antes de reclamarse el certificado sobre su salario previo a la propia Agencia Tributaria. 

Perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde el año 2002, Torres ha desarrollado su carrera profesional en el Gabinete Jurídico de la Junta. Entre otros destinos, “ha prestado servicios en el Área de Asuntos Consultivos, donde ha ocupado puestos de Jefatura de las Asesorías Jurídicas de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo (2014-2015), así como de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (2015-2019) y del Servicio Andaluz de Empleo”, según su biografía en la web de la Junta.  Ha ocupado “puestos de responsabilidad con los anteriores Gobiernos del PSOE”, destaca un portavoz de la Consejería, si bien se ha convertido en alto cargo en esta legislatura.

Actualmente “se sitúa al frente de una dirección general estratégica, al asumir la coordinación de la contratación pública de la Junta de Andalucía, con objeto de lograr una ejecución de los fondos europeos que debe recibir Andalucía de la forma más eficaz y eficiente”, destaca la Junta en su web.

Consultado el miércoles por elDiario.es, Bravo explicó cómo ha llegado a cobrar ese complemento: “Cuando me vengo [a Andalucía] me dicen que puedo arrastrar el sueldo, y digo que sí porque es más”. En conversación telefónica con esta redacción, explicó: “Cuando los que vienen a la Junta son funcionarios, arrastran el último sueldo”. En su caso, según Bravo, el de delegado de la AEAT en Ceuta, que no es el de un funcionario al uso. También afirmó que él ha “perdido dinero” como consejero “al igual que como diputado”. “Estar en política me cuesta dinero”, remachó.

El Parlament de Catalunya paga 1,7 millones anuales a funcionarios que ya no trabajan en la Cámara y que tienen más de 60 años. Según publica el diario Ara hay 21 trabajadores acogidos al régimen que se llama “licencia por edad”.

Esta figura, que existe desde 2008, permite que los funcionarios que llevan más de 15 años empleados en el Parlament y que tengan más de 60 años cobren durante cinco años sin trabajar, hasta llegar a la jubilación. Según informa el diario Ara, a raíz de una petición de transparencia, hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, entre ellos, dos exsecretarios generales que cobran más de 10.000 euros al mes. Quienes menos cobran y que están en esta misma situación son los ujieres auxiliares, que cobran 3.800 euros mensuales.

La mitad de las personas en licencia por edad son funcionarios de los rangos más altos de la cámara (A1), que se llevan la mayor parte del pastel. Las cifras individuales son dispares porque dependen de la categoría del funcionario, pero en promedio las retribuciones más bajas van desde casi los 4.000 euros al mes por catorce pagas –ujieres auxiliares o telefonistas– hasta los 10.000 euros mensuales en el caso de los exsecretarios generales o exjefes de departamento. O lo que es lo mismo: entre 56.000 y 140.000 euros al año sin trabajar durante un máximo de cinco años.

Debido a la política de protección de datos del Parlament, no se puede saber el sueldo exacto de las personas que están en licencia por edad, con lo que el diario Ara ha realizado un cálculo aproximado. La Cámara catalana ha entregado las retribuciones básicas y los complementos que perciben los funcionarios acogidos a este régimen, pero ha facilitado los trienios que cobran agrupando a todos los empleados públicos del mismo nivel.

Además, según el rotativo, la plaza no se puede cubrir hasta que el funcionario en licencia por edad se jubila, por lo que si faltan recursos humanos debe ampliarse la plantilla.

Cambios recientes

Después de la petición de información del diario Ara en abril, la actual Mesa del Parlament, presidida por Laura Borràs, ha introducido reformas que se aprobaron en la última reunión de la mesa de 2021. Se modificó la licencia por edad por contribuir a la “contención económica” de la Cámara y para que “no entorpezca la gestión de los recursos humanos” –el capítulo de gasto de personal funcionario fue de 12,9 millones en el 2021–.

Así pues, desde el 1 de enero de 2022 la licencia por edad se ha convertido en una especie de reducción progresiva de jornada por un plazo de cinco años, vinculando el sueldo a la asistencia. En cualquier caso, hay una prórroga que hace que no afecte ni a las 21 personas que ya están en este régimen ni a las que lo pidieron el año pasado. Los trabajadores que lo soliciten entre 2022 y 2023 también pueden optar por una licencia a tiempo completo sin ocupar el puesto de trabajo, pero cobrando menos que ahora.

El expresidente del Parlament justifica la licencia

El que fuera presidente del Parlament cuando se creó la “licencia por edad”, el republicano Ernest Benach, ha justificado la medida aduciendo que se tomó por unanimidad de todos los partidos presentes en la Mesa y que, en el año 2008, “el contexto social y político era diferente al actual”. Al parecer de Benach, en aquel momento, previo a la crisis económica, se consideraba normal que los funcionarios continuaran cobrando en la parte final de su carrera, algo que además habían reclamado los propios trabajadores.

Por su parte, desde ERC la portavoz Marta Vilalta ha considerado que la situación de los funcionarios en la Cámara necesitan una “revisión a fondo” y ha asegurado que su partido desconocía esta circunstancia, pese a que tenía la presidencia del Parlament tanto en el momento que se adoptó la licencia como en las últimas dos legislaturas. Por su parte el anterior presidente de la Cámara, el actual conseller de Empresa Roger Torrent, se ha limitado a indicar que en su etapa no se aplicó a los diputados el incremento salarial previsto.

También los grupos parlamentarios han reaccionado a la información reclamando explicaciones y que se revisen las situaciones laborales de los funcionarios. Por parte del PSC, la portavoz Elia Tortolero, ha considerado que todos los funcionarios deben deben cobrar “de manera justa” pero no tener privilegios. Además, Comuns y PP han calificado la situación de “escándalo” y han pedido a la presidenta que garantice que los pagos dejan de realizarse.

El informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Comptes a la Universitat Politècnica de València ha detectado diversos incumplimientos “significativos” de la normativa sobre la gestión de los contratos de investigación.

Así, ha detectado irregularidades en los procedimientos de contratación de los investigadores. Señala que en diversos expedientes se ha verificado la contratación de personas “sin unos procedimientos específicos de selección”, y que esto se produce porque se habían contratado para investigaciones anteriores “y se les ha contratado nuevamente sin superar un nuevo proceso selectivo”. Esta práctica supone “un incumplimiento de las disposiciones que consagran los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a los puestos de trabajo en las administraciones públicas” para que puedan aspirar otros investigadores.

También señala el informe que en la Politécnica “no se está comprobando el límite de retribución por proyecto” del profesorado, situación que se da especialmente en los contratos de investigación de la categoría “prestación de servicios de I+D+I”, en los que no están identificados los gastos de cada proyecto.

Por lo que se refiere a los gastos e ingresos de los contratos de investigación no superiores a 18.000 euros de cada investigador dentro de la misma categoría “se contabilizan con la misma clave específica del investigador, circunstancia que dificulta la identificación de los gastos e ingresos correspondientes a cada uno de los contratos”.

También advierte el informe de que en la creación de una “empresa spin-off” (empresa nueva que surge de otra anterior) “se incumplieron determinados preceptos de la normativa propia de la Universidad Politécnica”. En concreto apunta que fue creada por personal de la universidad “sin la preceptiva propuesta al director del Instituto IDEAS y sin el preceptivo informe del director del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT) referente a la existencia significativa de aportación de la Universidad Politécnica de Valencia”.

Recomendaciones

Ante esa situación, el Informe de fiscalización también propone diversas recomendaciones para subsanar las deficiencias detectadas.

Así, afirma que en la normativa reguladora de la gestión de las actividades de investigación, desarrollo, trasferencia de tecnología y formación no reglada la Politécnica debería hacer un “control de los gastos por nómina del personal propio de la universidad, de manera que se comprobara que las horas a pagar a cada investigador no superen las horas presupuestadas en cada proyecto”.

Por otro lado también recomienda incluir un apartado relativo a la “liquidación de los contratos”. Para ello aconseja que cada uno de ellos esté acompañado de “una memoria descriptiva de su ejecución que contenga, al menos, una explicación del trabajo desarrollado, sus resultados en relación con los objetivos previstos, una relación del personal que ha participado y un detalle de los gastos e ingresos que ha ocasionado”.

En cuanto a la normativa sobre la creación de empresas en la Politécnica recomienda que se acredite documentalmente que no se está vulnerando el régimen de incompatibilidades establecido.

Recomienda que se establezca una única clave específica a cada contrato “con la finalidad de evitar posibles errores en el cálculo de las desviaciones de financiación o posibles incumplimientos legales en la contratación de personal temporal para una clave específica determinada”.

El director general de Urbanismo de Santander, Antonio Bezanilla, trabaja pero no cobra. No solo no cobra, sino que tuvo que devolver su nómina de agosto ya que el Pleno echó abajo la aprobación de las retribuciones de las direcciones generales de nueva creación. Este cargo está adscrito a la Concejalía de Urbanismo que dirige Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos, que ha adelantado que intuye que contará con el beneplácito de la oposición para regularizar cuanto antes las retribuciones de los altos cargos.

El sueldo de Antonio Bezanilla previsto aunque todavía no aprobado es de 64.000 euros brutos anuales. La propuesta al Pleno elevada por el delegado de Personal fue la de establecer una retribución mensual de 1.098,96 euros de sueldo base, con 964,98 euros de complemento de destino y 2.541,09 euros de complemento específico. En total 4.605,03 euros brutos mensuales, sobre 14 pagas al año.

El pacto de gobernalidad en Santander entre Partido Popular y Ciudadanos conllevó asignar a Ciudadanos dos concejalías (Cultura y Urbanismo), así como una estructura en que la formación naranja dispondrá de dos direcciones generales de nueva creación: Urbanismo e Innovación, esta última sin ocupar aún ya que el titular ha de ser funcionario.

Los nombramientos están aprobados pero la oposición no validó la retribución en el último pleno, aduciendo que no entendía la duplicación de direcciones generales para competencias similares (existía una de Fomento, sin titular, y ahora se desdobla con la de Urbanismo). La raíz del conflicto es que el pacto de gobierno segregó las concejalías de Fomento y Urbanismo y por lo tanto hay dos y no una dirección general. Este martes, el portavoz de Cs y del equipo de gobierno ha expresado su optimismo de que el Pleno de este mes valide un sistema de retribución para su director general.

Ceruti ha indicado que los técnicos municipales aseguran que el nombramiento de Bezanilla “es perfectamente legal” y, aunque el pleno rechazó la retribución con la mayoría que suma la oposición (PSOE, PRC, Unidas por Santander y Vox), “ninguno está en contra del director elegido ni de su retribución”. De hecho, ha enfatizado que ha recibido “felicitaciones” por la persona elegida.

No obstante, tras el pleno, ha hablado con la oposición sobre este asunto y ha confiado en que la retribución del director general de Urbanismo pueda volver al pleno de septiembre y “se resuelva el problema”, pero “tenemos que hablar con todo el mundo” y creo que “se resolverá”.

Trayectoria

Licenciado en Arquitectura en 1991 por la Universidad de Valladolid con las dos especialidades, Edificación y Urbanismo, donde fue además distinguido con el Premio Extraordinario de la carrera en ese mismo año, Antonio Bezanilla ha sido también secretario de la Comisión de Deontología Profesional del Colegio de Arquitectos de Cantabria (Coacan). Además, y dentro de la misma organización colegial, Bezanilla ha sido miembro de la Junta de Gobierno como vocal de la misma entre 2006 y 2018, ocupando el puesto de tesorero entre 2009 y 2012.

El nuevo director general de Urbanismo representó al Coacan, entre 2005 y 2018, en la Ponencia Técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) del Gobierno de Cantabria.

En cuanto a su experiencia profesional en materia de urbanismo, Bezanilla desempeñó el puesto de arquitecto municipal de Santander de forma interina entre 1992 y 1993. En ese periodo de tiempo participó activamente en diversos expedientes municipales en materia urbanística como fueron las modificaciones del PGOU de Santander en la finca Ibero Tanagra o en la zona de Nueva Montaña Quijano.

Entre 1995 y 2004 fue contratado como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Rionansa, al igual que en el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, entre los años 2001 y 2007. En el Ayuntamiento de Santoña fue contratado en 2002 como arquitecto municipal, haciéndose con la plaza como funcionario de carrera en 2013.

Fuera de la administración, ha participado en la redacción, junto con otros profesionales, del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero, el Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Conjunto Histórico Artístico de Aldea de Ebro (Valdeprado del Río), o en la revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Astillero, entre otros. Junto a ello ha participado en diversas tramitaciones vinculadas a los Planes Generales de Liérganes, Cabezón de la Sal, Entrambasaguas, Ribamontán al Monte y Ramales de la Victoria. Fuera de Cantabria ha desarrollado trabajos urbanísticos vinculados al Plan General del municipio aragonés de Miedes de Aragón.

El Ayuntamiento de Murcia ha celebrado este 1 de julio un pleno extraordinario en el que se ha añadido en el orden del día, sin estar previsto, la propuesta para que los ediles con dedicación parcial y sin competencias reciban una asignación anual de 34.325 €; es decir, un aumento de 15.665€ respecto a la legislatura anterior.

Los concejales beneficiados con esta modificación, que ha sido aprobada por unanimidad del Pleno, son los siete que se encuentran en esta categoría (en la oposición, con dedicación parcial y sin competencias). En principio, la actualización de las retribuciones estipulaba que estos miembros pasarían de cobrar 18.660€ (legislatura 2015-2019) a 19.126€, aunque, y en aras de equipararlos a los ediles con dedicación parcial con competencias, se ha decidido a última hora establecer ese incremento de 15.665€. El salario del resto de concejales será el mismo que el de hace cuatro años.

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Murcia también han aprobado el régimen de exclusividades y liberaciones de los distintos ediles. En este sentido, el Gobierno municipal de coalición de PP y Cs tendrá 13 liberados, el PSOE contará con 5 y Vox con 2. Por el contrario, Podemos ha renunciado a tener ediles liberados a cambio de poder contratar un trabajador eventual más. Cabe destacar que la Ley de Régimen local fija que el Consistorio no puede tener más de 20 concejales con dedicación exclusiva.

En el Pleno se ha establecido que el equipo de Gobierno de PP-Cs incorporará a 19 trabajadores (personal de apoyo) y el PSOE tendrá 6. Los partidos con menos representación, Vox y Podemos, contarán con dos trabajadores cada uno (en el caso de la formación morada gracias a renunciar a tener un edil liberado).

Entre otros aspectos, en la sesión, que apenas ha durado 20 minutos, también se ha acordado que los plenos ordinarios continúen celebrándose el último jueves de cada mes.

Este viernes se ha celebrado el primer Pleno Organizativo del Ayuntamiento de Sevilla, en el cual se han debatido y aprobado las subidas de sueldo de los concejales de oposición en un 43 % y las del alcalde, el socialista Juan Espadas, los ediles de Gobierno y los portavoces, cuyo sueldo experimentará una subida del 33%. El aumento ha salido adelante con los votos de PSOE y PP; mientras, Ciudadanos se ha abstenido, y Adealnte Sevilla y Vox han votado en contra como ya anunciaron.

La teniente de alcalde y delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya (PSOE), en su intervención expuso las razones por las cuales debía aprobarse el nuevo régimen de retribuciones de los concejales y miembros directivos. Entre otras cosas, destacó que las retribuciones de la Corporación Municipal son las mismas desde 1991. “El punto de partida del cálculo es el sueldo de un concejal de la oposición. En esta Corporación (de acuerdo con la ley actual), de los 18 concejales de la oposición, solo la mitad pueden cobrar el 100 % de las retribuciones fijadas como concejal. Del resto, nueve pueden tener unas retribuciones máximas de 27.544 euros. Por eso planteamos que éstos nueve ediles puedan llegar a 36.275 euros, lo que supondría un aumento del 33 % de la tabla salarial de la Corporación”. Ha sido el mismo argumento utilizado por el alcalde electo el mismo día de su investidura, cuando aseguró que “es justo que adaptemos la cuarta ciudad de España a la homologación de retribuciones. Esto requiere un acuerdo de pleno”.

Juan de la Rosa, representante del PP, ha defendido la medida de aumento de las retribuciones y salarios del alcalde y los concejales. “No voy hacer defensor del Gobierno. Lo que es cierto es que este tema se discute en el primer pleno organizativo. No les debo explicar aquí lo que se trabaja en la ciudad de Sevilla. Es por ello que considero necesario establecer las normas”, indicó el concejal del PP.

Así, tras la votación, las cifras quedan así: el alcalde cobra actualmente 63.500 euros anuales y con el aumento alcanzará los 84.600 euros al año. Los tenientes de alcalde y portavoces de los grupos políticos pasarán de 53.733 a 71.644 euros. Mientras que los concejales sin responsabilidades de Gobierno cobrarán 52.640 euros. El acuerdo que se ha aprobad rescata las dietas para concejales sin sueldo: 220 euros por cada asistencia a pleno o comisión.

Prioridades y ejemplo

La concejala de Vox Cristina Peláez ha manifestado durante el pleno que en el documento que se les envió, pidiendo aprobaran este punto, “se comparaba con otros ayuntamientos, pero no se hizo la comparativa del PIB o de la cantidad de habitantes. Hay un momento para subir sueldos y arreglar calles. No nos vale que nos digan que esto fue presentado en el anterior mandato, cuando lo que se entregó fue un informe”, destacó. Peláez ha reprochado al Gobierno que “subir el salario” sea “una prioridad”.

Por su parte, la concejala y portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha explicado en su intervención que España se encuentra entre los 13 países con más corrupción y que hay 110 personas encarceladas por delito de corrupción. “Nosotros creemos que por responsabilidad debemos dar ejemplo, conservar el estilo de vida que teníamos antes de entrar a las instituciones y ocupar estos cargos. Mantener un código ético. Nosotros desde Adelante Sevilla hacemos donaciones: de llegar aprobarse este aumento donaríamos más dinero del que recibimos”, explicó Serrano.

Álvaro Pimentel portavoz de Ciudadanos, ha asegurado que el problema está en el cómo se ha hecho. “Somos conscientes que los sueldos no se corresponden al trabajo que realizamos. Entendemos que este acuerdo se debió haber hecho de manera progresiva y consensuada. Nos han pasado un documento con las cifras estipuladas. Es por la forma que no podemos apoyar esta medida y por eso nos hemos abstenido”, indicó Pimentel.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha decidido esta mañana subir el sueldo de sus concejales en un 20 por ciento, confirmando el acuerdo no escrito adoptado en la junta de portavoces del martes. Con un matiz: no ha habido unanimidad, como se suponía hasta esta mañana. Los tres ediles de Adelante Málaga, la coalición de Izquierda Unida y Podemos, han votado en contra. Fuentes de la coalición explican que el sentido de su voto se decidió el miércoles en una reunión del órgano conjunto entre Podemos y Izquierda Unida, que siempre tuvieron clara su oposición a la medida, y que así lo habían manifestado.

Justo antes del Pleno, Adelante había enviado una nota de prensa anunciando su voto en contra. “[La subida] ha generado un rechazo social justificado, y nos aleja de la ciudadanía que tiene serios problemas para llegar a fin de mes o asumir gastos imprevistos”, ha explicado durante el Pleno Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga. Además, Zorrilla ha asegurado que ya había advertido a la Junta de portavoces de que su posición definitiva estaba supeditada a la decisión de los órganos de la confluencia. El alcalde Francisco de la Torre ha confirmado que es cierto: “Es verdad que dijo que tenía ese tema”.

Sin embargo, desde que este martes la Junta de portavoces adoptó el acuerdo (no firmado) de incrementar el salario de los ediles, los partidos habían trasladado la idea de que todos estaban de acuerdo. Así se reflejó en decenas de titulares de prensa. Fuentes de Adelante lo atribuyen al juego sucio de los demás partidos, que han querido evitar el coste de una medida impopular diluyendo la responsabilidad entre todos. Sin embargo, nadie de Adelante Málaga aclaró durante el martes o el miércoles que, en realidad, la unanimidad para la subida de sueldos de la que se estaba hablando no era tal. Ni ante las preguntas de la prensa ni en redes sociales. Han esperado hasta la mañana del jueves.

Con este acuerdo, el alcalde De la Torre (Partido Popular) pasará a cobrar 78.219 euros, casi 13.000 más que hasta ahora. La portavoz del equipo de Gobierno cobrará 70.398 euros (12.000 más) y los demás concejales con responsabilidades de Gobierno y portavoces de los grupos recibirán 66.487. Los concejales con dedicación parcial cobrarán 45.054 euros, el 80% de los 56.318 que percibirán los tres únicos concejales con dedicación exclusiva que no tiene responsabilidad de gobierno ni es portavoz.

Fuentes de los grupos municipales aclaran que la subida del sueldo es la primera medida de este mandato porque está incluida entre las de la organización municipal que se adoptan al comienzo, y no tendría sentido adoptarla más tarde.

El alcalde ha insistido en que la decisión tiene su origen en la “inquietud” del interventor ante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que fija orientativamente el salario de los concejales con dedicación parcial en el 75% de los que tienen dedicación exclusiva, quince puntos menos que el 90% que hasta ahora cobraban en Málaga. Finalmente, los del Ayuntamiento de Málaga cobrarán el 80%. Según De la Torre, la subida responde también a la pérdida de poder adquisitivo de los ediles desde 2008, recuperada mínimamente en los dos últimos ejercicios.

“Ejercicio de hipocresía casi supina”

Todos los partidos han hecho malabarismos verbales para evitar cargar con una medida que gran parte de la opinión pública no comprende. “Menos aún nuestros votantes”, dicen en Adelante Málaga. Por eso, la posición definitiva de Adelante ha motivado que Elisa Pérez de Siles (PP) haya acusado a la coalición de hacer “un ejercicio de hipocresía casi supina”. Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos (que gobierna en coalición con el PP), ha asegurado que de haber sabido que no había unanimidad, “a lo mejor” los órganos de su partido le hubieran pedido votar de otra forma.

Daniel Pérez, portavoz socialista, ha insistido en que su grupo no planteó la subida, como se deslizó desde el PP la semana pasada. “El PSOE entiende que es una medida difícil, que no estaba en las prioridades, pero se tiene que abordar en el primer Pleno”, ha dicho Pérez, que ha hecho hincapié en la comparativa desfavorable con “municipios con parecida población”. La reducción del porcentaje que cobran los ediles con dedicación parcial afecta singularmente al PSOE, que tiene siete concejales en esa situación.

En el acuerdo conjunto se incluye también un aumento de la asignación para que cada grupo contrate hasta tres técnicos. Hasta ahora, uno de esos técnicos era contratado por los grupos municipales como eventual. Un informe del secretario recomendaba acabar con esa práctica, y ofrecía diversas fórmulas para que los grupos no contaran con personal eventual.

La decisión ha sido que el equipo de Gobierno se quede con todos los eventuales que puede nombrar el ayuntamiento, hasta 34, incluyendo los que hasta ahora nombraba cada grupo. Además, se han aumentado en siete las direcciones generales, que pueden ser catalogados como personal directivo y no eventual, aunque sean nombrados discrecionalmente.

El resultado es un aumento de los cargos de confianza nombrados discrecionalmente por el equipo de gobierno. Esta misma mañana, la Junta de Gobierno ha aprobado el nombramiento de once asesores del alcalde, de concejales o de distritos, como cargos de libre designación.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, se reunió este viernes con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía. En este marco, y tras reconocer la importante labor social y constitucional llevada a cabo por las y los profesionales del Turno de Oficio y recordar el firme compromiso del Ejecutivo autonómico para garantizar a la ciudadanía más vulnerable el acceso a la justicia gratuita, se comprometió a recuperar las retribuciones del colectivo al nivel anterior a la crisis, equivalente a un 20%, que entraría en vigor a partir de enero condicionado a la necesaria aprobación de los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019.

Asimismo, se acordó un incremento para los gastos de infraestructuras que pasa del actual 8% a un 10% también con efecto a 1 de enero de 2019. Por otro lado, se ha decidido constituir una mesa bilateral de negociaciones que comenzará sus trabajos sin dilación.

Al encuentro también asistieron el viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno; el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez; el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogacía y decano del Colegio de Lanzarote, Carlos Viña; el decano del Colegio de la Abogacía de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner; el del Colegio de Las Palmas, Rafael Massieu, y el de La Palma, Juan Antonio Rodríguez.

Ambas partes acordaron igualmente la constitución de una mesa de trabajo para revisar el baremo actual del turno de oficio de forma que se puedan contemplar la inclusión de nuevos procedimientos y trámites que en la actualidad no están incluidos a fecha de hoy.

Barragán reconoció de forma específica el importante esfuerzo desempeñado por las y los profesionales del Turno de Oficio al haber soportado durante los últimos años la rebaja que sufrieron sus retribuciones como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno central durante la crisis.

Por su parte, Cesáreo Rodríguez apuntó que el Gobierno canario es consciente de que con la intensa actividad habida en los últimos ejercicios del Turno de Oficio, los Colegios de Abogacía vienen soportando en sus infraestructuras una carga de trabajo que, en algunos casos, resulta excesivamente gravosa, lo que explica la voluntad de incrementar el porcentaje de los gastos destinados los gastos de gestión.

El Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma ha sido el impulsor de la reclamación de las retribuciones del Turno de Oficio, una reivindicación que asumió el Consejo Canario de Colegios de Abogados (CCCA) cuando estuvo presidido por el letrado Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio palmero.

Los abogados del Archipiélago han acordado dar un ultimátum al Gobierno de Canarias en lo relativo a las retribuciones del Turno de Oficio.

Desde el año 2015 los diferentes Colegios de Abogados del Archipiélago llevan reclamando insistentemente al Gobierno de Canarias mejoras para el desarrollo de la Justicia “ante el malestar existente en el colectivo de abogados por los drásticos recortes derivados de la Orden de 29 de julio de 2010 y el Decreto 100/2012 de 28 de diciembre, y que suponían una rebaja del 20%”, se informa en nota de prensa.

Por ello, las tres reuniones mantenidas desde esa fecha hasta con el Gobierno de Canarias, el Consejo Canario de Colegios de Abogados (CCCA) lleva abordando como tema urgente las escasas retribuciones del Turno de Oficio, recortadas ocho años atrás, y la necesidad de recuperar el nivel retributivo una vez superada la crisis que motivó “su recorte hasta dejarlos en niveles ridículos sin ni siquiera actualizar desde entonces el IPC”, subrayan.

Igualmente, añaden, “y dada la importancia de la justicia gratuita para la ciudadanía, los representantes del Consejo Canario de Colegios de Abogados han mantenido diferentes reuniones en el Parlamento de Canarias con todos los grupos del arco parlamentario, incluido el partido que sustenta al Gobierno (CC, NC, PSOE, Podemos, PP, ASG), quienes han manifestado su predisposición a secundar las peticiones del colectivo de la abogacía canaria”. De igual modo, en visita girada tanto a la Asociación de Usuarios de Canarias como a los máximos representantes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, pusieron en conocimiento de los mismos sus reivindicaciones.

“Llegados a este punto, el Consejo Canario de Colegios de Abogados reclama del Gobierno de Canarias la recuperación inmediata -cara a los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma – de los niveles retributivos del Turno de Oficio y el abono de las actuaciones no baremadas, pero sí realizadas para no dejar indefenso al ciudadano”, afirman.

En caso que el Gobierno de Canarias en la reunión del próximo jueves, día 20 de septiembre, “no atienda las peticiones realizadas, y que ambas partes entienden totalmente justificadas, el colectivo de la abogacía canaria llevará a cabo medidas de presión ante la opinión pública como pueden ser las movilizaciones de los abogados del Turno de Oficio e incluso una huelga general en la Justicia Gratuita”, advierten.