Las redes sociales eran la fuente de captación de clientes de una red dedicada a estafar a extranjeros a través de los anuncios que publicaban con ofertas de empleo de empresas que resultaron ser ficticias. Su principal cabecilla es un hombre que tenía fijada su residencia temporal en Oviedo y su detencion por agentes de la Policía Nacional ha sido posible gracias a las gestiones de intercambio de información entre unidades policiales de Asturias y Galicia y en las que ha participado Interpol.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo‑Redondela y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La mujer ignoraba que era una víctima

La investigación se inició en Vigo cuando una mujer acudió a comisaría para realizar un trámite administrativo y los agentes detectaron durante la revisión de la documentación que los contratos y papeles que presentaba no se correspondían con un empresa real.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que la mujer ignoraba que había sido captada por una red y estaba siendo víctima de un entramado delictivo.

Varias empresas ficticias

Según el relato de la víctima, se había trasladado a España engañada por los responsables de esta red con el fin de utilizarla para captar nuevas víctimas, sin que ella fuera consciente de ello.

Tras tomarle declaración, los investigadores descubrieron que había varias empresas ficticias, todas vinculadas a una misma persona, que se empleaban como “carta de presentación” para atraer a interesados a través de redes sociales.

El 'pack' de falso asesoramiento

El entramado publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo la posibilidad de trabajar en España, especialmente en el sector del transporte, aprovechando la demanda de personal cualificado. A cambio de dinero, la supuesta empresa ofrecía un “pack completo” de asesoramiento.

Entre otras actuaciones, ofrecían realizar las primeras gestiones y trámites documentales que precisaran, les prometían su asesoramiento para citas -que eran inexistentes- para exámenes de capacitación profesional como transportista en España y además les convencían de que gracias a ellos podrían acceder a una bolsa de empleo en empresas españolas solicitantes de esos profesionales.

Colaboradores en el extranjero

La estafa se completaba cuando las víctimas iniciaban los pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un puesto de trabajo que nunca llegaba a materializarse.

La Policía Nacional ha identificado a tres personas relacionadas con la trama. El principal responsable residía en Oviedo y contaba con dos colaboradores en el extranjero encargados de recibir parte de los pagos efectuados por las víctimas.

Localizado y detenido

Una vez que el cabecilla fue localizado, los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias organizaron un operativo para proceder a su detención.

El arresto se produjo en el domicilio de Oviedo donde el presunto responsable de la organización se encontraba residiendo de forma temporal.

Un nuevo frente en materia urbanística le ha explotado al Ayuntamiento de Oviedo en plena polémica tras el cese de uno de los principales hombres de confianza del alcalde, Alfredo Canteli, y hasta ahora asesor de Alcaldía, Ignacio Morales.

Apenas 24 horas después de que se hiciera pública la apertura de una investigación interna para aclarar la denuncia que una vecina hizo llegar a través de los canales internos por presuntas irregularidades en el área de Urbanismo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) ha remitido una carta abierta al consistorio donde anuncia que ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central por el concurso de proyectos para la ordenación urbanística de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

Adecuar las bases a la legalidad

En este recurso insta a adecuar “a la legalidad” las bases del concurso de ideas para la ordenación de la antigua fábrica de armas de La Vega y dotarlas de la “apertura, la equidad y la proporcionalidad necesarias”.

En esta carta abierta, el decano del COAA, Miguel Casariego Rozas, transmite al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) que lidera Canteli el acuerdo adoptado por la Junta del Gobierno el pasado 13 de abril.

Una carta abierta

En este escrito, va desgranando de forma detallada todas la irregularidades que ha detectado en este proceso. A pesar de las numerosas anomalías que va desarrollando y que ha puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo Central, el decano muestra su confianza en que aún existe “margen suficiente” para reconducir la convocatoria.

La Junta de Gobierno valora la importancia del desarrollo urbanístico del ámbito de La Vega y su integración en la ciudad de Oviedo al considerar que constituyen “una oportunidad única y una aspiración compartida por todos” pero, precisamente por ello, incide en la necesidad de llevarlo adelante “con el máximo cuidado y respeto a la legalidad”.

Una legalidad a la que al parecer, según el Colegio, no se ha ajustado el ayuntamiento, pese a que ya había sido advertido previamente por la institución colegial cuando formuló las alegaciones al convenio urbanístico suscrito en septiembre de 2024 por el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.

Alegaciones rechazadas

Entre otras cuestiones, se basaba en que el convenio incorporaba una “propuesta urbanística anticipada”, argumentando que cualquier determinación de carácter formal debería abordarse en fases posteriores del procedimiento.

Sin embargo, el ayuntamiento hizo caso omiso y desestimó todas sus alegaciones al igual que los razonamientos expuestos en el recurso de reposición planteado en enero de 2025, tras la aprobación definitiva del convenio.

Directrices prematuras

“En ambos casos, el COAA trataba de evitar que el futuro planeamiento de esta excepcional pieza urbana quedase condicionado por unas directrices prematuras que podrían no ser las óptimas para el interés general”, señala el decano.

El Colegio ha manifestado en diversas ocasiones que los concursos de Arquitectura y Urbanismo constituyen la fórmula idónea para obtener los mejores proyectos de edificios públicos y espacios urbanos singulares, justificando que deben plantearse con carácter abierto, preferiblemente en dos fases sucesivas —una de “estudios previos” y otra de “anteproyectos”— y ser evaluados por un jurado compuesto por profesionales expertos cualificados e imparciales.

Las dudas

No ocurre así, según el decano, con las bases del concurso que el Ayuntamiento de Oviedo ha convocado para el desarrollo de La Vega y que, en opinión de los profesionales colegiados, plantean serias dudas sobre “la apertura, la ecuanimidad e incluso la legalidad del proceso de selección de los concursantes y de sus propuestas”.

Resulta abrumador el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que muy pocos aspirantes podrán acreditar. Sorprende también la composición del jurado, en el que cinco de sus seis miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento

Miguel Casariego Rozas — Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias

En la carta abierta reconoce que resulta “abrumador” el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que, según asegura, “muy pocos aspirantes podrán acreditar”.

La composición del jurado, cuestionada

“Este nivel de exigencia dejaría fuera del concurso a una inmensa mayoría de profesionales solventes que, careciendo de un currículo tan singular como el solicitado, podrían completar posteriormente sus equipos incorporando a los especialistas precisos en el caso de que sus ideas y propuestas fuesen las mejor valoradas”, subraya.

Pero ese no es un único motivo. Hay más: al Colegio le sorprende también la composición del jurado en el que, según manifiesta, “cinco de sus seis miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento”.

Los condicionamientos

“A esta falta de independencia se suma el hecho de que las propias bases reconocen que la envergadura, complejidad y singularidad de la actuación exceden la capacidad ordinaria y especializada del personal técnico adscrito a la Administración municipal”, asegura.

La preocupación expresada por el COAA en las alegaciones formuladas en 2024 en relación con los documentos gráficos adjuntos al Cconvenio se confirma ahora cuando en el Pliego de Prescripciones Técnicas (3. Condicionantes particulares y generales) se indica subrayado y en negrita la frase: “En todo caso se estará en lo dispuesto en el convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa...”, un requisito que, bajo su criterio, “evidencia la intención de que el desarrollo del ámbito se ajuste tanto al convenio como a sus pautas de ordenamiento, y que esta advertencia condicionará tanto a los concursantes como a los miembros del jurado”.

La valoración

No acaba ahí el malestar del COAA con la forma en que el Ayuntamiento de Oviedo está llevando a cabo todo el proceso y eso se evidencia no solo en el contenido del escrito, sino también en la forma en que está redactado.

“Por si eso no fuese suficiente, en los criterios de negociación del contrato se indica que se valorará con 51 puntos a aquellos licitadores que se comprometan a trabajar en coordinación con el servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo. Creemos que recalcar con tanto énfasis que el 51% de la valoración (proporción que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para criterios de calidad) se supeditará al compromiso de coordinación del licitador y el personal técnico del Ayuntamiento, anticipa la imposición al equipo redactor de las directrices establecidas en el Convenio, incluida su parte gráfica”, observa el órgano colegial.

Sin esperar a los estudios arqueológicos

Los arquitectos asturianos califican como “inquietante” la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de abordar el concurso en un momento en el que aún no se dispone de los resultados de los estudios arqueológicos prescritos en el convenio, “estudios que acumulan un inexplicable retraso”, mantiene. El concurso se convocó el pasado 29 de marzo y las ofertas pueden presentarse hasta el día 27 de este mes, cuando aún no se conoce el alcance de estos estudios.

“Debe tenerse en cuenta que la existencia de restos de interés histórico en el subsuelo del ámbito condicionaría de un modo relevante el diseño de la intervención, alterando cualquier propuesta que los concursantes hubiesen desarrollado antes de conocer el resultado de las excavaciones”, según se recoge en este escrito.

Reconducir la convocatoria

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias mantiene que desde una posición “institucional y constructiva” hay un margen suficiente para reconducir la convocatoria, ya que estima que “persistir en una configuración que suscita objeciones tan intensas puede trasladar al procedimiento una controversia evitable y dificultar desde su inicio la aceptación pública y profesional del proceso emprendido”.

A partir de ahora, la resolución queda en manos del Tribunal Administrativo Central, organismo ante el que el COAA ha interpuesto el recurso.

“Si acude a un despacho de arquitectos, su proyecto tendrá prioridad sobre el resto porque Morales estará encima de este asunto”. Esta frase es la recomendación que una vecina de Oviedo/Uviéu asegura que recibió como respuesta si quería acelerar el trámite que quería realizar en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. Morales era, hasta ayer, uno de los asesores de confianza de la Alcaldía del consistorio de la capital asturiana. El siguiente paso ha sido su cese fulminante.

Sin embargo, el de Ignacio Morales no ha sido el único cese que el alcalde ha afrontado en su equipo de asesores. Hace apenas unos días también abandonó su puesto Hugo Huerta, exconcejal de Vox. En ambos casos, los dos cargos cesados han alegado que dejan el consistorio por “motivos personales”.

El cese de Morales

Canteli firmó la resolución del cese como personal eventual del ayuntamiento ovetense del arquitecto Ignacio Morales Zapata en su calidad de “asesor de Alcaldía en materia de urbanismo” con efectos inmediatos ayer mismo y a continuación el anuncio se subió a la sede electrónica municipal.

El anuncio avanzaba que su contenido se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en la web municipal y se informará sobre esta situación en la próxima sesión plenaria que se celebre en el consistorio.

Los grupos municipales de la oposición -PSOE, Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo y Vox- han reaccionado de inmediato, exigiendo “transparencia” al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) acompañada de la creación de una comisión de investigación que aclare las circunstancias de ese presunto tráfico de influencias que se deduce de la denuncia que la vecina supuestamente afectada ha interpuesto a través de un canal interno.

La reacción de la oposición

Los representantes de los grupos municipales de PSOE y Vox han optado por comparecencias públicas en sendas ruedas de prensa convocadas este mismo jueves, mientras que IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado este cese a través de un comunicado oficial.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Carlos Fernández Llaneza, considera que hay muchas evidencias de la veracidad de esta denuncia ante posibles irregularidades cometidas por el hasta ahora asesor de Urbanismo desde el momento en que el propio alcalde ha procedido a su cese.

La “preocupación” en el PSOE

Fernández Llaneza reconoce que esta denuncia ha causado una “gran preocupación” en su grupo y ha reclamado la “absoluta transparencia” en la investigación interna iniciada sobre la actividad y vínculos del asesor de Alcaldía en la materia y número 15 de su lista electoral, Ignacio Morales.

El portavoz socialista ha explicado que el pasado lunes llegó a la Alcaldía y a los grupos municipales un correo en el que se alertaba de supuestas irregularidades vinculadas a este cargo de confianza de Canteli en el área de Licencias.

Un cese “fulminante”

“Desde el primer momento actuamos con lealtad institucional y trasladamos esta información al secretario general del Ayuntamiento”, ha indicado.

Esa era una noticia que, sin embargo, no cogió sorpresa al secretario general ya que en ese momento ya se tenía conocimiento de los hechos y se había producido una reunión con responsables municipales.

Al término de esa reunión, el alcalde adoptó al decisión del “cese fulminante de su asesor”, al recibir el correo lo que, a juicio de Fernández Llaneza, implica que “es el propio alcalde el que da verosimilitud a la denuncia ciudadana”.

La Junta de Portavoces

Esta mañana se reunía la Junta de Portavoces, donde se aprobaba la apertura de una investigación interna que deberá esclarecer los hechos, por lo que Fernández Llaneza opta por la prudencia hasta ver en qué deriva esta denuncia.

“Somos respetuosos con los procedimientos y será esta investigación la que determine si existen irregularidades”, ha afirmado el portavoz socialista.

“Cuando se produce un cese de forma inmediata, es evidente que algo puede intuirse”, ha dejado su reflexión en voz alta.

Urbanismo, un área “crítica”

Fernández Llaneza ha recordado que el PSOE viene alertando desde hace tiempo “de la situación en Urbanismo”, especialmente debido a la falta de cobertura de la plaza de la dirección general del área.

“Es una situación que nos preocupa, porque Urbanismo es un área crítica en cualquier ayuntamiento y en el último año se han producido ya varias salidas y movimientos extraños, lo que refleja una inestabilidad evidente”, ha advertido.

Además, ha hecho hincapié en un detalle: “el decreto firmado por el alcalde establece claramente el cese de este asesor y no una dimisión”, ha recalcado.

Exigencia de “transparencia”

Su petición de llevar hasta el final la investigación es una exigencia que va acompañada de una reclamación sobre la necesidad de que se haga con “total transparencia por el bien de la institución -ha dicho- y para reforzar la confianza de la ciudadanía, por lo que es imprescindible que se actúe con claridad, rigor y responsabilidad”.

El Grupo Municipal Socialista ha ofrecido su colaboración “con absoluta lealtad” para que se esclarezcan los hechos y se depuren, si procede, “todas las responsabilidades”.

La “sugerencia” para agilizar trámites

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sonsoles Peralta, fue más explícita a la hora de detallar en qué consistió la denuncia por presuntas irregularidades que alertó a la corporación municipal.

Peralta explicó en rueda de prensa que a esta mujer le aconsejaron que se pusiera en contacto con un despacho de arquitectos, porque así era más fácil que su proyecto tuviera prioridad sobre el resto, dado que el hasta ahora asesor en Urbanismo podría facilitar esa gestión.

Una comisión de investigación

“Desde Vox solicitamos la creación de una comisión de investigación sobre el área de Urbanismo y Licencias porque lo que estamos conociendo en los últimos días no se puede despachar con un simple procedimiento. No estamos ante un hecho aislado -ha afirmado-, ya que existe una denuncia que afecta a un cargo de confianza del alcalde”, manifestó la portavoz.

Por su parte, IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado la apertura de una investigación interna como “un paso fundamental para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Garantías y celeridad

El grupo municipal ha remitido a elDiario.es Asturias un comunicado en el que sostiene que “frente a cualquier situación que genere preocupación social, es imprescindible actuar con contundencia, responsabilidad y transparencia, reforzando la credibilidad pública en el correcto funcionamiento institucional”.

Los representantes de IU-Convocatoria por Oviedo muestran su plena confianza tanto en el trabajo de los servicios municipales como en que esta investigación se desarrolle “con la máxima transparencia, garantías y celeridad”, permitiendo conocer con claridad los hechos y, en su caso, depurando todas las responsabilidades que correspondan.

Rigor y ejemplaridad

“Consideramos que el inicio de este procedimiento es el camino correcto y necesario ante unos hechos de especial sensibilidad, tal y como se ha conocido en los últimos días. Entendemos que las instituciones deben actuar con rigor desde el primer momento, activando todos los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido”, inciden en su escrito.

El comunicado concluye dejando constancia de que las instituciones democráticas deben estar a la altura de estas circunstancias, “respondiendo ágilmente con mecanismos eficaces y ejemplaridad, no solo en este caso, sino ante cualquier otro de características similares”.

Asesor y candidato

Ignacio Morales no era solo un asesor más para dentro del equipo del PP. En las últimas elecciones locales, ocupó el puesto número 15 en la candidatura encabezada por Canteli.

Sin embargo, se quedó a las puertas de salir elegido y lograr el acta de concejal, ya que el PP obtuvo 14 concejales.

Segundo cese de un asesor

El cese “fulminante” de Ignacio Morales no ha sido el único. Recientemente también fue cesado Hugo Huerta, exconcejal de Vox, aunque en este último caso su salida del ayuntamiento ha pasado más desapercibida y no estuvo rodeada de especulaciones, ni sospechas públicas.

El exconcejal de Vox había iniciado su trayectoria municipal en 2019 como número dos de la formación liderada entonces por Cristina Coto. Su paso por el grupo municipal estuvo marcado por tensiones internas que le llevaron a abandonar la disciplina del partido en diciembre de 2022, denunciando un “clima insostenible”, para pasar a ser edil no adscrito.

Tras las elecciones de 2023 y la mayoría absoluta del PP, fue incorporado como asesor, consolidándose como uno de los hombres de confianza del alcalde. Su cese ya ha sido formalizado mediante decreto, publicado en la web municipal y pendiente de su traslado al próximo Pleno.

El ovetense Sergio Oceransky es un activista medioambiental que lucha por la justicia climática y defiende los derechos indígenas. Vive en México y recientemente fue detenido en el estado mexicano de Jalisco acusado inicialmente de un delito de extorsión que, en pleno proceso judicial, se sustituyó por un delito de amenazas. Aunque fue puesto en libertad, se le han impuesto medidas cautelares con la obligación de comparecer diariamente en un juzgado.

El propio Sergio desde México y su familia, desde la capital asturiana donde reside, luchan por garantizar su seguridad y limpiar su nombre de cualquier imputación y ante la perspectiva de que se llegue a reactivar un proceso que se paralizó en Yucatán en 2022.

Una detención “arbitraria”

Su hermana Katia ha denunciado su caso en declaraciones a elDiario.es Asturias. Explica que Sergio, que cuenta con una orden de protección federal en México como defensor, fue víctima de una detención que se produjo “arbitrariamente” el pasado 9 de abril en Jalisco (México) y, tras su arresto e incomunicación en dependencias policiales “ignorando su orden de protección”, tuvo una comparecencia ante el juez.

En ese momento, a su hermano le comunicaron la reactivación de un proceso iniciado contra él en Yucatán hace seis años, que estaba paralizado debido a que “los supuestos cargos también carecen de fundamento y cuya reactivación en este momento no es casual”, señala.

Represalias

Sus familiares se muestran muy preocupados porque aseguran que esta situación obedece a las represalias que sufre Sergio por su apoyo a iniciativas comunitarias que han tenido como consecuencia la detención de expropiaciones de tierras y proyectos inmobiliarios, energéticos y avícolas industriales a gran escala, incluido un megaproyecto que actualmente amenaza mil hectáreas de hábitat frágil y zonas de pesca indígenas en Yucatán.

El pasado viernes, en la sede del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) de Guadalajara, en Jalisco, se celebró una rueda de prensa, a la que acudió el activista asturiano, donde se denunciaron los hechos. El encuentro se pudo seguir en streaming a través de redes sociales como Facebook, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Sergio Oceransky lleva décadas trabajando para apoyar a las comunidades en distintos puntos del mundo. En el año 2009 obtuvo una beca de la Fundación Ashoka para continuar su activismo como defensor del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

En 2011, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional se concedió a Bill Drayton, que fundó en 1981 la organización Ashoka. El acta del jurado reflejaba que su papel fue fundamental en el desarrollo del emprendedor social “como motor para la transformación social y económica de los países”.

Apoyo a las comunidades mayas

En los últimos años, Sergio Oceransky ha centrado su apoyo en las comunidades mayas en su lucha contra la explotación.

“A medida que sus objetivos han ido incluyendo una serie de megaproyectos corporativos, se ha convertido en blanco de una creciente ola de acoso, amenazas, campañas de desprestigio e incluso intentos de criminalizar su labor, lo que culminó en su detención”, manifiesta su entorno más cercano.

La amenaza de desahucio que pesaba sobre un matrimonio y su hija de seis años en Oviedo/Uviéu se ha consumado este martes. Las movilizaciones que venía llevando a cabo el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias para evitar el desalojo de Desirée Iglesias López y su familia no surtieron efecto y esta mañana, a partir de las 9:30 horas, la familia abandonó la vivienda.

Una comisión judicial se desplazó hasta el barrio de Las Campas para ejecutar la orden de desahucio y la familia tuvo que dejar el piso en el que han residido en los últimos seis años ante la falta de acuerdo con el propietario para acomodar el pago del alquiler a su actual situación económica.

Agentes de la Policía Nacional estuvieron presentes durante el desalojo para evitar posibles incidentes ante la concentración convocada por el sindicato como muestra de apoyo a la familia.

La situación económica

El marido es empleado de una empresa de comida rápida, y tiene un sueldo que oscila entre los 750 y 950 euros. Según su relato, Desirée perdió el empleo en 2025, momento en el que dejaron de pagar el alquiler al no poder sufragar todos los gastos con el único sueldo que entraba en el domicilio.

Actualmente ella cobra 320 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento al sueldo de su pareja.

La concentración

La familia ha intentado pagar de nuevo la renta y los suministros, pero el propietario de la vivienda ha cerrado las cuentas en las que habitualmente hacían los ingresos, según sostienen representantes del sindicato.

Desde primera hora de hoy se han ido concentrando a las puertas del edificio vecinos y miembros del sindicato, siguiendo la convocatoria que habían realizado a través de las redes sociales y con la difusión de carteles anunciando la protesta, como se aprecia en la siguiente imagen.

La vulnerabilidad

“La jueza ha dictaminado el desahucio obviando a la menor, de 6 años, y el informe de servicios sociales sobre la vulnerabilidad de la familia debida a esta circunstancia”, explican desde el sindicato.

El piso está ubicado en el número 9 de la calle Proaza, en Las Campas, el barrio ovetense donde está escolarizada la menor que, según el matrimonio, desconocía hasta ahora que ya no podrían seguir viviendo ahí.

Sin fecha para otro desalojo

El caso de Desirée Iglesias López no es el único. El movimiento sindical también ha denunciado el caso de Adoración Gabarre, 'Dori'. Esta vecina del barrio gijonés de Contrueces vive con sus hijos. Ya ha recibido la comunicación de desahucio, aunque está a la espera de la fecha del lanzamiento y, actualmente, espera recibir el informe de vulnerabilidad.

Dori tiene solicitada una vivienda de emergencia desde hace ya seis años, cuando se produjo el primer intento de desahucio, pero hasta la fecha no se la han concedido y sigue en lista de espera.

Su caso se ha ido paralizando debido a la moratoria antidesahucios pero, tras la caída de la misma en febrero, se ha reactivado. Se ha reunido recientemente con el gerente de Envisa que, según la información aportada por el sindicato, tampoco le ha dado ninguna solución y se ha reiterado en que “no hay viviendas”.

Un tercer caso

Hay otro tercer caso de una familia monomarental que vive en Gijón y que fue víctima de violencia machista. En su caso, la mujer tiene un hijo que es menor de edad.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha corroborado que continuará apoyando a todas estas familias afectadas por una amenaza de desalojo en su defensa al derecho a una vivienda digna.

La experiencia vital de los jóvenes ovetenses Miguel Ferrer y Miguel Solís podría ser el guion perfecto para rodar una película o el argumento para escribir un libro de cómo la pasión que ambos sienten por el skate ha sido capaz de mejorar la calidad de vida de la población de Konso, un pueblo del sur de Etiopía declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Su historia personal está alejada de cualquier proyecto de ficción. Estos dos amigos asturianos han enganchado a su afición por el monopatín a menores, jóvenes y adultos y han conseguido además que niños y niñas que viven en la calle puedan ir a la escuela que han levantado gracias a las campañas de recaudación de fondos que realizan a través de la asociación sin ánimo de lucro que han creado: Skate Like Lion.

La llegada a Konso

A continuación, reproducimos un vídeo donde Miguel Ferrer relata cómo surgió esta iniciativa y cómo han llegado al corazón de los miembros de la población de Konso que no solo se han convertido en grandes skaters, sino que además esperan siempre con ilusión la visita de los dos jóvenes emprendedores asturianos.

Su proyecto surgió cuando conocieron, de primera mano, las necesidades de la comunidad. Construyeron un skatepark por la falta de acceso al deporte, ocio y superación de los jóvenes.

“Apoyamos a niños que vivían en la calle para que tengan las necesidades básicas y acceso a la educación”, explica.

De la idea a la práctica

Con su asociación Skate Like Lion, estos dos jóvenes emprendedores de 28 años han construido una escuela primaria en colaboración con la comunidad. En el último viaje que han realizado, además de llevar material, han empezado a grabar un documental para dar visibilidad al proyecto y a la comunidad de Konso.

“Hemos materializado esta idea gracias a donaciones de personas y pequeñas empresas -comenta- así como con voluntarios en España y Etiopía”.

Para mayor transparencia, Miguel Ferrer y Miguel Solís cuentan a qué va destinada cada partida en función de las necesidades que se van constatando y que pueden comprobarse a través de este link: https://coral.to/c/gastos-urgentes-skate-like-lion-marzo-2026. Para cualquier consulta, ayuda o colaboración facilitan también el correo electrónico de contacto: skatelikelion@gmail.com

Espíritu solidario y viajero

Cuando Miguel Ferrer, conocido como 'Sega', comentó a sus amigos de la infancia de la urbanización de La Fresneda (Siero) que tenía pensado viajar a Etiopía porque había un terreno donde iba a montar un skatepark, a nadie le sorprendió excesivamente por su espíritu solidario y viajero.

El proyecto comenzó a pergeñarse en el verano de 2017 cuando Miguel Ferrer viajó a Etiopía con su amigo Miguel Solís, 'Maik'.

La tribu de Nyangatom

En aquella fecha tenían 21 años. Durante dos semanas ambos colaboraron con una misión en la tribu de Nyangatom, al sur del país.

“En el trayecto de vuelta, una persona que se sentó a mi lado me preguntó por qué había ido Etiopía. Nunca había visto un Skateboard, por lo que al enseñarle un video, se fascinó y me prometió que conseguiría una tierra en su pueblo para construir un skatepark”, explica 'Sega' a elDiario.es Asturias.

El terreno

Seis meses después visitaron Konso, introdujeron el skate y conocieron a Bereket, un guía turístico que hablaba perfectamente inglés, al que le apasionó la idea y conectaron hasta el extremo de que, en la actualidad, son íntimos amigos.

Este guía les puso en contacto con la Konso Development Association, una asociación local que también les facilitó la posibilidad de conseguir un terreno.

Los niños crearon sus propios skates

“A los niños de Konso les entusiasmó la idea, incluso inventaron skates hechos a mano por ellos mismos. Esto reforzó el motivo del proyecto, la necesidad de dar accesibilidad al deporte, ocio y superación de los jóvenes”, dice tan entusiasmado como ellos 'Sega'.

Los dos 'Migueles' ya estaban más que motivados para materializar la idea y el siguiente paso fue buscar una denominación para la asociación y luego ya todo fue sobre ruedas: crearon una página web y una cuenta bancaria.

La recaudación de dinero llegó a través de donaciones de personas y pequeñas empresas, así como realizando eventos y vendiendo merchandising.

Cubrir las necesidades básicas

Una vez que ya tenían claro que iban a apostar por la población de Konso, Sega y Mike empezaron a mover los hilos para que la idea cogiera forma. Contactaron con Caribú, un grupo de constructores de skatepark artesanales de Mataró, Barcelona que se ofrecieron para diseñar y construir el skatepark.

“En septiembre de 2018, gracias a las donaciones y al duro trabajo de voluntarios conseguimos terminar la segunda parte del skatepark”, ratifica este joven emprendedor asturiano.

La promesa de “ir a la escuela”

Durante la construcción del skatepark muchas personas de Konso ayudaron como pudieron. Entre ellas había ocho niños de entre 5 y 7 años que vivían en la calle, por la adicción, falta o discapacidad de sus familiares.

Tras terminar la construcción, les comenzaron a apoyar con las necesidades básicas que precisaban gracias a donaciones mensuales que recibieron, con la promesa de que irían a la escuela. Ocho años después, continúan apoyando a cuatro de ellos, ya que el resto no continuaron yendo al colegio.

A comienzos de 2023 se comenzó a construir una escuela primaria justo al lado del skatepark gracias a las donaciones y trabajo voluntario de la comunidad del skatepark llamada Millenium.

La colaboración de la comunidad

“Esto se debe a la preocupación de los vecinos ya que sus hijos tienen la necesidad de cruzar solos la ciudad hasta llegar al colegio. Hasta ahora estamos apoyando la escuela comprando materiales de construcción mientras que la mano de obra es voluntaria por los mismos vecinos”, describe.

Actualmente han terminado la construcción del primer edificio en el que hay 5 clases y que cuenta con 265 alumnos entre 5 y 13 años. Las clases se encuentran saturadas y cada vez es mayor la demanda de número de alumnos por lo que se necesitan construir nuevas aulas“, corrobora Miguel Ferrer.

En febrero de 2024 volvieron a Konso y terminaron la segunda parte del skatepark gracias a las donaciones que recibieron y voluntarios de Caribú y Ethiopia Skate. 

Lo que empezó siendo una idea de dos jóvenes de 21 años continúa adelante en 2026. El pasado mes de marzo, continuaban creando un sistema de organización de material para que el mayor número de niños tengan acceso al Skateboard.

Profesores nativos enseñan Skateboard

“De lunes a viernes por la mañana, la profesora de educación física se ofreció a enseñar Skateboard en sus clases. Por eso, le dimos las instrucciones básicas para que inicie a los alumnos. Por las tardes y el fin de semana, estamos organizando un horario para que los niños a los que ayudamos desde hace años tengan la responsabilidad de repartir el material y organizar el espacio, con la supervisión de Bereket”, señala este joven emprendedor.

Miguel Ferrer y Miguel Solís son muy queridos en Konso, donde la población es muy agradecida. No solo por adentrarles en el mundo del skate, del que ya menores, adolescentes y adultos son grandes apasionados, sino que además son el ejemplo de que la solidaridad y empatía no solo mueve grandes montañas, sino que además un monopatín ha sido capaz de sacar a niños y niñas de la calle, a descubrirles la importancia de ir a la escuela y ha unido ya para siempre a Asturias y a Etiopía.

Mejorar la calidad de vida

Las personas que puedan estar interesadas en apoyar para que esta iniciativa crezca aún más y mejore la calidad de vida en Konso puede ponerse en contacto con estos jóvenes emprendedores, bien para aportar donaciones o para escuchar ideas que puedan ser útiles para desarrollar en este pueblo etíope.

La asociación tiene abierto un perfil oficial en redes sociales: en Instagram (https://www.instagram.com/sk8likelion/), en Facebook (https://www.facebook.com/sk8likelion/?locale=es_ES).

En una sentencia, no exenta de polémica, la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a uno de los dos miembros de la Policía Local de Oviedo que fueron juzgados, el pasado mes de diciembre, acusados de un delito de lesiones tras protagonizar un incidente, el 24 de junio de 2022, con dos estudiantes de Medicina.

Los dos jóvenes se encontraban, en una zona apartada, en el interior de su coche y se dieron a la fuga cuando los acusados se acercaron a su vehículo para pedir la documentación. Ninguno de los dos policías iba uniformado y se habían desplazado a la zona en un coche camuflado.

Casi cuatro meses han transcurrido desde que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró visto para sentencia el juicio hasta que se ha hecho pública la resolución judicial.

Un voto particular

Las diferencias de valoración de la prueba entre las tres magistradas que integran el tribunal se han visto reflejadas con la emisión de un voto particular de una de ellas que se inclinó hacia la absolución de ambos policías.

El voto particular responde a la percepción de la magistrada de que la actuación del policía ahora condenado no fue dolosa y que su intervención se produjo ante la creencia de que su compañero -que resultó absuelto- corría un riesgo inminente de atropello tras haberle pasado por encima de un pie el coche de las víctimas al emprender la huida.

Sin uniforme y en coche camuflado

La sentencia da veracidad a la versión de las víctimas que sostenían que no habían identificado a los acusados como policías al ir vestidos sin uniforme y en un coche camuflado, sin distintivos oficiales.

La resolución judicial declara probado que, el 24 de junio de 2022, los dos policías llegaron a las nueve de la noche hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de La Florida, en la capital asturiana, y vieron el coche de la pareja que estaba estacionado.

Creyeron que no eran policías

Tras bajarse del coche, los policías se dirigieron a pie hasta el lugar donde se encontraban los estudiantes y el acusado ahora condenado le pidió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse.

Sin embargo, el conductor al desconfiar de que se tratara de agentes de la autoridad y al sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, “arrancó el coche y realizó una maniobra de huida”.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los policías, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo: dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera”, según se recoge en la sentencia.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante llamaba al 112 para relatar lo ocurrido y pedir auxilio.

La detención

Los agentes persiguieron a la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde el policía que resultó absuelto detuvo al joven “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarr” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla“, continúa la resolución judicial.

Las lesiones

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

Durante el juicio, los jóvenes reiteraron que en varias ocasiones pidieron perdón a los policías por haber huido, una vez que se enteraron que sí pertenecían a la Policía Local.

Ambos alegaron que la confusión se había debido a no ir identificados como policías cuando les requirieron la documentación, de noche y cuando estaban “en un lugar tranquilo al que habían ido en otras ocasiones”.

La proporcionalidad

La sentencia es condenatoria para uno de los dos policías por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja y que, según el tribunal, tuvieron su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra su coche.

El agente que detuvo al conductor ha sido absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.

 El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles una proposición del Partido Popular (PP) que proponía un paquete de medidas económicas para paliar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa popular, que ha contado con el apoyo de Vox y Foro y el rechazo de PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, se ha debatido y votado en una sesión plenaria en la que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que su Gobierno va a aprobar el “aplazamiento, fraccionamiento y flexibilización” del pago de tributos autonómicos.

Las propuestas del PP

La proposición del PP planteaba reforzar la actual línea extraordinaria de avales articulada por Asturgar, incrementando su dotación y orientándola a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Asimismo, pedía una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas y apostaba por establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos autonómicos para pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, del combustible y del transporte.

Los tramos autonómicos del IRPF

Por otro lado, planteaba deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y aprobar bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que inciden directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

En la defensa del texto, el diputado del PP Andrés Ruiz ha acusado al Gobierno del Principado de “inacción” al tiempo que ha calificado el anuncio de Barbón en la sesión plenaria de una “copia” de la propuesta popular.

Otras críticas

Vox, que ha apoyado la proposición, ha criticado que la única medida puesta en marcha en el Principado sea una línea de avales de cinco millones de euros en un momento en que “la retracción de la renta disponible de los hogares y la demanda interna puede afectar al crecimiento de la economía”.

Por su parte, Pumares, que también ha respaldado la iniciativa, ha afeado al Ejecutivo autonómico que anuncie sus medidas “a cuentagotas a ver si parece que son más”.

Rechazo de PSOE, IU y Tomé

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el PP “va tarde con su propuesta” y que el Gobierno del Principado ya ha diseñado actuaciones que complementan las impulsadas por el Ejecutivo central, según Ana Isabel Puerto.

Convocatoria por Asturies-IU también ha rechazado la iniciativa popular “por lo que propone y cómo lo propone” y al señalar que una parte de esas medidas ya estén en marcha, otras están previstas y el resto son el “catecismos económicos de siempre”, esto es, “bajar impuestos, aunque beneficie más a quien más tiene”.

Para Tomé, la proposición del PP “no se sostiene una vez más” y es “injusta, regresiva y no diferencia por niveles de beneficios”. 

Un conductor drogado puso en grave riesgo la circulación en la autovía A-63 de Oviedo a La Espina al circular en sentido contrario durante tres kilómetros hasta que logró ser interceptado por los agentes de la Guardia Civil de Asturias. El hombre, de 54 años, es reincidente en delitos contra la seguridad vial, ya que en otra ocasión fue denunciado por efectivos de la Zona/Comandancia de Asturias por conducir bajo los efectos de la cocaína.

Los hechos por los que esta segunda vez ha sido denunciado ocurrieron a principios de este mes, si bien se han conocido este martes una vez concluidas todas las diligencias de investigación.

Las llamadas de alerta

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias inició las actuaciones contra el conductor, que reside en el concejo ovetense, por su presunta autoría en delitos contra la seguridad vial en sus modalidades de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La detección del conductor se produjo de madrugada, a raíz de que otros conductores que se cruzaron en su trayectoria llamaran por teléfono al Centro Operativo de Tráfico (COTA) donde comunicaban que había un vehículo circulando por la A-63 en sentido contrario.

Las pruebas

Según los datos recopilados por la Guardia Civil, el conductor había accedido a la autovía A-63 a la altura del kilómetro 4,000, en las proximidades de Oviedo, en sentido contrario. Durante el trayecto recorrió aproximadamente tres kilómetros.

Una patrulla de vigilancia de carreteras del Destacamento de Tráfico de Oviedo interceptó el vehículo y los agentes comprobaron que el conductor presentaba signos externos compatibles con el consumo de sustancias.

La prueba indiciaria de detección de drogas en saliva arrojó un resultado positivo en cocaína, confirmado posteriormente por el laboratorio de referencia, mientras que la prueba de alcoholemia realizada en el lugar resultó negativa.

Un conductor reincidente

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) con base en Oviedo instruyó las diligencias y las remitió a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo.

El conductor ya había sido investigado en otra actuación del Sector de Tráfico, tras arrojar resultado positivo en cocaína, según ha confirmado la Comandancia asturiana.

Los delitos

El delito de conducción temeraria trae acarreadas penas de seis meses a dos años de prisión y privación del derecho a conducir de uno a seis años,

El delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de bebidas alcohólicas conlleva penas de tres a seis meses de prisión; multa de seis a 12 meses; trabajos en beneficio de la comunidad que se mueven en una horquilla de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Los inquilinos que residan en una vivienda pública y se encuentren en una situación vulnerable económicamente no serán desahuciados. Es el compromiso que ha adquirido este jueves la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales de Asturias y que viene a ratificar uno de los principales objetivos que el consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), anunció dentro de sus prioridades para llevar adelante esta legislatura.

La jefa de gabinete de la consejería, María Miranda, que es a su vez secretaria de organización de IU, ha sido la encargada de trasladar un mensaje de tranquilidad tras la denuncia pública realizada por el Sindicato de Inquilinas e Iquilinos de Asturias al exponer el caso de dos nuevos desahucios que se han activado en Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón y que vienen a sumarse a otros tres casos que habían denunciado con anterioridad.

Los casos denunciados

Estos dos nuevos casos afectan a una familia de escasos recursos económicos que actualmente reside en la capital asturiana y a otra familia monomarental que fue víctima de violencia machista y vive en la Villa de Jovellanos.

Sin embargo, desde el Principado se puntualiza que dos casos a los que alude el sindicato corresponden a inquilinas de vivienda privada, por lo que no se trata de situaciones gestionadas directamente en el parque público.

El seguimiento

No obstante, la consejería ha matizado en un comunicado oficial que la empresa pública Vipasa no se ha desentendido en ningún momento de estas familias ya que, según afirma, ha orientado a las afectadas, les ha informado de los recursos disponibles a su alcance y está realizando un seguimiento continuo de su situación.

En cuanto a un tercer caso denunciado por el sindicato, el Principado advierte de que se encuentra actualmente en manos de los profesionales de los Servicios Sociales, dado que se trata de una situación que desde la consejería se califica como “de gran complejidad” y que requiere una intervención especializada e integral.

El compromiso

En cualquier caso, María Miranda ha garantizado que no habrá desahucios en el parque público de vivienda y ha apelado a la importancia de mantener la confianza en los servicios sociales.

“Insistimos en que nadie será desahuciado de una vivienda pública por motivos económicos, ese es el compromiso firme del Gobierno de Asturias”, ha reiterado.

Los recursos públicos

María Miranda ha abogado por actuar con tranquilidad ante este tipo de intervenciones: “Pedimos respeto y que se deje trabajar a los grandísimos profesionales de los servicios sociales asturianos, que son quienes deben liderar este tipo de procesos. Confiamos plenamente en su criterio y en la labor que desarrollan cada día con las personas más vulnerables”, ha señalado la jefa de gabiete.

La consejería ha reiterado su compromiso con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y con el fortalecimiento de los recursos públicos para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Un encierro

Por otro lado, representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias acudieron ayer, miércoles, junto a varias de las familias afectadas por los desahucios, a la sede en Oviedo de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), la empresa que gestiona el parque público de viviendas de la comunidad autónoma asturiana desde el año de su fundación, en 1991.

Su intención era exigir la paralización de los desahucios y lograr “una solución habitacional inmediata”. Según confirmaron miembros del sindicato, en un principio los responsables de la entidad se negaron a atenderlos, por lo que decidieron encerrarse en las instalaciones hasta que fueran recibidos y escuchados por alguien de la organización.

La paralización de los desahucios

“Hubo silencio por parte de VIPASA hasta pasadas las dos de la tarde cuando fuimos recibidos por una responsable, con la que pudimos mantener un encuentro durante unos minutos y exponer la situación y sus demandas. Tras esto, decidimos aplazar el encierro”, aseguraron.

En ese momento, los representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias manifestaron su intención de acudir hoy, jueves, a la Consejería de Vivienda para seguir demandando la paralización de todos los desahucios; lo que ha llevado a la jefa de Gabinete a trasladar su mensaje de tranquilidad y a pedir que se deje trabajar a los servicios sociales.

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, está reforzando su equipo directivo con fichajes de perfiles más técnicos que políticos. Sus dos últimas incorporaciones han sido las del exrector y exgerente de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor y José Antonio Díaz-Lago, respectivamente.

Sus nombres han sido aprobados en el Comité Ejecutivo Autonómico, celebrado ayer lunes en Oviedo, donde el partido esbozó las principales líneas de actuación con el horizonte de la cita electoral de 2027.

Plan de actuación

Al margen del tema interno de las personas que integran su equipo, Queipo ha defendido la “necesidad urgente” de aplicar un plan de actuación ante la situación generada por el conflicto en el Oriente Próximo.

El líder del PP considera que este plan debería contener las medidas necesarias para proteger el poder adquisitivo de las familias asturianas frente al impacto de la inflación y apoyar a las empresas asturianas ante el aumento de los costes energéticos, logísticos y financieros.

La renovación

El Comité Ejecutivo Autonómico del PP dio el visto bueno ayer al fichaje de Vicente Gotor, que estuvo al frente del Rectorado entre los años 2008 y 2016, y de José Antonio Díaz-Lago, que ha sido gerente universitario en dos etapas: entre los años 2000 y 2008 y desde 2022 hasta diciembre de 2025.

Díaz-Lago asumió la Dirección General de Economía en el Gobierno del presidente Sergio Marqués. El PP le ha designado para estar al frente de la Vicesecretaría de Hacienda y Sector Público.

Con estos dos fichajes, el Comité Directivo del PP de Asturias completa la renovación iniciada tras cerrar el periodo de congresos locales.

Las incorporaciones

Hace un mes, el PP acordó la creación de otras dos nuevas vicesecretarias, las de Ordenación Territorial e Interior y la de Empresas y Autónomos para las que fueron designados Eloy Alonso y Celia Fernández.

Además, se incorporaron al Comité Directivo, entre otros, el concejal de Infraestructuras de Oviedo Nacho Cuesta (Secretaría de Concejos) y el diputado popular José Luis Costillas (Formación), ambos procedentes de Ciudadanos.

Las medidas

Por otro lado, en este Comité Ejecutivo Autonómico se analizaron las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra.

Queipo considera que sería necesario incrementar la dotación de la actual línea extraordinaria de avales y orientarla, preferentemente, a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Las ayudas

Además, el PP se muestra partidario de poner en marcha una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas afectadas por la actual inestabilidad geopolítica, destinada a compensar sobrecostes logísticos y gastos vinculados a la apertura o consolidación de mercados alternativos.

Otra medida propuesta por el líder regional del PP es establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos de derecho público autonómicos.

Las bonificaciones

Entre sus propuestas también figura la aprobación de bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que incidan directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos, en particular las vinculadas al transporte por carretera, la ganadería, las industrias agroalimentarias y forestales, los servicios agronómicos, la pesca marítima y la depuración de moluscos.

Queipo aún apuntó otra quinta medida al abogar por deflactar un cinco por ciento los tres primeros tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, actualizando igualmente los límites y cuantías de las deducciones autonómicas, con el fin de evitar incrementos de tributación derivados exclusivamente de la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias asturianas.

Las críticas

Sin embargo, no se limitó a proponer medidas, sino que además tuvo tiempo para censurar la labor del Gobierno regional. Así, acusó al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de llevar “siete años de fracasos, de burocracia e impuestos excesivos, de empresas y autónomos asfixiados, de listas de espera sanitarias y fracaso en la dependencia; Asturias se ha quedado cada vez más atrás”, explica el PP en un comunicado oficial difundido al término del Comité Ejecutivo Autonómico.

En ese contexto, Queipo expuso que el PP es la alternativa al gobierno de Barbón: “Es la alternativa que Asturias está esperando, de la gestión frente al desgobierno, de las propuestas frente al ruido. Somos la alternativa de quienes madrugan, trabajan, emprenden, sacan a su familia adelante, quieren quedarse aquí o quieren poder volver”, añadió.

La alternativa al PSOE

El líder regional del PP aún tuvo un mensaje dirigido a los integrantes de su partido al pedirles “una presencia extra en la calle y una escucha activa”.

Estas dos peticiones van encaminadas a la recogida de iniciativas de la ciudadanía que permita al partido “seguir perfilando propuestas y soluciones a los problemas de los asturianos, como nuestra propuesta de reforma fiscal, nuestra ley de vivienda, nuestra ley de reducción de la burocracia, y también nuestras propuestas para reducir las listas de espera y la defensa y promoción de Asturias y nuestra cultura”, ratificó Queipo.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este viernes a la sección de instrucción del tribunal de instancia de la capital asturiana, plaza número uno, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos, tres de ellos en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón y un cuarto en Llinás del Vallés (Barcelona), por la muerte violenta de Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', en un ajuste de cuentas por narcotráfico, ocurrido en Lugo de Llanera, en enero de 2025. 

El Ministerio Fiscal considera que en un principio los hechos son constitutivos de un delito de asesinato cometido por organización criminal, por lo que se podría condenar a los detenidos a la pena de prisión permanente revisable.

Riesgo de reiteración delictiva

El Ministerio Fiscal ha interesado la medida cautelar de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos, y al considerar que existe riesgo de fuga o de sustracción de la acción de la Justicia y de reiteración delictiva. 

Los cuatro detenidos en Oviedo, Gijón y Llinars del Valles (Barcelona) han pasado esta mañana a disposición judicial. La causa ha sido asumida por la plaza número 1 de Instrucción de la capital asturiana.

El quinto detenido es el sicario que, según la Guardia Civil, aceptó el encargo de asesinar a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, que fue arrestado en la ciudad francesa de Orleans, y será extraditado a España en las próximas semanas.

Una emboscada

'El Panameño' murió asesinado a tiros, el 26 de enero de 2025, tras caer en la emboscada que le tendió la organización de narcotráfico de origen dominicano con la que tenía contraída una deuda que no había devuelto. Según fuentes de la investigación, se habría apoderado de unos 14 kilogramos de cocaína de la red en uno de los trabajos que había realizado para la banda.

El asesinato se produjo en las inmediaciones de la localidad de Lugo de Llanera. Según el relato de la Guardia Civil, la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo, en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera, cuando tuvo que bajarse del coche para comprobar un aparente pinchazo en una rueda.

Los testigos

Seguidamente, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia y en ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto. Los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

En los registros efectuados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 34 kilogramos de hachís.

La colaboración

La operación policial, bautizada como 'Filbanks' ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Asturias, con el apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIMl.

En esta intervención también se ha contado con la colaboración de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

El matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen 9 años y un niño de 11, entre las cuatro paredes de su domicilio ubicado a las afueras de Oviedo, durante cuatro años, ha aprovechado el turno de última palabra en el juicio que les ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias.

En su alegato final, la pareja ha admitido que su conducta “era anómala”, pero justifica que su comportamiento se debía a que sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

El matrimonio se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Principado y la administración de Justicia para ayudar a reconducir esta situación y a recuperar alguna vez el vínculo paternofilial.

Es su máxima aspiración ahora que su único contacto con sus hijos se limita a media hora un día a la semana por teléfono y ante la gravedad de la petición de condena a la que se enfrenta, ya que las acusaciones –pública y particular– solicitan la imposición de sendas condenas para cada cónyuge de 25 años y cuatro meses de cárcel.

Declararon en inglés

“Querían lo mejor para ellos”, han trasmitido los acusados, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, en unas declaraciones efectuadas en inglés al traductor que se las iba relatando en castellano a los magistrados de la Sección Segunda que este jueves han dejado el juicio visto para sentencia en la cuarta jornada de la vista oral.

Esta era la ocasión en la que el matrimonio ha podido hablar directamente de sus sentimientos, sus emociones y sus reacciones a lo largo de estos cuatro años –desde 2021 a 2025– en que se autorrecluyeron en el chalé situado en la zona rural de la capital asturiana haciendo solo vida de puertas para adentro.

Una compleja situación personal y familiar después de la sorpresa que les produjo a todos los miembros de la familia la entrada en la vivienda de los agentes de la Policía Local de Oviedo, el pasado 28 de abril, para liberar a los menores, la detención, posterior ingreso en prisión de los padres y el internamiento de los niños en un centro de menores de la administración del Principado.

Los delitos imputados

Por ello, la pareja ha aprovechado el turno de última palabra una vez que ya han escuchado, dentro de la sala de vistas, todas las manifestaciones de las partes, las declaraciones de los testigos y las periciales psiquiátricas.

Unas palabras que han dirigido al tribunal que a partir de ahora tiene en su decisión su futuro más inmediato. Los magistrados tendrán que deliberar entre dos horquillas muy amplias. Si atienden a las tesis de la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce que ejercita la acusación particular, que solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal o si se decantan por la versión de las defensas que interesan la libre absolución.

No estaban escolarizados

La Fiscalía suma a la petición de cárcel el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los niños por los daños morales ocasionados y pide que a los padres se les prohíba aproximarse a los menores y se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

La vía legal

Por su parte, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que lleva la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representa a Christian S., piden la absolución.

A lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado en la Audiencia Provincial de Asturias, los letrados defensores han reiterado que, en su opinión, los acusados nunca tuvieron que ser juzgados por la vía penal y se decantan por la vía asistencial como la mejor opción para abordar esta compleja situación.

Los dos acusados permanecen actualmente en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención y a esta cárcel han acudido a lo largo del año que llevan presos sus abogados defensores. En sus entrevistas con sus representados y en las visitas que han realizado al chalé donde residía la familia y que ha sido bautizada como 'la casa de los horrores' por los agentes de la Policía Local de Oviedo que intervinieron en el operativo pudieron comprobar que es una familia que “es normal, pero tiene un comportamiento que es anómalo y que responde a ese miedo insuperable al Covid”.

“No hay casa de los horrores”

En todas las ocasiones en las que las defensas han comparecido a las puertas de la sede judicial han transmitido a los medios de comunicación que esta denominación es además de incorrecta, injusta puesto que dicen que no se ajusta a su percepción.

A juicio de las defensas, la descripción de los agentes de que los niños vivían en una casa llena de “escombros y excrementos” no se corresponde con la realidad y en ningún caso, según su tesis, eso debería jugar en contra del matrimonio en un juicio penal, porque alegan que ellos no abandonaron a sus hijos y suplían su escolarización con el aprendizaje que seguían en la vivienda.

Juicio a puerta cerrada

No obstante, las defensas han querido ser cautas y no realizar declaraciones textuales de las manifestaciones que se producían dentro de la sala. Los letrados han reconocido a elDiario.es Asturias que han recibido un apercibimiento por parte del tribunal para que no realicen declaraciones al haber acordado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, siguiendo así el criterio solicitado por la Fiscalía.

Por ello, este jueves se han limitado a señalar que confían, al igual que sus patrocinados, en que la sentencia que se dicte sea conforme a las peticiones de las defensas y que “este asunto por fin se reconduzca, de donde nunca debió salir, que es del ámbito asistencial o de ayuda de los servicios sociales”.

“Tuvieron decisiones erróneas”

“Nuestra defensa siempre ha sostenido –han afirmado– que esta es una familia normal en circunstancias anómalas y extraordinarias. Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”.

El patrón no era el de una familia “socialmente adaptada”, un extremo que no se ha debatido desde el principio. Durante el juicio, el matrimonio ha incidido en que quiere recuperar el hilo con sus hijos, siempre bajo supervisión de quien tiene la tutela actualmente, que es el Principado de Asturias y ese tema, según las defensas, tampoco se ha puesto en duda.

“La etiqueta es estigmatizante”

“Su actuación siempre ha ido en interés de los menores y, aunque desde fuera quizá se ve extraño -aseguran- los que conocemos todo lo que ha sucedido y hemos visto la casa, sabemos que no se trataba de una casa de los horrores, una etiqueta que no compartimos y nos parece estigmatizante e injusta”.

Los abogados defensores confían en que su tesis absolutoria prevalezca en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Asturias y esperan que la resolución sea “mesurada, moderada y conforme a derecho” y sobre todo que se pueda poco a poco ir recuperando la relación paternofilial.

Sin salida

“Realmente los padres se vieron inmersos en una bola de nieve y no supieron buscar una salida”, concluye.

Ahora, su futuro depende de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que emitirán la sentencia en los próximos días.

Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, fue asesinado el año pasado en la localidad asturiana de Lugo de Llanera cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

El vehículo que conducía la víctima había sido manipulado para que una organización criminal, con la que mantenía una deuda por narcotráfico, pudiera seguirlo en todos sus movimientos a través de un localizador. Las informaciones a la banda habían sido aportadas por sus propios amigos. Cinco personas, entre ellas el autor material del asesinato, han sido detenidas en las últimas horas.

Las amenazas

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico está detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a la organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda. No hubo un cuarto trabajo.

Las amenazas que había recibido le habían llevado a huir de Asturias. Se refugió en Cádiz, pero la citación para personarse en un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico, en la comunidad autónoma asturiana, le hizo regresar. Su vuelta al Principado fue aprovechada por la organización para cumplir sus amenazas y asesinarle.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

Un sicario y cuatro cómplices

El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 y, tras una exhaustiva investigación, una operación policial ha permitido desarticular a la red y detener a cinco personas, entre las que figura el sicario.

La operación policial, bautizada con el nombre de 'Filbanks' ha sido desarrollada por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Arrestos simultáneos

Los investigadores han logrado esclarecer el crimen con las cinco detenciones practicadas en las últimas horas y que han culminado en la madrugada de hoy. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, los arrestos se han realizado de forma simultánea en registros domiciliarios llevados a cabo en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón, en Llinars del Valles (Barcelona) y Orleans (Francia). En los registros practicados, los agentes se han incautado de 34 kilogramos de hachís.

Un crimen planificado

El crimen, que desde el inicio presentó signos de planificación, fue ejecutado por un sicario contratado por la organización criminal asentada en Asturias y vinculada principalmente con el tráfico de drogas. El autor material se desplazó desde Francia para cometer el asesinato y abandonó inmediatamente España una vez cometido.

Según el relato de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2025 cuando la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera.

Una rueda rajada

“Tras sufrir un aparente pinchazo en la rueda del vehículo, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto”, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Seguidamente, los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

Un localizador en el vehículo

Las primeras investigaciones realizadas por los agentes pusieron de manifiesto que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

“Los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga”, señala la Guardia Civil.

Una deuda que, según fuentes cercanas a la investigación, estaba detrás de la huida de 'El Panameño' al sur del país al haber sido amenazado de muerte en caso de impago de la deuda.

La 'ayuda' de los “amigos” de la víctima

A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo como en el entorno más cercano de la víctima. Los agentes fueron identificando al grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato.

Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por un sicario contratado para llevar a cabo el crimen.

La huida a Francia

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave, según ha corroborado la Guardia Civil, al facilitar los medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionar todo lo necesario para trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen, en Francia.

Para los investigadores, el hecho de que el autor material procediera de otro país fue una dificultad añadida para su control a través de seguimientos, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente.

La colaboración internacional

La investigación realizada por los agentes ha permitido identificar a los implicados, conocer su grado de participación y localizar sus domicilios para ser detenidos.

En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país, según ha resaltado la Guardia Civil.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIM. Ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo y la Fiscalía.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, a una pena de ocho años de cárcel y a su inhabilitación absoluta para contratar con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años, ha emitido un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que no concurren motivos de “equidad, justicia o conveniencia” que hagan aconsejable su concesión.

La fuga, penaliza

Eldiario.es Asturias ha accedido al informe donde la Sala estima que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debe jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia.

En este informe, el tribunal se opone a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”.

Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal.

“No cumple los requisitos de la ley”

La Fiscalía argumenta que Natalio Grueso no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto.

Entre otras razones, aduce que no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

La huida del país

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario.

Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión.

Busca y captura

En la causa consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones.

“En el Procedimiento Abreviado se dictó con fecha 14 de septiembre de 2018 auto acordando su prisión provisional comunicada y sin fianza ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio, habiendo estado privado de libertad desde el 18 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2018”, señala la Audiencia Provincial.

“En ejecución de sentencia se emitió orden requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión con fecha 9 de agosto de 2023 para la ejecución de la pena privativa de libertad. Dicha orden -añade- se mantuvo en vigor hasta la detención del penado por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega, y su puesta a disposición de las autoridades españolas”.

Localizado y detenido en Portugal

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

La duda se resolvió el pasado mes de diciembre cuando fue localizado y posteriormente detenido en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó este periódico.

A continuación reproducimos el vídeo que fue difundido, en diciembre de 2025, por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Unas imágenes que también se publicaron a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

De la cárcel de Badajoz a la de Aranjuez

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”.

Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz y actualmente se encuentra internado en el Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez, donde cumple la pena de prisión con fecha de inicio 15 de diciembre de 2025 y cumplimiento el 25 de octubre de 2033.

El impacto de la gestión

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas de diversos ámbitos culturales nacionales e internacionales que consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural es “desproporcionada”.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas, entre otros el cineasta Woody Allen. Consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural del Niemeyer es desproporcionada

La indemnización

Entre otras razones, alegan que Natalio Grueso ya había abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia cuantificaron el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

Adhesiones a la medida de gracia

El escrito con la petición de indulto se presentó en 2023 ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, y va acompañado de otro documento que está respaldado, entre otras personalidades del mundo cultural, por el director de cine estadounidense Woody Allen, artistas como India Martínez, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón y el exministro Manuel Pimentel

En el documento se adjuntan las firmas, entre otros, del exembajador de España en los Emiratos Árabes y exembajador en Nicaragua Manuel Piñeiro, el entonces presidente del Patronato del Centro Niemeyer durante cuyo mandato se produjeron los hechos Manuel Ángel Díaz y el exdirector del Banco de Inglaterra, Robert Morrison Gibb Brown.

Artistas nacionales e internacionales

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” citan expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destaca en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

La proyección del Niemeyer

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, Bárbara Hendricks y Yo Yo Ma . Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que justifican el indulto es, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

Los magistrados declararon probado que durante su etapa, desde 2006 hasta 2012, Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer en el tiempo que duró su relación laboral, disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, "como si de su propiedad fueran", en detrimento de la Fundación Niemeyer

Los hechos probados

La sentencia declaró como hechos probados que Natalio Grueso, que permaneció en el cargo de director general desde 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

El coacusado José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, al que le unía una relación de amistad, ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación Niemeyer o por conceptos ficticios, según consta en la sentencia del alto tribunal.

Las penas impuestas

El Tribunal Supremo ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena a José María Vigil por los delitos de malversación, falsedad y estafa.

La exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, que también fueron juzgados en este procedimiento, habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

El Gobierno de Asturias  impulsa una línea de avales, dotada con cinco millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la falta de liquidez como consecuencia de la guerra en Irán. La Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera.

El Principado trabaja ya para evaluar los efectos en la comunidad del conflicto bélico y definir acciones que ayuden a paliar su impacto económico y social, según ha anunciado este lunes al término del Consejo de Gobierno.

Comité de seguimiento

En este contexto, se ha creado un comité de seguimiento formado por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales, que colaboran con la Agencia Sekuens en la definición de un paquete de iniciativas que amortigüen las consecuencias del conflicto bélico en el tejido productivo.

Este grupo se encargará de elaborar un plan de acción que se desplegará en caso de que la actual situación en Oriente Medio se prolongue. Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de EE.UU.

La coordinación

En el marco de sus competencias, el Ejecutivo autonómico se coordinará con el Gobierno de España, que también está diseñando medidas para atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes. Las actuaciones del Principado complementarán las nacionales para potenciar sus efectos y reforzar la ayuda a las empresas de Asturias.  

De forma paralela, el Grupo Sekuens, del que dependen la Sociedad de Promoción Exterior Asturex, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción, analiza las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos.

Cese de las acciones bélicas

En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces.

El Gobierno del Principado, que desde el principio se ha pronunciado contra en conflicto bélico, aboga por el cese de las acciones bélicas. Para el Ejecutivo, esa sería la mejor manera de evitar todas sus dañinas consecuencias, tanto humanitarias como económicas.

Un destino estratégico

Oriente Medio supone un destino estratégico para las exportaciones asturianas, no tanto por el volumen de negocio, que alcanzó los 204,9 millones en 2025 (el 3,6% del total de las ventas al exterior), como por la presencia en la zona de importantes ingenierías que ejecutan u optan a grandes proyectos de inversión. En total, 253 empresas asturianas venden en la zona, 78 de ellas de forma regular, lo que refleja una vía de negocio estable.  

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los dos principales mercados de aquella región para las compañías asturianas. Al primero llegaron productos y servicios de Asturias por valor de 96,3 millones el año pasado y allí operan 80 empresas de la comunidad, 28 de ellas de manera habitual. Al segundo se enviaron bienes por una suma de 70 millones por parte de 44 empresas exportadoras, 17 de ellas regulares. Por su parte, Irán representa una cifra casi nula en las ventas al exterior, con nueve empresas exportadoras ocasionales en 2025.

Un vecino de Oviedo no podrá acercarse a menos de 50 metros de un inspector de Hacienda, ni podrá comunicarse con él por medio alguno durante dos años y medio por las lesiones que causó a la victima, a la que agredió e insultó cuando ambos se cruzaron en la Pista Filandesa. Como principal móvil de la agresión se apuntó a su malestar ante el informe desfavorable que había emitido de su empresa durante una visita de inspección.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha condenado al acusado por un delito de atentado a una pena de un año de cárcel y ha dictado una orden de alejamiento y comunicación de la víctima, tanto de su domicilio, lugar de trabajo o lugares de ocio que frecuente con una vigencia para ambas prohibiciones de dos años y medio.

Atentado y lesiones

Al delito de atentado se suma otra condena por un delito leve de lesiones por el que el acusado deberá abonar una multa de dos meses, con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

La pena impuesta es la misma que solicitaban tanto la Fiscalía del Principado como la acusación particular.

Insultos a la víctima

Los hechos ahora juzgados ocurrieron sobre las 19:00 horas del 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa de Oviedo, se cruzó con el inspector de Hacienda, a quien conocía como consecuencia de una actividad inspectora que le había hecho, a él y a una mercantil de la que es socio, que dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación preprocesal por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias, que finalizaron con la interposición de una querella.

Según el relato de la Fiscalía, cuando el acusado se cruzó con el inspector le reconoció, momento en que le gritó dirigiéndose a él llamándole “cabrón”, para acto seguido embestirle golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo.

Segunda “embestida”

La víctima cayó al suelo y se golpeó en el costado derecho, a la vez que forzó el cuello para no golpearse la cabeza. Una vez que se levantó del suelo, recriminó al acusado, quien “volvió a embestirle, aunque en esta ocasión no llegó a caer al suelo al no estar desprevenido”, señala la Fiscalía.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.

Oviedo ya está en la carrera final para optar a Capital Europea de la Cultura 2031. La expectación era máxima, con los representantes de las principales instituciones de la capital asturiana reunidos este viernes, en el Museo Arqueológico de Asturias, para conocer si su propuesta había convencido al comité de expertos y había logrado entrar en el listado de ciudades españolas candidatas seleccionadas para este reconocimiento. Una vez que la capital asturiana fue nombrada, se desató la euforia.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, estaba muy emocionado, una vez pasados los primeros momentos de tensión y agradecía a todas las personas que se habían implicado en la organización por su esfuerzo y trabajo.

Trabajar “sin descanso”

“El equipo era muy plural, compacto y estaba muy ilusionado. Sería un mito muy importante para Oviedo y para Asturias conseguirlo, pero ahora hay que trabajar sin descanso para lograrlo”, decía en plena celebración.

El lema con el que se presenta la candidatura es '¡Puxa Europa. The future is now', un eslogan que cumple los tres objetivos con los que quiere transmitir que, detrás de estas seis palabras, hay “unidad institucional, respeto a las lenguas minoritarias y un planteamiento del futuro de Europa donde la cultura tiene que ser parte de la solución”.

Las cuatro elegidas

No obstante, aún queda trabajo por delante, ya que queda superar el tramo más importante: llegar a ser la elegida y para ello tendrá que ganar a las candidaturas presentadas por Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria que han pasado junto a la capital asturiana el filtro de la preselección.

La incógnita se despejará en diciembre, cuando ya se sepa cuál ha sido la ciudad que reúne todos los elementos que la acreditan a ostentar la capitalidad cultural.

En diciembre de 2024 se citó el nombre de Oviedo junto a los de las ciudades de Granada, Toledo, Jerez de la Frontera, Burgos, Cáceres y Las Palmas tras haber sido preseleccionadas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía en aquella fecha que los municipios aspirantes tendrían un año de plazo para presentar sus candidaturas en soporte digital, en español y en inglés, que debía basarse en un programa cultural con una fuerte dimensión europea y con una duración correspondiente con el año establecido, 2031. Empezaba en ese momento una carrera contrarreloja para cumplir con todos los objetivos y requisitos precisos.

Sumando a la candidatura

A partir de ese momento, comenzaban a sumarse organismos, instituciones, asociaciones, colectivos, ayuntamientos a esta iniciativa. Entre los apoyos estaban los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria que, en un pleno celebrado en la Junta General del Principado, en mayo de 2025, suscribían una declaración institucional de respaldo a la presentación de la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031, un título que, según expresaban, representa una “oportunidad inigualable” para situar a la ciudad “en el epicentro cultural del continente”.

La declaración fue aprobada con el asentimiento de todos los grupos parlamentarios y en ella se afirmaba que esta distinción ha permitido “la regeneración urbana, la dinamización económica y el fortalecimiento del tejido cultural de las ciudades designadas”.

Un comité de expertos

La designación ha sido realizada por un comité compuesto por diez personas expertas internacionales independientes: ocho designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura y dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

Las ciudades seleccionadas tienen nueve meses para perfeccionar sus candidaturas y el comité se volverá a reunir el próximo mes de diciembre para anunciar ya la ciudad que acogerá la Capitalidad de la Cultura en 2031.

Las actividades

En esta fase final, las cuatro ciudades seleccionadas deberán completar, perfeccionar y revisar su expediente de candidatura, sobre la base del programa cultural ya presentado y teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos en los informes que emitirán en el plazo de un mes sobre cada uno de los proyectos.

La ciudad europea de la Cultura 2031 española acogerá un programa cultural a lo largo del año que dura su capitalidad e incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

En rueda de prensa en el Ministerio de Cultura, Mlaker ha valorado la “pasión y el compromiso” de las nueve candidaturas españolas presentadas -Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera (Cádiz), Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo-, que han mostrado “la riqueza y la variedad de las culturas españolas”.

La Fiscalía de Asturias ha endurecido su petición de condena para el matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen nueve años y a su hermano, de 11- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, por el miedo de sus padres a que contrajeran el Covid. Un autoconfinamiento familiar que comenzó en 2021 y concluyó en 2025 con la detención de los padres y la liberación de los menores.

A la pena de 25 años y cuatro meses de cárcel que interesa para cada miembro de la pareja, el Ministerio Fiscal ha sumado el pago de 30.000 euros de indemnización a abonar a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados y ha reclamado que se prohíba a los progenitores acercarse a los niños y que se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

Los menores, en un centro de acogida

Unas peticiones que comparte la Letrada del Menor que está personada en la causa en representación del Principado. Actualmente los tres hermanos están acogidos en un centro de menores dependiente de la administración regional.

Las acusaciones imputan al matrimonio su presunta autoría en los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La petición de nulidad

Unas peticiones de condena que contrastan con las de las defensas. Los abogados defensores, Javier Guillermo Muñoz Pereira, en nombre de la madre, y Elena González Martínez, en representación del padre, interesan la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar con el apoyo de los servicios sociales. Han planteado además una cuestión de nulidad al estimar que en la diligencia de registro del domicilio se produjeron “irregularidades procesales”.

Estos dos posicionamientos se han podido escuchar dentro de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Un juicio que se desarrolla desde esta semana a puerta cerrada.

Una cuarta sesión

Para esta tercera sesión, que tenía lugar este jueves, estaban señaladas la declaración de los padres, la comparecencia de una psicóloga y los informes de conclusiones de las partes. Sin embargo, la jornada se ha prolongado más de lo previsto y, a las tres de la tarde, en vista de que aún faltaban las defensas por emitir su informe, el tribunal ha acordado que se celebre una nueva sesión.

La cuarta sesión tendrá lugar el próximo 19 de marzo, a las 13 horas, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía.

Los alegatos de las defensas

Ese día, los abogados defensores tratarán de convencer a los magistrados de que sus patrocinados no tenían ánimo alguno de aislar a sus hijos del mundo exterior, sino que su comportamiento “anómalo, pero no criminal” respondía a su “miedo insuperable” a que se pudieran contagiar con algún virus ya que lo estaban pasando muy mal porque ambos progenitores tenían covid persistente que les había provocado secuelas sensoriales y querían proteger a sus hijos.

No hacer ruido, ni movimientos

El tribunal ha podido escuchar, en la tercera sesión, por boca de los propios acusados las razones que les llevaron a autoconfinarse. Además del miedo al contagio, también temían que pudieran ser denunciados por los vecinos porque no tenían su situación regularizada en Asturias, dado que únicamente se había empadronado en la vivienda el padre. Una situación que les llevaba a evitar hacer ruidos y movimientos que indujeran a los vecinos de la zona a creer que había más personas residiendo en su interior.

Con la ayuda de un traductor, los padres han declarado en inglés “durante varias horas” y lo han hecho “tranquilos y confiados en que se haga justicia”, ha explicado el abogado Javier Guillermo Muñoz.

El apercibimiento

Es la escueta declaración que ha realizado el letrado, a su salida de la sede judicial. Tanto él como su compañera de defensa, Elena González, no han querido aportar más detalles de cómo ha transcurrido la declaración de sus representados, ya que se les ha apercibido expresamente de que, al tratarse de un juicio a puerta cerrada, no pueden trascender los datos de lo que ocurre dentro. Una cautela que les ha llevado a no decir siquiera el día en que se iba a reanudar el juicio.

A continuación, reproducimos sus palabras a la salida de la sede judicial esta mañana.

“Confianza en la justicia”

No obstante, antes de ese apercibimiento, a su llegada a la sede judicial, los letrados de la defensa habían asegurado que habían visitado ayer por la tarde a los acusados en el Centro Penitenciario de Asturias.

La abogada Elena González corroboró que los padres estaban “deseando que esto se resuelva” y puedan verse en libertad.

El miedo “insuperable”

“Es su oportunidad de poder explicarse ampliamente porque en la instrucción, realmente, como venían con el enfoque negativo que transfirió la policía local, estaba todo un poco contaminado”, afirmó la abogada.

“Ahora ya se han esclarecido los hechos y les van a escuchar claramente lo que ocurrió, por qué actuaron por un miedo insuperable y se autoconfinaron”, añadió.

Los tres hermanos ya están escolarizados “y rehaciendo su vida”, desde que fueron liberados del domicilio por agentes de la Policía Local, el pasado 28 de abril, y se encuentran en un centro de menores dependiente de la administración regional.

La vía penal

“El sistema y la sociedad les ha fallado porque la primera respuesta que se les ha dado ha sido la penal, cuando debería haber sido la última”, ha indicado Javier Guillermo Muñoz.

Está convencido de que la petición de las acusaciones es “desmedida y desproporcionada” ya que los niños “necesitan a sus padres para su normalización”, algo que el abogado confía en que pueda producirse, a pesar de que la custodia de los niños permanecerá en manos del Gobierno asturiano aunque haya una sentencia absolutoria.

La mejoría de los hermanos

En función de la sentencia, que se conocerá en una o dos semanas, según el letrado, se podrán arbitrar medidas que permitan avanzar hacia la normalización “de unos niños que precisan de sus padres”.

Los tres hermanos han mejorado mucho desde que abandonaron la casa, en la que permanecieron entre diciembre de 2021 y abril de 2025, ahora juegan y se comportan como otros niños de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están “en camino de recuperación social y personal”, según los forenses que les han examinado.

El contacto de la familia

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, coincidió ayer con los abogados de la defensa en que este caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal. En declaraciones a este periódico, el perito psiquiátrico destacó que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

El próximo 19 de marzo se reanuda el juicio y, tras los informes de las defensas, el tribunal ofrecerá el turno de última palabra a los acusados por si quieren realizar algún tipo de declaración antes de que el juicio quede visto para sentencia.