La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a cadenas como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi o Coviran, entre otras, niega que las empresas del sector “se forren” con las subidas de precios que se producen, sobre todo, en crisis internacionales, como la actual en Oriente Medio. “Es muy poco rigurosa la apreciación de que los supermercados se forran”, ha asegurado el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, en la presentación de un estudio sobre la formación de precios en la cadena agroalimentaria. “Uno va cada día a comprar para comer y no va cada día a comprar cartuchos para la impresora, eso es menos noticia y los precios también han subido”, ha asegurado.

Duran i Lleida ha mencionado la “demagogia que a veces se utiliza, para no explicar cómo es la formación de precios” y que “hay mensajes intencionados o no, que apuntan malas prácticas”. “Hay que poner de relieve la competencia, que cerca de casa tengamos cinco o seis”, establecimientos de distribución alimentaria, ha señalado.

Ante la guerra en Irán, “queremos dar tranquilidad” y un mensaje de “compromiso, en mayúsculas”. “La cadena ha demostrado su eficacia, cómo en situaciones muy difíciles”, como en la pandemia, “toda la cadena dio una respuesta eficaz”.

“Hay madurez en la cadena, todos debemos ser conscientes de que cualquier demagogia perjudica a todos los integrantes de la cadena, queremos aportar tranquilidad”, ha indicado el presidente de Asedas.

Correlación de precios

En ese mismo acto, Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, también ha descartado que los supermercados “se forren”. “Rotundamente, no. Ni los supermercados, ni el resto de eslabones de la cadena alimentaria. Somos líderes mundiales y eso hace que los españoles tengan la producción muy cerca y garantizada”, ha indicado.

“Tenemos una industria transformadora que es exportadora y la distribución alimentaria es tremendamente eficiente. Tenemos más de 400 empresas que suponen más del 50% del gasto de los españoles en alimentación, a eso se suma que uno de cada tres euros que destinamos a comer se gastan en la restauración”. ha argumentado Medina.

“Cuando se analiza la cadena y se ven tres o cuatro campañas”, seguidas “se ve que hay una correlación entre los precios en origen y en destino”, ha explicado Medina.

Por su parte, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide, al presentar el análisis de la cadena de valor agroalimentaria, ha señalado que “está pasando de nuevo lo mismo, por la subida de precios, la sociedad busca culpables. Son análisis simplistas”.

Como ejemplo del “simplismo analítico”, ha señalado “el aguacate”. “Sale del agricultor a 0,60 euros y se vende a 2,50 euros”. “Es un simplismo decir que ha sido el que vende el que ha subido el producto. Esto es economía, pero también es una labor. Hay una cadena de eficiencia económica y social. Hay eslabones de la cadena que son muy importantes”, ha resumido.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) en la que están integradas empresas como Mercadona, Lidl o Dia, vuelve a criticar el “absentismo”. Hay que recordar que, en los últimos meses, el aumento de las bajas por enfermedad de trabajadores, ha incrementado el número de estudios y análisis que deslizan una supuesta voluntariedad de los trabajadores a la hora de ausentarse de su puesto.

Este martes, Asedas ha calculado que coste de las bajas laborales por contingencias comunes en la distribución alimentaria alcanzó 1.180 millones de euros en 2025, según recoge Europa Press. Lo recoge en un Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria (Ejercicios 2018-2025) presentado por la propia Asedas y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En concreto, de esta cifra, el coste de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las mutuas alcanzó los 656 millones de euros (56% del total) y el coste directo para las empresas ascendió a 524 millones de euros (un 44% del total). Así, el incremento interanual fue de un 13% respecto a 2024 y de un 155% respecto a 2018.

En este contexto, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha calificado de “grave” y “serio” este problema, que en los últimos años en la distribución alimentaria ha alcanzado unas “dimensiones importantes”. “Nos hace pensar que es un grave problema social al que nos enfrentamos. En los últimos años se ha disparado y se ha convertido en un fenómeno anormal”, ha advertido.

García Magarzo ha advertido de que el absentismo, al que ha calificado como “pandemia silenciosa”, es un fenómeno “dañino” para el modelo de negocio de los supermercados. “No somos de los sectores más perjudicados, pero estamos gravemente afectados y como sociedad no nos lo podemos permitir. Trabajamos para que los empleados recuperen su salud cuanto antes y que dispongan de los mejores medios para hacerlo, pero cuando adquiere tintes de anormalidad, hay que atajarlo”, ha subrayado.

En 2025, para la población protegida por las mutuas, las bajas por enfermedades o accidentes no laborales en el sector de la distribución alimentaria sumaron 386.687, un 9% más respecto al 2024 y un alza del 67% respecto a 2018. De estos trabajadores, el 6% concentró el 49% de las bajas.

Estas cifras representan dos puntos porcentuales más que el total de la población general protegida por las mutuas, que, con 6,3 millones de procesos de bajas, experimentó un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 58% respecto a 2018.

Además, el informe revela que las patologías traumatológicas registradas para la población protegida por las mutuas en el entorno no laboral de la distribución alimentaria es un campo con posibilidades de mejora. Así, el análisis apunta a que este tipo de dolencias tuvieron una duración media de 82 días cuando fueron tratadas por los Servicios Públicos de Salud, mientras que las mismas duraron de media 45 días cuando fueron tratadas por las mutuas.

“Los trabajadores podrían recuperar su salud 37 días antes”, ha asegurado el director gerente de Amat, Pedro Pablo Sanz, que ha precisado que se podrían ahorrar 212 millones de euros en la distribución alimentaria y más de 3.500 millones de euros en España.

El análisis señala que entre la escalada de las bajas y su duración destaca el 'laberinto burocrático' existente para su gestión, la falta de médicos en atención primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el incremento de las listas de espera en la Sanidad Pública, entre otras causas.

Respecto a los días en los que se concentran más bajas, el informe revela que los lunes concentran el 22%, seguidos por los viernes (16%), mientras que los fines de semana suman el 10% de las mismas para la población protegida por las mutuas. El tramo de edad de 16 a 35 años fue el que mayor incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las mutuas tuvo en el ejercicio 2025, con 50,66 procesos al mes.

García Magarzo ha mostrado su preocupación por la diferencia de edades entre los que se dan las bajas, donde se ha consolidado entre los más jóvenes. “Las personas más jóvenes tienen más bajas que los de más edad y todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude. El nuestro es un sector joven y nos preocupa que año tras año se dan estas circunstancias, que se ha consolidado”, ha reconocido.

Así, este indicador se ha elevado un 152% en este tramo de edad desde el ejercicio 2018, mientras que para los trabajadores con más de 55 años ha descendido un 32%, situándose en 25,85 procesos al mes.

Los procesos finalizados registran una mayor duración en los mayores de 55 años, alcanzando una media de 97 días (un 0,34% más que en 2024 y un 32% más sobre 2018). Este indicador desciende en relación con la edad; así, los trabajadores entre 36 y 55 años registran una media de 56 días de baja y los más jóvenes de 24 días.

Aboga por incorporar a las mutuas

Por su parte, el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reconocido que las cifras de absentismo en el sector son “preocupantes”. “Estamos ante un gran problema, sea la etiqueta que sea, hay que solucionarlo, porque las cifras no bajan y se agrava la situación. Hablamos de una realidad que existe y que tiene dos partes distintas, el del jeta y el profesional del absentismo y el que tiene otro tipo de solución, por eso necesitamos la colaboración de todos para encontrar una solución”, ha reiterado.

En este contexto, Duran i Lleida ha abogado por “incorporar a las mutuas” y que se activen convenios entre las comunidades autónomas y mutuas para paliar el impacto del absentismo. “Pedimos al Gobierno que profundice para encontrar soluciones, porque es un problema social, ya que el que cumple con sus obligaciones se da cuenta que en su entorno se encuentra con colegas que no acuden a su puesto de trabajo”, ha indicado.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha avanzado que el “fraude hay que combatirlo”, pero ha señalado que se trata de un “problema complejo que exige una respuesta en el ámbito sanitario, por lo que es imprescindible una mayor implicación de los servicios públicos de salud”.

Así, ha vuelto a reiterar el “compromiso” del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para lograr la mayor “colaboración” entre las mutuas y las comunidades autónomas.

La cadena de supermercados Lidl abre su segunda tienda en Illescas, situada en el Centro Comercial Señorío Plaza, que abrirá sus puertas mañana jueves 12 de marzo. La compañía ha destinado más de tres millones de euros a la construcción y equipamiento de este establecimiento, que cuenta con una superficie de venta de casi 1.500 m².

Según ha señalado la compañía, se trata de un establecimiento moderno, eficiente y sostenible, equipado con iluminación LED, 536 m² de paneles solares en la cubierta y sistemas de climatización de alta eficiencia, con el objetivo de contribuir a reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂.

La nueva tienda de Lidl en Illescas abre de lunes a sábado en horario de 9:00 h a 22:00 h y pone a disposición de los clientes las 820 plazas de aparcamiento del centro comercial, facilitando así el acceso durante la compra. El nuevo punto de venta arranca con una plantilla de 30 personas, que se incorporan a los cerca de 620 empleos directos que Lidl mantiene en Castilla-La Mancha, y refuerza así su compromiso con la generación de empleo estable y el desarrollo económico del entorno.

El impacto positivo de Lidl en Castilla-La Mancha

Lidl genera más de 10.000 empleos directos, indirectos e inducidos en Castilla-La Mancha, lo que representa un 1,12% del empleo total de la región, según destaca el último Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España elaborado por la consultora independiente PwC.

Desde la inauguración de su primera tienda en la región en 1994, la cadena ha impulsado un plan de expansión en Castilla-La Mancha que le permite contar a día de hoy con más de 20 tiendas distribuidas por toda la Comunidad Autónoma. Lidl también mantiene desde hace años un firme compromiso con el producto y proveedor local. Actualmente trabaja con más de 50 productores de la región, con compras anuales que superan los 430 millones de euros.

Lidl es una cadena de distribución alimentaria con presencia desde hace más de 30 años en España, donde gracias a la creciente confianza de sus clientes ya es el tercer operador del sector por cuota de mercado. Hoy en día, la empresa cuenta con una red de más de 700 tiendas y 13 plataformas logísticas y con una plantilla de unas 19.700 personas. Lidl también colabora estrechamente con más de 860 proveedores nacionales a los que ya compra producto por valor de unos 7.900 M€ anuales, exportando más de la mitad.

El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha condenado a Lidl Supermercados SAU a pagar una indemnización colectiva de 50.000 euros a 76 de sus trabajadores de la plataforma logística de Narón (A Coruña) por vulnerar su derecho fundamental a la huelga durante un conflicto laboral que se prolongó entre febrero y mayo de 2023. En la sentencia, la magistrada declara probado que la empresa incurrió en “esquirolaje organizativo”, una práctica consistente en desviar parte de la carga de trabajo de la plataforma del polígono industrial de Río do Pozo a otros centros logísticos de la compañía, con el objetivo explícito de “minimizar los efectos” de la huelga. Esta conducta ya había sido declarada ilícita en una sentencia firme previa, que condenó a la multinacional a indemnizar al sindicato CIG con 25.000 euros por daño moral colectivo.

Lidl asegura que se trata “de una sentencia parcial” que respeta pero que “contiene elementos cuya apreciación ha sido incompleta”. La recurrirá ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El conflicto, convocado de forma indefinida a partir del 14 de febrero de 2023 por el “reiterado incumplimiento” del convenio en materia de horas extras, fue secundado por 96 trabajadores de almacén. La empresa respondió, según se acredita en la sentencia, desviando rutas de suministro de 27 tiendas de Galicia, Asturias y León a la plataforma de Nanclares de Oca (Álava) solo diez días después del inicio del paro, sin una justificación organizativa legítima.

Minimizar los efectos de la huelga

Aunque Lidl alegó que su modelo logístico es flexible, el tribunal consideró que, en este contexto, el desvío perseguía “en realidad minimizar los efectos de la huelga”. Pruebas testificales y documentales demostraron que, incluso después de una primera sentencia condenatoria en mayo de 2023, camiones de otras plataformas como Alcalá de Henares, Sevilla o el País Vasco siguieron abasteciendo a supermercados del área de influencia de Narón hasta la finalización de la huelga el 21 de mayo.

Por daños morales, pero no por salarios

La demanda reclamaba, además de la indemnización por daño moral, el pago de los salarios y las cotizaciones sociales dejados de percibir durante los días de huelga. Sin embargo, la juez desestima esta pretensión, basándose en la doctrina del Tribunal Supremo que establece que la pérdida del salario es un efecto legal “consustancial e inherente” al ejercicio del derecho de huelga, y no un daño adicional derivado de la conducta ilícita de la empresa.

La indemnización de 50.000 euros se fija, por tanto, en concepto de daños morales individuales. La cuantía se repartirá entre los 76 trabajadores en proporción al número de días que cada uno de ellos secundó la huelga, que osciló entre 78 y 96 jornadas.

El presidente de la patronal de Mercadona, Lidl, Aldi o Dia, Josep Antoni Duran i Lleida, ha vuelto a criticar la propuesta de reducción de la jornada laboral y ha agradecido a los grupos parlamentarios PP, Vox y Junts su enmienda a la totalidad presentada en el Congreso de los Diputados.

“Ustedes saben que Asedas [Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados] se ha opuesto como tantas organizaciones a la propuesta de Yolanda Díaz, del Gobierno, sobre reducción de la jornada”, ha indicado en la presentación sobre un estudio de comercio electrónico. “Damos gracias y agradecemos a PP, Vox y Junts que han presentado una enmienda a la totalidad”.

“Me permitirán que agradezca más de la Junts”, ha reconocido, “que forma parte de la mayoría parlamentaria”. Considera que “tiene más valor político y aritmético” que “un grupo de la mayoría de investidura, presente una enmienda a la totalidad, ha recibido presiones” y se les ha criticado “que son más de derechas que la derecha”.

“Que aguanten el tipo”

“Yo no soy de Junts”, ha asegurado Duran i Lleida, exdiputado de Convergència i Unió. “Represento a todas y cada una de las empresas” de supermercados integradas en Asedas. “Quienes me conocen saben que me siento alejado de Junts en muchísimas cosas”, ha añadido.

“Hay que empezar a decir, sin ningún tipo de rubor, con la cara bien alta, que todo aquello que contribuya a favor de la empresa” que es “quien crea riqueza y empleo, es una fuerza progresista, porque sin creación de riqueza no hay posibilidad de redistribuir”. “Hay que agradecerle, es nuestra actitud. Muchísimas gracias”, ha recalcado. También les ha pedido que “aguanten el tipo. Seguro que habrá alguna presión más, pero vale la pena”.

La asociación que integra a las principales cadenas de supermercados se ha convertido en uno de los representantes empresariales que más ha criticado la reducción de jornada. “Estamos en contra de que se tomen medidas al margen del diálogo social que es una reivindicación de la izquierda y hoy es una persona de la izquierda la que se carga el diálogo social”, ha justificado.

“Son los empresarios y trabajadores de cada sector los que saben mejor que nadie cómo dedicar las horas, son los que conocen directamente lo mejor para cada empresa, si compensa reducir o no una hora o compensarlo con mecanismos salariales”, ha concluido.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que representa a empresas como Mercadona, Dia, Aldi o Lidl vuelve a criticar el impacto que puede tener en su negocio la reducción de la jornada laboral, que afirma puede derivar en una bajada de la inversión y un recorte de puestos de trabajo. 

En los últimos días, esta asociación empresarial ya había marcado su postura respecto a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, asegurando que podría suponer a sus empresas un coste anual de más de 600 millones de euros. 

“Seguramente las empresas, que son previsoras, a la vista de un escenario posible que no deseamos, han empezado a hacer números”, ha asegurado el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, tras la presentación de un informe sobre la evolución del sector. “Al margen de cuál es el impacto en términos numéricos, en términos cuantitativos, es evidente que habrá un impacto negativo en lo que es mano de obra”, ha añadido. 

“Habrá que poner más gente, el precio por hora será más caro, tendrá una repercusión en los costes laborales y la repercusión en los costes puede revertir en posibilidades de inversión. Es un sector que está invirtiendo y tendrá que invertir más en sostenibilidad y en digitalización. Cualquier merma en los costes laborales repercute en eso y en los puestos de trabajo”, ha argumentado.

Asedas trasladó sus críticas por carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y, de momento, asegura que no ha tenido respuesta. En paralelo, añade, “hemos mantenido contacto con los grupos parlamentarios que pueden presentar enmiendas a la totalidad”.

El beneficio del sector se dispara un 28%

En cuanto a cómo va su negocio, esta asociación ha presentado los datos de la distribución de proximidad, de todos los formatos, pero de 2023. Según ese análisis, el beneficio conjunto de la distribución alcanzó ese año los 2.141 millones de euros. Es un 28% más que en 2022, cuando se quedó en casi 1.666 millones. 

Ese análisis apunta que la rentabilidad de los operadores se situó en el 2,37%. Esos datos tienen en cuenta a las 75 mayores empresas del sector. “No se gana más dinero porque haya más inflación o se suban los precios”, ha justificado Juan Carlos Matarrubia, director Retail Data, que ha realizado el análisis de cómo va este sector. En cuanto al porqué del despegue del beneficio de 2023, asegura que se ha basado en el recorte de gastos. “No se han subido precios”, ha repetido, “sino que se bajaron los gastos de explotación”.

Eso sí, ha matizado que se refiere a no subir precios por encima de lo que suben los proveedores y que los aprovisionamientos se mantienen constantes. “No se suben los precios por regla general”, ha añadido. “Los gastos salariales van acompañados de las ventas” y ha ahondado en que “ahora se está invirtiendo en la bajada de precios”.

Respecto a la rentabilidad en 2024, Matarrubia ha apuntado que “va a seguir” la misma línea, aunque no todas las empresas hayan presentado datos del ejercicio. “Por lo que se ha podido ver, hay mejoras añadidas”, porque ha habido “más eficiencia, por ahí puede haber vector de rentabilidad, se mantendría o mejoraría, no hay nada que indique lo contrario”.

Circula un correo electrónico que, supuestamente, envía Lidl informando a los usuarios de que han ganado una aspiradora Silvercrest y que sólo deben pagar dos euros para recibirla. Pero es un timo. Se trata de un caso de phishing en el que los timadores suplantan la identidad de la cadena de supermercados para obtener datos personales y bancarios de las víctimas, suscribiéndolas sin su conocimiento a servicios de pago en línea.

El mensaje fraudulento llega desde una dirección de correo electrónico ajena al dominio oficial de Lidl (@lidl.es). En el cuerpo del email, se invita a los destinatarios a hacer clic en un enlace que los redirige a una página web falsa (aigeneratedcoin[.]store). En esta página, los usuarios deben completar una encuesta sobre su experiencia de compra en Lidl para supuestamente recibir la aspiradora. Sin embargo, en un aviso al final de la página se indica que el sitio no está respaldado por Lidl y que las “ofertas de terceros” pueden incluir tarifas de inscripción o suscripciones.

Tras responder las preguntas de la encuesta, los usuarios son llevados a una segunda web fraudulenta, donde se les solicita su información personal y los datos de su tarjeta bancaria para pagar los supuestos dos euros de gastos de envío. Una lectora de Maldita.es cayó en la trampa y, tras pagar 2,99 euros, detectó un nuevo cargo de 39,99 euros días después en su cuenta bancaria. En su extracto, el cobro aparecía vinculado a la web budgetscoop[.]shop, donde se avisa de que las transacciones pueden gestionarse o cancelarse a través de su plataforma.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, se recomienda verificar siempre la dirección del remitente del correo electrónico y asegurarse de que pertenece a la empresa real, así como comprobar la URL antes de hacer clic en cualquier enlace. Si el dominio es extraño o contiene combinaciones aleatorias de letras y números, es probable que sea fraudulento. También es importante no descargar archivos adjuntos sospechosos, ya que podrían contener malware, y desconfiar de mensajes que generen sensación de urgencia. Para confirmar la autenticidad de la oferta, es recomendable contrastar la información con fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Si alguien ha facilitado sus datos en este tipo de fraudes, se recomienda recopilar todas las pruebas del engaño y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. También es importante revisar el uso de los datos personales mediante egosurfing para detectar posibles usos indebidos y contactar con el banco para informar del fraude. En caso necesario, se puede bloquear o anular la tarjeta bancaria para evitar más cargos no autorizados.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319.

Los supermercados y las tiendas de alimentación siguen exprimiendo la crisis de inflación para mejorar los márgenes de su negocio y elevar sus beneficios. Los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales a cierre de 2024, publicados esta semana por la Agencia Tributaria, muestran que el sector de la distribución —en el que destacan Mercadona, Carrefour o Lidl— ha aumentado su rentabilidad bruta hasta superar el 6,1% y disparar sus ganancias a máximos históricos, hasta rozar los 7.500 millones de euros en conjunto.

El margen de beneficio (o rentabilidad) es la ratio que refleja la capacidad de las empresas de convertir en beneficios sus ingresos. Es decir, la capacidad de obtener ganancias después de descontar a las ventas totales los costes de su actividad (las materias primas, los proveedores de los distintos productos, la electricidad...) y el pago de los salarios a sus trabajadores. En este caso, para obtener el beneficio bruto (o resultado bruto de explotación, en el lenguaje tributario). Solo faltaría restarle los impuestos para llegar al beneficio neto.

El 6,1% hasta el que los supermercados y las tiendas de alimentación de nuestro país han incrementado su margen bruto en 2024 se sitúa en los niveles extraordinarios de la pandemia, de 2020 y 2021, cuando una buena parte de las familias cambiaron sus hábitos de consumo por los confinamientos y consumieron productos más caros y más rentables para estas empresas.

Como se observa en el primer gráfico de esta información, la rentabilidad del sector se redujo hasta el 4,7% en 2022, con el estallido de la crisis de inflación. Ese año, el sector subió los precios de los alimentos un 11,6% (en promedio según el IPC del INE), pero el mayor incremento de los costes dañó la rentabilidad de su negocio, que en 2021 se mantuvo por encima del 6%. Los supermercados y las tiendas volvieron a incrementar los precios que pagan los consumidores otro 11,7% en 2023, pero este año el aumento de los costes se moderó —sobre todo por el abaratamiento de la energía y la escasa subida de los salarios— y el margen de beneficio del sector mejoró hasta el 5%.

En 2023, y hasta el año pasado, además, el Gobierno rebajó el IVA de los alimentos básicos para intentar amortiguar el daño de la inflación. Una rebaja de la que distintos estudios han demostrado que se apropiaron los establecimientos. En 2024, los supermercados y las tiendas han continuado exprimiendo la crisis de inflación mientras los costes han seguido moderándose. El ejercicio cerró con una inflación de los alimentos del 3,6% y con un punto más de margen para el sector, en conjunto, hasta volver a superar el 6%.

Es un proceso en el que las empresas han trasladado la crisis de inflación “aguas afuera”, elevando los precios a los consumidores, y “aguas adentro”, conteniendo los salarios de los trabajadores, según lo explica Luis Zarapuz, del gabinete económico de CCOO. En definitiva, ahogando a las familias, sobre todo a las más vulnerables, para las que el gasto en el supermercado supone una mayor parte de su gasto total que para el resto.

Mientras, este fenómeno ha apoyado un crecimiento de “resultado bruto de explotación” del 24% desde algo más de 6.000 millones de 2020 hasta los 7.500 millones del último ejercicio.

“En una coyuntura atravesada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, especialmente de los estratos de menores ingresos, los márgenes empresariales han crecido más que nunca”, lamenta el gabinete económico de CGT. Este sindicato recuerda que este proceso de “inflación de vendedores” o “inflación de beneficios” ha sido generalizado durante esta etapa en nuestro país, principalmente entre las empresas más grandes y con más poder de mercado, como también recoge el Observatorio de Márgenes.

Otra forma de ver “la inflación de vendedores” en el sector de la distribución de alimentos es detenerse en la evolución de la diferencia entre las ventas y las compras (costes, sin incluir los salarios) del sector. Otra manera de aproximarse al margen o rentabilidad del negocio. Esta diferencia ha escalado desde los 15.000 millones de 2020 hasta los 17.000 millones en 2023 y los 19.100 millones de 2024. Los márgenes sobre esta cifra se acercan al 40% para el conjunto de los supermercados y tiendas.

Márgenes marcados por la competencia

Las cadenas de distribución alimentaria siempre defienden que sus márgenes son reducidos y que en el caso del margen neto sobre ventas suele estar cerca del 2%. También, que la competencia entre cadenas les hace pelear, prácticamente, por el céntimo para evitar que los clientes se vayan con la competencia.

“España es un país que tiene una de las mayores competitividades en precios de alimentos de Europa”, aseguró hace unos días el director general de Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, en una entrevista con la agencia Efe. “Tenemos una distribución muy moderna y muy eficiente, gracias a eso, los precios en los últimos años han sido muy estables. No estábamos acostumbrados a lo que ocurrió a partir de octubre de 2021, que han sido unas circunstancias excepcionales, históricas y que tenían unas razones objetivas”, en referencia a la subida de costes, de la energía o los problemas en las cadenas logísticas. “Durante estos años, que han sido muy duros, lo hemos estado diciendo siempre. Lo que estaba ocurriendo era algo muy raro e iba en contra del trabajo de toda la cadena, de transmitir esa confianza en la estabilidad de los precios. Los datos del IPC nos dicen que volvemos a la normalización”.

En estos últimos años, con la inflación disparada, los distribuidores argumentaban que no había un problema de márgenes, ni concentrado en el eslabón de los establecimientos comerciales, sino que era una presión de costes que afectaba al conjunto de la cadena, empezando por los agricultores y productores y pasando también por la industria alimentaria.

Antes de los últimos datos de 2024 del Observatorio de Márgenes, esta patronal de los supermercados premió como mejor artículo publicado en una revista de distribución y consumo al análisis realizado por los catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Cruz Roche y Jaime Romero, bajo el título 'El incremento de los precios de los alimentos y los márgenes de la distribución minorista'. En él se recogen datos hasta 2021 e indican que “el margen bruto” [calculado de una forma diferente a como lo hace la Agencia Tributaria] del sector siguió “una tendencia creciente desde 2014 hasta 2021, pasando del 22,09% al 23,42%, como un aumento de 1,33 puntos porcentuales en el periodo analizado”. También, que “el margen neto que en 2014 era del 2,14% se incrementa hasta el 2,78% en 2021, lo que supone un aumento de 0,64 puntos porcentuales”.

Este análisis recoge datos por cadenas, pero las últimas comparaciones se quedan en 2020, un año marcado por la pandemia. Tres ejemplos que recoge ese estudio. Por un lado, el margen bruto sobre ventas de Mercadona en 2020 fue del 26,52% y el neto, del 4,08%. Por otro, en el caso de Carrefour, el bruto fue del 20,69% y el neto, del 2,12%. Y el de una cadena más pequeña, como Consum, el margen bruto en 2020 fue del 30,06% y el neto, del 2,13%. Pero fue un año diferente al resto, porque el confinamiento se llevó por delante durante meses el consumo fuera del hogar. 

“En el caso de la distribución minorista española, no parece existir un mayor margen bruto de las empresas que tienen cuotas de mercado más altas respecto a aquellas que tienen menor tamaño”, aseguran estos catedráticos sobre la similitud de los márgenes entre cadenas. “Ello puede explicarse en parte por la fuerte competencia y rivalidad existente entre los operadores en el mercado de gran consumo, como lo indican los datos de concentración en la distribución española que son inferiores a la media de los países europeos”, añaden.

Mercadona lidera el mercado y la marca blanca sigue creciendo

En el caso en sí de la distribución, hay que tener en cuenta la fuerza que la enseña valenciana Mercadona. El último análisis elaborado por Kantar Worldpanel refleja que Mercadona sigue elevando su cuota de mercado y supone el 26,6% de todo lo que se vende a través de este canal. Por detrás, Carrefour, que se quedó al cierre de 2024 cerca del 10%; el grupo alemán Lidl, con el 6,5%; y el vasco Eroski, con el 4,3%; y Dia, con una cuota de mercado del 3,6%. 

La otra tendencia en el sector, que arrastra en los últimos años, es el crecimiento de la marca blanca, la enseña propia de los distribuidores, sobre la que tienen un mayor control de los precios y, por tanto, de los márgenes. También según Kantar, estos productos de marca propia representan más del 44% de todo lo que venden las empresas de 'híper' y supermercados. Y volvieron a crecer respecto a 2023, en concreto en un 1,1%. 

Otra firma de análisis NielsenIQ (NIC) calcula lo que se gasta en España en hacer la compra. En total, en 2024, 122.000 millones de euros. Una cifra que vuelve a ser un récord histórico, marcada por la inflación, aunque esta se haya relajado, porque representa un aumento del 4,6% respecto a 2023. En ese caso, también apunta que el 58% de los clientes de las cadenas de distribución compran marca blanca, que alcanza una cuota de valor (respeto a su peso en lo que cuesta la cesta de la compra) del 49%. También, que el 25,4% de las ventas en marcas de fabricante fueron a través de promociones acordadas entre estos y los establecimientos. 

Las empresas de supermercados se quejan de que cada vez tienen más empleados de baja, les suponen un coste más alto y eso se ve reflejado en los precios de los productos que compran sus clientes. Y ponen el foco en un determinado perfil de sus plantillas, que están integradas por más de 300.000 personas. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), de la que forman parte empresas como Mercadona, Dia o Lidl calcula que, en 2024, sus compañías asociadas registraron 353.000 procesos de baja laboral bajo el paraguas de las mutuas del trabajo. Ese dato supone, aseguran, un crecimiento del 4,58% respecto a 2023. 

“Estas bajas tuvieron una duración media de 46 días en 2024”, indica Asedas en base a un informe elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y presentado en la sede de la patronal CEOE. En concreto, calculan que el coste de esas bajas superó los 1.023 millones de euros, prácticamente el doble que en 2018.

“Sabemos que este es un problema multifactorial, sabemos que hay indicadores que nos hacen pensar que algo nos está pasando, porque hay comunidades autónomas que tienen un nivel de absentismo más alto que otras, porque hay franjas de edad que tienen más que otras, porque hay días de la semana en los que hay más absentismo”, indicó durante la presentación del informe el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo. “Por no hablar de por qué tenemos este problema en España” porque una de sus asociadas, que está en varios mercados, “nos dice que lo que ocurre aquí no ocurre en otros países”. 

Foco en los lunes y en los jóvenes

Dos de los factores diferenciadores son los lunes y el peso de los jóvenes en esas bajas. “Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, se están recrudeciendo patrones comunes, como las bajas en lunes, que aumentan; y las bajas de las personas más jóvenes, lo que es totalmente inexplicable, porque, en teoría, las personas a cierta edad podemos tener más problemas de salud que los más jóvenes”, señaló García Magarzo. También apuntó que el 70% de la plantilla de la distribución alimentaria es mujer y que se trata de una actividad comercial que sirve como primer empleo y acceso al mercado laboral. 

“Nuestro sector tiene una repercusión muy alta del coste laboral sobre el total de los precios que ponemos, porque la logística tiene que ser muy eficiente, para que no falte nunca ningún producto cuando abren las tiendas por la mañana. Eso lo hacen personas, que trabajan mucho, que madrugan muchísimo, que trabajan muchísimo y que son insustituibles, porque estamos en establecimientos en zonas de suelo muy caro, que no disponen de almacenamiento en las tiendas porque no podrían permitírselo desde el punto de vista del coste”, argumentó García Magarzo. “Cuando falta un trabajador, por razones en la mayor parte de las casos justificadas, a veces quizá no, eso supone una enorme presión sobre el conjunto de los trabajadores, sobre su rentabilidad y sobre los precios de los productos que pagan los consumidores”.

“Es cierto que, en nuestro sector, hay más trabajo físico, hay que mover mercancías”, reconoció el director general de Asedas. “Tenemos un peso de bajas por problemas musculoesqueléticos”, ahondó. “¿Por qué los servicios que ponen a disposición las mutuas, que pagan las empresas, no se utilizan mejor para que las pruebas diagnósticas y los tratamientos de recuperación permitan a personas que tienen problemas musculoesqueléticos, recuperar su salud antes, podrían ser 30 días antes que los que están cubiertos por un sistema de Seguridad Social que es una joya que tenemos que cuidar, pero que es muy vulnerable. Es un patrón que tenemos que cortar, porque va a peor”. 

Salud mental

Los datos que publica el Ministerio de Seguridad Social reflejan que las bajas de trabajadores por salud mental, en todos los sectores, se duplicaron entre 2016 y 2023 y ganaron peso sobre el total, como desglosó elDiario.es en este tema.

“Estamos tratando un problema multifactorial. El problema de salud mental es muy grave en España, no hay más que ver los ratios de ingresos hospitalarios. Pero quiero llamar la atención sobre que esa cantidad de factores que están convergiendo todos a la vez, la edad, las nuevas patologías, han hecho que esto se dispare de tal manera en los últimos años que, o lo abordamos todos de una forma seria, rápida y sistemática o cuando nos queramos dar cuenta nos vamos a encontrar una situación insostenible”, aseguró García Magarzo durante la presentación de los datos sobre bajas del sector.

Durante la presentación del mismo informe, Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, matizó que “la ausencia del trabajador al puesto de trabajo puede ser por muchas causas, no es lo mismo una baja materna que una baja injustificada”.

“Las estadísticas recientes son sorprendentes porque las incidencias que más crecen son las de menos de 15 días”, apuntó Santos. “En un sector como el vuestro”, en referencia a los supermercados, “donde hablas de mujeres y jóvenes” las causas de baja que más crecen son “los problemas musculoesqueléticos” y cuestiones relacionadas “con la ansiedad”. “Si lo ponemos en relación con el sistema. ¿Cuántos profesionales hay de la salud mental, tanto en el ámbito de la psicología como de la psiquiatría?”, se preguntó la responsable de CEOE. También afirmó que la gestión de los procesos por contingencia común de origen traumatológico pasarán a manos de las mutuas muy pronto y que el acuerdo está “muy avanzado”, entre el Ministerio de Seguridad Social y las Comunidades Autónomas. 

Según el informe presentado este jueves, las bajas por contingencia común debido a causas traumatológicas supusieron casi el 15% del total en 2024 y la duración de estas incapacidades temporales podría haber durado 30 días menos en caso de que las mutuas hubieran asistido a los trabajadores, por lo que calculan un ahorro para empresarios y cuentas públicas de más de 3.000 millones de euros. 

Santos también abogó por modificar o reducir los complementos que las empresas añaden a los de la Seguridad Social para completar el salario de los trabajadores en periodo de incapacidad temporal por contingencias comunes. “En los últimos años se vienen desplazando una serie de responsabilidades del Estado a las empresas, esto es una realidad, no hablo de este ámbito, hablo de otros”, matizó y puso como ejemplo los permisos climatológicos. “Si esto sigue así y no hay recursos y no se corrigen los procedimientos pues tendremos que pedir que los días que abonamos las empresas, directamente, pues se dejen de abonar porque este es un problema, principalmente de atención del sistema público, en el que concurren causas que tenemos que analizar y resolver, pero principalmente, del sistema público”, afirmó.

El próximo viernes, día 6 de diciembre, se celebrará el Día de la Constitución, una fecha que conmemora la votación a favor de la Constitución española que tuvo lugar en el año 1978 y que se encuentra aún vigente. Así, esta festividad se encuentra año tras año marcada en el calendario de muchos españoles, ya que permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.

La celebración está seguida de cerca por la del domingo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. La fecha en la que caigan cada año ambas festividades marcará el denominado Puente de la Constitución, uno de los fines de semana más largos para muchos trabajadores.

Este año, será festivo no laborable el próximo 6 de diciembre en toda España. Sin embargo, al caer en domingo el Día de la Inmaculada Concepción, solo las comunidades autónomas que hayan decidido pasar la festividad al lunes 9 de diciembre podrán disfrutar de una jornada no laborable adicional. Así, el lunes no habrá que ir a trabajar en Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Asturias, Murcia ni en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Pese a ambos días festivos, lo que significará el cierre de muchos comercios, varias tiendas han adoptado un horario especial para atender a los clientes durante el puente, aunque estos pueden variar entre comunidades autónomas y establecimientos. Estos son algunos de los horarios de los supermercados que abren durante el puente los días 6 y 8 de diciembre.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana Mercadona tiene una estricta política de cierre durante domingos y festivos, que mantendrá para este 'puente de la Constitución'. La gran superficie no abrirá ni el día 6 ni el 8 de diciembre, y tampoco lo hará el 9 de diciembre para aquellas comunidades autónomas donde es festivo.

En el resto de comunidades, Mercadona abrirá de manera usual el lunes 9 de diciembre tras el fin de semana, en las horas habituales, de 9.00 horas de la mañana a 21.30 horas de la noche. Aun así, es posible consultar el horario específico de cada tienda en la web oficial del supermercado.

Carrefour

Al contrario que con Mercadona, Carrefour permanecerá abierto este viernes 6 de diciembre con su horario habitual, de 10.00 horas de la mañana a 10.00 horas de la noche. Sin embargo, el conglomerado sí que cerrará en la gran mayoría de ciudades el domingo 8, Día de la Inmaculada Concepción, que además será el último domingo que el supermercado cierre en lo que queda de año.

Por otro lado, el lunes 9 de diciembre Carrefour abrirá como de costumbre en todas aquellas ciudades donde el día sea laborable, aunque también será posible acceder a él en varias de las comunidades autónomas donde es fiesta. Es posible buscar los horarios específicos de una tienda determinada en la web oficial de la empresa.

Lidl

La cadena alemana Lidl es un poco más laxa con sus fechas y horarios, ya que no todas las tiendas suelen seguir las mismas normas de apertura. Pese a que los establecimientos de la marca no suelen abrir los festivos y domingos, la disponibilidad variará en función de la ciudad donde se encuentre el establecimiento.

El viernes 6 de diciembre el horario se mantendrá en gran número de los supermercados Lidl, aunque algunos de ellos pasarán a abrir de 10.00 horas de la mañana a 22.00 horas de la tarde. Para cerciorarse de cuál es el horario en una de sus tiendas en particular, es recomendable revisar el buscador disponible en su web.

El Corte Inglés

Uno de los supermercados que permanecerá abierto a pesar de las festividades es El Corte Inglés, al cual será posible acceder en su horario habitual. El centro contará con una hora de apertura de entre las 9.00 y las 10.00 horas de la mañana y un cierre entre las 21.00 y las 22.00 horas de la noche, en función de la ciudad en la que esté ubicado.

De la misma manera, El Corte Inglés también abrirá el lunes día 9 con normalidad, por lo que el supermercado ofrecerá total disponibilidad a lo largo del puente. Para cerciorarte del horario de tu tienda más cercana, revisa tanto el buscador de El Corte Inglés como el de Supermercados Hipercor.

Aldi

Muchas de las tiendas de Aldi reducirán sus horarios de apertura a causa del puente. Sin embargo, otras tantas cerrarán de manera definitiva durante el próximo 6 de diciembre. Por lo general, es posible acceder al supermercado desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 21.30 horas de la noche, aunque puede que algunas tiendas abran solo hasta las 15.00 horas o que no lo hagan directamente.

Por ello, es recomendable acceder a la web oficial de Aldi en la que se detallan los horarios específicos para cada uno de sus supermercados y aquellos que permanecerán cerrados durante el puente.

Una vuelta a las costumbres previas a la pandemia. En los últimos años, la inflación ha cambiado los hábitos al hacer la compra. Por un lado, aumentando las veces que se va al súper, al hipermercado o a la tienda de barrio, con cestas más pequeñas que antes para tratar de gastar lo menos posible. Por otro, porque los consumidores han puesto bajo la lupa las ofertas para ir a un establecimiento u otro en función de los precios y de los descuentos. 

Sin embargo, la moderación de la inflación de los últimos meses ha comenzado a cambiar estos hábitos. “Estamos en un momento de más estabilidad. En estos ocho primeros meses hemos revertido lo de ir con más frecuencia”, explicaba este martes Bernardo Rodilla, responsable de Clientes de la consultora Kantar, al explicar a los medios las tendencias de consumo en lo que va de 2024. “Ahora vamos a menos tiendas”, lo que deriva en que “el 50% de las cadenas están perdiendo clientes frente a 2023”. Eso no significa que se vaya menos al súper, sino que se concentra todo en una sola cadena y ya no se trata tanto de pescar la mejor oferta. 

Esa tendencia también se traduce en que ha bajado mínimamente la compra en volumen, en un 0,7% –lo que también refleja que se come y cena más fuera de casa–, pero aún se sigue estirando el bolsillo, porque el gasto en alimentación, droguería y limpieza es casi un 2% superior al del verano de 2023. Cabe recordar que el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística sitúa la subida de precios en el 2,2%.

Que vayamos menos veces al súper o al mercado de abastos conlleva que las cadenas y las empresas “se peleen por retener” a los clientes, según el responsable de Kantar. La mitad de los consumidores no tiene una preferencia clara a la hora de ir a una cadena de distribución u otra; pero el otro 50% sí es fiel y va siempre al mismo establecimiento. “Respecto a 2019, estamos en una situación más compleja, porque hay más opciones. No se deja de abrir tiendas, hay cerca de 1.000 establecimientos más” que antes de la pandemia. 

La marca blanca frena su crecimiento

Hace tiempo que los españoles prefieren ir al supermercado, sobre todo al de barrio, que a otro tipo de tiendas de alimentación. De hecho, como contamos en este tema, las medianas superficies concentran la mitad de todas las compras, en gran medida, por el crecimiento de Mercadona en los últimos años y porque la marca blanca se ha convertido en un gancho para atraer consumidores, dado que generalmente es más barata.

Y ahí también hay cambios de tendencia. “La marca del distribuidor se frena, ya no crece en dos puntos porcentuales, sino uno”, desglosó Bernardo Rodilla. “Pero si vemos cuánto pesa, es solo en las cadenas más enfocadas a este tipo de marcas donde está creciendo”. Es decir, la marca blanca avanza sobre todo en las empresas que la han convertido en bandera, como Mercadona, Lidl o Aldi.

En conjunto, el 44,4% de todo lo que se compra en la gran distribución es marca blanca, cuando hace un año era el 43,1% y hace dos el 41%, según los datos que publica Kantar.

Esa es la media, porque en esas cadenas donde la apuesta por la marca propia es más fuerte, estos productos son más del 76% de todo lo que venden, aunque la consultora no desglosa el dato exacto por empresa.

En cambio, si se mira solo las cadenas de hipermercados –los locales de unos 5.000 metros cuadrados– la marca blanca es, de media, el 27% de lo que venden. Este último es un porcentaje similar a lo que ocurre en los supermercados donde la propuesta comercial no está tan ligada a los productos de sus enseñas propias, como los de los supermercados regionales (donde estarían Gadis, Consum, BM o los del grupo IFA). 

Mercadona sigue creciendo

Con estos cambios de hábitos, los datos de Kantar señalan que Mercadona sigue creciendo, un 0,9% en lo que va de año. Su cuota de mercado roza el 27%, lo que conlleva que más de una de cada cuatro compras en un supermercado se hace en un establecimiento de la enseña valenciana. Sin embargo, esta firma de análisis también percibe que la empresa presidida por Juan Roig da señales de que ya no avanza tan rápido como antes y que lo hace, sobre todo, en las zonas geográficas donde tiene menos presencia, como el norte de España.

Por detrás, las cadenas que más crecen son las del grupo IFA, donde están Ahorramás, Condis o Alimerka; seguida de Carrefour, Lidl o Aldi, como se resume en el siguiente gráfico.

Sobre la enseña francesa, Kantar apunta a que se ha reforzado en los alimentos frescos pero no en otras categorías y que su cuota de mercado en marca blanca, en la que ha reconocido que busca crecer, supera el 35%. Mientras, las dos grandes empresas alemanas, Aldi y Lidl, están reforzando su posicionamiento en el mercado a través del crecimiento de su red comercial y porque han conseguido que sus clientes sean más recurrentes y repitan más. 

Y sobre los súper regionales, Kantar justifica que han capitalizado mejor el trasvase de clientes desde las tiendas de barrio. Mientras, Dia pierde cuota (medio punto porcentual) respecto a hace un año, pero está revirtiendo esa tendencia tras la transformación de su red comercial y crece en lo que denomina “cesta de rutina”, es decir, las compras más habituales; y entre los hogares más senior.

Casi 100 euros más cada mes. La asfixiante inflación ha disparado un 24% el gasto que las familias dedica a comprar alimentos desde antes de la pandemia. El dinero que se dejan los hogares en los supermercados al mes alcanzó en 2023 el récord de 444 euros, en promedio, desde los 357 euros de 2019, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto nacional de estadística (INE), que se realiza desde 2006 y cuya última edición se ha publicado este jueves.

Solo el año pasado, el gasto en alimentos saltó un 6%, como se puede observar en el gráfico. Su peso en el gasto total de las familias —32.617 euros en el conjunto de 2023, un 3,8% más que en 2022— se ha estacando entre el 16% y el 17%, dos puntos por encima del 14% de los años previos al shock de la COVID. Es decir, de cada 10 euros que gastan las familias de media, actualmente algo más de 1,6 euros se queda en la caja registradora de los supermercados, las carnicerías, las fruterías o las pescaderías.

Los alimentos son la segunda “categoría” de consumo de la Encuesta de INE que más pesa en los presupuestos familiares. La primera tiene que ver con el otro gran grupo de gasto de primera necesidad: la vivienda y sus suministros (agua, electricidad, gas), que se eleva al 31,8% del total cada mes, tras crecer un 2% desde 2022. De nuevo, en promedio.

En Murcia y en Navarra, el gasto en alimentos supera la media nacional y roza los 500 euros al mes. Mientras, en Castilla-La Mancha y en Extramadura se queda por debajo de los 400 euros.

El dato más preocupante es el peso que suponen los alimentos para las familias que menos gastan. Exactamente, para el quinto de hogares de la parte baja, escala hasta el 21% del gasto total. Mientras que para el quinto de familias de la parte alta es solo un 12,4% de lo que gastan cada mes en total.

El propio INE destaca que “el 20% de los hogares con menor gasto (el primer quintil) dedicó el 63,5% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólica”. Es decir, de cada 100 euros, en 2023 solo les quedaron cada mes 36,5 euros para otros gastos, como la factura del teléfono, el ocio o el dentista.

“Los datos [de la misma EPF del INE] muestran cómo los sectores más pobres gastan una mayor parte de sus ingresos en bienes básicos como los alimentos, la electricidad y el gas, mientras que los ricos disparan la proporción de gasto en transporte, ocio y cultura y hoteles y restauración”, incide el equipo de expertos de CGT.

Hay que entender que cubrir las necesidades básicas tiene lo que la teoría económica define como una demanda inelástica, que no se reduce drásticamente aunque se disparen los precios, porque no se puede prescindir del pan o de la fruta sin pasar hambre, mientras que sí se puede dejar de comprar un televisor sin consecuencias vitales.

“¿Todo esto qué implica? Que dependiendo de en qué componentes se estén produciendo los mayores aumentos de precios, el IPC [Índice de Precios de Consumo, que también calcula el INE] será más o menos representativo de la pérdida de poder adquisitivo que experimenta la clase trabajadora y especialmente los sectores más empobrecidos de la misma”, continúan desde el sindicato anarcosindicalista.

“En el episodio inflacionario que estamos viviendo desde 2021, el crecimiento de precios fue impulsado inicialmente por la energía (electricidad, gas, combustibles…), y seguido por los alimentos, el transporte y la hostelería. Y aunque en la actualidad la inflación en la hostelería y el transporte (componentes más significativos en el consumo de las rentas altas) sigue teniendo mucho peso, el aumento del precio de los alimentos es mucho mayor. Todo esto apunta a que, en conjunto, la pérdida de poder adquisitivo de los más pobres es mayor de lo que indican las estadísticas generales, e incluso si sus salarios se igualaran al IPC, seguirían perdiendo poder adquisitivo”, concluyen.

Bajada del IVA

Lo que está claro es que el 'bolsillo' de los trabajadores cada vez sufre vez más en las incursiones al supermercado. Aunque la inflación de los alimentos se moderó al 4,4% en mayo (la tasa internanual llegó a dispararse al 16,6% en febrero de 2023), los precios no han parado de aumentar cada mes muy por encima de los salarios desde mediados de 2021.

La principal medida del Gobierno de coalición para aliviar el daño de la inflación en los supermercados a las familias, sobre todo a las más vulnerables, fue el recorte del IVA a los alimentos básicos desde principios de 2023. Esta bajada del impuesto caducaba a finales de este mes, pero el Ejecutivo ha decidido prorrogarla en el Consejo de Ministros de este martes, con un esfuerzo extraordinario para controlar el precio del aceite, totalmente desorbitado en esta crisis de inflación.

El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA desde el decreto anti crisis que se empezó a desplegar en enero de 2023, formará parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces) hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre pasarán al 2% de IVA, hasta final de año.

“Cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el aceite se quedará con el IVA reducido del 4%”, anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero ha reconocido que esta prórroga y la subida progresiva, a partir del 1 de octubre, combinan el mantenimiento de las medidas de alivio a la subida de precios que se pusieron en marcha con la guerra en Ucrania con la exigencia de la Comisión Europea de ir recuperando la fiscalidad previa a la invasión rusa de Ucrania.

La prórroga de la rebaja del IVA del 10% al 5% es ahora solo para “las pastas alimenticias” y los aceites de semilla hasta el final de septiembre. De ahí a diciembre, el IVA de estos productos será del 7,5%.

Otras medidas

Asimismo, se prorrogaron otras medidas del decreto anti crisis que decaída al final de este mes de junio, como la rebaja del IRPF para las familias con menos ingresos, exactamente para las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que beneficiará a las rentas hasta 22.000 euros brutos anuales.

“También extendemos el escudo social para los colectivos más vulnerables, que también se benefician de las medias anteriores”, ha añadido Montero. Este escudo social incluye la prohibición de cortes de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, hasta final de año, y la prórroga de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. 

Mientras, el IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos apunta a su regreso al valor reducido del 10% en julio, con el repunte en el precio del mercado mayorista de la electricidad por encima del listón de los 45 euros por megavatio hora (MWh) en este mes de junio, según contempla el primer decreto anti crisis, de 2021.

A estas medidas, se unen otras decisiones históricas del Gobierno de coalición para proteger las rentas de las familias como el aumento del SMI, la revalorización de las pensiones según el IPC, el diseño del IMV (Ingreso Mínimo Vital) y la financiación de los ERTE en la pandemia para evitar una destrucción masiva de empleos, junto al resto de medidas para controlar el encarecimiento de la energía.

El Banco de España ha señalado en un informe publicado este martes que los precios de los alimentos son los que han subido con más frecuencia desde 2021, cuando se inició la actual crisis de inflación por las tensiones de la salida de la pandemia, sin incluir al sector energético.

La institución ha analizado los “micro” datos de los cambios de precios en esta crisis de inflación de los establecimientos que venden productos y servicios que no son carburantes, gas, electricidad... La energía fue la primera que empezó a escalar y a escalar y su encarecimiento de exacerbó con la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, elevando los costes de las empresas y asfixiando a las familias.

En este proceso, “por sectores, fue en los alimentos, en especial en los elaborados, donde la frecuencia de subidas de precios aumentó con mayor intensidad [hasta 2023]”, recalca el Banco de España.

“Esta también se incrementó en el sector de bienes industriales no energéticos, pero de forma más moderada y más transitoria, ya que a partir del tercer trimestre de 2022 dicha frecuencia se situó cerca de los niveles previos al repunte de la inflación. Por su parte, los servicios también experimentaron un aumento de la frecuencia de subidas de precios, si bien en mucha menor medida que el resto de los sectores”, añade el informe.

Esta investigación, realizada con datos del INE, que es organismo encargado de calcular cada mes el IPC (Índice de Precios de Consumo), reitera la conclusión que ya se ha extraído de otras fuentes: las grandes empresas de alimentación (tanto de la agricultura, la industria o la distribución) se situán entre las que más han aprovechado la crisis de inflación para obtener más beneficios.

En enero de este 2024, los alimentos se encarecieron un 7,4% frente al mismo mes de 2023, desde el 7,3% de diciembre. Aún así, la inflación en los supermercados y en las tiendas se ha reducido más de la mitad desde el máximo del 16,6% alcanzado en febrero del pasado año.

El precio del aceite de oliva siguió escalando en enero a un ritmo asfixiante. En el conjunto de 2023, el 'oro' líquido, más oro que nunca, subió un 44,45%. En enero dio un salto del 62,9% frente al mismo mes del año pasado. Asimismo, en las estanterías de los 'súper' destacan los encarecimientos interanuales de más del 10% de las frutas, de las legumbres, de las patatas...

Inflación del 3,5% de media en 2023

Restaurantes, bares y el aceite oliva fueron los principales responsables de la inflación del 3,5% (de media) de 2023. En 2022, la inflación fue del 8,4%. La bajada de un ejercicio a otro se explica precisamente por el abaratamiento de los precios de la energía. La electricidad, el gas o los carburantes empezaron a escalar en 2021, cuando el IPC promedio fue del 3,1%. Después, esta escalada se exacerbó con la invasión rusa de Ucrania y contagió al resto de productos y servicios, al elevar los costes de las empresas, que los han ido trasladando en mayor o menor medida a sus precios de venta.

Las previsiones apuntan a que en 2024 la inflación se mantendrá en el 3,5%, y a que se normalizará por fin en 2025. El estancamiento que se espera para este año que acaba de comenzar tiene que ver, de nuevo, con que ya no habrá el efecto escalón que hubo con los precios de la energía en 2023, tras las fuertes subidas de 2022. También está relacionado con la retirada progresiva de las medidas de alivio para cumplir con el objetivo de reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) al 3%.

En esta última “milla” –según el lenguaje de la política monetaria– de la crisis de inflación, las subidas de precios se han concentrado en unos pocos sectores en nuestro país. En esta situación, la estrategia de “domar la inflación” –según la misma jerga económica– con los incrementos de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) está puesta en cuestión. De momento, la institución se niega a revertir la política de lanzallamas, que consiste en ahogar a familias, empresas y a los Estados para provocar una crisis y moderar así la inflación.

Tres meses y cuatro días de huelga después, la multinacional de supermercados Lidl ha aceptado sentarse a negociar con los trabajadores de su planta logística en Narón (A Coruña), que abastece a todo el noroeste peninsular. Los empleados protestan por el exceso de horas extra y otros incumplimientos del convenio colectivo, pero la empresa solo ha aceptado escucharles tras la mediación de la Xunta de Galicia. El lunes 22 de mayo, el paro indefinido queda suspendido -“no desconvocado”, advierten fuentes del comité- y habrá reunión entre las partes ese mismo día.

El conflicto se había enquistado ante la negativa de la compañía a escuchar las demandas laborales. Los empleados, unos 150, denunciaban la sobrecarga de trabajo, limitada por ley a 80 horas anuales pero ampliamente excedida. De hecho, el Gobierno gallego abrió un expediente sancionador contra Lidl por las horas extra de más de siete asalariados del centro logístico de Narón. Consultada por este periódico, la multinacional explicó que el pasado año se firmó un convenio colectivo que “garantiza una subida salarial mínima del 18% en sus cuatro años de vigencia, que puede llegar hasta el 19% en función de la evolución del IPC”. Lo que demandan los empleados es precisamente su cumplimiento en lo referente a horarios.

“Nosotros vamos con buena fe. Esperemos que la empresa vaya en serio y no se trate de una artimaña”, señalan desde el comité de empresa. Todavía recuerdan la estrategia de Lidl de desviar carga de trabajo a otros centros logísticos, lo que le valió a la empresa una sentencia en contra del Juzgado nº 2 de lo Social de Ferrol por vulneración del derecho de huelga. Además, deberá indemnizar a la CIG -sindicato mayoritario en la planta de Narón- con 25.000 euros. Lidl, que en su último ejercicio registró récord de beneficios en España con 192 millones de euros, ha anunciado que recurrirá el dictamen. En respuesta a una petición de valoración de elDiario.es, asegura que “siempre ha abogado por el diálogo y soluciones pactadas” y que la solución “aceptada por el comité” es la misma que ofreció “en febrero”.

El Juzgado de los Social número 2 de Ferrol ha dado la razón a los trabajadores de la planta logística de Lidl en Narón y ha condenado a la empresa por vulnerar su derecho a huelga. En concreto, el magistrado ha estimado la parte de la demanda presentada por la CIG en la que denunciaba el desvío a otros centros de la carga de trabajo que asumía el de Narón. La empresa, que deberá abonar 25.000 euros a la CIG y “cesar en la conducta infractora”, considera que el dictamen no se ajusta a derecho y anuncia que lo recurrirá. Los operarios de Lidl, unos 150, llevan casi tres meses de paro indefinido, desde el 14 de febrero.

El exceso de horas extra -superaron las 80 anuales que marca la ley, según la parte sindical- es el núcleo de la protesta laboral. Consultada hace un mes por este periódico, la compañía no entraba en las demandas de los trabajadores y se limitaba a recordar que el pasado año se firmó un convenio a nivel español que “garantiza una subida salarial mínima del 18& en cuatro años de vigencia”. El conflicto de la logística de Narón provocó incluso la mediación de la Xunta de Galicia, pero fracasó y terminó “sin acuerdo entre las partes”. El Gobierno gallego ha abierto, sin embargo, un expediente a Lidl por las horas extra de por lo menos siete asalariados.

El último ejercicio computado por Lidl, 2021-2022, registró un récord de 192 millones de euros de beneficio en España, donde se instaló hace 25 años y tiene 650 súper y 11 plataformas logísticas. La auditora KPMG afeó a la cadena de distribución alimentaria de origen alemán la opacidad respecto de los salarios de su cúpula directiva.

El conflicto se ha enquistado en el centro logístico de Lidl para el noroeste peninsular. Hace dos meses que los trabajadores de esta planta ubicada en Narón (A Coruña) secundan una huelga en protesta por lo que entienden incumplimiento del convenio colectivo y la sobrecarga de trabajo. “La dirección no se quiere sentar. No ha habido ningún acercamiento”, aseguran fuentes del comité de empresa. Esta asegura “ante todo respetar el derecho de los empleados y empleadas a manifestarse”, pero lo cierto es que el sindicato CIG ha llevado a la cadena de supermercados a juicio por vulnerar el derecho al paro de los trabajadores. Hasta la Xunta de Galicia ha intervenido y abierto un expediente sancionador a la compañía por hacer trabajar de más a siete operarios. Lidl es una de las cadenas de supermercados que más beneficios ha obtenido en España en unos tiempos en los que las cadenas de supermercados, debido sobre todo a la inflación en el precio de los alimentos, están obteniendo enormes beneficios.

Entre 2020 y 2022, las horas extra de miembros de la plantilla de Narón -unos 150 trabajadores- superaron las 80 anuales que marca la ley, asegura la parte sindical. Lidl, en comunicación con elDiario.es, no se ha manifestado sobre el particular, núcleo de las reclamaciones de los huelguistas. Se ha limitado a recordar que el convenio colectivo, el tercero de la firma en España, se firmó el año pasado y que “garantiza una subida salarial mínima del 18% en sus cuatro años de vigencia, que puede llegar hasta el 19% en función de la evolución del IPC”. Y califica a la CIG, que detenta la presidencia y la secretaría de la representación laboral en el almacén de logística que abastece a 53 tiendas en Galicia y parte de Asturias y León, “de sindicato minoritario”, aunque se refiere “a nivel nacional”. “Es un copia y pega que la empresa envía a todo el mundo”, replica la parte sindical, que aclara que no responde a los planteamientos de su protesta.

Esta añade además que el exceso de horas extra es solo uno de los problemas. “Se hacen jornadas diarias de más de nueve horas o el personal temporal hace horas complementarias voluntarias o festivos programados, lo que es ilegal”, asegura, “la empresa dice que lo que pedimos es imposible pero no siquiera se han sentado a hablar”. La Xunta de Galicia ha intervenido en la situación. La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, afirmó en sede parlamentaria que su departamento había intentado mediar “pero terminó sin acuerdo entre las partes”. También reveló que había abierto un expediente sancionador contra Lidl por causa precisamente de lo que denuncia el personal de Narón: las horas extra de más de siete asalariados de la planta de logística.

Récord de beneficios

Los trabajadores iniciaron así su huelga el pasado 14 de febrero. Pese a haber transcurrido dos meses, los supermercados gallegos, asturianos y leoneses a los que el almacén proporciona insumos no parecen desabastecidos. El comité señala la presencia de “esquiroles” desde las primeras semanas y dice que ahora la dirección de la compañía llena los estantes de los establecimientos desde los otros centros de logística de Lidl, en Euskadi y Madrid. La CIG ha denunciado la situación en los tribunales. El juicio por vulneración del derecho a huelga se celebró el 28 de marzo.

El último ejercicio computado por Lidl, 2021-2022, registró un récord de 192 millones de euros de beneficio en España, donde se instaló hace 25 años y tiene 650 súper y 11 plataformas logísticas. La auditora KPMG afeó a la cadena de distribución alimentaria de origen alemán la opacidad respecto de los salarios de su cúpula directiva.

La junta directiva de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), en la que están empresas como Mercadona, Lidl o Dia, ha nombrado al exdiputado de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, como nuevo presidente de la organización. Sustituirá en el cargo al abogado Antonio Garrigues, que asumirá la presidencia de honor de esta patronal, según ha indicado esta a través de un comunicado.

Asedas explica el nombramiento por la “gran trayectoria personal y profesional de Josep Antoni Duran i Lleida”. “Tras años de ejercer importantes responsabilidades políticas en los ámbitos local, autonómico, estatal y europeo, entre los que destaca su labor parlamentaria e internacional”, argumenta esta patronal.

“Va a aportar a la defensa de intereses tan amplios como los que representan las empresas de Asedas una experiencia y visión que les ayudará a seguir sirviendo a la sociedad en base a los valores que comparten, entre los que destacan el diálogo y la búsqueda del consenso”, justifica.

“Grave crisis multifactorial”

Un nombramiento que llega en “un momento de cambio condicionado, además, por la grave crisis multifactorial que estamos viviendo”, señala. Un momento donde la distribución alimentaria está en el foco, por los altos precios de los alimentos.

En ese mismo comunicado, Asedas asegura que Duran i Lleida “ha valorado la importancia de la distribución alimentaria de proximidad” y que “la intensa actividad legislativa que en el ámbito autonómico, nacional y europeo” que “se está desarrollando en torno al sector –que abarca, entre otros, asuntos como la economía circular, el consumo o las relaciones comerciales- constituye, así mismo, un aspecto de interés en el que el nuevo presidente de Asedas espera poder reforzar al máximo la labor de la asociación”.

En paralelo, el director general de esta patronal, Ignacio García Magarzo, señala que los empresarios de la asociación “han valorado la implicación de Josep Antoni Durán i Lleida con los desafíos legislativos, económicos y sociales que el sector tiene por delante”. Además, destaca su “talante conciliador y dialogante”.

Duran i Lleida sustituye en el cargo al abogado Antonio Garrigues Walker, que ha estado en ese puesto los últimos cuatro años. A partir de ahora, este será presidente de honor de esta asociación.

Las organizaciones de agricultores y ganaderos UPA y COAG denuncian que varias cadenas de supermercados, donde citan a Lidl y Dia, venden patata extranjera como si fuera española. También, “utilizan, presuntamente, nombres de variedades de patata que no se corresponden con la realidad”, según asegura UPA a través de un comunicado.

Por ello, afirman, han instado al Ministerio de Consumo, a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura; y a la Dirección General de Consumo de la Junta de Castilla y León a que “actúen de forma inmediata y lleven a cabo las acciones pertinentes para abrir expedientes y sancionar” a quienes desarrollen estas prácticas.

Patata de origen francés

La Unión de Pequeños Agricultores asegura que se trata de patata de origen francés y que no es la primera vez que detecta este tipo de prácticas que pueden resultar engañosas para los consumidores.

En concreto, explica UPA, “es habitual que cada año en nuestro país la patata vieja francesa inunde el mercado español, y que una parte del sector de la distribución la comercializa como patata nueva y, en determinadas fechas, como patata lavada, confundiendo a los consumidores”.

Además, esta organización de agricultores y ganaderos asegura que, “en realidad, se trata de patatas más económicas pero con una peor calidad nutricional y organoléptica, llevando a la confusión de los consumidores y consumidoras españoles”.

Dia afirma que es información falsa

A la denuncia de las asociaciones de agricultores, fuentes de Dia aseguran que es una información “falsa”. “Sobre la denuncia realizada por las organizaciones de agricultores y ganaderos UPA y COAG en Castilla y León en la que se señala a Dia por presunto fraude en la venta de patatas de conservación como patata nueva, la compañía quiere señalar que esta información es falsa”, explican.

“Dia no tiene en su surtido actual patata nueva. Las referencias de patata disponibles en nuestras tiendas son patata de conservación y, como refleja su etiqueta, se vende como tal, tanto en los formatos de venta a granel como en mallas”, indican las citadas fuentes.

Además, añaden que “ninguno” de los “proveedores actuales” de la cadena de supermercados “nos están suministrando patata nueva, solo patata conservada, como consta correctamente en su etiqueta”.

Por su parte, Lidl asegura a elDiario.es que la compañía trabaja “para garantizar la trazabilidad de nuestros productos y, en este sentido, desmentimos que estemos vendiendo patata de conservación de origen francés como patata nueva nacional”. “Actualmente, nuestros clientes pueden encontrar ambos tipos de patatas en nuestras tiendas, donde se indica en cada caso su procedencia a través de la cartelería, y en folleto”, indica desde la empresa alemana.

El Gobierno, los grandes grupos de la distribución y, este mismo viernes, un informe de la Comisión Europea defienden que los precios de los supermercados están recogiendo la bajada del IVA a los alimentos básicos desde el 1 de enero. Fuentes conocedoras y el análisis de los datos del IPC (Índice de Precios de Consumo) y los publicados por el Ministerio de Agricultura, junto a la caída de costes como la electricidad y a la contención de los salarios en el sector, apuntan a que las fuertes subidas del cierre de 2022 facilitan que, efectivamente, este mes se note la reducción de impuestos.

Las subidas de precios en los supermercados son el principal problema económico de las familias en España actualmente. La inflación en el carrito de la compra no ha parado de acelerar en los últimos meses, en los que el IPC general sí se ha moderado, hasta ser el más contenido de toda la eurozona. Principalmente, por la bajada de la factura de luz y de los carburantes gracias a medidas como el tope al gas y a menores presiones en los mercados internacionales, totalmente distorsionados tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero del año pasado.

El subíndice que mide la evolución de los precios de la alimentación dentro del IPC escaló un 15,7% en diciembre, respecto al mismo mes de 2021 (10 puntos más que el IPC general), tras hacerlo otro 15,3% en noviembre, también en términos interanuales. En respuesta, el Gobierno aprobó la bajada del IVA del pan, harina, leche, huevos, queso, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales (del 4% al 0%) y de los aceites de oliva y de semillas y de las pastas (del 10% al 5%).

Con estos alimentos como referencia y según los datos del IPC que calcula el INE, si se comparan las variaciones mensuales de los precios en diciembre de 2022 respecto a diciembre de 2021, se observan subidas mucho más destacadas en 2022 que en 2021 en el aceite de oliva, arroz, leche, huevos, queso, patatas, pan, cereales de desayuno o en algunas legumbres u hortalizas. Hay otros alimentos afectados por la bajada del IVA que no presentan estos saltos extraordinarios de diciembre a noviembre respecto al del año anterior. Además, hay que tener en cuenta que estos periodos están marcados por la fuerte demanda de la campaña navideña.

Eso sí, las diferencias de hasta siete puntos en el aceite de oliva, o de cerca de cinco puntos en la leche y en el arroz entre los incrementos de 2022 y de 2021 no se pueden explicar intuitivamente por las subidas de los costes. En diciembre de 2021, la electricidad se disparó un 72% respecto al mismo mes del año anterior. En diciembre de 2022, cayó un 30,8%.

Por otra parte, en todo el pasado ejercicio, los salarios del sector del comercio apenas se elevaron un 2,62%, según lo reflejado en la actualización de los convenios que recoge el Ministerio de Trabajo. Mientras, informes como el publicado recientemente por el gabinete económico de CCOO señalan una mejora de los márgenes (la capacidad de convertir en beneficios los ingresos totales) en este mismo sector del 9,5% a cierre del tercer trimestre de 2022. Esto implica un traslado de la mayor parte del aumento de los costes a los precios finales de venta.

Dentro de la cadena de producción, esta cesta de alimentos básicos está bajo la lupa desde el 1 de enero. De hecho, el Ministerio de Agricultura, junto con el de Asuntos Económicos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) están analizando y reforzando los instrumentos para garantizar que la bajada de impuestos llega a los precios del carrito de la compra.

El Gobierno se decantó por bajar el IVA de productos básicos después de que, en septiembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, plantease en elDiario.es que los supermercados pusieran a disposición de los consumidores una “cesta equilibrada y sana” a precios económicos para aliviar la presión inflacionista. De hecho, Díaz se reunió con las principales asociaciones del sector de los supermercados y de la gran distribución donde estas reclamaron que el alivio llegase a través de una rebaja de impuestos, como finalmente acabó sucediendo tres meses después. 

Tras la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos sobre estos productos esenciales, los distribuidores han asegurado públicamente que se comprometen a repercutir esa bajada, que es lo que supervisará el Gobierno. De momento, en cambio, no se habla de reducción de precios, a tenor de los últimos datos de IPC de diciembre. Fuentes del sector aseguran que los costes de producción siguen muy altos, tanto de energía como carburantes y materias primas. También, que “las causas del incremento de costes siguen presentes a lo largo de la cadena”.

Los datos de Agricultura

Para tomar el pulso a la cesta de la compra no solo está el IPC que elabora mensualmente el INE. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también analiza cómo evolucionan los precios de los alimentos en un escalón previo, antes de que lleguen a las tiendas donde los adquieren los consumidores. Pero son análisis diferentes, porque no son exactamente los mismos productos y variedades, lo que dificulta una comparativa plena.

En este caso, se trata de los precios medios nacionales, indicadores semanales que tienen en cuenta los productos agrarios más relevantes y que se obtienen a través de las cotizaciones registradas en los mercados -mayoristas- de mayor representatividad a nivel nacional. Por ejemplo, el precio de los cereales se mide aquí a la salida del almacén o de la industria transformadora, el aceite cuando sale de la almazara y el vino cuando sale de la bodega. 

En ese análisis semanal de precios dentro de la cadena, también se ve claramente que hay alimentos que en la recta final del año empezaron a tomar oxígeno y bajar. Algunos de ellos, como el trigo, se dispararon desde el segundo trimestre del año como consecuencia de la guerra en Ucrania. Este país es uno de los primeros exportadores mundiales de esta materia prima, lo que provocó tensiones en diferentes eslabones de la industria alimentaria.

En esa medición de precios dentro de la cadena de producción, el trigo duro panificable alcanzó su techo a la salida de almacén y entrada en la industria transformadora el pasado 31 de octubre. Entonces, rozó los 374 euros por tonelada. Desde ese día, comenzó a bajar en ese eslabón intermedio y cerró el año en 330,5 euros/tonelada. Una caída que también ha vivido el trigo duro, que entre esas mismas fechas pasó de 498 euros por tonelada a 455,3, u otros cereales, como la cebada o el maíz. Una relajación que no ha llegado a otros productos, como la mayoría de variedades de arroz. 

El análisis de precios medios que publica el Ministerio de Agricultura indica que los dos productos lácteos que mide también comenzaron a bajar en esos escalones intermedios de la cadena de la producción y la cadena alimentaria. El 23 de octubre, el suero de leche en polvo alcanzó los 105,2 euros por cada 100 kilos. Este producto, que se emplea para bebidas, dulces o productos de carne procesada, cerró el año en 91,8 euros por 100 kilogramos.

La mantequilla fue uno de los alimentos que encareció todas las cestas de las compra del pasado año. Sin embargo, en esa cadena intermedia, la variedad sin sal en bloques, que es como la publica el Ministerio, estaba en 678,6 euros por cada 100 kilogramos a finales de noviembre. Acabó diciembre de 2022 en 641,8 euros.

Otros productos no han dejado de subir antes de llegar al súper o a la tienda de barrio. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen, de entre 0,8 y 2 grados, o el virgen extra. Algunos tipos de manzana y de naranja se estabilizaron o, incluso, bajaron ligeramente en la recta final de año. Lo mismo ocurrió con la lechuga romana o la escarola, según esos precios medio nacionales. En cambio, otros vegetales como las espinacas o los champiñones, siguen subiendo.

El Ministerio de Agricultura también ha publicado la evolución de esos precios medios nacionales en las dos primeras semanas de 2023, lo que indican cómo están evolucionando sus cotizaciones en esos mercados mayoristas. Ahí, de nuevo, se siguen viendo subidas en productos como el tomate cereza o el redondo, con repuntes semanales de más de 15 euros por cada 100 kilogramos, pero también hay bajadas.

En la segunda semana de enero, comparada con la primera, se ven pasos atrás en las fresas, los calabacines (que caen 22,7 euros por cada 100 kilos), las berenjenas, el aguacate, las peras conferencia, limones, aceite de girasol y, esta vez, también en el aceite de oliva virgen, aunque está por ver si se trata de algo puntual o de un cambio de tendencia porque la cosecha no haya sido tan mala como se esperaba. 

La última propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre limitar el precio de una “cesta equilibrada y sana” de alimentos, que adelantó a elDiario en una entrevista publicada este lunes, ha provocado recelo y oposición en el sector de la distribución y división de opiniones en el Gobierno.

El Ministerio de Agricultura de Luis Planas se posicionó previamente (y se mantiene) en contra, al igual que otras carteras del PSOE. En el otro lado de la coalición, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón está incluido en el grupo de trabajo para negociar este nuevo tope, que pretende aliviar el daño a las familias y a los productores de la actual crisis de inflación, con origen en el incremento de los precios de la energía y exacerbada por la invasión rusa de Ucrania.

Las patronales de los supermercados y del resto de empresas que se dedican a distribuir alimentos niegan que tuvieran información previa sobre este anuncio. Y, aunque admiten que la subida del aceite, el pan, la leche o los huevos es un problema grave, consideran que sería más oportuno una medida como reducir el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de estos productos.

Planas: “No se pueden fijar precios”

Un día antes de publicarse la entrevista a Yolanda Díaz (el domingo), Luis Planas aseguró, en declaraciones ofrecidas a Europa Press, que la intervención de precios es una “medida excepcional” que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es. Desde el Ministerio de Agricultura, este lunes, se ceñían a esta postura, según confirmó elDiario. Otras fuentes del Gobierno consultadas sostienen que desconocían la propuesta.

En una entrevista en la cadena Cuatro, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, descartó la propuesta de la vicepresidenta segunda al señalar que las líneas de la política del Ejecutivo van en otro sentido. “Estamos en un libre mercado, pero las medidas del Gobierno van en otra dirección. Entiendo que la vicepresidenta segunda esté profundizando en este planteamiento, pero hoy la fortaleza del gobierno es otra: reforzar el poder adquisitivo y ayudar a los sectores productivos para hacerse cargo del incremento de los costes”, apuntó Rodríguez.

Mientras, Yolanda Díaz reiteraba este mismo lunes que “la alimentación está siendo un enorme problema para nuestro país, para la ciudadanía y para los productores”, y que no pretende una ley sino “un acuerdo”, que no vulnerará la competencia, con las distribuidoras y los consumidores para “determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios”.

La inflación de los alimentos, según incidió, “está siendo un problema para el consumidor porque pierde poder adquisitivo, y tiene dificultades para comer saludablemente. Y para el productor porque está vendiendo sus naranjas a 15 céntimos y nosotros las compramos a 1,40 euros, o igualmente ocurre con las patatas...”, con el coste del transporte y la energía disparados.

“Ya hay, por ejemplo, precio máximo para la bombona de butano, porque es un momento excepcional, estamos en guerra”, añadió la vicepresidenta segunda.

Los alimentos está sufriendo una fuerte variación entre el precio al que los productores venden sus productos a las empresas de distribución y lo que tienen que pagar los consumidores cuando esos productos son vendidos en los lineales de los supermercados. La asociación agraria COAG hace un seguimiento mensual de esta variación de precios. Según sus datos del mes de junio, la diferencia entre el precio al que vende el agricultor y al que vende el supermercado fue del 575% en la patata, del 887% en la naranja o del 749% en el caso del ajo, entre otros productos (ver gráfico).

Por su parte, fuentes del Ministerio de Consumo compartieron que la propuesta es “fundamental”, y que estaba hablada previamente con Yolanda Díaz, así como que Alberto Garzón tendrá un papel activo en el “acuerdo” sobre la “cesta básica y saludable, pero no se trata de señalar productos unidireccionalmente desde el Gobierno sino de acordarlos con las empresas”.

“Un Gobierno progresista tiene la necesidad de proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, y la crisis no pueden pagarla los mismos de siempre cuando las grandes empresas de este país, especialmente las energéticas, siguen obteniendo beneficios multimillonarios extraordinarios”, explican en Consumo.

“Sería una gran ayuda a las familias que se pueda alcanzar un acuerdo entre las grandes empresas de distribución y el sector primario que conduzca a que una cesta de consumo de productos básicos tenga los precios limitados. Sin duda, esa medida no agotaría el rango de otras medidas posibles para cumplir el objetivo de frenar la pérdida de poder adquisitivo”, añaden.

Mucho más reticente, la portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, se negó a hacer una valoración y aseguró que en el PSOE son “plenamente conscientes” del aumento de costes que deben afrontar los productores, ante el encarecimiento de fertilizantes, la energía o los piensos. Y apuntó que “desde el primer momento” se han aprobado “medidas para contener el elevado aumento de los costes”, y señaló el descuento de 20 céntimos por litro en el carburante o la rebaja al 5% del IVA aplicado a la luz, extendida ahora al gas, así como otros impuestos asociados a la electricidad. También el paquete de ayudas a la ganadería incluidos en los planes de respuesta económica a la guerra de Ucrania -169 millones de euros para los ganaderos lácteos y otros 193 millones a la ganadería cárnica- y la reciente aprobación de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria.

Por su parte, en Podemos recuerdan que ellos ya propusieron un impuesto específico a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas de alimentación, una medida que consideran más efectiva que el acuerdo para la limitación de precios que defiende Yolanda Díaz. “Desde Podemos ya propusimos en su día crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de alimentación y distribución para ayudar a las familias a afrontar la cesta de la compra con lo recaudado”, recordó Pablo Fernández, el portavoz de la formación morada. Fernández dijo que es “loable” que el Gobierno intente llegar a acuerdos, aunque recalcó que lo que tiene que hacer es “tomar decisiones”, informa José Enrique Monrosi. 

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación, el portavoz calificó la propuesta planteada por la vicepresidenta como “sensata”, aunque evitó respaldarla explícitamente tras admitir que la considera poco realista. “Sería complejo llegar a un acuerdo con las grandes empresas para que las mismas se rebajen los beneficios. Es el Gobierno quien tiene que marcar las prioridades y desde Podemos nuestra prioridad es el apoyo a las familias y creemos que la solución más adecuada es ese impuesto extraordinario”, apuntó. 

“Dudamos que lo comparta la CNMC”

Desde la patronal Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), que reúne a Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés, reducen la propuesta a una valoración personal de la vicepresidenta. “No sabemos hasta que punto es un opinión que comparte el resto del Gobierno, ni si lo comparte la CNMC [Comisión Nacional del Mercado y la Competencia]”, sospechaban este lunes. En Aces (Asociación de supermercados), que suman a los grupos anteriores a Eroski, prefieren no hacer comentarios sobre la propuesta de la vicepresidenta.

Por su lado, en Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), cuyos asociados son DIA, Ahorra Más, Condis, Covirán, Lidl o Mercadona, reconocen que vienen alertando de su preocupación por los precios desde enero, y defienden su propuesta de reducir el IVA de los alimentos en los que hay margen para hacerlo, del 21% al 10% o del 10% al 4%, “ya que la inflación provoca que se recaude más”, al aumentar el impuesto con la subida del precio.

“La inflación obedece a causas sobradamente conocidas”, lamentan Asedas, y enumeran el impacto de la guerra en “las materias primas importadas (cereales, fertilizantes...), en los carburantes y en la energía en general”, aunque defienden que el IPC (Índice de precios de consumo) de la alimentación “demuestra el esfuerzo de contención [de trasladar este incremento de los costes a los precios finales de los productos] que ha hecho el sector”.

Desde abril hasta julio, último dato del IPC conocido en detalle, el crecimiento de los precios de los alimentos ha superado cada mes la inflación general. En abril, el IPC de la alimentación saltó al 10,1% interanual, un ritmo que desde entonces no ha parado de elevarse hasta el 13,5% de julio, siempre frente al mismo del año pasado, y cuando la inflación media se quedó en el 10,8%.

Esta aceleración es mucho más moderada que la del IPC de la energía, totalmente disparado. Y, en el mismo sentido, cabe destacar que el mayor salto mensual fue en abril, de 3,4 puntos, y que desde entonces ha desacelerado hasta aumentar solo un 0,3% en julio.

“Estamos dispuestos a sentarnos a hablar”

“La huelga de transportes [a finales de febrero] impactó gravemente”, recuerdan en Asedas, quien insiste en que, “como reconoce Planas, todo el sector se está comportando de forma responsable” y considera que la “intervención de precios no tiene sentido”.

“Estamos dispuestos a sentarnos a hablar, pero no teníamos noticias de esta propuesta y el Ministerio de Agricultura está admitiendo que la cadena de suministro está funcionando, y la enorme competencia garantiza que los precios se forman de forma eficiente”, continúan desde este patronal, que defiende que es “una industria tremendamente responsable, lo que se demostró en la pandemia”.