El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado la campaña contra las agresiones sexistas para las Fiestas del Pilar de 2026, que recupera el lema del 'No es no' y desplegará siete 'Espacios seguros' en las zonas de mayor concentración de público. Estos recursos sustituyen a los anteriores puntos violeta, eliminados por imposición de Vox.

Los nuevos 'Espacios Seguros' mantienen entre sus funciones la prevención y atención ante agresiones sexistas y violencia sexual, pero, a diferencia de los antiguos puntos violeta, dejan de estar específicamente dedicados a la violencia machista e incorporan otras situaciones, como las violencias relacionadas con la identidad o los riesgos asociados al consumo de sustancias, las relaciones sexuales y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha defendido la continuidad de una campaña iniciada en 2021 y que, según ha señalado, ya es reconocible para la ciudadanía. Este año utiliza el formato de un concurso televisivo en el que un joven debe responder qué hacer cuando una mujer le dice que no quiere que la acompañe. La respuesta: “Respetar su no”. El mensaje se difundirá desde este martes en mupis, autobuses, redes sociales y antes de los conciertos.

Los siete 'Espacios seguros' estarán instalados en la plaza del Pilar, Recinto Ferial, Espacio Zity, Estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light y la zona de foodtrucks del parque San Pablo, con un total de 186,5 horas de atención.

La estrategia municipal se completa con el protocolo contra las agresiones sexistas en espacios de ocio y deportivos, al que están adheridos 146 establecimientos, y el programa 'Taxi seguro'. También se han organizado cuatro sesiones de defensa personal en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

PSOE y ZeC reclaman recuperar los Puntos Violeta

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha respaldado el mensaje de la campaña 'No es No', pero ha reprochado al Gobierno de Natalia Chueca que no lo acompañe de recursos específicos para proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Ranera ha situado como ejemplos la eliminación de los Puntos Violeta, sustituidos por los nuevos “Espacios Seguros”, y el retraso de Zaragoza en incorporarse plenamente al sistema Viogén.

A su juicio, los Puntos Violeta, impulsados desde el Ministerio de Igualdad, tenían una función clara: identificar un espacio de atención y acompañamiento para las mujeres que pudieran sufrir una agresión. “No era una cuestión estética ni de colores. Era una forma de decir alto y claro que la violencia machista existe y que las mujeres tienen derecho a recibir una atención específica”.

La socialista considera “muy preocupante” que la violencia machista se diluya ahora junto a otras situaciones bajo una denominación genérica y ha reclamado recuperar estos dispositivos específicos.

También la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha reclamado su recuperación, y ha destacado en su crítica que el cambio no supone, según sus datos, una ampliación de recursos. En 2024 hubo ocho Puntos Violeta y 225 horas de atención, mientras que para estas fiestas se anuncian siete Espacios Seguros y 186,5 horas. “No estamos hablando de ampliar recursos, sino de reducirlos con menos espacios y menos horas de atención”.

Tomás ha cuestionado además que bajo estos nuevos espacios se agrupen las agresiones sexistas con cuestiones como el consumo de alcohol y drogas o la conducción. “Todo puede ser importante”, ha señalado, pero considera que al integrarlo en un mismo dispositivo la violencia machista pierde un recurso “propio, reconocible y específicamente identificado para las mujeres”.

“Necesitamos nombrar la violencia machista, prevenirla y garantizar espacios especializados donde las mujeres sepan que pueden acudir y encontrar apoyo”, ha concluido.

Menos violeta pero más accesible

Las Fiestas del Pilar estrenarán este año un Punto Accesible en la plaza del Pilar para facilitar a las personas con discapacidad el disfrute de los conciertos. El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha esta experiencia piloto durante las actuaciones musicales de los días 10, 11, 12 y 14 de octubre.

El espacio ofrecerá información y atención personalizada en castellano, inglés y lengua de signos española, además de diferentes recursos adaptados. Entre ellos habrá cascos antirruido y tapones para personas con hipersensibilidad sensorial, mochilas vibratorias que permiten a las personas sordas percibir la música mediante vibraciones y lazos de inducción magnética para usuarios de audífonos o implantes cocleares compatibles.

También se instalarán códigos NaviLens para facilitar a las personas con discapacidad visual la localización del espacio y el acceso autónomo a la información. Los usuarios podrán valorar posteriormente las medidas mediante un cuestionario que servirá para estudiar su continuidad y posible extensión a otros actos.

El Punto Accesible funcionará de 21.00 a 00.00 horas los días 10, 11 y 14, y de 17.00 a 00.00 horas el Día del Pilar.

La segunda novedad es una web desarrollada por Zumo Cítrico en colaboración con el Ayuntamiento que permitirá consultar previamente las condiciones de accesibilidad de los actos y filtrar la programación según necesidades de movilidad, visión, audición o sensibilidad al ruido y las aglomeraciones.

Cada actividad incluirá información sobre accesos, zonas reservadas y recursos disponibles, además de mapas con transporte público y aparcamientos adaptados. La plataforma cubrirá los diez días de fiestas, del 9 al 18 de octubre, y se actualizará dos veces al día con los datos de la agenda municipal.

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer una distancia mínima de seguridad entre las nuevas gasolineras y viviendas, centros educativos y sanitarios y parques infantiles. El Pleno ha aprobado este miércoles, en la mayoría de sus puntos por unanimidad, una moción de Zaragoza en Común (ZeC), transaccionada en parte con Vox, que reclama además la suspensión cautelar de las licencias de las dos estaciones proyectadas en Valdespartera y la del Picarral.

El debate ha servido también para que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, haya reconocido expresamente el error cometido con las dos autorizaciones de Valdespartera. “No me duelen prendas en reconocer que las dos licencias de Valdespartera han sido un error que he asumido en primera persona”, ha afirmado. Serrano ha anunciado que solicitará un informe sobre la viabilidad de establecer una zonificación para este tipo de instalaciones y se ha comprometido a llevar adelante una modificación del PGOU en ese sentido.

La iniciativa aprobada parte de la polémica generada por la autorización de tres gasolineras desatendidas o “low cost”: dos en Valdespartera, una en la calle Viridiana, junto a la Glorieta de la Sabina, y otra en la calle Manhattan, y una tercera en el Picarral. Las instalaciones han provocado el rechazo de los vecinos, especialmente por su proximidad a viviendas y, en Valdespartera, a los CPI San Jorge y Soledad Puértolas, parques infantiles y zonas verdes.

El primero de los cuatro puntos aprobados insta al Gobierno municipal a iniciar la modificación del PGOU, previo informe jurídico sobre su compatibilidad con la Ley del Sector de Hidrocarburos y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, para establecer una distancia mínima de seguridad entre las nuevas estaciones de servicio y los edificios residenciales, educativos y sanitarios y los parques infantiles.

De esta forma, el conflicto surgido en Valdespartera y Picarral abre la puerta a introducir por primera vez en el planeamiento urbanístico de Zaragoza una regulación específica de las distancias que deberán guardar las futuras gasolineras respecto a los espacios más sensibles.

El segundo punto insta al Gobierno municipal a iniciar los correspondientes procedimientos de revisión de oficio y acordar la suspensión cautelar de la eficacia de las licencias urbanísticas y ambientales de las tres estaciones de servicio. El acuerdo reclama, en consecuencia, la paralización de las obras y actuaciones mientras se tramitan estos procedimientos y, en su caso, los recursos judiciales actualmente en curso.

Las dos licencias de Valdespartera ya habían sido suspendidas cautelarmente por el Ayuntamiento después de la intervención judicial sobre una de ellas. La reclamación afecta también ahora a la estación proyectada en el Picarral.

Seguridad y gasolineras sin personal

El tercer punto reclama al Gobierno de Aragón que evalúe los requisitos de seguridad, accesibilidad y atención de incidencias exigibles a las estaciones de servicio, especialmente cuando estén situadas en entornos residenciales o próximas a centros educativos, garantizando la proporcionalidad de las medidas.

El pleno también ha aprobado un cuarto punto, con la abstención del PP, que reclama a las administraciones competentes una regulación específica de las gasolineras desatendidas o “low cost” que establezca la obligatoriedad de contar con personal cualificado durante el horario de apertura, además de requisitos de seguridad, accesibilidad y atención al público. Esta exigencia ya figuraba en la moción original presentada por ZeC.

“Algo ha fallado”

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha atribuido la rectificación municipal a la movilización de los vecinos y a la presión ejercida por los grupos de la oposición. “Permiten una actividad perjudicial para un barrio y solo actúan cuando se lo dicen los tribunales”, ha reprochado al Gobierno municipal, al que ha acusado de haber dado “la espalda a los ciudadanos”.

Tomás ha defendido que la modificación del PGOU debe servir precisamente para impedir que una situación similar pueda repetirse. También ha denunciado la falta de información a los afectados y las dificultades que, según los vecinos, han encontrado para acceder a los expedientes.

Por parte de Vox, Armando Martínez ha considerado que “la razón asiste” a los vecinos de Valdespartera y ha apoyado la modificación del PGOU, aunque ha advertido de que deberá garantizarse su compatibilidad con la legislación estatal sobre unidad de mercado. Su grupo ha introducido precisamente la exigencia de contar previamente con ese informe jurídico.

Serrano ha defendido la actuación posterior del Gobierno municipal y ha resumido su posición asegurando que el Ejecutivo local viene “a pedir perdón y luego a rectificar”, no sin antes añadir que “cosa que otros no hacen a los vecinos de Ceuta o a los de la Puerta del Sol”. Elena Tomás le ha replicado que la forma de demostrar esa rectificación era respaldar la moción presentada por Zaragoza en Común.

Las ordenanzas fiscales de Zaragoza para 2027 vuelven a poner el foco sobre el coste de algunos de los servicios más cotidianos. El abastecimiento de agua y la recogida de residuos subirán un 2,5%, mientras determinadas tarifas del estacionamiento regulado aumentarán entre un 20% y un 100%. A ello se suman nuevos conceptos de cobro en el Cementerio de Torrero.

Los cuatro incrementos porcentuales cuantificados para 2027 arrojan una subida media del 31,25%. A estos incrementos se añaden los nuevos conceptos de cobro previstos en el Cementerio de Torrero, para los que no se establece un porcentaje de subida comparable.

Zaragoza en Común ha centrado sus críticas no solo en los incrementos, sino también en los costes que sirven para justificarlos. La formación sostiene que el Gobierno municipal utiliza en algunos servicios previsiones presupuestarias superiores al gasto que finalmente se ejecuta y que esas cantidades previstas terminan sirviendo como referencia para determinar lo que pagan los usuarios.

El ejemplo más significativo que aporta ZeC corresponde al abastecimiento de agua, tasa que acumula un aumento de la recaudación del 32,3% desde 2018, equivalente a 7,4 millones de euros adicionales.

Según sus datos, en 2025 se presupuestaron 1,2 millones de euros para conservación y reparación de agua potable, pero el gasto ejecutado ascendió a 491.521 euros. Es decir, se gastó alrededor del 41% de lo previsto y quedaron sin ejecutar más de 708.000 euros de aquella partida.

A juicio de la portavoz de ZeC, Elena Tomás, “esto es una auténtica tomadura de pelo: presupuestan 1,2 millones, gastan menos de medio millón y después utilizan la previsión inicial para calcular lo que pagamos por la tasa.

La formación asegura además que parte de aquel presupuesto fue posteriormente objeto de modificaciones de crédito para destinarlo a otros gastos municipales. De ahí que cuestione que se utilicen previsiones de costes que después no se materializan para calcular las cantidades que deben aportar los ciudadanos.

Una situación similar denuncia la formación respecto a los residuos. La recogida subirá otro 2,5% en 2027, pese a que, según los datos manejados por ZeC, la previsión de ingresos para 2026 alcanza ya el 100,76% del coste del servicio.

ZeC cuestiona también la fiabilidad del cálculo de esos costes y sostiene que el expediente contiene partidas que no se corresponden con el gasto finalmente ejecutado.

La recaudación por recogida de residuos ha aumentado, según las cifras aportadas por la formación, un 21% desde 2018, al pasar de 12,9 millones de euros a 15,58 millones en 2025. Mucho mayor habría sido el incremento acumulado en tratamiento de residuos, que ZeC sitúa en un 105%, hasta alcanzar los 15,7 millones.

“El problema no es que la basura cueste dinero; el problema es que el Gobierno de Chueca utiliza las tasas para cubrir sus propios agujeros y errores de gestión. Y eso lo pagamos entre todos”, sostiene Tomás.

Los mayores incrementos denunciados aparecen en determinadas tarifas del estacionamiento regulado. En la zona ESRO, la zona azul, los primeros 25 minutos subirán un 20%, mientras que en la tarifa señalada por ZeC para la zona ESRE, correspondiente al estacionamiento de residentes, el incremento para los primeros 25 minutos llegará al 100%, al pasar de 0,25 a 0,50 euros.

El Cementerio de Torrero constituye otro de los puntos de conflicto. En este caso no se trata de una subida porcentual comparable con las anteriores, sino de la incorporación de nuevos conceptos de cobro, entre ellos los relacionados con los nichos y la consulta de expedientes.

El cementerio cuenta con 110.845 nichos, además de 19.408 sepulturas, 1.084 capillas y 147 panteones. ZeC cuestiona asimismo el cobro de 139,15 euros en el jardín de las cenizas que, según sostiene, no estaban incluidos en el pliego de condiciones.

La formación sí respalda algunas novedades, como las exenciones para herederos sin recursos, la inhumación de cenizas de personas que hayan donado su cuerpo a la ciencia o la eliminación del recargo para quienes no estén empadronados.

La “doble vara de medir”

ZeC enmarca todas estas modificaciones en lo que considera una política fiscal contradictoria. Su portavoz acusa al Gobierno de Natalia Chueca de exigir un esfuerzo creciente a los usuarios de servicios municipales mientras mantiene bonificaciones fiscales que reducen los ingresos del Ayuntamiento.

Tomás contrapone expresamente las subidas del agua, los residuos, el estacionamiento o los nuevos cobros del cementerio con los 10 millones de euros en beneficios fiscales que su formación atribuye al club del Tiro de Pichón.

“El Gobierno de Chueca tiene una doble vara de medir: perdona millones de euros a grupos elitistas y empresas que no están sometidas al mismo tratamiento como Quirón, Amazon o Cosco y, al mismo tiempo, mete la mano en el bolsillo de las familias para pagar servicios básicos”, sostiene. “Es verdad que los servicios públicos cuestan dinero pero el reparto fiscal tiene que repartirse de forma justa, dado que hay la misma obligación a la hora de subir 25 céntimos a la ciudadanía que cuando hay que reclamar 10 millones al Tiro del Pichón”, ha ejemplificado.

Para Zaragoza en Común, por tanto, el debate no está únicamente en cuánto suben las tarifas, sino en si los costes utilizados para calcularlas responden al gasto real de los servicios. “No nos creemos el discurso de la congelación de impuestos cuando suben las tasas que afectan directamente a la vida cotidiana de la gente”, concluye Tomás.

Los grupos de la oposición municipal han reclamado este jueves a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cambios en sus políticas de cara al nuevo curso, aunque con prioridades diferentes. PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) han coincidido en cuestionar la subida de las tasas municipales y reclamar medidas frente al cambio climático y una mayor atención a los barrios y los servicios públicos, mientras Vox ha condicionado cualquier negociación del presupuesto de 2027 al cumplimiento previo de los acuerdos alcanzados con el PP para las cuentas de este año.

Las portavoces de PSOE y ZeC, Lola Ranera y Elena Tomás, han cuestionado las prioridades del Gobierno municipal y han considerado que el incremento de los recursos durante los últimos años no se ha traducido suficientemente en una mejora de la vida cotidiana de los zaragozanos.

Ranera ha acusado a Chueca de desconocer “la realidad del día a día de los zaragozanos” y ha criticado su “falta de planificación” y su interés por “cortar cintas”, que, a su juicio, han convertido la ciudad “en un queso gruyere” por la acumulación de obras. Tomás ha resumido su diagnóstico en “mucho escaparate y muy poco barrio” y ha cuestionado que los presupuestos históricos y la llegada extraordinaria de fondos europeos hayan repercutido suficientemente en los servicios públicos.

Uno de los principales puntos de coincidencia entre PSOE y ZeC ha sido la política de tasas. Ranera ha reclamado su congelación para el próximo ejercicio ante el aumento del coste de la vida y ha asegurado que desde que Chueca gobierna “el recibo del agua y las basuras se ha encarecido alrededor de un 30 por ciento”.

ZeC también ha cuestionado las subidas de tasas y precios públicos al considerar que no están acompañadas de una mejora equivalente de los servicios. Tomás ha señalado que de los 800.000 euros presupuestados para inversiones relacionadas con el agua en 2026 únicamente se habían ejecutado 91.628 euros hasta agosto, mientras para 2027 se vuelve a establecer una previsión de 1,2 millones. “La ciudadanía ve algo muy sencillo: cada vez paga más, pero no recibe mejores servicios”, ha afirmado.

Ambas formaciones han coincidido también en denunciar deficiencias en los servicios públicos y reclamar más atención a los barrios. El PSOE ha pedido un plan de choque de limpieza y ha recordado que existen 7.473 quejas registradas en los canales municipales. ZeC ha situado igualmente la limpieza y el transporte público entre los ámbitos en los que persisten los problemas pese al incremento de los recursos municipales.

La adaptación al cambio climático constituye el segundo gran punto de encuentro. El PSOE ha reclamado un plan municipal para adaptar los colegios públicos a las temperaturas extremas mediante mejoras en protección solar, ventilación, aislamiento y climatización, además de ampliar el programa ‘Adapta tu Patio’ con más arbolado, zonas de sombra, vegetación y superficies permeables.

ZeC ha planteado medidas similares, aunque extendidas al conjunto de la ciudad, con más arbolado y sombra, renaturalización de patios escolares, una red más amplia de refugios climáticos y una planificación urbana que tenga en cuenta el aumento de las temperaturas.

Transporte gratuito por las obras

Junto a las reivindicaciones compartidas, el PSOE ha planteado como una de sus principales propuestas que el transporte público sea gratuito en las líneas afectadas de forma relevante y prolongada por las numerosas obras que se están ejecutando en Zaragoza.

Ranera ha citado las actuaciones del Coso y San Miguel, avenida de Valencia, el entorno del Portillo y el río Huerva, que están provocando cambios de recorrido y traslados o supresiones temporales de líneas y paradas, con mayores tiempos de viaje y molestias para los usuarios.

La gratuidad afectaría tanto al billete sencillo como a los desplazamientos con tarjeta y contemplaría una compensación proporcional para los abonos ya pagados. “Si unas obras municipales obligan durante meses a miles de vecinos a soportar peores condiciones de movilidad, el Ayuntamiento también debe asumir una parte de ese esfuerzo”, ha defendido Ranera.

Vivienda y los centros de datos

Zaragoza en Común, por su parte, ha situado entre sus prioridades la crisis de la vivienda y ha reclamado que el Ayuntamiento deje de desprenderse de suelo y patrimonio público mientras jóvenes y familias encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda.

Tomás ha defendido que ese patrimonio se destine a incrementar el parque público y favorecer alquileres asequibles. “Vender suelo público es renunciar a una de las principales herramientas que tiene un Ayuntamiento para aumentar el parque público y garantizar alquileres asequibles”, ha advertido.

ZeC también ha reiterado su preocupación por la concentración de centros de datos en Zaragoza y su entorno y ha reclamado analizar su impacto acumulativo sobre el agua, la energía, las temperaturas y el futuro del tejido industrial. “Zaragoza no puede quedar rodeada de centros de datos sin analizar seriamente qué impacto tendrán sobre nuestros recursos y sobre el modelo de ciudad que queremos construir”, ha señalado Tomás.

Vox se hace valer

Vox ha situado, por su parte, la negociación presupuestaria en el centro de su reunión con Chueca. Su portavoz, Eva Torres, ha mostrado su disposición a negociar las cuentas de 2027, pero ha advertido de que antes la alcaldesa deberá cumplir los compromisos alcanzados con su formación para el presupuesto de este año.

“Estamos dispuestos a sentarnos a negociar el Presupuesto del año 2027, ahora bien, previamente la alcaldesa tendrá que cumplir con sus compromisos presupuestarios del año 2026”, ha afirmado Torres, para quien “no cumplir un acuerdo presupuestario es algo muy serio que afecta a la credibilidad de quien incumple”.

Vox ha recordado que facilitó con su apoyo la aprobación de las cuentas municipales y ha situado ahora en el PP la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad. Torres ha criticado además que el Gobierno pueda buscar otros apoyos para aprobar el próximo presupuesto recurriendo, según Vox, a una “concejal tránsfuga” y rompiendo el pacto antitransfuguismo.

Entre los compromisos pendientes, Vox ha vuelto a situar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha propuesto vincular su activación a los niveles reales de contaminación, siguiendo una fórmula similar a la aplicada en Madrid. “Zaragoza no es una ciudad contaminada”, ha defendido Torres.

La portavoz de Vox también ha reclamado, en su condición de consejera de la sociedad de la Nueva Romareda, que se identifique a los inversores privados que participan en la gestión del estadio y se detallen sus porcentajes de participación. “Necesito saber y quiero saber con quién me siento en la mesa del Consejo de Administración”, ha señalado.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 alegaciones a la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los términos municipales de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, y que incorpora nueva documentación ambiental sobre el proyecto. Además, solicita la paralización de la licencia de los trabajos previos ligados a uno de los dos centros de datos proyectados en la capital aragonesa, en concreto, el de Puerto Venecia, por posible contaminación de los terrenos.

La formación ha alertado también de la forma en la que el Gobierno de Aragón ha tramitado esta modificación publicada el pasado 30 de julio en el BOA, en pleno periodo estival, con el anuncio de información y participación pública, concediendo únicamente 23 días para presentar alegaciones.

Para la portavoz de ZeC, Elena Tomás, esta forma de actuar supone “un nuevo intento de hurtar a la ciudadanía el conocimiento del verdadero alcance de unos proyectos que van a tener consecuencias directas sobre la ciudad y sobre recursos tan esenciales como el agua y la energía”.

A su juicio, el Gobierno de Aragón vuelve a actuar “con agosticidad, poniendo las condiciones más difíciles posibles para que la ciudadanía pueda informarse y participar”, pero ha comentado que esta vez “no les ha salido bien” porque “pese a las fechas, los vecinos se han organizado y han presentado cerca de medio millar de alegaciones”. Pero Tomás considera que esta respuesta ciudadana demuestra que, cuando la población conoce las afecciones reales de los llamados megacentros de datos, “cuestiona la alfombra roja que el PP, el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza están poniendo a estos proyectos”.

Más de mil árboles afectados

Las 25 alegaciones presentadas por ZeC se centran especialmente en las afecciones ambientales que tendría el centro de datos previsto en Puerto Venecia, en el entorno del distrito de Torrero.

En concreto, ZeC ha alertado de las afecciones sobre la biodiversidad y el arbolado de lo Pinares Venecia -con más de un millar de árboles potencialmente afectado-, del incremento del riesgo de inundaciones en la zona y de los problemas asociados al consumo energético, el agua necesaria para la refrigeración de las instalaciones y los posibles vertidos.

“Estamos hablando de proyectos que no pueden analizarse como si fueran una nave industrial más. Su consumo de agua y energía es enorme y sus impactos no terminan en la parcela donde se construyen”, ha advertido Elena Tomás.

Además, ha puesto el foco en el impacto climático de estas infraestructuras, “especialmente preocupante” en una ciudad como Zaragoza. “Llevamos años advirtiendo de que la ciudad tiene que prepararse para un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Este verano hemos vuelto a sufrir temperaturas extraordinariamente altas, con episodios de 40 grados durante el día y noches que apenas dan tregua. Y mientras tanto, el Gobierno de Chueca pretende instalar un megacentro de datos en mitad de un barrio”, ha criticado.

La portavoz de ZeC ha recordado que el propio Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza identifica el incremento de las temperaturas y las olas de calor como una de las principales amenazas para la vida y la salud de la ciudadanía y establece la necesidad de alinear el desarrollo industrial con los riesgos climáticos.

“Resulta difícil entender cómo puede encajar la instalación de estos centros de datos con esa estrategia de adaptación al cambio climático. Es como encender un radiador en verano”, ha resumido.

Afección térmica

El grupo municipal de ZeC se ha remitido a estudios recientes, entre ellos investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Cambridge, que apuntan a incrementos de la temperatura superficial del suelo alrededor de 10 kilómetros de los centros de datos y el casco urbano de Zaragoza tiene menos de esa distancia y en su alrededor se proyectan más de una decena de megacentros de datos.

“¿Alguien está estudiando qué ocurre cuando se acumulan todos estos impactos? ¿Qué pasa con la temperatura, con el agua, con la energía y con el territorio cuando dejamos de mirar cada proyecto de manera aislada?”, ha preguntado la portavoz de ZeC.

En la ciudad de Zaragoza se prevé instalar dos grandes centros de datos, uno en mitad del barrio de Torrero, en Puerto Venecia, y otro en el barrio rural de la Cartuja Baja cerca al polígono Empresarium, utilizando terrenos rústicos.

El perímetro del casco urbano de la ciudad es de menos de 10 kilómetros, y además en el entorno cercano a la ciudad lo que podrá ser el área metropolitana --Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, La Muela, Villamayor-- el Gobierno de Aragón tiene la intención de autorizar la construcción de más de una decena de mega centros de datos. Según apuntan los expertos este aumento de temperaturas no sólo podría extenderse a toda la ciudad si no superponerse agravando aún más el problema, ha avisado.

ZeC ha considerado “especialmente grave” que el debate sobre los centros de datos se aborde proyecto a proyecto, sin analizar el impacto acumulado de todos ellos. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para mantener refrigerados sus sistemas y el incremento de la demanda puede terminar afectando a otros usos estratégicos.

“En un contexto de cambio climático, sequía y escasez de agua, no podemos permitir que se comprometan recursos que también necesitan nuestros vecinos, la agricultura o el resto de actividades industriales”, ha señalado Tomás.

La formación también cuestiona el argumento de que estos proyectos son una gran oportunidad de empleo. “Nos hablan de grandes inversiones de miles de millones, pero cuando se miran los puestos de trabajo reales son menos de 200 empleos. Mientras tanto, se pone en riesgo recursos que pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuestro tejido industrial”, ha comparado.

Contaminación de los terrenos

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha centrado sus críticas en la tramitación municipal de la licencia de limpieza y desescombro de los terrenos del centro de datos de Puerto Venecia y ha pedido que se paralice hasta aclarar las dudas sobre la contaminación de los terrenos y el destino de los residuos que se pretenden retirar.

“Los que los propios vecinos han advertido reiteradamente de la posible existencia de residuos contaminantes. Tenemos además información sobre la presencia de amianto y sulfatos y estamos hablando de más de 800 toneladas de materiales que tendrían que ser gestionados correctamente”, ha explicado.

El concejal de ZeC y presidente de la Junta de Torrero ha tildado de “especialmente preocupante” las discrepancias entre la documentación presentada ante el Ayuntamiento y la documentación inicial del PIGA sobre las características y el tratamiento de estos materiales.

“No podemos permitir que se conceda una licencia para limpiar unos terrenos sin saber exactamente qué contienen, qué nivel de contaminación presentan y, sobre todo, dónde van a terminar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que entren y salgan camiones de la zona todos los días”, ha afirmado Domínguez.

Así, ha exigido conocer el destino final de las 800 toneladas de residuos después de que se haya planteado trasladarlos al antiguo vertedero de Las Canteras.

Domínguez ha apremiado a que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones relacionadas con la retirada de tierras y residuos se someten a los controles ambientales correspondientes. “Si el proyecto es tan bueno, que vengan a explicarlo a Torrero”, ha instado.

El debate de una moción de Vox sobre la “defensa de la vida” ha acabado este jueves en un tenso enfrentamiento en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. La concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, y la alcaldesa, Natalia Chueca, han protagonizado un choque a raíz de unas declaraciones sobre la Virgen María que la regidora ha considerado una “falta de respeto” que “roza el delito de odio”.

La iniciativa del grupo municipal Vox instaba al Consistorio a “manifestar su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, además de “promover campañas de sensibilización en defensa de la vida y protección del no nacido, la maternidad y la familia” y desarrollar medidas de “prevención del aborto”.

Durante su intervención, Tomás ha cargado con dureza contra el contenido de la moción y ha asegurado que no sabía “cuál de todas me provoca más asco”. La edil ha cuestionado el denominado “Día del Niño por Nacer” y su vinculación con la tradición católica, tras recordar que el 25 de marzo coincide con la Anunciación: “Para los no creyentes, cuando la paloma fecundó a la Virgen”, ha dicho, para añadir a continuación que “aunque suene a chiste también abre un debate filosófico” y que “un embrión puede llegar a ser una persona, pero no lo es plenamente”.

Eva Torres, portavoz de Vox, ha dicho que el comportamiento de Tomás es “zafio” e “intolerable”: “Usted habla y no se da cuenta de que roza el delito de odio, roza el ir contra la libertad religiosa, muestra tal cantidad de odio en su corazón que lo lamento muchísimo”.

Tras el debate entre los grupos y antes de la votación, la alcaldesa ha intervenido para pedirle que “retire sus palabras”. “Ha ridiculizado a la Virgen, a la Virgen María”, ha dicho Chueca, que ha considerado que esa afirmación “es una falta de respeto hacia todos los cristianos” e incluso “roza el delito de odio”. Además, le ha afeado que “es habitual escucharle pontificar sobre posicionamientos extremistas”. La regidora ha insistido en varias ocasiones en que la concejala rectificara y ha enmarcado el episodio en lo que considera un trato desigual hacia las religiones. “Se defiende a la religión musulmana y se ataca a la católica y no lo voy a consentir”, ha dicho. En la misma línea, ha asegurado que en la intervención de ZeC ha habido una “falta de respeto” hacia los cristianos.

Tomás ha rechazado retractarse y ha defendido su intervención. “Yo soy una persona no creyente, para mí tanto lo que dice la religión musulmana como la que dice la católica como la que dice la cristiana, para mí es un cuento”, ha dicho. “Hay que tener respeto por las personas”, ha añadido, antes de zanjar: “No tengo nada que retirar”.

“¿Sabe usted que ha hecho una mofa de la concepción de la Virgen? Usted tiene la posibilidad de retirar esas palabras y dejar que el tema trascienda”, ha reiterado la alcaldesa. A lo que Tomás ha respondido: “Denúncieme, denúncieme”.

Más allá del choque, la moción ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PSOE y Zaragoza en Común, la abstención del PP y el único apoyo de Vox y la concejal no adscrita.

Durante el debate, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido que la vida humana es el “fundamento” de todos los derechos y ha apelado a la “dignidad inviolable” de toda persona. Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha acusado a Vox de querer “controlar el cuerpo de las mujeres” y ha calificado la iniciativa de “involución”. Por su parte, el PP ha defendido la maternidad y la “libertad individual de cada mujer”, recordando que el aborto es “un derecho legal”.

La polémica provocada por los accidentes de los usuarios de Bizi Zaragoza ha terminado con unas declaraciones por parte de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes que han marcado una tensa comisión de Medio Ambiente y Movilidad. En su respuesta a Elena Tomás, de Zaragoza en Común, y tras un duro enfrentamiento dialéctico, la popular ha dicho: “Ideológicamente soy mejor, lo primero porque no soy sectaria, no tengo una ideología que ha llevado a la deriva a multitud de naciones a lo largo de los años y porque implantó unas políticas que objetivamente son mejores”.

Durante la sesión, Gaudes acusó a Zaragoza en Común (ZeC) y “sus satélites”—con referencias derectas a La Ciclería de Zaragoza— de buscar “rédito político y económico” a partir de los accidentes registrados con el servicio de bicicletas públicas Bizi, y ha defendido que las incidencias representan apenas un 2% de los más de 20.000 viajes diarios que registra la ciudad.

La concejala de Movilidad ha mantenido un tono contundente durante toda la comisión: “No le voy a permitir ni una sola lección más, no se lo voy a permitir, porque no, es que no estoy cansada de la señora que viene con camisetas comunistas que han sido los que han destrozado la sociedad a lo largo de la historia”, dirigiéndose a Tomás mientras cuestionaba sus críticas al servicio. El concejal socialista José María Giral también ha cuestionado la frase de Gaudes en su intervención: “Los nervios la han traicionado, le han jugado una mala pasada, todos entendemos que el furor de las elecciones ocurre”.

La titular de Movilidad ha señalado de manera explícita a La Ciclería como parte de lo que consideraba un interés político y económico detrás de las críticas. Este espacio, ubicado en Zaragoza, es un centro de promoción de la bicicleta, tal y como ellos se definen, y un taller donde se reparan y se organizan actividades en torno al ciclismo.

El debate municipal se ha centrado en la interpretación de los datos sobre incidencias. Gaudes ha destacado que, entre enero y julio de 2025, se registraron 47.329 incidencias, lo que supone unas 500 al mes, y que muchas de ellas no se corresponden únicamente con caídas, sino con problemas de mantenimiento, estaciones llenas o vacías y otras incidencias técnicas. La concejala ha subrayado que el elevado uso del Bizi —con picos de hasta 30.000 viajes diarios— conlleva un mayor desgaste y una mayor probabilidad de accidentes, pero ha defendido que el servicio sigue siendo “uno de los más utilizados de España”.

Gaudes también ha cuestionado a la oposición por vincular los accidentes con “intereses económicos y políticos”: “Si hay un despacho de abogados o una empresa como La Ciclería, alguien va a sacar rédito económico”, señaló, y ha agregado que los partidos de izquierda buscaban “instrumentalizar” la situación para obtener beneficios políticos.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha replicado con igual contudencia: “Ya que usted se pone tan vehemente, entienda que las demás tenemos vehemencia, los demás también defendemos nuestra ideología y nuestras políticas. No sé por qué se altera tanto y tiene que acusar a las personas de que sacamos rédito económico cuando son cosas que no puede probar ni son verdad, y acuse a las entidades en este tema, por lo tanto sigan ustedes discutiendo a lo Pimpinela con los señores de Vox”. Tomás ha hecho hincapié en que los problemas detectados —ruedas desgastadas, frenos defectuosos, fallos en el sistema eléctrico y estaciones saturadas— afectan directamente a la seguridad de los ciclistas, y reclamó respuestas concretas sobre el mantenimiento del Bizi y la gestión de la arboleda en distritos como Torrero.

El debate ha coincidido con un aumento de la preocupación ciudadana por la seguridad del servicio de bicicletas. En el primer semestre de 2025, los registros internos del Bizi apuntaban a una media de 267 incidencias diarias, cifras que ZeC considera que han seguido aumentando por la falta de mantenimiento. Ante esta situación, un grupo de usuarios ha constituido una plataforma de afectados para visibilizar los accidentes y reclamar mejoras en el servicio y tuvieron la primera reunión este jueves en La Ciclería.

El Bizi renovado, lanzado el 16 de enero de 2025, ha alcanzado en su primer año más de 48.000 abonados, 6,5 millones de viajes y 17 millones de kilómetros recorridos, consolidándose como una herramienta de movilidad urbana de referencia en Zaragoza. Los impulsores de la plataforma buscan que las reclamaciones se canalicen de manera conjunta ante el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, con el objetivo de mejorar la seguridad de los ciclistas y prevenir futuros accidentes.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha criticado la negativa de Vox a respaldar los presupuestos municipales de 2026, señalando que la formación de extrema derecha comparte responsabilidad con el PP en la situación económica del Ayuntamiento.

“No estamos ante un problema de gasto, sino de ingresos”, ha explicadoTomás, recordando que “ya el año pasado el propio personal municipal advirtió de que el presupuesto estaba mal elaborado y que faltaban varios millones de euros”.

Tomás ha denunciado además que “Vox y PP apoyaron destinar 13 millones de euros del remanente de 2024 a pagar a los bancos, en lugar de invertirlos en proyectos financieramente sostenibles”. Sobre la Zona de Bajas Emisiones, ha señalado que “era un requisito imprescindible de la Agenda 2030 para acceder a fondos europeos. Cuestionarla ahora demuestra un profundo desconocimiento de cómo funcionan esos recursos”.

La portavoz ha cuestionado la coherencia de Vox respecto a los recortes: “Cuando hablan de que se dispara el capítulo 1, ¿están proponiendo bajar el sueldo a bomberos o policías? ¿Plantean no pagar servicios públicos esenciales o a las empresas que los prestan? Queremos saber qué recortes concretos proponen, porque las subidas de tasas e impuestos han sido aprobadas conjuntamente por el PP y Vox”.

El pasado sábado, tres de las guirnaldas navideñas que cuelgan del Paseo Independencia de Zaragoza cayeron al suelo. No provocaron ningún daño y los bomberos han revisado la instalación, pero la elección de esta decoración ha provocado las críticas de Zaragoza en Común. Su portavoz, Elena Tomás, ha dicho que “el riesgo ha sido real” aunque “por suerte no ha habido heridos”. 

Los bomberos y operarios de la empresa que ha realizado la instalación revisaron las luces y los postes durante la noche del sábado y el domingo por la mañana. Según informaron desde el Ayuntamiento, los bomberos comunicaron que la estructura “está bien” y que se estaba trabajando en las guirnaldas. 

Elena Tomás ha recordado que esta instalación lumínica de Navidad ha costado más de 1,2 millones de euros de dinero público y cuyos fallos “están obligando” a destinar también recursos públicos como de bomberos de Zaragoza a tareas que “debería asumir la empresa instaladora” al argumentar que supone un sobrecoste “inaceptable”, que ha confiado en que lo asumirá dicha empresa. “La Navidad no puede servir de excusa para poner en riesgo a la gente ni para regalar dinero público, porque es que una foto no vale más que la seguridad de la ciudadanía”, ha concluido Elena Tomás.

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha pedido este miércoles que se retire la bandera de Palestina que cuelga de una de las ventanas del grupo municipal Zaragoza en Común. Elena Tomás, portavoz de ZeC, ha asegurado que “la bandera va a seguir ahí” y el Ayuntamiento ha confirmado a este diario que no hay intención de exigir la retirada.

Tomás ha dicho que colgar “una bandera no pone en riesgo la estructura de un edificio ni vulnera ninguna norma. Lo que sí vulnera principios básicos es querer borrar toda muestra pública de solidaridad con Palestina. La libertad de expresión, el derecho a discrepar y la defensa de los derechos humanos deben tener cabida en el Ayuntamiento. Censurar actos por su contenido político es propio de gobiernos autoritarios, no de instituciones democráticas”.

Calvo ha asegurado que la la normativa “impide colgar banderas distintas a las oficiales”. Además de la neutralidad política, ha apuntado que el edificio “esta catalogado y no se puede admitir que se cuelguen estas cosas”. Ha confiado en que se tome nota y se ordene la “retirada inmediata porque esa bandera no debe ondear”.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto al pueblo palestino para recibir el galardón de Hijo Predilecto de la Ciudad y elevar al Consistorio zaragozano “esa voz que clama el fin del genocidio”.

Este 2025, ZeC quiere “honrar” al pueblo palestino, que “clama el fin del genocidio, busca justicia y un futuro en el que el derecho a la vida, la dignidad y la libertad sea una realidad para todas las personas”, ha indicado este grupo municipal.

Con este reconocimiento, ZeC pretende llevar al balcón del Ayuntamiento el “sentir ciudadano” de solidaridad con el pueblo palestino y con el “fin de la masacre”. El pueblo palestino viene sufriendo un “genocidio por parte de Israel”, que se ha agravado desde octubre de 2023 y que “se ha cobrado ya la muerte de, al menos, a 64.800 personas, en su gran mayoría civiles”, han asegurado.

Esta cifra no incluye las muertes por la “hambruna” provocada por el “bloqueo” de la ayuda humanitaria y la “violación” de derechos humanos y otros derechos como la sanidad o el agua potable en el enclave palestino.

Al menos 420 personas, incluyendo 145 niños, han muerto por desnutrición, según las autoridades sanitarias, ha añadido ZeC. Esta cifra desoladora se suma, además, a los “más de 40.000 niños reportados como muertos o heridos” debido a los bombardeos y ataques aéreos israelíes, según datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Casa Palestina de Aragón

Por eso, estas próximas fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza reconocerá, a propuesta del grupo municipal de ZeC, a uno de los principales protagonistas en hacer llegar esas voces, testimonios, experiencias y memoria por todo Aragón y de forma especial a la ciudad de Zaragoza, que llevan años transmitiéndonos la realidad del pueblo palestino y que es la Casa Palestina de Aragón.

Constituida en 2008 con fines sociales, culturales, deportivos y de cooperación, bajo la denominación de Asociación Palestino Aragonesa-Jerusalem su objetivo es el de hacer llegar la situación del pueblo palestino, la realidad de los palestinos y de aquellas personas que viven fuera de sus territorios, así como trabajar por la convivencia de nuestros pueblos.

Con este galardón, una de las máximas distinciones que puede otorgar el Ayuntamiento de Zaragoza, ZeC quiere hacer extensivo este reconocimiento a todo el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino y el compromiso con la defensa de los derechos humanos.

El mirador del Cabezo de Buenavista, uno de los principales puntos del Parque Grande desde el que contemplar Zaragoza, ya no está abierto al público. Al menos, no al 100%. El motivo es que uno de los kioscos impulsados por el entonces alcalde Jorge Azcón y por su sucesora Natalia Chueca ha llenado de terrazas este espacio, en una privatización que ha recibido quejas vecinales y críticas de los partidos.

En concreto, se trata del restaurante Pura Brasa, abierto hace quince meses y que sustituyó al antiguo Merendero Cabeza Buenavista, que había sido un negocio familiar desde casi un siglo atrás. Se trata de una de los establecimientos cuya concesión decidieron renovar los populares al poco de llegar Azcón al Gobierno municipal, lo que provocó una gran controversia. En el caso del Parque Grande, cinco de los seis kioscos acabaron en manos de firmas de Juan Forcén, un empresario muy próximo al ahora presidente autonómico.

Cuestionado acerca de las terrazas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha informado a este periódico de que las terrazas están “en regla” y “no incumplen la normativa”.

Los pliegos del concurso, de hecho, ya recogían la posibilidad de “incorporar dentro de la actividad” del kiosco el mirador. En realidad iban más allá: abrían la puerta a acristalar el espacio situado “entre los pilares”, aunque dejando espacio con el muro exterior “para que se continúe leyendo la estructura original de la pérgola”. La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico mostró en un dictamen su oposición al cerramiento con el objetivo de que recinto “no pierda su funcionalidad como mirador”. El Area de Servicios Públicos lo desechó con el argumento de que esta cuestión no es de su competencia, ya que la instalación “no menoscaba su conservación”.

En la solicitud de licencia por parte de la adjudicataria, Ribs Puerto Venecia SL –única que ofertó y propiedad de Forcén– se incluía el “cerramiento acristalado” con una superficie de casi 90 metros cuadrados. Por ahora, no se ha llevado a cabo.

Los vecinos han mostrado su oposición a la ocupación con terrazas del mirador.

“Es ya la gota que colma el vaso, se suma a la privatización de otros espacios en los Pinares de Venecia como la ampliación del parque de Atracciones y que pone en riesgo más de 3.000 pinos allí existentes”, apuntan desde la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia. Esta organización considera “urgente” detener iniciativas como esta: “Las inversiones deben destinarse a mejorar la vida en la ciudad, por lo que desde los colectivos sociales no vamos a cejar en nuestro empeño para que la privatización se revierta y este mirador pase a ser de nuevo patrimonio de la ciudad, como ha sido durante más de un siglo”.

La Plataforma lamenta que “los bares que existían en el Parque Grande y la gestión familiar que ofrecía precios asequibles para el conjunto de la población” ha pasado “a las manos de la empresa de Juan Forcén, que los ha convertido en restaurantes de lujo”.

Otro colectivo que critica la ocupación del mirador es la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). Su presidenta, la historiadora Belén Boloqui, cree que el Parque Grande “debería de ser bien de interés cultural en la categoría de Jardín Histórico” tanto por su “antigüedad” como por sus “características”. Que no lo sea constituye, desde su punto de vista, “una ausencia lamentable, dentro de esos errores garrafales que se manifiestan en el actual catálogo de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y también del Ayuntamiento de Zaragoza, en la categoría correspondiente”.

Boloqui cree además “un atropello” lo propuesto en su día por el área del Servicios Públicos frente al dictamen de la Comisión de Patrimonio en contra del acristalamiento. “Está haciendo consideraciones sobre un paisaje que, en su globalidad, no deja de ser un jardín histórico, aunque no esté catalogado estrictamente como tal”, explica, lo que en su opinión otorga a Patrimonio “potestad para manifestarse sobre elementos históricos” como el mirador. “Me parece una irregularidad en toda regla”, incide.

Un espacio “emblemático”

Para Zaragoza en Común, la “ocupación” de este espacio “es el máximo ejemplo de cómo Natalia Chueca pone en venta hasta los atardeceres de la ciudad para que sus amigos hagan caja”. La formación pone el acento en “todas las irregularidades detectadas en las concesiones de las licencias de estos kioscos y que Vox frenara la comisión de investigación sobre el supuesto trato de favor”. A esto se suma el “retraso” en el comienzo de las obras de kiosco del parque Pignatelli, adjudicado en 2022 y que obligaba a habilitar una zona recreativa que “aún va con más retraso”.

El grupo municipal explica que pidió en febrero al Gobierno del PP en Zaragoza el informe sobre “el cumplimiento de las actividades culturales” exigidas en el pliego de condiciones a los kioscos del Parque Grande adjudicados a Forcén. “La contestación fue que aún no tenían la información ya que debían presentar la memoria en marzo, y a fecha de hoy el gobierno no nos ha remitido dicha información”, indica.

La programación cultural era, según ZEC, “uno de los apartados que se valoraban en la adjudicación, y en algunos casos fue determinante frente a otras ofertas”. Su incumplimiento apunta la formación, “debería conllevar sanciones”.

Desde Zaragoza en Común apuntan, con “todos estos indicios”, a “un posible trato de favor” e insisten en pedir “una comisión de investigación sobre estas licitaciones”.

Desde el PSOE de Zaragoza muestran su rechazo a “la privatización del espacio público, que debe ser de todos”. Los socialistas consideran que el mirador del Cabezo de Buenavista “es emblemático”. “Es un lugar antes abierto al encuentro y al disfrute colectivo, convertido hoy en una terraza privada donde sólo se accede al ocio y al paisaje si se paga”, apuntan fuentes del grupo municipal. “No queremos una ciudad donde el espacio común se convierta en negocio, como ha pasado ya en otras ocasiones”, aseguran, y ponen como ejemplo “la celebración del espectáculo Luzir también en el Parque Grande”.

Decenas de personas se reunieron este jueves en el Teatro Romano para celebrar el décimo aniversario de Zaragoza en Común, una formación que llegó a gobernar la capital aragonesa en 2015 y que en la actualidad tiene dos representantes en el Ayuntamiento, lastrada por la tradicional división en la izquierda. En el acto participaron exconcejales y los actuales ediles de la formación. Entre ellos, el exalcalde Pedro Santisteve, que en sus palabras ante los congregados hizo un llamamiento al reagrupamiento: “Si la izquierda no es capaz de construir unidad, no podrá defender los intereses de losnpostergados”, proclamó.

La cita debía servir para recordar todo lo conseguido, para hacer autocrítica y para mirar al futuro, y de todo ello se habló. El acto reunió al equipo de gobierno del mandato 2015-2019 y a los concejales posteriores, incluidos los dos actuales, Elena Tomás y Sus Domínguez.

La nostalgia tiño buena parte del encuentro. Entre los “buenos recuerdos” que mencionó Santisteve están “la participación horizontal” o “las más de 3.500 personas que participaron en las primarias”. Como autocrítica, en accedieron a una institución de cuyo funcionamiento interno reconoció que no tenían “mucho conocimiento: ”No estábamos muy preparados para lo que nos íbamos a encontrar“. En las palabras del exalcalde también hubo lugar para los reproches al recordar su mandato: ”Todos buscaban debilitar un gobierno en minoría, con un PSOE que se preocupaba más de nosotros que del PP“.

En cuanto al balance, Santisteve valoró: “Pusimos a Zaragoza en el siglo XXI, con un diseño estratégico a todos los niveles: movilidad, medio ambiente, cuidados... Y ahí lo dejamos, con un trabajo colaborativo y no competitivo entre ciudades”.

La reforma de Don Jaime

Otro de los intervinientes, el exedil y abogado Pablo Muñoz recordó por ejemplo en su alocución el episodio que se vivió cuando emprendieron una actuación en principio tan sencilla como la igualación de las aceras en Don Jaime, ante lo que el entonces portavoz del PP, Jorge Azcón puso el grito en el cielo y lo calificó de “chapuza”. “Hoy Don Jaime es un modelo de éxito”, valoró Muñoz.

En el mandato de Zaragoza en Común se puso en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que el PP “ha cancelado”, destacó por su parte Elena Tomás. Los populares, añadió, “están haciendo unas políticas que más bien son parches a problemas que ya se habían gestionado desde movimientos sociales, la ciudadanía y expertos en la materia”.

Tomás dijo ser consciente de que la ciudad es “diferente” a hace diez años, pero también apuntó que las soluciones hoy son muy parecidas a las que proponían entonces: “La posibilidad de una vivienda digna a todas las personas, vivir en una ciudad para disfrutar y moverse con tranquilidad, que los servicios públicos y el transporte público funcionen, y, sobre todo, una ciudad que sea para vivir el día a día y no una ciudad de cartón piedra en la que solamente se pueda vivir los fines de semana”.

Respecto al presente, Santisteve y Tomás destacaron los “tiempos difíciles” que se están viviendo. “Hay que incidir mucho en el trabajo colaborativo, en los barrios, para mover estos tiempos tan aciagos. El PP está desmontando todas las políticas sociales que emprendimos, pero el camino está trazado”, señaló el primero. “En la actualidad se ha normalizado la presencia de la extrema derecha en las instituciones, y por tanto los discursos homófobos, racistas y machistas, que también se pueden ver en los medios de comunicación”, lamentó la actual portavoz.

La necesidad de volver a unir a la izquierda ha sido otro de los asuntos que han sobrevolado en el encuentro. “La acción nos une, las palabras nos separan”, expresó Santisteve citando precisamente al recién fallecido José Mujica. Después, ante los medios, el exregidor mostró su esperanza en “las izquierdas, después de las experiencias de 2019 y de 2023, hayan aprendido” y para no volver “a cometer errores como esos”. “Estando de acuerdo en un 99% de los programas, lo que hay que evitar son personalismos y dar paso a gente nueva para continuar entre todos en la pelea”, continuó.

En la misma línea, Tomás afirmó que desde Zaragoza en Común “siempre” han estado “abiertos a la unión con partidos con los que” comparten “muchos objetivos y prácticamente el mismo programa electoral”.

La plataforma ciudadana, según señala Zaragoza en Común, continúa en “constante contacto con la ciudadanía, la calle, los movimientos, y también la renovación y formación”, a través de elementos como su 'Escuela Municipalista', sus 'Paseos Ciudadanos' o sus 'Cafés con', así como con su “fuerte” labor de oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo constructivos y críticos, “destapando irregularidades y señalando el mal uso del dinero público”.

Este décimo aniversario de ZeC se celebrará más adelante con una fiesta en el parque de la Paz con grupos de folklore, rap, djs y rock el próximo 24 de mayo, un Foro de Derechos Sociales el próximo 14 de junio y una nueva jornada de la Escuela Municipalista en septiembre.

Izquierda Unida y Zaragoza en Común han presentado una serie de medidas con el fin de “influir” sobre las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza siendo éstas recogidas en la futura Ley de Vivienda y en las condiciones que se aplican en las cesiones de superficie de las promociones de alquiler asequible. Ambas formaciones han pedido al Gobierno de Aragón, en una rueda de prensa convocada en las Cortes, que recoja en la futura Ley de Vivienda la protección permanente de las viviendas de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y que se dote presupuestariamente una partida para hacer efectivo el derecho al tanteo y retracto de las VPO que se enajenen.

La formación municipalista ha anunciado que presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento este  jueves, 27 de febrero, una moción donde se recogerán estas solicitudes. En cuanto al parlamento aragonés, este jueves se debate en sesión plenaria el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno de Azcón que, según el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, “es una norma contraria a la ley estatal y redactada para favorecer los intereses del mercado y promotores, no para impulsar y regular el derecho a techo recogido en la Constitución”. 

Las VPO han sido una herramienta clave para garantizar este acceso a la vivienda. La exigencia de mantener los precios regulados en el periodo que dura la protección de la vivienda tanto en la venta como en el alquiler de la misma garantiza que las personas con ingresos bajos o medios puedan acceder a una vivienda digna sin quedar excluidas del mercado y evita que promotores o inversores adquieran estas viviendas con el único fin de revenderlas a precios elevados, asegurando que sigan cumpliendo su función social, lo que ayuda al control de la subida de los precios de la vivienda. 

En Aragón y Zaragoza

Aragón cuenta con 29.492 viviendas de protección oficial, datos relativos al 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el año pasado se descatalogaron 3.316 VPO que ya están en el mercado como libres. De ellas, 1.640 están en territorio zaragozano, un 70% del total. La cifra de descatalogación en los últimos años duplica la de construcción, con ello el parque de VPO disminuye notablemente y sus efectos beneficiosos en garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación y la subida de precios también disminuyen. 

Según denuncian ambas formaciones, “a pesar de esta situación, el presidente Azcón en su proyecto de Ley de Vivienda lejos de plantear la ampliación del plazo de descatalogación de estas viviendas pretende reducirlo: a 20 años las VPO de promoción pública y hasta a 10 en las de promoción privada, desmantelando el parque público de VPO de la Comunidad”. Por ello, desde Izquierda Unida y ZeC se insta a los grupos parlamentarios para que establezcan una vigencia permanente de la calificación como Vivienda Protegida para las Viviendas que se construyan con la protección pública.  

“Tampoco el convenio firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción de vivienda asequible garantiza los precios de vivienda asequibles durante los años de cesión de superficie de manera gratuita de los suelos dotacionales, que se extienden a 75 años, mientras que el Gobierno de Aragón, tan solo garantiza ayudas a los jóvenes durante un máximo de 15 años por persona y 30 años por vivienda”, ha señalado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domíguez. 

Desde las formaciones también han mostrado su preocupación porque la gestión del acceso y los alquileres a las viviendas de alquiler asequible con este modelo se deja en manos de las entidades privadas, por el momento de Brial, que es quien ha obtenido hasta la fecha todas las licitaciones. 

 “Además, a pesar de la grave emergencia habitacional que estamos viviendo, con una escalada de precios en los alquileres que imposibilitan el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes y familias con ingresos más humildes, ni el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ni el Gobierno de Aragón está ejerciendo el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas de protección oficial, en aplicación de la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida”, ha recordado el portavoz parlamentario de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz. 

Desde el 2019, “ha habido más de 160 viviendas solo en Zaragoza en las que el Ayuntamiento podría haber ejercido el derecho al tanteo y adquirir al precio de VPO viviendas en los distintos barrios de la ciudad para alquiler público”, exponen. “Estamos hablando que el precio medio de estas viviendas ronda los 150.000 euros y con cuatro millones de inversión anuales se aumentaría  en 160 viviendas el parque de vivienda público”, ha apuntado Domínguez para quien “no es comprensible” que el Gobierno de Aragón esté haciendo una campaña de compra de vivienda y no ejerza el derecho al tanteo, adquiriendo unas viviendas relativamente nuevas y que su dispersión en los distintos barrios, “lejos de ser un impedimento”, es una “oportunidad de crear vivienda pública de alquiler” en casi todos los barrios de la ciudad.

La amplia mayoría obtenida por el PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, con 19 ediles de 31, se habría visto mitigada si las fuerzas a la izquierda del PSOE hubieran sido capaces de entenderse y crear una candidatura de confluencia. De este modo, si Zaragoza en Común (ZeC), la única que obtuvo representación en las elecciones del domingo con dos concejales, hubiera ido en una candidatura unitaria junto a CHA y Podemos, habrían alcanzado los cinco concejales. Sin embargo, no habría sido suficiente para dar un vuelco a la mayoría conservadora que se ha impuesto en la capital aragonesa. Extrapolando los datos del pasado domingo, esa supuesta candidatura unitaria habría obtenido 50.046 votos, casi 9.000 más que Vox, que obtuvo 41.061 y cuatro concejales.

De haberse dado esa hipotética alianza, el PP habría perdido dos ediles y habría pasado de 15 a 13 y el PSOE también habría cedido uno, pasando de 10 a 9. Vox habría mantenido los cuatro que, sumados a los de la lista popular comandada por Natalia Chueca habría permitido a la derecha mantener la mayoría absoluta. 

Sin embargo, ni CHA ni Podemos obtuvieron representación a pesar de haber obtenido entre las dos más de 31.000 votos, ya que ninguna de las dos candidaturas superó la barrera mínima del 5% de los votos obtenidos, requisito indispensable para entrar en el escrutinio. CHA se quedó a unos 400 votos para llegar a ese porcentaje, y obtuvo 15.757 votos y un 4,74%. Insuficiente para obtener un edil, como ya le sucedió en las elecciones de 2019. La debacle es mayor para Podemos, que ha perdido 6.000 votos y dos puntos en el porcentaje, quedándose en un 4,49% y 14.908 votos. La formación liderada por Rivarés se queda sin los dos ediles que tenía actualmente, y sume a la formación morada en una profunda crisis acrecentada por el batacazo que también se ha dado en las Cortes. 

Si en 2019 ni ZeC ni Podemos fueron capaces de confluir, en 2023 también ha sido imposible, lo que ha sumido a la izquierda casi de forma inmediata en un intenso debate en el que prácticamente todos coinciden en que es el momento de aparcar los personalismos y trabajar para obtener una candidatura de confluencia en las elecciones generales de julio. Las experiencias previas en este sentido permitieron que la izquierda del PSOE obtuviera representación en el Congreso por Zaragoza. Todo indica que en las próximas elecciones generales sí habrá una candidatura de izquierdas, en la que influye también el paso dado hacia delante por otros miembros de candidaturas progresistas que han mantenido un tono muy crítico con los protagonistas de las truncadas negociaciones para alcanzar la confluencia en una candidatura municipal. 

La votación del domingo indica que Zaragoza ha virado a la derecha, pero, en realidad, el voto tampoco se ha movido tanto. Algunos factores lo demuestran. Como que el PSOE mantiene su número de concejales (en 2019 fue la fuerza más votada y no pudo gobernar por la negativa de Ciudadanos a pactar) y apenas ha perdido 5.000 votos, que no suponen más de un 2%. Del mismo modo, el espectacular aumento del PP, que gana 52.000 votos y pasa de un 22% a casi un 38% es, simplemente, el traspaso prácticamente íntegro del voto perdido por Ciudadanos, el gran perdedor de la noche. De hecho, Ciudadanos se ha dejado 55.000 votos, pasando de 60.000 votos a 5.000. Sí es significativo, sin embargo, que Vox duplique su número de papeletas obtenidas, pasando de 20.000 a 41.000. Dobla el número de concejales, de dos a cuatro, y tendrá un papel relevante en la próxima configuración de la corporación municipal. 

Queda la incógnita de saber a dónde habrían ido a parar los 8.000 votos obtenidos por Aragón Existe, que participaba por primera vez en los comicios. Se quedó lejos del mínimo del 5%, pero esos 8.000 votos no suponen una cifra desdeñable. Por el perfil de su candidato, Raúl Burillo, un buen número de votantes de esta formación podría haber ido también a formaciones de perfil progresista, que habrían contribuido a fortalecer el ala más de izquierdas en una ciudad que, esta legislatura, va a tener un marcado perfil ultraconservador. Salvo en 1983, que el PSOE obtuvo una holgada mayoría absoluta con 18 ediles, nunca se ha conseguido en el consistorio zaragozano. Eso sí, el PP iguala sus mejores resultados y se queda a uno de la mayoría absoluta, como ya le sucedió en 1995, 1999 y 2011. Venía de unas elecciones en 2019 donde obtuvo los peores resultados de toda la historia. 

El concejal del grupo municipal Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cubero, ha denunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha perdido 54 empleados públicos desde que PP y Cs accedieran al Gobierno municipal hace seis meses, a los que ha urgido a sacar adelante la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2019.

El Ayuntamiento ha pasado de tener 5.022 empleados municipales el pasado 30 de junio a 4.968 a finales del mes de octubre, según una información facilitada por el propio Gobierno a ZeC. Cubero ha comparado esta cifra con los 200 empleos generados por el equipo de gobierno anterior, cuando ZeC estaba al frente del Gobierno de la ciudad- “para intentar paliar los 600 empleos perdidos durante la crisis económica”.

“Esto demuestra -ha manifestado el concejal- que el empleo público no está entre las prioridades del actual gobierno de la derecha”, al tiempo que ha urgido a PP-C´s que se saque la oferta de empleo publico correspondiente a este ejercicio, ya que “aunque los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados la partida correspondiente a la oferta de empleo público se mantiene”.

Apoyo a la petición de los sindicatos de negociar la OPE

Cubero, asimismo, ha apoyado el escrito firmado por los sindicatos CSIF, Forza Pol, UGT, CSL, OSTA, CGT y CC.OO, en el que recuerdan al equipo de gobierno que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y de las cuentas municipales no impide negociar una OPE en 2019, como han demostrado los ayuntamientos de Sevilla o Santander, en la misma situación que Zaragoza.

Perder la OPE este año implica que el Ayuntamiento pierda la capacidad de cubrir las jubilaciones en un momento en el que todos los servicios municipales necesitan más trabajadores, especialmente la Policía Local y los Bomberos, que serían los más beneficiados de salir adelante esa oferta, ha añadido el concejal. En tono irónico, Cubero ha dicho que hasta el grupo municipal de Vox ha solicitado, mediante una moción que defenderá en el pleno de noviembre, que se saque la oferta de empleo público de este año.

El concejal de ZeC ha avanzado que presentará otra pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno municipal para que le informe sobre las áreas en las que más personal se ha perdido y las causas. “Cuando gobernaba ZeC la prioridad era crear empleo en el área de Derechos Sociales porque era la prioridad política”.

A su parecer, esta falta de oferta de empleo público es una “mala noticia” porque en todos los servicios hace falta más personal.

Zaragoza en Común ha denunciado la situación en la que se encuentra la tramitación de las facturas en el Ayuntamiento de Zaragoza y el periodo medio de pago a proveedores, el tiempo que tardan en cobrar las empresas que ofrecen servicios al Consistorio. En la actualidad, el Gobierno de Zaragoza tiene 32 millones de euros “en facturas en los cajones”, ha denunciado el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero.

Son facturas sin tramitar, pendientes de pago, que afectan a pequeñas y medianas empresas y autónomos, en su mayoría. “Este retraso también ha supuesto que el periodo medio de pago a los proveedores del Ayuntamiento se duplique pasando de algo menos de 20 días -en las mismas fechas de 2018- a 39 en la actualidad”, ha explicado el concejal.

“Estas facturas sin tramitar, metidas en un cajón, son dinero que están dejando de cobrar pequeñas empresas, como los centros de tiempo libre y aquellas que se ocupan del mantenimiento y la conservación de los colegios”

Alberto Cubero también ha denunciado la forma de proceder del “gobierno de la derecha, que se dedica a pagar antes a las grandes contratas que a hacer frente a la facturación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos a los que este gobierno está ahogando”. Y ha añadido: “La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta que a día de hoy el Ayuntamiento cuenta con 92 millones de euros de liquidez, es decir, que si se hiciera frente al pago de todas las facturas y el Ayuntamiento se pusiera al día con todos sus proveedores aún sobrarían 60 millones de euros en la caja”.

Nuevo capítulo de recortes en el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. La semana pasada se aprobó una modificación presupuestaria, para pagar a los bancos, que afectó, en gran medida, a las partidas originalmente destinadas a luchar contra el cambio climático, la creación de escuelas infantiles y la red de bibliotecas. Esta vez las paganas han sido las empresas de economía social y solidaria.

Se ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones, eliminando, de forma directa, la subvención de ‘Apoyo a la financiación a empresas de Economía Social', dotada con un importe de 50.000 euros.

Además, han recortado las cuantías, en un 4%, de las líneas destinadas a los convenios: Reas Mercado Social y Reas Innovación y Desarrollo, Economía Solidaria y Cooperación; el de la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES), de la Unión Profesional Trabajadores Autónomos Aragón (UPTA), el de Inserción Social de ATADES, el de la Universidad de Zaragoza vinculado al Laboratorio de Economía Social y el de ECOS para la Dinamización del comercio local.

PSOE y Zaragoza en Común han denunciado esta decisión. El concejal socialista Luis Miguel García Vinuesa ha recordado que esta acción llega después de que la semana pasada se produjera “el mayor recorte en la historia de Zaragoza”. Ahora, ha dicho, “asistimos atónitos a una reducción muy fuerte de partidas con un claro componente ideológico en lo que se intenta justificar como un ejercicio de contención del gasto, mientras sin ningún pudor destinan más de 600.000 euros a asesores y a su macroestructura de gobierno”.

Por su parte, la concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto, ha indicado que esto es un “sablazo” del que “nos hemos percatado después de haberse aprobado en gobierno, sin posibilidad de diálogo y negociación”. Ha destacado la importancia de la economía social en el conjunto del país, ya que “representa el 10 % del PIB y el 12,5 % del empleo”.

En 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza no dará ayudas para el pago de tributos municipales. Estas subvenciones permitían a las familias reembolsarse el 50 % del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del impuesto de circulación y de las tasas del cementerio.

En 2018, se recibieron 2.150 solicitudes, de las que se concedieron 1.737, lo que supuso un montante total de 194.973 euros. En 2017, según los datos de la auditoría recientemente elaborada por la Intervención General del Consistorio zaragozano, hubo 1.946 solicitudes y 1.389 concesiones (154.786 euros) y, en 2016, las solicitudes fueron 780 y las concedidas 596, con un total de 66.218 euros.

Partida presupuestaria

Desde el PP explican que no hay partida presupuestaria para financiarlas. El motivo es que cuando se prorroga un presupuesto (como sucedió con el del Ayuntamiento de Zaragoza) las partidas correspondientes al capítulo 4 (donde se incluyen convenios y subvenciones) desaparecen. Para volver a dotarlas hay que hacer una modificación presupuestaria.

PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) aprobaron, el pasado mes de abril, una modificación presupuestaria que incluía una serie de partidas, pero no esta. En ZeC explican que estas modificaciones “se hacen por lotes y que si el Gobierno actual tuviera interés en que siguieran las ayudas, las incluiría en las modificaciones presupuestarias que van a llevar a cabo”.

“Han sido un fracaso”

No obstante, en el PP califican estas ayudas de “absoluto fracaso” y reconocen que las hubieran eliminado en cualquier caso. Apuntan a la auditoría, donde se refleja el gasto anejo a la gestión de las mismas, y en la que se califica la convocatoria de “ineficaz e ineficiente”.

Estos gastos –entre personal, comunicación y otros–, tal y como aparece en la auditoria, fueron de 158.000 euros en 2018, 145.000 en 2017 y 85.100 en 2016. También apuntan al poco grado de ejecución, ya que en 2018 se presupuestaron 500.000 euros, 1.189.282 en 2017 y 2,8 millones en 2016.

Los populares aseguran que son “un ejemplo de programa totalmente ineficaz, el mejor ejemplo de cómo gestionar ineficazmente los recursos públicos”. Además, dicen, “es un programa que comenzó a financiarse con recursos de las ayudas de urgente necesidad, que son para paliar los problemas de la gente con necesidades en vivienda y alimentación, no para subvencionar impuestos de gente que tiene en propiedad una vivienda”.

“Recortes de la derecha”

La portavoz de Zaragoza en Común en la Comisión de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha advertido de la “peligrosidad de los recortes de la derecha en el Ayuntamiento”, más aún en “aquellas partidas que están vinculadas a la garantía de las necesidades básicas de las personas más vulnerables y ayudas como las que hoy, ya, vemos recortadas”.

Estas ayudas, ha señalado, buscaban “promover la equidad y paliar, en medida de lo posible, las situaciones de desventaja económica y social que produjo la crisis y que a día de hoy aún persisten”.

PSOE, Zaragoza en Común y Podemos – Equo han presentado una moción conjunta para que el Gobierno del PP dé marcha atrás en la eliminación de los 13 cursos de formación para el empleo impartidos desde el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza Activa.

Este recorte en la formación, han señalado, afecta a más de 200 plazas y decenas de horas de trabajo de 24 profesores. Además, los grupos municipales sostienen que “no hay motivos económicos para el recorte, ya que la entidad tiene las cuentas saneadas y dispone de remanente en sus presupuestos para afrontar la financiación de estos cursos”.

Por añadidura, han recordado que el 1 de junio de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por unanimidad una moción que ratificaba su compromiso contra el desempleo, la necesidad de contar con un modelo que fuera capaz de atender las necesidades de los zaragozanos y zaragozanas, y que impulsara las políticas de empleo en colaboración con otras administraciones.

En coherencia con ese compromiso, los grupos de la izquierda presentarán en el próximo pleno una moción conjunta con el fin de mantener, al menos, la actual programación formativa del IMEFEZ. Además, instarán al Gobierno del PP a atender “las nuevas necesidades detectadas y el mayor volumen de demanda en materia de formación para el empleo, así como a mantener el compromiso con el empleo y la formación pública y gratuita, buscando el concurso de otras administraciones cuando se requiera”.

Para Luis Miguel García Vinuesa (PSOE), el “recorte que la señora Plantagenet ha realizado sin conocimiento del resto de grupos de la oposición se centra en tres aspectos: precarización laboral del profesorado, recorte en los derechos de los trabajadores y un atentado contra los más vulnerables (trabajadores mayores de 55 años), reduciendo la oferta formativa para desempleados. Además, se ha ignorado la voluntad del Pleno al no respetar una moción presentada por CHA y aprobada por unanimidad en la que se pretendía apostar por el IMEFEZ”.

Según Alberto Cubero (ZEC), esta es “una inversión de pocos miles de euros para el Ayuntamiento, pero con una gran repercusión social, ya que el 70 % de media de estos solicitantes acceden, después a un puesto de trabajo”. También Amparo Bella (Podemos-Equo), ha señalado que este recorte en las políticas de empleo “atenta contra la dignidad, el bienestar y la felicidad de miles de chicas y chicos que buscan en esos cursos una herramienta que les permita acceder a un trabajo digno y, por tanto, a una mejora clave en su vida”.