La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de tres años de cárcel e inhabilitación impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un abogado por apropiarse de 38.212 euros que debía haber entregado a unos clientes en el marco de una demanda civil de nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos suscribieron con Kutxabank. El alto tribunal vasco destaca, además, que el letrado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica del matrimonio al que defendía, y se aprovechó de la confianza que depositaron en él.

El abogado fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida agravada por aprovecharse de su credibilidad profesional y por la entidad del perjuicio causado y, además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia le inhabilitó para ejercer como abogado durante tres años. Según los hechos declarados probados por el tribunal vizcaíno, el letrado llevó la demanda civil interpuesta por un matrimonio que reclamaba la nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos habían suscrito con Kutxabank, según recoge Europa Press.

Un juzgado de Primera Instancia de Bilbao dio la razón al matrimonio y reconoció su derecho a percibir 91.912 euros. El letrado instó la ejecución estimatoria dictada por ese juzgado, y este emitió un mandamiento de pago a favor del matrimonio por esa cantidad que fue cobrado por el letrado. Sin embargo, el acusado “aprovechándose de la confianza que habían depositado en él” sus clientes, les ocultó la cuantía real y les trasladó que lo que se les había reconocido eran 60.000 euros a lo que había que restar sus honorarios (6.300 euros).

De esta manera, incorporó a su patrimonio un total de 38.212 euros, la diferencia entre la cantidad reconocida en la sentencia y la comunicada a sus clientes, 31.912 euros, más los 6.300 euros de sus honorarios. Además, el letrado ocultó a sus clientes que esa sentencia no era firme y que la cantidad percibida podría estar sujeta a reversión, como así sucedió porque Kutxabank recurrió, y la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia le dio la razón y ordenó la devolución de las cantidades consignadas, tal como se recuerda en la resolución.

De ahí que la sentencia de la Audiencia vizcaína que condenó en primera instancia al letrado fijara que este, en concepto de responsabilidad civil, debía abonar a esa entidad bancaría 38.212 euros, el montante total que, según se declaró probado, se apropió el abogado. El letrado recurrió ante el TSJPV solicitando la revocación de la sentencia argumentando, principalmente, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.

Por su parte, el TSJPV rechaza su recurso y mantiene que ha existido prueba de cargo testifical y documental que denota que este “ocultó la cifra reconocida en la sentencia” del juzgado de Primera Instancia de Bilbao y que “la actuación efectuada estuvo presidida por la voluntad consciente de incorporar a su propio patrimonio un dinero que hubiera debido ingresar en el acervo patrimonial de sus clientes”.

Prevalerse de la confianza

El alto tribunal vasco añade que el acusado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes y que existió un desvalor adicional en su actuación, porque para realizar la encomienda profesional efectuada por sus clientes, no era preciso que estos le otorgaran un poder específico para cobrar en su nombre las cantidades que se reconocieran en el procedimiento judicial. “La atribución al abogado de este específico poder, del que se valió para cometer el delito, únicamente descansó en la especial credibilidad profesional que el letrado inspiró a los clientes”, un dato, añade el TSJPV, que “desvela un desvalor adicional” para justificar que se agrave la pena.

El TSJPV también considera acreditado que el acusado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica de sus clientes y el “significativo quebranto económico” que suponía para ellos “verse privados de una cantidad superior a los 30.000 euros con su maniobra de distracción”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

China condenó a muerte por corrupción el jueves a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, dos de las figuras de mayor rango afectadas por la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar del país. La condena está suspendida durante dos años, lo que quiere decir que no serán ejecutados si no delinquen durante el período.

Un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos, según la agencia oficial china, Xinhua. Ambos fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.

Las sentencias establecen además que, una vez transcurrido el periodo de suspensión y conmutadas las penas a cadena perpetua conforme a la legislación china, no podrán optar a reducción de condena ni a libertad condicional.

Wei Fenghe fue ministro de Defensa entre 2018 y 2023 y Li Shangfu ocupó el cargo entre marzo y octubre de 2023, antes de desaparecer de la escena pública y ser posteriormente destituido.

Ambos habían sido también consejeros de Estado y miembros de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas.

Los dos fueron expulsados del Partido Comunista de China (PCCh) en 2024 por “graves violaciones de la disciplina”, fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción.

El Ejército respalda las condenas

El Diario del Ejército Popular de Liberación (EPL), el órgano de difusión oficial del Ejército chino, publicó un editorial el viernes en el que defiende las condenas. Acusa a los dos antiguos altos cargos de haber sufrido un “colapso de la fe”, de perder la lealtad y de causar un “daño particularmente grave” a “la causa del Partido, a la construcción de la defensa nacional y a la imagen de los cuadros dirigentes”.

“Cualquier persona, por alto que sea su cargo o grande que sea su poder, es igual ante la disciplina del Partido y la ley del Estado”, señaló el editorial, que advirtió de que “no habrá indulgencia para la corrupción”.

El texto advierte de que “la lucha contra la corrupción debe avanzar con determinación”, al tiempo que insta a los miembros del EPL a “mantener siempre una integridad política intachable” y “comprender la ley y la disciplina, tener claridad sobre las normas y reglamentos, y saber qué temer”.

Campaña de purgas

Sus caídas se produjeron en medio de una amplia campaña de purgas en la cúpula militar china que también afectó a altos mandos de la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear del país, y a figuras de máximo rango como los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong.

En los últimos meses, el mandatario chino ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar la lealtad política dentro del Ejército, de intensificar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas y abandonar sus “aires de superioridad”, en un momento marcado por el impulso a la modernización militar de cara a 2027, centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El contexto coincide además con el anuncio, el pasado mes de marzo, de un aumento del 7% del presupuesto de Defensa de China para 2026, un incremento inferior al 7,2% registrado en cada uno de los tres años anteriores.

Una sentencia dictada por un juzgado de Gijón reconoce la aporofobia como motivo para la comisión de un delito de odio en la causa abierta contra un hombre que agredió a una persona sin hogar en 2022 y que ha sido condenado a 15 meses y un día de prisión, aunque la pena ha sido suspendida durante tres años siempre que no delinca y se someta a un tratamiento de desintoxicación.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 de noviembre de 2022 cuando el acusado, de común acuerdo con otra persona, se dirigió al portal donde se hallaba su víctima guiado por la intención de denigrar su integridad física y moral por su animadversión hacia las personas por su situación socioeconómica.

Grabaron la agresión

Según la sentencia, en ejecución del plan previamente ideado, le propinó varias patadas en la espalda sin provocarle lesión y le despojó de sus ropas de abrigo y del saco de dormir mientras su acompañante grababa los hechos con su teléfono móvil, unas imágenes que fueron colgadas días después en la red social Instagram por un tercero con su conocimiento y consentimiento.

“Mucha polémica por el vídeo anterior pero no quiero indigentes en mi portal que me asusta a los niños y antes de eso le corto la cabeza, a dormir a las puertas del ayuntamiento, ellos son los culpables sin ponte a pasar farlopa o peta a una tienda que fácil es quejarse maricona di no te gusta trabajar haz algo”, señalaba el texto adjunto a las imágenes.

Motivo de aporofobia

El tribunal condena al acusado como autor de un delito de odio por motivo de aporofobia en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y otro leve de maltrato sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad y le impone además una indemnización de 2.000 euros a su víctima.

Un precedente jurídico

Según el colectivo HOGAR SÍ, que se personó como acusación popular en el procedimiento, la sentencia consolida el artículo 510 del Código Penal como herramienta efectiva para perseguir graves actos aporofóbicos contra las personas en situación de sinhogarismo.

A su juicio, no se trata únicamente de una condena individual, “sino de un precedente jurídico que ayuda a nombrar, acreditar y perseguir una violencia históricamente invisibilizada” y hace que la inclusión de la aporofobia en dicho artículo “no sea un concepto accesorio, sino una herramienta real y efectiva de protección de derechos”.

Un aficionado ha sido condenado a nueve meses de cárcel por un delito de odio por los insultos racistas que dirigió al jugador del FC Barcelona Marcus Rashford durante el partido de fúbol que el equipo blaugrana disputó contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, el 25 de septiembre de 2025.

Cuando el futbolista iba a realizar un saque de esquina, el acusado le gritó desde su asiento “negrata”; una expresión que fue “claramente audible y perceptible” por los demás asistentes al encuentro, generando en el futbolista “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”, como ha resaltado la Fiscalía este miércoles durante una audiencia preliminar, celebrada ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.

Tres años sin pisar un estadio

Durante esta audiencia preliminar, el acusado ha asumido su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Fiscal y ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que se le impone una condena de nueve meses de cárcel.

No obstante, la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad condicionada a que se someta a un programa formativo contra el odio y la discriminación, abone la totalidad de la responsabilidad civil que se cuantifica en 2.000 euros y la prohibición de acudir al campo ovetense, así como a los estadios donde se celebren partidos de fútbol de la Liga Profesional de 1ª y 2ª división, durante 3 años.

La ofensa al futbolista

Esta condena incluye además su inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 3 años y 9 meses.

El acusado comparecía esta mañana ante el tribunal de la Sección Segunda para justificar las razones que le llevaron a insultar al jugador del Barça. En su descargo, admitió que cometió un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas cuando dirigió hacia él ese comentario despectivo que, a juicio de la Fiscalía, tenía como finalidad “ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol”.

Pudo ser identificado gracias a que su imagen se difundió en una red social. El post llegó a alcanzar 24 horas después de publicado 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, "con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador", según ha confirmado la Fiscalía asturiana

Su imagen, en una red social

La Policía logró identificarle gracias a que justo ese momento preciso había sido recogido por la cámara de otro aficionado que subió la imagen a la red social X.

Según ha confirmado la propia Fiscalía, ese post llegó a alcanzar a las 24 horas de publicado nada menos que 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, “con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador”, señala el representante de la acusación pública.

La reparación del daño

Este miércoles, la Fiscalía imputó al acusado su autoría en un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas en concurso con un delito contra la integridad moral.

A este delito le aplicó la circunstancia atenuante de reparación del daño ya que, previamente a la celebración de esta audiencia preliminar, el acusado había consignado en la cuenta judicial la cantidad de 600 euros para cubrir parte de la responsabilidad civil.

Al tratarse de un acuerdo de conformidad, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias ya es firme.

Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco en mayo de 2014, serán trasladadas desde la cárcel de Asturias, donde cumplen condena actualmente, a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid.

El traslado, solicitado por las presas, ya ha sido concedido y se llevará a cabo en fechas próximas, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La madre, que confesó el crimen, fue condenada a veintidós años de cárcel como autora material, y su hija Triana a veinte años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

Triana se apunta a un máster

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial.

Las mismas fuentes han precisado que Triana Martínez, que ya disfruta de permisos penitenciarios desde hace casi un año, ve en la capital de España más oportunidades laborales de cara al fin de su condena.

Montserrat aspira a un permiso

Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, han precisado las mismas fuentes.

Montserrat González y Triana Martínez se trasladarán a Alcalá Meco después de haber pasado por las cárceles de Asturias, de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que fueron consideradas internas conflictivas.

Un documental

Actualmente Triana Martínez sale de prisión entre tres y cuatro días cada mes en virtud del permiso que le fue concedido el pasado noviembre después de catorce negativas a las solicitudes realizadas por parte de su abogado desde 2022, que a su madre se le sigue negando.

Ambas condenadas han participado en un documental en el que hablan por primera vez desde la cárcel y que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 12 de mayo, el día del asesinato a tiros en plena calle de Isabel Carrasco, del que se cumplen doce años este 2026.

El documental lleva por título 'Desde la celda. Crimen en León' y desde HBO Max España ya se está 'alimentando' el interés a través de la expresión “Ya conoces el crimen, ahora escucha su versión”, donde madre e hija pasan a convertirse en las reclusas protagonistas de su propia vida, como se puede apreciar en el siguiente post difundido en el perfil de la plataforma en la red social X.

Un crimen “casi perfecto”

Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Monserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque “la había tomado con su hija”, a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

La frase incriminatoria de la asesina

“Era su vida o la de mi hija”, afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento.

Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por parte de un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de treinta horas y que ya disfruta del tercer grado.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

En una sentencia, no exenta de polémica, la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a uno de los dos miembros de la Policía Local de Oviedo que fueron juzgados, el pasado mes de diciembre, acusados de un delito de lesiones tras protagonizar un incidente, el 24 de junio de 2022, con dos estudiantes de Medicina.

Los dos jóvenes se encontraban, en una zona apartada, en el interior de su coche y se dieron a la fuga cuando los acusados se acercaron a su vehículo para pedir la documentación. Ninguno de los dos policías iba uniformado y se habían desplazado a la zona en un coche camuflado.

Casi cuatro meses han transcurrido desde que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró visto para sentencia el juicio hasta que se ha hecho pública la resolución judicial.

Un voto particular

Las diferencias de valoración de la prueba entre las tres magistradas que integran el tribunal se han visto reflejadas con la emisión de un voto particular de una de ellas que se inclinó hacia la absolución de ambos policías.

El voto particular responde a la percepción de la magistrada de que la actuación del policía ahora condenado no fue dolosa y que su intervención se produjo ante la creencia de que su compañero -que resultó absuelto- corría un riesgo inminente de atropello tras haberle pasado por encima de un pie el coche de las víctimas al emprender la huida.

Sin uniforme y en coche camuflado

La sentencia da veracidad a la versión de las víctimas que sostenían que no habían identificado a los acusados como policías al ir vestidos sin uniforme y en un coche camuflado, sin distintivos oficiales.

La resolución judicial declara probado que, el 24 de junio de 2022, los dos policías llegaron a las nueve de la noche hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de La Florida, en la capital asturiana, y vieron el coche de la pareja que estaba estacionado.

Creyeron que no eran policías

Tras bajarse del coche, los policías se dirigieron a pie hasta el lugar donde se encontraban los estudiantes y el acusado ahora condenado le pidió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse.

Sin embargo, el conductor al desconfiar de que se tratara de agentes de la autoridad y al sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, “arrancó el coche y realizó una maniobra de huida”.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los policías, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo: dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera”, según se recoge en la sentencia.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante llamaba al 112 para relatar lo ocurrido y pedir auxilio.

La detención

Los agentes persiguieron a la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde el policía que resultó absuelto detuvo al joven “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarr” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla“, continúa la resolución judicial.

Las lesiones

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

Durante el juicio, los jóvenes reiteraron que en varias ocasiones pidieron perdón a los policías por haber huido, una vez que se enteraron que sí pertenecían a la Policía Local.

Ambos alegaron que la confusión se había debido a no ir identificados como policías cuando les requirieron la documentación, de noche y cuando estaban “en un lugar tranquilo al que habían ido en otras ocasiones”.

La proporcionalidad

La sentencia es condenatoria para uno de los dos policías por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja y que, según el tribunal, tuvieron su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra su coche.

El agente que detuvo al conductor ha sido absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.

Los sindicatos asturianos han celebrado este miércoles el indulto a 'Las seis de La Suiza', si bien han alertado de que todo el proceso y su entrada en prisión ha supuesto una “pérdida importante” para la democracia, así como una “criminalización del sindicalismo”.

El grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza' y portavoces de organizaciones sindicales de Asturias, en unidad de acción, han dado este miércoles una rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón, tras la decisión aprobada en el Consejo de Ministros de concederles el indulto.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones y confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que las cinco mujeres y el hombre ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja.

El despido y las protestas

Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido, porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento.

Desde el grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza', Inés González Pérez ha remarcado que se trata de la “victoria de seis personas”, lograda “gracias a la movilización sindical”, si bien “la pérdida de derechos sindicales e individuales está por zanjar”.

Las valoraciones

El secretario ejecutivo UGT, Juan José Iglesias, ha valorado el indulto, si bien ha lamentado que el hecho de que tuvieran que entrar en la cárcel, ya que ha supuesto una “pérdida importante en la democracia”, así como un “atropello a un derecho constitucional”.

Durante su intervención, el responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha valorado el indulto “después de este calvario de las ”seis compañeras represaliadas“, si bien ha hecho un llamamiento para que los sindicatos sigan vigilantes, frente a ”las amenazas de la democracia“ que han surgido en el ”horizonte de la clase trabajadora“.

El secretario general de USO Asturias, Miguel Rivero, ha reconocido que el de hoy es un “día de alegría” para los que creen en una “sociedad más equilibrada y más justa”, ya que la entrada en la cárcel de los seis representantes sindicales “nunca tendría que haber pasado en democracia”.

La “criminalización del sindicalismo”

La portavoz de la Intersindical Asturiana Lena Sarasúa ha recordado que han sido “casi seis meses de un largo proceso”, con “consecuencias a nivel personal, sindical y social” mientras que, desde la CGT, Yanira Hermida ha mostrado su alegría, pese a “lamentar profundamente la demora de este indulto” y la “criminalización del sindicalismo” que se ha producido.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de la Clase Trabajadora LCT Pedro Pariente, ha destacado que la “unidad sindical” ha permitido “llevar esta lucha a cabo”, ya que “con la unidad sindical las batallas pueden seguir avanzando y ganándose”.

La portavoz de CNT Gijón Cristina Mencía también ha interpretado el indulto como un “resultado directo de la lucha” sindical, si bien ha afeado que haya tenido que darse en respuesta a un “proceso que ha puesto en cuestión los límites mismos de la acción sindical”.

Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

Un acusado de tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos por grabar a mujeres mientras se duchaban en un centro social de Gijón ha reconocido su autoría y ha aceptado penas que suman siete años y medio de cárcel.

El acuerdo ha tenido lugar en la sección penal del Tribunal de Instancia de Gijón, plaza número 1, donde hoy, martes, estaba señalado el juicio.

Un acuerdo

La Fiscalía ha aceptado rebajar su petición inicial de 10 años y medio de cárcel al reconocer la atenuante de reparación del daño al haber ingresado el acusado parte de la indemnización de 4.000 euros a las víctimas.

El procesado, que es reincidente porque ya fue condenado por hechos similares cometidos en Oviedo en 2022, también deberá pagar una multa de 2.160 euros.

Un móvil camuflado

Los hechos se produjeron el 29 de octubre de 2024, cuando el acusado, de 43 años, en la zona de aseos femeninos de un centro social de Gijón destinado a la asistencia de personas adultas vulnerables o con riesgo de exclusión, colocó de manera disimulada, en el suelo, una mochila que contenía en uno de sus bolsillos un teléfono móvil camuflado con una malla tipo calcetín y cinta aislante.

Ese día logró grabar a una mujer, desnuda, tras lo cual -cuando las circunstancias se lo permitieron- recogió la mochila y guardó la grabación en el terminal.

El teléfono perdido

Al día siguiente hizo lo mismo, y una tercera vez el 1 de noviembre, grabando cada día a una mujer mientras usaba las duchas.

El acusado conservó las grabaciones hasta que, el 12 de noviembre, perdió el teléfono en la calle, lo que permitió que la Policía lo incautase y descubriera las grabaciones.

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a 17 años y seis meses de cárcel al acusado de matar con una navaja al joven Fernando Úrbez Sarrablo Castillo en el exterior de un bar en Boltaña, en Huesca, el 2 de octubre de 2023. El jurado declaró al acusado culpable de un delito de asesinato con alevosía.

Sergio Domínguez Elvira fue declarado culpable de asesinato por el tribunal del jurado tras el juicio celebrado el pasado mes de febrero en la Audiencia de Huesca al apreciar por unanimidad que fue el autor de la muerte de la víctima, sobre la base del único testigo ocular de los hechos, pero únicamente por mayoría que su intención desde un primer momento era provocar la muerte del joven. Uno de los puntos clave de la sentencia es la apreciación de la alevosía, basada en la nula capacidad de respuesta de Fernando. El texto judicial subraya que el ataque fue “inesperado, atendiendo a la intensidad y dirección del movimiento utilizado”, lo que, sumado a la embriaguez de la víctima, influyó “decisivamente en la anulación de toda respuesta defensiva”.

La resolución hace especial hincapié en el estado de Fernando, señalando que presentaba una concentración de alcohol de 2,75 g/L. Según la pericial forense citada en el fallo, esta circunstancia “reduce la capacidad de atención o reacción, favoreciendo la sorpresa del ataque”. Por ello, el jurado concluyó que el acusado se aprovechó de estas “condiciones objetivas de indefensión o de imposibilidad de repeler la agresión”.

Respecto a la conducta de Sergio Domínguez Elvira, la sentencia destaca la frialdad tras el apuñalamiento. Testigos presenciales indicaron que, tras clavar la navaja, el acusado “se dio la vuelta y se fue hacía su coche” , alejándose de la plaza “sin realizar ninguna maniobra brusca o anómala”. El tribunal resalta que, a pesar de ser consumidor habitual de sustancias, el día de los hechos “no tenía mermadas sus capacidades, ni tenía afectación alguna en sus facultades intelectivas o volitivas” , basándose en que los testigos lo vieron caminar “recto” y hablar de forma “normal”.

En cuanto al castigo penal, el magistrado justifica la extensión de la pena de cárcel por la “mayor o menor gravedad del hecho” y la “grave repercusión vital, familiar e incluso social” de haber acabado con la vida de un hombre de 28 años.

Además de la prisión y la inhabilitación absoluta , el fallo impone medidas de alejamiento y comunicación por un periodo de “diez años superior a la pena de prisión efectivamente impuesta”. En el ámbito económico, la sentencia fija las indemnizaciones detalladas: 104.372,28 euros para el padre , 100.552,84 euros para la madre y 21.995,93 euros para cada uno de los dos hermanos. El juez concluye que estas cantidades buscan compensar un “desgarro vital, afectivo, humano y familiar de especial trascendencia” que “cercena la proyección vital y rompe la estabilidad emocional” de los allegados.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón a interponer, en su caso, en el plazo de diez días.

Dos personas procedentes de la provincia de Jaén han sido condenados como autores de un delito contra el patrimonio histórico, después de haber sido localizados realizando excavaciones ilegales en un yacimiento arqueológico de la provincia de Ciudad Real.

La Guardia Civil señala que se desplazaban desde su lugar de residencia hasta una zona aislada de esta provincia con el objetivo de “localizar y extraer objetos de valor histórico”, y que para ello hacían uso de detectores de metales y azadas, “removiendo tierra en un enclave arqueológico protegido e incluido en la Carta Arqueológica de la región”.

Conocimiento de los hechos

Estos hechos se desencadenaron cuando una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil sorprendió a los dos individuos en el interior de parcelas agrícolas que forman parte del entorno protegido del yacimiento.

Al verse descubiertos, los sospechosos “intentaron ocultar las piezas arqueológicas que ya habían extraído ilegalmente, escondiéndolas bajo el vehículo con el que se habían desplazado hasta esta zona”. Sin embargo, la intervención de los agentes permitió recuperar los objetos y proceder a la identificación de los responsables de este expolio.

Como consecuencia de estos hechos, la Justicia ha impuesto pena de prisión de ocho meses de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena para cada uno de los implicados. Así mismo han sido condenados al pago de una indemnización de 26.800 euros a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el perjuicio causado, cifra a la que se sumarán los intereses legales correspondientes y las costas procesales derivadas del proceso judicial.

Un daño irreparable al conocimiento histórico

La sentencia destaca que la gravedad del expolio no reside únicamente en la sustracción de piezas o la remoción de tierras, el daño principal es irreparable y de carácter científico al extraer los objetos de forma descontrolada, lo que destruye el contexto estratigráfico al desconocer en donde se hallaban depositados.

Desde la administración y los peritos arqueológicos se subraya la gravedad de este tipo de hechos de la siguiente forma: “Extraer un objeto arqueológico sin metodología científica es como arrancar las hojas de un libro, se pierde para siempre la información sobre su origen, su posición y su relación con otros elementos, descontextualizando los objetos sustraídos e impidiendo que la sociedad pueda conocer su verdadera historia”.

Esta resolución judicial refuerza la vigilancia y el compromiso de las instituciones en la lucha contra el uso ilícito de detectores de metales y el expolio, protegiendo un legado que pertenece a toda la ciudadanía y que es el pilar fundamental de la identidad de Castilla-La Mancha.

Un vecino de Oviedo no podrá acercarse a menos de 50 metros de un inspector de Hacienda, ni podrá comunicarse con él por medio alguno durante dos años y medio por las lesiones que causó a la victima, a la que agredió e insultó cuando ambos se cruzaron en la Pista Filandesa. Como principal móvil de la agresión se apuntó a su malestar ante el informe desfavorable que había emitido de su empresa durante una visita de inspección.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha condenado al acusado por un delito de atentado a una pena de un año de cárcel y ha dictado una orden de alejamiento y comunicación de la víctima, tanto de su domicilio, lugar de trabajo o lugares de ocio que frecuente con una vigencia para ambas prohibiciones de dos años y medio.

Atentado y lesiones

Al delito de atentado se suma otra condena por un delito leve de lesiones por el que el acusado deberá abonar una multa de dos meses, con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

La pena impuesta es la misma que solicitaban tanto la Fiscalía del Principado como la acusación particular.

Insultos a la víctima

Los hechos ahora juzgados ocurrieron sobre las 19:00 horas del 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa de Oviedo, se cruzó con el inspector de Hacienda, a quien conocía como consecuencia de una actividad inspectora que le había hecho, a él y a una mercantil de la que es socio, que dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación preprocesal por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias, que finalizaron con la interposición de una querella.

Según el relato de la Fiscalía, cuando el acusado se cruzó con el inspector le reconoció, momento en que le gritó dirigiéndose a él llamándole “cabrón”, para acto seguido embestirle golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo.

Segunda “embestida”

La víctima cayó al suelo y se golpeó en el costado derecho, a la vez que forzó el cuello para no golpearse la cabeza. Una vez que se levantó del suelo, recriminó al acusado, quien “volvió a embestirle, aunque en esta ocasión no llegó a caer al suelo al no estar desprevenido”, señala la Fiscalía.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.

Una menor de 14 años ha conseguido probar que su abuelo la agredía sexualmente de forma continuada cuando acudía a comer y a dormir a su domicilio, ubicado en la localidad asturiana de Mieres, al aportar al juicio el audio que contenía algunos de estos episodios violentos.

El hombre ha admitido los hechos este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias. Su defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular por el que cumplirá una condena de 13 años de cárcel.

El reconocimiento explícito de su autoría en un delito continuado contra la libertad sexual ha hecho innecesaria la continuación del juicio que se estaba celebrando ante el tribunal de la Sección Segunda.

Aprovechaba sus visitas a casa

El procesado ha admitido el relato de las acusaciones que sostuvieron ante los magistrados que las agresiones sexuales se produjeron en su domicilio, donde reside junto a la abuela de la menor, entre los meses de marzo y noviembre de 2024.

La menor decidió grabar el audio para demostrar lo que sucedía; una prueba que ha resultado determinante para la condena del acusado.

Libertad vigilada

El acuerdo alcanzado entre las partes incluye además de los 13 años de cárcel, una pena de libertad vigilada durante 9 años; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante 15 años, así como su inhabilitación para cualquier profesión, oficio u actividad, retribuida o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante 19 años.

Asimismo, el tribunal ha acordado una orden de alejamiento para el acusado, con la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio, lugares frecuentados por ella, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio, todo ello durante 18 años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado se ha comprometido a indemnizar a su nieta con 30.000 euros.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos hombres de 22 y 23 años a 14 años de prisión cada uno como autores de un delito de agresión sexual a una joven tras violarla de modo simultáneo por vía vaginal y anal mientras se encontraba inconsciente. El tribunal también acuerda imponer a los dos jóvenes una medida de libertad vigilada de cinco años a cumplir con posterioridad a la pena de cárcel que incluirá el seguimiento de programas de educación sexual; así como el pago de una indemnización conjunta y solidaria a la víctima de 30.000 euros y la prohibición de comunicarse y acercarse a ella a menos de 500 metros durante 15 años, entre otras medidas.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto de 2024 cuando la joven coincidió en una discoteca con los dos condenados, a los que conocía y con los que mantenía una amistad. Una vez que cerró la discoteca, sobre las 06.00 horas, algunos del grupo, entre ellos la joven y los dos acusados, se subieron en el coche conducido por uno de los amigos de los procesados con la intención de continuar la fiesta en el domicilio de este. Sin embargo, el vehículo se detuvo ante la vivienda de uno de los acusados para “coger bebidas alcohólicas”. Subieron a ella los dos acusados y la joven y fue allí donde tuvo lugar la agresión sexual. La sentencia recoge la situación de inconsciencia de la víctima, los “cachos de imágenes” que tiene de lo ocurrido, que “fue incapaz de reaccionar” y que finalmente despertó “completamente desnuda y sola” en una habitación de la vivienda.

El testimonio de la víctima, que ha quedado probado debido a que el tribunal destaca en su resolución la “solidez de la prueba de cargo” y la verosimilitud interna y externa del relato de la joven frente a la ausencia de “base lógica de la tesis de descargo de los acusados” y la “falta de coherencia y credibilidad” de la prueba presentada por estos, sostiene que una vez en la casa, entran los tres a la habitación y uno de los dos condenados apaga la luz. Lo siguiente que la víctima recuerda es un fuerte dolor en el ano y a uno de ellos debajo de ella y al otro de pie, ambos penetrándole simultáneamente. Tras lo ocurrido, la víctima se despierta desnuda y sola en el suelo de la habitación, y sale rápidamente. Una vez en la calle, llama a sus amigas, una de ellas, testigo en el juicio, le cuenta que tenía su ubicación del móvil y que pasa unos 40 minutos en la vivienda, concretamente desde las 06.20 hasta las 7.11 horas, dato que queda registrado y que sirve como prueba para desmentir la versión de los condenados, que aseguraban que entraron y salieron de la casa rápidamente.

En un primer momento, las amigas de la víctima le aconsejan ir al médico, pero ella se niega, debido a que “no quería denunciar los hechos porque se temía que de hacerlo lo iba a pasar muy mal, como así ha sido”, recoge la sentencia. Sin embargo, tras pasar días con dolor y secreción en el ano, decide comprar e ingerir “25 pastillas de orfidal” por lo que acaba en el hospital. Una vez allí, al darle el resultado de las pruebas serológicas se enfada porque no había tenido sexo anal con ninguna persona con anterioridad y decide denunciar porque siente “asco y rabia” y se siente “traicionada por los dos acusados, ya que eran amigos, los cuales, en redes sociales, comentaron que habían hecho un trío con ella”, sostiene el auto. Tras lo ocurrido, la víctima estuvo una semana ingresada y medicada. En la actualidad, se encuentra en tratamiento psicológico, se ha visto obligada a dejar su trabajo y debido a su mal estado también ha dejado la carrera.

La Audiencia vizcaína recuerda que los dos acusados se acogieron a su derecho a no declarar en sede policial y en instrucción, y que durante el juicio negaron los hechos objeto de acusación. El tribunal cita también las periciales médicas y la declaración de la agente que instruyó el atestado policial, al tiempo que precisa que “no constan, ni se han acreditado o apuntado mínimamente por la defensa de los acusados”, la existencia de “móviles espurios”, de “venganza” en la víctima para actuar contra los dos acusados, a los que conocía y con los que “tenía buena relación”. Sobre la testifical de los amigos de los acusados, la Audiencia vizcaína afirma que estos “han ofrecido un bonito ejemplo de solidaridad procesal” con ellos y destaca lo “sorprendente” e “inverosímil” de algunas de sus afirmaciones.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, concluye que hubo “ánimo libidinoso, de satisfacer sus instintos sexuales con estos hechos inequívocos, siendo la víctima una mujer que se encontraba con su voluntad anulada, debido a la previa y potente ingesta de bebidas alcohólicas, no siendo ajena a los hechos, la utilización de una cierta, aunque no calificada, dosis de violencia derivada de la concreta vía de penetración conjunta por ambos acusados”. Por último, la Audiencia vizcaína añade que la joven fue “tratada como un mero objeto o muñeco, cosificándola hasta el grado máximo” y a la hora de fijar la pena destaca también el “carácter degradante que supone ser violada de modo simultáneo, por vía vaginal y anal”.

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado la condena por un delito de homicidio por imprudencia grave impuesta a la directora de una granja-escuela por la muerte de un niño de cinco años que perdió la vida ahogado en una piscina pese a los avisos de sus padres de que tenía “pánico al agua” y sin que se percataran las monitoras, que estaban tomando el sol.

Los hechos sucedieron en el verano de 2017 en una granja-escuela ubicada en el concejo asturiano de Soto del Barco plagada de “irregularidades” ya advertidas por la administración, según declaró probado la sentencia: no había suficientes monitores por niños, la piscina no estaba señalizada correctamente, no tenía socorrista y el centro no contaba con una licencia municipal necesaria.

Cinco imputados

Cinco personas se sentaron en el banquillo (la directora del campamento, tres monitoras y el representante legal del centro) y dos de ellas acabaron condenadas: la directora, a un año y cuatro meses de cárcel, y una monitora, sentenciada a año y medio de prisión.

Al estudiar el caso, el Tribunal Supremo ha igualado ambos castigos al elevar a año y medio de cárcel la condena a la directora.

Un descuido “indisculpable”

Lo ha hecho en una sentencia que resalta “el descuido indisculpable de quienes asumieron el deber” de evitar algún peligro al niño cuando se les confió su guarda y que anula la circunstancia atenuante de reparación del daño que se aplicó a la directora, y que aminoró su condena.

Para aplicar dicha atenuante no basta con “cualquier mínimo acto reparatorio” como pagar una indemnización de “escasa cuantía”, como es el caso, dado que la directora abonó menos del 7 % de la cantidad que se fijó para los padres del niño, que deben ser indemnizados con 400.000 euros.

Un “gravísimo daño moral”

Una cantidad que avala el Supremo para “compensar el total y gravísimo daño moral causado”, pese a que este resulte “irreparable” y “objetivamente invaluable”.

Los magistrados censuran en su sentencia el incumplimiento de deberes tanto de la monitora que estaba a cargo del grupo del menor como de la directora, que tenía responsabilidades organizativas para “garantizar el adecuado control y neutralizar fuentes de peligro”.

Tenía “pánico al agua” y no sabía nadar

Según declaró probado la sentencia de instancia, los padres del menor avisaron en varias ocasiones del “pánico” que su hijo tenía agua, que no sabía nadar, y solo autorizaron a que se bañase en la piscina pequeña.

Pese a ello, en el quinto día de campamento, el 25 de julio de 2017, una compañera del menor, de 8 años, lo encontró de rodillas en el fondo de la piscina grande, con una profundidad de 160 centímetros, y buceó hasta el fondo para sacarlo. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los servicios de emergencia, el niño falleció.

Sin socorrista

El campamento no tenía socorrista y la única medida de salvamento eran dos salvavidas unidos a puntos fijos con cuerdas.

Además, solo había una monitora titulada para un grupo de 17 menores de entre 5 y 9 años, “doblando, casi, la ratio precisada en la norma”, según el Supremo, que también censura que la directora no diese “instrucciones claras y formalizadas al personal del centro sobre las particulares necesidades de cuidado que reclamaba” el menor.

Las monitoras, en una hamaca

El día en que sucedieron los hechos, la monitora condenada y otra en prácticas fueron a la piscina con los menores y “se sentaron en unas hamacas”, tomando el sol y únicamente atendiéndoles “cuando alguno de ellos gritaba”, sin percatarse la primera de que el menor no sabía nadar.

El Supremo rechaza con contundencia la tesis de la directora, que adujo que al desconocerse la concreta causa por la que el niño accedió a la piscina, no es posible vincular su muerte con una concreta omisión.

El empresario Javier F.D., de 70 años, ha admitido este martes en la Audiencia Provincial de Asturias que abusó sexualmente de cuatro menores de edad -dos parejas de hermanos- con edades entre 10 y 17 años, a los que conocía por la amistad que mantenía con sus padres al ser clientes habituales de sus establecimientos de hostelería ubicados en el concejo de Langreo.

A pesar de que ha reconocido explícitamente la comisión de tocamientos, masturbaciones y que les mostraba videos de contenido pornográfico, por los que ha asumido penas que suman cinco años de cárcel, eludirá su entrada en prisión al no superar de forma individual cada pena impuesta los dos años y condicionar su ingreso al abono de sendas indemnizaciones de 30.000 euros a dos de las víctimas, ya que otras dos ya fueron resarcidas económicamente.

Gritos de “pederasta”

El hostelero entraba esta mañana a la sede de la Audiencia para ser juzgado a puerta cerrada por delitos continuados de abuso sexual que, tras la reforma penal, se encuadrarían actualmente en los delitos de agresión sexual. La Fiscalía solicitaba para él penas que ascendían a ocho de cárcel, mientras que la acusación particular elevaba su petición a 12 años de prisión.

Tras comparecer ante los magistrados de la Sección Segunda y asumir su responsabilidad en las imputaciones, el acusado abandonaba la sede judicial en libertad acompañado de su abogado tras sellar un acuerdo muy beneficioso para él. A su salida, un grupo de familiares le increpaba al grito de “pederasta”.

Evitar la cárcel

Algunas de las víctimas no se atrevían a verbalizar lo que ocurría cuando se quedaban a solas con el hostelero, bien en el local que regentaba, en el interior de su vehículo o en un restaurante también de su propiedad. Temían que fuera “intocable” y que no les creyeran si denunciaban, según llegaron a exponer a elDiario.es Asturias tras la detención del hostelero.

La Fiscalía asturiana ha anunciado hoy que se pronunciará sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, sobre la posibilidad de que el acusado no ingrese en prisión, una vez que éste haya satisfecho las responsabilidades civiles.

Dos parejas de hermanos

La Fiscalía sostiene que el acusado abusó de dos hermanos, que actualmente tienen 31 y 21 años, y de otros dos hermanos que cuentan hoy en día con 23 y 20 años.

Según el relato fiscal, cuando el menor de los dos primeros tenía entre 10 y 15 años, entre los años 2014 y 2019, el acusado le empezó a dar regalos para ganarse su confianza y aprovechaba cuando se quedaba a solas con él para cometer los abusos sexuales.

Uno de los delitos admitidos prescribió

Cuando estaba a punto de cumplir los 16 años, este adolescente fue consciente de que esos comportamientos no eran adecuados, por lo que, según la acusación pública, “decidió poner fin a los mismos”.

Sin embargo, presentó la denuncia el 5 de enero de 2024, cuando ya habían transcurrido más de diez años desde su mayoría de edad, por lo que los hechos se consideraron prescritos.

La minoría de edad de las víctimas

Ni la amistad con los padres, ni la minoría de edad de los cuatro niños impidieron al acusado mantener los mismos comportamientos sexuales. Hoy ha reconocido sin ambages todo el relato fiscal y se ha comprometido a pagarles una indemnización por el daño moral ocasionado. Se ha comprometido ante el tribunal a pagar 30.000 euros al joven que le denunció y cuyos hechos están declarados prescritos, así como a su hermano. Los otros dos hermanos ya habían sido indemnizados previamente.

Una cuantía económica que le ha valido no solo para eludir la prisión, sino que incluso ha jugado a su favor al serle aplicada la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó penas que suman cinco años de prisión (dos años por uno de los delitos y 1 año y 6 meses por cada uno de los otros dos), con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y prohibición de aproximación a las víctimas, a sus domicilios, lugares de trabajo u otros que frecuenten, así como de comunicar con ellas por cualquier medio, todo ello durante tres años.

Además, se le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante seis años por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales continuados.

“Largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social”. De esta manera tan gráfica describía la Fiscalía de Asturias la realidad que se encontraron mujeres inmigrantes cuando empezaron a trabajar para una pareja en una empresa de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes en Gijón, aunque las condiciones eran similares a las que tenían otras compañeras en las sucursales de Valladolid, Salamanca y Santander.

La pareja ha admitido esta dinámica que ha explicado la Fiscalía sobre la explotación laboral que ejerció sobre las víctimas durante el juicio que se ha celebrado a lo largo de esta semana en la Audiencia Provincial de Asturias.

Trata de seres humanos

Su aceptación explícita de los hechos se ha reflejado igualmente en la sentencia que dictará en los próximos días el tribunal de la Sección Tercera. Para el empresario la condena será de ocho años de prisión como autor de un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de grupo criminal y otro de blanqueo de capitales.

Además, tendrá libertad vigilada durante seis años, deberá indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social por las cuotas de cotización impagadas y con 5.000 euros a una testigo protegida de la que tendrá vigente una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho años.

Su mujer, la 'número 2' del negocio

Su mujer, que estaba considerada como “su número 2”, ha aceptado una pena de un año y medio de cárcel como autora de un delito de grupo criminal.

Los magistrados han dejado el juicio visto para sentencia para las otras cinco personas con las que han compartido el banquillo de los acusados y que, en su caso no han admitido el relato fiscal, ni sus peticiones de pena que oscilan en una horquilla que va de seis a tres años y medio de prisión y expulsión del país durante cinco años por delitos de pertenencia a grupo criminal o favorecimiento de la inmigración ilegal.

Víctimas muy vulnerables

El empresario era el administrador único de una mercantil dedicada al servicio de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes y ejercía como jefe de un grupo que se dedicaba, a través de cuatro sucursales de la mercantil, a la contratación de mujeres para la prestación de servicios en su negocio.

Las mujeres eran principalmente de origen sudamericano, que se habían ido de su país debido a su situación de precariedad económica, en búsqueda de un futuro mejor.

Sin papeles

La Fiscalía sostiene que el empresario y acusado principal en esta causa conocía, al igual que las responsables de esas sucursales, la precaria situación económica y problemas familiares de estas mujeres, que carecían de documentación y en algunos casos se encontraban en situación irregular en España, con escasas o nulas opciones de acceder al mercado laboral.

Acuciadas por esta situación, las mujeres aceptaron trabajar en la empresa. Sin embargo, una vez que ya las habían convencido les ofrecieron el empleo a cambio de sueldos “por debajo de lo estipulado por convenio colectivo, con largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social”, tal y como ha descrito la Fiscalía y han admitido los dos principales acusados.

Todo bajo control

El empresario ahora condenado era quien tomaba en última instancia las decisiones, daba instrucciones y supervisaba el funcionamiento de todas las sucursales, que se encontraban en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander. Para ello se desplazaba periódicamente a cada una de ellas, principalmente para entrevistarse con potenciales trabajadoras y efectuar los pagos que se realizaban, mayoritariamente, en mano y en efectivo.

El contrato que se firmaba entre el grupo mercantil y los clientes que acudían en búsqueda de empleadas para realizar trabajos como internas recogía como días libres para las trabajadoras los días festivos desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, jueves y viernes de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. En esta primera toma de contacto, la empresa se comprometía a abonar la Seguridad Social de las trabajadoras y a sustituirlas durante las vacaciones e igualmente aseguraban que las trabajadoras tenían derecho a un descanso de dos horas diarias.

Los acusados conminaban a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo en caso contrario a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico

Condiciones leoninas

Todo quedó en papel mojado y la realidad que se encontraron las trabajadoras fue bien distinto, como ha asegurado la Fiscalía: “En realidad, las trabajadoras eran presionadas para trabajar los días festivos por 50 euros al día, que en algunos casos eran reducidos a 40, bajo el apercibimiento de quitárselos de su sueldo en el caso de no acceder a desempeñar esta labor. Igualmente se conminaba a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo –en caso contrario- a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico”.

Pese a estas condiciones leoninas, las trabajadoras aceptaban debido a su precaria situación económica, sus situaciones personales y familiares y el incentivo que les había prometido el empresario de regularizar su situación administrativa en el país “si eran buenas trabajadoras y permanecían en la empresa por un período determinado que solía ser de, al menos, dos años”, afirma la Fiscalía.

Las coacusadas

En el segundo puesto dentro del grupo se encontraba la pareja sentimental del empresario, quien estaba al frente de la sucursal de Valladolid. Ella colaboraba con él en la llevanza de la empresa, controlaba cuentas bancarias, de las que poseía las claves, manejaba el patrimonio de la misma y daba instrucciones a las empleadas de esa sucursal y a las de las sucursales de Salamanca, Gijón y Santander. Posteriormente le trasladaba la información de todas las sucursales y éste, a su vez, le daba las instrucciones que procedían.

La Fiscalía ha dirigido la acusación contra otras cinco personas que trabajaban en las sucursales. La trabajadora que estaba en Valladolid era apoderada del grupo empresarial desde el 24 de octubre de 2022 y persona de confianza del jefe, controlando varias cuentas bancarias del grupo, bien ostentando la titularidad como ocurre en una de ellas, bien como autorizada y encargándose del movimiento de ingentes cantidades de dinero.

Recepcionistas y jefas de personal

En la sucursal de Gijón estaba como encargada otra de las acusadas, quien según la Fiscalía mantenía igualmente una relación sentimental con el empresario. En su caso, ella realizaba labores de recepcionista, jefa de personal y con participación activa en la contratación de trabajadoras en situación irregular por el grupo empresarial, siguiendo sus pautas y directrices.

En la sucursal de Santander estaba como encargada una acusada que realizaba labores de recepcionista, jefa de personal y con participación activa en la contratación de trabajadoras en situación irregular, dando oportuna cuenta de todo al empresario y siguiendo también sus directrices.

El análisis patrimonial

Del análisis patrimonial del grupo empresarial y los investigados, en el período que abarca del 1 de septiembre de 2022 al 13 de junio de 2023, los ingresos, entre efectivo y trasferencias bancarias ascendieron a 776.048,82 euros y los reintegros en efectivo ascendieron a 503.520 euros.

La Fiscalía mantiene en su escrito de calificación que únicamente consta que este empresario solo presentó la declaración del IRPF en el ejercicio de 2022.

Dos hermanas implicadas

Las otras dos acusadas son hermanas y formaban igualmente parte del grupo. Ambas estaban encargadas de traer desde Honduras a una mujer, que es testigo protegido en la causa, para el cuidado de dos personas de edad avanzada y la realización de tareas domésticas con unas condiciones laborales precarias y sin alta en la Seguridad Social. La mujer padece problemas de salud por estos hechos, que le causaron gran angustia y temor, por los que se encuentra en tratamiento.

En la causa también figura otra mujer que estaba en la sucursal de Salamanca y contra la que en la actualidad la Fiscalía no dirige la acusación porque se encuentra en paradero desconocido.