Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

Un hombre de 34 años ha admitido este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo/Uviéu, que hace tres años ofreció regalos, drogas y alcohol a dos adolescentes a cambio de sexo durante los periodos de tiempo en que permanecían fugadas de las instalaciones del centro de menores donde permanecían bajo la tutela de la administración del Principado de Asturias por su situación de vulnerabilidad.

Tras su reconocimiento explícito de los hechos imputados por la Fiscalía, el acusado ha sido condenado a tres años y dos días de cárcel y siete años de libertad vigilada por sendos delitos de corrupción de menores.

Sabía que eran menores

El acusado llegó a mantener relaciones sexuales con una adolescente de 17 años, mientras que no logró su propósito con una menor de 15 años ante la negativa de la joven a tener sexo con él.

La vista oral del juicio se ha celebrado esta mañana ante los magistrados de la Sección Tercera, en Oviedo/Uviéu y, en sede judicial, el acusado ha admitido que sabía que las víctimas eran menores de edad y residían en un centro de la comunidad autónoma.

Entradas a discotecas y alcohol

Con la intención de mantener relaciones sexuales con ellas durante los periodos en que éstas permanecían fugadas recurría a la entrega de regalos. En otras ocasiones, les ofrecía bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

El acusado ha reconocido que a la adolescente de 17 años le pagó entradas a discotecas y bebidas alcohólicas para tener sexo.

Orden de alejamiento

El tribunal ha impuesto al acusado por el delito de corrupción de menores hacia esta joven una pena de un año y un día de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años.

El acusado también ha sido inhabilitado para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante seis años y prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

Asimismo, tendrá que indemnizar a esta joven con el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado.

Porros, cocaína y tatuaje

En el caso de la adolescente de 15 años, el acusado ha sido condenado por un delito de corrupción de menores con la agravación de menor de 16 años. La pena impuesta es de dos años y un día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años, inhabilitación especial para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante ocho años.

Además tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, y a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 5 años a un hombre por tocamientos a una la sobrina nieta de su mujer, de tan solo 9 años de edad, con la que tenía una relación “similar a la de los abuelos maternos”. La menor, de una localidad de Tierra Estella, no era consciente de la gravedad de los hechos que vivía.

La niña presenta malestar emocional y recibe apoyo psicológico tras los hechos. El TSJN ha desestimado el recurso de la defensa y añade que los testimonios de los menores, la víctima y su hermano mellizo, muestran coherencia y consistencia en su relato. Una versión ratificada también por las pruebas psicológicas.

Para el Tribunal, las pruebas psicológicas (que consideran realizadas con técnicas apropiadas) y entrevistas reflejan malestar emocional, sentimientos de culpabilidad y confusión. No han apreciado simulación ni alteración intencional en la víctima.

Del mismo modo, la Sala ha destacado que la madre y otros testigos describieron la situación y la reacción de los menores, apoyando la versión de hechos denunciados. También se ha tenido en cuenta la percepción de la madre sobre la conducta del encausado.

El autor ha sido inculpado por “un delito continuado de abuso sexual sobre menor de 16 años”, en el que incurre la agravante de parentesco, y no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 8 años. El procesado permanecerá en libertad vigilada durante 5 años una vez cumpla la condena. También deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros por el daño moral causado.

Evaristo Soler Cardona torna a estar en el punt de mira de la Justícia. El Jutjat d’Instrucció número 1 d’Eivissa ha dictat una ordre de recerca i detenció contra ell després que no comparegués davant del jutjat en una de les causes que encara té pendents. En una interlocutòria consultada per elDiario.es, la jutgessa considera que la seva absència podria respondre al fet que l’investigat “intenta sostreure’s de l’acció de la justícia”

Soler Cardona està citat en aquesta causa per un presumpte delicte de trencament de condemna arran de l’incompliment d’una ordre d’allunyament. La nova ordre judicial arriba després de diverses condemnes per uns fets ocorreguts a la badia de Porroig, on, segons els fets que els tribunals han considerat provats, Soler Cardona va amenaçar i coaccionar diversos navegants per exigir-los diners a canvi de permetre’ls fondejar les seves embarcacions. L’Audiència Provincial de Balears ha confirmat recentment una condemna de sis mesos de presó per un delicte de coaccions, imposada inicialment pel Jutjat Penal número 2 d’Eivissa, la titular del qual, la magistrada Martina Rodríguez, va donar per provats aquests fets.

La sentència de primera instància també va condemnar Soler Cardona per un delicte continuat de trencament de mesura cautelar i un altre de danys, segons la resolució a la qual ha tingut accés aquest diari. Pel primer haurà de pagar una multa de 8.640 euros –24 mesos a raó de 12 euros diaris– i pel segon, una altra de 4.320 euros –12 mesos amb la mateixa quota diària–. A més, haurà d’indemnitzar amb 3.283 euros François Xavier Crone pels danys ocasionats a la seva embarcació.

L’ordre implica que Soler Cardona haurà de ser detingut i posat a disposició judicial quan sigui localitzat. El jutjat ha cursat una requisitòria –una ordre judicial– a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè procedeixin a localitzar-lo i detenir-lo amb l’objectiu que comparegui en qualitat d’investigat i sigui escoltat per la jutgessa. A més, ha de facilitar un domicili on pugui rebre les pròximes notificacions i citacions. La requisitòria té fixada com a data de cessament el 16 d’abril de 2031.

Mentre Soler Cardona no sigui localitzat, el jutjat suspèn la tramitació de la causa i n’acorda l’arxivament provisional. La interlocutòria estableix que, si transcorren cinc anys sense que sigui localitzat, les actuacions s’arxivaran definitivament per prescripció i es cancel·larà la requisitòria. La resolució també ordena deixar constància de la mesura en els registres corresponents i remetre a les Forces i Cossos de Seguretat la documentació necessària per executar l’ordre.

elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’advocat d’Evaristo Soler Cardona per conèixer les raons de la incompareixença del seu client als requeriments judicials i la seva posició davant l’ordre de recerca, detenció i presentació dictada pel Jutjat d’Instrucció número 1 d’Eivissa. Aquest diari també li ha preguntat si la defensa té previst recórrer la resolució, si Soler Cardona contempla comparèixer voluntàriament davant del jutjat i si hi ha algun altre aspecte de la causa que consideri rellevant aclarir. L’advocat no ha respost aquestes preguntes en el moment de la publicació d’aquesta notícia.

Una ordre d’allunyament de la cala

L’última condemna d’Evaristo Soler Cardona té l’origen en una nit de juny de 2024 a la badia de Porroig, a Sant Josep de sa Talaia. El 22 de juny, l’empresari tenia vigent una mesura cautelar que li impedia acostar-se a menys de 100 metres de la zona, dictada en el marc d’una altra causa penal. Tot i així, segons els fets que la jutgessa del Penal número 2 d’Eivissa va considerar provats i que ara ha confirmat l’Audiència Provincial de Balears, Soler Cardona es va acostar a un catamarà fondejat a la badia i va amenaçar el seu patró, François Xavier Crone.

“Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, recull la sentència que li va dir. L’episodi no va acabar aquí. Hores després, ja de matinada, el patró es va tornar a trobar amb Soler Cardona en unes circumstàncies que la resolució considera acreditades i que van acabar amb danys a la seva embarcació.

Crone havia decidit no baixar al camarot aquella nit. Segons va explicar durant el procediment, feia temps que patia una situació de “pertorbació” que, d’acord amb el seu relat, havia començat el 2021 i s’havia intensificat durant els últims mesos. Després de la primera topada, va romandre al saló del catamarà, entre el son i la vigília. Cap a les tres de la matinada va sentir un cop sec. El seu vaixell havia col·lidit amb una altra embarcació fondejada després que, segons va declarar, la seva àncora hagués estat aixecada.

Va sortir aleshores a coberta i va posar el motor en marxa per allunyar-se de les roques. Va ser en aquell moment quan va veure unes bombolles a l’aigua i, al costat, una figura de grans dimensions que va sortir a la superfície. Crone va identificar l’home com Soler Cardona. Segons la seva declaració, l’acusat es va tornar a dirigir a ell de manera intimidatòria: “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, recull la sentència.

La identificació va ser un dels elements centrals del judici. Crone va sostenir que aquella nit hi havia lluna plena i que va poder veure l’acusat, però va assenyalar especialment que va reconèixer la seva veu “de manera categòrica i rotunda”. La defensa va qüestionar aquesta identificació per les condicions de l’escena: era de matinada i, segons va argumentar, la visibilitat i la capacitat per escoltar amb claredat eren limitades.

La sentència també considera provat que, amb el propòsit de dissuadir Crone de continuar fondejant a Porroig, Soler Cardona va danyar la seva embarcació auxiliar. La pneumàtica, que estava subjectada als pescants del catamarà, va aparèixer a l’aigua amb almenys deu o dotze talls. El peritatge aportat al procediment va xifrar els desperfectes en 3.283 euros, quantitat que el condemnat haurà d’abonar al perjudicat.

L’Audiència Provincial confirma la condemna

L’Audiència Provincial ha avalat ara la valoració feta per la jutgessa de primera instància. La resolució, amb Gemma Robles com a ponent, rebutja íntegrament el recurs presentat per la defensa, que qüestionava tant la identificació de Soler Cardona com la suficiència de les proves.

La defensa sostenia que la condemna es basava fonamentalment en el testimoni de Crone i que no hi havia elements objectius suficients –com ara proves pericials, testimonis independents o evidències tècniques– que corroborin la seva versió. També apuntava a l’enemistat prèvia entre tots dos com un element que, al seu parer, podia afectar la credibilitat del denunciant.

La magistrada, però, considera que la declaració de la víctima reuneix les condicions necessàries per sustentar la condemna i rebutja que les circumstàncies d’aquella nit impedissin identificar l’acusat.

Un dels punts discutits en el recurs va ser, a més, l’existència d’un delicte continuat de trencament de mesura cautelar. La defensa sostenia que la sentència descrivia un únic episodi i que la continuïtat s’havia construït a partir dels antecedents de l’acusat. L’Audiència considera, en canvi, que aquella nit hi va haver dos episodis diferenciats: el primer, durant el dia, amb les amenaces al patró; i el segon, hores després, quan es va produir l’incident amb el vaixell i les amenaces posteriors. Tot i estar separats en el temps, tots dos responien, segons el tribunal, a un mateix propòsit: impedir que Crone romangués fondejat a la badia.

La defensa també va qüestionar que existís una prova directa que Soler Cardona hagués abandonat Porroig després del primer episodi i hi hagués tornat posteriorment. L’Audiència entén que aquesta circumstància es pot deduir del conjunt de les proves i considera poc raonable que romangués a la zona esperant una eventual intervenció policial, especialment tenint en compte que pesava sobre ell una ordre d’allunyament. Crone, a més, va assegurar que no l’havia tornat a veure durant el temps transcorregut entre tots dos episodis.

Amb aquests arguments, l’Audiència Provincial confirma íntegrament la condemna de sis mesos de presó per coaccions, així com les penes de multa pel trencament continuat de la mesura cautelar i pels danys. La resolució manté també la prohibició d’apropar-se a menys de 100 metres de Crone, del seu domicili i del seu lloc de treball, així com de comunicar-s’hi per qualsevol mitjà durant tres anys. El condemnat queda, a més, inhabilitat per al dret de sufragi passiu durant el temps de la pena de presó.

La sentència estableix que l’impagament de les multes suposarà un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades i li imposa les costes del procediment. L’acusació particular ha estat exercida per l’advocada Azucena López Acebes en representació de Crone.

El juny de 2023, el Jutjat d’Instrucció número 2 d’Eivissa va condemnar el polèmic empresari per delictes lleus d’amenaces i coaccions contra membres de Maltesa del Mar —plataforma sense ànim de lucre que defensa la conservació del fons marí de l’illa— que van tenir lloc a finals de maig de 2022.

Evaristo Soler Cardona vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ha dictado una orden de búsqueda y detención contra él después de que no compareciera ante el juzgado en una de las causas que todavía tiene pendientes. En un auto consultado por elDiario.es, la jueza considera que su ausencia podría responder a que el investigado “intenta sustraerse de la acción de la justicia”. Soler Cardona está citado en esta causa por un presunto delito de quebrantamiento de condena a raíz del incumplimiento de una orden de alejamiento.

La nueva orden judicial llega después de varias condenas por unos hechos ocurridos en la bahía de Porroig, donde, según los hechos que los tribunales han considerado probados, Soler Cardona amenazó y coaccionó a distintos navegantes para exigirles dinero a cambio de permitirles fondear sus embarcaciones. La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado recientemente una condena de seis meses de prisión por un delito de coacciones, impuesta inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, cuya titular, la magistrada Martina Rodríguez, dio por probados esos hechos.

La sentencia de primera instancia también condenó a Soler Cardona por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y otro de daños, según el fallo al que tuvo acceso este diario. Por el primero deberá pagar una multa de 8.640 euros –24 meses a razón de 12 euros diarios– y por el segundo, otra de 4.320 euros –12 meses con la misma cuota diaria–. Además, deberá indemnizar con 3.283 euros a François Xavier Crone por los daños ocasionados en su embarcación.

La orden implica que Soler Cardona deberá ser detenido y puesto a disposición judicial cuando sea localizado. El juzgado ha cursado una requisitoria –una orden judicial– a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que procedan a su localización y detención con el objetivo de que comparezca en calidad de investigado y sea oído por la jueza. Además, debe facilitar un domicilio en el que pueda recibir las próximas notificaciones y citaciones. La requisitoria tiene fijada como fecha de cese el 16 de abril de 2031.

Mientras Soler Cardona no sea localizado, el juzgado suspende la tramitación de la causa y acuerda su archivo provisional. El auto establece que, si transcurren cinco años sin que sea localizado, las actuaciones se archivarán definitivamente por prescripción y se cancelará la requisitoria. La resolución también ordena dejar constancia de la medida en los registros correspondientes y remitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la documentación necesaria para ejecutar la orden.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado de Evaristo Soler Cardona para conocer las razones de la incomparecencia de su cliente a los llamamientos judiciales y su posición ante la orden de búsqueda, detención y presentación dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa. Este diario también le ha preguntado si la defensa tiene previsto recurrir la resolución, si Soler Cardona contempla personarse voluntariamente ante el juzgado y si existe algún otro aspecto de la causa que considere relevante aclarar. El abogado no ha respondido a estas preguntas en el momento de la publicación de esta noticia.

Una orden de alejamiento de la cala

La última condena de Evaristo Soler Cardona tiene su origen en una noche de junio de 2024 en la bahía de Porroig, en Sant Josep de sa Talaia. El 22 de junio, el empresario tenía en vigor una medida cautelar que le impedía acercarse a menos de 100 metros de la zona, dictada en el marco de otra causa penal. Aun así, según los hechos que la jueza de lo Penal número 2 de Eivissa consideró probados y que ahora ha confirmado la Audiencia Provincial de Balears, Soler Cardona se aproximó a un catamarán fondeado en la bahía y amenazó a su patrón, François Xavier Crone.

“Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, recoge la sentencia que le dijo. El episodio no terminó ahí. Horas después, ya de madrugada, el patrón volvió a encontrarse con Soler Cardona en unas circunstancias que la resolución considera acreditadas y que acabaron con daños en su embarcación.

Crone había decidido no bajar al camarote aquella noche. Según explicó durante el procedimiento, llevaba tiempo sufriendo una situación de “perturbación” que, de acuerdo con su relato, había comenzado en 2021 y se había intensificado en los últimos meses. Después del primer encontronazo, permaneció en el salón del catamarán, entre el sueño y la vigilia. Hacia las tres de la madrugada escuchó un golpe seco. Su barco había colisionado con otra embarcación fondeada después de que, según declaró, su ancla hubiese sido levantada.

Salió entonces a cubierta y puso el motor en marcha para alejarse de las rocas. Fue en ese momento cuando vio unas burbujas en el agua y, junto a ellas, una figura de gran tamaño que salió a la superficie. Crone identificó al hombre como Soler Cardona. Según su declaración, el acusado se volvió a dirigirse a él de forma intimidatoria: “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, recoge la sentencia.

La identificación fue uno de los elementos centrales del juicio. Crone sostuvo que aquella noche había luna llena y que pudo ver al acusado, pero señaló especialmente que reconoció su voz “de forma categórica y rotunda”. La defensa cuestionó esa identificación por las condiciones de la escena: era de madrugada y, según argumentó, la visibilidad y la capacidad para escuchar con claridad eran limitadas.

La sentencia también considera probado que, con el propósito de disuadir a Crone de seguir fondeando en Porroig, Soler Cardona dañó su embarcación auxiliar. La neumática, que estaba sujeta a los pescantes del catamarán, apareció en el agua con al menos diez o doce cortes. El peritaje aportado al procedimiento cifró los desperfectos en 3.283 euros, cantidad que el condenado deberá abonar al perjudicado.

La Audiencia Provincial confirma la condena

La Audiencia Provincial ha avalado ahora la valoración realizada por la jueza de primera instancia. La resolución, con Gemma Robles como ponente, rechaza íntegramente el recurso presentado por la defensa, que cuestionaba tanto la identificación de Soler Cardona como la suficiencia de las pruebas.

La defensa sostenía que la condena descansaba fundamentalmente en el testimonio de Crone y que no existían elementos objetivos suficientes –como pruebas periciales, testimonios independientes o evidencias técnicas– que corroborasen su versión. También apuntaba a la enemistad previa entre ambos como un elemento que, a su juicio, podía afectar a la credibilidad del denunciante.

La magistrada, sin embargo, considera que la declaración de la víctima reúne las condiciones necesarias para sustentar la condena y rechaza que las circunstancias de aquella noche impidieran identificar al acusado.

Uno de los puntos discutidos en el recurso fue, además, la existencia de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. La defensa sostenía que la sentencia describía un único episodio y que la continuidad se había construido a partir de los antecedentes del acusado. La Audiencia considera, en cambio, que aquella noche hubo dos episodios diferenciados: el primero, durante el día, con las amenazas al patrón; y el segundo, horas después, cuando se produjo el incidente con el barco y las amenazas posteriores. Aunque separados en el tiempo, ambos respondían, según el tribunal, a un mismo propósito: impedir que Crone permaneciera fondeado en la bahía.

La defensa también cuestionó que existiera una prueba directa de que Soler Cardona hubiese abandonado Porroig después del primer episodio y regresado posteriormente. La Audiencia entiende que esa circunstancia puede deducirse del conjunto de las pruebas y considera poco razonable que permaneciera en la zona esperando una eventual intervención policial, especialmente teniendo en cuenta que pesaba sobre él una orden de alejamiento. Crone, además, aseguró no haber vuelto a verlo durante el tiempo que transcurrió entre ambos episodios.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la condena de seis meses de prisión por coacciones, así como las penas de multa por el quebrantamiento continuado de la medida cautelar y por los daños. El fallo mantiene también la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de Crone, de su domicilio y de su lugar de trabajo, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años. El condenado queda además inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de prisión.

La sentencia establece que el impago de las multas supondrá un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y le impone las costas del procedimiento. La acusación particular ha sido ejercida por la abogada Azucena López Acebes en representación de Crone.

En junio de 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa condenó al polémico empresario por delitos leves de amenazas y coacciones contra miembros de Maltesa del Mar –plataforma sin ánimo de lucro que aboga por la conservación del fondo marino en la isla– que tuvieron lugar a finales de mayo de 2022.

El Tribunal Supremo (TS) ha aceptado anular la condena impuesta a un conductor canario por un supuesto delito contra la seguridad vial al conducir sin contar con el saldo de puntos suficientes, lo que luego se demostró que se debía a un error en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El fallo de conformidad de un Juzgado de Granadilla de Abona fue emitido tras un juicio rápido y según el TS es “inauténtico”, una vez que se presentó la acreditación que demuestra la vigencia del permiso de conducir cuando el conductor fue parado para realizarle un control de alcoholemia.

El TS concluye que efectivamente la nueva prueba introduce “dudas significativas sobre la culpabilidad que había sido afirmada en la sentencia” y además acredita “de forma fehaciente e indubitada que no existe elemento penal, lo que determina necesariamente la absolución”.

La condena queda así sin efecto tras la aceptación de este recurso de revisión extraordinario, presentado seis meses después de que el fallo firme fuera emitido.

La defensa del condenado consideró que se daban los supuestos para interponer la apelación, como es que tras la condena se conozcan pruebas que de haber sido aportadas habrían implicado la absolución o una pena menor, dado que en la ley actual basta con que se generen dudas sobre la culpabilidad.

En este caso el encausado demostró “de forma fehaciente” que disponía del suficiente saldo de puntos para conducir en el momento en el que fue detenido, lo que según su abogado pone en evidencia el error de la DGT y su valor como nueva prueba que concluye en la absolución.

Este documento no pudo ser aportado con anterioridad porque la información errónea siguió constando durante varios meses más en los sistemas informáticos y no sería subsanada hasta fechas posteriores, tal y como se recoge en el certificado remitido al TS.

En este caso, “la resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente, demostrando que la imputación carecía de fundamento objetivo desde el origen”, indica el abogado del recurrente, por lo que la condena iba en contra de su derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años de cárcel para un falso abogado y para una agente inmobiliaria por quedarse con 105.000 euros de una clienta a la que vendieron un piso en Tegueste (Tenerife) que jamás recibió porque la operación se realizó a espaldas de la dueña, quien tampoco cobró dinero alguno.

El fallo, que ya es firme, obliga a la devolución conjunta de la cantidad estafada y pagar cada uno 2.200 euros de multa.

Ante el Supremo la denunciante solicitó, sin éxito, la condena de otra trabajadora de la inmobiliaria, a la que la acusada entregó 35.000 euros que fueron ingresados en la cuenta de su hija, porque la procesada se lo había pedido como un favor para eludir varios embargos.

La otra parte del recurso fue interpuesto por los condenados, quienes calificaban de “muy deficiente” la asistencia ofrecida por un abogado de oficio durante la tramitación de la causa, lo que el alto tribunal rechaza señalando que esta carencia debe ser “muy manifiesta” y demostrarse.

El Supremo indica que los recurrentes, en vez de refugiarse en una espera pasiva, como al parecer ocurrió, al no existir contacto entre ellos antes del juicio, tampoco hicieron “el más mínimo esfuerzo” para entablar relaciones con los profesionales que los defendieron.

En realidad, el primer letrado que habían contratado dejó de ejercer a mitad del procedimiento por lo que la mujer eligió uno de oficio, que luego cambió por otro particular, y el hombre también recurrió a uno de su confianza, y que según se constata defendieron su absolución en el juicio.

Por lo tanto, el fallo concluye con que “no puede estimarse que los recurrentes no hayan gozado de una defensa absolutamente digna, tanto en la instrucción, como en la fase intermedia y en el juicio oral”.

En febrero de 2020, la propietaria contactó con la agente para encomendarle la venta de la casa por 200.000 euros, pero poco después al ver que lo estaba anunciando por 180.000 optó por romper el acuerdo con la inmobiliaria y así se lo hizo saber.

Pese a ello, la procesada siguió adelante con la operación tras haber contactado con una compradora que empezó a ingresarle dinero en varias cuentas mientras que, de acuerdo con un falso abogado, la convencieron para desembolsar un total de 105.000 euros.

Las transferencias se quedaron en poder de los dos condenados y la compradora, al ver que no se formalizaba la operación y sólo le daban excusas, insistió en reunirse con el supuesto letrado, quien le dijo que no se preocupara que si no se confirmaba la compra le devolverían el dinero.

Al final la estafada fijó una fecha para acudir a un notario con el fin de formalizar la compra, después de que la verdadera propietaria no acudiera en otras dos ocasiones anteriores, advirtiéndole por burofax de que si no se presentaba tendrían que devolverle el doble del dinero recibido.

La dueña le contestó que ella no había autorizado la venta ni recibido dinero alguno, momento en el que la estafada se dio cuenta de lo que había ocurrido y presentó la denuncia.

El Tribunal Supremo concluye que no tiene duda alguna de la autoría de los dos procesados una vez que se llevó a cabo la correspondiente vista oral y las pruebas presentadas, pese a que ambos negaron haber engañado a la denunciante.

Durante la vista oral se intentó demostrar el delito con el anuncio de la venta o las transferencias a diversas cuentas de las cuales ninguna de ellas está a nombre de la propietaria, lo que la estafadora explicó porque quería el dinero en efectivo ya que tenía diversas deudas.

La Sala tuvo en cuenta que al contrario de lo que ocurre en este tipo de operaciones, no se dejó constancia documental de las operaciones pero sí se hizo un borrador en el que se reflejaba la intención de devolver el dinero, incluso las comisiones cobradas.

También se aportaron conversaciones por mensajería que demuestran la existencia de un pacto con la estafada que se rompe meses más tarde y la intervención del falso abogado, con el que la denunciante habló varias veces bajo la creencia de que era letrado, algo que nunca negó.

Los dos gemelos de 9 años y su hermano de 11 años que vivieron con sus padres en un chalé en la zona rural de Oviedo, entre los años 2021 y 2025, sin contacto con el mundo exterior por el temor de sus progenitores a contagiarse de Covid seguirán de momento a cargo de la administración del Principado de Asturias.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado este jueves el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, guardia y custodia de los tres hijos menores de edad, por lo que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar seguirá a su cargo en régimen de acogimiento residencial.

Los magistrados de la Sección Segunda han seguido así el criterio de la Fiscalía del Principado que, el pasado 21 de julio, había solicitado que se mantuvieran las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor, el 30 de abril de 2025, contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Visitas supervisadas

A partir de ahora, el Principado deberá arbitrar e implementar un régimen de encuentros y comunicaciones de los padres con sus tres hijos, consistente en una visita semanal, a realizar en el lugar que la entidad pública entienda adecuado para este fin, y en comunicación telefónica o por videollamada dos veces por semana.

No obstante, todas estas visitas se deberán realizar “siempre y en todo caso” bajo la debida supervisión y control de los especialistas de la entidad pública tutelar, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía a elDiario.es Asturias.

La administración competente en materia de protección de menores del Principado de Asturias deberá elevar al tribunal un informe mensual sobre la evolución de los menores, sin perjuicio del deber de hacerlo también en cualquier momento en que se produjera cualquier circunstancia o cambio significativo en relación con los niños y que debiera ser conocido por el tribunal.

La sentencia todavía no es firme

La Fiscalía asturiana había basado su petición para mantener la medida cautelar en dos argumentos de peso: el hecho de que la sentencia que condena a los padres por un delito de abandono familiar no es firme y al interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Cristian S. y Melissa A.S. fueron condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

El matrimonio fue absuelto del delito de detención ilegal que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular ejercitada por la Letrada del Menor de la administración del Principado de Asturias.

La evolución de los menores

El caso fue revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que absolvió a los padres, el pasado 13 de julio, del delito de maltrato psicológico. A raíz de esta revisión, el matrimonio quedó en libertad.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar. Actualmente los menores evolucionan bien, aunque presentan algunas secuelas como consecuencia de los cuatro años que permanecieron en la vivienda, sin salir al exterior.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado una providencia por la que acuerda que se libre exhorto a la oficina judicial adscrita al centro penitenciario de Madrid VI, en Aranjuez, donde cumple condena de ocho años de cárcel Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, en Avilés, para que sea “inmediatamente puesto en libertad” tras el indulto parcial que ayer, martes, le concedió el Consejo de Ministros.

Natalio Grueso fue indultado por “razones humanitarias” tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud que se ha visto seriamente agravado durante su estancia en la prisión madrileña.

Un indulto “condicionado”

No obstante, en esta misma providencia, dictada este mismo miércoles y a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal sentenciador recuerda expresamente que el indulto está condicionado a que Natalio Grueso “no vuelva a cometer delito doloso alguno en el plazo de ocho años”.

Los magistrados de la Sección Tercera habían condenado a Natalio Grueso, en el año 2020, a una pena de ocho años de cárcel por su autoría en delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario durante su gestión al frente de la Fundación Niemeyer.

El Supremo confirmó la condena

La sentencia fue confirmada, tres años después, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ratificó la argumentación de la Sala asturiana al considerar que Natalio Grueso utilizó los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

En la providencia dictada hoy, la Audiencia Provincial recuerda al propio condenado que estuvo huido de la justicia, una vez que la sentencia condenatoria fue firme, y que fue necesario cursar una orden europea de detención para su localización y posterior detención.

La huida y su 'escondite' con “perfil bajo”

La fuga duró un año e incluso Interpol, en 2024, le incorporó a la lista de 'los más buscados'.

El 4 de diciembre de 2025, tal y como adelantó este periódico, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo a Natalio Grueso en un pueblo pesquero en el Algarve luso donde mantenía “un perfil bajo”

A continuación, reproducimos el post difundido por la Guardia Civil en su perfil oficial de la red social X, donde se puede ver el momento en que los agentes proceden a la detención de Natalio Grueso.

El tribunal exige que aporte un domicilio

Esta circunstancia de la huida ha sido determinante para que los magistrados de la Sección Tercera añadan un párrafo en la providencia donde aluden expresamente a la obligación de Natalio Grueso a designar un domicilio, dado que el indulto no ha sido total, sino que está condicionado.

Concretamente, el tribunal le requiere para que designe un domicilio “habida cuenta que para su ingreso en prisión fue preciso cursar orden europea de detención y entrega al encontrarse por entonces en paradero desconocido”.

La providencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de súplica.

La menor que fue detenida el pasado 15 noviembre en la vivienda de los padres de su novio, en el concejo asturiano de Candamo, acusada de acuchillar en el costado a su cuñada, de 20 años, ha admitido este jueves su autoría en un delito de asesinato por el que permanecerá recluida en régimen cerrado durante cinco años y estará sometida a libertad vigilada durante dos años más.

La Fiscalía, las acusaciones y la defensa han acordado esta pena después de que la menor reconociera explícitamente que cometió el crimen tras una riña familiar.

Una riña familiar

La adolescente, que tenía 17 años en el momento de los hechos, asesinó a la hermana de su novio después de mantener una acalorada discusión con los padres de éste ante su intención de avisar a su familia para que la recogieran para llevarla a Avilés, porque no querían que siguiera conviviendo con ellos.

En el transcurso de la riña, la menor se dirigió a la cocina de la vivienda, cogió un cuchillo y salió apresuradamente al exterior de la casa, donde se dirigió a la hermana de su novio, y “sin mediar palabra, le propinó una puñalada en el costado izquierdo”, provocándole la muerte, según la versión aportada por la Fiscalía del Principado de Asturias.

La indemnización

La menor lleva cumpliendo una medida cautelar de internamiento terapéutico en régimen cerrado desde su detención.

Además de los cinco años de internamiento en régimen cerrado y dos años de libertad vigilada, la menor deberá indemnizar a los padres de la víctima con 180.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que mantenga vigente la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus tres hijos menores al matrimonio que durante cuatro años -entre 2021 y 2025- aisló a los niños de todo contacto con el mundo exterior por temor al contagio del Covid.

En una comparecencia celebrada hoy ante los magistrados, la Fiscalía se ha posicionado a favor del mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor el 30 de abril de 2025 contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Los padres, en libertad

La pareja abandonó la semana pasada el Centro Penitenciario de Asturias donde permaneció recluida desde su detención, en abril de 2025.

La Fiscalía solicitó esta mañana el mantenimiento de la medida cautelar en tanto en cuanto la sentencia no es firme y tras el anuncio hecho público ayer de que va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), según ha confirmado un portavoz a elDiario.es Asturias.

La condena y su revisión

Cristian S. y Melissa A.S. habían sido condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

Sin embargo, el pasado 12 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al analizar los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de la Audiencia absolvieron a los padres del delito de violencia psíquica habitual y mantuvieron el delito de abandono familiar. Esta circunstancia llevó a la puesta en libertad del matrimonio.

Una sobreprotección “mal entendida”

El alto tribunal argumentó su absolución sobre el primer delito en la falta de acreditación de que la pareja hubiera llevado a cabo “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar”.

Al contrario, la Sala sostuvo que tanto Cristian S. como su esposa Melissa A.S. ejercieron una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

Esta era la misma línea argumental que mantuvieron los abogados defensores Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, quienes desde un principio se postularon en contra de que el caso se hubiera seguido por la vía penal.

Privados del derecho a la educación

Los magistrados del TSJA declararon la responsabilidad de los padres en un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que se vieron privados deliberadamente del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante los cuatro años que permanecieron sin salir al exterior.

La Fiscalía del Principado había anunciado ayer su decisión de recurrir en casación la sentencia del alto tribunal asturiano ante el Tribunal Supremo al considerar que, en su caso, ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

En un centro de acogida

El anuncio de la interposición del recurso y al no ser la sentencia firme, en la comparecencia de esta mañana en la Audiencia Provincial la Fiscalía ha reiterado su petición inicial de que los padres de los tres menores no recuperen la patria potestad y los menores sigan en un centro de la administración regional bajo la supervisión de los servicios sociales para garantizar su normal desarrollo que se vio afectado por el aislamiento durante los últimos cuatro años.

En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social Número 2 de Ourense que determina que el Ayuntamiento de Ourense y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), deberán pagar “de forma conjunta y solidaria” a una funcionaria 30.000 euros en concepto de “indemnización por daños morales” y otros 18.685 euros como indemnización por su incapacidad temporal. Así, la Sala avala que Jácome y Ayuntamiento infringieron la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con la exjefa de Negociado de Comercio, a la que deberán pagar una indemnización de 48.685 euros por daños morales e incapacidad temporal. De esta forma, desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento y el regidor.

En la resolución, el TSXG rechaza “las profusas denuncias tendentes a la nulidad de actuaciones”, así como los motivos de modificación planteados por los recurrentes. Los codemandados alegaron, entre otros, vicios procesales, falta de competencia del orden social, falta de legitimación y carencia de prueba o nexo causal, así como errores en la valoración fáctica y jurídica. La Sala de lo Social subraya que “la responsabilidad del Ayuntamiento sí es objetiva o de resultado en lo que se refiere a la protección de riesgos de los trabajadores”, así como que “el nexo causal entre el trabajo y la falta de protección de un riesgo es evidente”. Además, en la resolución, desestima las impugnaciones procedimentales por falta de concreción y por improcedencia de trasladar a suplicación una revisión amplia de la valoración de la prueba.

En el fallo, el tribunal confirma la competencia del orden social para conocer de incumplimientos en materia de prevención que afecten a la salud del personal, rechaza las pretensiones de modificación de la mayor parte de los hechos probados, salvo una admisión parcial de una matización sobre la literalidad del informe pericial médico, y considera acreditado el nexo entre la falta de medidas preventivas y el daño sufrido por la demandante.

El TSXG entiende probado el incumplimiento de los codemandados de sus deberes de prevención de riesgos laborales. En consecuencia, desestima los dos recursos y confirma la sentencia de instancia, imponiéndoles, además, las costas. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación.

Un hombre de 47 años y natural de Pamplona ha sido condenado a dos años de prisión por dos intentos de agresiones sexuales a una menor. La joven, de 15 años, fue acorralada en una de las puertas de acceso de la Ciudadela de Pamplona, donde el condenado intentó tocarle los pechos y las nalgas. La víctima consiguió zafarse y huir, impidiendo las agresiones sexuales.

A consecuencia de la agresión sexual, la menor presenta secuelas, como ansiedad fóbica y ciertos pensamientos recurrentes relacionados con los hechos, según consta en la sentencia. El inculpado, se describe, “presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de tóxicos, que al tiempo de los hechos limitaron sus facultades volitivas e intelectivas de forma leve”.

Según recoge la sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Se ha tenido en cuenta el atenuante de trastorno mental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El procesado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 2.000 euros por el daño moral ocasionado.

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) tendrán bajo su responsabilidad dirimir sobre la situación de la familia que durante cuatro años permaneció aislada de todo contacto con el mundo exterior en un chalé a las afueras de la capital asturiana. Los padres mantuvieron en todo momento que su decisión de evitar cualquier relación con terceras personas a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen 9 años y su hermano de 11- se debía al “miedo insuperable” que tenían a que contrajeran el Covid.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar.

La Fiscalía asturiana ha explicado, a través de un portavoz, que elaborará y enviará un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que una vez examinado, será la encargada de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La base del recurso

Este lunes, la Fiscalía ha comunicado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un escrito por el que anuncia la preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada por el alto tribunal asturiano el pasado 12 de julio.

La Fiscalía de Asturias considera que ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

La revisión de la condena

En este segundo fallo judicial, dictado el 12 de julio, el TSJA revocaba parcialmente la sentencia condenatoria que había dictado la Audiencia Provincial de Asturias el pasado 11 de mayo.

Los magistrados de la Sección Segunda habían impuesto sendas penas de dos años y diez meses de prisión a cada miembro del matrimonio, integrado por el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense, por sendos delitos de violencia psíquica habitual y les condenaron a seis meses de cárcel por el delito de abandono familiar.

La apelación

Por el contrario, el TSJA, en su sentencia del pasado 12 de julio estimó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones legales de los padres, y revocó la condena de ambos progenitores por el delito de maltrato psicológico, por lo que a partir de ese momento quedaban absueltos del mismo. El resto de peticiones de las defensas fueron desestimadas.

Las medidas cautelares, sin efecto

La Sala Civil y Penal también desestimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la representación legal del Principado, y ordenó que se dejasen sin efecto las medidas cautelares que se encontrasen vigentes.

Por tanto, el TSJA mantuvo los seis meses de prisión para cada miembro de la pareja por su autoría en el delito de abandono de familia por lo que anunciaba que los progenitores podrían abandonar el Centro Penitenciario de Asturias -donde permanecieron ingresados desde abril de 2025- en cuanto estuvieran listos los autos de la Sección Segunda de la Audiencia sobre su puesta en libertad.

El fallo del TSJA reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%

No se acreditaron “actos humillantes”

El tribunal declaró probado que los padres no podían ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se han acreditado “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar” en el que los niños, que actualmente se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Para los magistrados, lo que se produjo fue una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

El “ocultamiento social” de los menores

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%.

Para el TSJA, de lo que sí que son responsables ambos progenitores es de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que, según aprecia el tribunal, se vieron privados deliberadamente por sus progenitores del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante esos cuatro años.

La familia Bolsonaro está entre la justicia y la pared. Mientras el expresidente Jair Bolsonaro cumple pena en régimen de prisión domiciliaria, la vida política de sus hijos Eduardo y Flávio se complica cada día que pasa. En junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de cárcel, en régimen semiabierto, por el delito de coacción por el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, además de a ocho años de inhabilitación. Antes, ya había perdido su acta de diputado por haber fijado su residencia en EEUU.

Alexandre de Moraes, el juez del Supremo que está a cargo del caso, argumentó que Eduardo Bolsonaro presionó a las autoridades estadounidenses y al presidente Donald Trump para forzar sanciones contra Brasil, lo que provocó una grave amenaza a las instituciones del país.

No obstante, la gran sombra que se cierne sobre la familia Bolsonaro está relacionada con el escándalo del Banco Master, considerado el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, estimado en cerca de 9.000 millones de euros. La ayuda millonaria que Flávio Bolsonaro pidió a Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, para la película Dark Horse sobre la vida de Jair Bolsonaro es la punta de un iceberg de corrupción que, según avanzan las investigaciones, se va extendiendo por el espectro político conservador.

Sobornos con dinero público

Daniel Vorcaro, preso desde finales de 2025, usaba dinero público de fondos de pensiones y capital conseguido con falsos fondos de inversión para sobornar a políticos a cambio de favores. Aunque el escándalo acaba de salpicar al senador del Partido de los Trabajadores (PT) Jacques Wagner —la Policía Federal (PF) investiga la compra de un apartamento de lujo y su presunta relación con Vorcaro— los tentáculos del Banco Master están alcanzando, sobre todo, a piezas claves de la derecha y la extrema derecha.

El senador Ciro Nogueira, firme aliado del bolsonarismo, está en el epicentro del escándalo. A cambio de una vida de lujo y de pagos mensuales proporcionados por Daniel Vorcaro, Nogueira benefició con su actividad legislativa al Banco Master. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, enemigos declarados del Gobierno de Lula, también están enredados en el caso. Incluso se está investigando al joven diputado Níkolas Ferreira, enfant terrible del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, después de que la policía encontrase su nombre entre los contactos de Daniel Vorcaro.

Trumpismo y megacárceles

Mientras la presión judicial y mediática arremete contra la línea de flotación del bolsonarismo, el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro endurece su programa electoral. Siguiendo las recomendaciones de su partido, está poniendo todo el foco de su campaña en la seguridad.

Antes de divulgar su programa Brasil sem medo (Brasil sin miedo), que se apropia de la narrativa de la campaña de Lula en 2022, lanzó un vídeo de parodia de la película Top Gun, realizado con inteligencia artificial, en el que ametralla embarcaciones de comandos de narcotraficantes y del PT de Lula.

Este Brasil sem medo que Flávio Bolsonaro pretende instaurar si gana las elecciones presidenciales va mucho más allá del reconocimiento de las bandas de narcotraficantes brasileñas como terroristas por parte del Gobierno de Donald Trump. El programa propone replicar el polémico sistema de cárceles de máxima seguridad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y crear medio millón de nuevas plazas.

Las cinco nuevas megacárceles que serían construidas responden a un nuevo modelo de prisión al que Bolsonaro ha bautizado como trevas (tinieblas). “Es exactamente para arrojar luz a favor del ciudadano de bien y colocar en las tinieblas a esos marginales peligrosos y líderes de facciones”, justificó Flávio Bolsonaro en el lanzamiento del programa. Brasil sem medo también contempla la instalación de un millón de cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial, el uso de IA para la persecución de criminales y la castración química de hombres que cometan violencia machista.

Los sondeos están confirmando que la mayoría del electorado asocia el escándalo del Banco Master más a Flávio Bolsonaro que a Lula. Una encuesta de Quaest revela que el 65% del electorado considera que Flávio Bolsonaro se equivocó al pedir dinero para la película Dark horse. Lo más relevante es que en el grupo de electores que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, clave para la contienda presidencial, Lula ha abierto una ventaja de 13 puntos.

El líder del partido, con las cuentas congeladas

Por si esto fuera poco, el STF ordenó la semana pasada la congelación de las cuentas del presidente del PL, Valdemar Costa Neto, por un montante equivalente a 20,3 millones de euros en el marco de una investigación por presunta corrupción ligada a la malversación y desvío de fondos públicos

Según el informe de la Policía Federal, citado por la Agencia Estadão, el político utilizó a funcionarios de la Cámara de Diputados para desviar a su favor recursos del presupuesto oficial.

Costa Neto ejerce una fuerte influencia sobre los diputados del partido, que actualmente es el mayor de la Cámara de Diputados brasileña. Aunque ha negado las acusaciones, el caso ha caído como una bomba en medio de los graves problemas legales en el entorno del candidato ultraderechista.

Tocado, pero no hundido, el bolsonarismo mueve sus fichas y cuenta con el apoyo de Kassio Nunes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), nombrado durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. De momento, Nunes ya prohibió la divulgación de una encuesta del Instituto Atlas/Intel, que constataba la caída de Flávio Bolsonaro, alegando que las preguntas asociando al candidato al escándalo del Banco Master eran tendenciosas.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la pena de cuatro años y un día de prisión por un delito de agresión sexual impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un profesor de un colegio de Pamplona que realizó tocamientos a una alumna de 10 años. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ratifica que el procesado, de 49 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 6 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco.

En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 4.000 euros por el daño moral. Asimismo, ha sido condenado a una inhabilitación especial por tiempo de 10 años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea retribuida o no, con menores de edad.

Según la sentencia, los hechos se produjeron sobre las 10:45 horas del 18 de marzo de 2024. El acusado, que estaba a cargo del cuidado de los niños en el recreo, se dirigió a la víctima y a una amiga “y les preguntó si querían ayudarle a encontrar unas pelotas de velcro que necesitaba”. Las niñas accedieron y le acompañaron al almacén de la sala de calderas. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado “cogió un pupitre, lo colocó junto al lateral del armario y dijo a las niñas que entre el armario y la pared había aprisionadas unas pelotas de velcro”. Les “hizo creer que se podían ver a través del hueco”, ya que había un agujero entre el armario y la pared. El profesor “le dijo a la víctima que se subiera al pupitre, que se colocara en el borde y que diera saltos para intentar mover el armario”. Le indicó que“ él estaría apoyando para hacer presión y así las pelotas podrían salir por el hueco”.

“Con evidente ánimo lascivo”, añade la resolución judicial, el encausado se colocó detrás de la niña y, “durante unos minutos”, se “restregó”. En un momento dado, el acusado “dijo que había escuchado caer una pelota, que mostró a las niñas, y salieron los tres del almacén”. La víctima, que se sintió “rara y molesta con la situación, acosada y utilizada”, tras acceder al patio con sus amigos, “se puso a llorar y, cuando salió del colegio, contó lo sucedido a sus padres, visiblemente afectada”.

Según la sentencia de instancia, la menor, durante los primeros meses, “presentó diversos índices de malestar emocional como pesadillas, recuerdos intrusivos que le generan malestar, cambios lábiles en el estado de ánimo, nerviosismo, preocupación, sentimientos de tristeza y culpa, e incomodidad en las muestras de afecto de familiares varones”.

La condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado todos los motivos, salvo el de la apreciación de la atenuante de reparación del daño, por la consignación por parte del procesado de 6.000 euros antes del juicio para hacer frente a la hipotética responsabilidad civil. Sin embargo, como el tribunal sentenciador ya impuso la pena en su límite mínimo, dicha atenuante, calificada por la Sala de lo Civil y Penal como “simple”, no tiene efectos sobre la rebaja de la pena.

Por lo demás, el Tribunal subraya que, en el presente caso, la convicción judicial alcanzada por el tribunal de instancia resulta “correcta y respetuosa” con las exigencias constitucionales derivadas del derecho a la presunción de inocencia, en la medida en que “no se fundamenta en meras intuiciones, sospechas o apreciaciones subjetivas, sino en una valoración racional, conjunta y motivada de la totalidad del material probatorio practicado en el acto del juicio oral”.

En cuanto a las críticas de la defensa a la inspección ocular realizada por los agentes de la Policía Foral un mes después de que se produjeran los hechos, la Sala sostiene que “resulta evidente que las fotografías que constan en el informe policial recogen con fidelidad las características y dimensiones del armario, y el propio acusado ha reconocido la posición que ocupaba como la que figura en la fotografía con un agente figurante”. Tales fotografías, “con independencia de que hubiese transcurrido un mes desde los hechos, aportan suficiente corroboración objetiva a la versión de la menor”.

“Tampoco apreciamos, como aduce el recurrente, que el colegio, con la colaboración de la Policía Foral (sic), haya aportado información incompleta, inexacta o basada en conjeturas con el único objetivo de poner en entredicho la labor educativa y la imagen del [inculpado]. Lo cierto es que el colegio tramitó la queja de la familia y la Policía Foral actuó tras tener conocimiento de la denuncia de los hechos. La trayectoria intachable de más de 20 años del acusado como profesor en el centro no resulta óbice, objetivamente considerado, a la realidad de los hechos declarados probados”, destacan los magistrados.

Por otra parte, el Tribunal rechaza la versión del profesor: “Resulta incongruente, desde cualquier punto de vista racional, la actuación llevada a cabo por el acusado en la búsqueda, supuestamente, de unas pelotas de velcro, según indica, queriendo comprobar si se encontraban en un armario-estantería de muy grandes dimensiones, que mide 3,20 m de largo, 1,87 m de alto y 34 cm de ancho, cuyos estantes o huecos estaban colocados contra la pared, como se aprecia en las fotografías, con la dinámica que refiere de interponer un pupitre para que las niñas saltasen repetidamente para empujar el armario desde el lateral, logrando así la posición corporal apetecida, tras quitarle la sudadera que portaba atada en su cintura, que colocó encima del pupitre”.

Además, añaden los magistrados, la afectación emocional de la menor, que “se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo”, fue “inmediata”, y “se pudo percatar de ello el propio encausado, quien se acercó a ella y pretendió darle explicaciones”. Asimismo, resaltan la reacción de la menor con su padre en el trayecto del coche y con su madre al llegar a casa, “con quien estuvo abrazada durante 15 minutos, llorando, dando cuenta de la situación de angustia que presentaba”.

Para los jueces, “esta inmediatez temporal otorga verosimilitud al relato de la menor”. Y a mayor abundamiento, apostilla la Sala, la pericial de la psicóloga forense consideró “altamente creíble” tal relato.

En definitiva, el Tribunal recalca que la convicción judicial plasmada en la resolución impugnada “puede considerarse correcta porque aparece construida sobre una actividad probatoria suficiente, practicada con todas las garantías procesales, valorada conforme a criterios de racionalidad y experiencia y exteriorizada mediante una motivación que permite conocer las razones por las cuales el tribunal alcanza su conclusión”. No se aprecia, por tanto, arbitrariedad, irracionalidad ni insuficiencia probatoria, sino “el legítimo ejercicio de la función jurisdiccional de valoración de la prueba que corresponde en exclusiva al órgano de instancia”.

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

El fallo, alcanzado por conformidad de las partes, establece como probado que el acusado abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza generada entre ellos, para provocar una “dependencia emocional” que derivó en varios encuentros de contenido sexual con la niña, que contaba con 12 años de edad.

Entre julio y noviembre de 2024, tal y como ha quedado probado en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron distintos encuentros entre el acusado y su alumna que derivaron en varias agresiones sexuales e incluso en la transmisión de una enfermedad.

La Audiencia considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por el que impone a Xabier Ron nueve años y medio de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 19 años y seis meses.

Durante 15 años no podrá ejercer actividades relacionadas con menores y tendrá libertad vigilada durante 10 años posteriores al cumplimiento de la pena. El fallo reconoce, además, que el procesado ya ha indemnizado a la víctima con 82.000 euros por los daños morales generados.

Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ha ejercitado la acción popular, ha expresado su satisfacción moderada con esta resolución, aunque ha admitido que la gravedad de los hechos haría necesario “una pena mucho más elevada”.

El Tribunal del Jurado ha declarado culpable de asesinato al joven autor confeso de la puñalada mortal a Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, y también al que le facilitó la navaja, según reconoció el mismo en el juicio.

Ha sido tras la deliberación durante esta semana y después de que se les entregase el objeto del veredicto este lunes. Todo tras una juicio que se prolongó, en la Audiencia Provincial de A Coruña, durante varias semanas.

Esto con absolución ya, antes de reunirse el jurado para deliberar, de otro joven, amigo de los anteriores, y que estuvo presente ese día, sin llegar a tener participación, según defendió su letrada. Fue, expuso el juez, por ausencia de pruebas contra él. Solo la acusación particular en representación de la madre pedía su condena como cómplice.

Veredicto

Con unanimidad en la mayoría de las preguntas planteadas y por mayoría en algunas otras, el jurado popular ha considerado probado que el autor confeso de la puñalada mortal actuó con la intención de causar la muerte mientras que ha rechazado que tuviese mermadas sus capacidades cognitivas o volitivas o afectación por consumo de drogas.

Del joven que le dio la navaja, ha sostenido que era consciente de lo que podía ocurrir. En su caso, no fue por unanimidad el veredicto, sino por mayoría, con siete votos de miembros del jurado. Por otra parte, entienden que la víctima tenía disminuidos sus reflejos por el alto consumo etílico.

Petición de penas

En sus conclusiones definitivas, Fiscalía solicitó condena por asesinato, en concreto 20 años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada, para el autor confeso de la puñalada mortal y para el otro procesado. Esto después de que, en su declaración, el primero atribuyese a un “arrebato” el hecho de que pidiese la navaja a su amigo.

“Vino a pegarme, me enfadé y la clavé”, expuso sobre la víctima. El considerado por Fiscalía y acusaciones particulares cooperador necesario dijo, en un primer momento, que el arma era del autor del apuñalamiento, pero luego reconoció que se la dio “por miedo”.

Las acusaciones particulares elevaron a 25 años su solicitud de pena por asesinato para ambos mientras que las defensas reclamaron la absolución de sus clientes. En el caso del joven que admitió haberle agredido con la navaja, su abogada planteó, de forma alternativa, la consideración de los hechos como homicidio imprudente.

El jugador del Elche, cedido por el Sevilla esta temporada, Rafa Mir, ha sido condenado a ocho años de prisión por una agresión sexual que sucedió en 2024. La condena no es firme, puede recurrir a instancias superiores. En estos dos años, ha seguido jugando al fútbol. Nos lo cuenta el periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, Lucas Marco. Recordamos también el caso de Santi Mina, jugador que también fue condenado por agresión sexual en 2022 por unos hechos que sucedieron en 2017 y que no le impidieron fichar por el Celta en 2017 y seguir jugando al fútbol y marcando goles. Nos cuenta esta historia la periodista de elDiario.es en Galicia, Beatriz Muñoz. 

Además, con el abogado especializado en derecho deportivo Antonio Albarral analizamos qué opciones legales tienen sobre la mesa los equipos de fútbol cuando se tienen que enfrentar a una situación como esta. También, con la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar, analizamos las piruetas que dan los clubes de fútbol cuando parece que les sobreviene un caso de presunta agresión o de condena dentro de su plantilla de futbolistas.

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