Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) tendrán bajo su responsabilidad dirimir sobre la situación de la familia que durante cuatro años permaneció aislada de todo contacto con el mundo exterior en un chalé a las afueras de la capital asturiana. Los padres mantuvieron en todo momento que su decisión de evitar cualquier relación con terceras personas a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen 9 años y su hermano de 11- se debía al “miedo insuperable” que tenían a que contrajeran el Covid.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar.

La Fiscalía asturiana ha explicado, a través de un portavoz, que elaborará y enviará un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que una vez examinado, será la encargada de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La base del recurso

Este lunes, la Fiscalía ha comunicado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un escrito por el que anuncia la preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada por el alto tribunal asturiano el pasado 12 de julio.

La Fiscalía de Asturias considera que ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

La revisión de la condena

En este segundo fallo judicial, dictado el 12 de julio, el TSJA revocaba parcialmente la sentencia condenatoria que había dictado la Audiencia Provincial de Asturias el pasado 11 de mayo.

Los magistrados de la Sección Segunda habían impuesto sendas penas de dos años y diez meses de prisión a cada miembro del matrimonio, integrado por el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense, por sendos delitos de violencia psíquica habitual y les condenaron a seis meses de cárcel por el delito de abandono familiar.

La apelación

Por el contrario, el TSJA, en su sentencia del pasado 12 de julio estimó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones legales de los padres, y revocó la condena de ambos progenitores por el delito de maltrato psicológico, por lo que a partir de ese momento quedaban absueltos del mismo. El resto de peticiones de las defensas fueron desestimadas.

Las medidas cautelares, sin efecto

La Sala Civil y Penal también desestimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la representación legal del Principado, y ordenó que se dejasen sin efecto las medidas cautelares que se encontrasen vigentes.

Por tanto, el TSJA mantuvo los seis meses de prisión para cada miembro de la pareja por su autoría en el delito de abandono de familia por lo que anunciaba que los progenitores podrían abandonar el Centro Penitenciario de Asturias -donde permanecieron ingresados desde abril de 2025- en cuanto estuvieran listos los autos de la Sección Segunda de la Audiencia sobre su puesta en libertad.

El fallo del TSJA reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%

No se acreditaron “actos humillantes”

El tribunal declaró probado que los padres no podían ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se han acreditado “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar” en el que los niños, que actualmente se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Para los magistrados, lo que se produjo fue una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

El “ocultamiento social” de los menores

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%.

Para el TSJA, de lo que sí que son responsables ambos progenitores es de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que, según aprecia el tribunal, se vieron privados deliberadamente por sus progenitores del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante esos cuatro años.

La familia Bolsonaro está entre la justicia y la pared. Mientras el expresidente Jair Bolsonaro cumple pena en régimen de prisión domiciliaria, la vida política de sus hijos Eduardo y Flávio se complica cada día que pasa. En junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de cárcel, en régimen semiabierto, por el delito de coacción por el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, además de a ocho años de inhabilitación. Antes, ya había perdido su acta de diputado por haber fijado su residencia en EEUU.

Alexandre de Moraes, el juez del Supremo que está a cargo del caso, argumentó que Eduardo Bolsonaro presionó a las autoridades estadounidenses y al presidente Donald Trump para forzar sanciones contra Brasil, lo que provocó una grave amenaza a las instituciones del país.

No obstante, la gran sombra que se cierne sobre la familia Bolsonaro está relacionada con el escándalo del Banco Master, considerado el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, estimado en cerca de 9.000 millones de euros. La ayuda millonaria que Flávio Bolsonaro pidió a Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, para la película Dark Horse sobre la vida de Jair Bolsonaro es la punta de un iceberg de corrupción que, según avanzan las investigaciones, se va extendiendo por el espectro político conservador.

Sobornos con dinero público

Daniel Vorcaro, preso desde finales de 2025, usaba dinero público de fondos de pensiones y capital conseguido con falsos fondos de inversión para sobornar a políticos a cambio de favores. Aunque el escándalo acaba de salpicar al senador del Partido de los Trabajadores (PT) Jacques Wagner —la Policía Federal (PF) investiga la compra de un apartamento de lujo y su presunta relación con Vorcaro— los tentáculos del Banco Master están alcanzando, sobre todo, a piezas claves de la derecha y la extrema derecha.

El senador Ciro Nogueira, firme aliado del bolsonarismo, está en el epicentro del escándalo. A cambio de una vida de lujo y de pagos mensuales proporcionados por Daniel Vorcaro, Nogueira benefició con su actividad legislativa al Banco Master. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, enemigos declarados del Gobierno de Lula, también están enredados en el caso. Incluso se está investigando al joven diputado Níkolas Ferreira, enfant terrible del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, después de que la policía encontrase su nombre entre los contactos de Daniel Vorcaro.

Trumpismo y megacárceles

Mientras la presión judicial y mediática arremete contra la línea de flotación del bolsonarismo, el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro endurece su programa electoral. Siguiendo las recomendaciones de su partido, está poniendo todo el foco de su campaña en la seguridad.

Antes de divulgar su programa Brasil sem medo (Brasil sin miedo), que se apropia de la narrativa de la campaña de Lula en 2022, lanzó un vídeo de parodia de la película Top Gun, realizado con inteligencia artificial, en el que ametralla embarcaciones de comandos de narcotraficantes y del PT de Lula.

Este Brasil sem medo que Flávio Bolsonaro pretende instaurar si gana las elecciones presidenciales va mucho más allá del reconocimiento de las bandas de narcotraficantes brasileñas como terroristas por parte del Gobierno de Donald Trump. El programa propone replicar el polémico sistema de cárceles de máxima seguridad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y crear medio millón de nuevas plazas.

Las cinco nuevas megacárceles que serían construidas responden a un nuevo modelo de prisión al que Bolsonaro ha bautizado como trevas (tinieblas). “Es exactamente para arrojar luz a favor del ciudadano de bien y colocar en las tinieblas a esos marginales peligrosos y líderes de facciones”, justificó Flávio Bolsonaro en el lanzamiento del programa. Brasil sem medo también contempla la instalación de un millón de cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial, el uso de IA para la persecución de criminales y la castración química de hombres que cometan violencia machista.

Los sondeos están confirmando que la mayoría del electorado asocia el escándalo del Banco Master más a Flávio Bolsonaro que a Lula. Una encuesta de Quaest revela que el 65% del electorado considera que Flávio Bolsonaro se equivocó al pedir dinero para la película Dark horse. Lo más relevante es que en el grupo de electores que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, clave para la contienda presidencial, Lula ha abierto una ventaja de 13 puntos.

El líder del partido, con las cuentas congeladas

Por si esto fuera poco, el STF ordenó la semana pasada la congelación de las cuentas del presidente del PL, Valdemar Costa Neto, por un montante equivalente a 20,3 millones de euros en el marco de una investigación por presunta corrupción ligada a la malversación y desvío de fondos públicos

Según el informe de la Policía Federal, citado por la Agencia Estadão, el político utilizó a funcionarios de la Cámara de Diputados para desviar a su favor recursos del presupuesto oficial.

Costa Neto ejerce una fuerte influencia sobre los diputados del partido, que actualmente es el mayor de la Cámara de Diputados brasileña. Aunque ha negado las acusaciones, el caso ha caído como una bomba en medio de los graves problemas legales en el entorno del candidato ultraderechista.

Tocado, pero no hundido, el bolsonarismo mueve sus fichas y cuenta con el apoyo de Kassio Nunes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), nombrado durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. De momento, Nunes ya prohibió la divulgación de una encuesta del Instituto Atlas/Intel, que constataba la caída de Flávio Bolsonaro, alegando que las preguntas asociando al candidato al escándalo del Banco Master eran tendenciosas.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la pena de cuatro años y un día de prisión por un delito de agresión sexual impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un profesor de un colegio de Pamplona que realizó tocamientos a una alumna de 10 años. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ratifica que el procesado, de 49 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 6 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco.

En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 4.000 euros por el daño moral. Asimismo, ha sido condenado a una inhabilitación especial por tiempo de 10 años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea retribuida o no, con menores de edad.

Según la sentencia, los hechos se produjeron sobre las 10:45 horas del 18 de marzo de 2024. El acusado, que estaba a cargo del cuidado de los niños en el recreo, se dirigió a la víctima y a una amiga “y les preguntó si querían ayudarle a encontrar unas pelotas de velcro que necesitaba”. Las niñas accedieron y le acompañaron al almacén de la sala de calderas. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado “cogió un pupitre, lo colocó junto al lateral del armario y dijo a las niñas que entre el armario y la pared había aprisionadas unas pelotas de velcro”. Les “hizo creer que se podían ver a través del hueco”, ya que había un agujero entre el armario y la pared. El profesor “le dijo a la víctima que se subiera al pupitre, que se colocara en el borde y que diera saltos para intentar mover el armario”. Le indicó que“ él estaría apoyando para hacer presión y así las pelotas podrían salir por el hueco”.

“Con evidente ánimo lascivo”, añade la resolución judicial, el encausado se colocó detrás de la niña y, “durante unos minutos”, se “restregó”. En un momento dado, el acusado “dijo que había escuchado caer una pelota, que mostró a las niñas, y salieron los tres del almacén”. La víctima, que se sintió “rara y molesta con la situación, acosada y utilizada”, tras acceder al patio con sus amigos, “se puso a llorar y, cuando salió del colegio, contó lo sucedido a sus padres, visiblemente afectada”.

Según la sentencia de instancia, la menor, durante los primeros meses, “presentó diversos índices de malestar emocional como pesadillas, recuerdos intrusivos que le generan malestar, cambios lábiles en el estado de ánimo, nerviosismo, preocupación, sentimientos de tristeza y culpa, e incomodidad en las muestras de afecto de familiares varones”.

La condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado todos los motivos, salvo el de la apreciación de la atenuante de reparación del daño, por la consignación por parte del procesado de 6.000 euros antes del juicio para hacer frente a la hipotética responsabilidad civil. Sin embargo, como el tribunal sentenciador ya impuso la pena en su límite mínimo, dicha atenuante, calificada por la Sala de lo Civil y Penal como “simple”, no tiene efectos sobre la rebaja de la pena.

Por lo demás, el Tribunal subraya que, en el presente caso, la convicción judicial alcanzada por el tribunal de instancia resulta “correcta y respetuosa” con las exigencias constitucionales derivadas del derecho a la presunción de inocencia, en la medida en que “no se fundamenta en meras intuiciones, sospechas o apreciaciones subjetivas, sino en una valoración racional, conjunta y motivada de la totalidad del material probatorio practicado en el acto del juicio oral”.

En cuanto a las críticas de la defensa a la inspección ocular realizada por los agentes de la Policía Foral un mes después de que se produjeran los hechos, la Sala sostiene que “resulta evidente que las fotografías que constan en el informe policial recogen con fidelidad las características y dimensiones del armario, y el propio acusado ha reconocido la posición que ocupaba como la que figura en la fotografía con un agente figurante”. Tales fotografías, “con independencia de que hubiese transcurrido un mes desde los hechos, aportan suficiente corroboración objetiva a la versión de la menor”.

“Tampoco apreciamos, como aduce el recurrente, que el colegio, con la colaboración de la Policía Foral (sic), haya aportado información incompleta, inexacta o basada en conjeturas con el único objetivo de poner en entredicho la labor educativa y la imagen del [inculpado]. Lo cierto es que el colegio tramitó la queja de la familia y la Policía Foral actuó tras tener conocimiento de la denuncia de los hechos. La trayectoria intachable de más de 20 años del acusado como profesor en el centro no resulta óbice, objetivamente considerado, a la realidad de los hechos declarados probados”, destacan los magistrados.

Por otra parte, el Tribunal rechaza la versión del profesor: “Resulta incongruente, desde cualquier punto de vista racional, la actuación llevada a cabo por el acusado en la búsqueda, supuestamente, de unas pelotas de velcro, según indica, queriendo comprobar si se encontraban en un armario-estantería de muy grandes dimensiones, que mide 3,20 m de largo, 1,87 m de alto y 34 cm de ancho, cuyos estantes o huecos estaban colocados contra la pared, como se aprecia en las fotografías, con la dinámica que refiere de interponer un pupitre para que las niñas saltasen repetidamente para empujar el armario desde el lateral, logrando así la posición corporal apetecida, tras quitarle la sudadera que portaba atada en su cintura, que colocó encima del pupitre”.

Además, añaden los magistrados, la afectación emocional de la menor, que “se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo”, fue “inmediata”, y “se pudo percatar de ello el propio encausado, quien se acercó a ella y pretendió darle explicaciones”. Asimismo, resaltan la reacción de la menor con su padre en el trayecto del coche y con su madre al llegar a casa, “con quien estuvo abrazada durante 15 minutos, llorando, dando cuenta de la situación de angustia que presentaba”.

Para los jueces, “esta inmediatez temporal otorga verosimilitud al relato de la menor”. Y a mayor abundamiento, apostilla la Sala, la pericial de la psicóloga forense consideró “altamente creíble” tal relato.

En definitiva, el Tribunal recalca que la convicción judicial plasmada en la resolución impugnada “puede considerarse correcta porque aparece construida sobre una actividad probatoria suficiente, practicada con todas las garantías procesales, valorada conforme a criterios de racionalidad y experiencia y exteriorizada mediante una motivación que permite conocer las razones por las cuales el tribunal alcanza su conclusión”. No se aprecia, por tanto, arbitrariedad, irracionalidad ni insuficiencia probatoria, sino “el legítimo ejercicio de la función jurisdiccional de valoración de la prueba que corresponde en exclusiva al órgano de instancia”.

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

El fallo, alcanzado por conformidad de las partes, establece como probado que el acusado abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza generada entre ellos, para provocar una “dependencia emocional” que derivó en varios encuentros de contenido sexual con la niña, que contaba con 12 años de edad.

Entre julio y noviembre de 2024, tal y como ha quedado probado en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron distintos encuentros entre el acusado y su alumna que derivaron en varias agresiones sexuales e incluso en la transmisión de una enfermedad.

La Audiencia considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por el que impone a Xabier Ron nueve años y medio de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 19 años y seis meses.

Durante 15 años no podrá ejercer actividades relacionadas con menores y tendrá libertad vigilada durante 10 años posteriores al cumplimiento de la pena. El fallo reconoce, además, que el procesado ya ha indemnizado a la víctima con 82.000 euros por los daños morales generados.

Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ha ejercitado la acción popular, ha expresado su satisfacción moderada con esta resolución, aunque ha admitido que la gravedad de los hechos haría necesario “una pena mucho más elevada”.

El Tribunal del Jurado ha declarado culpable de asesinato al joven autor confeso de la puñalada mortal a Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, y también al que le facilitó la navaja, según reconoció el mismo en el juicio.

Ha sido tras la deliberación durante esta semana y después de que se les entregase el objeto del veredicto este lunes. Todo tras una juicio que se prolongó, en la Audiencia Provincial de A Coruña, durante varias semanas.

Esto con absolución ya, antes de reunirse el jurado para deliberar, de otro joven, amigo de los anteriores, y que estuvo presente ese día, sin llegar a tener participación, según defendió su letrada. Fue, expuso el juez, por ausencia de pruebas contra él. Solo la acusación particular en representación de la madre pedía su condena como cómplice.

Veredicto

Con unanimidad en la mayoría de las preguntas planteadas y por mayoría en algunas otras, el jurado popular ha considerado probado que el autor confeso de la puñalada mortal actuó con la intención de causar la muerte mientras que ha rechazado que tuviese mermadas sus capacidades cognitivas o volitivas o afectación por consumo de drogas.

Del joven que le dio la navaja, ha sostenido que era consciente de lo que podía ocurrir. En su caso, no fue por unanimidad el veredicto, sino por mayoría, con siete votos de miembros del jurado. Por otra parte, entienden que la víctima tenía disminuidos sus reflejos por el alto consumo etílico.

Petición de penas

En sus conclusiones definitivas, Fiscalía solicitó condena por asesinato, en concreto 20 años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada, para el autor confeso de la puñalada mortal y para el otro procesado. Esto después de que, en su declaración, el primero atribuyese a un “arrebato” el hecho de que pidiese la navaja a su amigo.

“Vino a pegarme, me enfadé y la clavé”, expuso sobre la víctima. El considerado por Fiscalía y acusaciones particulares cooperador necesario dijo, en un primer momento, que el arma era del autor del apuñalamiento, pero luego reconoció que se la dio “por miedo”.

Las acusaciones particulares elevaron a 25 años su solicitud de pena por asesinato para ambos mientras que las defensas reclamaron la absolución de sus clientes. En el caso del joven que admitió haberle agredido con la navaja, su abogada planteó, de forma alternativa, la consideración de los hechos como homicidio imprudente.

El jugador del Elche, cedido por el Sevilla esta temporada, Rafa Mir, ha sido condenado a ocho años de prisión por una agresión sexual que sucedió en 2024. La condena no es firme, puede recurrir a instancias superiores. En estos dos años, ha seguido jugando al fútbol. Nos lo cuenta el periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, Lucas Marco. Recordamos también el caso de Santi Mina, jugador que también fue condenado por agresión sexual en 2022 por unos hechos que sucedieron en 2017 y que no le impidieron fichar por el Celta en 2017 y seguir jugando al fútbol y marcando goles. Nos cuenta esta historia la periodista de elDiario.es en Galicia, Beatriz Muñoz. 

Además, con el abogado especializado en derecho deportivo Antonio Albarral analizamos qué opciones legales tienen sobre la mesa los equipos de fútbol cuando se tienen que enfrentar a una situación como esta. También, con la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar, analizamos las piruetas que dan los clubes de fútbol cuando parece que les sobreviene un caso de presunta agresión o de condena dentro de su plantilla de futbolistas.

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La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a dos años de cárcel a una administrativa del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en el centro de salud de Alsasua por haber accedido en 171 ocasiones al historial médico de su yerno sin consentimiento. Esta misma administrativa ya fue condenada en mayo a ocho años de prisión por haber accedido en 1.329 ocasiones a los informes médicos de su hija y tres nietos.

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa llegaron el día del juicio, celebrado el pasado día 2 de junio, a un acuerdo, por lo que la sentencia se ha dictado de conformidad. Así, la inculpada no podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros durante 5 años a su yerno, a quien deberá indemnizar con 15.000 euros por el daño moral originado. 

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de revelación de secretos cometido por funcionario público con la concurrencia de la agravante de parentesco por afinidad y las atenuantes de anomalía o alteración psíquica y reparación del daño.

La encausada, administrativa del Servicio Navarro de Salud destinada en Atención Primaria de Alsasua, a través del programa informático Atenea, llevó a cabo los citados accesos al historial médico de su yerno entre el 23 de junio de 2021 y el 15 de abril de 2024. Además, en 15 ocasiones, según recoge la resolución judicial, imprimió la historia médica, por lo que tuvo “conocimiento de todos los datos sanitarios”. 

En el momento de los hechos, según consta en la sentencia, la acusada estaba “diagnosticada de trastorno adaptativo y trastorno de control de impulsos, lo que afectaba a sus facultades intelectivas de manera leve”. Con anterioridad a la celebración del juicio, la procesada había consignado 10.000 euros para la reparación del daño causado.

En mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó una pena de ocho años de prisión impuesta a esta funcionaria por haber accedido en 1.329 ocasiones a los informes médicos de su hija y tres nietos, llegando a imprimir los historiales y resúmenes clínicos en numerosas ocasiones. 

A este respecto, la Audiencia Provincial indica que, cuando se acredite la firmeza de esa sentencia del TSJN, en virtud del pacto alcanzado entre las partes, se otorgará a la condenada la suspensión de la pena de prisión a condición de que no delinca en cuatro años, abone el resto de la indemnización, continúe en tratamiento psiquiátrico por tiempo de cuatro años, salvo alta terapéutica anterior, y respete las prohibiciones de comunicación y acercamiento. 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a una multa de 300 euros por un delito leve de lasiones, tras agredir el 12 de abril de 2025 en Leioa (Bizkaia) a dos compañeros de piso, a uno con una maza y una barra de uña de metal y al otro con aceite hirviendo de una sartén. El tribunal cree probada la intención del acusado de acabar con la vida de ambos y no ve “atisbo de credibilidad” en el testimonio del acusado cuando aseguró que su “otro yo” le dijo que acabara con ellos.

Según se recoge la sentencia en los hechos declarados probados, las agresiones se produjeron sobre las 9:30 horas del 12 de abril de 2025, cuando el acusado entró en la habitación de uno de sus compañeros de piso, y comenzó a golpearle con una maza de obra en la cabeza y después con una barra de uña de metal en la zona abdominal, según recoge Europa Press. También arrojó aceite de una sartén hirviendo sobre la cara y el cuello de otro compañero de piso por llamar a la Policía, al ver lo que estaba sucediendo.

El tribunal considera acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a 8 años de prisión y otro leve de lesiones a una multa de 300 euros, al estimar “acreditados” estos hechos en base a la prueba practicada en el juicio oral. Entre el acervo probatorio de cargo existente, ha destacado las declaraciones de las dos víctimas, en las que no se aprecia la existencia de “móviles de venganza, resentimiento o interés para perjudicar” al encausado. Además, esos testimonios han estado acompañados de datos de “corroboración externa”, entre ellos el relato de varios testigos presentes en el piso en el momento de los hechos que “coincidieron de forma casi absoluta” con lo narrado por las víctimas, y la declaración del primer agente de la Ertzaintza que accedió a la vivienda.

“El otro yo”

Frente a ello, la Audiencia de Bizkaia recuerda que la versión ofrecida por el acusado en la vista oral carece de “toda coherencia y base lógica presentando una rotunda orfandad de cualquier atisbo de credibilidad”. El procesado afirmó en el juicio que no se acuerda de lo sucedido ese día, que oía voces y que fue su “otro yo” el que le dijo que acabara con ellos, al tiempo que relató que en esa época consumía drogas. El tribunal rechaza la apreciación de la circunstancia de exención de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica aducida por la defensa y también las atenuantes por los mismos padecimientos, ya que los forenses que le examinaron entonces no objetivaron ninguna patología psiquiátrica aguda grave.

Además, el mismo día de los hechos se le tomaron muestras de orina y no se detectó ni alcohol ni otras sustancias como opiáceos, cocaína o cannabis. La sentencia destaca que en Osakidetza no constaban antecedentes psiquiátricos ni seguimientos por consumo/abuso de tóxicos previos a ese 12 de abril de 2025. De ello, tal como subraya el órgano judicial, “se obtiene la conclusión medicolegal de que no se puede acreditar que en el momento de los hechos el encausado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y/o volitivas”. Existencia de “dolo directo de matar”.

Por contra, considera probada la existencia de “dolo directo de matar” en la acción del acusado, ya que entró en la habitación de su compañero de piso, cuando este se encontraba vistiéndose y calzándose, portando instrumentos peligrosos (maza de obra y barra de metal), siendo conocedor de su potencialidad lesiva, y decidió hacer uso de estos golpeando a su víctima en zonas vitales, como la cabeza y la zona abdominal, mientras profería expresiones de 'te voy a matar'.

De hecho, esta víctima sufrió una fractura de bóveda craneal, así como múltiples fracturas costales y un derrame pleural “de letales consecuencias si no hubiera recibido tratamiento quirúrgico inmediato”. La otra víctima sufrió por su parte quemaduras de segundo grado superficial generalizadas en el rostro y de primer grado en el cuello. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que el acusado indemnice a sus víctimas con 6.000 y 1.500 euros, respectivamente, y le impone sendas medidas de prohibición de comunicación y aproximación a estas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir por una agresión sexual a una joven el 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill de Bétera.

La sentencia, que no es firme, impone al delantero siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por un delito de lesiones, además del alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros por un plazo total de 13 años y una indemnización de 14.000 euros por las lesiones sufridas y de 50.000 euros por los daños morales causados.

El fallo condena asimismo al delantero del Elche CF a siete años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena privativa.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia condena al también futbolista Pablo Jara a dos años de prisión por agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral contra la segunda víctima.

El fallo también impone a Jara el alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros durante un plazo de cinco años y una indemnización de 280 euros por las lesiones causadas y de 6.000 euros por el daño moral sufrido.

El el caso de Pablo Jara, la sentencia le impone la medida de libertad vigilada durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los ahora condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y se dirigieron luego al domicilio del primero de ellos, futbolista entonces del Valencia CF, para continuar la fiesta.

Agresión sexual en la piscina y el baño

En esa vivienda, según concluye la sentencia, Rafa Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las chicas.

Por su parte, Pablo Jara agredió sexualmente, aunque sin llegar a tener acceso carnal, a la segunda joven en la piscina, para después echarla del chalé a empujones y dejarla en la calle semidesnuda.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia entiende que la prueba practicada durante el juicio ha servido “para acreditar sin fisuras la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones”.

Entre esas pruebas destaca la declaración testifical de las dos víctimas, que los magistrados califican de “convincente, consistente y coherente”, pues ha sido “mantenida de forma invariable a lo largo de toda la tramitación de la causa”, y se ha visto también “corroborada por datos periféricos, como son la declaración de testigos y el informe forense psicológico, ratificado y explicado en el plenario por las dos peritos”.

Frente a ello, “ninguna de las alegaciones defensivas ha tenido un sustrato fáctico en el que apoyarse ni un razonamiento lógico al que tener en cuenta”, precisa la sentencia.

La sentencia deduce testimonio contra los policías locales

Además, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia deduce testimonio por un presunto delito de falso testimonio por parte de los agentes de la Policía Local de Bétera que atendieron en un primer momento a las dos jóvenes.

Los uniformados declararon en el juicio del pasado 28 de mayo que las denunciantes aseguraron en todo momento que las relaciones sexuales habían sido consentidas, una versión diametralmente distinta a la que mantuvieron las jóvenes a lo largo de la instrucción y en la vista oral.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Cruz Zabal, alude a “flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes”, a las que atribuyen “prevalencia probatoria”.

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 19 años y medio de cárcel al principal acusado por un alijo de 600 kilos de cocaína que fue incautado en Siero, mientras que a otros tres procesados les ha impuesto la pena de 14 años de prisión que conformaron con la Fiscalía el pasado mes de abril durante el desarrollo del juicio.

Fuentes judiciales han confirmado que el principal acusado, conocido como 'Matador', ha sido condenado por los delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud con la agravante de reincidencia, pertenencia a grupo criminal, y depósito y tenencia ilícita de armas.

Los coacusados

Los otros condenados, que llevan cuatro años en prisión provisional, han sido condenados a 14 años de prisión tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía y podrán ser expulsados del país al cumplir la mitad de la pena o en el momento de la concesión del tercer grado, ha precisado una de las letradas de la defensa, María Martín, de Davvero Abogados.

En la causa había una quinta procesada, expareja de 'Matador', para quien el juicio quedó aplazado después de que su abogado, que se había incorporado recientemente al procedimiento, fuera encontrado en su despacho de Oviedo/Uviéu herido de arma blanca el mismo día en que se tenía que celebrar la vista.

Operación conjunta con EEUU

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional recibió un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EE.UU.) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional.

Las autoridades de Estados Unidos iniciaron una operación encubierta con la que lograron introducir a agentes infiltrados en una organización radicada en Colombia que había planeado llevar unas dos toneladas de cocaína para dos organizaciones criminales de España.

Agentes infiltrados

En la operación, los narcotraficantes entregaron 1.340 paquetes con cocaína a agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco en aguas internacionales del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados, desde donde fue trasladada a San Juan (Puerto Rico) y desde allí a Madrid en avión bajo custodia policial, según detalla el relato de la Fiscalía del Principado de Asturias.

A continuación, la Fiscalía Antidroga autorizó la entrega controlada de 600 kilos de cocaína con la participación de varios agentes encubiertos, lo que permitió la identificación de los procesados que aEcudieron a la recogida de la droga.

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de tres años de cárcel e inhabilitación impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un abogado por apropiarse de 38.212 euros que debía haber entregado a unos clientes en el marco de una demanda civil de nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos suscribieron con Kutxabank. El alto tribunal vasco destaca, además, que el letrado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica del matrimonio al que defendía, y se aprovechó de la confianza que depositaron en él.

El abogado fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida agravada por aprovecharse de su credibilidad profesional y por la entidad del perjuicio causado y, además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia le inhabilitó para ejercer como abogado durante tres años. Según los hechos declarados probados por el tribunal vizcaíno, el letrado llevó la demanda civil interpuesta por un matrimonio que reclamaba la nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos habían suscrito con Kutxabank, según recoge Europa Press.

Un juzgado de Primera Instancia de Bilbao dio la razón al matrimonio y reconoció su derecho a percibir 91.912 euros. El letrado instó la ejecución estimatoria dictada por ese juzgado, y este emitió un mandamiento de pago a favor del matrimonio por esa cantidad que fue cobrado por el letrado. Sin embargo, el acusado “aprovechándose de la confianza que habían depositado en él” sus clientes, les ocultó la cuantía real y les trasladó que lo que se les había reconocido eran 60.000 euros a lo que había que restar sus honorarios (6.300 euros).

De esta manera, incorporó a su patrimonio un total de 38.212 euros, la diferencia entre la cantidad reconocida en la sentencia y la comunicada a sus clientes, 31.912 euros, más los 6.300 euros de sus honorarios. Además, el letrado ocultó a sus clientes que esa sentencia no era firme y que la cantidad percibida podría estar sujeta a reversión, como así sucedió porque Kutxabank recurrió, y la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia le dio la razón y ordenó la devolución de las cantidades consignadas, tal como se recuerda en la resolución.

De ahí que la sentencia de la Audiencia vizcaína que condenó en primera instancia al letrado fijara que este, en concepto de responsabilidad civil, debía abonar a esa entidad bancaría 38.212 euros, el montante total que, según se declaró probado, se apropió el abogado. El letrado recurrió ante el TSJPV solicitando la revocación de la sentencia argumentando, principalmente, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.

Por su parte, el TSJPV rechaza su recurso y mantiene que ha existido prueba de cargo testifical y documental que denota que este “ocultó la cifra reconocida en la sentencia” del juzgado de Primera Instancia de Bilbao y que “la actuación efectuada estuvo presidida por la voluntad consciente de incorporar a su propio patrimonio un dinero que hubiera debido ingresar en el acervo patrimonial de sus clientes”.

Prevalerse de la confianza

El alto tribunal vasco añade que el acusado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes y que existió un desvalor adicional en su actuación, porque para realizar la encomienda profesional efectuada por sus clientes, no era preciso que estos le otorgaran un poder específico para cobrar en su nombre las cantidades que se reconocieran en el procedimiento judicial. “La atribución al abogado de este específico poder, del que se valió para cometer el delito, únicamente descansó en la especial credibilidad profesional que el letrado inspiró a los clientes”, un dato, añade el TSJPV, que “desvela un desvalor adicional” para justificar que se agrave la pena.

El TSJPV también considera acreditado que el acusado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica de sus clientes y el “significativo quebranto económico” que suponía para ellos “verse privados de una cantidad superior a los 30.000 euros con su maniobra de distracción”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

China condenó a muerte por corrupción el jueves a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, dos de las figuras de mayor rango afectadas por la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar del país. La condena está suspendida durante dos años, lo que quiere decir que no serán ejecutados si no delinquen durante el período.

Un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos, según la agencia oficial china, Xinhua. Ambos fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.

Las sentencias establecen además que, una vez transcurrido el periodo de suspensión y conmutadas las penas a cadena perpetua conforme a la legislación china, no podrán optar a reducción de condena ni a libertad condicional.

Wei Fenghe fue ministro de Defensa entre 2018 y 2023 y Li Shangfu ocupó el cargo entre marzo y octubre de 2023, antes de desaparecer de la escena pública y ser posteriormente destituido.

Ambos habían sido también consejeros de Estado y miembros de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas.

Los dos fueron expulsados del Partido Comunista de China (PCCh) en 2024 por “graves violaciones de la disciplina”, fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción.

El Ejército respalda las condenas

El Diario del Ejército Popular de Liberación (EPL), el órgano de difusión oficial del Ejército chino, publicó un editorial el viernes en el que defiende las condenas. Acusa a los dos antiguos altos cargos de haber sufrido un “colapso de la fe”, de perder la lealtad y de causar un “daño particularmente grave” a “la causa del Partido, a la construcción de la defensa nacional y a la imagen de los cuadros dirigentes”.

“Cualquier persona, por alto que sea su cargo o grande que sea su poder, es igual ante la disciplina del Partido y la ley del Estado”, señaló el editorial, que advirtió de que “no habrá indulgencia para la corrupción”.

El texto advierte de que “la lucha contra la corrupción debe avanzar con determinación”, al tiempo que insta a los miembros del EPL a “mantener siempre una integridad política intachable” y “comprender la ley y la disciplina, tener claridad sobre las normas y reglamentos, y saber qué temer”.

Campaña de purgas

Sus caídas se produjeron en medio de una amplia campaña de purgas en la cúpula militar china que también afectó a altos mandos de la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear del país, y a figuras de máximo rango como los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong.

En los últimos meses, el mandatario chino ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar la lealtad política dentro del Ejército, de intensificar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas y abandonar sus “aires de superioridad”, en un momento marcado por el impulso a la modernización militar de cara a 2027, centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El contexto coincide además con el anuncio, el pasado mes de marzo, de un aumento del 7% del presupuesto de Defensa de China para 2026, un incremento inferior al 7,2% registrado en cada uno de los tres años anteriores.

Una sentencia dictada por un juzgado de Gijón reconoce la aporofobia como motivo para la comisión de un delito de odio en la causa abierta contra un hombre que agredió a una persona sin hogar en 2022 y que ha sido condenado a 15 meses y un día de prisión, aunque la pena ha sido suspendida durante tres años siempre que no delinca y se someta a un tratamiento de desintoxicación.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 de noviembre de 2022 cuando el acusado, de común acuerdo con otra persona, se dirigió al portal donde se hallaba su víctima guiado por la intención de denigrar su integridad física y moral por su animadversión hacia las personas por su situación socioeconómica.

Grabaron la agresión

Según la sentencia, en ejecución del plan previamente ideado, le propinó varias patadas en la espalda sin provocarle lesión y le despojó de sus ropas de abrigo y del saco de dormir mientras su acompañante grababa los hechos con su teléfono móvil, unas imágenes que fueron colgadas días después en la red social Instagram por un tercero con su conocimiento y consentimiento.

“Mucha polémica por el vídeo anterior pero no quiero indigentes en mi portal que me asusta a los niños y antes de eso le corto la cabeza, a dormir a las puertas del ayuntamiento, ellos son los culpables sin ponte a pasar farlopa o peta a una tienda que fácil es quejarse maricona di no te gusta trabajar haz algo”, señalaba el texto adjunto a las imágenes.

Motivo de aporofobia

El tribunal condena al acusado como autor de un delito de odio por motivo de aporofobia en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y otro leve de maltrato sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad y le impone además una indemnización de 2.000 euros a su víctima.

Un precedente jurídico

Según el colectivo HOGAR SÍ, que se personó como acusación popular en el procedimiento, la sentencia consolida el artículo 510 del Código Penal como herramienta efectiva para perseguir graves actos aporofóbicos contra las personas en situación de sinhogarismo.

A su juicio, no se trata únicamente de una condena individual, “sino de un precedente jurídico que ayuda a nombrar, acreditar y perseguir una violencia históricamente invisibilizada” y hace que la inclusión de la aporofobia en dicho artículo “no sea un concepto accesorio, sino una herramienta real y efectiva de protección de derechos”.

Un aficionado ha sido condenado a nueve meses de cárcel por un delito de odio por los insultos racistas que dirigió al jugador del FC Barcelona Marcus Rashford durante el partido de fúbol que el equipo blaugrana disputó contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, el 25 de septiembre de 2025.

Cuando el futbolista iba a realizar un saque de esquina, el acusado le gritó desde su asiento “negrata”; una expresión que fue “claramente audible y perceptible” por los demás asistentes al encuentro, generando en el futbolista “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”, como ha resaltado la Fiscalía este miércoles durante una audiencia preliminar, celebrada ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.

Tres años sin pisar un estadio

Durante esta audiencia preliminar, el acusado ha asumido su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Fiscal y ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que se le impone una condena de nueve meses de cárcel.

No obstante, la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad condicionada a que se someta a un programa formativo contra el odio y la discriminación, abone la totalidad de la responsabilidad civil que se cuantifica en 2.000 euros y la prohibición de acudir al campo ovetense, así como a los estadios donde se celebren partidos de fútbol de la Liga Profesional de 1ª y 2ª división, durante 3 años.

La ofensa al futbolista

Esta condena incluye además su inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 3 años y 9 meses.

El acusado comparecía esta mañana ante el tribunal de la Sección Segunda para justificar las razones que le llevaron a insultar al jugador del Barça. En su descargo, admitió que cometió un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas cuando dirigió hacia él ese comentario despectivo que, a juicio de la Fiscalía, tenía como finalidad “ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol”.

Pudo ser identificado gracias a que su imagen se difundió en una red social. El post llegó a alcanzar 24 horas después de publicado 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, "con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador", según ha confirmado la Fiscalía asturiana

Su imagen, en una red social

La Policía logró identificarle gracias a que justo ese momento preciso había sido recogido por la cámara de otro aficionado que subió la imagen a la red social X.

Según ha confirmado la propia Fiscalía, ese post llegó a alcanzar a las 24 horas de publicado nada menos que 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, “con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador”, señala el representante de la acusación pública.

La reparación del daño

Este miércoles, la Fiscalía imputó al acusado su autoría en un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas en concurso con un delito contra la integridad moral.

A este delito le aplicó la circunstancia atenuante de reparación del daño ya que, previamente a la celebración de esta audiencia preliminar, el acusado había consignado en la cuenta judicial la cantidad de 600 euros para cubrir parte de la responsabilidad civil.

Al tratarse de un acuerdo de conformidad, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias ya es firme.

Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco en mayo de 2014, serán trasladadas desde la cárcel de Asturias, donde cumplen condena actualmente, a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid.

El traslado, solicitado por las presas, ya ha sido concedido y se llevará a cabo en fechas próximas, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La madre, que confesó el crimen, fue condenada a veintidós años de cárcel como autora material, y su hija Triana a veinte años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

Triana se apunta a un máster

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial.

Las mismas fuentes han precisado que Triana Martínez, que ya disfruta de permisos penitenciarios desde hace casi un año, ve en la capital de España más oportunidades laborales de cara al fin de su condena.

Montserrat aspira a un permiso

Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, han precisado las mismas fuentes.

Montserrat González y Triana Martínez se trasladarán a Alcalá Meco después de haber pasado por las cárceles de Asturias, de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que fueron consideradas internas conflictivas.

Un documental

Actualmente Triana Martínez sale de prisión entre tres y cuatro días cada mes en virtud del permiso que le fue concedido el pasado noviembre después de catorce negativas a las solicitudes realizadas por parte de su abogado desde 2022, que a su madre se le sigue negando.

Ambas condenadas han participado en un documental en el que hablan por primera vez desde la cárcel y que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 12 de mayo, el día del asesinato a tiros en plena calle de Isabel Carrasco, del que se cumplen doce años este 2026.

El documental lleva por título 'Desde la celda. Crimen en León' y desde HBO Max España ya se está 'alimentando' el interés a través de la expresión “Ya conoces el crimen, ahora escucha su versión”, donde madre e hija pasan a convertirse en las reclusas protagonistas de su propia vida, como se puede apreciar en el siguiente post difundido en el perfil de la plataforma en la red social X.

Un crimen “casi perfecto”

Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Monserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque “la había tomado con su hija”, a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

La frase incriminatoria de la asesina

“Era su vida o la de mi hija”, afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento.

Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por parte de un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de treinta horas y que ya disfruta del tercer grado.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

En una sentencia, no exenta de polémica, la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a uno de los dos miembros de la Policía Local de Oviedo que fueron juzgados, el pasado mes de diciembre, acusados de un delito de lesiones tras protagonizar un incidente, el 24 de junio de 2022, con dos estudiantes de Medicina.

Los dos jóvenes se encontraban, en una zona apartada, en el interior de su coche y se dieron a la fuga cuando los acusados se acercaron a su vehículo para pedir la documentación. Ninguno de los dos policías iba uniformado y se habían desplazado a la zona en un coche camuflado.

Casi cuatro meses han transcurrido desde que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declaró visto para sentencia el juicio hasta que se ha hecho pública la resolución judicial.

Un voto particular

Las diferencias de valoración de la prueba entre las tres magistradas que integran el tribunal se han visto reflejadas con la emisión de un voto particular de una de ellas que se inclinó hacia la absolución de ambos policías.

El voto particular responde a la percepción de la magistrada de que la actuación del policía ahora condenado no fue dolosa y que su intervención se produjo ante la creencia de que su compañero -que resultó absuelto- corría un riesgo inminente de atropello tras haberle pasado por encima de un pie el coche de las víctimas al emprender la huida.

Sin uniforme y en coche camuflado

La sentencia da veracidad a la versión de las víctimas que sostenían que no habían identificado a los acusados como policías al ir vestidos sin uniforme y en un coche camuflado, sin distintivos oficiales.

La resolución judicial declara probado que, el 24 de junio de 2022, los dos policías llegaron a las nueve de la noche hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de La Florida, en la capital asturiana, y vieron el coche de la pareja que estaba estacionado.

Creyeron que no eran policías

Tras bajarse del coche, los policías se dirigieron a pie hasta el lugar donde se encontraban los estudiantes y el acusado ahora condenado le pidió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse.

Sin embargo, el conductor al desconfiar de que se tratara de agentes de la autoridad y al sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, “arrancó el coche y realizó una maniobra de huida”.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los policías, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo: dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera”, según se recoge en la sentencia.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante llamaba al 112 para relatar lo ocurrido y pedir auxilio.

La detención

Los agentes persiguieron a la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde el policía que resultó absuelto detuvo al joven “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarr” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla“, continúa la resolución judicial.

Las lesiones

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

Durante el juicio, los jóvenes reiteraron que en varias ocasiones pidieron perdón a los policías por haber huido, una vez que se enteraron que sí pertenecían a la Policía Local.

Ambos alegaron que la confusión se había debido a no ir identificados como policías cuando les requirieron la documentación, de noche y cuando estaban “en un lugar tranquilo al que habían ido en otras ocasiones”.

La proporcionalidad

La sentencia es condenatoria para uno de los dos policías por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja y que, según el tribunal, tuvieron su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra su coche.

El agente que detuvo al conductor ha sido absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.