“Recuerdo perfectamente el primer recorte, lo publicaron en el BOE poco antes de Navidad. Me había tomado unos días de vacaciones y de repente empezaron todos a llamarme; la gente venía a la oficina de la cooperativa llorando, estaba asfixiada económicamente y venía a desahogarse. Fue muy duro, yo les había invitado a montarse al barco y ese barco se hundía. Pero es que estábamos todos en el mismo barco”. En esa misma oficina de la planta solar La Jeresa, en Lorca (Murcia), Dioni Ruiz –52 años, auxiliar administrativa– rememora el tijeretazo a las ayudas económicas a la producción de energía solar fotovoltaica que ella y otros 417 socios de la cooperativa recibieron hasta 2010 por su inversión en una planta de cuatro megavatios de potencia instalada.

Como Dioni hay muchos más. Son los pioneros abandonados de la fotovoltaica. Más de 62.000 familias invirtieron sus ahorros, entre 2007 y 2008, para impulsar la incipiente producción solar del país, alentados por una campaña gubernamental que garantizaba un retorno de la inversión a los diez años. Pero llegó la crisis económica y una batería de medidas que culminó con la reforma eléctrica de 2013 y supuso un recorte retroactivo del 30% de sus ingresos, ahogando a estos pequeños inversores, en su mayoría agricultores y ganaderos. La justicia española consideró legales aquellos recortes, pero los tribunales internacionales, a los que acudieron los fondos de inversión extranjeros, hoy están dando la razón a los demandantes. Los pequeños productores españoles reclaman igualdad de trato.

En total, la asociación Anpier, que pelea por los derechos de los afectados y denuncia “una estafa de Estado”, calcula que la inversión media por persona rondó los 300.000 euros. Muchas familias tuvieron que refinanciar avalando los nuevos préstamos con sus bienes personales, principalmente sus casas, con créditos de hasta 20 años. En torno al 20% se vio obligado a malvender su instalación fotovoltaica al no poder asumir los gastos. En Lorca, el sindicato de agricultores COAG lideró el proyecto Huerta Solar de La Jeresa, una cooperativa social de 418 socios en la que cada uno es propietario de una instalación de 10kW. El parque, con una potencia total de 4MW, echó a andar en 2008. Funciona con una cuota que cubre el mantenimiento de las instalaciones. Cuando uno de los seguidores se estropea, la cooperativa asume el coste de la reparación e ingresa al propietario el importe que deja de percibir mientras no está en funcionamiento.

Dioni Ruiz, administrativa de 52 años, optó por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. "Accedieron porque vieron si no tendrían que embargarnos a todos

Dioni Ruiz trabajaba en COAG cuando se lanzó el proyecto y fue la encargada de explicárselo a los socios y animarles a apuntarse. Cuando vinieron los recortes, fue también la primera a la que se dirigieron en busca de una explicación. Al igual que la mayoría de los socios, Ruiz invirtió los 79.000 euros más IVA que costaba cada instalación gracias a un préstamo financiado al 100%. El cálculo era pagar los 840 euros mensuales de la letra del préstamo con los ingresos de la planta y amortizar la inversión a los diez años. Cuando llegaron los primeros recortes se acababa de meter en una hipoteca.

Su marido, pintor en el sector de la construcción, se había quedado en paro por la crisis. Tuvieron que mudarse una temporada a casa de la madre de ella para recortar todo lo que fuera posible. Al final, optaron por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. “Estuvimos negociando con el banco mucho tiempo, primero a nivel personal y luego de forma colectiva con la cooperativa. Fueron años muy difíciles. Finalmente, accedieron porque vieron si no, tendrían que embargarnos a todos”, resume.

“Fue una época criminal”, confirma Juan Francisco Torroglosa, ingeniero de 45 años y encargado del mantenimiento de La Jeresa. Él tenía 27 años y estaba a punto de casarse cuando entró en el proyecto alentado por su conciencia ambiental y el respaldo legal de la inversión. “Me veía al poco tiempo con una hipoteca. Trabajaba entonces en la obra, hubo la crisis inmobiliaria y se me juntó todo. Fue un drama. De todo se sale, pero hay que pasarlo”, dice ahora Torroglosa. No olvida aquellos años de hacer malabarismo con las tarjetas de crédito y de cubrir un préstamo con otro. “Estábamos en modo economía de guerra, no gastar nada de nada que no fuera pagar esto”, resume por su parte Jaume Pedrós, agricultor de 63 años. Él y su mujer invirtieron casi 500.000 euros en un parque solar en Lérida, que agrupa las instalaciones de 12 familias de la zona. Aportaron el 20% y el banco el 80%. Hicieron lo imposible por evitar refinanciar porque suponía disparar los intereses del préstamo. “Aguantamos como pudimos”, recuerda.

Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra. Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora

Ángel Lario, de 68 años, agricultor jubilado de Murcia, invirtió con la intención de completar su jubilación. “El primer recorte equivalía a estar tres meses sin cobrar. Y pensamos, bueno, hay que apechugar con la crisis, es temporal. Pero siguieron más y más recortes… hasta que no podíamos aguantar la situación”, relata. Lario tuvo que vender un terreno para poder refinanciar el préstamo.

Joaquín García Belmonte, técnico de riego agrícola, 36 años, entró en el proyecto en familia, junto a sus padres, su hermano y su hermana. “Mi padre nos trajo la idea y a todos nos pareció bien. Pensamos: es una inversión de futuro, vamos allá”, recuerda García Belmonte, que entonces tenía 20 años. Cuando llegaron los tiempos malos, su padre, ahora fallecido a consecuencia de un cáncer, fue de los primeros que se movilizaron en defensa de los intereses de los productores, acudiendo a todas las reuniones de la cooperativa y participando en las manifestaciones organizadas por Anpier por todo el país. “Ahora nos encontramos en una situación en la que el promotor del proyecto falleció y no llegará a ver rentabilizada su inversión”, lamenta.

En el caso de Huertas Teruel, se embarcaron en la aventura siete miembros de su familia: sus padres, su hermana, su hermano y su cuñada y su marido y ella. “Mis padres eran agricultores, mi hermano tenía una inmobiliaria, mi cuñada era esteticista. Teníamos situaciones muy diferentes, pero todos lo pasamos mal. Y no nos podíamos ayudar los unos a los otros porque estábamos todos igual”, recuerda esta autónoma de 49 años.

Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras", recuerda Francisco Fernández Lindón

Cuando invirtió, ella tenía una niña de dos años y estaba embarazada de la segunda. Trabajaba con su marido en un comercio de cerrajería. Como muchas parejas jóvenes, pensaron que les ayudaría a pagar la universidad de sus hijas.

Teruel y su marido lograron esquivar la refinanciación a base de muchas horas extras de trabajo y de privaciones. “En el banco nos conocían y también nos permitieron mantenernos a descubierto un tiempo, y poco a poco íbamos metiendo dinero cuando lo conseguíamos. Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra”, relata. “Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora”.

Cargar con la culpa

A la pesadilla económica se sumó la campaña de culpabilización a la que les sometieron los poderes públicos. “Lo primero que hicieron y que nos dolió mucho fue criminalizarnos; dijeron que teníamos la culpa del precio de la luz. Cuando le contabas a la gente que no llegabas a fin de mes, te decían que tenías la culpa por haber querido enriquecerte a su costa”, asegura. “Cuando veo a mis padres, que eran agricultores y además regentaban un bar, que no han hecho más que trabajar en su vida para que nosotros pudiéramos estudiar, me da mucha rabia”, dice.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, explica que se culpó a las primas a las renovables de contribuir al déficit tarifario eléctrico, cuando este fue consecuencia de la limitación de la subida de la luz aprobada en 2002. En el año 2008 arrastraba ya una deuda acumulada de 17.157 millones de euros, sin intereses. El principal problema, asegura, fue la falta de previsión del Gobierno ante la drástica caída en el mercado mundial de los precios de los paneles solares a finales de 2007, que alentó la entrada de grandes empresas y fondos de inversión en muy poco tiempo. Para finales de 2008, se habían construido ya 3.200 MW, más de ocho veces el objetivo inicial fijado para 2010.

“Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras”, recuerda Francisco Fernández Lidón, profesor de secundaria ahora jubilado, de 72 años. “Lo indignante es que después de nosotros se metieron de lleno los fondos de inversión. Hemos ido reclamando lo nuestro hasta el Supremo y no nos han dado la razón. Los fondos han reclamado y el Gobierno sí tiene que pagarles”, se indigna Torroglosa.

En 2016, el Tribunal Supremo español dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Los fondos internacionales, por su parte, han recurrido a la justicia internacional, en su mayoría a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, al que estaba adherido España. En total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han abierto 51 arbitrajes: 39 se han resuelto ya –diez de ellos a favor de España y tres condenas anuladas–, diez quedan pendientes de sentencia–una de las demandas anuladas ha vuelto a presentarse– y tres demandantes han desistido.

El Gobierno apuesta por agotar todas las vías legales y asegura que ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar. De momento, ha logrado reducir en un 85% la cuantía de las indemnizaciones, de los 10.635 millones de euros reclamados a los 1.476 millones actualmente reconocidos. Otros 1.447 millones están pendientes de resolución.

En 2016, el Tribunal Supremo dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Transición Ecológica recuerda también que “para incentivar la confianza de todos los inversores, nacionales o extranjeros” adoptó en 2019 el Real Decreto-ley 17/2019 que garantiza a las plantas afectadas una rentabilidad razonable del 7,39% hasta el año 2031. Con ello evitó una nueva reducción de la tasa prevista a partir de 2020, que hubiera supuesto una caída al 4,5%. Para acogerse a esta medida, los inversores extranjeros con demandas en cortes de arbitraje debían renunciar a ellas. El Ministerio considera que para 2032 las instalaciones afectadas por los recortes, en su inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán “sobradamente amortizadas”.

Para los afectados, aquella medida fue un alivio que evitó un recorte adicional, pero en ningún caso repara el daño ocasionado. El presidente de la asociación Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, espera que el cambio de la titular de Transición Ecológica permita reanudar las conversaciones con el Gobierno para encontrar “una solución pactada y consensuada que ponga fin a este drama”. De momento, una primera medida que propone es ampliar unos cinco años la vida útil retribuida de las instalaciones.

A pesar de las desilusiones, casi dos décadas después, Jaume Pedrós piensa que la inversión en sí fue buena porque era de futuro. “Sigo creyendo en las renovables. El problema es que no creo en los políticos”, asegura. “Cuando empezamos teníamos en mente ampliar con el tiempo las instalaciones, pero claro, se te quitan las ganas de invertir en este país. Es una pena”, concluye.

“Yo, con recuperar la inversión me conformo. Me consuelo pensando en que al menos algo he participado en la reducción de las emisiones de CO₂ ”, dice resignada Dioni Ruiz, esbozando una sonrisa. “Pero lo que más pena me da es toda la gente que se ha quedado por el camino, los que han tenido que vender porque no podían asumir los gastos y también los que han luchado por este proyecto y han fallecido antes de verlo rentable”.

Cerca de un millar de personas han asistido en Toledo a la clausura de la cuarta edición de ‘Camino del Sol’, unas jornadas reivindicativas organizadas por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) donde las más de 60.000 familias que pertenecen a esta asociación han reclamado en una veintena de actos por toda España una “transición energética justa” y seguridad jurídica para los productores, después de que muchas de ellas se vieran afectadas económicamente por las políticas de recortes en este sector.

El objetivo de estos actos es también es trasladar a la ciudadanía, a los productores fotovoltaicos, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, “las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos”, según explica la organización.

Las jornadas han culminado con todas las banderas de las comunidades autónomas ondeando en el escenario al ritmo de la canción “Resistiré”:

Han participado en esta última parada del 'Camino del Sol', entre otros muchos, el economista Ramón Tamames; el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando; o la científica Cristina Linares. Todos ellos han coincidido en la necesidad de no bajar la guardia después de los recortes sufridos por el ‘impuesto al sol’ del gobierno anterior del PP y se han sumado a la necesidad de las energías limpias para combatir el cambio climático.

Además, en la jornada de clausura, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido apoyar lo que considera “justas reivindicaciones”. El director general de Transición Energética, Manuel Guirao, les ha trasladado el compromiso del Ejecutivo regional para impulsar las renovables y la eficiencia energética frente al cambio climático. En contraposición a los recortes sufridos en estas materias en pasadas legislaturas, ha señalado que esta comunidad autónoma “es un ejemplo” de su promoción y ayudas.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha avanzado que el Gobierno central sacará adelante “cuanto antes” la normativa necesaria para garantizar la estabilidad en la actual retribución de las plantas renovables anteriores a la reforma de 2013, durante los dos siguientes periodos regulatorios de seis años, “tal y como se acordó a principios de 2018 es una proposición de ley que nunca llego a ver la luz”.

Más allá del autoconsumo

En este marco, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado desde el primer momento en acometer las reformas necesarias. “Hemos impulsado el autoconsumo, y como sabemos que no es suficiente, vamos a acometer nuevas reformas, que pasan por un nuevo sistema competitivo de subastas para el impulso de nuevos proyectos renovables de forma que sea un sistema más simple y atractivo, semejante a los de Europa”.

Así las cosas, ha comprometido una regulación más clara de la normativa de acceso y de conexión a la red para poner fin a actividades “especulativas”, y un calendario de subastas que sea previsible con una programación plurianual determinada pero posible.

En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo en funciones está ultimando una nueva versión del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que remitirá a Bruselas antes de fin de año, y que situará a España a la cabeza de los países europeos para llegar al objetivo de la descarbonización de la energía.

Dicho plan, ha explicado, contempla la instalación hasta 2030 de 57.000 nuevos megavatios de generación renovable, de los que 28.000 son fotovoltaica, algo que a su entender pone de manifiesto el papel “crucial” que ha demostrado este sector en la transición hacia un nuevo modelo energético.

Castilla-La Mancha aspira a convertirse en la primera región de España en la producción de energías renovables y en la lucha contra el cambio climático. De hecho es la primera Comunidad Autónoma del país en producción de energía fotovoltaica; la segunda en producción de energía eólica y la tercera en termosolar. Son datos que ha dado a conocer en Porzuna, en la provincia de Ciudad Real, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page durante su visita a la planta de producción de energía fotovoltaica que la empresa Naturgy ha instalado.

En este sentido, el presidente autonómico ha avanzado que antes de la primavera de 2020, Castilla-La Mancha contará con dos de las leyes “más avanzadas” del país en este sentido: la Ley de Economía Circular y la Ley de Evaluación Ambiental, porque “el desarrollo de un país se mide cada vez más, en el consumo inteligente que se hace de sus recursos”, ha dicho al tiempo que se ha mostrado convencido de que Castilla-La Mancha tiene las mejores condiciones climatológicas para convertir el sol y el aire en materia prima.

Además, según datos de la comercializadora Unieléctrica, Castilla-La Mancha es la tercera región de España con mayor número de peticiones en tramitación de proyectos de renovables para incorporar electricidad a las redes de transporte y distribución y la mayoría de ellos, hasta un 77%, se corresponden con instalaciones fotovoltaicas. Se confirma así el ‘boom’ de este tipo de solicitudes en la Comunidad Autónoma.

“Somos una región que es óptima para la instalación de esta tecnología, por la naturaleza de nuestra territorio, por las horas de sol que tenemos y por nuestra situación geográfica. Estamos en una ubicación estratégica cruzada por muchas líneas de interconexión que nos hacen ser una región ideal para seguir siendo líderes en la implantación de renovables en general y de fotovoltaica en particular”, asegura Francisco Pérez, delegado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, el ‘boom’ de este tipo de solicitudes puede traer consigo la especulación en el sector. “Creemos que debería ordenarse este sector para no que se produzca una especulación con las solicitudes o con las concesiones de puntos de evacuación. Además lamentamos que este excesivo número de solicitudes de parques muy grandes está colapsando los nudos y las redes de evacuación lo que está imposibilitando que pequeñas promociones, o iniciativas pequeñas y locales puedan desarrollarse”, señala Pérez.

De hecho, una de las grandes apuestas de la Asociación pasaría porque la distribución de las energías renovables se hiciera de una forma social y además se dejará espacio a pequeños proyectos. “La sociedad está concienciada de la necesidad del cambio a este tipo de tecnología. Creo que es indudable y hay una apuesta clara de la sociedad por el cambio del modelo energético y por la instalación de este tipo de tecnologías”.

Actualmente la Asociación se encuentra de ruta por todo el país con su campaña ‘Camino del Sol’ para exigir por toda la geografía española una transición energética justa, seguridad jurídica para los productores fotovoltaicos y la democratización de la generación energética a través de cualquiera de las modalidades de producción que ofrece la tecnología fotovoltaica. Esta campaña concluirá el 16 de noviembre, con un gran acto en la ciudad de Toledo.

Sobre la preocupación de la especulación en el sector también se ha referido Benito Puebla, delegado en Castilla-La Mancha de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “Queda todavia mucho por hacer. Creo sobre todo que queda por un lado que cambien ciertas normativas vigentes y que están haciendo que el proceso de las renovables sea lento, queda una nueva regulación de acceso y conexión para que haya realmente una energía distribuida en nuestro país y no volvamos a estar otra vez en manos de corporaciones. Generan mucha riqueza y empleo pero se puede generar también desde otras empresas de menor tamaño”.

UNEF denuncia que “hay demasiadas” barreras administrativas. “Las subvenciones se han centrado en apoyar el autoconsumo. Parece ser que va a haber una nueva subvención que va a estar dotada en torno a diez millones de euros. Pero lo único que falta todavía es que hay demasiadas barreras administrativas y son demasiado lentas a la hora de gestionar tanto los puntos de conexión de autoconsumo como los puntos en el tema de generación”.

Además Benito Puebla ha pedido una mayor publicidad sobre los puntos fuertes y ventajas de este tipo de energías. “El usuario final no es todavía consciente de lo que conlleva la energía limpia a nivel medioambiental, a nivel de eficiencia, de ahorro o de bajada de precio de luz. Creo que todavía queda mucho por hacer a nivel publicitario sobre todo para llegar al usuario final”, concluye. 

Con la derogación del denominado 'impuesto al sol', han vuelto las esperanzas del sector de la energía fotovoltaica de poder acelerar su progreso. Aunque esta medida no era la única traba a las energías renovables en España, ahora hay una barrera menos que saltar, algo que agradecen los productores de un colectivo que ha tenido que hacerse hueco en un país difícil, pese a su enorme potencial, para buscar una “democratización energética” que todavía no ha llegado. En este contexto, Castilla-La Mancha juega un papel esencial. Es la comunidad autónoma con mayor potencia instalada -11.615 instalaciones, un 19% del total nacional, y una potencia de 922 megavatios- y donde mejor se perciben parte de los obstáculos a los que todavía tiene que enfrentarse el sector.

Desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la más representativa del sector, mantienen entre sus principales objetivos la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, y con esa misma hoja de ruta trabajan en Castilla-La Mancha. Recientemente se reunieron con el delegado del Gobierno, Manuel González Ramos, quien les informó sobre el escenario tras el nuevo decreto. Al hilo de ello, el delegado de la asociación en esta comunidad autónoma, Francisco Pérez, nos explica algunas claves fundamentales, como ha sido la vigencia durante tres años del impuesto al sol, una barrera no solo económica sino también “psicológica”: ha persuadido de instalar fotovoltaica incluso a quienes por la tipología de su instalación no les era de aplicación dicho impuesto.

Ahora se abre una “ventana de oportunidad” para las familias y empresas que les permitirá “abaratar su factura de la luz y participar de manera real en la tan ansiada por todos democratización de la energía”, con la confianza en que el Gobierno central anime a la población a que invierta en renovables, tanto en autoconsumo que pueden instalar en millones de tejados, como en nuevos proyectos de parques solares sociales para inyectar energía limpia a la red.

De hecho, en el Real Decreto que derogó este tributo se introducen tres principios fundamentales: el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos, el derecho al autoconsumo y el principio de simplificación administrativa y técnica. Más detalladamente, ANPIER celebra que se amplíen los “dominios físicos” de una instalación de autoconsumo, eliminando la obligación de que esté en el mismo edificio, o el hecho de que las instalaciones domésticas y todas aquellas que no vayan a verter energía a la red ya no tengan que pedir permiso a la compañía eléctrica para conectarse. 

“Habrá un cambio de paradigma del sector energético tal y como lo conocemos hoy”

“En un futuro, que por cierto está aquí ya, el ciudadano, tal y como reconoce el Parlamento Europeo, tendrá entre sus derechos innatos la posibilidad de comprar, generar, almacenar y vender energía eléctrica. Esto supondrá un cambio de paradigma del sector energético tal y como lo conocemos hoy”. 

Francisco Pérez está convencido además de que son pasos importantes, porque además el autoconsumo en España va más “allá del ámbito do­méstico”, progresando principalmente en los sectores industriales, comerciales, de servicios y en la agricultura, con aplicaciones como el bombeo solar para riego. Y es que aunque las competencias en este sentido son estatales, considera que sería interesante para regiones como Castilla-La Mancha que se protegiera de forma especial a sectores prioritarios en la región, como en este caso es la agricultura, donde más de un 60% de los costes de regadíos son los energéticos. 

Al margen de estas novedades, ¿cómo está el sector? ¿es rentable? El colectivo de productores parte del hecho de que el cambio climático es una “realidad incuestionable” y que la necesidad de “descarbonizar” la economía y realizar un cambio de modelo energético es algo que “ya casi nadie cuestiona”. Es una transición que pasa por la fotovoltaica debido a su progresiva bajada de costes (más de un 80% en los últimos siete años) y al desarrollo del almacenamiento, que hacen viable la generación distribuida. Aparece así la figura nueva del “prosumidor”: el consumidor-productor que “va a hacer que cambien los modelos de negocio que conocemos hasta ahora”. “Entre las empresas eléctricas habrá quien sepa adaptarse y continúe en el mercado y habrá quien no lo sepa ver y le pase como a Kodak”, explica Francisco Pérez.

En este proceso sitúa también el “imparable crecimiento” del vehículo eléctrico ya que potenciará la generación distribuida. “La movilidad eléctrica y las renovables son el tándem perfecto”.

Contra la inseguridad jurídica

Pero para ello todavía hace falta eliminar diversas trabas. La mayor de ellas es la inseguridad jurídica que han provocado los cambios normativos retroactivos que han hecho que España sea el país del mundo con mayor número de reclamaciones por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía, “una verdadera vergüenza nacional”. Asimismo, es necesario que el país despegue y resuelva su atraso en este sector. Para ANPIER, durante el Gobierno del PP se produjeron los mayores recortes y una “parálisis total” de las energías renovables, justo “cuando veníamos de ser una referencia a nivel mundial”. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el sector de las energías renovables llegó a ocupar más de 3.000 puestos de trabajo. Todos desaparecieron.

Lo mismo ha sucedido con el complejo sistema de las subastas eléctricas impulsadas por el PP. Aunque los productores reconocen que este método es el procedimiento utilizado por la mayoría de países, también creen que deberían introducirse criterios que permitan unos “resultados más sociales, distribuidos y que den cabida a todas las tecnologías”, en lugar de “orientarlas a una concentración de la propiedad de las instalaciones en unos pocos titulares”, como ha ocurrido en las últimas subastas. Esto unido al elevado importe de los avales que había que depositar para poder participar en ellas, hizo muy difícil o “casi imposible” a los particulares o pequeñas empresas poder participar.

La asociación subraya que prueba de ello es que de los casi 4.000 gigavatios (GW) de fotovoltaica que resultaron de las últimas subastas de 2017, Cobra Concesiones, filial de ACS, fuera adjudicataria de 1.550 megavatios de potencia; seguida de X-Elio, con 455 megavatios; y de Enel Green Power, con 339 megavatios. “Si nada cambia, se instalará más fotovoltaica, pero seguirá estando en manos de unos pocos”. Por eso ANPIER está en contra de los megaproyectos de 300 o 500 megavatios que se anuncian. “No es lo más adecuado por sus elevados costes medioambientales y por eso apostamos por proyectos de no más de 50 megavatios”. La cuestión es que, de cara al objetivo europeo de que el 35% de la energía sea renovable en 2030, volverá a haber subastas, pero, ¿estará toda la potencia subastada en manos de unos pocos o también en manos de miles de familias y pymes? Desde esta asociación solicitan una cuota mínima del 25% para proyectos pequeños. 

En todo este escenario, Castilla-La Mancha se sitúa en una “posición privilegiada”, un dato que productores e inversores celebran pero que “no puede llevarnos al conformismo”. Esta región “puede y debe hacer mucho más y seguir siendo referente en fotovoltaica social y distribuida”, que vertebre el territorio y que permita la participación ciudadana, “con la consiguiente redistribución de ingresos en el territorio”. Debe hacer que mejore la competitividad de sus empresas “ayudando a sectores prioritarios en nuestra región como la agricultura, ganadería e industrias agropecuarias, permitiendo que con  el uso de la fotovoltaica mejoren su competitividad”. 

Durante su reunión con el delegado del Gobierno, la asociación le trasladó la preocupación de los pequeños inversores fotovoltaicos por el “rosario de recortes y cambios normativos” que vienen sufriendo desde 2009 y que han colocado a muchos de ellos “en una situación desesperada”.

Asimismo, le informaron de la necesidad de “restaurar la dignidad” de las más de 60.000 familias que, pioneras en el sector fotovoltaico, permitieron el desarrollo de la tecnología, y que se dejaron sus ahorros en una causa que consideran “justa y ecológica”. Familias a las que, “lejos de reconocerles su esfuerzo”, se ha “ultrajado haciéndoles parecer culpables de todos los males del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma del país en potencia fotovoltaica instalada, la segunda en solar térmica, la tercera en eólica y la cuarta en el conjunto de renovables. Son datos del Gobierno regional que ha dado a conocer esta semana durante el Congreso sobre el Derecho de las Energías Renovables y el Regadío, celebrado en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Pero que esta región presuma de ser una ‘potencia’ en renovables contrasta con la realidad, por los problemas jurídicos a la hora de integrar  renovables y  agricultura, aprovechar sinergias y lograr más rentabilidad. Y eso, pese a ser una comunidad autónoma que, por sus características (bajos precios del terreno y una tupida red de distribución),  resulta idónea para emplazar instalaciones eólicas, fotovoltaicas o de biomasa, bien para consumo propio o para verter al sistema.  

Juan Lozoya, ingeniero técnico agrícola, ha pasado por este Congreso para trasladar la experiencia de la Junta de Regantes de La Mancha Oriental que quiere  “hacerse oír” porque “uno de los grandes gastos del sector agrario es la energía”.  La liberalización del sector eléctrico en 2007 ha provocado que el agricultor “se haya visto obligado a amoldarse para no perder rentabilidad” porque los recibos eléctricos se han ido incrementando en más del 100%. “Solo si hablamos en términos de potencia como elemento diferenciador en la factura, ha subido en un 1.530% desde el año 2008”, explica Lozoya.

Los regantes de La Mancha Oriental creen que la liberalización del mercado “no ha producido los beneficios esperados”. No solo porque tuvieron que invertir en adaptar su instalación eléctrica para regadíos, sino porque mientras que antes se pagaba la electricidad por un único periodo contratado, por la potencia y por la energía consumida, con la nueva norma se paga según la franja horaria contratada (con tres tarifas distintas) y la potencia.

El periodo más barato es el nocturno pero el que menos horas ofrece, entre las 12 y las 8 horas a diario,  que en fin de semana pasa a ser de 18 horas. “A veces  no son suficientes para atender a los cultivos. Se necesita contratar otras franjas horarias, aunque gran parte de ellas estén infrautilizadas, y pagarlas anualmente. Eso es lo que encarece el recibo”.

Paradójicamente, dice Lozoya, el agua nocturna “ecológicamente no es la más barata porque en esa franja horaria no se usan energías renovables sino tradicionales. Es un contrasentido pudiendo utilizar renovables durante el día. Eso debería tenerse en cuenta”. El agricultor no solo ha tenido que adaptar su forma de regar en las fincas sino que el tipo de cultivo se ha visto afectado. “A veces ha obligado a dejar de lado los de verano y pasar a los que menos agua necesitan”, comenta el ingeniero.

El precio de la luz no ha dejado de subir y la Junta de Regantes de La Mancha Oriental ya lanzó  una propuesta para que se permitiese modular la potencia durante los 12 meses del año, más de dos veces, “para pagar solo la parte que se utiliza.  Pero todavía no se ha podido conseguir”.  

Reclamaron también la posibilidad de usar la energía “a demanda”. Es decir, contratar solo cuando se necesitase energía. Y una rebaja fiscal. “Se ha conseguido una bonificación en el recibo eléctrico y ahora el agricultor ve reducido en un 85% el impuesto eléctrico para riegos. Eso redunda en la disminución de un 4% en la factura final, que es importante, pero no es lo que se pretendía”.

Otra de las demandas del colectivo pasa ahora por que se facilite el acceso a la autogeneración mediante energías renovables al agricultor y fomentar la “liberalización real y que haya verdadera competencia en el mercado” porque, sostiene, “lo que hemos detectado es que vayas a la comercializadora que vayas la  diferencia de precios entre unas y otras es tan pequeña que no hay un verdadero mercado”.

“En el país del sol es esperpéntico penalizar al agricultor” por instalar paneles solares

La autogeneración de energía con renovables y el autoconsumo es otro de los caballos de batalla, no solo los hogares sino también en el sector agrario. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) interpuso un recurso contra el Real Decreto que en 2015 reguló las condiciones y modalidades de suministro de energía eléctrica mediante  autoconsumo. El Supremo se ha pronunciado hace menos de un mes para respaldar la normativa de Mariano Rajoy, considerando injusto que se hable de un “impuesto al sol” en España.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez Aroca, ha pasado esta semana también por Albacete para hablar de cómo 65.000 ciudadanos  productores de energía fotovoltaica “hicieron posible un cambio de modelo energético en 2007-2008, invirtiendo 25.000 millones de euros en  construir lo que se conoce como huertos solares”. Se caminó entonces, sostiene, hacia un modelo más social porque “colocaron sus ahorros al servicio del Estado para que pudiera cumplir con los compromisos internacionales de emisión de C02 a la atmósfera y que una parte de la generación fuera renovable”.

La experiencia de “aprendizaje” nueve años después es “muy positiva en cuanto a los costes”. Martínez Aroca habla de un descenso del 90% sobre los primeros proyectos que se pusieron en marcha entres 2007 y 2008. “Hoy no se necesita ningún tipo de prima o subvención para los nuevos proyectos puedan ser rentables bien en cuanto a parque solar, bien en cuanto autoconsumo”.

Y sin embargo, dice, “hay un cáncer que no permite el desarrollo de las energías renovables” en alusión “a las trabas políticas y legales que el Gobierno central ha diseñado para frenar en seco su desarrollo”. Sostiene que la clase política “tiene pánico al desarrollo de energías limpias, en especial a la fotovoltaica, porque puede suponer una merma importantísima de ingresos para las grandes compañías eléctricas”.

Lamenta que “el Gobierno esté haciendo de muñidor para las eléctricas legislando impuestos al sol, recortes retroactivos sobre lo ya construido para sembrar un miedo social a invertir en nuevos proyectos de renovables”. La asociación que preside viene criticando “la actitud” del Ejecutivo central porque “en el país del sol produce sonrojo que hayamos inventado un impuesto para no desarrollar riqueza para el conjunto de la sociedad”.

En su opinión, estas medidas legislativas “han abocado a España a estar en el furgón de cola de las energías renovables. Alemania con la mitad de horas de sol, dispone de 40.000 megavatios frente a los 4.500 de España” y lamenta que en nuestro país la intención sea “concentrar en torno a las grandes compañías eléctricas para que sean las que suministren y facturen”, en lugar de realizar una reconversión del sector. “Las eléctricas no quebrarían, solo ganarían un 20% menos, pero eso el Gobierno no lo quiere”.

Desde su punto de vista, la legislación vigente es “un escarnio público” a los productores de energías renovables “para que a la sociedad le quede un mensaje de ‘ojito’ a ver dónde invierten que esto es un coto privado de caza de las grandes eléctricas. Aquí no caben ciudadanos, pymes…”

El sector agrario es también uno de los afectados por “esta situación esperpéntica” que rechaza Anpier. “Supone penalizar a aquel agricultor que quiera poner en marcha una instalación fotovoltaica para reducir los altísimos costes energéticos de bombas, pozos, embalses…para el riego” que, recuerda, “es algo estacional pero hay que estar pagando todo el año para hacer uso solo los cuatro o cinco meses de campaña de riego”. Y además, explica, “como se necesita el respaldo de la red eléctrica general también opera el impuesto al sol y no resulta rentable”.

La única instalación que ‘se libra’ del impuesto es la que está totalmente aislada de la red eléctrica general. Martínez Aroca cree que la “oportunidad” está en dimensionar la instalación fotovoltaica y “hacerla más grande, con más potencia, para aislarse de la red convencional y con baterías del uso nocturno para cuando no existe el sol”. Esta, dice, es la “única solución” que ya se está produciendo en el mundo rural para  rentabilizar las inversiones en fotovoltaica.

Poco pueden hacer las comunidades autónomas, dice, al margen de otorgar pequeñas ayudas a las instalaciones de autoconsumo a pequeña escala “pero en cuanto se aplica la legislación nacional siguen siendo inviables y nada atractivas para los agricultores”, frente a lo que considera una “consigna para perpetuar un modelo fósil, contaminante y tremendamente caro para el ciudadano”.

“Da qué pensar que los países que tienen petróleo apuesten por las renovables”

La legislación auspiciada por el Partido Popular ha tenido otras consecuencias. Muchas empresas españolas han comenzado a explorar las posibilidades internacionales de las energías renovables. Vetado el terreno en nuestro país, empresas como Ingeteam Power Technology, S.A., con sede en Albacete y con experiencia y conocimiento en construcción, montaje y mantenimiento tanto de plantas solares como de parques eólicos, pusieron sus miras en otros países donde la llegada de las renovables se recibía con los brazos abiertos.

Estas empresas que convierten el sol y el viento en energía en otros países del mundo, paradójicamente, han propiciado que las renovables se identifiquen fuera de nuestras fronteras como parte de la “Marca España”. Son testigos y protagonistas del cambio que se vive en el mercado de las renovables. “Hace unos años tenían que estar primadas para ser competitivas, a día de hoy, hay países con subastas  de infinidad de tipos de energía, que hacen que la fotovoltaica y la térmica se lleven la palma sin necesidad de ningún tipo de subvención”, explica el director gerente de Ingeteam Power Technology, Jorge Magán. 

Sólo un dato: las mayores inversiones en renovables las hacen los países del Golfo Pérsico. “Hace pensar que si los países que a día de hoy tienen petróleo apuestan por las renovables… ¿Cómo no vamos a apostar nosotros que tenemos sol y viento?”.  Y eso, es justo lo contrario a lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, donde las renovables pierden fuerza en las subastas frente a las energías nucleares.

¿Cuándo se producirá una nueva revolución energética en nuestro país?, preguntamos. “No será hasta que se acabe con este mix energético y se cierren las centrales nucleares. Es cuestión de tiempo”, explica Magán, quien cree que “va a llegar un momento en el que sea rentable que todos podamos producir energía en nuestras propias casas y el mercado cambie”. En este aspecto cree que “falta el empuje político”. Además, insiste en un detalle: España y Portugal configuran una isla energética que tiene “poca interconexión con Francia, con lo que debería ser más una apuesta a medio y corto plazo”.

Las consecuencias de “una agricultura moderna a base de petróleo” 

A las cortapisas legislativas para las renovables hay que sumar otros aspectos. Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica de la UCLM, habla además de los límites e impactos ambientales de las energías renovables aplicadas al sector agrario.

El actual modelo de producción de alimentos es, en su opinión, una de las causas del cambio climático y del excesivo uso de energías. “La agricultura moderna se ha convertido en una fuente grandísima de deterioro ambiental” al funcionar como cadena de producción de alimentos “a base de petróleo”. Es, según López Sanz, una agricultura que sólo piensa en la rentabilidad y cuando eso ocurre, “el uso de recursos naturales se convierte en deterioro”.

Se refiere en particular al agua que, en años como el actual, cuando la sequía deja situaciones de “emergencia” en diferentes cuencas de la región y de todo el territorio nacional, hace más visible que el cultivo de regadío no ayuda. Y es que con el paso de los años el tipo de cultivo en Castilla-La Mancha, y en el interior de la Península en general, se ha ido transformando. “El interior tenía cultivos de regadío pero con bajo consumo energético. A partir delos años 70 que empiezan a ponerse en marcha los cultivos intensivos se hace necesario el bombeo para uso de aguas subterráneas”, sentencia López Sanz.  “Ahora los datos que hemos sacado de los últimos años muestran que hay 100.000 hectáreas más de cultivos de regadío. Hay una mayor presión, cada vez más extracciones, y los espacios del agua se están deteriorando. Es una dinámica perversa”.

¿Cómo revertir el modelo para que se pueda seguir alimentando a la población de manera sostenible? La solución pasa, tal y como explica el profesor de la UCLM, por ejemplo, por pasar de una alimentación mayoritariamente carnívora a una más vegetariana.   Cree, además, que el mundo rural será el escenario “privilegiado para volver a rehacer la vida que hemos despreciado”. Vislumbra un futuro en el que la falta de recursos hará que asuma, casi a la fuerza, que la energía es escasa por lo que hay que acabar con el “despilfarro” y “volver a lo que siempre ha sido la vida, y  la vida viene de la naturaleza”.

Miguel Ángel Martínez-Aroca es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y uno de los ponentes en las jornadas 'Sol y Justicia' que recorren todo el país y llegaron este martes a Toledo. La cita se repite en Albacete, este miércoles 27 de septiembre con el objetivo de informar a la ciudadanía, la clase política y los responsables administrativos de las “injusticias” que se observan en el panorama energético español.

“La mayor inseguridad jurídica es la que sufren los miles de ciudadanos que invirtieron en 2008 y que sufrimos en la actualidad las consecuencias de los cambios normativos retroactivos en el sector de las renovables”, explica Martínez. Por eso, una de las principales reivindicaciones de este colectivo es la de reclamar “seguridad” para quienes fueron los “pioneros”, los primeros promotores que empezaron a caminar hacia un nuevo modelo energético, basado en las energías limpias.

Fueron más de 62.000 familias las que construyeron los primeros 3.000 megavatios de energía fotovoltaica. “Estas familias hicieron posible esa realidad y distribuir la riqueza entre todas las comunidades autónomas. Pero a estos ciudadanos se les ha hecho un ataque retroactivo, el más duro el que ha llevado a cabo el actual Gobierno del PP con recortes cercanos al 50%, a los que sumamos un impuesto de 7% a la generación de energía”, explica.

Impuesto al sol y oligopolio energético

Otro impuesto que se relaciona directamente con este tipo de producción es el llamado 'al sol', que se creó para “disuadir del autoconsumo, decir que no es atractivo e impedir que se amortice jamás la inversión”, señala Miguel Ángel. “El Ministro de Industria lo que hace es ahuyentar con impuestos, con declaraciones de miedo para que no en instalaciones de autoconsumo”, asegura. Por eso, explica que la política actual no defiende el interés general del país sino que “legisla para consolidar los beneficios de las eléctricas”.

“Recordemos que se llevan 7 mil millones limpios del bolsillo del ahorro de los españoles. Esto es lo que consigue el Ministro con su política energética”, critica. De este modo, se favorece el “centralismo” y no el interés general o que los ciudadanos paguen menos y sean partícipes de un sistema eléctrico que distribuya la riqueza. “Lo que quieren es centralizar en torno a las cuatro grandes compañías”, asegura. Es esto lo que explican también en esta 'ruta' que realizan hace ya tres años y que recorre todo el país.

El futuro de las renovables también se centra en las empresas mientras que el ciudadano y las familias han quedado “excluidas” del mismo. “Han sido los únicos adjudicatarios en las subastas de nuevos proyectos de energía renovable”, señala Martínez-Aroca. Por otro lado, critica que la legislación no está permitiendo que el sector sea “atractivo, entendible o fácil” para el ciudadano ni tampoco para que el sector empresarial nacional pueda meterse o invertir en el desarrollo de las renovables futuras. “A pesar” de que la Unión Europea está “pidiendo” que estos nuevos proyectos estén en mano de los ciudadanos, lamenta el presidente de Anpier.

Sistema horizontal en vez de vertical

Martínez-Aroca insiste en las “muchísimas trabas” que se está poniendo para “ahuyentar” las iniciativas sociales que se quieren acercar al sector energético. “Si la ciudadanía invirtiese en renovables, en un futuro los ingresos podrían quedarse en los municipios, engrosando la economía local”, afirma. Por eso, abogan por un sistema energético más horizontal que reemplace el actual “centralizado, integrado verticalmente”. Pero esto depende de las decisiones políticas que también son “responsables” de que en Alemania se produzca más energía fotovoltaica que en España.

Además, señala, es necesario crear lo que llaman una “cultura de la energía” a través de estas asambleas informativas y diversas jornadas que dan a nivel nacional. “A la clase política no le interesa una ciudadanía bien formada en energía, sino que no entienda nada de cómo funciona el sistema y lo van haciendo cada vez más complejo e inseguro para que no quieran acercarse a conocerlo”, concluye Martínez-Aroca.

En junio se cumplirán diez años desde que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) lanzara su histórico folleto “El sol puede ser suyo”, que llegó a decenas de miles de ahorradores. Con él, este organismo dependiente del Ministerio de Industria y Energía, buscaba en 2007 dar un impulso definitivo a la generación de energía solar fotovoltaica en España por cuenta de pequeños y medianos productores del entorno rural.

El folleto era una minuciosa guía que detallaba paso a paso qué es la energía solar fotovoltaica, cómo se produce esta y de qué manera, con inversiones relativamente asequibles, los habitantes de muchas zonas del campo español podían crear sociedades para explotarla, ya fuera por cuenta propia, en sus terrenos, o asociados a otras personas del entorno que hicieran una aportación a la sociedad.

Explicaba también el modo en que el gobierno de Zapatero prometía el retorno de la inversión: en forma de tarifa regulada asegurada. Esto es, de manera aproximada, garantizando un precio por cada kilovatio generado. El folleto finalmente incluía también recomendaciones en lo referente a la financiación de las inversiones y venía incluso a hacer los números de la inversión en función de las capacidades de cada bolsillo, empezando por un modelo de inversión de unos 25.000 millones de euros, al que se podía acceder si se disponía de 5.000 euros y se financiaba el resto; unos esquemas de pasos a seguir completaban estos “planes de negocio” del IDAE.

62.000 familias atrapadas

“El sol puede ser suyo” pretendía capitanear la revolución verde que se estaba produciendo en el mundo en aquellos años y de la que España era entonces uno de sus máximos ejemplos. Sin embargo, una década después, la simple visión de aquel folleto amarga el pensamiento a cerca de 62.000 familias que creyeron en él. La razón es que “El sol puede ser suyo” es, cuanto menos, la historia de una promesa rota en su décimo aniversario.

Las familias fotovoltaicas españolas apostaron por la inversión en huertos solares por muy distintos motivos: unos porque vieron un modo de obtener rentabilidad ética a sus ahorros, la mayoría porque sintieron que en este negocio podían encontrar un complemento a su futura pensión de jubilación, que preveían precaria, y otros porque creían ver en la generación social de energía renovable un modo de evitar que el campo español se despoblara.

Estos acudieron mayoritariamente a líneas de financiación crediticia de bancos y cajas para conseguir el capital necesario, la mayoría de las veces aportando garantías personales, como sus propias casas, porque el dinero pasó de los bancos a las empresas que los construyeron, quedando la deuda de 25.000 millones de euros a cargo de las familias fotovoltaicas que, mes tras mes, religiosamente, han de ir abonando las letras, antes durante diez años, ahora, hasta que salden la deuda.

2010: primera promesa rota

Sin embargo, estas promesas pronto se revelaron como papel mojado. El primer cambio en las condiciones prometidas aconteció en 2010, cuando el Gobierno decretó un recorte en la retribución de la energía solar fotovoltaica de un 30% de media. “A diferencia de lo que ha sucedido con las preferentes, donde había letra pequeña, en ningún sitio del folleto, ni por supuesto del BOE, ponía que las condiciones podían llegara cambiar; si lo hubiera puesto, ni una sola familia hubiera invertido ni un solo céntimo de Euro”, relata Rafael Barrera, Director General de Anpier.

Esta medida puso a la mayoría de asociados de ANPIER en una situación difícil, no solo porque la presión de los bancos respecto a la devolución de los préstamos no disminuyó, sino también debido a que, con el paso de los años, los costes de mantenimiento de los huertos solares aumentaban. Para tranquilizar a los productores, se aseguró desde la Administración que la medida era transitoria y se volvería pronto a los retornos prometidos.

Sin embargo, la situación empeoró con la llegada en 2011 del gobierno de Rajoy. La medida, supuestamente transitoria, no volvió a su situación original sino que, en 2013, la reforma del sector energético impulsada por el ministro de industria José Manuel Soria la convirtió en definitiva y los recortes de la tarifa inicial alcanzaron hasta el 50%.

2013: cambian las reglas del juego

“Lo que hizo Soria”, dice Barrera, “fue cambiar completamente el tablero de juego y sus normas de uso: se pasó del retorno de la inversión mediante una tarifa regulada por Kw/h producido, a prometer una rentabilidad supuestamente 'razonable' basada en el cálculo de lo que el ministerio llamó 'instalaciones eficientes', que es un estándar ideal que en la realidad no existe”.

Dicha rentabilidad se estableció en el 7,39% y, además, se le aplicó un carácter retroactivo. Es decir, que se consideró que muchos de los productores habían estado recibiendo durante años una retribución por valor de una rentabilidad superior al 7,39% y, por tanto, deberían devolverla reduciendo su rentabilidad futura. Este cambio de reglas redujo el retorno de las inversiones de forma dramática.

“En este punto la situación de la mayoría de nuestros asociados se volvió insostenible”, apostilla el director de ANPIER: “por un lado se nos ofrecían unas rentabilidades calculadas realmente muy inferiores a este 7,39% y, por el otro, estábamos en la obligación de pagar unos préstamos al banco cuyo interés rondaba el 6% o el 7%”.

Añadiendo los costes de mantenimiento, las explotaciones solares dejaron a la mayoría de asociados de ANPIER al borde de la ruina y solo la solidaridad familiar y la disposición de las entidades financieras a renegociar los plazos de devolución -con gravámenes adicionales en muchos casos- están evitando males mayores.

“Se pasó de un plazo medio de recuperación de las inversiones de diez años a otro nuevo de hasta dieciocho; por el camino muchos huertos han sido abandonados, otros apenas se mantienen en pie y son muchos los que han vendido las instalaciones a los fondos buitre por el precio de la deuda; este es el resultado de las promesas rotas del folleto de IDAE”, sentencia este directivo.

Una ventana de esperanza

En estos diez años ANPIER no se ha mantenido de brazos cruzados, sino que ha batallado tanto ante la opinión pública -con marchas por toda España y la producción del cortometraje “Camino del sol”, entre otras acciones- como en los tribunales, llegando hasta el Supremo sin resultados satisfactorios por el momento.

Sus demandas para sentarse en una mesa de negociación, y llegar a un acuerdo que permita hacer sostenibles las explotaciones solares que todavía aguantan no han sido escuchadas por el actual gobierno, que sigue manteniendo la ley del sector que diseñó Soria. Sin embargo, en estas últimas semanas se ha abierto una ventana a la esperanza gracias a la victoria que el fondo de inversión Eiser ha obtenido sobre el gobierno español en un arbitraje internacional.

Las inversiones de Eiser en España también se vieron afectadas por la 'ley Soria' y el fondo recurrió a un laudo de arbitraje a través del Ciadi, un organismo perteneciente al Banco Mundial, que ha condenado a España a pagarle 128 millones de euros en compensación. Los peritos del arbitraje, incluido el designado por el gobierno, han dado la razón a Eiser y han calculado la rentabilidad real de sus instalaciones muy por debajo de ese 7,39% fijado por el ministerio.

Para Barrera, aunque la decisión del Ciadi no es vinculante, “es una buena noticia que nos abre una ventana de esperanza porque, aunque aquí la justicia no nos escuche, está claro que más allá de nuestras fronteras cada día hay menos dudas de quién tiene la razón en este caso”.

Miguel Garaulet ha trasladado a Miguel Ángel Martínez-Aroca que el objetivo de Ciudadanos es “recuperar y restablecer la seguridad jurídica y derogar el decreto de autoconsumo, el denominado ‘impuesto al sol’”, durante un encuentro informativo con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica -ANPIER-.

Garaulet entiende estas medidas como claves para recuperar la inversión en un sector que tuvo un gran desarrollo en la Región, pero que “se encuentra en peligro después de que se cambiaran a mitad de partido las reglas de juego”. “Eliminar el ‘impuesto al sol’ supondrá más renta para las familias y una mejora de la competitividad para las empresas, que supondrá a su vez una mejora en el empleo”, asegura el candidato de Ciudadanos.

Además, Miguel Garaulet ha expresado su descontento con las declaraciones del exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, en las que afirmaba no arrepentirse de ese cambio de reglas a mitad de partido: “Hay que tener mucha cara para plantarse aquí, donde hay casi 20.000 murcianos que deben aún 1.800 millones de euros de las inversiones que hicieron alentados por el Gobierno del que formaba parte este señor, y decir que ese atropello fue ‘razonable’”.

Garaulet ha prometido que Ciudadanos impulsará “una solución para todos los afectados por este atropello”, y que también pondrá coto a las ‘puertas giratorias’ entre la política y las empresas. “Ciudadanos también despolitizará los organismos reguladores, como el de la energía”, zanjó Garaulet.

“La tecnología está avanzando a pasos agigantados. El problema está en que necesita un apoyo para que crezca. Porque, cuando hay una necesidad, la gente invierte y esa tecnología se desarrolla”. Marina Bevacqua (Buenos Aires, 1977) se refiere de esta forma al transporte eléctrico, pero su reflexión puede trasladarse a la apuesta, en general, por las energías renovables. Esta licenciada en Ciencias de la Comunicación y responsable de Energía de Greenpeace España cree que solo con una legislación estable y una apuesta clara de Estado se puede lograr una alternativa al modelo energético actual. Esta es una de las premisas precisamente de la ruta Camino del Sol, organizada por la asociación de productores de energía fotovoltaica Anpier y que cuenta con la colaboración de Greenpeace. Esta ruta llega este 22 de septiembre a Pamplona y, con ese motivo, Bevacqua repasa la situación energética actual, en España y Navarra, y los (diversos) retos pendientes.

¿Cuál diría que es la situación energética actual en España?

Quiero ser positiva porque creo que hay muchos pasos de mejora, pero el análisis que hacemos en Greepeace es que se ha dado un gran paso atrás desde hace cuatro a cinco años, y eso lo está pagando nuestra sistema energético y toda la ciudadanía.

Greenpeace habla de un modelo “injusto, contaminante y caro”.

Sí, en España hay un oligopolio que maneja la mayoría de la energía y por eso el poder se concentra en cinco compañías, que tienen mucha fuerza de lobbie para influir en las decisiones de los gobiernos. Otra razón es que no se ha separado quién produce de quién distribuye la energía, y eso hace que, otra vez, tengamos una situación injusta que dificulta que entren nuevos competidores. Y, además, la legislación ha demostrado en los últimos años ser inestable, y eso no favorece a las renovables. Así que el sistema no está cambiando tan rápido como debería, hacia un modelo más limpio.

¿Qué cambió para que se diera ese paso atrás?

La visión política, su voluntad. No hay una visión clara de hacia dónde se quiere ir. Cada gobierno que ha llegado ha tenido su propia visión y no hay consenso ni un panorama a largo plazo de a dónde se quiere llevar el modelo energético, y eso es clave porque algo así no se hace en cuatro años. Se ha pensado más de una forma cortoplacista, en función de los vaivenes políticos.

El PSOE primero recortó las horas productivas y el PP, después, derogó la legislación en energías renovables. ¿Es posible, entonces, un Estado que soporte la presión del lobbie energético?lobbie

Para lograrlo, creo que es clave quitar el poder a estos lobbies. Se está empezando a ver ahora que la energía puede estar en manos de la gente. La batalla es muy básica. Por otro lado, es triste que los gobiernos no tengan clara la visión de para quiénes trabajan, que sepan que lo hacen para los ciudadanos y que lo importante es tener un planeta en el que todos podamos vivir, por eso el medio ambiente resulta fundamental.

Lo que menciona está muy vinculado al autoconsumo. Ahora mismo, el real decreto sobre esta cuestión está en borrador (es el conocido impuesto del sol o peaje de respaldo, que se aplica al autoconsumidor por la electricidad que genera; después se habló de sustituirlo por una tasa al autoconsumo) y, si sale adelante ¿será una herida de muerte para esta vía?impuesto del solsustituirlo por una tasa

Si esto se aprueba, es un claro paso atrás. ¿Cuál es el sentido de que un gobierno, que dice ser liberal, ponga una traba a la posibilidad del ciudadano de elegir lo que es más conveniente para él? Volvemos, otra vez, a pensar en qué intereses defiende el gobierno cuando legisla. Desde la oposición han insistido en que, si se aprueba el real decreto, y ellos llegan al poder, lo echarán para atrás.

En la iniciativa Camino del sol, que este día 22 llega a Pamplona, se hace hincapié en cómo la apuesta por las renovables puede suponer un impulso económico y de generación de puestos de trabajo. ¿Es más fácil llegar a la ciudadanía apelando a la economía que a la concienciación medioambiental?

Estamos en una crisis y creíamos importante mencionar esa generación de puestos de trabajo, la inversión que puede conllevar y la libertad que supone elegir nuestra propia energía. En este punto, la tecnología de las renovables ha evolucionado mucho y tiene muchos puntos positivos. Todas ellas son cuestiones que antes no estaban en la ecuación, porque se asociaba a las renovables con el hecho de que son más limpias, pero ahora se ha abierto el abanico. Sí es cierto que, con la crisis, puede calar más entre la gente el tema de los puestos de trabajo que las emisiones.

¿Y apelar a lo económico no supone un golpe para las causas medioambientales?

No creo. Porque las cuestiones medioambientales cada vez están más ligadas a las económicas. Tenemos un modelo [se refiere al energético] que está viendo al planeta como si fuera infinito y no es así. Por eso no creo que sea sano separar medio ambiente y economía, sino que la gente tiene que ver sus vínculos para entender que las decisiones que tomemos en lo económico son fundamentales para el modelo y para el planeta.

Usted ha asegurado que Navarra, que ahora genera el 88,73% de su electricidad (según el balance energético del Gobierno Foral de 2013) mediante energías renovables, puede ser un referente en el impulso de otro modelo energético. ¿La comunidad no corre el peligro de mirarse el ombligo?un referente

Toda generación de energía tiene un impacto ambiental, por eso tenemos que buscar el menor impacto posible. Hay una cuestión que es clara: la mejor energía es la no generada. Por eso, esta apuesta por las renovables debe ir de la mano de un plan de eficiencia energética. Hablamos de edificios inteligentes, de reducción del consumo… Navarra, si bien tiene mucha energía renovable, tiene mucho camino por recorrer. Necesitamos el paquete completo: un cambio de mentalidad, de legislación, tecnológico… La idea, además, es pensar en el modelo energético como un todo, que afecta a todo el Estado, y no solo en Navarra, por ejemplo. Por eso no podemos ser autocomplacientes.

El Camino del Sol llega a Navarra. En concreto, el 21 de septiembre por la tarde a Tafalla (en la plaza Navarra) y el 22 por la mañana a Pamplona (plaza del Castillo). Este recorrido por España, organizado por la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica (Anpier), aboga por impulsar otro modelo energético que, entre otras medidas, se base en un “100% en energías renovables” en 2050, un objetivo que representantes de la entidad ven factible en una comunidad “de referencia” como Navarra. Y no a largo plazo, si se levantara la moratoria implantada por el Gobierno central en el impulso de las renovables. Esta ruta por el país tiene, por tanto, también un propósito reivindicativo: recordar el enfrentamiento abierto con el Estado por el recorte de las primas a la energía fotovoltaica. Desde la organización recuerdan las numerosas reclamaciones abiertas por este tema, que afecta a unas 62.000 personas que, en su día, apostaron por invertir en esta vía; de ellas, unas 5.600 corresponden a Navarra, una comunidad clave en esta problemática, junto a Cataluña y Murcia.

“¿Por qué invertimos en esta materia? Porque desde el Gobierno de Navarra y el de España se socializó bastante el tema. Para un ciudadano de a pie, si algo sale en el Boletín Oficial parece tener una garantía de Estado”, apunta Juan Antonio Cabrero, vocal de la junta directiva de Anpier y portavoz en Navarra de las personas afectadas. El que fuera dirigente sindical de UGT en Navarra recuerda que hubo quien apostó por esta inversión en lugar de un plan de pensiones y que, ahora, se siente “engañado”.

Cabrero se refiere, de esta forma, a la polémica por la decisión del Gobierno central de retirar las contribuciones que había comprometido, según ha denunciado Anpier. El caso arrancó en torno a 2004, cuando el Gobierno intentó promover las energías renovables atrayendo la inversión hacia estos huertos solares, logrando préstamos para la instalación cuyas cuotas, en principio, podrían abonarse con la producción de esos campos. Sin embargo, en 2010, con el PSOE en el Gobierno, se recortaron las horas productivas un 30%, en principio de forma temporal. Pero la situación dio un vuelco clave en 2013, cuando ya con el gobierno de Rajoy se derogó la legislación en energías renovables, cambiando, por así decirlo, las reglas del juego y, además, aplicándolas de forma retroactiva a las producciones existentes. De ahí que desde Anpier denunciaran los recortes en las tarifas establecidas de entre el 30 y el 50%, y a esa polémica se sumó en Navarra el litigio entre el Estado y el Gobierno navarro por la exención en la Comunidad Foral de un impuesto del 7%. Finalmente, este acuerdo se solventó: no con la exención que defendía Navarra, pero sí con una deducción vía IRPF e Impuesto de Sociedades.

La batalla, en cualquier caso, continúa. Y con el Camino del Sol se pone este caso como un ejemplo de la apuesta por otro modelo energético. El PSOE ahora ha anunciado que, en caso de regresar a la Moncloa, restituirán las ayudas a las renovables y, en Navarra, el Parlamento foral aprobó recientemente adherirse al manifiesto de Camino del Sol. Este apuesta, entre otras cuestiones, por dejar atrás los combustibles fósiles, que la política energética sea una cuestión de Estado, que se fomente el autoconsumo y se logre un sistema eléctrico “asequible”.

Pasos pendientes

Según los datos de Red Eléctrica de España, en 2014 el 42,8% de la electricidad producida en el sistema peninsular correspondía a energías alternativas. En 2013, había sido del 42,2%. La posibilidad de crecimiento de este tipo energías y sus mejoras tecnológicas son dos de las razones, según apunta Marina Bevacqua, responsable de Energía de Greenpeace (entidad que colabora con Camino del Sol), de la presión de las grandes compañías eléctricas para demorar la inversión en estas alternativas, a pesar de que “saben que es el futuro”.

En el caso de Navarra, según el balance energético de 2013, que hace menos de un año presentó el Gobierno Foral, la electricidad generada por fuentes renovables representa el 88,73% del consumo final de electricidad. De ahí que desde Anpier y Greenpeace consideren que Navarra puede ser un elemento de referencia en el impulso de otro modelo energético. No obstante, Bevacqua también matiza que quedan medidas pendientes, como por ejemplo al impulsar la electrificación de todo el sistema de transporte, reducir la dependencia del petróleo o avanzar en la reducción del consumo, de ahí que insista en que falta “mucho camino por recorrer”, también en Navarra.

El Camino del Sol, una movilización a favor de las energías renovables que recorre las comunidades autónomas desde el 10 de septiembre, recalará en Euskadi el miércoles 23 de septiembre. En concreto, se acercará a la localidad de Oyon, en la comarca de Rioja Alavesa. Esta acción reivindicativa está promovida por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) junto a Greenpeace para denunciar el recorte de primas a las renovables por parte del Gobierno central y concienciar a la gente sobre la importancia de este tipo de energías.

ANPIER ha preparado un autobús didáctico que parará en varias ciudades del país donde se podrá firmar un manifiesto de diez puntos en contra de las grandes empresas energéticas. Según ANPIER, estas empresas “están amparadas por la normativa actual y dañan el medio ambiente. Ya es hora de acabar con la dictadura energética”. En los últimos meses, muchos pequeños productores que invirtieron en la instalación de los paneles solares hace ahora diez años han cerrado. Hace una década, el Gobierno central potenciaba este tipo de energía fotovoltaica, que pronto alcanzó casi el 2 % del total de la energía que se producía en España. Pero desde 2008 se han promulgado varias normativas que han frenado su desarrollo.

Ahora, los pequeños productores se enfrentan al pago de la inversión inicial. Según explican desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, con las condiciones iniciales, para la amortización de la inversión se necesitan entre 12 y 14 años. Ahora más de 20. El hecho es que muchos pequeños inversores han ido a la quiebra, han perdido su instalación y los fondos internacionales están recomprando las instalaciones con una quita. Es decir, cuando el banco se queda con una instalación porque el propietario no ha podido pagar las letras, le rebaja el precio amparándose en la nueva ley y el nuevo comprador la adquiere a un precio más bajo. En algunos casos se llega a pagar hasta un 60 % menos, de manera que a estos fondos sí les resulta rentable el negocio.

“Las tecnologías de generación fósil y nuclear, en manos de las grandes empresas energéticas dañan nuestro medio ambiente, merman la competitividad de las empresas y penalizan un acceso justo a la energía”, denuncian los pequeños productores. “Las energías renovables son ya una solución definitiva, que permite un desarrollo económico sostenible y responsable. Las barreras ya no son tecnológicas; sino empresariales, políticas y normativas”.

Por eso, ANPIER reclama una la política energética que pase a ser una verdadera política de Estado, consensuada con la sociedad civil, el sector y los territorios. También aboga por un “democratizar el acceso a producir energía” y que se reconozca el autoconsumo como un derecho. “Queremos una auditoría de los costes del sistema, para que se conozcan los costes de producción reales de cada una de las tecnologías de generación”.

En total, alrededor de 62.000 familias, animadas por el Gobierno central, para “desarrollar y generar energías limpias y hacer posible un nuevo modelo energético”.

La exención del impuesto del 7% para los pequeños productores y productoras de energía solar en Navarra es, al menos sobre el papel, un tema solucionado tras el acuerdo entre el Gobierno Foral y el estatal a cuenta del Convenio Económico. No obstante, los afectados y afectadas con representación en la asociación Anpier, que en la Comunidad Foral rondan los 5.600, están ahora “a la espera” de cómo se resuelve esta polémica en el Parlamento de Navarra, que en principio consistirá en sacar adelante un nuevo proyecto de ley, que compense a quienes abonen este impuesto vía IRPF e Impuesto de Sociedades. La clave está, para este colectivo, en que este paso pueda producirse antes de que se disuelva la actual Cámara, a finales de marzo, para, de una vez por todas, dar el tema por zanjado.

“Lo importante es que no vamos a tener que pagar, que era nuestro objetivo, el de quedar exentos de ese impuesto”, apunta el delegado en Navarra de la asociación Anpier, Juan Antonio Cabrero.

Esa es la meta del nuevo proyecto de ley que prevé el Gobierno Foral, como ya adelantó a través de un comunicado tras anunciar su acuerdo con el Gobierno central a cuenta del IVA de Volkswagen y el Convenio Económico. Uno de los puntos de ese entendimiento (cuestionado, por otro lado, por ciertos grupos de la oposición en el Parlamento Foral, que criticaron que todo había sido una representación de diferencias para después vender el acuerdo) es la resolución de otros contenciosos de materia fiscal, entre los que se encuentra el del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

En este caso, se trata de tramitar un nuevo proyecto de ley foral, similar al que se aprobó en 2012 y que provocó el recurso del Gobierno central, pero esta vez armonizado con las exigencias estatales. Esta, por así decirlo, vía intermedia, no incluye esta exención, sino que plantea una compensación a los productores y productoras después, vía deducción de IRPF e Impuesto de Sociedades. De esta forma, las personas afectadas pagarían el impuesto pero, después, mediante una modificación legislativa fiscal, podrían beneficiarse de lo que antes funcionaba mediante exención. Además, funcionará de forma retroactiva, para incluir el año 2013. Lo que falta por aclararse, según confirman fuentes del Gobierno Foral, es si será necesario que cada afectado tenga que acudir a Hacienda para cambiar su última declaración o si este trámite se completará de forma automática.

¿Y quienes ya han pagado?

Cabrero reconoce su satisfacción por que este tema por fin se resuelva, algo que muchos de los afectados y afectadas pusieron en duda cuando, en octubre de 2014, recibieron una carta en las que le pedía que abonaran el impuesto mencionado del 7% (la cantidad iba en función de la cantidad de energía producida, el mantenimiento y la inversión realizada) en 2013 y 2014. Incluso, les venía a decir que lo hicieran con rapidez (en noviembre) o podían afrontar un recargo del 20%. Este portavoz asegura que hubo quien decidió abonarlo, para evitar males mayores, y ahora no está claro qué pasará con esos importes. “Mandamos una circular recomendando que se esperase, pero había miedo”, apunta.

Para quienes sí aguardaron, como se prometía desde el Gobierno Foral y desde la Delegación del Gobierno en Navarra, a que hubiera una solución, esta es la ahora anunciada. Eso sí, Cabrero confía en que los trámites se solventen en el Parlamento ante de su disolución, para así dejar el tema cerrado y ajeno a cualquier cambio en la composición de los respectivos gobiernos tras las elecciones. El integrante de Anpier espera, además, que desde Bruselas se declare nulo el impuesto a esta producción, una vía paralela que, como apunta, también pondría punto final a más de dos años de “angustia y preocupación”.

Después del encuentro mantenido ayer con Soledad Cabezón, coordinadora del Grupo Socialista en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el presidente de Anpier -Asociación Nacional de Pequeños Inversores y Productores de Energías Renovables- ha tenido ocasión de entregar un dossier a la vicepresidenta del Parlamento y miembro del Grupo Socialista, la francesa Sylvie Guillaume. Y a su vez, Guillaume se ha comprometido a hacer llegar al presidente Martin Schulz toda la información sobre los recortes a las primas de la energía fotovoltaica que han tenido lugar en España.

Miguel Ángel Martínez-Aroca ha explicado a Sylvie Guillaume en qué situación han quedado las miles de familias que invirtieron sus ahorros en la instalación y generación de energía fotovoltaica, atendiendo a la llamada que hizo el Gobierno de Zapatero en 2007, y cuyos ingresos han quedado gravemente afectados por la reforma retroactiva aplicada por el Gobierno de Rajoy, que ha reducido en un 50% las primas comprometidas con las renovables.

Una vez más, Martínez-Aroca ha denunciado la indefensión de los pequeños inversores, que se ven atrapados por la deuda de 20 mil millones de euros que contrajeron con las entidades bancarias y que han tenido que renunciar a la rentabilidad prometida por la Administración. El presidente de Anpier también ha incidido en la inseguridad jurídica que se ha provocado en España, y que le ha llevado a ser el país con más procesos de arbitraje abiertos en el mundo.

El fomento de las energías renovables

Sylvie Guillaume ha escuchado con interés las explicaciones de Martínez-Aroca, acompañada por el candidato a la presidencia de la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar. En opinión de Guillaume, la imagen del Gobierno de España en este caso ha sido “bastante lamentable” por varios motivos: en primer lugar por no proteger los intereses de los ciudadanos con los que la Administración contrajo un compromiso, y en segundo lugar porque, según ha indicado, la determinación de la Unión Europea es fomentar el uso de las energías limpias y esta medida va en sentido contrario.

Sin embargo, Guillaume ha admitido que el camino para fomentar la energía verde será “largo y difícil”, y que las instituciones comunitarias deben hacer un esfuerzo por concitar en torno a las energías renovables a muchos países, cuyos intereses y puntos de partida son dispares.

Asimismo ha mostrado su preocupación por la percepción que tienen los ciudadanos de que la Unión Europea no vela por sus intereses y no les protege, algo que, ha destacado, “es su objetivo principal”. “Hay que reforzar la imagen de las instituciones europeas ante los ciudadanos”, ha declarado Sylvie Guillaume antes de comprometerse con Miguel Ángel Martínez-Aroca a estudiar el dossier que le ha entregado, y a trasladárselo al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

La reunión entre el presidente de Anpier y Sylvie Guillaume ha encontrado su hueco en la agenda de la delegación murciana del PSRM-PSOE que ha viajado esta semana a Bruselas, y en la que varios colectivos empresariales, agrarios, sindicales y ciudadanos han podido exponer algunos de los problemas de la Región de Murcia a miembros del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

“Un lío” que, además, se ha producido sobre la bocina. Juan Antonio Cabrero, el portavoz en Navarra de la asociación de productores e inversores de energía fotovoltaica, Anpier, ha lamentado que, tras más de dos años de diferencias en torno al impuesto sobre la energía, los pequeños productores de energía solar recibieran la semana pasada una carta de la Agencia Tributaria en las que les pedía hacer frente (y cuanto antes) a ese impuesto del 7% en 2013 y 2014. Estas misivas han provocado una serie de reacciones encontradas, desde la Agencia Tributaria y el Gobierno de Navarra; unos pidiendo que pagasen y otros asegurando que no debían hacerlo. Ahora, tras el acuerdo anunciado por la Delegación del Gobierno en Navarra y que dilata ese pago hasta conocer cómo se desarrollan las negociaciones entre el Gobierno central y el foral, Cabrero expresa la “tranquilidad” de los productores. No obstante, también matiza: “Nos han hecho sentir como unos delincuentes”.

Cabrero valora de esta forma la carta enviada recientemente por la Agencia Estatal Tributaria a los productores de energía en la que se les solicitaba la autoliquidación de los años 2013 y 2014. Este proceso les obligaba, en función de la producción de ambos ejercicios, los costos de mantenimiento y la inversión, abonar al Estado ese impuesto del 7% impulsado por Madrid y del que, según los acuerdos adoptados en Navarra por el Parlamento, los productores de la Comunidad Foral están exentos. Sin embargo, la Agencia Tributaria marcaba en esas cartas una fecha clara: debía procederse al pago en noviembre. De lo contrario, podían afrontar un recargo del 20%.

En principio, estas cartas podrían llegar a los responsables de las 8.600 instalaciones fotovoltaicas de la comunidad, en la que están involucradas alrededor de 5.500 personas. Todas eran susceptibles de recibir la carta de la Agencia Tributaria, aunque los envíos empezaron a llegar la semana pasada, otros en esta y, en algunos casos, aún no la han recibido. Sin embargo, los representantes de Anpier en Navarra decidieron iniciar una ronda de contactos con representantes institucionales, incluidos la Agencia Tributaria, para aclarar cómo debían proceder.

Así, a lo largo de los últimos días ha habido muestras de apoyo a los productores por parte de la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; la vicepresidenta, Lourdes Goicoechea; o el presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán. Todos han coincidido al asegurar que los productores no debían abonar un impuesto que sigue siendo debatido en las complejas reuniones entre el Estado y el Gobierno de Navarra para renovar el Convenio Económico. Sin embargo, los productores reconocen que la calma no ha llegado hasta este martes, cuando por fin ha habido un anuncio conjunto (o, más bien, una nota en la que se percibía cierta sintonía) de las dos instituciones.

El anuncio de la Delegación del Gobierno

Y este ha sido a través de la Delegación del Gobierno en Navarra. A través de un comunicado, ha hecho suyas las palabras del Gobierno Foral, al asegurar que “hasta que se convengan los aspectos relativos al impuesto, los contribuyentes no deberán proceder al pago del mismo”.

Una vez aclarado este punto, Cabrero reconoce que no entiende por qué la Agencia Tributaria ha enviado estas cartas. Ya sea por presión en las negociaciones con el Gobierno Foral, como un gesto o como un mero error en el envío, como se apuntó en su momento, Cabrero lamenta que todo ello se produzca tras dos años de amagos y reclamaciones. Además, el representante de Anpier recuerda que, en esta polémica, entre lo que dice la Hacienda estatal, la navarra, el Gobierno, el Ministerio o la Delegación, los productores se han sentido confundidos, perseguidos y con la sensación de que, en este caso, sigue faltando “sentido común”.

Anpier llevará a cabo una presentación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el fin de exponer la situación que están viviendo los pequeños productores e inversores de energía fotovoltaica en España tras el recorte del 50% de las primas a las energías renovables aprobado por el PP.

De ese modo se pretende trasladar a las instituciones comunitarias el “disparate legislativo” y la “inseguridad jurídica” que ha provocado la norma retroactiva del Gobierno de Rajoy, que retiró las retribuciones comprometidas por el Estado para con 65 mil instalaciones fotovoltaicas, y de ellas, de manera especial, para con las más de 30 mil que pertenecen a familias y pequeños ahorradores. Y aún de manera más concreta, para con las miles de familias murcianas que dedicaron su dinero a la instalación de paneles fotovoltaicos en la región “donde vive el sol”.

En un encuentro celebrado hoy con Soledad Cabezón, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y Coordinadora de los Socialistas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha hecho un repaso al proceso que se inició en 2007 con el llamamiento del Gobierno español a los pequeños ahorradores para que invirtieran en energías limpias, y que ha concluido -de momento- con el recorte de un 50% de las retribuciones comprometidas.

Aunque la reunión se enmarcaba en la agenda programada por el PSRM-PSOE para trasladar los principales problemas de la Región de Murcia a los miembros del Grupo Socialisa en Bruselas, Martínez-Aroca no ha ocultado que la primera medida retroactiva en contra de los intereses del sector, aunque temporal y coyuntural, fue adoptada por el propio Gobierno de Zapatero. “Nosotros hubiéramos estado dispuestos a aceptar otro recorte como ese, que se justificó en la situación de crisis que atraviesa el país, pero desde luego no podemos aceptar un recorte del 50% que se nos impone”, ha explicado el presidente de Anpier. “Y además, el PP ha aprobado el decreto retroactivo en contra de sus propias promesas electorales”, ha recordado Martínez-Aroca, ya que el Partido Popular se opuso al primer recorte a las primas decretado por el PSOE.

Tras la exposición de Martínez-Aroca, Soledad Cabezón se ha mostrado preocupada por la difícil situación que están viviendo las familias que respondieron a la iniciativa estatal de invertir en energía fotovoltaica, y ha propuesto al presidente de Anpier la elevación de una petición al Parlamento Europeo a través de la Comisión encargada de recoger propuestas y reivindicaciones concretas de los ciudadanos, además de llevar a cabo una presentación ante dicha Comisión. Para ello se hará valer también la numerosa documentación acumulada por esta asociación, que viene denunciando la injusticia y el agravio comparativo que ha provocado ese recorte, ya que en opinión de Martínez-Aroca, no supone lo mismo el 50% de la inversión para una gran compañía eléctrica que para un pequeño inversor que ha hipotecado su patrimonio familiar.

“Queremos alcanzar un acuerdo antes de recurrir a los tribunales”

En presencia de Soledad Cabezón y del secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, Miguel Ángel Martínez Aroca ha querido distinguir la situación de los pequeños inversores de la de los grandes fondos de inversión, y ha explicado que la intención de Anpier es agotar las opciones políticas y llegar a un acuerdo. De hecho ya cuentan con el apoyo de varios partidos, y entre ellos el del PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, visitó recientemente una instalación fotovoltaica en Jumilla. Sin embargo, Martínez-Aroca también ha recordado que tanto en Reino Unido como en Alemania se logró frenar un intento similar de recorte de incentivos estatales a las energías renovables, y ha recalcado que por este motivo, España es actualmente el país que más arbitrajes internacionales tiene abiertos en todo el mundo, algo a lo que se tendrá que enfrentar el gobernante que esté en el poder cuando dichos procesos se resuelvan.

En el relato de la situación que viven los pequeños inversores de energías fotovoltaicas, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha incidido en la angustia de tener avaladas las instalaciones con el patrimonio familiar. Además, ha trasladado a Soledad Cabezón la recomendación que, de momento, Anpier está haciendo llegar a todos sus asociados: refinanciar la deuda contraída con los bancos -quedan por pagar 18 mil millones de un total de 20 mil- y tratar de aguantar. Según ha explicado Martínez-Aroca, “las instalaciones fotovoltaicas se han convertido en una inversión financiera”; es decir, no se abona por kilovatio producido “sino por la simple inversión”, y además, “tampoco se tiene en cuenta la ubicación, con lo cual recibe lo mismo una instalación en la Región de Murcia que una en Galicia”.

De ese modo, el presidente de Anpier considera que se está perjudicando gravemente a la economía española en general, pero también, en particular, a las grandes posibilidades de generación de energía que tiene el sur del arco mediterráneo con Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia. Por último, Martínez-Aroca volvió a denunciar el sistema energético español en el que se fomentan las prospecciones pretolíferas o el 'fraking' masivo en lugar de aprovechar las potencialidades de España para generar energía limpia. Gracias al compromiso de Soledad Cabezón, Anpier podrá presentar todas sus inquietudes ante la Comisión de Peticiones una vez se lleve a cabo el proceso administrativo establecido por el Europarlamento.

A sus 60 años, poco podía imaginarse Julián Lana que las dos placas fotovoltaicas que compró en 2007 y con cuyos beneficios pensaba completar su pensión de jubilación, se iban a convertir en un quebradero de cabeza. La reforma energética aprobada por el Gobierno central ha desbaratado sus planes, al menos de momento. “Lo que pensaba amortizar en ocho años, ahora será en 15 o 20. Al menos, yo no estoy tan mal como otros pequeños inversosres, que empeñaron sus ahorros”. Y es que lo que en 2007 parecía un buen negocio, auspiciado por el Gobierno central, ahora se ha convertido en una pesadilla. La imposición de peajes al autoconsumo, la moratoria a las renovables y las constantes subidas en la tarifa de la luz tienen una especial incidencia en las energías renovables, especialmente en la fotovoltaica. En Euskadi, hay 1.600 instalaciones que ahora penden de un hilo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puede terminar por eclipsar de manera definitiva la energía solar.

El secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Juan Castro, ha comparecido esta semana en el Parlamento vasco en busca de “ayuda”. El objetivo de Castro es que el Gobierno vasco presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de 12 julio por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. “Se trata de un latrocinio en toda regla. El Gobierno pidió ayuda al sector privado en 2007 porque tenía que cumplir con las exigencias de la Unión Europea en cuanto a produccción de energías renovables y después nos ha dado la espalda. No es que nos haya dejado tirados, es que miles de familias y pequeños inversores están a punto de perderlo todo”.

No es el caso de Julián Lana porque él fue “previsor”. “Pedí un préstamo por lo justo. Tengo dos placas en el huerto solar de Agurain, en Álava. Yo creo en este tipo de energía renovable. Y además, el Gobierno en aquel momento (2007) daba todo tipo de ventajas fiscales y garantías de amortización. Los bancos daban grandes facilidades para conceder los préstamos. Pero en 2010 se cambiaron las reglas de juego. Yo la amortización no la recuperaré hasta dentro de 15 años. Mi préstamo es pequeño, pero el que invirtió más ahora no tiene más que pérdidas. Hay personas para las que la reforma va a suponer la ruina”.

Esa es la situación de angustia que vive Heraclio Etxebarria, quien tiene varias placas y se encuentra “a punto de perderlo todo por confiar en el Boletín Oficial del Estado”. Fue en el BOE donde el Gobierno plasmó todas las garantías. “Ahora no es más que papel mojado. Nuestro pecado ha sido seguir a rajatabla las indicaciones del Gobierno, que nos animó a impulsar las renovables con unas condiciones favorables. ¿Es que los pequeños inversores en energía fotovoltaica tenemos la culpa del déficit tarifario o de que se haya producido una búrbuja energética?”.

Lo que está claro, según Castro, es que “había muchos intereses en este mercado y las grandes empresas no estaban dispuestas a repartir nada. En un momento dado solo estaban las grandes empresas eléctricas, pero con el impulso de las renopvables surgieron otros 59.000 operadores (los pequeños inversores) y hubieran podido seguir creciendo....Alguien no podía permitirlo”.

La esperanza de Anpier es que las comunidades autónomas se rebelen contra la reforma y presenten recursos ante el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho algunas comunidades y probablemente Euskadi se sume. La parlamentaria del PSE, Natalia Rojo, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara vasca con ese objetoivo. “La nueva normativa”, explica, “contribuye al hundimiento definitivo del desarrollo de todas las renovables en España y de la cogeneración. La retroactividad en la que se basa es desproporcionada de manera absoluta para las renovables e influirá en la pérdida de confianza en España por parte de inversores extranjeros y organismos internacionales”.