La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha calificado de desafortunada y profundamente provocadora la segunda visita a la región de la directora general del Agua, en el marco de la II Jornada Técnico-Jurídica organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real bajo el título ‘Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas’.

«Resulta inaceptable que se traslade públicamente la idea de que el Ministerio abra la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana. Este no es el camino», ha señalado con contundencia el secretario general de la organización a través de un comunicado, tras escuchar las palabras de la directora general en las que el Ministerio abre la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana.

Según Morcillo, en Castilla-La Mancha existía una fórmula de consenso que alcanzó su máxima expresión en el Plan Especial del Alto Guadiana, PEAG, y el Consorcio. Allí trabajaron de la mano el Gobierno de España y el Gobierno regional. Se plantearon actuaciones estructurales como la Tubería Manchega, la compra de derechos legalmente inscritos en el Registro de Aguas y la regularización de explotaciones de leñosos. «Un modelo basado en el diálogo, la participación y la corresponsabilidad institucional“.

«Desde UPA exigimos al Ministerio y al Gobierno de España que reconduzcan su posición con Castilla-La Mancha y que abandonen cualquier planteamiento que suponga la revisión o extinción masiva de derechos en el Alto Guadiana»,, ha señalado Morcillo. Es fundamental que el PEAG siga vigente y que se dote económicamente conforme a los compromisos públicos asumidos, entre ellos el anuncio público en Alcázar de San Juan realizado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de destinar 250 millones de euros al desarrollo del plan.

La organización, especialmente activa en aquel proceso, advierte de que no va a aceptar que ahora se pretenda sustituir el consenso social y político por construcciones jurídico-administrativas orientadas a justificar decisiones ya redactadas y escenificadas en la jornada de Ciudad Real.

Sin embargo, este planteamiento del Ministerio no es nuevo. En la jornada virtual celebrada en 2021, el presidente de la Confederación Hidrográfica, Samuel Moraleda, ya advertía que el cambio climático era un desafío ya que esperaba una reducción de las precipitaciones del 13% y eso implicaba menos agua para regar si no hay para abastecimiento humano y para mantener los caudales ecológicos en la cuenca, tanto en superficie como bajo tierra.

En esta misma jornada del 2021, el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica, José Ángel Rodríguez, señalaba que “no queda margen para la demanda agraria de origen superficial”, para advertir también que “no hay más agua para concesiones de riego” que las indicadas en el plan. De hecho, decía, “el problema real es que no va a haber agua” y a eso se tienen que ir haciendo a la idea no solo en el Alto Guadiana sino en toda la cuenca del río.

Más de la mitad del regadío de la región

En el comunicado, UPA también recuerda que el Alto Guadiana concentra más de la mitad del regadío de la región, con lo que supone a nivel social y económico. De él depende una parte sustancial de la economía regional, no solo del sector agrario, sino también de la agroindustria, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

Plantear en una jornada jurídica la posible extinción de derechos consolidados constituye «una provocación innecesaria y una amenaza directa a la estabilidad socioeconómica del territorio». Más aún cuando en otras cuencas hidrográficas se habla de garantizar derechos mediante desalinización o trasvases. «Es una doble vara de medir que no podemos aceptar».

Como ya ha denunciado en otras ocasiones, UPA incide en la situación de bloqueo administrativo que arrastran numerosos expedientes en la Confederación. «Demostrando ser una inútil en la gestión administrativa, con agricultores que llevan más de cuatro años esperando una resolución. En casos la respuesta que reciben es que deben esperar dos o tres años más».

Julián Morcillo denunció en el mes de diciembre lo preocupante de que la Administración General del Estado haya llegado a plantear, en el borrador de esquemas importantes, la posibilidad de retirar ayudas de la PAC a un agricultor por el mero hecho de abrirle un expediente sancionador; sin esperar a su resolución firme. “Eso vulnera principios básicos de seguridad jurídica”, denuncian.

En relación con la regularización de los expedientes de los pozos de 7.000, UPA recuerda que fueron regularizados mediante la compra de derechos legales inscritos en el Registro de Aguas; derechos que tienen la misma validez jurídica que cualquier otro título concesional, señala.

“Lo que hace falta no es una ofensiva jurídica contra los regantes, sino un pacto social e institucional. Este no es el camino. El camino es el diálogo, el consenso y el respeto a los derechos legalmente reconocidos», concluyen desde UPA.

La directora general de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), María Dolores Pascual, ha abierto la puerta a revisar e incluso extinguir derechos de uso de agua en el Alto Guadiana ante la situación de sobreexplotación que atraviesan sus acuíferos y ha defendido la necesidad de avanzar hacia una gestión sostenible que frene la tendencia negativa actual.

Durante su participación en la II Jornada Técnico-Jurídica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, celebrada en Ciudad Real bajo el título 'Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas', Pascual ha señalado que “toda gestión del agua tiene aparejada de una forma imprescindible la controversia” y ha subrayado que gestionar el agua supone, en gran medida, gestionar conflictos, aunque también ha destacado la trayectoria de diálogo y búsqueda de acuerdos en este ámbito.

En relación con la posible extinción de derechos de agua, ha afirmado que la Administración debe estar “abierta a todas las posibilidades”, ya que el cumplimiento de plazos concesionales está situando a muchos aprovechamientos, no solo de regadío sino también hidroeléctricos, en un momento de revisión.

Ha precisado que se trata de una variable que la administración tiene que empezar a valorar, siempre con garantías jurídicas y con el apoyo de profesionales del ámbito judicial y del derecho.

Pascual ha reconocido que en el Alto Guadiana no se está produciendo una gestión sostenible de los recursos y ha advertido de que no se puede mantener derechos de agua por encima del recurso renovable disponible.

En este punto, ha recordado que las aguas subterráneas han permitido el desarrollo económico y social de amplias zonas del interior, pero ha incidido en que “el agua no es infinita” y que es necesario establecer métodos de limitación y medida.

En este contexto, ha planteado avanzar en varias líneas de actuación, entre ellas la posible minoración de extracciones y una transformación agronómica hacia cultivos menos consumidores de agua pero suficientemente rentables para mantener el nivel de vida de la población.

“No estamos hablando de que la gente tenga que marcharse”, ha aclarado, aunque sí ha defendido la necesidad de iniciar una senda de transformación para frenar la sobreexplotación del acuífero.

Asimismo, ha insistido en que existen aprovechamientos irregulares que no pueden mantenerse y ha defendido el trabajo de la administración en el control de extracciones, así como la necesidad de contar con la implicación de los usuarios, ya que la Confederación no puede actuar en solitario.

En cuanto a la coordinación institucional, ha subrayado que la competencia en materia de agricultura corresponde a la comunidad autónoma y ha defendido que el Ministerio y el Gobierno regional deben avanzar conjuntamente en esa transformación, como ya se ha hecho en otros territorios. El objetivo, ha explicado, es frenar primero la tendencia negativa y, si es posible, comenzar a revertirla.

Plan Especial del Alto Guadiana

Sobre el futuro del Plan Especial para el Alto Guadiana, ha recordado que la cuenca se encuentra en el cuarto ciclo de planificación hidrológica y ha recomendado la lectura de los esquemas de temas importantes elaborados por la Confederación, donde se plantean alternativas y propuestas que deben debatirse en el proceso de planificación.

Finalmente, ha detallado que la política del Ministerio respecto a las aguas subterráneas se apoya en tres ejes: la mejora del conocimiento, con una licitación en curso de alrededor de 17 millones de euros para la modelización numérica de acuíferos y estudios de protección; la mejora y racionalización de los usos, incluyendo sustituciones allí donde sea posible y digitalización; y el refuerzo de la gobernanza y del diálogo con usuarios y operadores jurídicos.

“Todo problema técnico acaba siendo un problema jurídico, económico y, finalmente, social”, ha concluido, defendiendo la necesidad de abordar la gestión del agua desde todos esos planos para mejorar la vida de las personas.

El pasado 11 de febrero, en pleno temporal de lluvia y viento que azotaba la provincia de Ciudad Real, entre otros puntos de la comunidad autónoma, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó de la apertura de compuertas de la presa Vega del Jabalón en la provincia de Ciudad Real por “seguridad”

La decisión se tomó, según explicó en un comunicado, ante el episodio de borrascas con abundantes lluvias y teniendo en cuenta que este embalse está siendo “objeto de revisión” por parte del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.

Se señaló además, que los resultados preliminares de dicho informe “indican que la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad exigidas”, así que ante el aumento del nivel en la presa se optó por soltar agua. Una decisión que provocó las críticas de Asaja. La organización agraria no solo pidió explicaciones por la medida sino que amenazó con ir a los tribunales al considerar que el agua de la presa es “la reserva estratégica que necesitan doce municipios para garantizar el abastecimiento humano y el colchón mínimo imprescindible para que el regadío de la comarca pueda sobrevivir”.

Hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, se ha reunido con los alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad de Aguas del Campo de Calatrava, en Ciudad Real, y que preside el alcalde de Corral de Calatrava Andrés Cárdenas. En la reunión también ha participado Francisco Velasco, representante de la dirección técnica del organismo de cuenca, responsable directo de la explotación de la presa del embalse de la Vega del Jabalón.

Y se ha vuelto a explicar lo mismo en un encuentro “de carácter técnico e informativo”, según ha informado la Diputación de Ciudad Real en un comunicado, que “ha servido para que el organismo de cuenca trasladara a los responsables municipales los motivos del desembalse que se está llevando a cabo”.

Moraleda ha explicado que la apertura controlada del aliviadero se producía al alcanzarse la cota que permite mantener almacenados en torno a 17 hectómetros cúbicos, aproximadamente el 50 por ciento de la capacidad total y que la medida responde a “criterios preventivos, con el fin de garantizar que, ante una eventual avenida extraordinaria del río Jabalón, el volumen de resguardo disponible junto con el caudal máximo de evacuación impidan que el agua pueda rebasar la coronación de la presa”.

Las normas de seguridad de las presas, más estrictas desde 2021

Se ha abordado, igualmente, la evolución de la normativa en materia de seguridad, según el comunicado de la Diputación de Ciudad Real.

Moraleda ha señalado que las nuevas normas técnicas de seguridad de presas, aprobadas en 2021, han establecido exigencias más estrictas para este tipo de infraestructuras. En el caso de presas de gravedad construidas con materiales sueltos, como la del Jabalón, “se exige evitar que el agua llegue a superar la coronación, ya que la erosión podría comprometer su estabilidad”.

Se ha vuelto a explica que la Confederación Hidrográfica del Guadiana se encuentra a la espera del estudio definitivo que está elaborando el CEDEX para concretar las normas de explotación del embalse. No obstante, en el avance remitido “se recomienda no almacenar agua por encima del nivel del aliviadero”.

El suministro está garantizado para cuatro años

En cuanto al abastecimiento, el presidente del organismo de cuenca ha asegurado que con los aproximadamente 17 hectómetros cúbicos previstos se garantiza el suministro para los próximos cuatro años.

Este plazo permitiría cubrir las necesidades hídricas de los municipios integrados en la Mancomunidad hasta la entrada en funcionamiento del ramal del Campo de Calatrava, conectado a la tubería de la llanura manchega, cuya puesta en servicio está prevista para el verano de 2028, según se ha expuesto en la última comisión de seguimiento celebrada entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ACUAES.

Desde la Diputación de Ciudad Real se valora “positivamente” la celebración de este tipo de encuentros. En opinión de la institución provincial, “permiten diferenciar con claridad las competencias del organismo de cuenca, responsable de la explotación y seguridad de la presa, y las de la mancomunidad, que se ocupa de garantizar el abastecimiento a los municipios, reforzando la coordinación institucional y ofreciendo certidumbre a ayuntamientos y vecinos del Campo de Calatrava”.

El Gobierno de España ha activado un conjunto de ayudas económicas y técnicas para atender los daños ocasionados en la provincia de Ciudad Real tras el paso de la borrasca Leonardo.

El pasado 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (Zgaepc) para los territorios afectados, entre ellos Castilla-La Mancha, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Esta declaración no requiere solicitud previa por parte de las administraciones, por lo que el trabajo prioritario en esta fase se centra en la acreditación de los daños y en la preparación de la documentación técnica y económica necesaria para acceder a las ayudas.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha subrayado que *es fundamental que tanto los ayuntamientos como las personas afectadas conozcan con claridad qué ayudas están disponibles y cómo pueden solicitarlas“. ”El Gobierno de España está plenamente comprometido con apoyar a quienes han sufrido los efectos del temporal, a través de mecanismos ágiles, transparentes y orientados a una recuperación rápida“, ha añadido.

¿Qué incluyen las ayudas?

El Real Decreto 307/2005 regula ayudas destinadas a atender necesidades derivadas de situaciones de emergencia o catástrofe, con el objetivo de compensar daños personales y materiales, así como gastos esenciales derivados de la actuación ante situaciones de grave riesgo. El plazo general de presentación de solicitudes es de un mes, contado desde el día siguiente a la finalización de los hechos causantes.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas unidades familiares o de convivencia, por daños personales y materiales en viviendas y enseres; corporaciones locales, para actuaciones urgentes destinadas a garantizar servicios públicos esenciales; personas físicas o jurídicas, por prestaciones de bienes o servicios requeridas por la autoridad competente durante la emergencia; establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, por daños en locales o bienes vinculados a la actividad; o comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes que afecten a la seguridad o funcionalidad del inmueble.

Para más información sobre los requisitos específicos, documentación necesaria y modalidades, así como las líneas de apoyo en situaciones de emergencia y catástrofe, los interesados pueden consultar la información actualizada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en su web oficial en el apartado de líneas de ayuda .

La declaración de zona afectada por la emergencia activa asimismo subvenciones destinadas a la reparación o restitución de infraestructuras municipales, equipamientos, instalaciones y vías de comunicación dañadas por el episodio meteorológico.

Estas subvenciones se tramitan mediante un procedimiento específico. Requieren una acreditación técnica y económica detallada de los daños. Pueden alcanzar hasta el 50% del coste subvencionable.

Nuestro objetivo es que ninguna localidad afronte sola las consecuencias de este episodio

David Broceño — Subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real

El subdelegado ha señalado que “el Gobierno está al lado de los municipios, especialmente de aquellos con menos recursos, para que puedan recuperar cuanto antes infraestructuras esenciales dañadas por el temporal”. “Nuestro objetivo es que ninguna localidad afronte sola las consecuencias de este episodio”, ha incidido.

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real recuerda que los ayuntamientos deben elaborar un expediente completo por cada actuación, que incluya la identificación y priorización de daños, documentación técnica, documentación económica y acreditaciones.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en la importancia de que las personas afectadas estén bien informadas: “Queremos que nadie quede fuera por desconocimiento. Las ayudas para familias, negocios y comunidades de propietarios ya están activas, y nuestro compromiso es facilitar todos los canales necesarios para que cualquier afectado pueda acceder a ellas”.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha decidido mantener abiertas las compuertas de la presa de la Vega del Jabalón, muy cerca de Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, ante el actual episodio de aportaciones al embalse, con el objetivo de “garantizar la seguridad” tanto de la infraestructura como de las zonas situadas aguas abajo.

El organismo de cuenca recuerda que, desde su puesta en servicio, la presa ha registrado diversas avenidas que, en varias ocasiones, han provocado daños significativos aguas abajo, especialmente en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Campo de Calatrava.

A eso se suma que en la actualidad los estudios hidrológicos y de laminación de la presa están siendo “objeto de revisión” por parte del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. “Los resultados preliminares de estos trabajos indican que la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad exigidas” por las Normas Técnicas de Seguridad de Presas, aprobadas mediante el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril.

De ahí que “ante esta situación, y considerando las aportaciones que se están registrando en el embalse”, el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse “ha resuelto mantener abiertas las compuertas durante este episodio, como medida preventiva para evitar posibles riesgos tanto en la propia presa como en las zonas situadas aguas abajo”, según el comunicado remitido este mediodía por la Confederación Hidrográfica.

No obstante, añaden, “el embalse puede almacenar más de 16 hm³, volumen que garantiza el abastecimiento del Campo de Calatrava durante varios años”.

La situación del río Bañuelos a su paso por Malagón, en Ciudad Real, ha alcanzado su máximo durante la mañana de este domingo, ocasionando daños en los términos municipales de Malagón y Fernán Caballero, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Varias estaciones de aforo de la provincia están en aviso rojo debido al notable incremento de los caudales, lo que implica peligro extremo con probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes en vías de comunicación. De hecho, la pasada madrugada, a las 01:56 se produjo el corte de la CM-4114 en Malagón, por inundaciones, según ha informado el Servicio 112 Castilla-La Mancha.

Estaciones en nivel rojo y riesgo de inundación El organismo de cuenca ha activado el aviso hidrológico rojo, que implica situaciones de peligrosidad extrema con probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes en vías de comunicación. Las estaciones que han superado este umbral en Castilla-La Mancha se localizan en:

Además del río Bañuelos, hay riesgo en el río Bullaque. Ayer mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha envió un mensaje Es-Alert a la ciudadanía aguas abajo y también en la zona de confluencia con el Guadiana al comenzar a aliviar agua la presa de Torre Abraham, en Retuerta del Bullaque.

También hay aviso rojo en el río Becea, en Fernán Caballero (aguas abajo de la presa de Gasset), en el río Guadiana a su paso por Puebla de Don Rodrigo y en el río Guadalmez.

En cuanto a los embalses, re están realizando maniobras de alivio y desembalse en el Azud de Malagón (Río Bañuelos) que se encuentra en situación de aliviadero natural y derivación de caudal hacia el embalse de Gasset mediante canal.

En la presa de Gasset (Río Becea) se mantiene la apertura parcial de sus compuertas. En el embalse del Vicario (Río Guadiana) se mantienen abiertos los desagües de fondo y parcialmente las compuertas del aliviadero.

La Confederación ha informado que la situación de estos embalses está bajo control gracias a las maniobras preventivas realizadas para laminar las avenidas y minimizar el impacto en los cauces.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y recuerdan que se puede realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles a través del Sistema SIRA Guadiana y sus canales oficiales en redes sociales. La CHG mantiene una coordinación estrecha con las administraciones competentes para la toma de decisiones ante la evolución de la situación. Castilla-La Mancha tiene activado el Plan de Riesgo de Inundaciones (PRICAM) en toda la comunidad autónoma, en situación operativa de nivel 1.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este lunes en una atención a medios en Socuéllamos la necesidad de prorrogar las concesiones de agua vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana y ha exigido una solución inmediata que compatibilice la protección medioambiental con el desarrollo agrario y socioeconómico de esta zona en la provincia de Ciudad Real.

Caballero ha recordado que 4.700 concesiones de agua están pendientes de renovación en el año 2027 como consecuencia de la finalización del Plan Especial del Alto Guadiana y ha sido tajante al afirmar que “en ningún caso desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a permitir que se deroguen”, ha señalado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, ha garantizado a los agricultores de la región que el Ejecutivo autonómico “lo va a defender ante el Gobierno de España y va a exigir que estas concesiones se mantengan y vayan más allá del año 2027.”

 El vicepresidente segundo ha defendido que dichas concesiones deben prorrogarse, ya que “no se han cumplido los objetivos por los que se establecieron y es necesario disponer de más tiempo para que estas concesiones se puedan desarrollar y cumplir esos objetivos que estaban previstos en el Plan Especial del Alto Guadiana.”

Asimismo, Caballero ha recordado que entre los años 2011 y 2017 el Plan Especial del Alto Guadiana se interrumpió por decisiones adoptadas tanto por el Gobierno de España como por el Ejecutivo autonómico de entonces, lo que, a su juicio, obliga a “utilizar esos años que están pendientes y asociarlos al desarrollo futuro, incluso más allá de esos años en los que no se pudo ejecutar el plan.”

 En este contexto, Caballero ha subrayado que en los municipios del Alto Guadiana es imprescindible enlazar la protección medioambiental con la actividad agraria, señalando que “hay que conjugar, por un lado, el mantenimiento de la biodiversidad, especialmente en nuestros humedales y de manera particular en un tesoro como son las Tablas de Daimiel, pero al mismo tiempo el desarrollo y la riqueza socioeconómica que aporta la agricultura vinculada al regadío.”

 Por ello, el vicepresidente segundo ha reclamado al Gobierno de España y al Ministerio competente que “se sienten a la mesa y nos pongamos a trabajar de inmediato”, analizando tanto las propuestas del Ministerio como las planteadas por Castilla-La Mancha, con el objetivo de “dar una solución que compatibilice el mantenimiento y la biodiversidad en las Tablas de Daimiel con el desarrollo socioeconómico agrario del Alto Guadiana.”

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que el plan de actuaciones para la recuperación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel “está muy despierto” y se encuentra en una fase avanzada de elaboración.

A preguntas de los periodistas durante su visita a las actuaciones que se han realizado sobre la presa del embalse de Gasset, Morán ha precisado que el Ministerio para la Transición Ecológica tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han trabajado en los últimos meses en la definición de las líneas de intervención que formarán parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para este espacio protegido.

Morán ha puntualizado que ya se ha completado prácticamente toda la documentación técnica necesaria, elaborada por diferentes departamentos de ambas administraciones.

En el caso del Ministerio, han intervenido la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, la Dirección General del Agua y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que “han ido elaborando los informes que permiten ir agregando toda la documentación necesaria para armar la estructura del plan”.

Por parte de la comunidad autónoma, el secretario de Estado ha destacado la aportación del análisis socioeconómico del territorio concernido, un estudio que permite valorar el impacto del plan sobre el entorno agrario y los municipios próximos al parque. “Con todo ese trabajo reunido, estamos ya en condiciones de construir lo que sería el esquema del plan de actuación”, ha señalado.

El siguiente paso, ha dicho, será sentar a las distintas administraciones para definir conjuntamente las competencias de cada una y las necesidades de acompañamiento en materia de inversión que va a requerir el plan.

En este sentido, ha anunciado que se prevé convocar un primer encuentro en las próximas fechas con el objetivo de “ponerse de acuerdo en un cronograma razonable” que marque la hoja de ruta de ejecución.

Morán ha recordado que el Marco de Actuaciones Prioritarias de Las Tablas de Daimiel seguirá el modelo de otros marcos ya en marcha en otros espacios naturales, con intervenciones conjuntas entre administraciones y medidas que abarquen desde la restauración hidrológica y la mejora de hábitat hasta la gestión sostenible del agua en el entorno agrícola.

La regularización de pozos en el Guadiana, condicionada

En relación con los pozos destinados a los agricultores en el Alto Guadiana, el secretario de Estado ha explicado que la situación actual está condicionada por la declaración de riesgo del acuífero, lo que impide otorgar nuevas concesiones de agua.

“No se puede conceder más agua de la que en estos momentos se está disponiendo”, ha advertido, subrayando que solo una reducción de los usos existentes permitiría redistribuir el aprovechamiento de los recursos.

“Cuando se alcanza el límite del aprovechamiento de los recursos no se puede nunca conceder más de lo que hay, y esa es la situación en la que estamos ahora mismo”, ha apuntado Morán, quien ha añadido que esta limitación forma parte del propio plan de intervención previsto para Las Tablas de Daimiel, ya que “supone una actuación que va mucho más allá de las fronteras del Parque Nacional”.

El secretario de Estado ha insistido en que la recuperación del equilibrio hidrológico del acuífero es inseparable de la viabilidad de Las Tablas, de modo que cualquier medida sobre los pozos o el uso del agua en el entorno agrícola “se integra dentro del mismo marco de actuaciones, concebido no solo para proteger el humedal, sino para garantizar su relación sostenible con el territorio que lo rodea”.

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha solicitado por escrito a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encuadrado en el Ministerio de Hacienda, que les remita la información pública sobre el importe total recaudado por sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) desde 1987. Esta es la fecha en la que se declaró al Acuífero 23 - que abarca las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete- como sobreexplotado y que se refieran a infracciones relacionadas con el uso indebido del agua y prácticas de riego.

También solicita al órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública el desglose anual de las cantidades recaudadas, especificando, en la medida de lo posible, el tipo de infracción o procedimiento sancionador.

En su solicitud también quieren saber cuál fue el destino específico de los fondos recaudados por estas sanciones, y si han sido ingresados en el Tesoro Público, incorporados al presupuesto general o destinados a actuaciones concretas --infraestructuras hidráulicas, vigilancia, restauración del dominio público hidráulico, entre otras.

Entre las peticiones también están la trazabilidad presupuestaria que permita conocer en qué programas o actuaciones se ha invertido el importe recaudado y la referencia de las normas o instrucciones internas que regulan el destino de estos fondos.

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas ha solicitado también esta información directamente a la CHG y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Un escrito al presidente de Castilla-La Mancha

También mediante otro escrito, la asociación se ha dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitándole que la Junta de Comunidades, en el ejercicio de las funciones de impulso y control político correspondiente, se dirija tanto a IGAE, como al miniserio y a la propia confederación hidrográfica requiriéndoles oficialmente la misma información solicitada por la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas.

Desde AIVE recuerdan que García-Page anunció recientemente la posibilidad de llevar a las confederaciones hidrográficas ante los tribunales por “negligencias en la gestión”, coincidiendo su malestar institucional con las quejas y demandas de la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha confirmado, a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, haber recibido la solicitud de información a través del Portal de Transparencia del organismo. “Se tramitará tan pronto como sea posible”, aseguran.

Dos agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y sus familias han recibido amenazas de muerte en Tomelloso (Ciudad Real), según ha dado a conocer el organismo de cuenca que ha condenado “enérgicamente” lo ocurrido.

No se desvelan las circunstancias de los hechos, aunque la confederación apunta que “la situación de emergencia en la que se encuentran sus acuíferos debido a la sobreexplotación de los mismos exige seguir trabajando con firmeza en la localización y sanción de todas las extracciones ilegales de agua con el fin de lograr su recuperación”.

Es un “hecho inaceptable”, asegura la confederación hidrográfica, “que atenta contra quienes trabajan por la protección del dominio público hidráulico”. Ha trasladado su apoyo a los afectados y ha dado a conocer además que adoptará las “medidas legales necesarias ante cualquier acto de violencia o intimidación contra su personal”, sin detallar si se presentará o no una denuncia ante instancias judiciales. Este medio sí ha podido confirmar que la Guardia Civil investiga lo ocurrido.

El trabajo de los agentes medioambientales, resalta el organismo público, permite “garantizar la sostenibilidad de un bien común que nos pertenece a todos” y además ha reafirmado “su compromiso con la defensa del agua en el Alto Guadiana, un recurso esencial para el desarrollo social, económico y ambiental de esta zona.

El agua de la tubería manchega comenzará a llegar al Campo de Calatrava en el verano de 2028. Una docena de municipios y unos 37.000 habitantes a largo plazo, en el horizonte de 2042, se beneficiarán de agua llegada desde la cabecera del Tajo, entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, “en cantidad y calidad”.

La fecha la ha puesto Jerónimo Moreno, director técnico de ACUAES, la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, durante la presentación de un proyecto global que también abastecerá a Daimiel, Ciudad Real o a la Mancomunidad de Gasset, en total a más de 150.000 habitantes, con una inversión de 95 millones de euros financiados con fondos europeos.

La tubería manchega suministra ya a más de 76.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real. Ahora se ha presentado este nuevo ramal que saldrá de la tubería principal ubicada en Campomojado y que llegará a una conducción en la zona de Puerto Lápice-Casa Bolote, para prolongarse hasta Daimiel. En total son 67 kilómetro de tubo.

Corral de Calatrava, Moral de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Almagro, Pozuelo de Calatrava o Valenzuela de Calatrava son los municipios beneficiarios del agua potable en alta. Además, 18.000 habitantes en Daimiel también podrán verse beneficiados, así como de la Mancomunidad del Gasset, que está formado por 100.000 habitantes, con Ciudad Real capital y municipios colindantes, como son Miguelturra, Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Poblete, Alcolea de Calatrava y Picón.

Un segundo objetivo, que también recoge el proyecto, es “regenerar hídricamente Las Tablas de Daimiel”.

La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez ha recordado el largo periodo desde que en el año 2000 se firmase el primer protocolo de la infraestructura para la llanura manchega que en 2009 se quedó “en tierra de nadie”, hasta llegar al año 2023, cuando se puso en marcha el ramal principal.

En la actualidad se suministran 60 hectómetros cúbicos de agua al año para abastecer a 720.693 habitantes de 238 municipios, a los que se integrarán los del Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real con la nueva tubería del sistema de abastecimiento de Llanura Manchega, que “va a permitir recuperar algo importante que perdimos en el camino”.

“Estamos haciendo pruebas para los municipios pegados al acueducto Tajo-Segura, que no pueden beber del agua que viene de Entrepeñas y Buendía, la ven pasar pero no la pueden usar”, ha dicho, para dar las gracias al Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación de Guadiana que ha diseñado el proyecto hoy presentado y la empresa pública ACUAES .

“El cambio climático está aquí para quedarse y tenemos que ganarle la batalla, sin dañar el entorno, pero dotándonos de sistemas de abastecimiento flexibles. Es la finalidad de la infraestructura”, decía la consejera. Una canalización cuya gestión está en manos de la Junta de Castilla-La Mancha desde 2023 y durante 25 años. Ha recordado “que los vecinos de Campo de Calatrava no van a tener que pagar la infraestructura”, ya que de ello se encarga el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El proyecto ya ha sido licitado y el próximo 18 de julio se recibirán las ofertas para ser valoradas. La obra se adjudicará en octubre de este año 2025. La tubería atravesará más de 850 fincas a lo largo de 67 kilómetros de una obra que se ejecutará en 30 meses. Está previsto que arranque su construcción en enero de 2026 y que termine en el verano de 2028.

“Es una obra de justicia histórica”, que ha llegado gracias al Estado autonómico, ha dicho el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page. La definía como “la principal obra hidráulica de toda la andadura autonómica”, mediante la que, decía, “traemos agua del Tajo, no me gusta decir que traemos agua del trasvase. Es el Tajo”.

Y sobre el Tajo ha dejado un mensaje. “Que nadie vuelva a usar el término guerra del agua. Es traicionero. Se ha usado pero no ha habido guerra nunca. Ha habido una lucha política, legítima y democrática”.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF afirman que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel sigue “muy lejos” de responder a los valores y funciones que la ley exige a los parques nacionales en España por lo que han solicitado una solución estructural y urgente frente a su deterioro.

Las tres organizaciones ambientalistas sostienen que, aunque las lluvias recientes han generado una imagen “aparentemente positiva del humedal” con algo más de la mitad de su superficie inundada, subrayan que el estado de conservación de sus ecosistemas y biodiversidad “es notoriamente desfavorable y en algunos casos extinto”.

Bajo su punto de vista, las acciones coyunturales propuestas no resuelven las causas estructurales del deterioro y se alejan del modelo de conservación que la ley establece para estos espacios naturales protegidos.

Ante la actual situación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF-España solicitarán formalmente que el Consejo de la Red de Parques Nacionales --que se reúne este martes en Madrid-- analice en profundidad la situación del parque.

En esta reunión, las organizaciones, “muy preocupadas” por el deterioro del espacio, llevarán una propuesta de medidas urgentes para revertir su declive y garantizar su viabilidad como parque nacional.

Tres medidas urgentes “imprescindibles”

Las organizaciones ecologistas consideran que la principal causa del deterioro es la “grave sobreexplotación” del acuífero de la Mancha Occidental que debería alimentar el humedal y, que sin medidas estructurales orientadas a recuperar el régimen hídrico natural, el parque está “condenado” a perder su integridad ecológica y, con ella, su razón de ser como parque nacional.

Por ello piden como medidas urgentes “imprescindibles” tanto la reducción sustancial del regadío en el entorno del parque nacional, en superficie y volumen de agua consumida, para permitir la recuperación de los caudales ambientales del Alto Guadiana y la recuperación de los niveles freáticos del acuífero, como la clausura sistemática de pozos ilegales y extracciones no autorizadas, mediante una actuación coordinada de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Fiscalía General del Estado.

Rechazan también las soluciones “artificiales y estructuralmente insostenibles”, como dragados, trasvases o profundización de la cubeta del humedal, por contravenir la legislación sobre parques nacionales y estar destinados a perpetuar la antropización del sistema, en vez de abordar la raíz del problema ambiental de las Tablas de Daimiel.

Para las organizaciones ecologistas estos cambios “ambiciosos y estructurales” en la política agrícola y del agua en toda la zona del alto Guadiana son “imprescindibles” antes de plantearse la inversión de más fondos públicos en un posible Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Samuel Moraleda: “Hay que seguir vigilando para que aguante”

Precisamente hoy, el presidente de la Confederacion Hidrográfica del Guadiana Samuel Moraleda en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha se congratulaba del estado del humedal que tiene ahora unas 1.150 hectáreas encharcadas. “Es una cifra extraordinaria para esta época del año”, decía, aunque ha pedido prudencia.

“Hay que seguir vigilando el régimen para que aguante todo lo posible el humedal en estas condiciones”, aunque no ve factible que una vez superado el episodio de abundancia de agua se vaya a trasvasar agua a través de la tubería manchega. “Eso lo tiene que decir la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, pero la tubería es exclusiva para el abastecimiento de las poblaciones”.

A eso se suma, dice, la presencia del mejillón-cebra en el Tajo. “Es una especie invasora e introducirla en el Guadiana puede ser un desastre ecológico sin precedente para el parque nacional. De momento nos apañamos con los aportes naturales del río Gigüela que nos ha permitido un llenado parcial y tenemos los pozos de emergencia para, en situaciones críticas, alimentarlas del acuífero”.

En paralelo, ha explicado, se sigue trabajando en el Marco de Actuaciones Prioritarias de cara a poder ofrecer una solución que permita la supervivencia del humedal. Un trabajo a través de una Comisión Mixta que integran miembros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno de Castilla-La Mancha sin que, de momento, haya avances a la vista.

Llevará tiempo, reconoce el presidente del organismo de cuenca. “Ya hay propuestas de ambas partes, veremos cómo confluyen. El trabajo es muy complicado y también las decisiones y las actuaciones para el Alto Guadiana”.

Más de 300 agricultores, según los organizadores, se han concentrado en el entorno de Las Tablas de Daimiel convocados por ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y las CUAS (Comunidad de Usuario de Aguas Subterráneas) Masa Mancha Occidental I, Masa Mancha Occidental II y Masa de Agua Campo de Calatrava, para mostrar su rechazo a la política hidrológica que se está llevando a cabo en el Alto Guadiana. Han exigido que la Administración cumpla la Ley y se apruebe de forma inmediata un trasvase de 20 hm3 (hectómetros cúbicos) de agua desde la cabecera del Tajo para encharcar el Parque Natural.

Según los organizadores, el sector ha manifestado su total contrariedad con la decisión de encharcar artificialmente el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel utilizando los pozos de emergencia en este momento, cuando está lloviendo. Defienden que se haga de forma natural, a través del río Cigüela, trasvasando agua desde la cabecera del Tajo, tal y como establece la Ley. Entiende que utilizar ahora los pozos de recarga que se hicieron como emergencia es “ilógico e irresponsable”.

“No hay razones para mantener las extracciones subterráneas cuando los regantes tienen limitadas las dotaciones de riego”. Así lo han reclamado Florencio Rodríguez, secretario general de ASAJA Ciudad Real; Julio Bacete, portavoz de agua de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; José Joaquín Gómez, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Masa Mancha Occidental II; Ángel Bellón, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Masa Mancha Occidental I; y Nieves Molina, presidenta de la Masa de Agua subterránea del Campo de Calatrava.

Rodríguez ha exigido “a las administraciones que cumplan la Ley y que aprueben un trasvase, como se ha hecho en otras ocasiones, aprovechando la humedad de los cauces con la posibilidad de que llegue el agua de forma importante a Las Tablas y se encharque gran parte de la superficie”. Algo que ha apoyado Bacete, asegurando que “está todo preparado para poder echar más agua a Las Tablas de Daimiel por sus sitios naturales, que son los ríos que desembocan aquí”.

Por su parte, Gómez ha insistido en que es algo que “está aprobado por Ley y hay que cumplir”, añadiendo que “se pone de manifiesto la necesidad de crear infraestructuras a nivel nacional”. Bellón ha defendido el “aplazamiento de los pozos de emergencia y esperar para ver cómo se desarrollan los próximos meses”. Por último, Molina ha defendido la concentración celebrada este martes para gritar alto y claro “basta ya a sacar agua de pozos de emergencia en un acuífero que está siendo objeto de limitaciones a los regantes”.

El sector ha pedido “coherencia y respeto a la profesionalidad del sector primario, que está desarrollando su actividad de una forma sostenible” y con el convencimiento de que agricultura y medioambiente puede ser un binomio perfectamente compatible. También han lanzado un mensaje de unidad al sector para defender lo que “es racional y justo”.

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico (Miteco), ha autorizado en su reunión de este jueves los pliegos y la licitación por un importe de 90, 2 millones de euros del contrato de ejecución de las obras del proyecto de abastecimiento del Campo de Calatrava desde el Sistema de la Llanura Manchega (Ciudad Real).

La licitación de las obras se realizará tras la suscripción del convenio con la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, cuya firma ha sido autorizada este jueves también por el máximo órgano de gobierno de Acuaes, según ha informado el Miteco.

El proyecto tiene por objeto resolver el problema de abastecimiento de agua potable al Campo de Calatrava y garantizar el suministro desde la infraestructura de la Llanura Manchega a los municipios que actualmente se abastecen desde el embalse de Gasset, entre ellos Ciudad Real, lo que supondría una garantía adicional de suministro en caso de emergencia.

Adicionalmente la actuación contribuirá a la regeneración de la denominada Mancha Húmeda (en la que las Tablas de Daimiel constituyen el elemento más representativo) y lograr a largo plazo la recuperación de los principales acuíferos.

Se trata, según el Miteco, de “garantizar el abastecimiento de agua para consumos domésticos”, en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, a los 12 núcleos que corresponden al Consorcio de Abastecimiento Vega del Jabalón (Campo de Calatrava), con una población cercana a los 37.000 habitantes que, junto con los 18.000 habitantes de Daimiel, se beneficiarían directamente de las obras.

El proyecto consiste en la construcción de unos 67 kilómetros de tuberías de fundición con diámetros entre 800 y 250 milímetros, además de todas las obras e instalaciones auxiliares para el funcionamiento del sistema como son, entre otras, arquetas de desagüe y aireación, caudalímetros, válvulas de seccionamiento y sobre-velocidad, hincas para cruce de infraestructuras principales, casetas de derivación y conexión, acometida eléctrica, canalización de fibra óptica y obras de llegada a los depósitos municipales.

El convenio aprobado contempla una inversión total de 95 millones de euros, cifra que engloba, además del coste de ejecución de las obras, los gastos de redacción de proyectos, expropiaciones y dirección e inspección de obras.

La inversión será cofinanciada en un 65% con cargo a fondos Feder de la Unión Europea correspondientes al periodo de programación 2021-2027, mientras que el 25% será anticipado por Acuaes mediante fondos propios y el resto será aportado por el Gobierno de Castilla-La Mancha durante la construcción de las obras o, en su caso, mediante la contratación de una operación financiera que será recuperada de la entidad de derecho público una vez finalizadas las obras e iniciada su explotación, en un plazo máximo de 25 años.

El secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se ha mostrado partidario de “un cambio de modelo” en la gestión de las aguas subterráneas en España porque “los problemas estructurales exigen una transformación en nuestra visión y en nuestra estrategia”.

Lo decía en el marco de la I Jornada Técnico-Jurídica ‘La gestión de las aguas subterráneas en las masas declaradas en riesgo’, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha organizado en Ciudad Real con la colaboración de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Su intervención se producía a falta de conocer el documento definitivo del marco de actuaciones para la recuperación de las Tablas de Daimiel, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está desarrollando junto al Gobierno de Castilla-La Mancha.

En 2022, Hugo Morán ya dijo que no era posible planificar con una “hipotética disponibilidad, sino con la realidad” y ofrecía al Alto Guadiana 250 millones de euros para repartir mediante el “consenso” reflotando el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), liquidado por el Partido Popular, además de la tubería manchega.

Hoy ya no se ha referido al PEAG, sino que ha apelado al “equilibrio” en los intereses de los usuarios del agua subterránea poniendo el foco en el modelo de regadío que durante décadas “ha ido generando una presión que empieza a ser en algunos casos insostenible, como consecuencia de una agregación progresiva de esa presión, superando en muchos casos la capacidad de reposición de las masas de agua”.

“Tenemos que empezar a abordar este problema”, decía, porque “hemos pasado la frontera de poder hablar de cuencas deficitarias y cuencas excedentarias” y lo cierto, añadía, es que “nunca hay recursos suficientes para dar respuestas a las demandas acumuladas”. Eso, apostillaba, “sucede en la totalidad de las cuencas hidrológicas”, generando tensiones e inquietud, y en ocasiones restricciones.

Ha citado los “problemas históricos de sobreexplotación y contaminación” en los acuíferos que, comentaba durante la jornada, “llevaron a poner ojos a las aguas subterráneas para tocar el corazón de la sociedad” y recuperar, en este caso las Tablas de Daimiel.

“La prioridad es incorporar la prevención donde estamos a tiempo y la restauración donde hemos sido sobrepasados por las circunstancias. El compromiso debe ser colectivo, no solo de las administraciones públicas. De eso dependerá la viabilidad del regadío y de la actividad industrial”, para además “preservar el medio ambiente que es patrimonio de todos”.

Una de las cuestiones clave, reconocía, es cómo hacer frente a la adaptación del régimen de concesiones de agua. “Tenemos que empezar a pensar que tenemos una reserva que se parece más a una ficción”, aseguraba, que a la realidad. “Hay que empezar a aplicar el conocimiento de ver qué tenemos y cómo lo repartimos”.

El compromiso con el agua subterránea debe ser colectivo, no solo de las administraciones públicas. De eso dependerá la viabilidad del regadío y de la actividad industrial, y poder preservar el medio ambiente que es patrimonio de todos

Hugo Morán — Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ha mencionado el Plan de Acción de Aguas Subterráneas para todo el país aprobado en octubre 2023, “como estrategia de recuperación. Con una inversión de 500 millones hasta el año 2030, está articulado en tres ejes de intervención.

Por un lado, decía, hay que mejorar el conocimiento y seguimiento de las masas de agua, con medidas de monitorización para detectar las presiones en los acuíferos que afectan a su sostenibilidad. “Probablemente ayude a entender la toma de decisiones”, comentaba.

Después apuesta por la protección y control del recurso, con medidas concretas como “el impulso a la digitalización”, también en el regadío, que, decía, ha de llevar a una mejor supervisión y control del recurso del agua.

En tercer lugar, se ha apostado por el refuerzo de la gobernanza y el marco normativo, fortaleciendo el papel de las comunidades de usuarios.

El éxito en la gestión de las aguas subterráneas que ha calificado como “póliza de seguros” de presente y de futuro, “dependerá del compromiso de los usuarios”. Ha pedido avanzar hacia un modelo en el que el agua sea motor de desarrollo, pero también para la conservación de los ecosistemas. “El equilibrio será imprescindible”.

La Confederación del Guadiana aboga por “extracciones sostenibles”

Mientras, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha abogado por continuar implementando medidas que permitan un uso racional de los recursos hídricos, con especial énfasis en la regulación del riego agrícola para evitar la sobreexplotación de los acuíferos.

Así lo ha señalado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, quien ha destacado que “las extracciones deben adaptarse a la disponibilidad del recurso”, subrayando que el 85% de las masas de agua en la cuenca del Guadiana presentan un “mal estado”, según recoge Europa Press.

Ha insistido en la necesidad de controlar las extracciones para garantizar la sostenibilidad del regadío y la preservación de los ecosistemas asociados, como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera, así como el resto de humedales que componen la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

Por todo ello, ha subrayado la importancia de que se controlen aún más las extracciones de agua. “Si no se controlan, si se abusa de las extracciones, se está poniendo en peligro la propia pervivencia de la agricultura en el territorio y, por supuesto, los ecosistemas asociados”, ha apuntado.

220 hectáreas encharcadas en las Tablas

Por otro lado, Moraleda, a preguntas de los periodistas sobre el estado que atraviesa el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, ha señalado que actualmente no hay aportes superficiales directos, lo que ha obligado a la Confederación a autorizar la reactivación de los pozos de emergencia.

“En diciembre había apenas 20 o 30 hectáreas encharcadas y a primeros de febrero la cifra había ascendido a 220 hectáreas”, ha avanzado, destacando que, aunque sigue siendo una cantidad reducida, representa una mejora con respecto a la situación previa.

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) aprobó el pasado jueves los regímenes de extracciones para 2025 de las nueve masas de agua subterránea declaradas en riesgo en toda la cuenca manteniendo los recortes en vigor en 2024 y que en el caso de la Mancha Occidental I, II y Rus-Valdelobos llegaba al 15%.

En las masas de agua Consuegra-Villacañas y Lillo-Quintanars e mantienen las dotaciones de 2.100 m3/ha para cultivos herbáceos y de 1.400m3/ha para cultivos leñosos y se recomienda a las entidades locales reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10%.

Si según el indicador del Plan Especial de Sequía se revirtiera la situación de alerta a prealerta, se levantarían los ajustes propuestos y se aplicarían las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019, es decir, en el caso de regadío las dotaciones máximas serían de 2.200 m3/ha para cultivos herbáceos y 1.500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor.

En las masas de agua Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos se mantienen las dotaciones de 1.700 m3/ha para cultivos herbáceos y de 1.275 m3/ha para cultivos leñosos, y se recomienda reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 15%.

Si según el indicador del Plan Especial de Sequía se revirtiera la situación de emergencia/alerta a prealerta, se levantarían los ajustes propuestos y se aplicarían las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019, es decir, en el caso de regadío las dotaciones máximas serían de 2.000 m3/ha para cultivos herbáceos y 1.500 m3/ha para cultivos leñosos, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor.

En Campo de Calatrava se mantienen las dotaciones de 1.350 m3/ha para cultivos leñosos y 1.800 m3/ha para cultivos herbáceos. Así mismo se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento, domésticos y los usos industriales y ganaderos en un 10%.

En Campo de Montiel, la CHG, ante la situación de descenso piezométrico y para lograr el objetivo de no afección a las relaciones río-acuífero y a las descargas de manantiales, ha propuesto que el volumen global de extracción autorizado para toda la masa sea de 5,00 hm3 en cómputo anual, con volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 3,00 hm3, que representa un 60% sobre el total anual.

ASAJA ve casi inviable el regadío

Ante estos datos, se ha reunido de urgencia la Sectorial del Agua de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real y ha señalado que a los regantes de las principales masas de agua subterránea del Alto Guadiana les aplicarán de nuevo recortes en sus dotaciones de agua, “dejándoles con unos aportes para sus cultivos que rozan la inviabilidad del regadío”.

Los representantes de ASAJA Ciudad Real han expresado su “absoluto rechazo al recorte en las dotaciones que, un año más, impone el Organismo de Cuenca”; y han decidido diseñar “una hoja de ruta de respuesta, con acciones para las que se convocará a todo el sector”. La estrategia de la organización agraria pretende situar la política hidráulica en el eje de sus reivindicaciones en 2025, demostrar “la incompetencia de la CHG”, y tratar de explicar a toda la sociedad “la importancia de gestionar con profesionalidad, rigor científico y sin tintes políticos un recurso vital para el futuro de los pueblos del Alto Guadiana”.

El secretario general de la organización provincial agraria, Florencio Rodríguez, explica que “son ya muchos años donde los únicos esfuerzos parten de los profesionales del campo; diversificando y sustituyendo sus cultivos, invirtiendo en sistemas de regadío por goteo, cediendo en la reducción de más del 50% del agua asignada a sus derechos, destinando sus recursos a la instalación de contadores conforme a una normativa constantemente cambiante, esperando durante años a la resolución de un expediente que tienen metido en un cajón y que les paraliza su actividad…”

Y todos esos esfuerzos son compensados, según explica Rodríguez, con “una gestión de espaldas a los agricultores, a base de recortes, sanciones, restricciones y sin dar soluciones”. Asegura que “la mala praxis de los últimos años ha llevado a los agricultores a una situación límite porque la CHG se ha convertido en un auténtico obstáculo para el desarrollo de la agricultura y la ganadería”. Por eso, el secretario general entiende que “El Alto Guadiana debe responder a la nefasta política hidrológica de la CHG”.

La Sectorial también ha lamentado que la CHG haya aprobado la ampliación de las exigencias establecidas en los aprovechamientos de la tercera categoría (regantes con un volumen anual máximo autorizado de más de 500.000 metros cúbicos) a las categorías primera y segunda; de tal manera que todos estarán obligados a remitir información al Organismo de cuenca en tiempo real, “endureciendo aún más la nueva normativa de caudalímetros digitales”.

En este punto, han trasladado que “es imposible cumplir si la CHG no hace primero su trabajo y pone al día todos los trámites pendientes”. ASAJA ha insistido en que “no estamos en contra de que haya control, sino de que se aplique solo a unos cuantos, y a otros miles de agricultores el Organismo de cuenca les tengan esperando años en un limbo, sin responderles ni resolver sus expedientes”. La organización provincial agraria es tajante y asegura que “no vamos a permitir esta situación de indefensión para los regantes, ni que intenten dividir y enfrentar al sector”.

Unir a todos los regantes de la región y conseguir que “cada demarcación acceda a las garantías hídricas que merece” son los objetivos que se ha marcado Ruperto Mesas, nuevo presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla la Mancha (FERECAM).

Mesas, que es agricultor de ajo y cebolla y regante en la cuenca del Alto Guadiana, tiene ante sí unos años decisivos para el futuro del regadío en la región, no solo por los desafíos que plantea el momento climatológico por el que atraviesa Castilla-La Mancha sino también por los retos de futuro: las planes hidrológicos para el cuarto ciclo (2028-2033) y el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha en el que el Gobierno regional aspira a que el agua tenga un gran protagonismo.

Dice tener claro que la unión hace la fuerza: “Mi primer objetivo es unir a los regantes de todo el ámbito territorial de la región a través de la federación regional, para tener un criterio claro en términos generales respecto a la defensa de los intereses del agua”, señala.

“Arrastro ya alguna experiencia al frente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, pero afrontar el reto de dirigir esta federación implica el tener conocimiento de todas las distintas problemáticas de cada demarcación dentro de la región”. Hay que recordar que, de las nueve demarcaciones hidrográficas que hay España, siete afectan a Castilla-La Mancha. 

Explica su intención de “trabajar sobre todo atendiendo a las demarcaciones más pequeñas o con menos representatividad dentro de la región, como puede ser la pequeña parte que hay del Duero y del Ebro, junto con la del Guadalquivir, intentar cohesionar y sobre todo contactar con los regantes en esas zonas para que se integren y estén representados también dentro de esta de esta federación”, asegura.

Próximos planes hidrológicos y Estatuto de Autonomía

El siguiente objetivo es precisamente “conseguir a través de los distintos planes hidrológicos que cada demarcación que hay dentro de la región consiga las garantías hídricas que realmente merece”, añade.

La nueva Junta Directiva de FERECAM se enfrentará “a los trabajos de participación pública en la elaboración de los nuevos planes hidrológicos para el cuarto ciclo de planificación, que entraran en vigor a partir del 2027. El principal objetivo es trabajar por defender la figura del regadío y de los usos del agua y la relevancia que tiene dentro de toda la región, sobre todo en su parte socioeconómica”.

En estos trabajos, dice, no se puede ignorar la dimensión que el sector primario tiene en la economía regional. “Por suerte o por desgracia, uno de los motores principales que tiene la región es el sector primario y va vinculado de manera directa al uso del agua porque ya estamos viendo desde hace mucho tiempo cómo la rentabilidad de la agricultura de secano es negativa, prácticamente es inviable en estos momentos”, argumenta.

Ya estamos viendo desde hace mucho tiempo cómo la rentabilidad de la agricultura de secano es negativa, prácticamente es inviable en estos momentos

Además de estos planes hidrológicos, otro de los retos de los regantes será definir las alegaciones que harán a la propuesta para el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, donde al agua será uno de los puntos clave como se ha visto en el texto que PSOE y PP han consensuado y presentado ante las Cortes de Castilla-La Mancha. “Esto es algo que vamos a tratar en cuanto celebremos la primera Junta de Gobierno para la toma de posesión de los cargos”, avanza.

También entre sus primeras demandas está que “se ponga en marcha el Consejo Regional del Agua, esa figura existe de manera legal desde 2009 pero que hasta ahora no se le ha dado actividad por parte de ninguno de los gobiernos autonómicos que han ido pasando durante este tiempo. Esa línea es en la que nosotros queremos trabajar y sobre todo en una línea constructiva, en una línea de aportar ideas y soluciones”, asegura.

Demandas y modernización

Respecto a las demandas de nuevos regadíos en las distintas cuencas, Ruperto Mesas considera que hay que evaluar las posibilidades una a una. “En las masas de agua del Alto Guadiana una previsión de ampliación de regadíos es completamente imposible. Lo que hay que trabajar es por garantizar una cantidad o un volumen de agua que sea viable para los regadíos ya existentes. Y lo mismo en la parte del Júcar y del Segura”.

Sin embargo, añade, es en la cuenca del río Tajo donde cree que “es quizás la parte de la región con menos desarrollo de regadíos en función de sus posibilidades. Aquí habrá que trabajar para ver qué garantías podemos conseguir para las distintas masas de agua del Alto Tajo y hablo de masas de aguas subterráneas”, apunta.

En las masas de agua del Alto Guadiana una previsión de ampliación de regadíos es completamente imposible. Lo que hay que trabajar es por garantizar una cantidad o un volumen de agua que sea viable para los regadíos ya existentes

Sobre planes de modernización de regadíos y la sostenibilidad de estos, el nuevo presidente de los regantes de la región considera que “Castilla la Mancha ha demostrado ser la pionera en eso cada día. Por ejemplo, en la demarcación del Alto Guadiana, con unas restricciones en nuestras dotaciones brutales, hoy día ya casi por el 75% sobre el volumen de agua que tenemos en nuestras concesiones y, sin embargo, estamos llevando a cabo cultivos de regadíos sociales hortícolas en tema de cebolla, ajo, melón. En el Alto Guadiana creo que se demuestra perfectamente la capacidad que hay en cuanto a modernización de regadío y optimización del recurso en la región”, finaliza.

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) del Alto Guadiana --Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos y Sierra de Altomira-- han pedido colaboración al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para acabar con la situación de “colapso administrativo” de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), y han abogado por “un uso correcto y eficiente del agua, condenando cualquier mala práctica”.

En un comunicado, las CUAS responde así al llamamiento de colaboración contra el robo de agua que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lanzó la semana pasada en una visita a Ciudad Real.

Desde estas comunidades señalan que “las CUAS no son las responsables del robo del agua y bastante carga llevamos con defender al regadío legal, con la situación de colapso administrativo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y las escasas inversiones estatales en aguas subterráneas”, lamentando no tener “competencia, autoridad suficiente ni presupuesto para evitar estas malas praxis, competencia de la autoridad hidráulica responsable de ”la falta de regulación y control“.

Añaden que resulta “incomprensible como esta administración reconoce y consiente un delito que, de producirse, atenta contra nuestros propios usuarios”.

A la espera de la reactivación del Plan Especial del Alto Guadiana

Por otra parte, le han recordado a Hugo Morán que hace casi dos años, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), anunció una inversión “en un período de tiempo corto” de 250 millones de euros para reactivar el Plan Especial del Alto Guadiana, “de la que todavía no sabemos nada”.

En ese sentido, inciden en que todas las administraciones, y sus representantes, como el resto de ciudadanos, también deben cumplir sus compromisos.

Por último, reiteran la invitación al secretario de Estado de Medio Ambiente para que visite la zona del Alto Guadiana y conozca a pie de campo la situación real de los usuarios y usuarias de las aguas subterráneas.

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, acompañado por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, han visitado este lunes las obras de mejora de seguridad de la presa de Gasset, así como las actuaciones que está ejecutando este organismo en la cuenca del río Bañuelos.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene actualmente en marcha cuatro actuaciones, concretamente las obras de mejora de la seguridad de la presa de Gasset; la restauración ambiental de los ríos Bañuelos y Becea en el embalse de Gasset, en el término municipal de Fernán Caballero; las actuaciones de restauración fluvial del río Bullaque, desde su nacimiento hasta la desembocadura; y las obras de emergencia de mejora de abastecimiento de los municipios dependientes del embalse de la Cabezuela.

En lo que respecta al proyecto de restauración ambiental de los ríos Bañuelos y Becea, su finalidad es la recuperación de la funcionalidad de dichos ríos y la creación, en el embalse de Gasset, de hábitats de refugio para la fauna y una senda para peatones y acceso para pescadores, llegando a restaurar 14 kilómetros de ambos ríos y contando con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

En relación a los trabajos de restauración fluvial del río Bullaque, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. El subdelegado ha sido informado de las actuaciones que se van a llevar a cabo para recuperar la funcionalidad del rio y de la senda fluvial existente a lo largo de su curso, desde su nacimiento hasta la desembocadura, en los términos municipales de Retuerta del Bullaque, El Robledo, Porzuna, Piedrabuena y Luciana.

Estas dos actuaciones se encuadran en la ejecución de obras específicas de restauración fluvial del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Guadiana, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU.

Además, David Broceño ha podido conocer el estado de las obras de mejora de la seguridad de la presa de Gasset, declaradas de emergencia, que comprenden la ejecución de tres actuaciones: una nueva pantalla de impermeabilización de hormigón de plástico, el reforzado de la coronación de la presa y la mejora del sistema de auscultación de misma, con una inversión de 3,9 millones de euros.

La visita ha continuado en el embalse de Puerto de Vallehermoso para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco de las obras de emergencia de mejora de abastecimiento de los municipios dependientes del embalse de la Cabezuela (Pozo de la Serna, Alcubillas, Villanueva de los Infantes, Almedina, Santa Cruz de los Cáñamos, Puebla del Príncipe, Cózar, Villamanrique, Torrenueva, Castellar de Santiago, Valdepeñas, La Solana, San Carlos del Valle, Alhambra y Carrizosa), lo que supone un total de 61.069 habitantes.

Las actuaciones consisten en la construcción de un nuevo bombeo bidireccional en el Puerto Vallehermoso, ejecución de pozos en el cerro de la Jarosa y la sustitución de la tubería ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) entre Torrenueva y Castellar de Santiago.

Por último, el subdelegado del Gobierno ha destacado “el compromiso y la dedicación del Gobierno de España en la gestión y conservación de los recursos hídricos a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, desempeñando un papel fundamental en la protección y el aprovechamiento sostenible de nuestras cuencas hidrográficas”.

“La labor que se realiza en esta confederación es vital para el desarrollo socioeconómico y refleja el esfuerzo continuo del Gobierno de España para asegurar un futuro hídrico seguro y equilibrado para todos”, ha concluido.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la apertura de información pública del proyecto de terminación de los ramales prioritarios de la zona suroccidental de abastecimiento a la Llanura Manchega (Ciudad Real), conocida popularmente como 'tubería manchega', por la que discurrirá agua procedente de la cabecera del Tajo, en Cuenca y Guadalajara.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 96.320.091,26 euros y el total de conducciones asciende a 60 kilómetros de tuberías con diámetros entre 80 y 1.000 milímetros.

En dicho acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que publica el BOE y recoge Europa Press, se explica que los bienes y derechos afectados por estas obras se incluyen en el documento y ahora los afectados podrán formular por escrito reclamaciones ante el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el plazo de veinte días hábiles.

Los beneficiarios del agua

Este proyecto, según consta en el anuncio, aspira a garantizar el abastecimiento de agua para consumos domésticos, en condiciones adecuadas de “calidad y cantidad” del recurso, a los ocho núcleos de los ramales prioritarios, constituidos por las localidades de Puerto Lápice, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, Las Labores, Villarrubia de los Ojos, Fuente El Fresno, Fernán Caballero y Malagón, con una población actual cercana a los 27.000 habitantes, y que se beneficiarían directamente de las obras propuestas en el presente proyecto.

Complementariamente también forman parte de la actuación las obras necesarias, a realizar en las inmediaciones de la ETAP de Ciudad Real, que han de permitir el suministro directo de agua potable tratada en la ETAP de Saelices a los depósitos de La Atalaya, pertenecientes a la Mancomunidad de Gasset.

Desde estos depósitos se abastece actualmente a una población cercana a 102.000 habitantes pertenecientes a las localidades de: Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, Carrión de Calatrava, Miguelturra, Picón, Poblete y Torralba de Calatrava.

Finalmente, con la construcción del ramal prioritario R-8A objeto del proyecto, se consigue, además de abastecer a las poblaciones de Arenas de San Juan y a Villarta de San Juan, conectar la conducción principal con los ramales definidos en el proyecto de abastecimiento del Campo de Calatrava, ramificándose de esta manera la red, lo que redunda en una mejor explotación del sistema de abastecimiento conjunto.

De igual modo, para garantizar el abastecimiento de agua a los núcleos de población objeto del proyecto, se define también el denominado depósito de Cerro Navajo, cuya función es realmente necesaria dentro del conjunto de la infraestructura hidráulica de suministro de agua potable a las poblaciones de la Llanura Manchega, teniendo en cuenta el importante recorrido que tiene la red de distribución de agua.

Se encontraría situado en el monte conocido como Cerro Navajo, en la Sierra de Herencia, zona intermedia de la conducción principal, entre las localidades de Puerto Lápice y de Herencia.

Su función sería principalmente de regulación y almacenamiento, para lo que cuenta con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 51.600 metros, y permitirá mantener el servicio en caso de que se produzca un corte del agua en la conducción principal --bien producido por una avería, o programado para mantenimiento de las conducciones, habida cuenta además del importante recorrido del agua desde el punto de captación en la ETAP de Saelices hasta los puntos de entrega finales--. También tendrá la misión de mantener la presión en la zona de cola de la red.

Regenerar hídricamente la denominada 'Mancha Húmeda'

El objetivo secundario de esta intervención, mantiene la CHG, pasa por regenerar hídricamente la denominada Mancha Húmeda, en la que las Tablas de Daimiel constituyen el elemento más representativo, y lograr a largo plazo la recuperación de los principales acuíferos.

Este objetivo se logrará al sustituir los recursos subterráneos empleados actualmente en el abastecimiento de poblaciones --de peor calidad, dada su contaminación y empeoramiento creciente-- por recursos procedentes del ATS, ayudando a una explotación racional de los acuíferos al limitar los volúmenes extraídos para los diferentes usos.

Se han definido en el proyecto una serie de conducciones que, bajo el nombre de distintos ramales, conforman un sistema de tuberías que permiten, principalmente, el abastecimiento a las distintas localidades englobadas dentro de los denominados ramales prioritarios. Se trata de Puerto Lápice, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, Las Labores, Villarrubia de los Ojos, Fuente El Fresno, Fernán Caballero y Malagón.

También se han definido las obras que permiten el suministro directo de agua potable tratada en la ETAP de Saelices a los depósitos de La Atalaya, así como el trazado de las conducciones de entrada y salida del depósito de Cerro Navajo hasta su conexión con la conducción principal.

Page celebra el inicio del procedimiento de un proyecto “capital”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la apertura del proceso de información pública y ha dicho que el agua es “un problema para todos no porque no haya, que lo hay, simplemente cómo lo gestionamos”. Ha asegurado que la tubería de la llanura manchega es un proyecto “capital”, tanto para Ciudad Real como para otros 14 municipios, que suman 130.000 habitantes.

“Hoy se da un paso más con la publicación en el BOE, precisamente de uno de los eslabones clave de este proyecto”, ha concluido.