La presencia de narcolanchas frente a las costas de Pulpí ha alterado el ritmo normal de este pequeño municipio situado al noreste de la provincia de Almería. Según denuncia su alcalde, Juan Pedro García (PP), estas embarcaciones están ganando terreno frente a las playas de todo el litoral en los últimos meses y sobre todo en las últimas horas. Debido al mal tiempo, explica el regidor, los presuntos delincuentes están atracando las embarcaciones buscando el abrigo de los acantilados de Pulpí, generando inquietud entre la población local.

Debido a su presente, desde el Consistorio solicitan que se refuerce la seguridad y que se disuada a este tipo de actividades delictivas que soliviantan el ritmo normal de una localidad que apenas supera los 12.000 habitantes. Una localidad que, según su alcalde, también está empezando a sufrir los efectos de las presencias de narcolanchas por la participación de jóvenes del pueblo en las actividades ilícitas de estas embarcaciones.

Para tratar de lograr una respuesta y frenar lo que está ocurriendo, desde el Ayuntamiento de Pulpí se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad, ya que con los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de la zona no hay medios suficientes. Por ello, dado que las narcolanchas son visibles a la vista de todos, se ha producido una reunión entre ambas instituciones.

“El problema es la sensación de impunidad”, explica Juan Pedro García en conversación con este medio. “Los ves allí, tranquilos, con la lancha abrigada en la costa y con personas a bordo, y eso transmite una impotencia y una inseguridad muy preocupantes”. El alcalde explica que su denuncia no pretende cuestionar la labor de los cuerpos policiales, sino advertir de la falta de recursos con los que cuentan. “La Guardia Civil hace lo que puede, pero no tiene medios suficientes para cubrir toda la costa ni para enfrentarse a embarcaciones mucho más potentes”, señala.

Cientos de garrafas de gasolina

Uno de los indicios más visibles de esta actividad es la acumulación de garrafas de combustible en el litoral. Según el regidor, la Policía Local ha llegado a incautar más de 200, aunque insiste en que “en toda la costa hay miles”. “Es la prueba de que el problema está ahí y de que no es algo puntual”, añade. A ello se suma, según denuncia, el riesgo de que estas dinámicas acaben normalizándose entre la población más joven. “Ya tenemos conocimiento de chavales del pueblo a los que se les paga 200 o 250 euros por el petaqueo. Es dinero fácil y muy tentador, y no podemos permitir que esto se incruste en la sociedad, porque cuando entran en ese mundo luego no les dejan salir”.

Desde el ámbito institucional, fuentes cercanas al caso explican que la presencia reciente de estas embarcaciones está condicionada por el temporal marítimo. Según trasladan, las narcolanchas se habrían acercado a la costa buscando refugio por el mal estado de la mar, lo que desaconseja intervenciones directas con medios marítimos o aéreos por motivos de seguridad. Estas fuentes subrayan que la Guardia Civil tenía localizadas las embarcaciones y realizaba labores de seguimiento, aunque ese control no siempre sea visible desde tierra.

Las mismas fuentes apuntan además a que, en este momento, las embarcaciones detectadas en el litoral almeriense estarían vinculadas principalmente al tráfico irregular de personas en la conocida como ruta argelina, más que al tráfico de hachís u otras drogas, al menos en este episodio concreto. En cuanto al petaqueo, recuerdan que no constituye delito por sí mismo si no puede acreditarse su relación directa con narcotráfico o trata, una limitación legal que dificulta las actuaciones policiales, aunque se esté estudiando una posible modificación del Código Penal.

Un problema “que va a más”

Una visión muy distinta es la que mantiene la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que alerta de un agravamiento sostenido del problema en la costa almeriense. La organización sitúa el foco en el Levante de la provincia y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde la presencia de narcolanchas es, según denuncia, cada vez más visible. “Cada año se hacen más fuertes y vienen más”, advierte su portavoz en Almería, Víctor Vega, que habla abiertamente de una “pérdida total del principio de autoridad”.

Desde la AUGC sostienen que las embarcaciones se desplazan a lo largo del litoral en función de la presión policial. “Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando”, resume Vega, que explica que la interceptación sólo suele producirse cuando las lanchas sufren averías o problemas de combustible. “En el resto de situaciones es casi imposible”, añade, al tiempo que critica que “las penas son irrisorias” y que los agentes trabajan “sin medios ni reconocimiento”.

La asociación rechaza los mensajes oficiales que hablan de avances frente a las mafias y asegura que la realidad es la contraria. “Se ha perdido el control de nuestras aguas territoriales”, afirma Vega, que llega a concluir que “hoy en día, los dueños y señores de estas aguas son las mafias del narcotráfico”. Un diagnóstico que contrasta con la prudencia institucional, pero que coincide con la alarma expresada desde municipios como Pulpí, donde la presencia de estas embarcaciones ya forma parte del paisaje cotidiano.

La anticipada rave de fin de año ha dado finalmente comienzo este miércoles en el entorno del embalse de El Cenajo, en Albacete tras horas de incertidumbre y tras una peregrinación desde miles de vehículos que primero pararon en la pedanía de Cordovilla, que pertenece al municipio de Tobarra y hasta el propio pantano atravesando el municipio de Férez.

Pasada la una de la madrugada del martes 30 al miércoles 31 de diciembre los vehículos atravesaron la pequeña población albaceteña de Férez, que cuenta con apenas 620 habitales para dirigirse hasta el embalse a unos cuatro kilómetros para celebrar una macrofiesta.

El instituto armado confirmó por la mañana que hasta en dos ocasiones había frenado la rave. Primero en la pedanía de Cordovilla, donde sobre las 23.00 horas del martes comenzaron a llegar vehículos de la caravana, aparentemente con la intención de instalar la fiesta en la zona. Se habló de 500 vehículos, despues de 1.000 y fueron llegando más de forma progresiva.

Tras su paso por Cordovilla se dirigieron hacia Férez donde finalmente el miércoles por la tarde se instalaron y comenzó la fiesta, según ha confirmado el alcalde Francisco Javier Jaime Espinosa en declaraciones a elDiario.es Castila-La Mancha. “Ayer alucinamos en el pueblo y hoy todavía más. Hay unos 10.000 vehículos” en este primer día de 2026 que se han instalado “en el propio vaso del embalse”, relata, ahora muy vacío en esta época del año. Una cifra que contrasta con las imágenes aéreas tomadas por @industrialdron_24, cedidas a este medio, que han sido publicadas en Instagram y que muestran una amplia, pero menor afluencia.

“El ambiente es normal. Es una fiesta ilegal que todo está tranquilo”, comentaba el edil que supo de la caravana de vehículos cuando los vecinos y vecinas, sorprendidos ayer avisaron. “Todo estaba muy organizado, era impresionante”, comenta sobre la caravana de vehículos que colapsaron las carreteras a su llegada. Fue necesario cortar el puente en la carretera de Híjar - está abierto solo a vecinos y vecinas- y todavía hoy hay muchos vehículos aparcados en los arcenes, algunos incluso con los neumáticos pinchados, por lo que el alcalde ha pedido “precaución” a la hora de circular por el lugar.

El alcalde ha comentado que no sabía “nada” sobre la llegada de miles de personas. “Algunos vecinos se han acercado hasta la fiesta para hacer fotos. Se oye hablar sobre todo en francés, pero sabemos que hay gente de Portugal, de Suiza, de Bélgica y de todo tipo de lugares que uno pueda imaginar”.

“No nos quejamos. Desde el pueblo escuchamos la música, la gente que ha bajado dice que hay seis o siete escenarios pero ellos vienen a lo que vienen, de fiesta y no se meten con nadie, ni molestan. El ambiente es bueno y hay tranquilidad”.

Algunos de los participantes en la rave se han acercado hasta los bares y las tiendas del pueblo y el alcalde explica que estarán pendientes de cómo se van desarrollando los acontecimientos en los próximos días.

El sindicato de la Guardia Civil AUGC ha denunciado en las redes sociales “falta de previsión” o que hay agentes que han resultado “heridos”, además de reportar destrozos en algún vehículo. No hay información oficial al respecto, más allá de lo que circula a través de las redes sociales.

El alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, había señalado por la mañana que no se había producido “problemas de verdad con nadie”, en declaraciones a Europa Press, descartando tensiones en el municipio con el operativo de la Guardia Civil, aunque hoy reconoce que sí que hubo algún incidente en Cordovilla.

En su opinión, los participantes no tenían el objetivo de celebrar la fiesta en las inmediaciones de Tobarra. “Creo que o fue una parada para descansar en su ruta o para despistar a la Guardia Civil”.

En un mensaje publicado después a través de su perfil en la red social Facebook ayer pidió “tranquilidad” a los vecinos y vecinas.

No es la primera vez que se organiza una fiesta de estas características con motivo de fin de año en esta comunidad autónoma. El pasado año, centenares de vehículos se dieron cita en el entorno del aeropuerto de Ciudad Real, prolongándose hasta el seis de enero, con la participación, según fuentes de la subdelegación de Gobierno, de más de 1.500 personas.

En anteriores ocasiones, los colectivos organizadores, principalmente provenientes de Bélgica, Francia y Reino Unido, habrían escogido ubicaciones como la provincia de Granada o la Región de Murcia.

Colectivos ambientalistas advierten: el lugar es una zona protegida

En paralelo, la Protectora de Animales y Plantas de las Sierras del Segura y Alcaraz, APAP Tierra, junto a la Asociación de Profesionales del Trabajo Social Tejiendo Redes TS, han puesto en marcha un protocolo de prevención e información ante la rave no comunicada de Férez, elaborando y difundiendo material informativo dirigido tanto a la población local como a las personas asistentes.

“Disfrutad de la música y las estrellas con respeto por este territorio y su memoria”, recoge el mensaje central del material difundido, según las informaciones recabadas por Europa Press de las redes sociales de estos colectivos.

Los folletos, redactados en castellano, francés e inglés, se están repartiendo en las inmediaciones del área afectada y contienen información clave sobre el territorio, advertencias de seguridad, teléfonos de emergencia y una llamada expresa a no bloquear las vías de acceso fundamentales para la comarca.

Uno de los mensajes más claros del protocolo es la petición expresa de mantener libre la carretera N-330 (Hellín-Puente de Híjar), considerada eje vital para el acceso al hospital de Hellín y a servicios sanitarios de urgencia para municipios como Férez, Socovos, Letur o Elche de la Sierra.

El material recuerda que se trata de zonas muy aisladas, con una población envejecida que necesita garantizar la movilidad sanitaria en todo momento, especialmente en una jornada como la Nochevieja.

Los folletos también incluyen advertencias claras sobre el embalse del Cenajo, recordando que no es zona de baño, que se trata de una zona de pesca y que bajo el agua existen ruinas de la antigua aldea de La Alcantarilla de Jover, además de numerosos anzuelos, lo que convierte el baño en una práctica peligrosa.

Se subraya igualmente el valor ambiental del territorio, integrado en la cuenca del Segura, con un alto valor ecológico y especies protegidas, solicitando expresamente que no se realicen vertidos, que se recojan los residuos y que se extreme el cuidado con el fuego.

“Este territorio ha dado mucho y alberga un patrimonio natural único que debe ser respetado”, señalan los colectivos.

Lejos de un tono confrontativo, el protocolo combina advertencias con un mensaje de acogida responsable, ofreciendo información sobre servicios, alojamientos, comercios y bares del municipio, así como teléfonos de emergencia y ayuntamientos de la zona.

El material finaliza con un deseo de feliz Año Nuevo 2026, apelando al respeto mutuo entre visitantes y vecinos y a la convivencia responsable en un entorno rural frágil.

En un contexto marcado por la falta de información oficial clara, la desorientación vecinal y la tensión generada por los cortes de tráfico y el despliegue policial, esta iniciativa destaca como una respuesta cívica nacida desde el propio territorio, tratando de minimizar riesgos, proteger a la población local y preservar el entorno natural ante una situación sobrevenida.

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) a Balears ha acusat els responsables del Centre Coordinador de Salvament Marítim de sotmetre els migrants que arriben en pastera a les costes de l'arxipèlag a “esperes inhumanes” abans de ser rescatats.

En un comunicat, l'associació professional també ha carregat contra el “doble raser” amb què actua Salvament Marítim, ja que “incompleix sistemàticament” el seu compromís d'actuar immediatament quan la trucada d'emergència la fan migrants però no quan hi ha altres persones afectades.

“S'està aplicant un criteri desigual i potencialment discriminatori, que en molts casos s'acosta al racisme, en funció de l'origen o la condició de qui demana ajuda. No es pot tolerar que es doni prioritat a turistes sobre éssers humans en perill simplement per la seva nacionalitat o aparença”, han sostingut els guàrdies civils.

L'AUGC n'ha posat com a exemple una situació ocorreguda aquest mateix dilluns, quan cap a les 16.30 hores una pastera amb 14 migrants va tocar terra a Cabrera. Tot i haver-se confirmat la seva arribada mitjançant el sistema SIVE i diverses trucades al 112 realitzades pels mateixos migrants, Salvament Marítim no va acudir fins a les 23.30 hores, més de set hores després.

Des de Salvament Marítim, no obstant això, defensen que no els correspon el trasllat de persones de terra a terra, com seria el cas denunciat per la AUGC, i que aquell es va dur a terme “quan es va comptar amb disponibilitat operativa”, tal com recull Diario de Mallorca. “Salvament Marítim no estableix cap mena de distinció en el desenvolupament de les seves operacions de rescat, que constituiria un incompliment del deure de socors”, abunden.

Amb tot, l'associació de guàrdies civils critiquen que durant el temps d'espera els migrants van quedar desatesos “en condicions extremes de cansament, set, gana i desesperació”. Dos van arribar a vomitar ia requerir atenció sanitària, i altres van protagonitzar enfrontaments per la tensió acumulada.

Quan finalment va arribar Salvament Marítim, ha prosseguit l'AUGC, van arribar tres pasteres més i, amb només dos agents en servei i una embarcació, van haver d'anar immediatament a interceptar-les, deixant un sol guàrdia civil i tres militars custodiant els 14 migrants que ja estaven a terra fins a les 03.00 hores.

Aquesta situació d'“abandonament i risc”, han alertat els agents, “no és puntual sinó habitual i afecta tant els migrants com els mateixos agents, que es veuen exposats a jornades inhumanes de més de 24 hores sense el suport necessari”.

Mentrestant, sempre segons la seva versió, a Formentera aquell dia hi havia tres mitjans marítims “infrautilitzats” malgrat que Cabrera és el principal lloc d'arribada d'embarcacions de migrants.

Aquesta situació, han contraposat, contrasta amb la que va tenir lloc la setmana passada quan una trucada d'un veler fondejat a Cabrera va motivar la “intervenció ràpida” de l'helicòpter de Salvament Marítim sense que ni tan sols s'informés els agents que hi ha desplegats a la zona.

“No obstant, quan els que truquen són immigrants, molts d'ells en situació desesperada, s'exigeix a la Guàrdia Civil que confirmi presencialment l'emergència abans de mobilitzar recursos. Aquesta pràctica, a més de suposar una perillosa pèrdua de temps, incorre en allò que es podria qualificar de denegació d'auxili”, ha considerat l'AUGC.

Els guàrdies civils han descarregat de culpa els tripulants de les Salvamar i Guardamar, que “compleixen amb la seva tasca amb responsabilitat i eficàcia” i acudeixen a les emergències quan són activats, i han assenyalat les decisions que es prenen des del Centre Coordinador de Salvament Marítim.

A ells han acusat de “demorar o directament negar” l'activació d'efectius de rescat malgrat contra amb trucades d'emergència al 112 i dades confirmades pel sistema SIVE, “sotmetent els immigrants a esperes inhumanes i els agents a situacions de risc inacceptables”.

“Què passaria si cada vegada que es truca a una ambulància, si el que truca és immigrant, en comptes d'enviar-se directament s'enviés primer a verificar la Guàrdia Civil? L'escàndol seria majúscul. Es parlaria sense dubtar-ho de racisme institucional”, han sostingut des de l'associació professional.

Per tot això han exigit el compliment del compromís assumit per Salvament Marítim d'intervenir davant de qualsevol trucada del 112 “sense excepcions ni demores”, la dotació de mitjans humans i materials suficients per al control i rescat de pasteres a Balears i la posada en marxa d'un protocol únic i equitatiu d'actuació “que no discrimini els que demanen ajuda segons la seva ajuda”.

També que s'assumeixin responsabilitat polítiques i operatives per part dels qui, “per acció o omissió estan comprometent la vida de persones i exposant els agents a situacions d'alt risc”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Balears ha acusado a los responsables del Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de someter a los migrantes que llegan en patera a las costas del archipiélago a “esperas inhumanas” antes de ser rescatados.

En un comunicado, la asociación profesional también ha cargado contra el “doble rasero” con el que actúa Salvamento Marítimo, dado que “incumple sistemáticamente” su compromiso de actuar inmediatamente cuando la llamada de emergencia la realizan migrantes pero no cuando hay otras personas afectadas.

“Se está aplicando un criterio desigual y potencialmente discriminatorio, que en muchos casos roza el racismo, en función del origen o la condición de quien pide ayuda. No se puede tolerar que se dé prioridad a turistas sobre seres humanos en peligro simplemente por su nacionalidad o apariencia”, han sostenido los guardias civiles.

La AUGC ha puesto como ejemplo de ello una situación ocurrida este mismo lunes, cuando sobre las 16.30 horas una patera con 14 migrantes tocó tierra en Cabrera. A pesar de haberse confirmado su llegada mediante el sistema SIVE y varias llamadas al 112 realizadas por los propios migrantes, Salvamento Marítimo no acudió hasta las 23.30 horas, más de siete horas después.

Desde Salvamento Marítimo, sin embargo, defienden que no les corresponde el traslado de personas de tierra a tierra, como sería el caso denunciado por la AUGC, y que aquél se llevó a cabo “en cuanto se contó con disponibilidad operativa”, tal como recoge Diario de Mallorca. “Salvamento Marítimo no establece ningún tipo de distinción en el desarrollo de sus operaciones de rescate, que constituiría un incumplimiento del deber de socorro”, abundan.

Con todo, la asociación de guardias civiles critican que durante el tiempo de espera los migrantes quedaron desatendidos “en condiciones extremas de cansancio, sed, hambre y desesperación”. Dos de ellos llegaron a vomitar y a requerir atención sanitaria, y otros protagonizaron enfrentamientos por la tensión acumulada.

Cuando finalmente llegó Salvamento Marítimo, ha proseguido la AUGC, llegaron tres pateras más y, con solo dos agentes en servicio y una embarcación, tuvieron que acudir de inmediato a interceptarlas, dejando a un solo guardia civil y a tres militares custodiando a los 14 migrantes que ya estaban en tierra hasta las 03.00 horas, cuando regresaron.

Esta situación de “abandono y riesgo”, han alertado los agentes, “no es puntual sino habitual y afecta tanto a los migrantes como a los propios agentes, que se ven expuestos a jornadas inhumanas de más de 24 horas sin el respaldo necesario”.

Mientras tanto, siempre según su versión, en Formentera había ese día tres medios marítimos “infrautilizados” pese a que Cabrera es el principal lugar de llegada de embarcaciones de migrantes.

Esta situación, han contrapuesto, contrasta con la sucedida la semana pasada cuando una llamada de un velero fondeado en Cabrera motivó la “intervención rápida” del helicóptero de Salvamento Marítimo sin que ni siquiera se informara a los agentes que hay desplegados en la zona.

“Sin embargo, cuando los que llaman son inmigrantes, muchos de ellos en situación desesperada, se exige a la Guardia Civil que confirme presencialmente la emergencia antes de movilizar recursos. Esta práctica, además de suponer una peligrosa pérdida de tiempo, incurre en lo que podría calificarse de denegación de auxilio”, ha considerado la AUGC.

Los guardias civiles han descargado de culpa a los tripulantes de las Salvamar y Guardamar, quienes “cumplen con su labor con responsabilidad y eficacia” y acuden a las emergencias cuando son activados, y han señalado a las decisiones que se toman desde el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo.

A ellos han acusado de “demorar o directamente negar” la activación de efectivos de rescate pese a contra con llamadas de emergencia al 112 y datos confirmados por el sistema SIVE, “sometiendo a los inmigrantes a esperas inhumanas y a los agentes a situaciones de riesgo inaceptables”.

“¿Qué pasaría si cada vez que se llama a una ambulancia, si el que llama es inmigrante, en vez de enviarse directamente se enviara primero a verificar a la Guardia Civil? El escándalo sería mayúsculo. Se hablaría sin dudarlo de racismo institucional”, han sostenido desde la asociación profesional.

Por todo ello han exigido el cumplimiento del compromiso asumido por Salvamento Marítimo de intervenir ante cualquier llamada del 112 “sin excepciones ni demoras”, la dotación de medios humanos y materiales suficientes para el control y rescate de pateras en Balears y la puesta en marcha de un protocolo único y equitativo de actuación “que no discrimine a quienes piden ayuda según su nacionalidad o situación administrativa”.

También que se asuman responsabilidad políticas y operativas por parte de quienes, “por acción u omisión están comprometiendo la vida de personas y exponiendo a los agentes a situaciones de alto riesgo”.

esponsables del organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, mantienen que no les corresponde el traslado de personas de tierra a tierra, como sería el caso de los catorce migrantes que llegaron a Cabrera el 18 de agosto, y que según la asociación de guardias civiles tuvieron que esperar siete horas a ser evacuados. Su traslado a Palma, dicen desde Salvamento, se hizo “en cuanto se contó con disponibilidad operativa”. Respecto a las acusaciones de aplicar un doble rasero y priorizar la asistencia a turistas, el organismo lo desmiente: “Salvamento Marítimo no establece ningún tipo de distinción en el desarrollo de sus operaciones de rescate, que constituiría un incumplimiento del deber de socorro”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) prepara un recurso de alzada contra la resolución administrativa a través de la cual se ordena el desalojo del cuartel de la Guardia Civil en Toledo, en el que viven unas 400 personas en 160 viviendas. Así lo ha confirmado Daniel Timón, secretario jurídico y portavoz de la AUGC en Toledo, quien señala que se pondrá a disposición de “todos los compañeros” que quieran tramitarlo. Timón explica que esto es una opción que propone la misma resolución enviada al instituto armado, que señala que hay un mes de plazo a partir de la comunicación, que llegó esta semana.

La Guardia Civil informó del desalojo el pasado 22 de enero, a través de un comunicado en el que se daba cuenta que el edificio en el que se encuentra actualmente el cuartel toledano no “cumple con los requisitos necesarios de prestación de servicio”, y que se procederá a su demolición y a la construcción de nuevas infraestructuras. Los informes técnicos, según se explicaba, han aconsejado proceder al desalojo de las viviendas y otras instalaciones dentro del cuartel. La duración de las obras será, al menos, de 24 meses.

Nos preguntamos dónde está este informe técnico que dice que hay que salir corriendo, porque no lo tiene ni el coronel ni el general

Daniel Timón — Portavoz de AUGC

Timón, de la AUGC, resalta que este colectivo no ha tenido acceso a los informes técnicos a los que alude el comunicado. Así se confirmó en una reunión que mantuvo la asociación con varios agentes afectados por la situación. “Nos preguntamos dónde está este informe técnico que dice que hay que salir corriendo, porque no lo tiene ni el coronel ni el general”, asevera el agente. “Saben lo mismo que ha dicho la dirección a todo el mundo, que hay que irse porque hay un informe técnico, pero este no aparece. O no lo tienen o no lo hay”, resume.

Este medio se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para preguntar si, efectivamente, el informe técnico no se ha puesto a disposición de las personas responsables del cuerpo en Toledo, sin obtener respuesta, de momento.

La situación de los agentes que viven en el cuartel es grave, porque no hay alternativas habitacionales a la que tienen en el lugar donde solo pagan suministros como el agua, luz, etcétera. Hay administraciones, como el Ayuntamiento de Toledo, que han reconocido que las opciones de alojamiento son escasa. Carlos Velázquez, el alcalde toledano, explicó que hay incluso lista de espera en varios barrios de la capital.

Son unas 46 familias las que han planteado necesitar ayuda para buscar un alojamiento alternativo, de las 75 que viven actualmente en el cuartel, según ha informado el propio cuerpo. Así lo ha recopilado la Oficina de Apoyo al Afectado por el Desalojo que se puso en marcha de “manera inmediata” para atender a las personas afectadas.

Por otro lado, se ha ofrecido viviendas a través de agencias inmobiliarias. “Viviendas entre 600 euros mínimo, con una habitación, o 1.000 euros para tres habitaciones”, recalca Daniel Timón. “El problema es que en quince días hay que recogerlo todo, buscar dónde encontrar una vivienda”, destaca.

A los agentes se les ha ofrecido la posibilidad de acceder a pabellones en distintos puntos de la provincia de Toledo, que incluso llegan a estar a “160 kilómetros” de distancia de la capital, lamenta Timón. Sin embargo, el portavoz de la AUGC explica que son “precarios” y que quince días no son suficientes para garantizar su habitabilidad.

Por eso, lamentan que “nadie esté por la labor” de ofrecer una moratoria para poder realizar el desalojo de una manera menos apresurada. Y es por ello que plantean también el recurso, para poder ofrecer más tiempo a los agentes.

“Hay mucha ansiedad”

Timón resume la situación de las familias en un cuartel en una frase: “Hay mucha ansiedad”. Explica que tras la reunión celebrada este martes, hubo “quien se fue a su casa medio llorando”. “Me preguntan, Daniel, ¿qué hacemos? Hay mucha angustia, y también gente más entera, pero bastante con mucha angustia. Y es que no saben por qué de un día a otro se encuentran en la calle. Sobre todo los que tienen un hijo en edad escolar, porque no saben qué van a hacer con sus hijos”, relata el agente.

Por eso, desde la asociación trabajan para “minimizar” el impacto que puede tener en la vida personal y familiar del personal del cuerpo. “Realmente nadie ha dado una solución”, explica en relación a las administraciones. De hecho, señala que “lo único” que sí se ha confirmado es que la Guardia Civil ha contratado una empresa de mudanza para ayudar a las familias a realizar su cambio de casa.

Finalmente, explica que el plazo de los dos años es algo relativo, porque el derribo no se puede hacer con tanta premura al estar en un casco urbano rodeado de viviendas civiles. “No se puede poner un cartucho de dinamita y tirarlo abajo”, reflexiona. “Realmente no sabemos cuánto se puede tardar en levantar un edificio desde los cimientos. ¿Dos años?”, cuestiona. De todos modos, asevera que la situación no afecta a la seguridad de la población en la provincia de Toledo. “La mayoría de las personas son profesionales veteranos con 20 o 30 años de servicio. Son profesionales y van a hacer su trabajo”, zanja el agente.

El fin de la polémica por la ubicación del cuartel

El debate por la ubicación de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la capital autonómica se extendió durante años, y se barajaron diversas posibilidades, desde el recinto ferial de la Peraleda hasta el barrio del Polígono. Con el anuncio del desalojo se puso punto final a esta polémica, en la que se encontraron en reiteradas ocasiones la delegada del Gobierno de España, Milagros Tolón, también exalcaldesa de la ciudad, con el actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Desde el equipo de Gobierno de Velázquez han culpado directamente a Tolón de la “paralización” del cuartel, afirmando que se han “incumplido acuerdos durante años” y se ha “mentido sobre las diferentes ubicaciones para su construcción”. La polémica quedó zanjada dando lugar a un nuevo problema: dónde ubicar a tantas familias en apenas quince días.

Nada que comentar. Es la posición que mantiene el Ministerio de Defensa diez días después de que una filtración masiva expusiera la identidad de al menos 160.000 guardias civiles y militares con información proveniente, supuestamente, de bases de datos robadas a uno de sus proveedores.

El departamento que dirige Margarita Robles se ha negado a dar más detalles sobre la brecha. Tampoco ha dado orden de que se ponga sobre aviso a los afectados pese a que, según ha podido saber elDiario.es, los investigadores ya han podido confirmar que la información expuesta corresponde efectivamente a militares y guardias civiles españoles.

Como adelantó este medio, la filtración tuvo su origen en un foro de ciberdelincuentes, donde actores no identificados pusieron a la venta tres bases de datos con información relativa a la identidad de 160.000 guardias civiles y militares. Según sus aseveraciones, dos de ellas contenían los nombres y correos electrónicos de miembros de la Guardia Civil y la otra, de personal de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.

Pese a no contener datos sensibles como contraseñas o credenciales, este tipo de filtraciones expone a los afectados y sus familias a riesgos de seguridad. Los ciberdelincuentes pueden utilizar estos datos para realizar ataques de phishing personalizados, suplantar identidades, identificar a personal en misiones sensibles, elaborar perfiles para chantaje o extorsión, y potencialmente comprometer sistemas de comunicación e información oficial.

Fuentes oficiales del Ministerio del Interior, responsable político de la Guardia Civil, también evitan dar más datos sobre el incidente. Transmiten que “se está investigando” y que “los datos no suponen un riesgo para la seguridad”.

Auditoría interna

Esta situación y la falta de cualquier tipo de comunicación oficial ha provocado las quejas de guardias civiles y personal militar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles y Jucil han pedido a la Dirección General del cuerpo que realice “la notificación inmediata y transparente a los afectados, garantizando su derecho a conocer qué datos han sido comprometidos y las posibles consecuencias del incidente”.

Desde Jucil han exigido también una auditoría interna para esclarecer lo sucedido. “Este ataque no solo vulnera la seguridad de nuestros agentes, sino que también pone en peligro la confianza en los sistemas de protección de datos del cuerpo. Es imperativo actuar con diligencia para evitar que este tipo de incidentes se repitan”, dice Ernesto Vilariño, secretario general de esta asociación, la única figura disponible para que guardias civiles y militares defiendan sus derechos colectivamente, ya que tienen prohibido sindicarse.

“Se debe informar en todo momento a los afectados de cualquier problema o situación que les pueda afectar”, recalca Pedro Carmona, portavoz de AUGC. “Esperamos que se realicen las investigaciones oportunas para que se detenga a los autores”, añade.

La misma reivindicación llega desde el personal de las Fuerzas Armadas. “Siempre es preocupante que se filtren datos de los españoles, sean militares o civiles. Pero nosotros somos un colectivo con más riesgos, por lo que lo alarmante es que se filtre toda esa información con esta facilidad, por el ciberataque a un tercero”, recalca Iván Alcántara, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles.

El tercero al que se refiere Alcántara es el proveedor del Ministerio de Defensa del que se sospecha que vienen las bases de datos robadas. Aunque no ha habido una confirmación oficial, las características de la información filtrada hicieron que desde el principio los investigadores sospecharan que los datos no venían de un ciberataque contra los sistemas oficiales sino contra los de alguna organización no adscrita directamente a Defensa.

La principal línea de investigación es la que vincula la brecha a Medios de Prevención Externos Sur SL (Grupo MPE). Esta empresa, responsable de hacer los reconocimientos médicos a militares y guardias civiles, reconoció en abril haber sufrido un ciberataque en marzo. En él los ciberdelincuentes accedieron a una cantidad de información similar a la ahora filtrada. Las bases de datos puestas a la venta corresponderían a las robadas hace meses al Grupo MPE.

No obstante, este extremo no ha sido confirmado oficialmente y hay elementos que no concuerdan. Según el comunicado del Grupo MPE, los datos robados en el ciberataque a sus sistemas incluían nombres y correos electrónicos, pero también sus móviles, las fechas de nacimiento, el sexo, los puestos de trabajo y los resultados médicos del personal afectado. Mucho más que la información puesta a la venta ahora.

Esta discrepancia podría deberse a que el origen de la filtración es diferente o a que los ciberdelincuentes no lograron hacerse realmente con tanta información del Grupo MPE en el ciberataque de marzo. También a que los autores han fragmentado los datos, pero esto no es algo habitual en este tipo de robos de información, explican a este medio fuentes con conocimiento del caso.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado las “temperaturas extremas” que sufren los agentes del instituto armado en la “casi totalidad” de los acuartelamientos de la Comandancia de Alicante. “Lamentamos la falta de sensibilidad por parte de la cadena de mando de la Comandancia, que al parecer hacen oídos sordos a las necesidades de los agentes para desarrollar un servicio de seguridad pública con garantías”, indica la asociación en un comunicado.

La situación afecta también a los ciudadanos que acuden a las dependencias de la Guardia Civil. Se trata de los acuartelamientos de Villena, Altea, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Onil, Ibi o San Vicente del Raspeig, espacios en los que o no hay o no funciona correctamente el sistema de aire acondicionado de determinadas estancias. La AUGC denuncia que se trata de una “circunstancia lamentable y muy común en casi la totalidad de los acuartelamientos de la Comandancia de Alicante como igualmente ocurre en los propios vestuarios”.

La oficina en la que se realizan las tareas de seguimientos de los casos de víctimas de violencia de género (Viogen) en el Puesto Principal de Calp, sin ventanas ni ventilación natural, carece de aire acondicionado.

La falta de aire acondicionado afecta a los agentes que prestan su servicio en el Seprona de Guardamar del Segura, con un sistema averiado desde hace semanas, o en el Subsector y oficina de Atestados del Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Alicante.

“Como se puede apreciar con todas estas incidencias, no se trata de casos aislados y denota una falta de previsión y una mala gestión de los recursos, provocando una vergonzosa situación por la que los propios agentes que prestan servicio se ven obligados incluso a llevarse de sus domicilios ventiladores que les ayuden a soportar las altas temperaturas alcanzadas estos días en sus puestos de trabajo”, critica la AUGC.

Dos decenas de guardias civiles y policías nacionales han participado en la convocatoria a nivel nacional de la Plataforma por una Jubilación Digna y Equiparación Salarial, en la que han reclamado dejar de ser tratados como si fueran de “segunda categoría”. Así lo explicaba el secretario general de Toledo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Pablo Herrera. “Lamentablemente, el Gobierno nos trata así”, señalaba en declaraciones a elDiarioclm.es. La plataforma está integrada por asociaciones de guardias civiles y sindicatos de la Policía Nacional.

“No somos reconocidos como profesión de riesgo, a diferencia de policías locales y autonómicas”, señalaba Herrera, que explicaba que la Ertzainza se reconoció como tal en 2009, los cuerpos de Policía Local, en 2019 y la Policía Foral de Navarra y los Mossos de Escuadra, en 2021. “No nos dan explicaciones al respecto, pero es algo obvio que debe ser reconocido”, señalaba. “Mismo trabajo, mismos derechos, mismos sueldos... Pero no es así. Es una balanza que se cae del lado de las policías locales y autonómicas”, describía.

Durante la concentración, a la que acudieron numerosos representantes del Partido Popular, entre ellos el diputado Agustín Conde y el senador Vicente Tirado, así como diputados regionales, se leyó el manifiesto común “por los derechos de los policías nacionales y guardias civiles”. Se ha guardado igualmente un minuto de silencio por la muerte de dos guardias civiles que fueron embestidos por una narcolancha en Barbate.

La plataforma afirma representar a 150.000 agentes, a quienes se les ha denegado “de forma reiterada” la justicia e igualdad, y les ha convertido en “los parias de la seguridad pública”. “Somos los dos únicos cuerpos de todo el Estado que no estamos reconocidos como profesión de riesgo, una injusta desigualdad que nos sitúa a la cola de la jubilación digna”, señalan en el manifiesto. “Estamos cansados de ser maltratados por un ministro del Interior que, en lugar de cuidar a los cuerpos de los que es responsable, nos abandona también en un momento de la vida de una persona tan crucial, como es el de la jubilación”, señalan.

De este modo, lamentan que no pueden acceder a la jubilación anticipada, como sí puede el “resto de cuerpos policiales”, ni tampoco reincorporarse al servicio para “paliar las graves pérdidas que sufren nuestras familias cuando estamos en ese limbo que es la segunda actividad o la reserva”. Por eso, piden el apoyo de la ciudadanía. “Creemos que el principio de igualdad debe llegar de una vez a los policías y guardias civiles”.

“No queremos ningún privilegio, no queremos más de lo que ya disfrutan el resto de policías autonómicas y municipales”, afirmaban para concluir que “la seguridad pública no es una cuestión de color político, sino de defensa de toda la sociedad”.

Los agentes que prestan servicio en horario nocturno en el edificio de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha “sufren prácticamente a diario unas temperaturas superiores a 30ºC”, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuando el límite legalmente establecido está en los 27ºC.

Explican que se debe a que durante casi todo el día, el sol da sobre la fachada y se generan unas temperaturas tan elevadas que dificultan el trabajo incluso por la noche. En ese momento el sistema de sistema de climatización central del que dispone la Delegación del Gobierno “siempre permanece apagado entre las 23 y las 7 horas. Sea verano o invierno”. Es algo que se repite en invierno con “apagones” en el sistema en la misma franja horaria.

Los guardias civiles destinados en el edificio y que trabajan en horario nocturno “sobrellevan” los meses más fríos con mantas y aparatos que llevan de sus propias casas, explica la asociación, pero el “problema surge en los meses estivales, cuando las elevadas temperaturas pueden ocasionar golpes de calor o estrés térmico”. Al parecer, dice la AUGC, este modo de proceder se debe, supuestamente, a las quejas de los vecinos por el ruido que emite el sistema de climatización cuando está en funcionamiento.

La Delegación de Toledo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha enviado un escrito y un informe a la Oficina de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno de España en esta comunidad autónoma para que no se desactive por la noche el aire acondicionado ni la calefacción en invierno.

De no ser posible, añaden, “hemos pedido que den las instrucciones pertinentes para la instalación de un aparato individual o portátil de aire acondicionado con bomba de calor”. Recuerdan que la Delegación del Gobierno “tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores” y eso incluye propiciar una temperatura adecuada conforme a la normativa vigente en materia de riesgos laborales. “Al superar los 27ºC estipulados por Ley, puede provocar una clara situación de estrés térmico”.

También aseguran que al carecer de equipos de climatización no se garantiza ni el nivel de humedad que se debe de mantener ni tampoco la renovación del aire, aspectos ambos delimitados por el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, y por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que establece en su anexo III las condiciones ambientales de los lugares de trabajo.

En su artículo tercero se dispone que en los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse condiciones de temperatura específica si se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares que estará comprendida entre 17º y 27ºC. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14º y 25ºC y la humedad relativa estará comprendida entre el 30% y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%.

La Delegación de AUGC ya trató este tema en una reunión con la Subdelegación de Gobierno de Toledo en el mes de junio de 2021. “No se ha dado solución al problema”, lamentan, de ahí que ahora se haya remitido un escrito junto a un informe a la Oficina de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

“Deben garantizar unas temperaturas apropiadas para los agentes que están en el Cuerpo de Guardia y recordamos que por Ley también han de encargarse de efectuar revisiones periódicas del sistema de climatización, proceder a su limpieza y, si es necesario, al cambio de piezas”, concluyen.

“En vías de solucionarse”

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por elDiarioclm.es confirman que el aire acondicionado se apaga por la noche “por respeto” a los vecinos de la zona, en pleno Casco Histórico de Toledo, en la plaza de Zocodover, debido al ruido que genera el actual sistema de climatización.

Las mismas fuentes aseguran que el problema está “en vías solucionarse”, ya que cuando se conoció la denuncia de la AUGC “se dio orden de instalar un sistema portátil de climatización” y en estos momentos se está “a la espera” de que la empresa suministradora proceda a su instalación.

El 7 de mayo del 2017 M.V.S.V., una conductora ebria y drogada, arrolló a un grupo de ciclistas en el punto kilométrico 205,5 de la carretera N-332, entre Dénia y Oliva, causando la muerte a tres de los deportistas. La mujer, que finalmente fue condenada a tres años y nueve meses de cárcel, solicitó un abogado de oficio que resultó ser un capitán de la Guardia Civil en situación de baja médica, destinado en la compañía de Santa María de Guía (Las Palmas de Gran Canaria) y con residencia en Xeresa (Valencia).

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denunció supuestas irregularidades en la instrucción de las diligencias por el accidente. La presencia del capitán, que supuestamente fue “beligerante” con el Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gandia sembrando “dudas” sobre su correcta actuación, “generó una sensación de desconcierto entre el personal interviniente al no entenderse en un principio en calidad de que estaba presente dicho mando en el lugar”, aseguraba la AUGC en un comunicado que dio inicio a la incoación de un expediente disciplinario por una falta muy grave con una sanción de siete meses de suspensión de empleo. Sin embargo, la sección primera de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha tumbado la sanción, desestimando así un recurso de la Abogacía del estado contra un fallo anterior del Tribunal Militar Central que dio la razón al abogado y capitán del instituto armado.

El expediente disciplinario por falta muy grave fue archivado por caducidad, según una resolución del director general de la Guardia Civil del 5 de julio del 2018. A continuación, el 23 de julio, “sobre la base de los mismos hechos” se ordenó la incoación de un nuevo expediente disciplinario. El capitán consideraba que la orden de incoación del nuevo expediente hacía referencia a un informe del Consejo Superior de la Guardia Civil emitido en el seno del anterior “por los mismos hechos caducados”, por lo que alegaba que se había infringido el principio de legalidad.

En su declaración, el expedientado explicó que se encontraba en situación de baja médica desde el 30 de marzo de 2015 hasta noviembre de 2017 y que tenía concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía en virtud de resolución judicial. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció la compatibilidad entre su puesto de guardia civil y el ejercicio de la abogacía “sin menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes y con escrupuloso respeto al horario asignad al puesto de trabajo que desempeñe”. Tampoco podía “actuar en asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle el cuerpo de la Guardia Civil”. 

El Tribunal Militar Central sostuvo que la Guardia Civil “no sólo proscribe una doble sanción disciplinaria, sino un doble procedimiento sancionador sobre el mismo hecho, cuando, como en el caso presente se anula un expediente primero y se declara nula la actuación disciplinaria”. La sentencia estimaba el recurso del capitán contra la sanción muy grave. Además, la Abogacía del Estado rebasó “ampliamente” el plazo de un mes para recurrir el fallo. “La sentencia del Tribunal Militar central de 28 de septiembre de 2021 fue notificada a la Abogacía del estado el día 30 de dicho mes. Y consta, igualmente, que el escrito de preparación del recurso de casación no se presentó hasta el 18 de noviembre de dicho año cuando la referida sentencia había ya devenido firme”, señala el TS.

Una sanción de pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta de grave desconsideración con sus superiores, en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo uniforme. La sección primera de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de un dirigente de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Alicante contra la sanción impuesta por un tuit crítico con el general de división del instituto armado Ramón Rueda Ratón, responsable del destacamento de Tráfico hasta su reciente pase a la reserva.

El sancionado compartió un video en su cuenta de Twitter que mostraba unas dependencias oficiales acompañado de un mensaje de mofa en referencia a los apellidos del general Rueda Ratón: “Sr. (emoji cara de ratón) le gusta este vestuario? En este laberinto estaría usted como en su casa, solo falta la Rueda, y si consigue encontrar la salida puede Ud. picar un poco de queso, el jamón si acaso lo dejamos para otro día”.

El dirigente de la AUGC de Alicante alegaba en su recurso de casación contra la sentencia de la sección primera del Tribunal Militar Central que se había vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia “al no existir prueba de cargo, suficiente y válidamente obtenida” para una falta disciplinaria grave.

“Inconsistencia en la argumentación”

Sin embargo, la Sala de lo Militar del TS reprocha la “inconsistencia de la argumentación en la que el recurrente sustenta las infracciones constitucionales y d legalidad ordinaria” que atribuye tanto a la sentencia inicial como a la resolución sancionadora del general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil. De hecho, el fallo considera que el recurso de casación supone la “práctica reproducción” del argumentado contra las resoluciones disciplinarias.

“En contra de lo que alega el actor, la sentencia de instancia no realiza inversión alguna de la carga de la prueba”, afirma el TS. Así, el dirigente de la AUGC de Alicante “prefirió no prestar declaración ante el instructor ni responder a sus preguntas” y aportó un escrito en el que se quejaba de la “supuesta inconcreción de los hechos que le causaban indefensión, limitándose a negarlos”. Además, el la sentencia recuerda que el recurrente “no ha interesado la práctica de prueba alguna” por lo que la Sala de lo Militar del TS no ha podido contar con otra versión de los hechos.

El dirigente de la AUGC de Alicante, abunda la sentencia, “quebrantó el deber de respeto que, recíprocamente, vincula a superiores y subordinados, lesionando la dignidad del general, con ocasión de sus funciones como jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, e integrando la grave desconsideración constitutiva de la falta grave”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) matiza que la Guardia Civil sigue encargándose de la “seguridad exterior” de los centros penitenciarios y que el cambio que se ha producido es que los funcionarios ahora se encargarán del “control de acceso”, una labor que aseguran que venía asumiendo este cuerpo sin ser su competencia.

El colectivo hace esta aclaración después de las quejas de funcionarios de prisiones, que como los de la cárcel de Salto del Negro han denunciado que desde el 1 de noviembre realizan el control en la barrera de entrada sin medios y que se sienten indefensos por ello.

“La Guardia Civil sigue encargándose de la vigilancia y seguridad exterior en los 59 centros penitenciarios que son de su competencia, como ha venido haciendo hasta ahora. Lo que sí ha cambiado recientemente es que Instituciones Penitenciarias se ha hecho cargo de un cometido que es de su competencia exclusiva y que, debido a la habitual descoordinación del Ministerio del Interior y la desidia de la Dirección General de la Guardia Civil, venía desempeñando este Cuerpo en algunos establecimientos penitenciarios desde hace años”, subraya AUGC.

La asociación subraya que estos funcionarios ahora realizan la función de ‘control de accesos’, que conlleva la identificación de las personas y control de los vehículos que acceden a los centros penitenciarios, así como la apertura y cierre las barreras o puertas de entrada.

“De hecho, la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha reconocido recientemente mediante un escrito dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil que ”la identificación de personas y/o vehículos que acceden a través de las Unidades de Acceso, así como a la apertura y cierre de la barrera o puerta de acceso a los establecimientos penitenciarios es competencia exclusiva de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias“, destaca AUGC.

La Guardia Civil, insiste el colectivo, “sigue asumiendo plenamente la seguridad exterior de las prisiones, incluida la protección de los funcionarios que desempeñan ese cometido de control de accesos”. No obstante, AUGC se solidariza con las reclamaciones de los sindicatos de Instituciones Penitenciarias por la escasez de personal, la falta de medios, las injustas retribuciones, así como las numerosas y graves agresiones que padecen, pero afirma que “no debe callar cuando se desinforma a la ciudadanía respecto a una función tan relevante como es la seguridad de los centros penitenciarios”.

La asociación cree que debe tenerse en cuenta que “el motivo para que, tras tanto tiempo asumiendo una competencia que no le correspondía, la Guardia Civil haya rectificado no es otro que el gravísimo déficit de recursos humanos que viene sufriendo desde hace años, afectando a todas las especialidades y unidades, incluidas las que se encargan de la seguridad penitenciaria”.

Otra anomalía que señalan que está afectando gravemente a los servicios que prestan estas unidades es la“ incorrecta distribución de competencias que la Secretaría de Estado de Seguridad estableció en 2009, cuando aprobó un protocolo asignando a la Guardia Civil la custodia de los internos de centros penitenciarios en las urgencias y consultas médicas de hospitales cuando la competencia territorial es de la Policía Nacional”.

AUGC insiste en que lleva mucho tiempo reclamando al Ministerio del Interior que modifique dicho protocolo para ajustarse a lo que establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otra normativa reguladora. La competencia para la conducción interurbana de presos corresponde a la Guardia Civil, pero no así la custodia de los mismos en demarcaciones de Policía Nacional, donde este cuerpo debería hacerse cargo de la misma, al disponer de medios, personal y, lo que es más obvio, garantías de poder reforzar y garantizar el orden público, al estar esos hospitales en su demarcación habitual de trabajo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que este cuerpo trabaja 150 horas más al año que un policía. A pesar de ello, critica que los generales de la Guardia Civil pretendan realizar modificaciones en esta jornada laboral, algo que consideran que empeoraría sus condiciones y les haría retroceder en sus derechos. “Supondría un claro retroceso para las condiciones de trabajo de los agentes, haciéndoles volver a épocas pasadas que deberían estar superadas”.

El colectivo critica que se vayan a eliminar los días de descanso singularizado, lo que supondrá para los agentes entre 300 y 350 horas más trabajadas. “Un Guardia Civil trabajará 14 meses del año, en comparación con un año de un policía”.

Otra muestra más del ataque a los derechos de este cuerpo “afecta a la igualdad entre hombres y mujeres en la Guardia Civil, todavía tan lejana”. AUGC reprocha que hace apenas unas semanas la Guardia Civil celebraba un homenaje a la mujer por el 30º Aniversario de su incorporación al Cuerpo, pero “una vez acabada la función, el telón vuelve a caer, y ya con los focos apagados se descubre la verdadera cara de la Institución: entre las medidas anunciadas se incluye un drástico recorte en la nómina de las guardias civiles que se queden embarazadas”, apunta.

“¿Dónde está la protección a la maternidad en la Guardia Civil? Una vez más queda claro que la institución sólo quiere a las mujeres para celebrar aniversarios y postureos”, subraya el colectivo.

Por ello, desde AUGC han convocado concentraciones para el día 11 de diciembre. Los guardias civiles protestarán frente a las delegaciones del Gobierno de España. En Madrid, la concentración se realizará ante la DGT arropando a los representantes que asistan.

AUGC explicará los detalles en una próxima rueda de prensa y añade que difundirá una propuesta al Consejo de la Guardia Civil para que se retire este atropello a “la guardia civil y a sus familias”.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Las Palmas, Juan Couce, ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Dirección General de la Guardia Civil durante un mes tras abrirle expediente disciplinario. Según explica, esta decisión se ha tomado después de que denunciara presuntas irregularidades en un aeropuerto de Canarias, donde considera que se estaría incumpliendo la ley de seguridad aérea.

La orden de suspensión le señala como autor de una “falta grave” y recoge que la denuncia de Couce se basa en “aseveraciones falsas”. Sin embargo, el portavoz de AUCG asegura que no se le ha permitido presentar las pruebas que, a su juicio, sostienen que se habría incumplido con la seguridad al dejar pasar de la zona de control de un aeropuerto a personas que no tienen la tarjeta de embarque ni la de AENA.

Couce sostiene que puede generar un conflicto en los agentes el hecho de que legalmente no deben dejar pasar de esta zona de control a quienes no tienen esta documentación, pero al recibir órdenes de superiores, los guardias civiles se ven obligados a hacerlo.

Explica además que, si un guardia civil deja pasar a una persona que no tiene la documentación requerida a la zona Duty Free, se puede dar la posibilidad de que un ciudadano se percate y también lo denuncie o realice una foto o vídeo, por lo que critica que se esté dejando esta responsabilidad en los agentes.

Couce va a recurrir esta sanción por escrito ante el Ministerio de Defensa ya que considera que no se le ha permitido defender su postura aportando pruebas de su denuncia.

Campaña #StopExpedientesAUGC

No es el único agente que ha sido sancionado estos últimos días y que es miembro de esta asociación. De hecho, a raíz de la campaña en redes sociales #StopExpedientesAUGC también se ha expedientado a otros dos guardias civiles, Pilar Villacorta y Alberto Alegría.

“Estos casos no son sino un ejemplo más de los numerosos representantes de AUGC que son sancionados por ejercer el legítimo derecho de asociación profesional, para defender y velar por los derechos de los guardias civiles”, denuncia la asociación en su página web.

AUGC mantiene la campaña con el lema #StopExpedientesAUGC y explica que se ha conseguido rebajar la sanción inicialmente propuesta. Si embargo, lamenta que no haya “servido para hacer cambiar de idea a quienes aplican el Régimen Disciplinario como herramienta represiva contra los representantes de los guardias civiles”.

Los Gobiernos central y vasco ultiman en este final del mes de julio la redacción del acuerdo político que posibilitará la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de 2016 de víctimas policiales a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco que suavice sus aristas más espinosas para evitar que se interprete como un cauce paralelo a la Justicia para investigar estos casos. En medio de este complejo debate jurídico se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (y sus votos particulares) que tumba la normativa de Navarra para reparar a estas mismas víctimas. “Creemos que no hay dudas, nuestra ley es totalmente constitucional”, ha enfatizado este lunes el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que ha subrayado las diferencias entre el texto vasco y el navarro “desde su primer artículo” a pesar de abordar el mismo tema. Con todo, Erkoreka ha querido hacer constar el “interés tan notable” en España por “echar tierra sobre un episodio concreto de la historia”.

El punto de discusión en ambas normativas autonómicas es que se plantea la creación de una comisión administrativa que atenderá las denuncias de las víctimas. El Gobierno de Mariano Rajoy interpretó que un Gobierno autonómico no podía arrogarse competencias exclusivas del poder judicial y además abrir procesos sin garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios, en este caso miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente el Gobierno actual de Pedro Sánchez ha accedido a desistir de su impugnación en el caso vasco si se cambia la redacción original de la ley y se enfatiza que sólo se atiende a la víctima desde un punto de vista de la asistencia social, sin buscar depurar responsabilidades.

Erkoreka ha mostrado la perplejidad de ciertos sectores en el Estado en “reconducir exclusivamente al ámbito judicial unos hechos que pudieran ser delictivos” cuando “todo el mundo sabe” que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha condenado a España ocho veces por denuncias de torturas que no se han investigado”. Además, ha remarcado que hay “algunos” que “se jactan” en público de haber practicado la violencia, en referencia al libro de Manuel Pastrana.

Agarrándose a los votos particulares de la sentencia del Constitucional sobre Navarra, Erkoreka ha remarcado que “en muchos casos hay investigaciones con actuaciones administrativas tendentes a fijar hechos” y que ello “es lícito salvo que la finalidad sea la de provocar una resolución privativa de libertad”. Son habituales, por ejemplo, las comisiones de investigación en los Parlamentos. La negativa a autorizar la reparación de estas víctimas, según el portavoz del Ejecutivo vasco, integrado por PNV y PSE-EE, sólo se explicaría desde un interés en “echar tierra” sobre las víctimas policiales.

La normativa de 2016 cubría las actuaciones ilícitas de las Fuerzas de Seguridad desde 1978 a 1999, en el período democrático. Antes en Euskadi se atendió a las víctimas del período 1960-1978 con un decreto. En total, hubo 187 beneficiarios y se esperaba del orden de 400 con la nueva ley. “Cubre una laguna que venía siendo reclamada por documentos internacionales. Los derechos de verdad, justicia y reparación no habían encontrado satisfacción adecuada. Y esas normas internacionales no distinguen entre poderes públicos, sean judiciales o administrativos deben comprometerse con que prevalezca los derechos de verdad, justicia y reparación”, ha explicado Erkoreka.

La batalla jurídica en torno a la norma, en todo caso, no acabará con la retirada del recurso, previsiblemente este viernes tras el Consejo de Ministros. Por una parte, el Constitucional puede decidir no atender al acuerdo político y resolver sobre la ley vasca de manera autónoma, un escenario en el que podría repetirse la misma mayoría que ha tumbado la norma navarra. Por otro lado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en nombre de una plataforma de sindicatos policiales y asociaciones de víctimas, ha activado un proceso contencioso-administrativo contra la comisión de valoración de las víctimas con el ánimo de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco active una cuestión de inconstitucionalidad.

En apenas 24 horas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato SUP de la Policía Nacional contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley de víctimas policiales de 2016 para analizar las solicitudes de reconocimiento y reparación. Mediante este ardid jurídico, el SUP -como cabeza de una plataforma más amplia que agrupa a otras asociaciones policiales y de víctimas de ETA- pretende lograr activar una cuestión de inconstitucionalidad ante el acuerdo político entre los Gobiernos central y vasco para la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta normativa a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco.

Si el recurso se presentó el 24 de julio, el 25 de julio la sala de lo contencioso-administrativo del Superior ya había admitido a trámite el escrito del SUP. Esta decisión, en todo caso, no entra en ningún caso al fondo del asunto y se limita a reseñar que formalmente las documentación presentada es correcta y que la sala es competente para resolver. Se ha designado ponente a María del Mar Díaz Pérez. Completarán el tribunal Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi. Por el momento, la única decisión adoptada es requerir al Gobierno vasco que remita el expediente administrativo completo afecto a este caso.

La ley de reconocimiento de las víctimas policiales entre 1978 y 1999 se halla sumida en una batalla jurídica. La norma es de 2016 y fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del PP al entender que Euskadi se arrogaba la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y magistrados al proceder a investigar casos sin garantías procesales como el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia. El actual Ejecutivo del PSOE asume que la redacción vigente lleva también a esa conclusión pero ha acordado esta semana con el Gobierno vasco el “desestimiento” en el pleito a cambio de modular algunos artículos. La idea es dejar claro que sólo se atiende a las víctimas en el uso de una competencia de asistencia social, sin que en ningún momento se investigue o condene a victimarios al margen de la vía judicial ordinaria.

Estos movimientos, en cambio, han suscitado la creación de una plataforma encabezada por el SUP y a la que se han unido otras organizaciones como Covite o la AUGC, incluso también Erne de la Ertzaintza. Están asesorados por Macarena Olona, exresponsable de la Abogacía del Estado en Euskadi ahora en otro destino, autora en su día del recurso de inconstitucionalidad.

En este grupo entienden que, pese a los cambios, la normativa continúa estableciendo responsabilidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin las debidas garantías y comprobaciones. Políticamente, van un paso más allá y aseguran que esta normativa alimenta la “teoría del conflicto” al dar a tender que hubo víctimas del Estado como las hubo de ETA. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, ha asegurado públicamente y en privado que hará pedagogía para evitar esta, a su juicio, incorrecta interpretación. Ha destacado incluso que las víctimas -que las hubo- fueron casos aislados y que han ido disminuyendo en el tiempo conforme se ha consolidado la democracia constitucional española.

El delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Jesús Loza, se ha encontrado con apenas un mes de experiencia en el cargo una 'patata caliente': en un movimiento inédito, prácticamente el conjunto de las agrupaciones profesionales de policías nacionales y guardias civiles (además de Erne de la Ertzaintza) se han agrupado para criticar el acuerdo político con el Gobierno vasco por el que el Estado desistirá del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica para la reparación de las víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999. Aseguran en esta plataforma que el texto alimenta la 'teoría del conflicto' del entorno de ETA para minimizar su historial terrorista e inflar las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Loza, sin embargo, ha querido ofrecer una rueda de prensa extraordinaria en una tarde de julio víspera de fiesta en Vitoria para negar la mayor, para poner en valor la labor de los uniformados y para recalcar que los abusos policiales “fueron aislados, no sistemáticos y han ido disminuyendo” conforme España fue abandonando los vicios de la dictadura.

Loza se define a sí mismo como “muñidor”. Como tal, medió en 2012 con el Gobierno central para aprobar un primer decreto para reparar a las víctimas de violencia policial desde 1960 hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Explica que fueron 187 los expedientes tramitados sin que la labor de la comisión de valoración creada al efecto recibiera “ningún tipo de crítica”. Fue una medida aprobada por el Gobierno de Patxi López.

Sin embargo, sí fue recurrida una modificación de ese decreto llevada a cabo en 2013, ya con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió una sentencia en 2015 en la que echaba para atrás algunos cambios en la línea de que sin pruebas fehacientes no se podía acreditar la condición de víctima. “Lo que sí podemos afirmar es que el sistema establecido por el decreto recurrido, al no prever ningún órgano médico independiente que analice los informes aportados por los interesados, no garantiza la exigencia de fehaciencia”, estipuló el Superior.

El punto de fricción estriba en que la ley de 2016 para resarcir a las víctimas del período constitucional fue recurrida por el Estado al entender que la comisión de valoración se arrogaba funciones jurisdiccionales de investigación y condena de los victimarios, policías, una competencia exclusiva del poder judicial y que, además, requiere una serie de garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Ese texto recibió el apoyo de unos socialistas que ahora, en el Gobierno de España, exigen modificaciones de calado, como hacen constar algunos observadores en privado.

Como adelantó este periódico, el acuerdo para la retirada del recurso ante el Constitucional conllevará que el Parlamento Vasco promueva una modificación de la redacción original para suavizar todas las referencias que puedan dar a entender que se busca crear una especie de 'comisión de la verdad' paralela. La normativa, en suma, se agarrará a las competencias autonómicas de “asistencia social” a las víctimas sin analizar la culpabilidad o no de los victimarios, según Loza, de nuevo como “muñidor” en este asunto espinoso que viene a cerrar el círculo de reconocimiento a las víctimas tras las normativas que atienden a las de la Guerra Civil y el franquismo y a las de ETA, el GAL y otros terrorismos.

“Respeto absoluto a la presunción de inocencia y al honor”, ha repetido Loza en varias ocasiones en su comparecencia de prensa. Y ha lanzado un dardo: las modificaciones que se harán en la ley siguen punto por punto el argumentario elaborado por la abogada del Estado que redactó el recurso de inconstitucionalidad. Esa letrada es Macarena Olona, ahora ya fuera del País Vasco y que en esta nueva etapa asesora jurídicamente a la plataforma de organizaciones sindicales policiales, en la que también colaboran asociaciones de víctimas como Covite.

“Serán pocos cambios en número pero muy importantes en contenido. La comisión de valoración quedará alejada absolutamente de ser un órgano jurisdiccional”, ha asegurado Loza, que ha subrayado que reconocer a estas víctimas no supone “ninguna equiparación” con los asesinados por ETA como tampoco poner una sola tacha a la actividad en Euskadi de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya labor ha aplaudido.

Fuentes de la plataforma, sin embargo, no están convencidos de estos cambios anunciados. “El hecho objetivo para ser declarado víctima existe un victimario. Y para declarar que ha habido un victimario necesitas que haya habido un delito. Y eso no se puede hacer sin una resolución judicial”, explican. Y recuerdan que para ser declarado víctima del terrorismo hay que presentar una “acreditación fehaciente”, si no es una sentencia al menos una denuncia, un auto o un informe, lo que supondría un agravio comparativo.

Entretanto, el SUP ha activado un ardid judicial para intentar que se mantenga el control de constitucionalidad a pesar de la retirada del recurso por parte del Estado, algo que se formalizará probablemente este viernes en el Consejo de Ministros. Ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la constitución de la comisión de valoración de las víctimas. En los próximos días se adherirán una a una el resto de organizaciones de la plataforma, según este sindicato de la Policía Nacional. Pretende que la sala eleve una cuestión de inconstitucionalidad y que el pleito siga vivo. Más inverosímil es el camino activado por Dignidad y Justicia, que según ha informado 'El Mundo' pretende “personarse” en el Constitucional y “sustituir” al Gobierno de España como recurrente contra la ley vasca de víctimas. No existen precedentes de semejante maniobra.

Lo que sí es posible es que el Constitucional no acepte el desestimiento del Estado y de manera autónoma decida mantener la revisión de la normativa autonómica. Según Erkoreka, sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes” de situaciones en las que la corte de garantías ha actuado así.

Los Gobiernos central y vasco, en el marco de una “comisión técnica bilateral de cooperación”, han acordado entre la noche del lunes y la mañana del martes que el Estado desista de dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, en concreto contra la normativa que persigue reparar a las víctimas de violencia policial en democracia y contra los apartados de los presupuestos autonómicos de 2018 que contemplaban una subida salarial del 1,5% para los funcionarios vascos que luego quedó superada por una mejora mayor (1,75%) prevista en las cuentas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Los equipos de Meritxell Batet y Josu Erkoreka han acordado también desbloquear algunas de las 37 transferencias pendientes para completar el Estatuto de 1979, empezando por las autopistas AP-1 y AP-68.

El punto que mayores debates jurídicos ha motivado entre los equipos técnicos de ambos Ejecutivos ha sido el relativo a la ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 -también con el apoyo socialista- para reconocer y reparar a unas 400 víctimas de la violencia de actuaciones policiales ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno del PP había presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que Euskadi se arrogaba una competencia para investigar delitos invadiendo las funciones exclusivas del poder judicial -sin procurar garantías a los victimarios, como la presunción de inocencia- y los apartados fundamentales de la normativa estaban en suspenso.

Como adelantó eldiarionorte.es, ambos Gobiernos han acordado el “desestimiento” de ese recurso de inconstitucionalidad a cambio de el Parlamento Vasco modifique la docena de artículos cuestionados por el Estado en busca de una mayor “seguridad jurídica”. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se trata de “modificaciones puntuales y concretas” de redacción que no afectan al espíritu de resarcimiento de la ley de víctimas pero que sí deje claro que “no se sustituirá a los tribunales” ni se producirá “un señalamiento de culpas” a los victimarios. Se trata de ejercer “competencias de asistencia social”, ha enfatizado Erkoreka, que ha asegurado que es “un buen acuerdo”.

El acuerdo político extrajudicial, sin embargo, no está exento de riesgos. Por un lado, el Tribunal Constitucional puede adoptar una “decisión autónoma” de continuar con la revisión de la ley vasca de víctimas a pesar de que el promotor del recurso entienda que ya no hay motivos para ello. Sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes”. Y, por otro lado, los partidos que apoyan al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta en el Parlamento para modificar en solitario la redacción actual de la ley.

El responsable de Derechos Humanos de Urkullu, Jonan Fernández, ya ha iniciado los contactos con la oposición para poder solventar con “rapidez” este trámite. El Gobierno da por descartado el apoyo del PP al entender que está en la línea argumental del recurso de su Gobierno. Sin embargo, no descarta a EH Bildu, aunque ya rechazó en 2016 votar 'sí' por ver insuficiente aquella redacción que ahora se va a modular. La tercera opción sería la de Elkarrekin Podemos. Hay “disposición favorable”, ha asegurado Erkoreka preguntado por las conversaciones con la oposición, sin dar demasiados detalles.

De igual manera, este acuerdo político tendrá que hacer frente a los movimientos de una nueva plataforma que agrupa a sindicatos de todos los cuerpos policiales y a asociaciones de víctimas del terrorismo (SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, APROG, Aserfavite, ACFSEVT, Erne o Covite). En nombre de todos ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley para determinar el reconocimiento de las víctimas. Ese pleito se ha residenciado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, según las fuentes consultadas, podría derivar en una cuestión de inconstitucionalidad que tumbara la ley. Apoya a este grupo la exjefa de la Abogacía del Estado en Euskadi y autora del recurso, Macarena Olona.

Asimismo, 'El Mundo' ha informado de que Dignidad y Justicia se ha “personado” en el Constitucional para “sustituir” al Gobierno como promotor del recurso si éste desiste. Fuentes del Gobierno vasco, en cambio, indican que es dudoso que un particular tenga “legitimidad jurídica” para sostener un contencioso en la jurisdicción constitucional.

Subida a los funcionarios tras el verano

El Consejo de Ministros formalizará la retirada del recurso este viernes o, como muy tarde, el 3 de agosto. En todo caso, el compromiso es sustanciarlo antes de las vacaciones. Asimismo, ordenará la retirada del recurso contra los presupuestos vascos de 2018 en lo tocante a la subida salarial del 1,5% (más 0,5% en EPSV) a los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos.

Este recursos del exministro Cristóbal Montoro se produjo porque la subida vasca entró en vigor antes de la promulgación de los presupuestos generales, que autorizan las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos de España. Pero se dio la paradoja de que el Estado preveía una mejora de hasta el 1,75%, es decir, mayor que la vasca.

Euskadi, una vez retirado el recurso, elaborará los informes jurídicos preceptivos para aplicar la subida a la vuelta del verano. Se articulará en una mejora del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y del 1,75% desde el momento de aprobación de los presupuestos del Estado. La media anual será del 1,65%, aproximadamente. Asimismo, se mejorará la aportación a la EPSV Itzarri del 0,5% al 1% antes de final de año. Fuentes del Gobierno vasco indican que no será necesario retocar la ley de presupuestos para acometer estos cambios porque ya se previó que las medidas propias podrían aplicarse sin perjuicio de las mejoras que pudiera proponer el Estado.

La relación “fluida” del Gobierno vasco con el nuevo equipo de Pedro Sánchez y, singularmente, entre el consejero Erkoreka y la ministra Batet se plasmará también en el desbloqueo de varias transferencias de las 37 pendientes para completar el Estatuto de 1979. En septiembre se firmará ya la cesión de dos líneas menores de ferrocarril en Bizkaia, algo ya cerrado con Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, se abordará la cesión de las autopistas AP-1 y AP-68 (la primera ya libre de peaje desde noviembre) y un posible acuerdo en torno al puerto de Pasaia, aunque según Fomento es de “interés general” y, por lo tanto, intransferible. Nada ha comentado Erkoreka sobre las dos cuestiones “prioritarias” para Euskadi en este terreno, las Prisiones y el régimen Económico de la Seguridad.

Los Gobiernos central y vasco encaran una semana decisiva para zanjar, mediante un acuerdo político extrajudicial, el contencioso constitucional abierto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en torno a la ley vasca de víctimas de violencia policial, unas 400 según cálculos estimativos. El nuevo equipo del PSOE está dispuesto a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra este texto aprobado en 2016 en el Parlamento Vasco –también por los socialistas- pero la decisión del Consejo de Ministros sólo se adoptará si existe un compromiso de “ajustar” ciertas aristas de la redacción original. Según las fuentes consultadas, ello podría obligar a reenviar el texto a la Cámara autonómica para una modificación ‘exprés’, si bien PNV y PSE-EE no cuentan con mayoría absoluta y deberían buscar el apoyo o la abstención de Elkarrekin Podemos ante lo improbable de que, por motivos opuestos, PP y EH Bildu entren a esta operación.

La ley para reparar a las víctimas de actuaciones policiales ilícitas ocurridas en democracia, entre 1978 y 1999, fue aprobada ahora hace dos años en el último pleno de la legislatura pasada merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. EH Bildu, que defiende el reconocimiento de este colectivo en pie de igualdad con las víctimas de ETA, se abstuvo al entender que se había quedado corto, mientras que PP y UPyD votaron ‘no’.

Ya en los debates parlamentarios se puso de manifiesto la posible inseguridad jurídica de esta ley, que daba continuidad a un decreto para reparar a las víctimas policiales, las de la dictadura (unas 200). La clave estribaba en que el reconocimiento de la condición de beneficiario de las previsiones de la norma la iba a determinar una comisión de valoración de manera paralela a los tribunales, es decir, sin que fuese imprescindible una resolución judicial.

El PSE-EE insistió hasta el final en la necesidad de modular esta parte del articulado, pero ello no evitó el recurso del Gobierno del PP. Según la Abogacía del Estado, que consideró “loable” el deseo de reparar a estas víctimas, hasta 11 disposiciones eran inconstitucionales porque Euskadi no puede arrogarse la competencia jurisidiccional por encima de los tribunales y porque la comisión no ofrece las mismas garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios. Para el Gobierno de Iñigo Urkullu, en cambio, esa argumentación era una simple “excusa” para no aceptar la existencia de violencia policial en el marco de la lucha contra ETA.

Ante el anuncio del recurso de inconstitucional, la normativa procesal prevé la creación de una comisión bilateral para negociar durante seis meses una interpretación satisfactoria para ambas partes y evitar el pleito. No fue posible y el PP formalizó el recurso. Varios artículos quedaron suspendidos cautelarmente. No era toda la ley pero sí su corazón. La comisión de valoración de las víctimas, por ejemplo, se ha podido constituir recientemente pero no puede iniciar su misión.

Pero el cambio de inquilino en La Moncloa ha modificado el escenario. El PNV apoyó la investidura de Pedro Sánchez y los socialistas vascos impulsaron esta ley y ahora gobiernan en coalición en Euskadi. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, anunció la voluntad de zanjar el contencioso en julio, antes del parón estival. Agotado ya el plazo para llegar a un acuerdo de interpretación, la única salida pasa por la retirada del recurso antes de que el Constitucional resuelva. La decisión corresponde al Consejo de Ministros -se reúne el 27 de julio- pero las fuentes consultadas apuntan que no se hará sin unas garantías previas por parte del Gobierno vasco de que se introducirán algunos cambios en la línea de modular el carácter ‘sentenciador’ de la comisión de valoración de las víctimas. La intención es justificar su labor con base en las competencias autonómicas en materia de protección social.

“Si no hay cambios de redacción mantendremos el recurso”, ha explicado por escrito el delegado del Gobierno a una plataforma de nueva creación en la que participan sindicatos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, así como  asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite. Este grupo entiende que la ley forma parte de una estrategia de “construcción de un relato paralelo” por el cual las Fuerzas de Seguridad del Estado ejercieron la violencia al mismo nivel que ETA. De hecho, se muestran críticos con la presencia en la comisión del forense Francisco Etxebarria, autor de un informe para el Gobierno vasco que cifra en unos 4.000 los casos de tortura de los tres cuerpos.

Esos “cambios de redacción” que asumen ambos Gobiernos sólo pueden hacerse con una modificación en el Parlamento. El problema es que PNV y PSE-EE están faltos de un escaño para la mayoría. Es improbable que EH Bildu entrase a negociar una ‘rebaja’ de un texto que ya hace dos años le pareció insuficiente y el PP ha defendido siempre la argumentación plasmada en el recurso de inconstitucional. La única opción parece ser Elkarrekin Podemos, con cuya abstención bastaría para cambiar la ley de víctimas.

Entretanto, la plataforma que agrupa a SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, Aserfavite, Erne o Covite, entre otros, ha ‘fichado’ a la abogada del Estado Macarena Olona para relanzar su posición contraria a la retirada del recurso. Olona fue la redactora del escrito que elevó el Gobierno del PP al Constitucional cuando ocupaba la jefatura de los servicios jurídicos del Estado en Euskadi. En la actualidad ocupa otro cargo público. Ante la inminencia del acuerdo entre las partes, este grupo de trabajo anuncia ya una reunión en los próximos días. Quieren evitar un “agravio” a la “dignidad” de los cuerpos policiales, que han sido “víctimas de la banda terrorista ETA” y no victimarios. No descartan incluso activar la vía judicial.

Representantes de la Secretaría Nacional y de la Federación Canaria de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se han reunido con los grupos parlamentario en el Congreso de los Diputados para volver a reclamar que los guardias civiles que ejerzan en las Islas tengan la misma indemnización por residencia que la que perciben jueces, fiscales y secretarios judiciales.

La AUGC recuerda que se trata de una reivindicación histórica y prioritaria en su lucha por la defensa de los derechos económicos de los trabajadores de la Guardia Civil.

El colectivo ha explicado a los grupos “el agravio” que sufren los funcionarios que prestan servicio en Canarias, que es la única región Ultraperiférica que tiene España reconocida por la Unión Europea, en relación con jueces, fiscales y secretarios judiciales, a los que desde 2008 se les incrementó en un 160% el Complemento de Indemnización por Residencia en Gran Canaria y Tenerife, dejando fuera de esta medida al resto de empleados públicos.

La AUGC también les informó de que el 80% de estas cuantías son abonadas por los fondos RUP, que la Unión Europea otorga a las Regiones Ultraperifericas.

“Esta ronda de contactos se suma al intenso trabajo que hemos venido realizando y que se ha culminado con el compromiso adquirido por el Gobierno y la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso a lo largo de 2017 en materia de equiparación salarial entre guardias civiles y policías”, señala la AUGC, que recuerda que este compromiso está enmarcado en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y advierte de que, de no materializarse, “movilizará, amparados por el derecho de manifestación, a miles de guardias civiles en los próximos meses”.