Entre el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, las entonces principales potencias europeas introdujeron en América 12 millones de esclavos secuestrados en África. Galicia, ubicada en el vórtice del océano Atlántico, no fue ajena a la trata de personas. Solo entre 1800 y 1835, comerciantes gallegos traficaron con unos 16.700 seres humanos en 21 expediciones embarcadas o financiadas en el país. A Coruña: porto negreiro se titula la exposición que desentierra unos hechos investigados por la academia pero de escaso dominio público. “Hay mucha reticencia a situar Galicia en esta historia”, señala a elDiario.es Cristina Botana, comisaria, junto a Zynthia Álvarez Palomina, de la muestra. La acoge hasta el 28 de febrero del año que viene la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“A Coruña fue muy importante en la trata trasatlántica”, explica Álvarez, “según los estudios de Luís Alonso Álvarez [catedrático de Historia e Institucións Económicas de la Universidade da Coruña] barcos fletados en su puerto llevaron unas 6.000 personas esclavizadas a América”. Sucedió, sobre todo, después de que en 1817 Gran Bretaña obligase a España a comprometerse a interrumpir el comercio de esclavos. España firmó, pero obtuvo una prórroga de tres años, aunque solo para operar al sur del ecuador. “En ese momento, A Coruña encuentra un hueco y se hace fuerte en ese mercado”, añade Zinthia Álvarez. Un artículo del propio Alonso Álvarez -el profesor es una de las fuentes de datos más usadas en Porto negreiro- desarrolla la tesis: cuando finalizó la moratoria, hacia 1821, el esclavismo resultó todavía más rentable. La amenaza de los navíos británicos a quienes no acataban su prohibición provocó que aumentase el margen de ganancia de los emprendedores esclavistas. Muchos de los gallegos instalaron agentes propios en Cuba, uno de los centros de la trata trasatlántica. Se enriquecieron.

Álvarez Palomino asegura que fue este tipo de comercio, solo completamente abolido en territorio español en 1887, el que “permitió el crecimiento de la ciudad”. Vigo, y en menor medida Ferrol, fueron otros puertos gallegos de los que partieron expediciones, pero A Coruña fue el principal. “El primer ensanche de la ciudad, sin contar A Pescadería, se construyó con el capital obtenido en el comercio colonial y la trata trasatlántica”, concreta Botana. La acumulación originaria, la barbarie detrás de la riqueza. “Hay un impacto material evidente. La ciudad sirve de soporte para este proceso”, considera, “y las familias que se dedicaron a la trata, nombres todavía conocidos -Barrié, Dalmau, Pastor o Da Guarda-, también ocuparon puestos políticos, alcaldes concejales. Existió esa permeabilidad”. Pero el poder iba más allá de los gobiernos, claro: “Estos personajes buscaban cualquier espacio y posición con el objetivo de obtener mayor impunidad y mayores beneficios. Se situaron en la banca, en los consulados...”. El tráfico de esclavos en aquel siglo XIX producía lucros colosales e impulsó bancos e inversiones inmobiliarias.

Mirada crítica sobre el pasado colonial

La exposición A Coruña: porto negreiro forma parte de un proyecto de investigación y divulgación más amplio, A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidade. “Trabajamos mucho desde la vecindad y lo colectivo y sentíamos la necesidad de llevar el discurso de la academia a más gente”, se extiende Zinthia Álvarez, “junto a rutas urbanas de divulgación, una guía didáctica o una web, la muestra es una herramienta más”. Que contribuye a elaborar una memoria crítica sobre el pasado colonial de la ciudad y, por extensión, de Galicia. Y ese pasado todavía respira en calles, monumentos e instituciones. Porto Negreiro incorpora, por ejemplo, una cartografía coruñesa que señala homenajes y estatuas dedicados a negreros, el lugar donde se localizaban las casas comerciales, una estructura de los puertos de entonces. Una línea temporal de contextualización, reproducción de los documentos oficiales que permitieron y alentaron la trata trasatlántica o de cartas de libertad de personas esclavizadas, un árbol genealógico de los clanes familiares implicados en el mercado -“visualiza unas relaciones endogámicas, muy cerradas”, dice Botana- y un panel final con nuevas narrativas emancipadoras sobre la materia a cargo de pensadoras y pensadores actuales completan la iniciativa.

Álvarez Palomino y Botana reconocen su deuda con las investigaciones previas de historiadores como el mencionado Álonso Álvarez o de periodistas como Rafael Lema o Isabel Bugallal. Y aun así, el papel de Galicia en el tráfico de esclavos es una historia velada. “En las rutas guiadas por A Coruña, la gente se sorprendía mucho al hablar de ciertas cuestiones. La relación de algunas infraestructuras con el pasado colonial, por ejemplo”, comenta Botana, “pero no fue algo anecdótico. Galicia fue una pequeña potencia del esclavismo entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX”. El asunto esconde aristas, a su ver. “Aunque ahora existe cierta narrativa negacionista al respecto, está aceptada la existencia del imperialismo español. En el caso de Galicia, sin embargo, hay bastante rechazo a considerar la función del país en la trata trasatlántica”, entiende.

“Un ciclo de violencia constante”

Zinthia Álvarez coincide con su compañera, aunque amplía el foco al Estado español. “Volver la mirada hacia la historia es algo que no se practica en España”, dice, “no nos extraña, España se apoya en la desmemoria”. Como ejemplo de su afirmación remite a lo que sucede con el franquismo. “No miramos atrás y reflexionamos”, apunta, “dudamos siempre de que la historia tenga algo que ver con lo que pasa hoy en día”. Pero el comercio de esclavos sí tiene que ver con la actualidad, considera. “Hay una conexión directa con el trato a las personas migrantes”, expone, “los hechos de Badalona [el ayuntamiento del PP expulsó centenares de migrantes de un instituto abandonado] es una muestra”. Para Álvarez, un ciclo de violencia ejercida histórica y constantemente amenaza “los cuerpos de las personas que no son blancas”. La esclavitud, “cuando los cuerpos de personas no blancas se configuran como mercancía”, como origen de las políticas antimigratorias contemporáneas.

La analogía con la memoria de la dictadura y la represión presenta, con todo, límites. En opinión de Álvarez Palomino, esta sí se reconoce, aunque no se repara. En el caso de la trata trasatlántica, ni siquiera ha comenzado su reconocimiento. “El Ministerio de Cultura habla de descolonizar los museos pero no de la relación de España con la trata de esclavos”, sintetiza. A Coruña: porto negreiro busca contribuir a iluminar ese vínculo negado a través de “la reconstrucción de rutas, relaciones económicas, los silencios y las violencias” detrás de las relaciones coloniales y el crecimiento de las ciudades gallegas.

Las autoridades estadounidenses han trasladado a Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del criminal sexual Jeffrey Epstein, a una prisión de mínima seguridad en Texas desde otro centro en Florida, tal y como ha confirmado este viernes el Buró Federal de Prisiones (BOP) a la Agencia EFE.

“Podemos confirmar, Ghislaine Maxwell está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) en el Federal Prison Camp (FPC) en Bryan, Texas”, ha escrito el organismo en un correo electrónico. El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, también ha confirmado a EFE el traslado, sin ofrecer más detalles al respecto.

El traslado tiene lugar después de que el jueves y viernes de la semana pasada se produjeran reuniones entre Maxwell y Todd Blanche, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, en medio de la renovada polémica en torno al caso Epstein, que salpica directamente a la Administración de Donald Trump.

Maxwell exigió el pasado martes inmunidad o un indulto a cambio de testificar ante el Congreso estadounidense, después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes la citara a declarar el 11 de agosto para que aporte nueva información sobre el caso. La defensa de la mujer, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, respondió a esa petición con una lista de condiciones.

Ante todo, el abogado defensor David Markus exigió que le concedan inmunidad y que la comparecencia ocurra en Washington. En segundo lugar, solicitó que el Congreso le proporcione con antelación las preguntas para que prepare sus respuestas y los documentos que las corroborarán

“Ella merece alivio. Estamos abiertos a trabajar con el Comité para encontrar un camino hacia adelante que respete sus derechos constitucionales y le permita asistir al pueblo estadounidense y al Comité en esta importante misión de vigilancia”, dijo en una carta la defensa de Maxwell, que consideró una “oportunidad” las reuniones que mantuvo la mujer con Todd Blanche (antiguo abogado personal del presidente Trump).

La británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha del magnate, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión después de que en diciembre de 2021 un tribunal la declarara culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de chicas menores de edad reclutadas para Epstein. Maxwell es la única persona que está en prisión por este caso, tras el suicidio de Epstein en 2019.

Cuando tenía 24 años, Mohamed (nombre ficticio para este relato) buscaba oportunidades fuera de Marruecos. Su familia se había ido a vivir a España hacía tiempo y él llegó a Ceuta con la intención de buscar trabajo. Allí estuvo tres meses en una tetería de shishas en la cual, por la noche, se movía todo tipo de sustancias. Un día alguien le ofreció ir hacia Estepona (Málaga) en una patera cargada con hachís esa misma noche. “Se acercó un conocido mientras estaba en mi turno, sobre las cinco de la tarde, y me preguntó si quería llegar a la Península”, cuenta. No tardó mucho en aceptar.

Desde hace cinco años, trabaja en una empresa de mantenimiento de la isla. No ha tenido, desde que llegó al país, contacto con los narcos que le ofrecieron hacer el trabajo ni piensa volver a hacer nada igual. También ha aprendido español: “Desde el principio, he ido escuchando y preguntando todo lo que no entendía”. Y aún sigue preguntando. Solo así se aprende, se avanza y se gana uno la confianza del ciudadano local. Al principio fue difícil, además de por el idioma, porque no conocía a casi nadie, poco a poco se ha ido haciendo al nuevo entorno. A los tres años fue arreglando la documentación y pudo sacarse también el carné de conducir. “He tenido mucha suerte”, reconoce.

Pero, para llegar hasta el día de hoy, tuvo que aceptar un viaje en narcopatera. Desde hacía tiempo, Mohamed buscaba la manera de llegar a la Península sin lograr reunir el dinero suficiente para hacerlo. Su padre y algunos de sus hermanos estaban en Eivissa y quería trasladarse para estar más cerca de ellos. Movido por eso y por la intención de buscar un trabajo mejor, dejó atrás su vida en Ceuta. “Mi padre llegó a la isla hace unos 30 años”, relata el marroquí, quien no pudo optar a la reagrupación familiar –ni ninguno de sus hermanos–, ya que ya eran mayores de edad cuando tomaron la decisión de ir a España. Antes, su padre convivía –sigue Mohamed– en un piso con otras seis o siete personas más, lo que hacía imposible que el resto de la familia también se mudara.

Después de tomar la decisión de migrar, empezó el periplo: miedo, incertidumbre y compañeros de viaje que no salieron tan bien parados como él. En algunos casos, las mafias que se encargan de gestionar las pateras piden hasta 8.000 euros por billete, detalla Mohamed. El precio que se paga, en todos los casos, es por adelantado. “Cuando llegas, es saltar a la barca y salir”, rememora.

Ha habido, en los últimos años, un cambio de tendencia en ese sentido: las mismas embarcaciones que se utilizan para el tráfico de drogas también sirven –los días en los que no hay sustancia que transportar– para trasladar a personas, explican a elDiario.es fuentes expertas en este tipo de llegadas en el sur de la Península. Son los transportistas los que se han metido recientemente en el mercado del tráfico migratorio para aprovechar los viajes y tener más ganancias. Las mismas fuentes expertas calculan que, en la actualidad, se recauda más dinero con los viajes con migrantes que con el narcotráfico. Aunque no son todos los casos. “También hay mafias que simplemente se encargan de hacer viajes con personas y ya está”, afirma Mohamed.

Las mismas embarcaciones que se utilizan para el tráfico de drogas también sirven –los días en los que no hay sustancia que transportar– para trasladar a personas

Aunque la ONG Caminando Fronteras explica a elDiario.es que no han atendido a víctimas de este tipo de casos, sí conocen a expertos que les han explicado la situación, sobre todo en el sur de España. La organización sin ánimo de lucro ha hecho públicos estos días los datos de migrantes fallecidos en la ruta migratoria desde Argelia hasta Balears: 328 personas. Muchos de ellos han aparecido en las orillas de la playa, la mayoría en Formentera. Por su parte, Cruz Roja, que ha sido consultada también por este diario, se ha limitado a explicar que sus intervenciones, cuando atienden a los migrantes, son de unos cinco o diez minutos, aunque no tienen acceso al tipo de embarcación en el que llegan.

Pánico a caerse al agua

Esa noche de hace cinco años, él y otras quince personas se embarcaron en la narcopatera. Ninguno de ellos se conocía. “Íbamos nosotros, los pasajeros, más los paquetes de ‘chocolate’ (hachís) y quince narcos, que se encargaban de conducir y controlar la navegación”, continúa. Pero la mayoría de los ocupantes desconocía hasta llegar a la barca –con tres motores de 300 caballos– que viajaba junto a varios kilos de costo.

Íbamos nosotros, los pasajeros, más los paquetes de ‘chocolate’ (hachís) y quince narcos, que se encargaban de conducir y controlar la navegación

Mohamed — Migrante llegado en narcopatera

No había entre ellos ninguna mujer ni ningún niño, aunque su presencia es cada vez más común en las precarias embarcaciones que llegan a Balears. Fue el caso del pesquero que llegó en julio de 2024 a la playa de es Codolar con 101 personas a bordo, entre ellas mujeres (muchas veces viajan embarazadas), menores y una persona con movilidad reducida, como publicó Diario de Ibiza.

Eran las tres de la madrugada, en la oscuridad de la noche, cuando partieron de la costa africana, desde algún punto próximo a Nador. “No tardamos nada”, asegura Mohamed. Más que navegar, la barca prácticamente volaba sobre el agua. De la velocidad, iba dando brincos, cruzando la franja de mar que separa el sur de la Península Ibérica y el norte de África casi en vertical.

Las narcolanchas, que se ilegalizaron en 2018, no son una novedad en las costas españolas. Aunque la mayoría de migrantes vienen en pateras más “humildes” -aunque también inestables-, en la costa de Cádiz y Almería es relativamente frecuente verlas llegar. Los narcos intentan sacar dinero a los migrantes ofreciéndoles viajes más rápidos a España gracias a estas embarcaciones, que, como contrapartida, presentan un mayor riesgo porque generalmente los pasajeros se ven obligados a saltar al agua, aunque no hagan pie, para que la barca se dé la vuelta.

La peligrosidad de estos viajes queda de manifiesto, por ejemplo, en la muerte de cuatro personas en noviembre de 2023 en las costas de Cádiz tras ser obligadas a lanzarse al agua sin haber alcanzado la orilla, incluso sin saber nadar. De hecho, según Mohamed, el temor de que algo sucediera durante el trayecto pesaba sobre sus hombros y sobre los del resto de migrantes que buscaban un futuro mejor en Europa. Sobre todo, temían que alguien se cayera al mar. Navegaron sin luz y sin chalecos salvavidas. Solo con una lancha cargada de fardos que, en todo caso, solo podrían empeorarles el porvenir. “Sabíamos que si alguna persona terminaba en el agua, nadie se iba a parar a recogerla”, afirma con dureza, “por eso tenía miedo”, añade el joven.

Los ocupantes de la narcopatera, que navegaron sin luz y sin chalecos salvavidas, desconocían en su mayoría hasta llegar a la barca que viajaban junto a varios kilos de hachís

Al llegar, las barcas suelen detenerse a unos cincuenta o cien metros de la orilla para no encallar en la arena. En ese momento, se le pide a los migrantes que bajen a tierra y, a menudo, quienes viajan sin pagar son los responsables de descargar los fardos. Los narcos vuelven enseguida mar adentro. No fue el caso: Mohamed cuenta que atracaron como pudieron en la arena y salieron corriendo, por lo que desconoce qué pasó con el cargamento de droga.

Dejar atrás el sufrimiento

Mucha gente, en su país natal, Marruecos, quiere pagar para llegar por esa vía a España, a pesar del elevadísimo precio por hacerlo. Pueden ser desde los 8.000 que pagaron los que iban en la patera con él hasta los 14.000 o 15.000, dependiendo de los contactos que se tengan en la red. Una cantidad muy difícil de reunir si se tiene en cuenta que el PIB per cápita en el país del Magreb fue de 3.323 euros anuales en 2023, según los últimos datos registrados por el Banco Mundial. En España, el mismo año, el PIB per cápita fue de 29.527 euros.

Normalmente, la familia contribuye a pagar parte del viaje, pero Mohamed asegura: “No hay dinero en Marruecos”. También indica que la mayoría de marroquíes perciben la vida europea como un sueño, un futuro fácil, algo que dista de la realidad. La lejanía de la familia, la dificultad de encontrar vivienda y el idioma complican la conciliación de esas esperanzas con lo que se encuentran a su llegada: “Cuando llegan aquí, sufren igual”. A su alrededor conoce a muchísima gente que se ha embarcado en el viaje irregular para venir a España. Su primo hace un año que llegó y otro miembro de su familia lo hizo hace dos o tres años, “sufriendo mucho”. En su caso, partió de Nador y tardó, en total, unas catorce o quince horas en llegar.

Los horarios y los puntos de salida se anuncian a través del boca a boca, de los contactos. Aunque no es difícil llegar hasta esa información porque casi todo el mundo conoce a alguien que ha hecho la travesía irregular. El cauce legal es prácticamente inexistente o así se ve a ojos de quienes tienen planes de venir: los consulados expiden visados a cuentagotas y son difíciles de conseguir.

Es fácil conocer los puntos y los horarios de salida a través del boca a boca. Venir legal desde Marruecos es muy complicado porque se expiden muy pocos visados

En su viaje particular no le dijeron, en ningún momento, cuántos kilos de hachís habían cargado en la embarcación. “Pero había muchas cajas a bordo”, recuerda cinco años después. Tampoco recibieron instrucciones de qué modus operandi seguir una vez llegaran a España.

De hecho, en Estepona, Mohamed permaneció durante cinco horas escondido en el bosque, refugiado bajo los árboles. Cuando llegaron, descubrieron la presencia de la Guardia Civil, que intervino a uno de los grupos de migrantes recién llegados irregularmente. Él consiguió escapar y desconoce si sus compañeros de viaje tuvieron que enfrentarse a consecuencias legales derivadas del transporte de droga. Recuerda que se quedó completamente solo, hasta las ocho de la mañana, cuando un compañero suyo –que trabajaba para los narcos que lo reclutaron en Tetuán– llegó para recogerle. Más tarde, se trasladaron a Algeciras, donde le acogieron dos días en casa de una persona cercana al grupo para el que trabajaba en Ceuta, y desde el municipio gaditano viajó directamente a Eivissa utilizando su pasaporte marroquí.

Aunque la primera intención de las narcopateras siempre es llegar a esa zona de Gibraltar o la línea de la Concepción –entre Almería o Murcia–, a veces las embarcaciones se desvían a Granada o Málaga por equivocación o precaución. Sobre todo, si detectan la presencia del servicio marítimo de la Guardia Civil. La vigilancia cada vez más intensificada contra este tipo de embarcaciones o contra los ‘petaqueros’, encargados de suministrar gasoil a las grandes embarcaciones en alta mar para que no se queden a la deriva y puedan llegar al litoral, provoca el recálculo de las rutas.

Parece que Jean-Claude van Damme, que en 2012 filmó en Rumanía 6 balas, una cinta cuyo argumento trataba la búsqueda de menores víctimas de las redes de explotación sexual, ha decidido colarse como personaje real en una de sus películas. Pero en este caso en lugar de ser una ficción, lo acontecido es real y lejos de ser el héroe liberador, ahora se acusa a van Damme de comportarse más bien como uno de los villanos.

Según revela el medio rumano filial de la CNN Antena 3, la Dirección Rumana de Investigación de Delitos de Criminalidad Organizada y Terrorismo (DIICOT) acusa al actor de haber tenido relaciones con cinco mujeres de dicho país que en el momento de los hechos, hace una década aproximadamente, eran víctimas de una red de explotación de menores y mujeres vulnerables organizada por Morel Bolea, el dueño de una importante agencia de modelos.

Los hechos habrían sucedido en Cannes durante una de las ediciones del festival, a donde las cinco mujeres, creyendo que iban al evento como modelos, habrían sido enviadas en forma de regalo para van Damme, que tuvo relaciones sexuales con todas ellas. Al parecer, el actor se reunió con varias personas, también bajo investigación por delitos de tráfico sexual, que se ofrecieron a dejarle tener sexo con las cinco modelos como “regalo”. Entre estas personas estaría Bolea, que era el empleador de las mujeres.

El abogado de una de las presuntas víctimas, Adrian Cuculis, declaró a los medios al conocerse la causa contra van Damme: “En un evento organizado por Jean-Claude Van Damme en Cannes, varias personas de nacionalidad rumana habrían ofrecido al actor cinco mujeres rumanas, supuestamente modelos, para tener sexo”. El abogado aseguró también que el van Damme “era consciente de su condición” de personas explotadas.

Cuculis aclaro que el incidente que involucró a Jean-Claude Van Damme es parte de una investigación más amplia iniciada en 2020 por la oficina del fiscal rumano sobre la trata de seres humanos y menores. Ahora, teniendo en cuenta la ubicación de los presuntos actos, el Tribunal de Casación francés debe autorizar la iniciación de procedimientos penales para que van Damme pueda ser citado en Rumania.

Revelación de una testigo

En Rumanía es posible iniciar una causa sin el testimonio de una víctima si, en cambio, se cuenta con el de uno o varios testigos de los presuntos hechos criminales. En este caso se cuenta con el testimonio de una mujer que llevaba pocos meses trabajando en la agencia y que asegura a los investigadores que “las chicas fueron entregadas al actor”, a la vez que subraya que este sabía que las jóvenes estaban siendo explotadas. 

Bajo el nombre de Iuliana, la testigo, que entonces era menor de edad, relata al portal rumano Observator lo que según ella sucedió: “El incidente ocurrió justo cuando yo acababa de llegar a la organización, y tres o cuatro chicas fueron a Cannes con los coordinadores, es decir, los hombres de confianza de Bolea”.

“Se jactaban de organizar el mayor evento de moda de Cannes”, prosigue el relato Iuliana, añadiendo que “al llegar [a Cannes, las mujeres] se dieron cuenta de que no era así, que las habían enviado específicamente para Van Damme”. Añade finalmente que los hombres de Bolea “les dijeron que no debían contar estas cosas y que no debían estar contrariadas con todo lo que ocurría allí”. Y remacha que les dijeron finalmente “que estuvieran contentas de haber llegado con vida”.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Zaragoza una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, a la inmigración ilegal de ciudadanos argelinos. Presentaban empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos con los que solicitaban permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales. También solicitaban permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias.

Los migrantes llegaban a España en patera desde Argelia y eran alojados en un zulo ubicado en la ciudad de Zaragoza en el que vivían en condiciones infrahumanas. El entramado les facilitaba un “pack” de regularización completa que tenía un coste que oscilaba entre los 10.000 y 15.000 euros. Hay 30 detenidos en las provincias de Zaragoza (28), Huesca (1) y San Sebastián (1), seis de los cuales han ingresado en prisión.

Colaboradores y señuelos

La investigación policial se inició tras ser detectado un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de ciudadanos argelinos y en las que se habían presentado diferentes documentos falsos para la tramitación de las mismas.

Las pesquisas descubrieron una red criminal internacional establecida en España, con integrantes coordinados en diferentes escalones de jerarquía y especializada en la captación de nacionales de Argelia, a quienes una vez introducidos en nuestro país de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.

El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Zaragoza, donde se identificaron a los líderes del entramado, pero con ramificaciones a nivel nacional en otras provincias tales como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa. Además, contaba con una amplia red de colaboradores e intermediarios cuya labor era facilitar la realización de empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas que usaban para llevar a cabo el objetivo último y principal, que era reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes. 

Asimismo, contaba con colaboradores en Francia, que proporcionaban clientes asentados en dicho país que buscaban arreglar su situación administrativa en España. A estos clientes se les facilitaba la posibilidad de gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.  

Modus operandi

El entramado se estructuraba de forma jerarquizada, desempeñando cada integrante una labor concreta, tanto en la búsqueda de clientes a los que empadronar, como domicilios donde realizar este extremo, empresas con las que obtener contratos de trabajo o parejas con las que realizar las uniones civiles fraudulentas. Para ello, la organización solicitaba el pago de cantidades económicas que variaban entre los 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación. 

La elaboración de empadronamientos fraudulentos se realizaba mediante el método de “look-alike” por el que la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento, o incluso en territorio español. 

La organización criminal contaba con nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de “clientes-migrantes”, a los que se les facilitaba un “pack” de regularización completa. Los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.

Una vez en España, los inmigrantes eran alojados en condiciones infrahumanas en un zulo de apenas nueve metros cuadrados habilitado dentro de uno de los locales gestionados por la organización criminal en la ciudad de Zaragoza, y en el que vivían a la espera del inicio de los trámites de su regularización.

La actuación operativa culminó con la detención de un total de 30 personas de de diferentes nacionalidades, decretándose el ingreso en prisión de los seis principales investigados, entre los que se encuentran los cabecillas de la organización. Del mismo modo se llevaron a cabo siete entradas y registros en la provincia de Zaragoza, donde se incautó diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.

Más de 700 efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional han desplegado este miércoles de madrugada un amplio operativo en Barcelona contra un grupo criminal implicado en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según han difundido ambos cuerpos policiales.

Los agentes están realizando una treintena de entradas y registros en varias localidades catalanas del área metropolitana de Barcelona, entre ellas Castellbisbal. También hay una actuación en Castellón, en la Comunidad Valenciana. El foco de la operación son las plantas de marihuana que posee la organización.

Varias unidades de Mossos d'Esquadra participan en la operación: agentes de la división de investigación criminal, del grupo especial de intervenciones, de orden público, de la unidad canina, de la de drones, medios aéreos, tedax y seguridad ciudadana, entre otros. La operación la lideran agentes de investigación de Rubí y la causa está declarada secreta.

Este martes la policía catalana también realizó un macroperativo, en este caso ordenado por un juez de Badalona, contra una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. El dispositivo se saldó con 24 detenidos y 30 registros en Barcelona, Tarragona, Castellón y Màlaga.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal de ámbito internacional, asentado en las provincias de Toledo y Madrid, presuntamente dedicado al tráfico ilegal de migrantes de origen sirio y argelino.

Se les considera responsables de la entrada clandestina en España de al menos 70 personas a bordo de embarcaciones rápidas fletadas desde Argelia. Los migrantes pagaban a la organización hasta 10.000 euros por el traslado, la permanencia en nuestro país y el posterior tránsito a otros países europeos.

Hay tres detenidos en la provincia de Toledo, entre los que se encuentra el líder de la organización que ha ingresado en prisión provisional, y se han intervenido, entre otros objetos, un fusil de asalto simulado y un machete de grandes dimensiones

La investigación que ha permitido la desarticulación de este grupo criminal se inició a raíz de una operación policial anterior, de la que su obtuvieron indicios suficientes de la existencia de una red asentada en las provincias de Toledo y Madrid dedicada al tráfico de migrantes desde Argelia a España.

Coordinados con una célula argelina

Las diversas indagaciones llevadas a cabo por los agentes permitió constatar que esta organización, en perfecta coordinación con una célula matriz ubicada en Argelia, utilizaba embarcaciones rápidas para trasladar de manera clandestina a los migrantes, tanto sirios como argelinos, desde las costas de Argelia a las de Almería y Murcia.

La ruta migratoria de los ciudadanos sirios tenía como punto de partida el aeropuerto de Beirut (Líbano) desde donde eran trasladados hasta Egipto. Desde allí se desplazaban a Libia y posteriormente a Túnez, hasta llegar finalmente a Orán (Argelia).

Las travesías, principalmente nocturnas para evitar ser detectadas, se realizaban en embarcaciones desprovistas de cualquier medida de seguridad, agua o comida, por lo que suponían un grave riesgo para la vida de los migrantes. Una vez en España, y con una coordinación meticulosa, eran trasladados por carretera hasta pisos de seguridad y hostales en las provincias de Toledo y Madrid, donde permanecían ocultos en pésimas condiciones hasta que eran transportados a otros lugares del territorio nacional u otros países europeos, principalmente Alemania.

Uso de la violencia

La red cobraba por los servicios que ofrecía hasta 10.000 euros por migrante y no dudaban en ejercer la violencia contra aquellos que no abonaban la deuda contraída en el plazo acordado. Sus integrantes, con el fin de evitar el control y seguimiento policial, se movían por el territorio nacional con distintos documentos de identidad falsificados, habiéndose constatado que el cabecilla de la red habría usado hasta siete identidades distintas.

La investigación policial ha concluido con la detención de los tres integrantes de la organización criminal, a los que se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y contra la seguridad vial. También se ha llevado a cabo un registro domiciliario y una inspección en un establecimiento de la provincia de Toledo donde se ha intervenido un arma de asalto simulada, un machete de grandes dimensiones, nueve terminales móviles, tres relojes de lujo, una cadena de oro, distintos documentos de identidad y otros documentos vinculados con la investigación.

Este miércoles arranca el juicio contra los ocho empresarios y seis proxenetas de la Región de Murcia implicados en una red de prostitución con menores de edad. Todos los acusados eran conscientes de que las víctimas, que por aquel entonces tenían entre 14 y 17 años, no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación. La trama se destapó en 2014, y las víctimas han tenido que esperar una década para que comience el juicio. Durante este tiempo tuvo lugar la moción de censura contra Mariano Rajoy, Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea y el mundo vivió la pandemia y el confinamiento de la COVID-19.

Entre los clientes a juicio por hacer uso de esta red de menores se encuentran empresarios de renombre en la Región, J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo en 2014 cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados, que pedían que les trajeran niñas al despacho.

[Actualización: Los empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por el retraso del proceso judicial]

Los empresarios se enfrentan a penas de entre cuatro y 24 años de cárcel. Para los proxenetas reclaman entre 21 y 56 años de prisión por supuestos delitos de prostitución de menores. Otros individuos, supuestos cooperadores necesarios de la explotación sexual de las niñas, se enfrentan a penas de seis y 36 años.

De acuerdo con el diario La Verdad, las partes están negociando un posible acuerdo de conformidad que implicaría una rebaja de las penas de prisión que afrontan los acusados pero que pasaría, en todo caso, por un reconocimiento de los hechos. Este pacto, si se confirma este miércoles, evitaría la celebración del juicio.

Los acusados no solo eran conscientes de que estaban contratando a niñas, además las pedían a propósito. En su escrito, la Fiscalía menciona cómo uno de los acusados, apodado 'El Petrolero', pedía siempre “chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas”. Según el Ministerio Fiscal, a una de las víctimas se le obligaba a mentir con su edad: “Decir que era menor aún de lo que era, es decir, manifestar que tenía 15 o 16 años, ya que a los clientes esto le daba más morbo”.

Las captaban en discotecas y colegios

Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas en ciertas poses, que luego incluían en un catálogo. En total, llegó a haber fotos de más de 400 personas, entre las que se encontraban las imágenes de las doce niñas liberadas. “Captaban a chicas en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad y vulnerabilidad”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico.

El documento explica cómo los organizadores de esta red engañaban a las jóvenes prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de trabajos de masajista, siempre con ánimo de introducirlas en su negocio de ofrecimiento sexual a personas mayores. De la cantidad que recibían los proxenetas, las víctimas solo percibían poco más de la tercera parte.

“La había conocido en una discoteca donde había muchas chicas menores, en horario vespertino de cinco a diez de la noche, a fin de embaucarla para que ejerciera la prostitución para ella, sin que esta antes se hubiera en ningún momento planteado esa posibilidad”, relata el Ministerio Fiscal sobre una de las captaciones.

Además de los implicados que captaban a las niñas, la red también contaban con un hostal que cedía las habitaciones donde se ejercía esta explotación infantil a cambio de parte de la recaudación. Cuatro taxistas furtivos, que también fueron detenidos, las movían por la capital del Segura entre pisos particulares y pensiones.

Un hombre de 34 años ha sido detenido la madrugada de este lunes en la autopista A-8 a su paso por la localidad guipuzcoana de Oiartzun cuando transportaba a doce hombres en situación irregular desde Francia hacia Portugal. Estos habían abonado entre 300 y 600 euros para realizar el trayecto, según ha informado el Departamento de Seguridad y recoge Europa Press.

A primera hora de este lunes una patrulla de la Ertzaintza ha procedido a detener en la autopista A-8 a la altura de Oiartzun a una furgoneta que circulaba de manera errática. Los ertzainas han identificado a su conductor y a sus doce ocupantes, todos ellos extranjeros y en situación irregular, que viajaban desde Francia a Portugal.

Según ha explicado el Departamento de Seguridad, el conductor de la furgoneta ha sido arrestado por un presunto delito de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, tras admitir los viajeros haber abonado entre 300 y 600 euros para realizar el trayecto. El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para dar inicio a las diligencias correspondientes y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y la agencia de seguridad estadounidense Homeland Security Investigations, han desarticulado una organización criminal internacional presuntamente dedicada a favorecer la inmigración irregular y falsedad documental, asentada principalmente en España e Italia.

En concreto, han sido detenidas 77 personas en la provincias de Barcelona (32), Madrid (9), Vizcaya (5), Murcia (2), Málaga (2), Granada (1), Valencia (1), Islas Baleares (5), Cantabria (1), Zaragoza (17), Bilbao (2), entre las que se encuentran los seis líderes de la organización, que han ingresado en prisión, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

En el operativo han participado más de 200 agentes de diferentes provincias de España, se han realizado más de 10 registros en domicilios y agencias de viaje, y se han incautado más de 500.00 euros en efectivo.

Según señalan, la organización estaba asentada en España e Italia y contaban con colaboradores en Libia, Bolivia y México. La investigación, que se inició en el año 2022, tuvo su origen en la detección por parte de los agentes de un notable incremento del flujo de inmigración ilegal por parte de ciudadanos de origen indio y la utilización de España como país de paso hacia México, con el objetivo de dirigirse a Estados Unidos o Canadá.

Con ese punto de partida, y gracias a las pesquisas realizadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de carácter internacional, asentada principalmente en España --Barcelona, Madrid y Bilbao-- y en Italia, con colaboradores en Libia, Bolivia y México, que contaba con dos ramificaciones independientes pero directamente relacionadas y gestionadas por los principales investigados.

Una de ellas se dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos de origen indio-pakistaní desde la India, pasando por Italia y España, y con destino final Estados Unidos o Canadá. La otra rama estaba dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos de origen boliviano.

En cuanto a la facción de la organización centrada en la inmigración ilegal de ciudadanos de origen indio, la actividad delictiva tenía su inicio en la captación de los ciudadanos en su país de origen, desde donde eran trasladados en avión hasta Bahréin y desde allí hasta Egipto para finalizar su viaje en Libia. La organización se encargaba de proporcionarles los visados falsos para el paso fronterizo, así como los alojamientos en las diferentes ciudades de paso.

Una vez en Libia, eran embarcados en pateras con más de 130 personas hasta la isla de Lampedusa (Italia), soportando trayectos de 28 horas, sin agua y sin comida. Una vez trasladados a la península italiana, la organización criminal los alojaba en la ciudad de Turín, hasta su traslado aéreo a Zaragoza o Barcelona, viaje en el que utilizaban pasaportes falsos o de terceras personas mediante el método 'lookalike' por el que se suplanta la identidad de una persona con la que se guarda parecido físico.

En España, las agencias de viajes regentadas por los cabecillas de la organización se encargaban de facilitar a los migrantes todo lo necesario para continuar su viaje hasta distintas ciudades de México. Allí eran captados por las mafias que operan en la frontera con Estados Unidos, denominados “coyotes”, que procedían a su introducción en el país norteamericano como punto final de su travesía.

Por otro lado, la facción de la organización especializada en la inmigración ilegal de ciudadanos bolivianos contaba con una estructura piramidal diseñada con una red de colaboradores en dos niveles, pasadores y personal de logística, que se encontraban ubicados en España, Bolivia, Turquía y Egipto.

Esta rama contaba con captadores y agencias de viaje en Bolivia, que en colaboración con las agencias ubicadas en España, se encargaban de organizar el viaje de los migrantes desde Bolivia hasta Estambul (Turquía) o El Cairo (Egipto).

En esos países eran alojados en hoteles hasta que la organización les hacía llegar pasaportes españoles de ciudadanos nacionalizados de origen boliviano que cooperaban con la organización investigada.

Con esos pasaportes los migrantes viajaban a Madrid o Barcelona pasando el control fronterizo haciéndose pasar por sus verdaderos titulares, todo ello a cambio de cantidades que oscilaban entre 8.000 y 10.000 euros.

La investigación sigue abierta y la colaboración de la Oficina Central de Operativa Documental (Punto Atenas) ha resultado esencial para el éxito de la misma, según remarca el Ministerio de Interior.

Dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales se encuentra el Punto Atenas, que actúa como 'call center' para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad. En caso positivo, los agentes del Punto Atenas realizan en un plazo máximo de 10 minutos un informe técnico con firma digital, que es remitido al correo electrónico de la Comisaría o Unidad policial de los actuantes.

Una operación conjunta de Policía Nacional y Europol ha permitido desarticular una organización criminal especializada en el tráfico ilícito de migrantes sirios y argelinos acusada de haber facilitado la entrada clandestina en España por la costa de Almería de alrededor de 1.000 migrantes a través de embarcaciones rápidas fletadas desde Argelia.

La investigación ha finalizado con un operativo policial que ha contado con la participación de 90 agentes y en el que se han realizado cinco registros domiciliarios y cuatro inspecciones a establecimientos hoteleros en las provincias de Madrid, Almería, Guadalajara, Murcia, Málaga y Guipúzcoa.

La red facilitaba la permanencia de los migrantes en España y el tránsito a otros países europeos a cambio de cantidades que podían alcanzar los 20.000 euros, lo que les habría reportado unos beneficios superiores a 1.500.000 de euros.

La operación se ha saldado con 21 detenidos en diferentes provincias españolas, 13 en Madrid, cinco en Almería y uno en Guipúzcoa, Málaga y Murcia, entre los que se encuentran seis cabecillas que han ingresado en prisión provisional.

La investigación policial tuvo su origen en otra operación desarrollada en 2023 que logró desmantelar la logística en España de una organización dedicada al tráfico de migrantes y que permitió delimitar la existencia de esta importante red criminal de ámbito internacional dedicada al tráfico de migrantes sirios y, en menor medida, argelinos, compuesta por dos organizaciones principales, una asentada en Argelia y otra en España.

El grupo principal estaba asentado en Madrid

El grupo principal, asentado en la provincia de Madrid, era responsable de la organización de todas las actividades de la red en coordinación con la célula matriz afincada en Orán (Argelia). El otro grupo, que estaba ubicado en Almería, se encargaba de la recepción de los migrantes llegados en patera a las costas españolas y su traslado a Madrid.

La matriz argelina era la encargada de organizar y lanzar embarcaciones rápidas de fibra con migrantes sirios y argelinos, desde las costas de Oran y Mostaganem (Argelia), con destino a España. Según la investigación, las travesías marítimas se realizaban “con grave riesgo para la vida de los migrantes”, en unas embarcaciones sobreocupadas carentes de cualquier elemento de seguridad, sin chalecos salvavidas o arnés de seguridad, cargadas de bidones de combustible y en las que no había agua ni comida.

El grupo afincado en Almería, en perfecta coordinación con la matriz, se encargaba de la recogida de los migrantes poco después de su desembarco en las costas de Almería y Murcia, que normalmente se producía de noche y en zonas de difícil acceso alejadas de núcleos urbanos.

De manera inmediata, y gracias a la flota de vehículos que poseían, trasladaban a los migrantes hasta la provincia de Madrid, donde contaban con una amplia red de pisos de seguridad en los que eran alojados en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Cuando consideraban que en esos inmuebles ya no se podían instalar más migrantes, los traficantes hacían uso de establecimientos hoteleros que controlaban y que permitían ocultar hasta 30 personas al mismo tiempo.

La investigación ha finalizado con un operativo policial que ha contado con la participación de 90 agentes y en el que se han realizado cinco registros domiciliarios y cuatro inspecciones a establecimientos hoteleros en las provincias de Madrid, Almería, Guadalajara, Murcia, Málaga y Guipúzcoa, en los que se han incautado 8.950 euros, 1.381 dólares, 36.000 dinares argelinos, tres vehículos y diverso material tecnológico. Además, se ha decretado el bloqueo cautelar y embargo preventivo de 25 cuentas bancarias.

Este jueves 1 de agosto se reabre al tráfico Puente Madre tras la finalización del voladizo construido en un lateral. De esta forma, los vehículos podrán circular en ambos sentidos a partir de las 14:00 horas y las líneas de autobús afectadas por el cierre recuperan su recorrido habitual.

De este modo, además de los peatones, que ya podían transitar pese al cierre del puente, desde mañana, jueves, también podrán hacerlo los vehículos en ambas direcciones. 

Asimismo, estará operativo el carril bici que se ha llevado a cabo en el puente, si bien, todavía no se ha terminado la totalidad del vial ciclo-peatonal que unirá Logroño con Villamediana de Iregua.

La apertura del puente supone que las líneas del autobús metropolitano M3, M5, M6 y M7, las líneas interurbanas 101, 102 y 104, y las líneas 3 y 10 del autobús urbano de Logroño recuperarán su recorrido habitual.

Dos trabajadores del aeropuerto de Madrid han sido condenados a dos años de cárcel cada uno por ayudar a una organización internacional de tráfico de migrantes a introducir hasta 29 personas en España de forma irregular a través de las terminales, procedentes de República Dominicana y disfrazados de trabajadores de Iberia. Los dos acusados, que han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía que evita su entrada efectiva en prisión, consiguieron su objetivo en “numerosísimas ocasiones” y ganaron “importantes beneficios económicos”, según declara probado la Justicia.

La investigación arrancó durante los primeros meses de pandemia en 2020 y condujo hasta una organización radicada en República Dominicana que, a cambio de 8.000 euros por persona, conseguía introducir de forma ilegal a migrantes en España. El entramado arrancaba en una agencia de viajes de Santo Domingo que sacaba billetes a los nacionales de ese país para viajar hasta la capital guineana, Malabo, cuyas autoridades no requieren visado. El plan consistía en quedarse en Madrid y que su aeropuerto no fuera simplemente una escala.

Además del dinero, la organización ponía dos requisitos: enviar por adelantado una foto y llevar un pantalón negro y una camiseta roja. La foto era para que los colaboradores españoles del grupo pudieran reconocerles al bajarse del avión. La ropa era para poder disfrazarse de trabajadores de Iberia con sus colores corporativos y cruzar varias zonas de seguridad del aeropuerto sin levantar sospechas.

La sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, describe cómo funcionaba el sistema que estuvo operativo, al menos, desde finales de 2019 hasta marzo de 2020, cuando la pandemia y el cierre de fronteras limitaron al máximo la entrada y salida de personas en España. La consigna para las personas que llegaban en avión desde Santo Domingo a Madrid era bajarse y acudir al Burger King de la Terminal 4.

Allí les estaba esperando uno de los condenados, trabajador del aeropuerto, que con su foto en la mano los reconocía y llevaba hasta una sala donde podían disfrazarse de trabajadores de Iberia, chaleco reflectante incluido. El objetivo era “aparentar que trabajaban allí y no levantar sospechas”. Un segundo trabajador del aeropuerto aportaba su tarjeta de empleado de AENA para sacar de allí a los migrantes, recaudar el resto del dinero y ayudarles a salir del aeropuerto y quedarse en España.

La resolución también explica que, en total, las personas pagaban 8.000 euros a la organización. Los primeros 2.000 euros se pagaban en la República Dominicana, otros 2.000 euros más a los colaboradores españoles del entramado en Madrid y el resto era abonado por los familiares una vez llegaban a España. Los dos condenados, afirma la Audiencia de Madrid en su resolución firme, obtuvieron “importantes beneficios económicos”.

Condenas de dos años de cárcel

Los dos acusados fueron detenidos en junio de 2020 y uno de ellos llegó a pasar cinco meses en prisión provisional. En los registros, la Policía encontró casi 15.000 euros en efectivo así como las tarjetas y los chalecos que usaban para conseguir que las personas procedentes de República Dominicana abandonaran el aeropuerto a través de la zona de tránsito. Finalmente, después de un proceso de casi cuatro años, el juicio no llegó a celebrarse.

Acusados y Fiscalía llegaron a un acuerdo hace unas semanas. A cambio de reconocer los hechos, los dos han sido condenados a dos años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, aplicando una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Una condena que, al no tener antecedentes penales, ha evitado su entrada en prisión: la Audiencia de Madrid suspende la ejecución a cambio de que no vuelvan a delinquir en los próximos cuatro años.

La sentencia revela que la Justicia española solo ha sido capaz de sentar en el banquillo a los dos trabajadores del aeropuerto de Barajas, pero que el entramado estaba formado por más personas, tanto en España como en República Dominicana. Un tercer acusado de este “entramado más amplio” no pudo ser juzgado por estar en paradero desconocido. Y los primeros pasos se daban en Santo Domingo a través de una agencia de viajes que preparaba los viajes tapadera a Guinea Ecuatorial.

La sentencia también revela que la trama tuvo éxito en “numerosísimas ocasiones” introduciendo ciudadanos dominicanos en el espacio Schengen de forma irregular con este sistema de disfraces. Solo entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 lo consiguieron con 29 personas, a veces a un ritmo de una persona al día.

En el último año, otro trabajador del aeropuerto madrileño ha sido condenado por colaborar con una red criminal, en este caso se valía de viajeros como 'mulas' para introducir cocaína en España. Una investigación de la agencia antidroga estadounidense (DEA) destapó que al menos seis personas usaban a un empleado del aeropuerto para recoger paquetes de cocaína en los baños. Fueron detenidos con cinco kilos de droga por agentes de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta en la que ha colaborado Europol, han detenido en Cádiz y Granada a dos hombres y una mujer como presuntos responsables de la muerte por ahogamiento de cinco migrantes que fueron arrojados al mar desde una embarcación, en aguas de Chiclana y San Fernando (Cádiz) el pasado 29 de noviembre.

Los traficantes, ahora arrestados, obligaron con violencia e intimidación a los migrantes a saltar al agua desde narcolancha en la que viajaban, amenazándolos con un machete y a sabiendas de que la zona tenía fuertes corrientes y de que muchos de ellos no sabían nadar, según han informado Policía Nacional y Guardia Civil en una nota conjunta.

En un primer momento se recuperaron cuatro cuerpos sin vida, encontrándose el quinto cuerpo días más tarde y debiendo ser identificado por el ADN obtenido de sus familiares en Marruecos, gracias a la colaboración de una ONG. A bordo de la embarcación viajaban al menos 37 migrantes que habrían pagado entre 3.000 y 12.000 euros por el trayecto entre Kenitra (Marruecos) y Cádiz.

Desembarco forzoso frente a Sancti Petri

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento del suceso, ocurrido el pasado día 29 de noviembre de 2023. En esa fecha, frente a la costa de los municipios de San Fernando y Chiclana una narcolancha navegaba con más de 30 migrantes hacinados a bordo y procedentes de Marruecos. Allí se llevó a cabo un primer desembarco a la fuerza, obligando a los migrantes a saltar al agua en una zona con fuertes corrientes y donde no hacían pie con el agravante de que muchos de ellos no sabían nadar.

Con la embarcación de nuevo en movimiento, los nueve pasajeros que aún estaban a bordo fueron forzados a saltar al agua mientras eran amenazados con un cuchillo, llegando incluso a cortar varios cabos a los que se sujetaban los migrantes. En esos momentos los tripulantes de una embarcación que se encontraba en la zona en Sancti Petri (Chiclana) lograron rescatar a cinco migrantes con vida.

La investigación, realizada por un equipo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, permitió localizar la embarcación y desvelar, entre otros aspectos, cuál había sido el itinerario realizado desde Marruecos, las circunstancias de la travesía, la identidad y el rol de cada uno de los ahora detenidos, así como el importe pagado por los migrantes.

Una vez identificados los presuntos responsables, se llevó a cabo la entrada y registro en tres domicilios en Granada y en los municipios gaditanos de Algeciras y San Roque, durante los que se llevó a cabo la detención de dos hombres y una mujer. A todos ellos se les imputan cinco delitos de homicidio además de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lesiones y contrabando.

La operación, que continúa abierta sin descartar nuevas detenciones, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número tres de San Fernando e impulsada por la Fiscalía de Cádiz.

Seis mujeres migrantes han sido rescatadas de la cámara frigorífica de un camión en Francia después de que su mensaje de pánico a una periodista de la BBC desencadenara una frenética búsqueda transfronteriza. Las migrantes ―cuatro de nacionalidad vietnamita y dos de origen iraquí― pasaron más de 10 horas en el estrecho espacio, rodeadas de cajas de plátanos, con la esperanza de llegar a Reino Unido o Irlanda, según la BBC.

Cuando se dieron cuenta de que el camión tomaba la dirección opuesta, entraron en pánico. Mientras se encendió el aire acondicionado, hundiéndose la temperatura del pequeño compartimento, una de las mujeres consiguió contactar con la periodista de la BBC en Londres.

“Hace mucho frío, [el refrigerador] sigue soplando”, decía el mensaje de texto recibido por la periodista Khue B Luu el miércoles. La migrante decía que las puertas del camión habían sido selladas con una barra de hierro, lo que significaba que estaban atrapadas.

La mujer envió a Luu dos vídeos cortos mostrando el espacio abarrotado de cajas, con apenas unas docenas de centímetros de espacio en el suelo donde las mujeres podían sentarse. En uno de los vídeos, se podía escuchar a una mujer en inglés diciendo: “No puedo respirar”.

También fue capaz de compartir su localización GPS en vivo, permitiendo a la periodista localizar el camión en la carretera E15 cerca de Dracé, al norte de Lyon. Luu entró en acción y se puso en contacto con sus compañeros en Francia. Uno de ellos contactó con la comisaría de policía más cercana a donde se encontraba el camión, enviando todos los detalles que Luu le había compartido.

“Estamos asfixiadas”

Mientras esperaban ansiosamente a que la policía interviniera, Luu seguía la pista del vehículo. Le venían a la mente la muerte de los 39 vietnamitas sofocados en el tráiler de un camión en Essex en 2019, una tragedia que resaltó los peligros que a menudo enfrentan los migrantes en su búsqueda de una vida mejor en Reino Unido.

Luu se dio cuenta de que la localización compartida se había interrumpido, pero la joven migrante le seguía enviando mensajes, diciéndole que el aire acondicionado había sido apagado y quejándose de que estaban teniendo problemas para respirar. “Estamos asfixiadas”, escribió.

Temerosos de que las mujeres no pudieran aguantar mucho más tiempo, Luu intentó tranquilizar a las mujeres, diciéndoles que mantuvieran la calma, que evitaran hablar para conservar el aire y que la policía estaba en camino.

Mientras tanto, la periodista observaba nervioso su ordenador y su teléfono esperando nuevas noticias. Continuó comunicándose con la joven migrante, que le dijo que otras tres mujeres habían estado a punto de subir al camión con ellas, pero al final no lo hicieron. Una de ellas hizo una fotografía del número de placa del camión irlandés.

Poco después de esto, la policía francesa dijo que había interceptado el camión. El conductor del camión fue arrestado y se ha abierto una investigación bajo la sospecha de tráfico de personas.

Luu dijo que continuó escribiéndose con la mujer. Los mensajes aparecían como no leídos, lo que sugería que la policía podría haber confiscado su teléfono. Horas después, un fiscal francés dijo que el vehículo era de Lituania y el conductor estaba bajo investigación. Entre las seis mujeres se encontraba una menor, según el fiscal.

Al escribir sobre los acontecimientos para la BBC, Luu estableció un vínculo entre la terrible experiencia de las mujeres y las muertes en Essex en 2019. “¿Por qué, después de la tragedia de las 39 muertes en Essex en 2019, sigue habiendo mujeres jóvenes vietnamitas que se suben a la parte trasera de un camión para cruzar la frontera?”, escribió. “No puedo encontrar la respuesta”.

Traducido por Víctor Ibáñez.

Un intento abortado a última hora gracias a la alerta del personal sanitario. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a cuatro personas por los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental después de que asuntos sociales del hospital Materno Infantil Virgen del Rocío informara del ingreso de una parturienta que había presentado documentación que al parecer era de otra persona. La Fiscalía de Menores ha decretado que la recién nacida sea entregada a los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Los cuatro detenidos habían planeado que una vez esta mujer diera a luz a la recién nacida, ésta sería entregada a una pareja que no podía tener hijos a cambio de una “elevada” contraprestación económica. La maternidad subrogada no está legalizada en España, ha recordado la Policía en una nota de prensa este jueves.

Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas era un tratamiento de maternidad subrogada, donde las parejas que no pueden tener hijos contratan a una mujer para que geste a su bebé y entregarlo posteriormente a cambio de una compensación económica. Este tipo de maternidad en España es “ilegal”.

Tras diversas gestiones, los investigadores tuvieron conocimiento que el caso se trató por el personal sanitario como “embarazo mal controlado”, dado que no constaban seguimientos ni pruebas anteriores. Asimismo, en el historial clínico de la parturienta figuraban registros de haber solicitado un tratamiento de fecundación in vitro al no poder tener hijos, “hechos que fueron relevantes para presuponer que se estaba haciendo pasar por otra persona”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Tocina a diez personas, a dos de ellos por trata de seres humanos, a siete por falsedad documental y a una por estancia irregular. Todos pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a engañar a ciudadanos de otros países, mayoritariamente de Rumanía, con falsas promesas de un puesto de trabajo en España bien remunerado. Una vez en España, les retiraban la documentación original y las sustituían por documentos falsos, explotándolos laboralmente en tareas agrícolas y manteniéndolos en “condiciones infrahumanas”. Ha ingresado en prisión del líder de la organización.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha explicado este miércoles que los hechos se remontan al pasado mes de octubre cuando se recibió el testimonio de una posible víctima de trata de seres humanos con fines de explotación laboral por parte de una organización criminal asentada en Tocina. Los agentes constataron la existencia de un grupo de personas, lideradas por un varón de nacionalidad rumana, que todas las mañanas recogían a un “elevado número” de personas y las trasladaba a una finca agrícola situada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra para realizar tareas del campo y en la que el principal investigado desarrollaba su actividad laboral.

74 personas identificadas

En el momento que pudieron recabar indicios suficientes de la comisión de infracciones penales, los agentes pertenecientes a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) realizaron una inspección conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo de Sevilla. Se identificaron a 74 personas, siete de nacionalidad rumana con documentación falsa, un varón de nacionalidad lituana que fue arrestado por estancia irregular en el país y a los dos cabecillas de la organización, detenidos por los delitos de trata de seres humanos y falsedad documental.

Los cabecillas mantenían en su poder la documentación original de las personas que tenían explotadas laboralmente y también los documentos falsificados para así mantenerlos retenidos. En el momento de la inspección se localizaron a cuatro menores explotados en tareas agrícolas con documentos falsos para hacerlos pasar por mayores de edad. De los cuatro menores, solo una carecía de familiares en España que pudieran hacerse cargo de ella, por lo que los agentes activaron el Protocolo MENA, trasladándola un centro de menores no acompañados. Igualmente, dos varones de nacionalidad rumana fueron liberados tras ser víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Siete personas han sido detenidas y otra más ha quedado como investigada en la operación de la Guardia Civil que ha permitido desarticular esta semana una organización criminal integrada por albaneses que se lucraba enviando migrantes al Reino Unido a través del puerto de Bilbao y de otros puertos de la cornisa cantábrica. Las víctimas, algunos menores de edad, viajaban como polizones en buques y llegaban a pagar entre 3.000 y 15.000 euros, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Las investigaciones de esta operación, denominada 'Epiro', se iniciaron a finales de 2019, cuando se tuvo conocimiento de una red criminal dedicada a introducir migrantes de nacionalidad albanesa de forma clandestina en Reino Unido desde 2014.

Fruto de estas indagaciones, el Grupo de Información de la Comandancia de Bizkaia, junto a la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE3), el Grupo de Acción Rápida y la NCA británica, han detenido a siete ciudadanos y se ha investigado a otro más, todos ellos de nacionalidad albanesa, que conformaban esta organización criminal transnacional.

Según ha explicado la Guardia Civil, primero trasladaban a los migrantes irregulares de origen albanés a través de ferris y buques a Reino Unido desde los puertos de Bilbao y Santander. El grupo amplió después su zona de influencia y llegó a dirigir su actuación a otros países europeos a través de la conocida como 'Ruta de los Balcanes'.

Dos “dinamizadores”

El grupo criminal lo lideraban “dos dinamizadores que permanecían en España no más de tres meses”, tras lo que retornaban a su país natal, donde “hacían gala de un ostentoso nivel de vida incompatible con su actividad laboral”.

Para evitar el riesgo de una nueva salida de España, las detenciones de estos cabecillas de la organización tuvieron que precipitarse, por lo que se realizó un seguimiento que se inició en Bizkaia y que culminó con la detención de ambos cuando procedían a embarcar el pasado lunes rumbo a Albania en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

El entramado seleccionaba a las víctimas en su país de origen, así como en los campamentos situados en los alrededores de los recintos portuarios, y les facilitaba alojamiento y manutención hasta que conseguían ocultarse como polizones y su llegada a Reino Unido.

Para ello, se valían de otros ciudadanos albaneses afincados en Bizkaia, que apoyaban a la organización en diversas “labores de infraestructura”. Según ha advertido la Guardia Civil, los métodos de ocultación utilizados suponían “un riesgo para la vida o integridad física del migrante, algunos de ellos menores de edad”. Los beneficios económicos que conseguía la organización por cada víctima oscilaban entre los 3.000 a 15.000 euros.

En la operación se han realizado tres registros domiciliarios, en los que han sudo incautados numerosos dispositivos telefónicos e informáticos, tarjetas bancarias o tarjetas de remesadoras de dinero. También han sido intervenidos varios documentos de identidad y pasaportes de distintas nacionalidades que se utilizaban para dificultar la posible trazabilidad en el envío y recepción del dinero obtenido.

La investigación, que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo y por la Fiscal delegada de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, ha culminado con la desarticulación de la organización criminal y la detención de sus presuntos miembros como autores de delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de migración ilegal y en el contexto de organización criminal, con el agravante de riesgo para la vida de las personas. Durante el transcurso de la investigación ha colaborado en el intercambio de información la NCA (National Crime Agency) británica.

Las investigaciones continúan todavía abiertas y, por ello, desde la Guardia Civil no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

“La mayoría de la gente me conoce como Mo Farah, pero no es mi nombre ni es la realidad”. Así comienza el adelanto del documental sobre el campeón olímpico británico Mo Farah, que emitirá este miércoles la BBC. El cuatro veces medalla de oro en unos Juegos Olímpicos ha revelado que fue engañado para ser trasladado de niño a Reino Unido de manera irregular y tratado como esclavo doméstico por una familia en Londres.

“Durante años mantuve esto oculto”, dice Farah, de 39 años, en el documental. “La verdadera historia es que nací en Somalilandia, al norte de Somalia, como Hussein Abdi Kahin. A pesar de lo que he dicho en el pasado, mis padres nunca vivieron en Reino Unido”, relata.

En el programa, titulado “El verdadero Mo Farah”, el atleta explica que había dicho que nació en Somalia y que había entrado como refugiado en Reino Unido desde Mogadiscio cuando tenía nueve años para unirse a su padre que trabajaba en Londres, algo que no era verdad. Farah explica sus padres nunca viajaron a Reino Unido.

Su madre y sus dos hermanos viven en una granja en Somalilandia, un territorio que declaró la independencia en 1991, pero no está reconocido internacionalmente. Su padre, Abdi, murió tras recibir el impacto de balas perdidas cuando Farah tenía cuatro años durante enfrentamientos civiles violentos en Somalia, según relata.

La visita de una mujer

Más tarde, cuando tenía unos ocho o nueve años, él y a su hermano gemelo, Hassan, se fueron con su familia en Yibuti, país fronterizo de Somalia y, en teoría, más seguro. Farah recuerda que una mujer visitó la vivienda varias veces para observarlo. Le dijo que lo llevaría a Europa a vivir con unos parientes, según cuenta en el documental. El anuncio “emocionó” entonces al pequeño. Nunca había viajado en avión.

La mujer le dijo que, a partir de entonces, debía decir que se llamaba Mohamed. Cuando viajó, llevaba consigo documentos de viaje falsos en los que aparecía su foto bajo el nombre de otro niño: “Mohamed Farah”.

A su llegada a Londres, la mujer que lo acompañaba no lo llevó con sus familiares, como había prometido. El niño acabó en su piso del barrio de Hounslow, en el oeste de la ciudad. Nada más pisar Londres, la mujer rompió los papeles que llevaba Farah con la información de contacto de sus parientes. “Justo delante de mí, los rompió y los tiró a la papelera. En ese momento, supe que estaba en apuros”, dice el atleta.

A partir de entonces, fue obligado a realizar tareas domésticas y cuidar a los niños de otra familia “si quería comida”. Farah añade que la mujer lo amenazó diciendo que si quería volver a ver a su familia, no podía decir nada de lo que estaba sucediendo. El menor fue, por tanto, víctima de trata con fines de explotación laboral.

“A menudo me encerraba en el baño y lloraba. Nadie estaba ahí para ayudarme. Después de un tiempo, aprendí a reprimir esos sentimientos”, dice el atleta. La BBC dice que ha contactado con la mujer que llevó a Farah a Reino Unido, sin obtener respuesta.

“El verdadero Mo”

No fue hasta los 12 años cuando la familia con la que vivía le permitió ir a la escuela, donde lo presentaron ante los profesores como un refugiado somalí.

Su antigua tutora, Sarah Rennie, ha dicho a la BBC que Farah llegó a la escuela “desaliñado y descuidado”, que hablaba muy poco inglés y que era un niño “emocional y culturalmente alienado”.

Pero en este colegio, Farah encontró su “salvavidas”: el atletismo. “Lo único que podía hacer para escapar de esto era salir y correr”, dice. El joven confesó a su profesor de educación física, Alan Watkinson, su verdadera identidad, sus antecedentes y el trabajo que le obligaba a hacer la familia con la que vivía. El educador se puso en contacto con los servicios sociales y ayudó a Farah a ser acogido por otra familia somalí.

“Seguía echando de menos a mi verdadera familia pero a partir de ese momento todo mejoró”, dice el ahora atleta olímpico. “Sentí que me quitaban muchas cosas de encima y me sentí como yo. Fue entonces cuando salió Mo, el verdadero Mo”, recuerda.

Farah empezó a hacerse un nombre como atleta y, a los 14 años, fue invitado a competir por las escuelas inglesas en una carrera en Letonia, pero no tenía documentos de viaje, dado que los utilizados para viajar a Reino Unido eran falsos. Watkinson fue quien le ayudó a obtener la ciudadanía británica con el nombre de Mohamed Farah, que las autoridades le concedieron en julio de 2000. En el documental, el atleta habla con el verdadero Mohamed Farah y explica que seguirá usando el nombre de Mo Farah.

En 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres ganó dos medallas de oro, en las carreras de 5.000 y 10.000 metros. Cuatro años después, en las olimpiadas de Río de Janeiro, Farah volvió a ganar el oro en las dos categorías. Ha ganado seis títulos mundiales, ha batido varios récord y ha logrado ser descrito como el mejor campeón de atletismo británico en la historia de las olimpiadas modernas. Ha batido varios récords europeos y en 2017 la reina Isabel II lo condecoró “caballero” como parte de los honores que concede a la excelencia.

El olímpico dice que quería contar su historia para llamar la atención sobre la esclavitud y la trata de personas. “No tenía ni idea de que hubiera tanta gente que pasara exactamente por lo mismo que yo. Eso demuestra la suerte que tuve”, dice. “Lo que realmente me salvó, lo que me hizo diferente, fue que podía correr”, reconoce.

También dice que sus cuatro hijos le han empujado a contar la verdad sobre su pasado: “La familia lo es todo para mí y, como padre, siempre enseñas a tus hijos a ser honestos, pero siento que siempre he tenido esa cosa privada en la que nunca pude ser yo y contar lo que realmente pasó”.

“Me lo he guardado durante tanto tiempo que ha sido difícil porque no quieres afrontarlo y a menudo mis hijos me preguntan: 'Papá, ¿cómo es esto? Y siempre tienes una respuesta para todo, pero no tienes una respuesta para esto”, dice.

“Inspirador y ejemplar”

El ministro de Economía británico y ahora aspirante a primer ministro de Reino Unido, Nadhim Zahawi, ha elogiado a Farah durante una entrevista con la BBC por su modelo de conducta “verdaderamente inspirador”. Zahawi, que llegó a Reino Unido como refugiado iraquí, dijo que se le había “roto el corazón” al escuchar la historia del atleta. “Tuve mucha suerte de tener a mis padres conmigo cuando huimos de Irak”, dijo.

“Todo lo que puedo decir es que alabo a Mo Farah”, ha añadido Zahawi. “Es un ser humano asombroso, pasar por ese trauma en la infancia, salir de él y ser un modelo tan grande, es realmente inspirador y ejemplar”, indicó.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también ha elogiado a Farah como “un gran británico”. “Todo lo que Mo ha sobrevivido demuestra que no solo es uno de nuestros mejores atletas olímpicos, sino un verdadero gran británico”, ha tuiteado Khan. “Mo Farah, gracias por compartir tu historia, por arrojar luz sobre estos horribles crímenes y por mostrar por qué las vías seguras [para migrar a Europa] son tan importantes”, dijo.

En el documental, Farah admite estar preocupado por su situación migratoria. Pero, según informa The Guardian, el Ministerio de Interior confirmó este lunes por la noche que no se enfrentará a ninguna sanción. “No se tomará ninguna medida contra Mo y sugerir lo contrario es un error”, dijo un portavoz.

La británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha del financiero Jeffrey Epstein, ha sido condenada este martes a 20 años de prisión después de que el pasado diciembre un tribunal la declarara culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de chicas menores de edad reclutadas para Epstein.

La jueza Alison Nathan ha pronunciado la condena tras escuchar el alegato de la Fiscalía, que solicitaba entre 30 y 55 años de cárcel, y de la defensa, que pedía una sentencia “apropiada” que estuviera “muy por debajo” del rango presentado por el Gobierno.

Maxwell ha dicho hoy en el tribunal que reconocía el dolor de las víctimas, pero no pidió perdón.

En diciembre de 2021, tras seis días de deliberaciones y cuando parecía que el jurado se inclinaba en favor de las tesis de la defensa de Maxwell, el jurado respondió “culpable” a cinco de los seis cargos que se le imputaban, el más grave de ellos por tráfico sexual de una menor entre los años 2001 y 2004, es decir, cuando la víctima tenía 14, 15 y 16 años. 

Al escuchar el veredicto, Maxwell no se inmutó, según varios testigos presentes en la sala, mantuvo la compostura dando sorbos a una botella de agua mientras susurraba algo al oído de su abogada; esto, pese a que en los días pasados se la vio hacer gestos con su equipo de defensa que parecían traducir un cierto optimismo.